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Conversatorio «Memorabilia: objetos del recuerdo y archivo institucionales»

El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi se complace en invitarle al conversatorio Memorabilia: objetos del recuerdo y archivo institucionales, con la participación de Zulay Soto, Fernando Castro, Diana de Sandozequi, Luis Segura, Ana Lucía Jiménez Hine y Laura Rodríguez.

Este conversatorio se realiza en el marco del estreno de la película «Las notas sentimentales de la memoria, el retrato íntimo del Pibe Hine» de la cineasta Ana Lucía Jiménez Hine.

La actividad se realizará el miércoles 25 de marzo a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también se transmitirá por el Facebook https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Fraude digital en Costa Rica: un problema estructural que recae sobre la ciudadanía

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) advierte que el fraude electrónico en Costa Rica ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema masivo, sistemático y en expansión, en un contexto donde la digitalización del sistema financiero ha avanzado más rápido que las medidas de protección al usuario.

Según expone el artículo, la migración hacia la banca digital, los pagos electrónicos y las transacciones en línea ha colocado a miles de personas en un entorno que no siempre comprenden plenamente, pero en el que deben participar obligatoriamente, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a prácticas fraudulentas.

Un sistema desigual frente al fraude

El análisis señala que el fraude digital ocurre en condiciones profundamente desiguales: por un lado, personas usuarias con conocimientos limitados sobre herramientas tecnológicas; por otro, redes delictivas altamente especializadas que utilizan técnicas avanzadas de suplantación y manipulación.

En este contexto, se critica que durante años el sistema ha operado bajo una lógica en la que la persona afectada debía demostrar fallas del banco, sin contar con los conocimientos técnicos para hacerlo, lo que ha dejado numerosos casos sin resolución y ha trasladado el costo del fraude a las víctimas.

Aprobación del proyecto 23.908: un cambio en la responsabilidad

El artículo destaca la aprobación del proyecto de ley 23.908, impulsado por la ciudadanía organizada y respaldado por el diputado Óscar Izquierdo Sandí, como un punto de inflexión en la protección de las personas usuarias del sistema financiero.

De acuerdo con el análisis, esta normativa introduce cambios relevantes:


  • Invierte la carga de la prueba



  • Establece responsabilidad para las entidades financieras



  • Obliga a mejorar los estándares de seguridad


El enfoque central es que el dinero depositado en el sistema bancario debe entenderse como custodia de las entidades financieras y no como un riesgo que deba asumir la persona usuaria.

Un problema que va más allá del sistema bancario

OMERCON advierte que el fraude digital no puede reducirse a la relación entre bancos y clientes, ya que involucra un ecosistema más amplio que incluye:


  • empresas de telecomunicaciones,



  • plataformas digitales,



  • redes sociales,



  • infraestructura tecnológica que facilita la suplantación.


Sin una regulación integral, señala el texto, el problema tiende a trasladarse entre distintos actores sin resolverse de fondo.

Persisten vacíos en la protección

El artículo identifica varios vacíos estructurales en el país:


  • falta de control sobre telecomunicaciones,



  • débil regulación de plataformas digitales,



  • limitada capacidad institucional para investigar fraude tecnológico,



  • ausencia de una ley integral de protección al consumidor financiero.


En este último punto, se señala la necesidad de avanzar hacia una normativa alineada con estándares internacionales, particularmente en el marco de los compromisos asumidos ante la OCDE.

Una decisión de país

El análisis concluye que el fraude electrónico no es únicamente un problema técnico, sino una decisión política sobre el modelo de sistema financiero que se desea construir.

Plantea que el país debe decidir entre un sistema donde la rapidez de las transacciones se impone sobre la seguridad, o uno donde la confianza y la protección de las personas usuarias sean parte central del funcionamiento financiero.

El artículo original se puede leer en el sitio de OMERCON:
https://omerconcr.com/blog/

El proceso contra Jesús y la democracia

José Manuel Arroyo Gutiérrez[1]

Comienzo por advertir lo que esta reflexión no es. No entraré en la difícil cuestión acerca de la verdad histórica de los hechos relatados por los evangelistas, incluida la polémica interminable sobre la existencia misma de Jesús de Nazaret. Con el debido respeto a las convicciones religiosas de cada quien, ésta tampoco es, ni por asomo, una disquisición teológica, que aborde la trascendencia religiosa o espiritual de los acontecimientos y sus personajes; ni pretendo, en este sentido, convencer a nadie de nada. Por último, no puede ser éste un ejercicio que juzgue las deficiencias de un procedimiento penal realizado hace más de dos mil años, con parámetros y criterios actuales.

Sólo he tomado los relatos adjudicados a Mateo (26-1/75 y 27-1/56); Marcos (14-1/72 y 15-1/47); Lucas (22-1/71; 23-1/56); y sobre todo Juan (1-19; 11-49/53; 18-1/40 y 19-1/42)[2], en su estricta literalidad, asumiendo las muchas diferencias, diversos énfasis y hasta abiertas contradicciones que hay entre sus distintas versiones acerca de lo sucedido hace veintiún siglos, tratando de quedarme con lo esencial de lo referido, aquello que pueda tener relevancia desde una perspectiva jurídico-procesal y política, tanto para el momento en que sucedieron los hechos, como para las enseñanzas que pudiéramos sacar aplicables a los tiempos actuales.

1. Tiempos turbulentos. El escenario geográfico-temporal de los acontecimientos es la Palestina del siglo I de nuestra Era. El Imperio Romano ha sometido ese territorio y ejerce una especie de tutelaje conforme las pautas acostumbradas por Roma: para los conflictos internos (entre judíos) tolerancia hacia su cultura, religión y respeto por sus leyes y autoridades; para conflictos externos, en todo lo que amenace el dominio imperial, brutal imposición y represión. Además, es tiempo de frecuentes rebeliones y movimientos sediciosos y revolucionarios que pretenden la liberación e independencia de los subyugados. Pero también hay servilismo y complicidad, sobre todo de las élites oligárquicas judías, que buscaban mantener su estatus y ventajas complaciendo los intereses de los dominadores.

Primera enseñanza que apuntar: las cosas no han cambiado mucho en esto de complacer a los poderes imperiales por parte de las oligarquías internas, que lucen por completo colonizadas para defender sus intereses y mantener sus privilegios.

2. La conspiración de los poderosos. Queda claro, desde un inicio, que las prédicas y actuaciones de Jesús el Galileo, han provocado escándalo e indignación en la mayoría de los miembros del Sanedrín, autoridad que concentraba el poder político y religioso del pueblo judío y que estaba integrado por sumos sacerdotes, escribas y ancianos notables. Es desde esta instancia que se genera la necesidad de acusar a Jesús, buscando sobre todo señalarlo como autor de blasfemia (por decirse Hijo de Dios, el Mesías esperado), delito que conllevaba la pena de muerte. Los relatos evangélicos apuntan a toda una conspiración para capturar al sospechoso, buscar la prueba inculpatoria y esperar al momento oportuno para justiciarlo, todo a la sombra de la noche y en lugar retirado, para evitar protestas o revueltas de la gente que lo apoyaba.

Segunda enseñanza para nuestros días: el poder constituido puede encontrar en el proceso –sobre todo penal- un instrumento para deshacerse de opositores incómodos. El “Lawfare” es tan antiguo como la Biblia.

3.La traición y el abandono del procesado. En las grandes causas judiciales no es infrecuente que la traición de gente cercana al procesado se haga patente. Con excepción de las mujeres, que aparecen acompañándolo y consolándolo siempre, en este caso se describe la entrega explícita, a cambio de unas monedas, por parte de Judas Iscariote; y se registra también el abandono de sus propios discípulos al momento de ser detenido Jesús, y la negación reiterada del principal de ellos, Pedro, que declaraba no conocerlo. Se define así una desolación del perseguido penal que lo lleva al inmovilismo, la incapacidad para defenderse, -no sólo por la explicación teológica de hacer que las profecías se cumplieran-, sino por la parálisis a que puede conducir el saberse gravemente acusado.

Tercera enseñanza para todos los tiempos: la defensa frente a la persecución penal es un derecho imprescindible, un acompañamiento necesario desde los primeros pasos del proceso, dado que el desequilibrio entre el sujeto señalado y el aparato persecutor es tremendamente desigual en la mayoría de los casos.

4. Un proceso que mezcla religión y política. A lo largo de los relatos del Evangelio, lo que inicia como un proceso judicial, poco a poco se convierte en un juicio político. Las acciones de Jesús que motivan su captura y juzgamiento, son principalmente: las prédicas sobre la urgencia de la conversión y liberación según su palabra (que llevan al cargo de que solivianta e instiga al pueblo); las radicales críticas contra escribas y fariseos (que atenta contra la autoridad constituida); la expulsión con violencia de los mercaderes del Templo; y la jactancia de poder destruir ese lugar sagrado para reconstruirlo en tres días (que afecta a la clase de los comerciantes y subvierte el orden público); su proclamación como “rey de los judíos” (que contradice los poderes políticos tanto el judío como el romano); la relativización de los rituales y tradiciones religiosas, privilegiando el testimonio de vida; y, como ya vimos, la principal prédica de que él era, en efecto, el Hijo de Dios, el Cristo que comparte su naturaleza con la del Padre, cuestión que enardecía a las autoridades judías por constituir la peor de las blasfemias por ellos concebible y por lo que merecía la pena de muerte.

Cuarta enseñanza para la posteridad: estamos frente a un proceso en el que se mezclaron razones morales o religiosas con las estrictamente legales o jurídica; riesgo en el que puede caer incluso el procedimiento penal contemporáneo. Además, el simple hecho de que se enuncie la eventual existencia de graves delitos, no alcanza, por sí solo, para comprobar su existencia y, menos aún, la culpabilidad efectiva del procesado. Este principio de separar lo religioso de lo político es extensivo al sano funcionamiento general de la democracia moderna, cuestión que como sabemos, está en seria crisis en nuestros días, dada la influencia y control de movimientos religiosos sobre instituciones y decisiones políticas.

5. Las formas de penalidad en juego. Si bien desde un primer momento lo que buscan los acusadores del Sanedrín es una condena por blasfemia e imponer la pena de muerte (por lapidación según la ley judía; por crucifixión según la romana), la situación política imperante impedía que fuera el propio Sanedrín el que la ejecutara, razón por la cual Pilatos entra en escena por ser la autoridad imperial que tenía “poder sobre vida o muerte” de un acusado. Es claro que los evangelistas han querido cargar la responsabilidad de este deicidio (el asesinato de Dios), antes que en las autoridades romanas, en el pueblo judío en general. Pero es también evidente para ellos que el propósito último de aplicar la pena capital, fue acompañado, a lo largo de este proceso, tanto en el momento de la detención, como en las comparecencias ante el Sanedrín, el pretor Pilatos y el gobernador Herodes, por una andanada de bofetadas, escupitajos, golpes, burlas y humillaciones hasta que por último, sobrevino el suplicio y la crucifixión.

Quinta enseñanza: tuvieron que transcurrir muchos siglos para que la humanidad comprendieran que acusar a alguien no significa que sea culpable; que el maltrato, tortura y humillación de los detenidos son prácticas inaceptables; que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que el silencio no puede interpretarse en su contra (es notable que Jesús en reiteradas ocasiones no responde a interrogatorios lo que es utilizado para inculparlo) y que, por último, se debe respetar la inocencia del procesado hasta que la autoridad judicial competente dicte lo contrario.

6. La cuestión probatoria. Parecen coincidir los relatos evangelistas en punto a que estamos delante de un procedimiento penal que invierte el orden natural de cualquier investigación judicial: primero se conspira y busca la pena a imponer, y luego se trata de construir los hechos y constituir la prueba que los respalde. En particular es evidente que los acusadores de Jesús anduvieron buscando testigos, aunque fueran falsos, para sostener la imputación. Como esto no lo lograron, fue mediante interrogatorios inducidos y capciosos al acusado, -ante el Sumo Sacerdote Caifás en primera instancia y luego ante Pilatos-, logrando que Jesús declare que en efecto él es “el Hijo de Dios”, confesión del delito que andaban buscando sus perseguidores y que los relevaba de procurar cualquier otra elemento probatorio.

Sexta lección para el futuro: en este punto se evidencia una práctica viciosa del proceso penal que llega hasta nuestros días: detener y acusar primero, y buscar las pruebas después. En la larga historia del derecho procesal penal, por otra parte, la confesión del acusado fue valorada como la “reina de las pruebas”. Este mecanismo para “probar” el delito endilgado, se convirtió en una obsesión de acusadores y jueces durante mucho tiempo, sobre todo porque la confesión se quiso obtener por cualquier medio, incluido el tormento o la tortura. Si el acusado aceptaba los cargos en su contra, todos podían respirar aliviados y la justicia se imponía con certeza. Hasta que Cesare Beccaria, en el siglo XVIII, se permitió señalar que la confesión mediante tortura sólo servía para absolver al culpable fuerte que podía resistir, y por el contrario, permitía condenar al inocente frágil o débil que cedía ante el dolor.

7. Las competencias y el lavado de manos. Otro tópico importante en este relato judicial es la cuestión de las competencias. A Jesús lo anduvieron de aquí para allá, unos –el Sanedrín- buscando la condenatoria más grave; otros –Pilatos- tratando de quitarse aquella braza de las manos, enviando al acusado ante Herodes, de nuevo ante el Sanedrín y finalmente lavándose las manos y entregando al acusado a sus perseguidores. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos del Sanedrín no podían permitir la usurpación de su hegemonía religiosa por parte de aquél predicador, -falso profeta-, según su criterio. Tienen claro que deben acabar con él mediante la pena de muerte, pero también saben que la ejecución de esta medida no puede ser llevada a cabo por propia mano en virtud de la naturaleza del castigo y de la competencia romana sobre esas decisiones. Por su parte, según los evangelistas, el pretor Pilatos, aunque no encuentra fundamento a las acusaciones contra Jesús y está convencido de su inocencia, termina cediendo ante el clamor de la muchedumbre (¡crucifícale!) y el argumento de que el César no va a ver con buenos ojos que se deje impune a quien cuestiona su poder político. Se produce entonces el gesto de lavado de manos para que sean otros los que asuman la responsabilidad de ese ajusticiamiento. Nótese que en ningún momento se pronunció una formal sentencia de muerte, sino sólo una entrega de facto del acusado a sus enemigos.

Sétima enseñanza: ha llegado hasta nuestros días la mala práctica de declarar incompetencias por parte de jueces que no quieren resolver el asunto caído en sus manos. En este expediente, además, lo que comienza como un proceso judicial, termina siendo un linchamiento político. La verdad, la justicia, los fundamentos de la acusación y la prueba que los respaldan, terminan sacrificados en el altar de las presiones sociales y el pragmatismo político. Esta es otra cuestión que llega intacta hasta nuestros días; sobre todo cuando la judicatura renuncia a su deber de objetividad, imparcialidad y verdad por intereses ideológicos o partidarios, para perjudicar a un ciudadano de oposición o crítico de los poderes vigentes.

8. El papel del “pueblo”: muchedumbre y manipulación. El pseudo-proceso contra Jesús conoce un momento decisivo cuando Pilatos, presionado por el Sanedrín, decide poner en práctica la costumbre de liberar a un delincuente para las fiestas de la Pascua. Acude a este mecanismo “democrático” para evitar reclamos, tanto internos como externos, y finalmente, para evadir responsabilidades por la muerte del acusado. Su posición es la del político pragmático y oportunista que procura conservar su autoridad a cualquier precio, aunque tenga que sacrificar la verdad y la justicia del caso, con tal de complacer el clamor de las mayorías y así conservar su poder. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos judíos, por su parte, convergen en el mismo objetivo: aprovechan el momento “democrático” para infiltrar, instigar y manipular a la muchedumbre convocada ante el Tribunal, cuestión que logran imponer cuando el Pretor romano les entrega a Jesús para ser crucificado.

Octava y última lección: los procesos democráticos, llámense elecciones, encuestas, sondeos, referendos, plebiscitos, etc., pueden convertirse en simples mecanismos irracionales de manipulación, cuando algunos tienen, coyunturalmente, los recursos económicos-políticos y propagandísticos suficientes para imponer sus particulares intereses.[3] Esos mismos procesos democráticos, debidamente institucionalizados y reglados, conducidos y controlados por autoridades objetivas y competentes, pueden en cambio culminar en la toma de decisiones conscientes e informadas, para el logro de una sana gestión pública, en orden al bien común y en las que las posiciones de la mayoría no impliquen el menoscabo de los derechos fundamentales de las minorías. No es posible, en consecuencia, dejar el juicio de culpabilidad o inocencia de una persona, en manos de una muchedumbre, por mayoritaria que sea. Existe en la práctica una utilización espuria de la democracia, así como una consolidación institucional de la misma según el manejo que se haga de ella. De igual manera, existen falsos demócratas, auténticos autócratas, que apelan a la supuesta voluntad del pueblo para destruir las instituciones; tanto como existen, por el contrario, verdaderos demócratas que, sin dejar de ser críticos con lo que anda mal en la democracia, proponen reformarla y corregirla para mejorarla y fortalecerla.

[1] Este artículo ha contado como bibliografía básica: Sagrebelsky, Gustavo; La crucifixión y la democracia; Editorial Ariel; Barcelona, 1996; así como: Schiavone, Aldo; Poncio Pilatro-Un enigma entre historia y memoria; editorial Trotta; Madrid, 2020; además: Piñero, Antonio; El Jesús Histórico-Otras aproximaciones; Editorial Trotta, Madrid, 2020.

[2] Biblia de Jerusalén; Editorial Española Desclée de Brouwer, S.A., Henao 6, Bilbao, 9; 1975.

[3] Recordemos, en Costa Rica, el tristemente célebre debate sobre el “SI” o el “No” en el referéndum sobre el TLC (octubre de 2007), con feroz campaña de promesas inalcanzables y memorando del miedo incluidos.

El antiguo edificio municipal de Naranjo

Luko Hilje Quirós
lukohilje@gmail.com

Aunque nací en Naranjo, Alajuela, casi no residí ahí, pues mi familia se mudó a San José a inicios de 1956, cuando yo tenía menos de cuatro años de edad. Desde entonces, mis únicos contactos directos fueron las gratas y memorables visitas, en las vacaciones de verano, a casa de Eugen, nuestro hermano mayor, quien permaneció allá. Con esto quiero decir —no sin dolor— que no conocí mucho de sus gentes ni de sus paisajes, ni tampoco de su historia. No obstante, a mis 73 años de edad hoy, me cautiva todo cuanto tenga que ver con mi terruño. Fue por ello que, cuando vio la luz en 2007, me embelesé con el libro Naranjo y su historia (1835-2004), del historiador José Luis Torres Rodríguez, rica obra que debiera estar en todo hogar naranjeño.

Ahora bien, como dicho libro está ampliamente ilustrado, una de las fotos que más me llamó la atención fue la del edificio municipal, atesorada por las hijas del hogar formado por el croata José Jengich Stilinovich y la costarricense-alemana Hilda Buck Beer. Esto fue así no solo por su hermosura, sino que también por su ubicación, pues no coincide con la del actual edificio, conocido como Palacio Municipal y construido entre 1948 y 1949. Espoleado por la curiosidad, indagué al respecto con el entrañable amigo José Luis, pero me dijo no saber mucho sobre dicho inmueble, aunque sí me facilitó un expediente referido a esta última edificación, declarada parte del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica en octubre de 2013.

Sorprende que en este amplio legajo no haya una sola mención del antiguo edificio municipal, y más bien llama la atención que en uno de sus documentos se indique lo siguiente: “Este edificio llegó a conformar el centro político-social de la pujante ciudad de Naranjo, [y] ya dentro de la cuadrícula de herencia española se desarrolló el Palacio Municipal al costado norte de la Iglesia Católica y a cincuenta metros de la plaza, hoy parque”. Es decir, da a entender dos cosas que son erróneas: que el actual fue el primer edificio municipal que hubo en el cantón, y que se ubica exactamente donde correspondía según los convencionalismos de la época colonial.

En realidad, el que sí se localizaba de acuerdo con esa norma o costumbre era el original, es decir, el antiguo edificio municipal. De ello es fehaciente la foto adjunta, de autor desconocido —facilitada por Cecilia Jengich Buck— en la cual se le observa frente al costado sur de la plaza, hoy Parque Central Dr. Abraham Rodríguez. Aunque se ignora la fecha de dicha imagen, es obvio que data de antes de 1924, cuando el antiguo templo no había sido cuarteado por el terremoto de marzo de ese año, que obligó a demolerlo después.

El templo católico y el edificio municipal, frente a los costados este y sur de la plaza.

Cabe mencionar que el edificio empezaba en la esquina sureste del cuadrante ubicado al sur la plaza, de modo que estaba diagonal a la iglesia. Este detalle se observa en un retrato que hallé en un manojo de fotos coleccionadas por mi tío Luis Castro Rodríguez —maestro y periodista—, quien poco antes de morir las entregó a mi hermana Brunilda. Supongo que él la tomó, pues cada cierto tiempo aparecía con una cámara y captaba imágenes de la familia, así como de lugares que le interesaban. De hecho, hay varias del nuevo templo en construcción, que utilicé para ilustrar mi artículo El templo anhelado por los naranjeños (Nuestro País, 19-IV-19). Nótese que en la citada foto hay una gran cantidad de boyeros alrededor del nuevo templo en construcción.

El edificio municipal visto desde el templo en construcción.

Por cierto, en nuestro libro Dos hombres y un volcán, publicado por la Editorial Tecnológica y que verá la luz en abril, hay varias de sus fotos, incluida una muy significativa, tomada el 24 de febrero de 1937 en la cima del volcán Arenal. Ese día los siete expedicionarios que acometieron la aventura, entre los que figuraron cinco naranjeños (Alberto y Gustavo Quesada Rodríguez, mi tío Ricardo Quirós Rodríguez, Bercelio Castro Ramírez y el tío Luis), descubrieron que ese coloso no era un simple cerro —como se pensaba entonces—, sino un volcán latente o dormido.

Ahora bien, para retomar lo del edificio municipal de Naranjo, una vez inaugurada la iglesia, a inicios de 1929, se le ve en otra foto, que hallé en el librito Naranjo y su iglesia, editado ese año por el padre José del Olmo Salvador, la cual muestro aquí. Y, para culminar, ya erigido el bello edificio de la Escuela República de Colombia —que abrió sus puertas en octubre de 1938—, ahí estaba a su lado, completando ese flanco del parque, como lo atestigua la foto aludida al principio de este artículo, mostrada en el libro de José Luis.

El edificio municipal visto desde el nuevo templo, en 1929.
El edificio municipal al lado de la escuela.

Como se nota, no hay duda de cuál era el aspecto del antiguo edificio municipal, ni tampoco de su ubicación, aunque las fotos existentes son un poco lejanas o parciales. Sin embargo, por fortuna, entre las fotos legadas por mi tío, hace unos años hallé una imagen completa y cercana.

Como era de esperar, el hallazgo de ese retrato me alegró mucho, pero había un inconveniente, y es que quedó movida o desenfocada. Eso me impidió escribir un artículo como éste, pues la imagen perdía así mucho de su valor testimonial. No obstante, en meses recientes empecé a familiarizarme con algunas técnicas de inteligencia artificial, al menos lo suficiente como para, tras varias tentativas, lograr corregir ese problema. El resultado final fue una bella y fidedigna imagen de tan significativa edificación, que ahora comparto con los lectores. Y, para que sea conservada como se debe, con motivo del 140 aniversario del cantonato, hace dos semanas la doné a la Municipalidad de Naranjo, con la esperanza y la ilusión de que la puedan ampliar, enmarcar y colocar en alguna pared del actual edificio municipal, en el cual, por cierto, laboró por muchos años, como contabilista, mi hermano Eugen.

El bello edificio municipal, en todo su esplendor.

Queda pendiente, eso sí, profundizar en la historia de ese inmueble. Aunque el amigo José Luis lo intentó, su esfuerzo resultó vano, pues parece que los archivos municipales se deterioraron en el curso del tiempo, hasta perderse por completo. ¡Una verdadera lástima, por este y otros proyectos históricos cantonales malogrados!

No obstante, permanecen como desafíos varias preguntas obvias, pero importantes. Por ejemplo, las fechas exactas de su construcción e inauguración, los nombres del ingeniero o arquitecto que concibió la idea y la plasmó en los planos, y del maestro de obras que condujo el proceso. También, las especies de madera elegidas para el maderamen y las paredes, estas últimas posiblemente de cedro amargo (Cedrela odorata), por su resistencia y belleza, así como por su abundancia en aquellos tiempos, aunque tal vez todo era prefabricado y de maderas foráneas —como se verá posteriormente—, y ensamblado aquí. Sí llama la atención que, en contraste con el actual edificio, tuviera dos plantas, así como corredores volados en ambos pisos, al igual que altas paredes, con fines de ventilación, obviamente, en una localidad tan cálida como Naranjo, a unos 1000 m de altitud. Al respecto, esta arquitectura es parecida a la que he visto en fotos de edificios de Puerto Limón y Turrialba, en el Caribe, a 0 y 600 m de altitud, respectivamente, las cuales datan de los primeros dos decenios del siglo XX.

Al respecto, en una consulta que hice al amigo arquitecto Andrés Fernández, autor de varios libros y muy connotado por sus aportes en el campo de la historia de la arquitectura en Costa Rica, con gentileza me manifestó lo siguiente, que es muy esclarecedor:

Al terminarse las obras del ferrocarril al Atlántico, en 1890, e impulsada por la Revolución Industrial que se extendía por el mundo, llegó aquí la arquitectura de influencia victoriana. Su nombre deriva de haberse originado como tendencia en el reinado de Victoria Alexandra de Inglaterra (1847-1901), y se caracterizaba por ser una arquitectura totalmente industrializada tanto en materiales (ladrillo, metal de forja, madera aserrada y torneada, clavos de acero, lámina de hierro galvanizado, chapa metálica y pintura de aceite), como en sus muy prácticos métodos de construcción.

Al Valle Central de Costa Rica, esa arquitectura llegó primero desde Inglaterra, por ubicarse originalmente en esa nación el mercado del café; y solo en un segundo momento, de los Estados Unidos, gracias en buena medida al mercado bananero, lo que la extendió también por el Caribe. Aquí pronto arraigó con fuerza, dando pie a una arquitectura residencial de diversas escalas, casi siempre prefabricada e importada, pero cuyo auge hizo aparecer pronto un estilo “victoriano criollo”, realizado por carpinteros y maestros de obras locales, que incorporaron a ella elementos tanto climáticos como culturales propios.

Fue esa novedosa carpintería y los oficios a ella asociados, los que terminaron por sustituir los oficios constructivos tradicionales, heredados del período colonial, después de 1910. Pero, en cambio, fue gracias a ella que aparecieron entonces en un Valle Central rico en maderas de calidad, además de casas victorianas, edificios públicos, comerciales e industriales. Del primer tipo de esos inmuebles criollos, fueron notables, en especial, las escuelas primarias y los palacios municipales aparecidos en la década de 1920, y cuyos planos elaboraban técnicos especializados en la Dirección de Obras Públicas”.

En fin, como se aprecia, el reto pendiente es enorme, pues queda mucho por indagar, y las fuentes de información —si es que existieran— deben estar muy dispersas. Sin embargo, ojalá algún día alguien lo acometa, para rescatar este importante segmento de la rica y singular historia del amado cantón de Naranjo.

En el Día Mundial del Agua hay que estar alertas

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

No es un día para celebrar, es un día para reflexionar, incluso para lamentar cómo millones de personas mueren por falta de agua.

Agua que es más valiosa que el petróleo, aunque muchos Estados al no considerarla así, le facilitan a comerciantes del vital líquido, para promover desde los centros financieros del norte, mecanismos para enriquecerse más con el agua de los habitantes del sur, ocultando vilmente que el agua es vida, no mercancía.

Para Costa Rica, este día ha de servir para reafirmar nuestra disposición popular a defender el agua de los que, desde jerarquías gubernamentales (Presidencia, AyA, MINAE, Asamblea Legislativa…), promotores amenazantes de proyectos como el que hoy humedece el edificio del Congreso, se arrodillan ante el principio mercantilista de »no money, no water», recetado por la GWP-Banco Mundial.

Por ello hay que luchar con fiereza porque siga siendo un bien social, y porque su acceso, en cantidad y calidad adecuadas, sea un derecho humano real y no virtual.

Derecho humano que salpica a todos los demás, contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los fundamentales principios del desarrollo sostenible de la ONU.

«Agua para Guanacaste» – Tercera «inauguración» y las mismas mentiras

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Después de cambiarle el nombre, con la mentira de que no incluía agua para consumo humano (¡como sí lo fue desde el primer proyecto!), en esta ocasión (después de la 1a «inauguración» hace tres años) mintió diciendo que ya tiene el 20 % de obra física, cuando es más bien cerca del 10 % en «papeleo», con presupuesto insuficiente por el atraso.

Así se siguen burlando de los guanacastecos con mentiras propias de conchudos.

Lo cierto es que el agua del lago del Arenal, después de generar electricidad en tres plantas del ICE, sigue mayoritariamente hacia el golfo de Nicoya, sin ser aprovechada por 60 ASADAS urgidas, ni por las 16.000 ha de vocación agrícola que siguen improductivas, ni por proyectos turísticos que hoy se abastecen de fuentes subterráneas.

Pero bueno, empezó mintiendo y así está terminando, mientras en la pampa la pobreza se sufre en la escasa alimentación. Eso duele.

¡Ironías de la historia!

Marielos Aguilar Hernández

La extradición hacia Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez no ha dejado indiferente a ningún costarricense. Al contrario, ha inspirado los más diversos sentimientos y opiniones y, sobre todo, nos ha dejado ver el alto nivel de corrupción que ese flagelo ha alcanzado en las diferentes esferas del Estado.

En lo personal, debo decir que desde el momento mismo en el que el nombre de Celso Gamboa comenzó a figurar en el ámbito nacional, hará unos quince o veinte años, no pude evitar que viniera a mi memoria ese mismo nombre pues me resultaba un tanto familiar. Y es que, dadas las investigaciones que he realizado como historiadora, el nombre de Celso Gamboa Rodríguez, abuelo de Gamboa Sánchez, me ha merecido gran respeto y reconocimiento. Veamos.

En momentos tan difíciles como fueron los días posteriores a la guerra civil de 1948, cuando se convocó a unas elecciones extraordinarias para integrar la Asamblea Constituyente que se encargaría de redactar una nueva Constitución, don Celso Gamboa Rodríguez jugó un papel muy respetable en la recuperación de la estabilidad de nuestro país.

Aquellas elecciones se realizaron en enero de 1949 y participaron dos partidos vencedores en la guerra civil, el “Partido Unión Nacional” dirigido por don Otilio Ulate y el “Partido Social Demócrata” dirigido por don Rodrigo Facio. Se sumaron también otros dos pequeños partidos, el” Partido Constitucionalista”, dirigido por don Celso Gamboa Rodríguez y el “Partido Confraternidad Nacional”.

A pesar de una correlación de fuerzas muy desfavorable para los sectores perdedores en la guerra civil, Gamboa Rodríguez estuvo dispuesto a conversar con algunos dirigentes vanguardistas y calderonistas y a comprometerse con la lucha para mantener en la nueva constitución el “Capítulo de las Garantías Sociales” y, con ellas, el “Código de Trabajo”.

Con ese compromiso, los calderonistas y los comunistas que pudieron votar en aquellas elecciones le dieron su apoyo a don Celso Gamboa Rodríguez, quien honró su palabra dando la lucha en el seno de la Asamblea Constituyente para evitar lo que la mayoría ulatista pretendía, a saber, eliminar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo que tanto molestaba a la oligarquía costarricense.

De manera que, en el largo recorrido de nuestra legislación social, el nombre de don Celso Gamboa Rodríguez ha ocupado un honroso lugar. Por esa razón es doblemente dolorosa la ironía de la historia cuando hoy su nieto, Celso Gamboa Sánchez, debería ser procesado por sus presuntos delitos, a la luz de la Constitución Política que su abuelo contribuyó a cimentar.

Por supuesto, su extradición a Estados Unidos modifica sustancialmente todo ese panorama.

MAP convoca encuentro de organizaciones populares bajo la consigna “Queremos la paz”

El Movimiento de Asambleas Populares (MAP) convoca a un encuentro de organizaciones de la sociedad civil y del movimiento popular costarricense, ante lo que considera una situación urgente derivada de recientes hechos de carácter político-diplomático.

La convocatoria señala que la decisión del gobierno de Costa Rica de retirar su personal diplomático de la Embajada en Cuba y solicitar el retiro del personal cubano en San José representa un paso hacia la guerra y la agresión, por lo que plantea la necesidad de articular una respuesta conjunta desde las organizaciones populares.

El encuentro se realizará el lunes 23 de marzo a las 6:00 p.m., en la sede del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), ubicada en Sabanilla de Montes de Oca, con la consigna común “Queremos la paz”.

Según la convocatoria, el objetivo es promover la articulación solidaria entre organizaciones, bajo el planteamiento de que “la paz no se negocia” y que las organizaciones populares deben generar una respuesta colectiva ante el contexto actual.

Agenda del encuentro

De acuerdo con la información adjunta, el encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas e incluirá:

  • Bienvenida y presentación
  • Análisis del contexto político, centrado en la ruptura diplomática con Cuba y sus implicaciones geopolíticas
  • Debate abierto entre organizaciones
  • Articulación de una respuesta conjunta, que contempla:
    • Pronunciamiento público firmado por las organizaciones
    • Definición de una movilización o concentración pública
    • Campaña coordinada en redes sociales bajo la consigna #QueremosLaPaz
  • Comisiones de trabajo, orientadas a redacción, logística y estrategia comunicacional
  • Plenaria y acuerdos finales

Asimismo, se indica que el encuentro busca acordar acciones como un pronunciamiento conjunto, la convocatoria a movilización en defensa de la paz y una campaña en redes sociales.

Convocatoria abierta a organizaciones

El MAP extiende la invitación a organizaciones sociales a participar de este espacio, señalando que se trata de un ejercicio de articulación solidaria ante el contexto político actual, bajo el llamado a organizarse y sumarse a la defensa de la paz.

La convocatoria también incluye información de contacto telefónico y redes sociales para coordinación de la participación.

Dirección DEI: https://maps.app.goo.gl/ngpvRcLkWHBNH4Qk6

Extradición de nacionales: renuncia del Estado a potestades indelegables de un país

Gilberto Lopes
San José, 21 de marzo del 2026

El viernes, 20 de marzo, extraditaron hacia Estados Unidos a los dos primeros costarricenses, Celso Gamboa y a Edwin López, acusados de narcotráfico, después de la reforma constitucional que levantó la norma que lo impedía, vigente hasta el año pasado.

Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, dijo algún periódico, citando a políticos nacionales. Temprano ese día, en la prensa, se podía ver la foto de los dos en manos de los agentes de la DEA norteamericana, con sus uniformes anaranjados, listos para subirse al avión que los llevaría hacia Texas.

La foto no me dejó indiferente. Decía muchas cosas. Era, para mí, la foto del Estado costarricense abdicando de una de sus funciones básicas: la de administrar justicia. Lo hacía de una manera denigrante, entregando, en territorio nacional, a dos ciudadanos a una potencia extranjera. Una que –desde luego– no entrega a un ciudadano suyo –ni el más criminal– a ningún Estado extranjero. Tampoco entrega a criminales extranjeros que han encontrado asilo allá, a tribunales nacionales que los demandan. Los hay muchos y con grandes crímenes a sus espaldas. Ya veremos si con esa medida, se logrará algún avance de la justicia. Los antecedentes nos dicen que no.

Ya volveremos sobre el tema. Por ahora, quisiera destacar dos cosas, que este caso evidencia: una es el circo para las masas, el tipo de cobertura periodística, la explotación de la tragedia humana.

La otra es que, lejos de la aplicación de la justicia, la solicitud de extradición será una poderosa herramienta política aplicada según los intereses de Washington. ¿O alguien piensa que eso funciona, allá, de forma ajena a los intereses políticos?

Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca o ninguna repercusión en el combate al narcotráfico

Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, decía un medio nacional, citando a políticos locales. Atribuía la frase a Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa. No dudo que tal personaje pueda decir algo así. Pero hay que pensar un poco. No es fácil, cuando estallan los petardos, cuando todo es circo y fiesta. No es fácil, ¡pero hay que intentarlo!

Lo primero es la afirmación de que Costa Rica “es un paraíso para el crimen organizado”. ¿Es así? Si es así, ¿a quién debemos responsabilizar por lo que tenga de cierto esa afirmación (que no lo tiene, desde mi punto de vista, de una forma tan generalizada)? ¿Nada que ver con su partido (que ha gobernado tantos años el país), con su fracción parlamentaria?

Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca –o ninguna– repercusión en el combate al narcotráfico. Sobre el tema, véase la situación de México o Colombia. O, de algún modo, la situación misma de Estados Unidos, principal mercado de la droga, del lavado de dinero, donde el crimen organizado se ha movido siempre con cierta comodidad. ¿O no?

El desarrollo y la implantación del crimen organizado en nuestros países –Estados Unidos incluido– tienen muchas razones. Pero un modelo de desarrollo cada vez más excluyente –en Costa Rica, basado en la implantación de zonas francas, cuyas consecuencias sobre el creciente desempleo, sobre todo de jóvenes, y sobre el déficit fiscal son bien conocidas, estimulado por la privatización de los servicios públicos– no es uno de los factores menos importantes. Un modelo que el país viene promoviendo desde hace más de 40 años, incluyendo el gobierno actual.

Así las cosas, la extradición de nacionales seguirá siendo un circo y una herramienta política en manos de Estados Unidos, pero no un instrumento eficaz de lucha contra el crimen organizado.

¿Se ha preguntado alguien, algún medio de prensa, por qué, si la extradición de nacionales es un instrumento tan importante para el logro de la justicia, ningún otro país ha mostrado interés en su aplicación? En realidad, es una medida con destinatario cierto: Washington. Aunque no falte quienes, aquí, alaban la medida como un instrumento de la “justicia internacional”. ¿Internacional? ¡No! De los intereses norteamericanos.

La irresponsabilidad, el no cumplir con la obligación de juzgar a los delincuentes.

La imagen de los dos costarricense en manos de los agentes de la DEA en el aeropuerto internacional de San José desnudó la renuncia de un Estado de cumplir con una de sus funciones básicas, como ya lo señalamos.

La extradición de nacionales acusados en Estados Unidos responde a intereses políticos, como quedó en evidencia con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la anunciada investigación, por parte del FBI, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Me parece que la de los costarricenses no está del todo alejada de esos intereses políticos. Celso Gamboa, como sabemos, tiene un alto perfil político en el país.

La reforma constitucional que permitió esa extradición fue aprobada el año pasado por unanimidad por la Asamblea Legislativa. Ni un solo diputado, hombre o mujer, dijo algo en contra.

Para mí, es un ejemplo de la falencia de un sistema político, de la pérdida del sentido de responsabilidad, de renuncia a un compromiso con lo nacional, una degradación que el gobierno de Rodrigo Chaves representa, expresada con cinismo en una declaración donde, esta semana, anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba, hecha en el marco de las amenazas del gobierno norteamericano de que asumirá el control del gobierno de ese país.

No sorprende, en todo caso, la posición del gobierno y de la cancillería. No han dado muestras de independencia alguna en sus cuatro años, que se terminan ahora el 1 de mayo, ni han aportado nada a la necesaria reflexión sobre el lugar de América Latina en la reconfiguración del orden internacional que está actualmente en desarrollo.

Las consecuencias políticas

¿Cómo extrañarse entonces de que, en ese marco de renuncia de las atribuciones y capacidades del Estado, resurjan propuestas como la de dolarizar la economía, como ya hicieron en América Latina Panamá, Ecuador y El Salvador, aliados más cercanos de Washington?

Es la ruta trazada por una política neoliberal en la que las funciones del Estado de integración social, de respuesta a las necesidades de los que más lo necesitan, van perdiendo su carácter, para concentrarse en los intereses de una minoría.

Un modelo que, en Estados Unidos, ha concedido ventajas fiscales que han disparado la concentración de la riqueza, como nos recordaba un notable reportaje del NYT, publicado el pasado 9 de marzo. “El surgimiento de decenas de nuevos multimillonarios se produjo inmediatamente después de los recortes de impuestos de 2017 impulsados ​​por Trump al comienzo de su primer mandato”, afirman. El resultado es que hoy el 1% más rico del país “controla 55,8 billones de dólares en activos, más que el PIB de Estados Unidos y China juntos”.

Creo que muchos de los que dispusieron la entrega de ciudadanos nacionales a la justicia norteamericana, los que sueñan con dolarizar la economía, no pueden imaginar destino más feliz que transformarnos en otra estrella de la bandera de los Estados Unidos. No puedo disociar la imagen de dos ciudadanos costarricenses (no diré una palabra sobre sus calidades), entregados a funcionarios de la DEA en territorio nacional, con ese desorden político en el país, con la vergonzosa unanimidad con que la medida se aprobó en la Asamblea Legislativa, con la necesidad de reivindicar las funciones de un Estado Nacional que promueva la indispensable solidaridad social, que asuma sus funciones indelegables, como la de juzgar a sus ciudadanos que deban ser juzgados, sin pretender hacernos creer que delegando esas funciones a otras naciones avanzará la justicia y avanzaremos nosotros, como nación. Será todo lo contrario.

FIN

Organizaciones solicitan audiencia urgente en la Asamblea Legislativa y rechazan reforma a la Ley de Zona Marítimo Terrestre

Organizaciones costeras, de mujeres y en defensa de la Zona Marítimo Terrestre solicitaron formalmente una audiencia ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de expresar su rechazo al proyecto de ley “Reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre” (Expediente N.º 22.553).

La solicitud fue dirigida al presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, así como a distintas jefaturas de fracción, en un contexto de creciente preocupación por el avance acelerado de esta iniciativa en el Congreso.

La semana pasada más de ochenta organizaciones sociales, ambientales, académicas y comunitarias, junto con más de doscientas personas firmantes, advierten que la reforma podría generar impactos profundos en las comunidades costeras y en ecosistemas estratégicos del país. Entre las principales preocupaciones se señalan posibles procesos de privatización del litoral, el debilitamiento de la protección ambiental, particularmente en humedales y manglares, y el riesgo de desplazamiento de comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios, incluyendo poblaciones afrodescendientes, indígenas y personas dedicadas a la pesca artesanal.

Asimismo, se alerta que el proyecto introduce condiciones administrativas, técnicas y económicas que resultarían difíciles de cumplir para las comunidades locales, lo que podría favorecer la concentración de concesiones en manos de actores con mayor capacidad económica, mediante mecanismos como la subasta.

Las organizaciones también recuerdan que este expediente ya había sido cuestionado y detenido en el año 2021 por razones jurídicas, sociales y ambientales, y que su reactivación en 2025 ha ocurrido sin un proceso amplio de consulta y participación con las comunidades afectadas.

Adicionalmente, informes técnicos han señalado posibles roces de constitucionalidad en varios artículos del proyecto, lo que incrementa la preocupación sobre su viabilidad legal y sus efectos sobre el régimen de protección de la zona marítimo terrestre.

En este contexto, las organizaciones firmantes reiteran la necesidad de abrir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, que incluya a comunidades costeras, organizaciones sociales y sectores académicos, antes de avanzar con una reforma de esta magnitud.

Como parte de este proceso de articulación, el pasado 18 de marzo se realizó un espacio virtual informativo, con la participación de la politóloga y asesora legislativa Jessica Ramírez, y la abogada especialista en derecho ambiental y derechos humanos Sofía Barquero. La actividad fue organizada por el Proyecto de Geografía y Diálogo de Saberes de la Universidad de Costa Rica, la Red de Mujeres Costeras y Rurales, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional.

Las organizaciones hacen un llamado a las diputaciones a atender esta solicitud de audiencia y a valorar la necesidad de detener el avance del expediente 22.553, en resguardo del carácter público de las playas, la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.