Por MSc. Rodrigo Humberto Campos Hernández
En los últimos días, declaraciones de actores políticos costarricenses han encendido una señal de alerta que no debería ser ignorada. No se trata simplemente de referencias religiosas en el discurso público —algo que, en sí mismo, no es nuevo— sino de un giro más profundo: la utilización sistemática de lo religioso como fundamento de legitimidad política.
Cuando una presidenta electa se define como un “vaso vacío” para que Dios la llene, cuando un gobierno es presentado como “un milagro”, y cuando se afirma que un líder político “se dejó usar por Dios”, no estamos ante expresiones personales de fe. Estamos ante la construcción de un relato donde el poder político deja de justificarse en la deliberación democrática para anclarse en una autoridad trascendente.
Este desplazamiento no es menor. En una democracia constitucional, el poder se legitima en la voluntad popular expresada a través de procedimientos, en el respeto al derecho y en la posibilidad permanente de crítica. Como ha señalado Jürgen Habermas, en sociedades pluralistas las decisiones públicas deben poder justificarse en términos accesibles a todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas (Habermas, 2006). Cuando el fundamento del poder se traslada a la voluntad divina, ese criterio de justificación común se rompe.
Pero el problema no se agota ahí.
Estas declaraciones se insertan en un patrón discursivo más amplio, observable en distintos contextos internacionales, donde sectores de la derecha política han articulado una narrativa que combina religión, moralidad absoluta y proyecto de poder. Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Europa y América Latina, se repite una misma lógica: el líder no solo gobierna, sino que encarna una misión; la política no es un espacio de desacuerdo legítimo, sino una lucha entre el bien y el mal; y el adversario deja de ser un contendiente democrático para convertirse en un enemigo moral.
En este contexto, cobra especial relevancia la reiterada apelación al “pueblo”. La idea de que el “pueblo” debe recuperar los poderes del Estado —incluido el Poder Judicial— parece, en apariencia, una reivindicación democrática. Sin embargo, esta apelación encubre una operación más compleja: la redefinición de quién es el pueblo legítimo.
Como ha planteado Ernesto Laclau, el “pueblo” no es una realidad dada, sino una construcción política que articula demandas diversas bajo una identidad común (Laclau, 2005). En los últimos años, esta construcción ha sido capturada por discursos que buscan identificar al pueblo con una identidad moral y religiosa específica. En palabras de Joanildo Burity, asistimos en América Latina a intentos de redefinir el pueblo nacional como “pueblo evangélico”, en el marco de proyectos con aspiraciones hegemónicas.
El problema es evidente: cuando el pueblo deja de ser el conjunto diverso de ciudadanos y se convierte en una comunidad moral homogénea, la democracia deja de ser un espacio de pluralismo para transformarse en un proyecto de exclusión. Como advierte Chantal Mouffe, la democracia requiere reconocer el carácter legítimo del conflicto y la pluralidad de identidades; cuando ese conflicto se moraliza en términos absolutos, se erosiona la lógica democrática (Mouffe, 2018).
¿Quién queda entonces fuera de ese “pueblo”? ¿Qué lugar ocupan quienes no comparten esa identidad religiosa? La respuesta implícita en estos discursos es inquietante: quedan simbólicamente excluidos.
Este riesgo se vuelve aún más grave cuando se articula con propuestas orientadas a “recuperar” el Poder Judicial. En una democracia, el Poder Judicial no es un botín político ni un espacio a ser conquistado por mayorías circunstanciales. Es, precisamente, el contrapeso que garantiza derechos, limita el poder y protege a las minorías frente a posibles abusos.
Cuando la intención de intervenir o controlar ese poder se enmarca, además, en un discurso que invoca la voluntad divina, el problema deja de ser retórico para convertirse en institucional. Como advierte la literatura contemporánea sobre populismo y religión, la articulación entre moral religiosa, liderazgo carismático y proyecto de poder puede derivar en formas de desdemocratización o incluso en escenarios “posdemocráticos”, donde las instituciones formales subsisten, pero su contenido se vacía progresivamente.
Ahora bien, es importante decirlo con claridad: el problema no es la religión en la esfera pública. América Latina cuenta con una rica tradición de pensamiento religioso comprometido con la justicia social, la dignidad humana y la crítica al poder. La teología de la liberación y las experiencias ecuménicas son prueba de ello.
Precisamente por eso resulta llamativo —y preocupante— el relativo silencio o la baja visibilidad de estos sectores frente a la creciente instrumentalización de lo religioso por parte de proyectos políticos conservadores. La ausencia de voces religiosas que reivindiquen una ética del poder centrada en la justicia, la inclusión y el respeto al pluralismo deja el campo simbólico de lo religioso en manos de discursos que lo utilizan como herramienta de legitimación y exclusión.
Ese silencio no es neutro.
Permite que se consolide una narrativa donde la fe se convierte en criterio de pertenencia política, donde la moral se absolutiza y donde el poder se blinda frente a la crítica. En ese escenario, la democracia no se destruye de un golpe; se erosiona progresivamente, desplazando sus fundamentos desde el derecho hacia la creencia.
Costa Rica no está, por ahora, ante una ruptura institucional. Su tradición democrática, sus controles constitucionales y su inserción en el sistema interamericano de derechos humanos siguen operando como límites reales. Pero eso no debería llevarnos a la complacencia.
Las democracias no suelen caer de un día para otro. Se transforman gradualmente, muchas veces a través de cambios en el lenguaje, en los símbolos y en las formas de justificar el poder.
Cuando la política comienza a hablar en nombre de Dios, cuando el pueblo se redefine en términos religiosos y cuando los contrapesos institucionales se presentan como obstáculos a ser superados, no estamos ante anécdotas discursivas. Estamos ante señales de advertencia.
Ignorarlas sería un error.
Referencias:
Habermas, J. (2006). Entre naturalismo y religión.
Laclau, E. (2005). La razón populista.
Mouffe, C. (2018). Por un populismo de izquierda.
Burity, J. (2019). “El pueblo evangélico: construcción hegemónica…”
