En el corazón del Caribe costarricense, un grupo de indígenas del Territorio Kekoldi-Cockles, ubicado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, ha decidido iniciar un proceso de recuperación de tierras prometidas por el Estado. Siguiendo el precedente de las comunidades indígenas del sur —especialmente en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas— estos pueblos optan por la acción directa ante la falta de respuestas concretas.
Pero el escenario aquí es distinto. Las tierras que reclaman no están en manos de personas blancas, como en otros territorios indígenas, sino de afrodescendientes costarricenses. Ambos grupos —indígenas y afrodescendientes— cuentan con el respaldo de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen sus derechos culturales, territoriales y sociales como pueblos históricamente marginados.
Este conflicto expone una tensión profunda y poco discutida: ¿qué ocurre cuando dos poblaciones igualmente protegidas por los mismos instrumentos legales se enfrentan por el mismo territorio? ¿Hasta qué punto puede el principio constitucional de igualdad ante la ley responder a realidades históricas, culturales y sociales que son distintas, pero igualmente legítimas?
Lo que está ocurriendo en Kekoldi-Cockles va más allá de una simple disputa por la tierra. Es un llamado urgente a repensar cómo aplicamos los principios de justicia e igualdad en contextos pluriculturales. No se trata solo de leyes, sino de memorias, identidades y deudas históricas no saldadas. En este cruce de caminos, la igualdad ante la ley se pone a prueba, y con ella, nuestra capacidad como sociedad para construir una justicia verdaderamente intercultural.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto por Marco Vinicio Levy Virgo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), relacionado con las condiciones de seguridad en las rotondas de la Ruta 32.
El expediente N° 25-008703-0007-CO, tramitado el 8 de abril de 2025, señala que el tribunal ordenó al ministro y al director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) rendir informe sobre los hechos alegados en un plazo de tres días hábiles.
Según la documentación oficial, la persona recurrente denuncia las condiciones inseguras que prevalecen en la Ruta 32, especialmente en sus rotondas, y solicita medidas urgentes para mejorar la seguridad.
El recurso menciona un accidente ocurrido el 25 de marzo de 2025, cuando un tráiler no logró maniobrar adecuadamente en una rotonda de esta ruta. Levy Virgo argumenta que este tipo de incidentes se ha convertido en un problema recurrente, respaldado por advertencias de especialistas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
La solicitud presentada ante la Sala IV señala que la decisión de implementar siete rotondas en lugar de pasos a desnivel en esta vía representa un riesgo para la integridad física de las personas usuarias.
En su recurso, Levy Virgo cita varios documentos técnicos que advierten sobre las deficiencias en estas infraestructuras, incluyendo oficios del Lanamme dirigidos a autoridades del MOPT.
La magistrada Ingrid Hess Herrera fue designada como instructora de este proceso constitucional.
Levy Virgo ha hecho un llamado a diferentes sectores, incluyendo alcaldías, diputaciones, empresariado y personas usuarias de la Ruta 32, para unirse al proceso y exigir soluciones urgentes que garanticen la seguridad vial en esta importante conexión con la región caribeña.
El documento titulado «Cronología de las Jornadas Patrióticas contra el Combo del ICE del año 2000», elaborado por Jorge Mora Portuguez, presenta un análisis detallado y cronológico de uno de los movimientos sociales más importantes en la historia reciente de Costa Rica.
La investigación está estructurada en dos capítulos principales. El primero ofrece un análisis de los actores y de la coyuntura del Combo, subdividido en cuatro secciones que abordan desde la metodología utilizada hasta las nuevas tendencias del movimiento popular.
En la primera sección, el autor presenta las variables metodológicas para la selección de actores y para el análisis comparativo. La segunda sección clasifica la coyuntura del Combo en cinco etapas evolutivas: el aislamiento, la transición de la incredulidad a la tempestad, la huelga general, la comisión mixta del ICE y el nacimiento de la CONAES.
La tercera sección desarrolla un análisis detallado de actores seleccionados, centrándose en la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y el movimiento popular en Siquirres, examinando variables como el conocimiento del tema del ICE, el acceso a la información y las dinámicas de movilización implementadas. La cuarta sección analiza las nuevas tendencias, considerando las condiciones subjetivas y objetivas presentes en el proceso.
El segundo capítulo ofrece una cronología minuciosa del Combo del ICE, dividida en cuatro momentos: los comienzos, el nuevo siglo, el aumento de la acción popular y el levantamiento popular contra el Combo.
En la introducción, Mora Portuguez explica que, durante marzo y principios de abril del 2000, Costa Rica vivió un estallido social sin precedentes en respuesta al llamado «Combo del ICE», un conjunto de propuestas legales impulsadas por el gobierno para desmantelar el Instituto Costarricense de Electricidad y privatizar las comunicaciones y la energía.
Este movimiento representó la convergencia de diversos sectores sociales —sindicatos, movimientos ambientales, estudiantiles, de mujeres, grupos campesinos, cooperativas y organizaciones comunales— que se articularon bajo un esquema de red policéntrica para enfrentar las políticas neoliberales que venían golpeando a los sectores más vulnerables.
El 4 de abril del 2000, el movimiento popular logró una victoria histórica, obligando a los partidos tradicionales a retirar el proyecto de ley ya aprobado en primer debate y forzando al Estado a generar un espacio de encuentro con la sociedad civil en el Parlamento.
El documento concluye destacando que este triunfo permitió a los movimientos sociales costarricenses pasar de una fase defensiva a una etapa de equilibrio estratégico de fuerzas, con efectos visibles en el surgimiento de nuevas fuerzas políticas progresistas y en la posterior lucha contra el Tratado de Libre Comercio.
Para acceder al documento completo «Cronología de las Jornadas Patrióticas contra el Combo del ICE del año 2000» en formato PDF, puede descargarlo aquí.
El 28 de marzo de 2022, el ejército colombiano con tropas de asalto, vestidos de negro, realizaron un operativo militar, por tierra, aire y agua, contra la población civil campesina e indígena, que habían organizado un bazar el día anterior y realizado un campeonato de futbol, con el fin de recaudar fondos para arreglar un camino vecinal y tirar la placa de huella. La invitación para dichas actividades se hizo por medio de un volante que dice: “El Cabildo de Alto Remanso tiene el gusto de invitarlos a un sensacional bazar que se llevará a cabo el sábado 26, domingo 27 y el gran remate el lunes 28 de marzo, hora de inicio a las 10:00 am. Habrá encuentros deportivos masculino y femenino, valor puesto planilla equipo masculino 100.000 pesos. Valor puesto planilla equipo femenino 70.000 pesos. La premiación será de acuerdo a los equipos participantes”.
Como habían escogido, para el festejo popular, el fin de semana, desde el día viernes comenzaron a llegar a Puerto Leguizamo, en el Putumayo, colombiano, los habitantes del Alto y el bajo Remanso. También vecinos pobladores del territorio peruano. Los del Alto Remanso son más bien población de colonos campesinos. Los del Bajo Remanso son, mayoritariamente, población indígena. Los sabuesos del ejército colombiano sabían de ese festejo y miraban con recelo la llegada y concentración de la población. Fue entonces cuando idearon que se trataba de una reunión a la que asistiría un comandante guerrillero que era buscado por ellos. Con el jolgorio transcurrieron las horas de la noche. Ya amanecido, el día lunes 28, siendo las 6 de la mañana, las primeras canoas aprestaban a salir con trasnochados fiesteros; en tanto que, en el área del rancho grande con pista de cemento, las botellas vacías y las mesas en desorden, con uno que otro amanecido durmiendo, reflejaba la cantidad de licor y cerveza consumido.
Entre esos dormilones amanecidos se encontraba el gobernador indígena de nombre Pablo Panduro, a quien llamaban “Pantalon”, por cariño. Era también el profesor de la lengua indígena kichwa que él transmitía a los niños, y el único que sabía leer y escribir. “Esa era la batalla de Pantalon cuando lo asesinaron”, dice su esposa Fidelina. Al iniciar el ataque, las balas lo sorprendieron dormido y murió en el acto. La abuela, Gloria Condo Alvarado, de 73 años lo recuerda y exclama: “Anoche vino “Pantalon” y se sentó aquí a afilar su machete pa´ irse a trabajar. Estaba sentado al lado del taita. Se nos aparece cada 28 de marzo”. La soldadesca asesina al observar que se movían para partir las primeras canoas, abrió fuego indiscriminado y en un arreciado tiroteo, que no duro más de veinte minutos, cayeron en el acto el presidente de la junta de acción comunal, su esposa embarazada, un joven de 16 años que al correr a refugiarse fue asesinado por tiros de fusil en la espalda y así se contaron 11 víctimas fatales. Todos civiles.
Tres años después de la masacre, emocionalmente no soy capaz de rememorar cada una de las personas asesinadas y el estado de indefensión en que fueron masacradas. Este trágico suceso lo relaté con dolor, que hoy vuelvo a repetir y a padecer al lado de las víctimas. Lo hice con dedicada atención como FISCAL DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN- TRINO, al sustentar con detallada precisión y manejo probatorio la ponencia de acusación contra el Ejercito y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano colombiano, por la masacre de Puerto Leguizamo-Putumayo. El día 13 de abril de 2.022, sesionó el Juicio del Tribunal Internacional de Opinión – TRINO y profirió dictamen condenatorio contra el ejercito y las fuerzas armadas de Colombia por los sucesos en Puerto Leguizamo, sucedidos el 28 de marzo de 2.022. Con la conformación de seis magistrados internacionales y la inhibición de una firma, se profirió la sentencia condenatoria; bajo la dirección del Profesor Doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Coordinador del Tribunal Internacional de Opinión – TRINO – y su presidente.
Siendo que el TRINO, es un tribunal de conciencia y opinión internacional, su veredicto constituye un testimonio técnico de valor jurídico probatorio y tres años después no ha sido considerado como tal por las confusas ramas de investigación penal vernáculas que se han iniciado y por la carencia de una acción contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se dice por calificada ONG: “La jurisdicción penal militar no proporciona la independencia necesaria para investigar y enjuiciar adecuadamente las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas”.
Mientras el malogrado proceso no avanza, ninguno de los que ha pedido justicia ha estado exento de riesgos. Rodolfo Pama, padre del joven de 16 años asesinado con disparos por la espalada, se transporta por el río en canoa desde el Alto al Bajo Remanso, y susurra que hace dos meses lo amenazaron de muerte en Puerto Leguizamo. Algunos de los asistentes al festejo sufrieron el destierro y están comenzando a regresar. Debido a los desplazados, cuentan que la reconstrucción de la vereda ha sido lenta El proceso de investigación penal ha tenido contrapesos. El 16 de abril de 2.024 La Corte Constitucional envía el proceso por la masacre del Alto Remanso a la justicia ordinaria (…) La Fiscalía ha imputado a los 25 militares que participaron por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en persona protegida. Se tiene registro que 5 de los militares imputados salieron del país. “Tenemos información de que cinco de ellos salieron del país y están prófugos. Sus abogados han dicho, en las audiencias, que no han vuelto a tener contacto con ellos”. “Cuando el Ejército lo para a uno en un retén y pregunta de dónde es, decir Alto o Bajo Remanso. es casi ponerse una cruz encima”, relata la gobernadora Yarley.
Ya se han cumplido 3 años de impunidad. Los Tribunales internacionales han dado la espalda. Aun resuena el llamado militarista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que difundió, a pocas semanas de la masacre en Putumayo, el día 12 de abril de 2.022, que “el Estado debe aumentar y fortalecer su presencia en las zonas donde se han visto afectadas por la violencia”. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno- para entonces- investigar el operativo militar de Putumayo. Solo resta implorar a El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exija y pida a Colombia cumplir con las recomendaciones del Relator sobre ejecuciones y aplicar con rigor el protocolo de Minnesota para investigar y sancionar a los responsables.
Hoy, en la Vereda del Remanso, Fidelina Cruz coloca globos Blancos en la conmemoración de la masacre. Varios manifestantes llegan. El padre africano, Francis Kitave, llegó desde Kenia y es el párroco en ese territorio. Realizó una misa para conmemorar la muerte del gobernador Pablo Panduro, el recordado Pantalon. Su hermana Derly sobrevivió al ataque porque logró resguardarse detrás de una palmera. Allí, recostada sobre el pasto, vio caer a Divier Hernández, el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, y a su esposa, Ana María Sarrias, que esperaba un bebé. Presenció la caída del joven de 16 años y su asesinato cuando corría a ocultarse. Tes años después el salón comunal e indígena queda oscuro y en silencio. El taita eleva unos cánticos para llamar a los espíritus mientras mece con sus manos un ramo de hojas. De la botella de Aguayhasca, cada uno de los asistentes va bebiendo de un mismo totumo. Alrededor, otros indígenas mambean hoja de coca con ambil de tabaco para acompañar el encuentro. Sobre el techo han colgado las hamacas y en el centro encienden una fogata, toman el remedio yagé y se concentran en sus pensamientos.
Del papel del TRINO en Colombia
El Tribunal Internacional de Opinión- TRINO, funciona en Colombia, con sede en Tunja. Ha tenido dos actuaciones desde su creación. La primera, ya fue citada con el caso de la masacre reseñada. La segunda actuación del TRINO, fue el 27 de julio de 2024 y se pronunció frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Palestina. En la audiencia participaron magistrados de varios países latinoamericanos que sesionaron. El TRINO, cuyo presidente es el Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa, contó con la participación de magistrados de Colombia, Argentina, Brasil, Guatemala, Chile México. En este grupo interdisciplinario estuvieron defensores de derechos humanos, académicos, y sindicalistas reconocidos. El fiscal de la sesión fue el Dr. Carlos Meneses Reyes, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el defensor fue el abogado German Guevara, reconocido litigante. Participaron como partes e intervinientes: el embajador de Palestina en Colombia, Rauf Al Malki; el médico y periodista, Víctor de Currea-Lugo; el representante del Instituto de Estudios Humanitarios (IEH), José Pascual Mora; el experto en el tema Pedro Pablo Salas, la docente y activista Ana Gabriela Trujillo, y los académicos Rene Venegas, Gustavo Zuluaga, Fernando Mayorga, Sergio Acevedo, entre otros. El fallo del TRINO fue condenatorio al Estado de Israel por el delito de Genocidio contra el pueblo palestino.
Se ha fijado una nueva fecha de juicio del TRINO a llevarse a cabo en el mes de mayo de 2.025 con ocasión del angustiante drama de asesinatos de líderes comunales y exguerrilleros desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc. Fui llamado para fungir como Fiscal en esta nueva sesión. Me he visto en la penosa decisión de declinar tan honrosa postulación, por aspectos técnicos, en cuanto a la indefinición-para mí- del sujeto pasivo de la acción penal a incoarse y en cuanto a la tipificación del delito penal a investigarse. Expongo, con motivado razonamiento, que el Juicio debe dirigirse por el Delito de Terrorismo de Estado y contra el Estado colombiano, excluyendo a diversos actores armados, los cuales no tendrían la calidad de Estado-parte y genera natural aprehensión que el TRINO sea utilizado como un instrumento contrainsurgente, en momentos, en que desafortunadamente, la salida política definitiva del conflicto armado interno en el país, está confusa y enredada. Valga esta oportunidad para desear al Tribunal de Opinión Internacional- TRINO, los mejores logros y resultados en este nuevo empeño de la indeclinable labor de la defensa de los derechos humanos del derecho internacional humanitario.
“Los tomadores de decisiones no han llevado formación en afectividad y sexualidad, pero tienen el poder de tomar decisiones desde el desconocimiento y eso es muy delicado”. La advertencia la hizo, este 19 de marzo, Margarita Murillo Gamboa, académica del Centro de investigación y Docencia en Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA), durante la conferencia virtual Afectividad y sexualidad para el desarrollo integral de las personas menores de edad.
La conferencia, que se programó, tras la suspensión del programa del Ministerio de Educación Pública (MEP), analizó las implicaciones que tal medida trae y la necesidad de garantizar una formación integral para la niñez y adolescencia en Costa Rica.
Murillo Gamboa, quien tuvo la oportunidad de participar en la creación de estos programas, recordó que en 2006 la educación sexual inició como una guía y evolucionó a un programa estructurado con la política pública de sexualidad, desde 2010 y hasta 2020. Desde esa fecha el programa, que estaba dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria y primaria, no se renueva.
También mencionó que para crear esta política se basaron en descubrimientos del neurólogo Antonio Damasio, que consisten en que todo lo que pensamos pasa primero por una emoción. Si no se educa ni se hace conciencia de eso, no se puede dar un concepto racional ni una educación emocional.
Tras el análisis se dieron cuenta de que no se necesitaban guías si no un programa que se adaptara a un modelo de género. Por eso abordaron tres temas principales:
1. Educación emocional y valores
2. Factores culturales, de género y estigmas
3. Salud sexual y reproductiva
La especialista recalcó en que si no hay educación emocional no hay respuestas positivas ante la sexualidad. “Yo no puedo enseñarle a un muchacho a ponerse un condón o hablar de pastillas o tecnología anticonceptivas, si no he trabajado la madurez emocional y las creencias o estigmas que tiene alrededor de la pastilla, por ejemplo, o del condón. Todos esos estigmas y creencias delimitan la conducta de protección; hay que trabajarlas, porque nada hago con enseñarle a ponerse un condón, si no se lo pone porque está enamorado”.
Recordó que en los programas se les hablaba a los menores de edad, quienes entre los 3 y los 5 años, manifiestan las primeras expresiones eróticas de placer. “Somos seres de deseo y placer, no se le puede anular a la vida humana el deseo, y debe ser dentro de espacios placenteros”.
Lo que pasa es que el tabú, el morbo y la vergüenza—aclaró—relacionan el placer con la violencia sexual, la pornografía o la prostitución, y eso no es un placer sano. Lo que recomienda, en cambio, es educar sobre los estados de placer reales, como amar, cantar, besar, reír, llorar, entre otros.
¿Pero por qué este gobierno decide quitar los programas?
Según la académica, dentro de las recomendaciones que hicieron, en el 2010, fue capacitar a las personas facilitadoras, con 60 a 80 horas por año; sin embargo, no llegaron ni a 25 horas, por lo que se tuvo que plantear una estrategia política para incluir en el curso de ciencias toda esta materia, y que fuera validado con el examen de bachillerato para que, de alguna forma, se vieran obligados a estudiarla. “Por eso este gobierno decidió no reactivar la política: porque no capacitaron a los facilitadores; además de una serie de presiones, de tabúes y temores, un moralismo exagerado y muchas noticias falsas”, mencionó la experta.
Recalcó que los tomadores de decisiones desconocen por completo sobre estos temas. “No han llevado formación en afectividad y sexualidad, pero tienen el poder de tomar decisiones desde el desconocimiento y eso es muy delicado”, finalizó.
Por su parte Arturo Fallas Vargas, académico del Cide, se refirió a la importancia de la educación sexual desde edades tempranas, ante la realidad que vive Costa Rica. Según dijo, se les preguntó a estudiantes de primaria y secundaria cómo aprenden educación sexual y el gran resultado fue que lo hacen a escondidas.
Ese desconocimiento lleva a los menores a caracterizar los modelos amorosos con violencia, con celos y con una visión de sexualidad inadecuada. “Actualmente los estudiantes buscan información de forma furtiva, nos hemos devuelto casi 30 años, antes de que se dieran estos programas (…) sin estos programas ¿cómo será la construcción de su biografía sexual desde la educación sexual que recibe?”
¿Por qué es importante la educación sexual?
Fallas mencionó que la sexualidad nos acompaña toda la vida desde la infancia hasta la vejez, y que es la forma de vincularnos y expresar afecto y comprender el cuerpo como parte de la identidad. En la etapa de la infancia, implica aprender sobre el cuerpo, los límites, el respeto y eliminar el aprendizaje desigual; y en la etapa de la adolescencia, se profundiza en la autonomía, el consentimiento y las relaciones interpersonales saludables.
Además, enfatizó que, a más información menos mitos, y se evitan las creencias erróneas del amor, el placer, la orientación del deseo sexual y la identidad de género. “En la educación sexual hay que desmontar los mitos y promover una sociedad más respetuosa y libre de prejuicios. Educar en sexualidad es educar en autonomía, cuando las personas conocen sus cuerpos, emociones y derechos, pueden tomar decisiones informadas sobre su vida afectiva y sexual”, afirmó.
Asimismo, descartó que la educación sexual fomente la promiscuidad. Por el contrario, refuerza la responsabilidad, no acelera el inicio de la actividad sexual lo cual redunda en la mejora de toma de decisiones. “No hablar de sexualidad no la elimina, sólo deja a las personas en riesgo, el silencio nunca ha protegido a nadie”.
En complemento a estas reflexiones, Miroslava Bonilla Cabañas, académica del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA), recordó que la educación sexual es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional. “Los gobiernos deben actuar desde un enfoque de derechos y garantizar que las personas menores de edad accedan a información basada en evidencia científica”, declaró.
El evento finalizó con el recordatorio de la vicedecana del Cide, Susana Jiménez, para quien “Hablar de educación sexual no es solo hablar de biología o de prevención, como muchas veces se ha vendido, sino es reconocer que la educación es un acto político y por lo tanto cuando yo tomo una decisión de tipo curricular, eso también expresa una visión de un mundo, que lo que enseñamos y lo que decidimos no enseñar tiene un impacto directo en la sociedad que estamos construyendo. Por lo tanto, desde el Cide creemos que la educación sexual afectiva es clave para nuestras niñas, niños y adolescentes porque necesitamos gente que tenga un desarrollo de un juicio crítico, que tengan capacidad de análisis, habilidades de diálogo, y complementen todo esto con la formación que reciben en sus hogares; además, porque en este momento hay muchos desafíos que pasan en la sociedad”.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM) un informe técnico sobre los fundamentos administrativos y legales que sustentan la Viabilidad Ambiental del proyecto inmobiliario DIVINE.
Según consta en el oficio AEL-00155-2025, con fecha del 7 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, dirigió la solicitud a la licenciada Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio, expresando preocupación por un hecho que considera de especial interés en el ámbito de la conservación ambiental de esta área protegida.
El documento detalla que el 12 de febrero de 2025 se colocó un rótulo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) frente al Colibrí Lodge, anunciando el proyecto DIVINE a cargo del desarrollador Philip Michel André Sánchez. La información consignada indica que el proyecto abarca 2.745 metros cuadrados y cuenta con Viabilidad Ambiental otorgada mediante la Resolución 1445-2024-SETENA del 13 de agosto de 2024.
La AEL señala que el sitio donde se proyecta esta iniciativa está compuesto por bosque y presuntamente se ubica dentro de los límites del RNVSGM, un área que además se encuentra bajo un proceso de judicialización.
En el oficio, Levy Virgo solicita que se le informe sobre cómo, pese a las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría de los Habitantes en el marco del seguimiento y cumplimiento de la Sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional, se continúa permitiendo el fraccionamiento del bosque en esta zona protegida.
La misiva recuerda que dicha sentencia, dictada el 10 de julio de 2019, ordenó la protección y delimitación efectiva del RNVSGM. Este mandato ha sido objeto de seguimiento y medidas posteriores, incluyendo la resolución 2024-26300 del 10 de septiembre de 2024, que constató el incumplimiento de lo dispuesto en 2019.
La solicitud se fundamenta en el interés ciudadano de garantizar la integridad de los ecosistemas del refugio, así como en el derecho de acceso a la información pública ambiental, consagrado en la legislación costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554) y la Convención de Aarhus, ratificada por Costa Rica.
El oficio fue enviado con copia a diversas autoridades gubernamentales, entre ellas la Defensora de los Habitantes, la Contralora General, el Procurador General de la República, fiscales ambientales y otros funcionarios relacionados con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial.
Dos vistas de la celebración del 169 aniversario del triunfo en la batalla de Sardinal, realizada este jueves en Sarapiquí. Foto: Luko Hilje
Luko Hilje (luko@ice.co.cr)
Alocución, en la celebración del 169 aniversario del triunfo costarricense en la batalla de Sardinal, que permitió expulsar del territorio nacional a los filibusteros invasores, el 10 de abril de 1856
Era febrero de 1856. Costa Rica vivía en un estado de zozobra y tirantez, ante la presencia en Nicaragua del ejército filibustero liderado por William Walker, que no era un simple y ocurrente aventurero, sino médico, abogado y periodista, quien tenía muy claro lo que quería.
Para sus aviesos fines, contaba con el sólido apoyo político y económico de grandes terratenientes, dueños de latifundios de algodón, caña de azúcar y tabaco, imposibles de cultivar sin la mano de obra de los esclavos negros. Por tanto, en su afán expansionista y sus fines comerciales, ellos y Walker coincidían en el objetivo de tomar el poder en los cinco países centroamericanos, implantar la oprobiosa esclavitud, y anexarlos a lo que, a partir de 1861, serían los Estados Confederados de América, o la confederación de estados sureños.
Atento a las ambiciones de Walker, el presidente don Juan Rafael (Juanito) Mora llamó a nuestro pueblo a las armas y, nomás empezando marzo, 4000 hombres y mujeres habían marchado hacia Puntarenas y Guanacaste para defender la integridad territorial, ante la amenaza de invasión de las fuerzas filibusteras.
Antes de continuar, debe recordarse que Walker tenía su cuartel general en la ciudad de Granada, a orillas del lago de Nicaragua. Y, desde ahí, contaba con unos 10 vapores, que en febrero le había incautado al magnate Cornelius Vanderbilt, otrora dueño de la Compañía Accesoria del Tránsito, empresa muy próspera durante la llamada “fiebre del oro”, cuando miles de aventureros cruzaban Nicaragua por el río San Juan y el citado lago, para llegar a California. Dicha flota le permitía a Walker el dominio pleno del río, donde había establecido cuatro posiciones estratégicas: el fuerte de San Carlos, el Castillo Viejo, Punta Hipp —frente a La Trinidad—y San Juan del Norte, en la costa del Caribe.
Para retornar a la marcha de nuestro ejército, consciente de que, mientras el grueso de las tropas estaba cerca de la costa del Pacífico, los filibusteros podrían invadir el Valle Central, don Juanito tomó una oportuna decisión.
En efecto, mandó a llamar a San Ramón al botero Francisco Martínez, para que se reunieran en Atenas, donde le otorgó el grado de capitán y le asignó una misión especial: dirigirse con un batallón al río San Juan, a través de la región de San Carlos, que él conocía muy bien. Martínez se dio a la tarea de organizar su tropa, y ya el 21 de marzo salía de la capital hacia San Ramón, para desde ahí llegar al río San Carlos y navegar hacia el San Juan. No obstante, por razones que sería muy extenso relatar, permanecieron en Muelle de San Carlos, y nunca se enfrentaron a los filibusteros.
Con el país en vilo, sobrevino una situación urgente, a la que había que hacerle frente. Ocurrió que cinco días antes, el 16 de marzo, el cartero Manuel Gutiérrez, quien traía consigo los fardos del correo oficial que habían llegado a San Juan del Norte desde Inglaterra, fue retenido en La Trinidad por una tropa de 25 hombres, a cargo del teniente John M. Baldwin. Este grave hecho activó las alarmas, pues se temía una invasión por Sarapiquí a ciudades clave, como Alajuela, Heredia y San José. Además, como esa era la Semana Santa, la gente estaba distraída, dedicada a los cultos religiosos propios de esas festividades católicas.
Antes de proseguir, es importante indicar que, al revisar con cuidado la documentación existente, no está tan claro que se temiera una invasión hasta el Valle Central. Más bien, se percibe que la intención de nuestro batallón no era enfrentarse a los filibusteros, sino tan solo acercárseles, para atisbar sus movimientos. Es decir, tenía carácter preventivo. Eso sí, si éstos penetraban a Costa Rica por el río Sarapiquí, sí habría confrontación armada, lógicamente.
Como era urgente actuar, se optó por un plan expedito. Por entonces se contaba con dos destacamentos de 25 soldados, que estaban en los puestos aduanales de Muelle y Cariblanco —establecidos para evitar el contrabando desde San Juan del Norte—, a cargo de los capitanes Pedro Porras Bolandi y Francisco González Brenes, respectivamente.
Fue así como, para conformar el batallón necesario, se decidió que a ellos se les sumarían otros 50 hombres, provenientes de Alajuela; éstos venían al mando del general Florentino Alfaro Zamora y del teniente coronel Rafael Orozco Rojas. La escogencia de alajuelenses se basó en que se consideraba que eran quienes estaban más familiarizados con dicha región, tan montañosa y colmada de peligros. Y fue así, poco a poco, pero rápido, que se fueron congregando en Muelle todos los soldados.
Ahora bien, de Muelle a La Trinidad —que era el punto a vigilar, tomado por los filibusteros—, hay una distancia de unos 45 kilómetros. Y, aunque ese trecho se podía navegar en pocas horas en balsas y botes, era muy riesgoso hacerlo pues, al aproximarse a la desembocadura en el San Juan, la tropa nuestra podía ser detectada y atacada de inmediato. Fue por ello que se eligió avanzar a pie por la ribera izquierda del río Sarapiquí, machete en mano, para abrir una picada o trocha en la tupida montaña.
En la mañana del 10 de abril, nuestra corajuda tropa ya había avanzado unos 18 kilómetros, hasta la desembocadura del pequeño río Sardinal. Sin embargo, es posible que alguien delatara la presencia de nuestra tropa ahí, por lo que Baldwin vino a toparla y enfrentarla, al mando de unos 100 mercenarios, en seis embarcaciones; ellos dicen que eran apenas 20 hombres y dos lanchas.
Desembocadura del río Sardinal, en cuyo estero —hoy inexistente—, se libró la batalla contra los filibusteros. Foto: Luko Hilje
Eran cerca de las ocho de la mañana. Al notar que desde el pequeño estero que había en la boca del río —hoy eliminado por la erosión— se elevaba el humo de una fogata de nuestros combatientes, Baldwin decidió atacarlos.
Estaban desprevenidos y confiados, pues mientras una cuadrilla trabajaba en la continuación de la trocha, la mayoría reponía fuerzas en un playón del estero que estaba aguas arriba.
De súbito, desde un recodo de la ribera, sobre un playón del estero localizado aguas abajo, de manera sorpresiva desembarcaron los filibusteros y de una vez empezaron a disparar sus fusiles. Nomás iniciada la refriega, el general Alfaro fue herido en el brazo derecho, por lo que debió retirarse del combate, al punto de que ni siquiera pudo dirigir su batallón.
Ante tal escenario bélico, había razones de sobra para estar pesimistas. Aún más, en un parte de dicha batalla, el jefe militar Orozco expresaba su impotencia al ver a los soldados enemigos desembarcando con soltura, “porque desgraciadamente el Estero de Sardinal, que nos separaba de una parte de ellos, nos impedía entablar lucha con otra arma”. Con esto, él quería decir que el hondo caño que corría en medio de los dos playones del estero los distanciaba de los filibusteros, lo cual anulaba la posibilidad de acometer luchas cuerpo a cuerpo y matarlos con sus filosas bayonetas y machetes, técnica en la cual los costarricenses eran muy diestros, como lo atestiguaron las batallas de Santa Rosa, Rivas y La Trinidad.
Además, una vez iniciada la escaramuza, los nuestros escucharon el silbido de disparos desde la ribera del río donde ellos estaban, pues Baldwin ordenó a una columna que avanzara por tierra, hacia el estero. O sea, los filibusteros los estaban atacando por dos flancos.
Ante tales adversidades, el fervor patrio se convirtió en llamarada, y de los pechos de nuestros héroes brotó la bravura necesaria para defender la patria agredida. Al percatarse de esto, sacando fuerzas de flaqueza, los soldados de la cuadrilla que trabajaban abriendo trocha aguas abajo regresaron hacia el estero y empezaron a disparar, protegidos por la densa vegetación de la ribera.
En pocos minutos se suscitó el fuego cruzado entre las dos tropas, de manera intensa e incesante. Y, tras una hora de enfrentamiento, los filibusteros recularon hacia La Trinidad, dejando abandonados cuatro muertos en tierra, entre ellos el teniente William Rakestraw, además de que —según lo dicen algunos informes—, unos 25 se ahogaron, pues la piragua en la que estaban se hundió.
Aunque, según Walker, en su libro La guerra en Nicaragua (1860), en nuestras filas murieron más de 20 hombres, eso es absolutamente falso, pues perdimos apenas tres: Salvador Alvarado, Salvador Sibaja y Joaquín Solís, por desaparición los dos últimos. Además, hubo tan solo seis heridos, aparte del general Alfaro: Manuel Arias, Manuel María Rojas, Manuel Cabezas, Manuel Morera, Joaquín Arley y Desiderio Quesada; todos eran alajuelenses, excepto Cabezas y Arley, de San José y Cartago, respectivamente.
Después de trasladar los heridos a Muelle, para que los curara el médico Lucas Alvarado Quesada, en las semanas subsiguientes el batallón permaneció en Muelle y Cariblanco, por si sobrevenía un contraataque filibustero, el cual nunca ocurrió.
De esta manera, al igual que en Santa Rosa el 20 de marzo anterior, en Sardinal los filibusteros fueron expulsados del territorio nacional el 10 de abril, y se les derrotaría al día siguiente en la memorable batalla de Rivas, en Nicaragua. Y ocho meses después, el 22 de diciembre, se les expulsaría por tercera vez, en la batalla de La Trinidad—, la cual marcó el principio del fin de Walker, hasta su rendición en Rivas, el 1° de mayo de 1857.
Es decir, la batalla de Sardinal —acaecida hace 169 años aquí—, marcó un hito indeleble en la senda que, rubricada con la generosa sangre de sus heroicos hijos, nos permitió recuperar la libertad y la soberanía nacional cuando estuvieron amenazadas por los ominosos sueños imperiales de Walker.
Y confío en que este ejemplo represente un inextinguible faro, que nos ilumine y aliente siempre para emularlos, y defender nuestra patria cuando haya que hacerlo.
Tributo por parte de miembros de nuestra Fuerza Pública a la bandera izada en el hito de la Ruta de los Héroes, en Sardinal, Sarapiquí. Foto: Luko Hilje
A 169 años de la Batalla de Rivas, honramos el valor de Juan Rafael Mora Porras y Juan Santamaría, quienes enfrentaron con coraje y dignidad la amenaza al proyecto de libertad centroamericano.
Hoy, sus ideales resuenan más vivos que nunca.
Desde Acción Ciudadana reivindicamos su lucha por la soberanía, la paz y la convivencia democrática. Porque los enemigos de la libertad no solo visten uniforme: también se esconden en discursos de odio, en la polarización, y en los ataques a nuestras instituciones.
En ocasión del 169 aniversario de la Batalla de Rivas, el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli expresó su preocupación por la disminución de las celebraciones públicas que conmemoran esta fecha histórica en Costa Rica.
«Hoy conmemoramos el 169 aniversario de la batalla de Rivas, de la gesta heroica del ejército de Costa Rica, de la gesta heroica de Juan Santamaría, de la gesta heroica de Juan Rafael Mora y todos los que en aquel ejército nacional lograron derrotar a la banda de William Walker», manifestó Aguilar Bulgarelli.
El historiador señaló que, en contraste con épocas anteriores, la conmemoración actual se caracteriza por ser «un día silencioso», donde ya no se observan «aquellas celebraciones de desfiles, de trompetas, de algarabías, celebrando un hecho patriótico indiscutiblemente importante».
En sus declaraciones, Aguilar Bulgarelli expresó que este olvido de las celebraciones patrias tiene consecuencias para la sociedad costarricense, asociándolo con «una indiferencia hacia nuestras instituciones y hacia nuestra historia» y lo que describe como «una esclavitud por el consumo y una esclavitud hacia la ignorancia».
El analista también comentó sobre la limitada cobertura mediática de la fecha, mencionando que «los medios de comunicación hoy, salvo alguna referencia en algún noticiero de la mañana, no dicen absolutamente nada» sobre el 11 de abril.
Para Aguilar Bulgarelli, la conmemoración de las fechas patrias tiene un propósito fundamental: «reverdecer el amor a la patria», pero aclaró que esto no significa «pararse en una tarima en un parque de pueblo a pegar cuatro gritos estridentes, llamando al odio entre hermanos».
El historiador hizo referencia al Pacto de Concordia, primera constitución costarricense, indicando que la verdadera celebración de estas fechas debería orientarse a crear «ese cariño, esa concordia, ese respeto entre hermanos costarricenses».
En su reflexión final, Aguilar Bulgarelli hizo un llamado a recordar «con respeto la gesta heroica de nuestros héroes de Rivas, de Juan Santamaría y de tantos otros de los cuales heredamos esta patria».
Algún día dijo Figueres que la tarea que le quedaba pendiente era quemar La Nación. Representaba mucho contra las ideas por las que él había luchado. Desde mi punto de vista, más que la abolición del ejército (mucho más, mucho más fundamental) fue la nacionalización de los depósitos bancarios. Por algo fue también por donde empezó el ataque al sector público, ante una voracidad insaciable (de los que mandan) y la incapacidad de ver más allá de sus narices (de algunos de los que mandan, y de otros, de los que obedecen).
Esa pelea formidable, en la que se construía una forma de nación, se perdió. Derrota nunca más evidente que en el día en que el director de La Nación se transformó en ministro y embajador de quien, desde adentro, minaba las bases del mundo que construyó Figueres.
Hoy hablan de los peligros que corre la democracia en Costa Rica. Es una visión corta, en mi opinión. Los peligros son antiguos. Ninguno contribuyó más a eso que el líder más lúcido de ese proyecto de mirada corta. En beneficio propio, manoseó la Constitución, el Poder Legislativo, el Judicial. ¿Para qué? Para aprobar un proyecto desquiciador del sector productivo nacional, para avanzar en la privatización de las telecomunicaciones y echar a andar, de manera lesiva para los intereses nacionales, la privatización de las obras públicas.
¿Cómo sorprendernos del desencanto con la “democracia”?
La 27 nos recuerda todos los días el perverso mecanismo mediante el cual se mete la mano en el bolsillo de los costarricenses, con la complicidad de los organismos del Estado que deberían controlarlo. En esto, fueron muchos los cómplices, encargados de desmontar una capacidad pública eficiente, para entregarla a los mismos que hacen clavos de oro con un mecanismo perverso.
Hay quienes piensan que todo eso es cosa vieja. Del pasado. Y no se explican cómo hemos podido llegar tan lejos y tan hondo, ni esa lógica que, después de un Alvarado, entrega el país a un Chaves.
Para mí está claro. ¿Ningún daño ha hecho a nuestra institucionalidad el manoseo de los tres poderes para satisfacer ambiciones personales desmedidas? Ese tipo de acciones son como echar un químico corrosivo en los engranajes de la historia.
Hay responsables. Aunque algunos piensen que están olvidados, nunca dejan de funcionar, corroyendo los engranajes de la convivencia nacional. Lo modosito de las propuestas, los BMW y los Mercedes ofrecidos, son solo humo de paja, hipocresía que la brutalidad del “memorando del miedo” desnuda.
Entonces aparece uno, vivo, que toca los puntos sensibles, los más vulnerables. El primero, esa cúpula ambiciosa, de visión corta, insaciable. Luego los otros poderes, la prensa… La manera chabacana, como lo hacen, encanta a muchos.
Asaltan el Estado gentes sin antecedente político alguno. Las encuestas lo muestran. Sin historial, ni capacidad. Sin propuestas. Pero con estilo. Es suficiente el dedo apuntado a los responsables de la demolición hecha en los últimos 50 años, de la que ellos mismos son acabados representantes.
Nos toca recuperar un rumbo perdido. No es volver atrás. Es avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción, las mismas que, desde hace casi 50 años, han venido demoliendo sistemáticamente. Bases tan sólidas que, pese a todo, no han podido ser demolidas del todo. Algo queda, sobre todo en la memoria de los costarricenses.
No se trata de gritos sobre una democracia en peligro. Ese peligro, como hemos visto, viene de larga data. Hace falta la defensa de lo público. En vez de terminar de deshacer el ICE, de vender el BCR, de avanzar en la privatización de la salud, de la educación, en la destrucción de la CCSS, sería prudente reconstruir los fundamentos que hicieron posible que el país creciera con imaginación, sobre la base de recursos propios, sin perder de vista los derechos de las mayorías. Sin rechazar su lugar en el escenario internacional. Pero no un lugar subalterno, mediocre (como una “zona franca”, sugieren algunos). Participar con lo nuestro. Llevar nuestra banca a los mercados internacionales. El ICE a Centroamérica y más allá; ¿por qué no? en vez de destruirlo. No es fácil, pero me parece que es lo que tiene sentido.
Un programa para el 2026 que llene de aire nuevo, de lucidez, una pelea en la que se juega una forma de construcción del país.
