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Guatemala: Ministerio Público debe cesar la intimidación a los medios de comunicación y respetar la libertad de prensa

Escrito en . Publicado en Derechos.

Washington DC, 8 de abril de 2025

Las organizaciones firmantes condenan la campaña de desinformación y criminalización infundada en contra de los medios de comunicación Prensa Comunitaria y Ruda, cuya labor de periodismo comunitario y feminista en Guatemala es fundamental para la democracia del país.

El Ministerio Público (MP) -bajo el mando de María Consuelo Porras- ha deteriorado seriamente el Estado de derecho, la justicia y los derechos humanos en Guatemala al perseguir y criminalizar a voces críticas que han luchado en contra de la corrupción y la impunidad. En lugar de ser un ente garante de la institucionalidad del país y de brindar justicia a la población, el MP se ha convertido en un instrumento de represión.

Prensa Comunitaria y Ruda han publicado investigaciones que han expuesto grandes esquemas de corrupción y los mecanismos usados por los grupos de poder para la cooptación del sistema de justicia, así como los patrones de criminalización del MP, y ahora son objeto de demandas infundadas e intimidación de que se abran nuevos procesos.

Exhortamos al Ministerio Público para que respete el estado de derecho y la libertad de prensa en el país y se abstenga de seguir impulsando casos espurios en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo hicieron con el reconocido periodista José Rubén Zamora. Asimismo, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analice la situación de riesgo de las y los periodistas de Prensa Comunitaria y Ruda y examine su situación y su solicitud de medidas cautelares para proteger su vida e integridad física.

Organizaciones firmantes:

Washington Office on Latin America (WOLA)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)

Latin America Working Group (LAWG)

Amnistía Internacional

American Jewish World Service (AJWS)

Robert F. Kennedy Human Rights

Article 19

Entre la fuerza del Ejecutivo y la debilidad del sistema

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Rafael Quesada J.
Movimiento Humanista

La política de nuestro país atraviesa un momento definitorio y pareciera crucial. Los partidos políticos, que fueron pilares de un sistema democrático que parece cansado, lucen hoy fragmentados, sin liderazgo claro, ni capacidad de conexión con una ciudadanía cada vez más desencantada. En este medio vacío, ha emergido con fuerza un gobernante que no solo goza de apoyo popular sólido, sino que ha hecho de la confrontación con las estructuras e instituciones tradicionales, su bandera principal.

Este presidente y su escudería, cuya figura divide, pero no deja indiferente a la gente de todos los niveles, ha logrado interpretar de alguna forma el hartazgo con las instituciones que, en teoría deberían proteger y servir a los destinatarios de sus servicios, pero que en la práctica responden a intereses muy opacos, burocracias inamovibles y una élite política que juega a la democracia sin consecuencias reales para su ineficiencia y corrupción.

La oposición está lejos de construir una alternativa programática o ética y ha optado por tácticas usadas en otras naciones, como buscar en el Poder Judicial y en el Ministerio Público las herramientas para frenar el liderazgo duro del Ejecutivo. No utiliza el ejercicio saludable del contrapeso sino una lógica de resistencia partidista contra todo tipo de cambios y muy a menudo sin legitimidad ni transparencia. Las acusaciones cruzadas, las filtraciones en los medios a la medida, las investigaciones selectivas (olvidando las muy graves del pasado cercano), y los fallos judiciales con aroma político, no han hecho sino aumentar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

Los choques entre poderes no son nuevos, pero sí adquiere en esta época un carácter o cariz particulares: no se trata solo de una disputa por el poder, sino por la dirección misma del Estado Nacional. El Ejecutivo y los nuevos medios parecen cuestionar el “status quo”, no solo en quehacer político, sino en lo administrativo, lo cultural y en lo institucional. Los nuevos liderazgos y cabezas de las instituciones del Ejecutivo, interrogan a un sistema de salud que no cura o no llega a tiempo, un sistema educativo que ya no educa y a las estructuras de seguridad que tampoco protegen.

¿Para qué sirve un Estado que no funciona para los ciudadanos comunes, sino para sus propios funcionarios o sectores con poder real?

Esta crítica conecta en lo profundo con sectores amplios de la población que, aún sin compartir todos los métodos del presidente, sí sienten -y lo expresan- que alguien por fin dice lo que muchos piensan. La pregunta entonces no es si el gobernante tiene razón en sus diagnósticos (porque muchas veces parece tenerla), sino qué tipo de soluciones plantea al conjunto social: ¿más concentración de poder?, ¿más personalismo?, ¿menos controles?

Al mismo tiempo, la crisis de esta democracia “participativa” y nada de Democracia Real, con partidos totalmente aislados de la base social, parece una anécdota política de país pequeño; donde tenemos graves síntomas de una democracia que perdió sus canales naturales de debate, propuestas, renovación y aceptación de los cambios mundiales. Si los partidos no lograr reformarse, recuperar el diálogo con la sociedad y ofrecer opciones creíbles, están condenados a la irrelevancia. Y en ese vacío, surge la tentación de líderes fuertes o de mesianismos partidarios (todos salvadores), con discursos con poco pensamiento, se vuelve muy atractiva para la ciudadanía común.

Estamos, en suma, ante una encrucijada. Ni el inmovilismo de las instituciones ni el autoritarismo de los líderes institucionales ni de los controles, son viables a largo plazo. Se requiere una reconstrucción de profundidad o la creación de un nuevo contrato social, una nueva forma de entender la política, que ponga en el centro de la política pública a las personas reales, con sus problemas y necesidades concretas y su legítima expectativa de vivir con dignidad mínima

La fuerza del presidente puede ser un motor de cambio, pero también un riesgo si no se equilibra con instituciones legítimas y funcionales. La debilidad de los partidos es una oportunidad para refundar, pero también una amenaza por este clima político de bajo nivel opositor con características obstructivas, que aumenta su volumen con muchas acciones para judicializar la política. La ciudadanía observa, exige y- cada vez más- decide fuera de los moldes tradicionales y antiguos. Ojalá los actores políticos busquen y se ubiquen a la altura del momento histórico.

Para todo esto, un Enfoque humanista: el ser humano como centro y razón de ser.

No habrá oposición creíble, ni sociedad movilizada, ni instituciones legítimas, si el sistema sigue ignorando una verdad elemental: el ser humano debe ser el valor central, por encima del Estado, de la religión, del dinero o de cualquier interés particular. Las instituciones —sean partidos, sindicatos, iglesias o el propio gobierno— pierden sentido cuando se convierten en maquinarias de poder autorreferenciales, sordas al dolor concreto de la gente.

¿De qué sirve un Ministerio de Educación si los niños no aprenden? ¿Para qué existe un sistema de salud si las familias se endeudan para curarse? ¿Qué legitimidad tiene un sindicato que defiende privilegios de unos pocos mientras los trabajadores precarios sobreviven al día?

El Estado no es una abstracción: somos todos, hombres y mujeres de hoy y del futuro, con necesidades urgentes, sueños aplazados y promesas incumplidas. Cuando las estructuras fallan, no es solo un problema técnico, sino una traición al pacto social. La política, en su esencia, debería ser el arte de construir caminos para que la vida sea más digna, no un juego de egos entre élites desconectadas. Si las instituciones no recuperan esa brújula ética —si no recuerdan que existen para servir, no para servirse—, ninguna reforma será suficiente. La verdadera resistencia no vendrá de un partido o un discurso, sino de ciudadanos que, cansados de ser espectadores, exijan que cada decisión, cada ley, cada peso invertido, tenga un rostro humano.

Álvaro Ramos Chaves, ¿el relevo generacional de Liberación Nacional?, a la conquista del corazón y la mente de los costarricenses

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional realizó su proceso interno de selección de su candidato presidencial, para las elecciones de febrero del 2026.

Ese proceso fue por la vía de una convención electoral abierta, mediante la cual los ciudadanos, en primer lugar, los miembros, militantes y simpatizantes del Partido Liberación Nacional y, en segundo lugar, los que, quisieran pronunciarse sobre esos candidatos, podían acudir a las urnas y votar por alguno de ellos. El proceso en sí mismo era una validación del ejercicio del sufragio y de la democracia electoral costarricense.

Para ello programaron debates, con los cuatro candidatos que tenían, en colaboración con medios de comunicación radiales y televisivos.

Los candidatos que disputaron la candidatura presidencial fueron los diputados Gilberth Jiménez Siles y Carolina Delgado Ramírez, ambos de larga trayectoria militante en Liberación Nacional, con lo cual se les puede calificar de candidatos tradicionales, que han vivido de ese partido, se han amamantado de sus leches, de las buenas y malas épocas que ha tenido, han disfrutado de las mieles que esa pertenencia les ha dado para ocupar puestos políticos y públicos, a nombre de ese partido, para lo cual en sus momentos contaron con el apoyo de los dirigentes históricos y políticos, y de las estructuras organizativas de Liberación Nacional. Participaron también Marvin Taylor Dormond y Álvaro Ramos Chaves.

Marvin Taylor con igual compromiso que los diputados dentro de Liberación Nacional que le permitió desempeñar puestos públicos en el pasado, pero con menor presencia pública, y el más desconocido de ellos, Álvaro Ramos Chaves, sin una fuerte militancia política en Liberación Nacional, con buena experiencia en la función pública en los últimos diez años, con poca a casi ninguna militancia destacada en ese partido, pero con apoyo principalmente de sus sectores juveniles. En esencia todos los precandidatos eran caras bastante desconocidas, pero más desconocidos fueron los diputados, que evidenciaron su desconocimiento público por su mal papel parlamentario.

Liberación Nacional, como el partido más viejo de los procesos electorales de la Segunda República, 1953-2025, fundado en 1953, ha ejercido la presidencia de la República en nueve ocasiones, 1953, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 2006 y 2010.

Los otros partidos que gobernaron el país, los podemos agrupar en los anti liberacionistas de los gobiernos de Mario Echandi, 1958-1962, de José Joaquín Trejos Fernández, 1966-1970 y de Rodrigo Carazo, 1978-1982, y los de la Unidad Social Cristiana, 1990, 1998, 2002. A estos se suman los dos gobiernos del partido Acción Ciudadana, 2014 y 2018, y el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que llegó a la presidencia por el partido Progreso Social Democrático.

Lo bueno y lo malo de todo el desarrollo político institucional y democrático, alcanzado en el país, desde 1953 hasta hoy, se les debe proporcionalmente al ejercicio de gobierno de estos partidos y de sus presidentes, con sus ministros y miembros de las juntas directivas que dirigen las instituciones del Estado y del Gobierno. Esa es la realidad nos guste o no. Podemos estar de acuerdo, o no, con el ejercicio de esos gobiernos, pero es lo que tenemos.

En el ejercicio de esos gobiernos ha habido presidentes, vicepresidentes, diputados y miembros de los Concejos Municipales que han constituido todo el andamiaje y entramado político nacional, de todos los partidos que han tenido oportunidad de tener esas representaciones políticas, con los ciudadanos que han representado a esos partidos, en esas instancias, dentro del engranaje del desenvolvimiento del Estado y el modelo de la economía nacional, contribuyendo con ello a su afirmación y consolidación. Representantes populares, oficialistas o no, todos contribuyen con su presencia y participación en el ejercicio de sus cargos, con el desarrollo democrático nacional y con el desarrollo económico que se impulsa, que es como una autopista de la cual pareciera no nos podemos salir.

Cuando acudimos a un proceso electoral es porque queremos elegir a un presidente y sus vicepresidentes, y a diputados, como será la elección de febrero del 2026, para que continúen las obras de gobierno pendientes, con sus contenidos presupuestarios, y hagan avanzar el país por nuevos derroteros, de conformidad a lo que esos gobernantes y sus partidos ofrecen a los ciudadanos en el proceso electoral buscando su apoyo. Hacia el 2026, podemos esperar que se recupere lo que se ha venido destruyendo del bienestar social, laboral e institucional, y no se afecten derechos sociales y humanos.

Con la elección del candidato de Liberación Nacional avanzamos en conocer, poco a poco, a los restantes candidatos que disputarán la conducción del país desde 2026 hasta 2030. Por ahora, los candidatos conocidos son Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, Claudio Alpízar Otoya de Esperanza Nacional, Fernando Zamora de Nueva Generación, Eli Feinzaig del partido Liberal Progresista y Fabricio Alvarado de Nueva República.

El partido Unidad Social Cristiana iba a realizar un proceso de convención cerrada que no se materializó por la renuncia de uno de sus precandidatos. Los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio han anunciado procesos de convención cerrados para la escogencia de sus candidatos. Los demás partidos lo harán por la vía de los acuerdos de sus Asambleas Nacionales, que es lo que se establece en los estatutos de esos partidos.

Cuando analistas y personas han opinado de la convención de Liberación Nacional se han detenido en el bajo número de votantes o participantes, lo que no es relevante considerando que es el único partido que consultó, en todo el país, a los ciudadanos por sus candidatos, logrando un resultado para este momento, mientras los otros partidos NO tendrán una consulta similar, o sus candidatos serán escogidos por 70 personas que son las que constituyen la Asamblea Nacional de los partidos políticos.

Cuando se compara la convención de Liberación Nacional con sus anteriores convenciones, tampoco es relevante. Lo que de esta convención es relevante es que Liberación Nacional sigue siendo el mayor de los partidos políticos existentes, y que la convención le ha dado oportunidad de valorar sus regiones más fuertes y las más débiles. La convención le ha permitido organizar a sus principales activistas, afiliados y simpatizantes y “aceitarlos” y organizarlos hacia el proceso electoral del 2026.

La Convención en el tratamiento que le dieron en los debates organizados no fue bien tratada. La Convención era para escoger el candidato presidencial, no para discutir los problemas internos de Liberación Nacional.

Los conductores de los programas y dos de los precandidatos, Carolina y Gilberth, se dedicaron a cómo podían, a atacar a su propio partido y a sus dirigentes históricos que les dieron de mamar, y bastante. Parecían más enemigos internos de sus propios partidos, y de sus padres putativos políticos, que contrincantes del gobierno al que hay que sustituir.

Con todo respeto lo digo: Carolina Delgado parecía la Yegua de Troya y Gilberth Jiménez el Burro de Troya, ambos despedazando su propio partido ante el público que esperaba perspectivas y acciones políticas hacia el futuro gobierno que podían ellos representar. El pleito que se tenían era contra dirigentes actuales y pasados de Liberación Nacional y criticando a Álvaro Ramos por los dirigentes que le apoyaban. Carolina se dejó decir que, con ella, si ganaba, Liberación Nacional desaparecería. El discurso de Rodrigo Chaves Robles contra Liberación Nacional y sus principales dirigentes históricos cobraba forma en estas gargantas profundas del gobierno chavista en las entrañas de Liberación Nacional. Se desnudaban en cámara como chavistas o representantes del discurso chavista anti liberacionista en el seno mismo de Liberación Nacional.

Desde el punto de vista democrático electoral y nacional no se discute la escogencia de candidatos por la vía de una convención o una asamblea nacional de partido. Son iguales formalmente en la papeleta que se le presenta a los electores.

Al interior de Liberación Nacional son iguales todos los militantes de Liberación Nacional, los viejos y nuevos militantes. Los dirigentes históricos de Liberación Nacional ya fallecieron. Viejos dirigentes que emergieron en la vida de ese partido a partir de la década de 1970 todavía existen y tienen su valor. Nadie sensato, políticamente, podría negar que Oscar Arias Sánchez salvó a Liberación Nacional en las elecciones del 2006, dándole vida y proyectando el partido al gobierno de Laura Chinchilla en el 2010.

La crisis de la dirigencia y la derrota de los candidatos de Liberación Nacional en las elecciones del 2014, 2018 y 2022, es un tema que no se ha analizado todavía correctamente. Perdieron en mucho por sus pugnas internas.

El haber ido a segundas rondas electorales, en este siglo, tampoco se ha abordado correctamente por los partidos políticos, que se han despreocupado de los electores, y de los gobiernos que se han alejado de los ciudadanos.

El desencanto producido solo ha favorecido ascensos electorales peligrosos, para la segunda ronda, como el de Fabricio Alvarado en el 2018, e improvisaciones políticas, como la del actual gobierno de Rodrigo Chaves en el 2022. Este desencanto ha favorecido las candidaturas personalistas más que las partidarias. Este peligro continúa hacia el 2026.

Con la escogencia de Álvaro Ramos se recupera la candidatura partidaria, que se combina en este caso con la candidatura personal. Los primeros pasos dados, en estos dos días, por Álvaro Ramos hacen sentir el peso del triunfo de su candidatura al interior de Liberación Nacional. La reunión con los precandidatos, con los diputados, haber logrado la unidad de la fracción, hasta hoy, alrededor de la candidatura a la Presidencia de la Asamblea Legislativa de Rodrigo Arias, es parte de estos nuevos pasos que se sienten por venir.

Mi impresión es que Álvaro Ramos como candidato va a “encantar” una buena parte del electorado. Es joven, inteligente, un guerrero en su vida personal de superación y auto superación. Es exitoso, es un ganador, con buen discurso, claro en sus ideas y pensamientos, preciso y concreto a la hora de expresar sus ideas y de contestar sus interrogatorios, representa un cambio generacional, es respetuoso con sus adversarios, sin odios, es decente, produce confianza. Su preocupación es unir y sumar alrededor de su candidatura. Abierto a lograr alianzas posibles electorales que se sumen a su candidatura, no bajo la forma de una coalición, que ya no hay tiempo de aprobar, con base a planteamientos programáticos básicos y políticas de gobierno a impulsar.

Con Álvaro Ramos pareciera iniciarse una nueva etapa de nuevos liderazgos en Liberación Nacional. Tiene que lidiar todavía en el interior del partido Liberación Nacional con quienes tenderán a “atraparlo”, a “imponérsele” desde las estructuras donde operan. Tiene que diseñar una nueva imaginación política nacional.

Su presencia en las encuestas empezará a lucir a partir de ahora. Los troles del gobierno ya lo están atacando lo que es una buena bandera a su favor. La única y verdadera encuesta, la que va a valer, es la del primer domingo de febrero del 2026. Álvaro Ramos ha señalado que ese es su reto, no el primer domingo de abril. Luchará por ganar, no por ser un finalista para la segunda ronda. Este es su propósito más firme. Para ello debe tener su partido a su favor. Sin Caballos, ni Burros, ni Yeguas de Troya bajándole el piso internamente. Con las instancias de dirección partidarias trabajando con él, por él y por su triunfo, unificando alrededor suyo a los alcaldes y regidores electos en todos los cantones, especialmente en los 30 que tienen gobernados. Esta es también la única y posible oportunidad de hacer surgir de nuevo a Liberación Nacional.

En los debates este tema era preocupación del interrogatorio que se le hacía a los candidatos. La convención estaba dirigida no a mejorar al partido. Era para buscar el candidato a la Presidencia. Si la Presidencia de la República resulta buena, el partido gobernante se recupera. Así es.

El reto es enfrentar la imagen de mal país que tenemos. Es dar respuestas posibles a los graves problemas que tenemos como comunidad nacional. Es pensar en el futuro de Costa Rica.

El resultado de la convención a favor de Álvaro Ramos le da insumos a favor de su candidatura. Los últimos cinco gobernantes, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado, Rodrigo Chaves no resultaron de convenciones de sus partidos. Por ahora con la Convención electoral de Liberación Nacional, independientemente del número de votantes, Álvaro Ramos se levanta como el candidato más fuerte en el escenario político, el que tratará de ganarse el corazón y la mente de los costarricenses, el que propone la reconquista de la esperanza democrática.

Las campañas electorales hoy descansan más en las personas. Álvaro Ramos presenta cualidades para resaltar su persona. Hay que saberlo hacer sin mezquindades políticas.

El gobierno del animal de Zapote, del jaguar, está sin candidato conocido. Entre sus posibles ya se están bajando el piso entre ellos mismos. Al Jaguar mayor, su guarida se la pueden pasar al Barrio González Lahmann en cualquier momento. No deja de ser un animal peligroso, gruñón y matón como lo demostró ofendiendo a un comensal, y a su familia, en un restaurante donde llegó amenazante, ofensivo, prepotente y provocador, sintiéndose fuerte por los guardianes que le acompañaban, expertos para el pleito y la camorra. Aun así, no hay que desestimar los esfuerzos electorales que surjan y se apoyen desde la guarida de Zapote.

Cada proceso político tiene su particularidad y especificidad. El del próximo año tiene el reto de enfrentar el continuismo del actual gobierno o de cambiar de rumbo, para recuperar la democracia social que se está perdiendo.

Internamente Liberación Nacional eligió autoridades partidarias en sus estructuras organizativas, las que también tienen que sumarse alrededor de la candidatura de Álvaro Ramos, sin responder a los caciques regionales o nacionales que les apoyaron, si quieren avanzar como partido hacia las elecciones.

Álvaro Ramos en su condición de candidato presidencial tendrá peso en el partido durante este período hasta la elección de febrero. Sin embargo, no tiene peso suficiente para decidir internamente las candidaturas a diputados. Solo le da una candidatura que él puede disponer. El sindicato cantonal que se desarrolló en el interior de Liberación Nacional para escoger diputados pesa mucho para la decisión de las futuras candidaturas. Esto también le sucede a la Unidad Social Cristiana. Mucho del éxito que pueda llegar a tener Álvaro Ramos dependerá también de las candidaturas a diputados que impulse Liberación Nacional.

La campaña electoral del 2026 todavía no se ha definido en su totalidad. Puede ser que gire principalmente alrededor de las candidaturas a diputados. Si el Jaguar zapoteño se lanza de diputado así puede suceder.

Compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica, y especialmente Cartago, lo celebran

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Freddy Pacheco León

La contradictoriamente autodenominada, «Asociación Pro-Hospital de Cartago«, conformada por un grupito de partidarios chavistas, que, paradójicamente, no quieren que se construya el muy necesario hospital en Cartago, insisten en su necedad, pese al peso de la realidad y la legalidad. Resulta que, al ir perdiendo su lucha innoble y politiquera, apelaron ante la Contraloría General de la República, para que este ente, se trajera abajo la adjudicación en firme de la construcción, a la Compañía Constructora Vanderlat y Jiménez S.A., que, como es conocido, ha cumplido con todos los requisitos, para que fuese adjudicada como responsable, de la magna obra que, caprichosamente, molesta al Chaves, a Marta Esquivel, a Munive, a la fracción legislativa, y a otros que se mantienen escondidillos.

Pero, por fortuna, el deficiente escrito de apelación pasó a alargar la lista de objeciones mal intencionadas, y sin sentido, que, personas como la diputada Pilar Cisneros, insisten en inventar. Diputada a quien, sus compañeros diputados la vieron y oyeron argumentar que era probable que se diera una catástrofe nuclear, en el lugar donde tendremos ese importantísimo centro de salud. En su resolución, la Contraloría General de la República, determinó que «el acto final de readjudicación, fue publicado el 19 de marzo de 2025, por lo que el plazo de ocho días hábiles para interponer el recurso venció el 31 de marzo de 2025, mientras que el escrito de apelación fue presentado hasta el 1° de abril de 2025; es decir, una vez vencido el plazo para apelar, por lo que el recurso se tiene por extemporáneo y en consecuencia lo que procede es su rechazo de plano«. Y, segundo, sobre el medio de interposición del recurso de apelación, la Contraloría estimó que «lo procedente es rechazar de plano el recurso presentado debido a que la recurrente no interpuso su recurso por el medio habilitado legalmente para ello».

Seguramente, al sentirse derrotados, junto al enfurecido presidente de la República, levantarán una campaña de troles, cobardemente desde el anonimato, denunciando, falsamente, «cariñitos» en dólares, falta del muy anticipado permiso sanitario de funcionamiento (¡que habrá de tramitarse después de construido el hospital!), y, que se enteraron, que se sembrarán rosas y no hortensias, en los jardines del hospital, por lo cual, hay que hacer una marcha, para pedir la renuncia, de la señora Contralora General de la República…

“Miramar, un territorio de sacrificio y resistencia” en Voces y Política

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Este miércoles 9 de abril tendremos el programa:
“Miramar, un territorio de sacrificio y resistencia”.

Con la participación de:
Integrantes de la Asociación Civil Pro Natura de Miramar de Montes de Oro:

Vera Cecilia Ugalde Ávila, Psicóloga y lideresa comunal.
Dayana Rojas Venegas, Ing. en Biotecnología.
Siria Lorena Alán Gamboa, Abogada y Notaria.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.
Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

UCR: Voz experta: Las tarifas recíprocas de EE. UU. ¿amenaza u oportunidad estratégica para Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Derechos.

M.Sc. Jhon Fonseca Ordóñez Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Por: M.Sc. Jhon Fonseca, experto en política comercial y economía internacional

Este mes, Estados Unidos activó una nueva política comercial que podría marcar un antes y un después en las relaciones económicas globales: el esquema de tarifas recíprocas, que entra en ejecución entre el 5 y el 9 de abril. La medida establece aranceles para aquellos países que, desde la perspectiva estadounidense, imponen condiciones de acceso a mercados desiguales o restrictivas a productos y servicios originarios de EE.UU. Costa Rica figura oficialmente en la lista con una tarifa del 10 %, lo que ha encendido alertas entre sectores exportadores, zonas francas y autoridades de comercio exterior.

Un giro en la estrategia comercial de EE.UU.

Este nuevo enfoque comercial rompe con la lógica del sistema multilateral de comercio basado en la no discriminación. Bajo el principio de “reciprocidad justa”, EE.UU. impone tarifas equivalentes a las que enfrenta en terceros mercados, incluyendo consideraciones de medidas no arancelarias como certificaciones, trámites y requisitos regulatorios que desde su perspectiva son injustificados. El riesgo es claro: una espiral de retaliaciones comerciales y una mayor fragmentación del comercio global.

Costa Rica: advertencia estratégica o amenaza estructural

En principio en las negociaciones de tratados de libre comercio (TLC), el balance para las partes se logra mediante un complejo proceso de reciprocidad negociada, en el que cada país busca maximizar sus beneficios sin comprometer sectores estratégicos. Este equilibrio no se define únicamente en términos arancelarios, sino también mediante la inclusión de disciplinas como acceso a servicios, compras públicas, propiedad intelectual, inversión y cooperación técnica. Así, un país puede conceder mayor acceso a su mercado en bienes, pero obtener a cambio reglas más favorables para sus exportadores de servicios o mejores condiciones para la inversión extranjera. El resultado es un paquete integral en el que las concesiones y los beneficios están cuidadosamente calibrados, tomando en cuenta asimetrías de desarrollo, sensibilidades productivas y objetivos estratégicos de largo plazo.

LEA MÁS: Voz experta UCR

La inclusión de Costa Rica con una tarifa recíproca del 10 % envía un mensaje potente: ni siquiera los socios con tratados de libre comercio están exentos de ser evaluados bajo esta nueva lógica de poder comercial. En esta nueva realidad, aunque el DR-CAFTA sigue vigente, el anuncio implica una reinterpretación unilateral del equilibrio alcanzado en esa negociación. Nuestro país se enfrenta ahora a una amenaza real de erosión de su acceso preferencial, que ha sido clave para atraer inversión extranjera, generar empleo y posicionarse como hub regional.

Este contexto presenta una disyuntiva estratégica: o se interpreta la medida como una coyuntura transitoria, o se reconoce que Costa Rica debe replantearse su posicionamiento estructural dentro del nuevo orden comercial emergente.

Reconfiguración profunda de cadenas, flujos y rutas globales

Las nuevas tarifas no sólo impactan en el corto plazo. Están generando una reconfiguración en cuatro dimensiones clave de la economía internacional a partir de los impactos en la competitividad relativa de los países:

Cadenas globales de valor (GVC): Empresas multinacionales podrían reconsiderar la ubicación de centros de producción, ensamblaje o servicios, optando por países con menor exposición al riesgo político-comercial. Si Costa Rica no logra reducir su vulnerabilidad percibida, podría quedar fuera de futuras expansiones o relocalizaciones estratégicas.

Flujos de comercio: La tarifa del 10 % afecta directamente la competitividad de productos costarricenses frente a pares regionales. En sectores donde el margen de ganancia es bajo, este arancel puede ser decisivo para la permanencia o salida de un mercado.

«Si el país logra movilizar sus fortalezas, anticipar cambios estructurales y construir una narrativa internacional potente, podrá no solo mitigar el impacto inmediato, sino también reposicionarse estratégicamente en un mundo donde la resiliencia, la transparencia y la agilidad serán las nuevas monedas de cambio.»

Inversión extranjera directa (IED): El atractivo de Costa Rica como destino para inversiones orientadas a exportación depende de la estabilidad y previsibilidad del acceso a EE.UU. Esta medida introduce incertidumbre, lo cual puede retrasar decisiones de inversión o redirigirlas hacia otros países con condiciones más “estables”.

Redes logísticas y rutas comerciales: La configuración de rutas logísticas puede alterarse para evitar países afectados por tarifas. Esto pone en riesgo la posición de Costa Rica como plataforma exportadora eficiente y conectada, especialmente si puertos, aeropuertos o zonas francas pierden relevancia dentro de las rutas comerciales principales.

Un elemento adicional que merece atención es el impacto interno de estas tarifas en el caso de Estados Unidos. Si bien hay un efecto inflacionario inmediato derivado del aumento en los aranceles, este podría verse parcialmente compensado por las propuestas de reducción de impuestos internos impulsadas por el presidente Trump. La carga fiscal total para el consumidor estadounidense resulta de la suma entre los impuestos a la importación y los tributos internos. De modo que un aumento en los primeros, acompañado de una reducción en los segundos, puede mitigar el deterioro del poder adquisitivo. Esto genera una especie de equilibrio fiscal interno que, si bien no elimina por completo el impacto inflacionario, evita que se traduzca en una caída abrupta del consumo.

Costa Rica, en cambio, enfrenta una situación profundamente distinta. Dado que los impuestos a las importaciones desde Estados Unidos son prácticamente cero bajo el DR-CAFTA, y que el margen para reducir impuestos internos es limitado, el país carece de herramientas para una compensación recíproca similar. Aún más, cualquier intento de elevar tarifas sería respondido con una duplicación de aranceles por parte de EE.UU., agravando la situación. En este escenario, el efecto inflacionario se traslada directamente a la población y a la estructura productiva, generando un impacto que afecta la competitividad de las exportaciones costarricenses.

Amenazas concretas y oportunidades latentes para Costa Rica

La imposición de tarifas recíprocas a Costa Rica no solo representa un desafío inmediato, sino que plantea amenazas profundas a mediano y largo plazo. Una de las más apremiantes es la posible pérdida de participación de mercado frente a competidores con estructuras fiscales o comerciales más flexibles. La competitividad relativa del país podría deteriorarse especialmente en sectores clave como la agricultura, los dispositivos médicos, la electrónica, la agroindustria especializada y la manufactura avanzada, todos pilares fundamentales del modelo exportador costarricense. Además, existe el riesgo de que esta medida sea el preludio de una revisión más amplia del régimen de zonas francas por parte de socios comerciales estratégicos, lo que podría comprometer aún más nuestra posición en las cadenas globales de valor.

Sin embargo, en medio de esta coyuntura compleja también emergen oportunidades que el país no puede darse el lujo de desaprovechar. Es momento de reforzar la narrativa de Costa Rica como un socio confiable, ambientalmente responsable, trazable y alineado con valores democráticos, atributos cada vez más valorados en el comercio global. Asimismo, acelerar la integración de servicios digitales y conocimiento intensivo en la oferta exportadora permitiría al país subir en la escalera del valor agregado. Si se mueve con inteligencia estratégica, Costa Rica podría incluso convertirse en un nodo clave para las cadenas de suministro regionales, posicionándose como un puente confiable entre Estados Unidos y América Latina.

Para lograrlo, el país requiere una estrategia de respuesta integral que combine acciones inmediatas con visión de largo plazo. Desde el gobierno, es urgente activar los mecanismos institucionales del DR-CAFTA, reforzar la diplomacia comercial con Washington y liderar un frente común regional que procure un marco más equitativo de reciprocidad. El sector privado, por su parte, debe identificar los productos más sensibles, fortalecer los atributos diferenciadores de la oferta nacional —como la sostenibilidad y la innovación—, y diversificar proactivamente los destinos de exportación. Finalmente, la academia y los centros de pensamiento deben jugar un rol clave generando evidencia sobre el impacto de las nuevas tarifas, elaborando escenarios prospectivos, y formando talento humano con capacidades para navegar en este nuevo orden comercial en construcción.

Conclusión

La tarifa del 10 % impuesta a Costa Rica no es sólo una cifra: es un llamado a la acción. Representa un síntoma de un nuevo orden comercial en construcción, donde las reglas tradicionales están siendo desafiadas y el poder de negociación se redefine. Costa Rica, como economía abierta e integrada, no puede permitirse el lujo de reaccionar tarde.

Si el país logra movilizar sus fortalezas, anticipar cambios estructurales y construir una narrativa internacional potente, podrá no solo mitigar el impacto inmediato, sino también reposicionarse estratégicamente en un mundo donde la resiliencia, la transparencia y la agilidad serán las nuevas monedas de cambio.

Jhon Fonseca Ordóñez
Docente en política comercial y economía internacional, UCR

Audiencia pública contra estudiantes a quienes se criminaliza por defender la educación pública en 2019

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

Cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) comparecerán ante el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de Alajuela. La Fuerza Pública inició el proceso judicial acusándoles de «obstrucción de la vía pública» en contra de “la libertad”. Esta acción representa un grave intento de criminalizar la protesta social en el país.

Estas personas fueron detenidas el 21 de noviembre de 2019 mientras ejercían su derecho a la protesta en San Ramón de Alajuela. La manifestación pacífica y organizada por el movimiento estudiantil, buscaba denunciar los recortes al presupuesto de la educación superior. A pesar de que la protesta no generó bloqueos totales ni afectaciones al tránsito, la policía respondió con un uso desproporcionado de la fuerza, empleando gases lacrimógenos y persecuciones para dispersar al grupo de manifestantes que no superaba las 25 personas.

El abogado defensor Edgardo Araya, interpuso en diciembre de 2019 una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 256 bis del Código Penal, que tipifica como delito «impedir, obstaculizar o dificultar» el tránsito en vías públicas. Esta acción buscaba sentar un precedente para la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión en Costa Rica.

El caso estuvo suspendido mientras la Sala Constitucional analizaba la acción presentada por la defensa. Sin embargo, en agosto de 2023, la Sala resolvió que la definición del delito es constitucional, siempre y cuando no se use para criminalizar la protesta social. Tras el fallo, el juicio fue reactivado.

Llamado a la solidaridad y a la defensa de los derechos humanos

Las personas estudiantes que fueron detenidas, sus familias, el movimiento estudiantil y organizaciones sociales hacemos un llamado a la comunidad universitaria, sectores populares, defensores de derechos humanos y sociedad civil a movilizarse y acompañar este proceso en los tribunales de San Ramón.

Las próximas audiencias, donde se escucharán los testimonios de ambas partes y se recibirán pruebas y declaraciones de testigos, se llevarán a cabo:

Miércoles 9 de abril – 7:00 p.m.

Jueves 10 de abril – 6:00 p.m.

Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón

Hacemos un llamado a apoyar a las personas acusadas y defender el derecho a la protesta. Nos vemos a las afueras del tribunal para exigir justicia y decir fuerte y claro: ¡Protestar no es un delito!

No podemos permitir que se criminalicen las luchas por la educación pública y los derechos fundamentales. Defender la protesta es defender la democracia.

Imagen: Voces Nuestras.

Convocan este 9 de abril frente a la Sala Constitucional por pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y sus organizaciones sociales y sindicales adscritas exigen pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad presentadas desde 2019.

Comunicado

Diversas organizaciones sociales y sindicales convocan a una concentración mañana miércoles 9 de abril de 2025, a las 9:00 a.m., frente a la Sala Constitucional, Calle Morenos, Sabana Sur, con el objetivo de exigir una pronta resolución a las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde el año 2019 contra leyes regresivas que atentan contra los derechos de la clase trabajadora costarricense.

En un país democrático como lo es Costa Rica, se están violentando principios constitucionales y derechos fundamentales como el derecho a huelga, la libertad sindical, derechos laborales consolidados y convenios internacionales ratificados por nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La inacción prolongada de la Sala Constitucional ante estos recursos ha permitido que se mantengan en vigencia disposiciones legales que debilitan la institucionalidad pública y vulneran los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país.

Esta manifestación pacífica busca visibilizar la urgencia de justicia constitucional en materia laboral y reafirmar la importancia del respeto al Estado de Derecho y a los principios democráticos que nos rigen.

¡La defensa de los derechos laborales y la institucionalidad pública no puede esperar más!

Ecuador: Avances, retrocesos, y elecciones

Escrito en . Publicado en Derechos.

Si en el 2015, Ecuador figuraba, bajo el gobierno de Correa, en el ranking o Índice de Paz Global, que publica el Institute for Economics and Peace, en el puesto 84, en el 2024 está situado en el puesto número 130 con lo cual Ecuador “puede considerarse un país peligroso”.

Por Pablo Ruiz*

En febrero del año 2008 participé de una delegación a Ecuador junto al fundador de SOA Watch, Roy Bourgeos, y la excoordinadora para América Latina de dicha organización, Lisa Sullivan, donde tuvimos la ocasión de reunirnos con el expresidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet la sede del Gobierno ecuatoriano. Le pedimos entonces que Ecuador dejará de enviar tropas a entrenarse a la nueva Escuela de las Américas la que, desde el 2001, se llama Instituto de Cooperación para Seguridad del hemisferio occidental (WHINSEC, por sus siglas en inglés) y cumple la misma función de adoctrinar y entrenar bajo la misma política militar estadounidense.

En ese lejano 2008, Correa transitaba su segundo año de gobierno, nos escuchó con atención y respeto. Entendía perfectamente de qué hablábamos, el papel que ha tenido y sigue teniendo el entrenamiento militar de las tropas latinoamericanas en los Estados Unidos.

Se comprometió entonces a trabajar para tener una mejor correlación de fuerzas como gobernante, entendiendo que para los presidentes de América Latina no es fácil, de un momento a otro, contrariar los deseos o mejor dicho los mandatos que Estados Unidos impone a nuestros países y no tener consecuencias que lamentar.

Ese año 2008, meses después, el 28 de septiembre, tuvo su primera gran victoria. El pueblo ecuatoriano, luego de una Asamblea Constituyente, aprobó una Nueva Constitución la que establece que “Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social” y que “Ecuador es un territorio de paz” donde se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras, entre otras conquistas.

Al año siguiente, el 2009, el presidente Correa decide entonces no renovar el Acuerdo con Estados Unidos del uso militar de la base aérea de Manta y, finalmente, el 2012 toma la decisión de retirar a las tropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC.

En esos años lejanos vimos un Ecuador que florecía. Un gobierno que sostenía un diálogo directo con los movimientos sociales, con la ciudadanía, la que tomaba la palabra con propiedad. En esos años, la vida fue cambiando al color de la esperanza y la economía mejoró progresivamente en este país.

También es preciso recordar que, el 3 de mayo de 2007, bajo el gobierno de Correa, se creó también una Comisión de la Verdad que tuvo como mandato “investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros periodos”.

Así mismo, entre 2009 y 2015, Ecuador redujo significativamente la pobreza multidimensional en 16,5 puntos porcentuales; es decir, 1,9 millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres en seis años.

Sobre la situación de seguridad en Ecuador es preciso recordar que, en el año 2007, el presidente Rafael Correa recibió un país con una tasa de 16,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Años después, el 2014, “cerramos con una tasa de homicidios de 8,1 por cada 100.000 habitantes y nuestra meta para este 2015 es terminarlo en seis homicidios por cada 100.000 habitantes», señaló el entonces Ministro del Interior, José Serrano, en un Encuentro sobre Seguridad Ciudadana desarrollado en Ecuador.

Por supuesto, es claro, que no todo fue perfecto bajo el gobierno de Rafael Correa, pero se avanzó significativamente. También, hay que recordar que hubo un intento de golpe de Estado, el 2010, sabotajes, presiones, etc., pero claramente se vivía mucho mejor en ese Ecuador, en ese periodo, de la “Revolución Ciudadana”.

El país más violento de América Latina

Han pasado muchas cosas en Ecuador, que sería largo relatar, muchas son conocidas, y llegamos al presente en que el Diario El País de España titula, a comienzos de marzo de este 2025, que “Ecuador se sitúa como el país más violento de América Latina: un asesinato cada hora”.

“En los primeros 50 días del año, el país ha registrado 1.300 asesinatos, lo que equivale a un crimen por hora. Esta cifra refleja un aumento del 40% en comparación con 2023, un año que ya ostenta el título de ser el más violento en la historia reciente del país. En medio de este contexto de sangre, al menos 50 menores de edad han perdido la vida, solo en enero”, señala el diario español.

Si en el 2015, Ecuador figuraba, bajo el gobierno de Correa, en el ranking o Índice de Paz Global, que publica el Institute for Economics and Peace, en el puesto 84, en el 2024 está situado en el puesto número 130 con lo cual Ecuador “puede considerarse un país peligroso”. “Este indicador mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país”, señalan.

El 2024, bajo el gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ocupó de acuerdo a un informe de InSight Crime el primer lugar en la región en cuanto a homicidios per cápita, con casi 38.8 casos por cada 100.000 habitantes.

El 2015, bajo el gobierno de Rafael Correa, se situaba en 6,46 por cada cien mil habitantes. Una enorme diferencia, en vidas perdidas en la actualidad.

El 2024 el asesinato de cuatro niños, el “Caso Las Malvinas”, donde están involucrados 16 militares ecuatorianos, ha sido uno de los hechos más terribles (que nos recuerda el asesinato y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa), entre tantos otros, que han sucedidos bajo el mal gobierno del Presidente Noboa. Sin embargo, este no es un caso aislado. La UNICEF ha señalado que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentó en un 640 por ciento en cuatro años.

En un artículo escrito anteriormente, titulado “Las implicancias de EEUU en Ecuador”, que deja en evidencia la “supuesta” ayuda y asistencia militar, de inteligencia, de entrenamiento, estadounidense a Ecuador, no ha hecho diferencia, en nada ha servido para hacer de Ecuador un país más seguro. Todo lo contrario, donde Estados Unidos o el neoliberalismo salvaje mete sus manos, se acentúan las injusticias, el caos, y la violencia.

Entre otras cosas, señalé en el artículo referido que:

  • En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional” busca el intercambio de datos e información lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera.

  • En el contexto de la firma del “memorando de entendimiento”, la embajada estadounidense en Quito señaló que “los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima” agregando que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar, y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador”.

  • El artículo “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, indica que “en el periodo 2021-2022 la asistencia militar de EEUU para Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región”.

  • Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones P-3 Orion desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la Isla San Cristóbal ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos para combatir el narcotráfico.

Revivir Ecuador

En octubre de 2024, el actual gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional que permitiría “abiertamente” volver a establecer bases militares extranjeras en Ecuador las que están prohibidas de acuerdo con el artículo 5 de la actual Constitución ecuatoriana.

En sentido contrario, en el “Programa Plurianual de Gobierno de la Revolución Ciudadana 2025-2029” que ha presentado Luisa González, como candidata presidencial, se establece: “Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley: no a los Tratados de Asistencia Recíproca; no a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio”.

Veremos lo qué pasa este 13 de abril en la votación de segunda vuelta para las presidenciales en Ecuador. Hay esperanzas en que Luisa González pueda triunfar y sería una muy buena noticia para Ecuador y América Latina que se dé ese paso y comenzar a cambiar la dura realidad en que los grupos de poder, incluso acusados de estar involucrados en narcotráfico, han sumido al Ecuador del presente.

* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Delegación de SOA Watch se reunió el 2008 con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, el ex sacerdote Roy Bourgeos, Pablo Ruiz y Lisa Sullivan.

Gaza / Israel: Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta resolución sobre obligación de prevenir genocidio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between the 18 and 25 March, as of 12:00pm, 792 Palestinians were killed and 1,663 were injured. Many bodies remain under the rubble of destroyed structures, according to MoH. Since the 19 January, and as of 25 March, a total of 897 bodies were retrieved from areas that were previously inaccessible, the MoH reported. Since 7 October 2023 and as of 25 March 2025, the MoH in Gaza reported that at least 50,144 Palestinians have been killed and 113,704 Palestinians injured».

Extracto de informe sobre la situación en Gaza al 25 de marzo del 2025, elaborado por Naciones Unidas

El pasado 2 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (órgano intergubernamental, compuesto por 47 Estados Miembros – véase composición) adoptó una resolución en la que condena la violación de la tregua en Gaza por parte de Israel desde el 18 de marzo del 2025, y exige prevenir un genocidio en Gaza por parte de las máximas autoridades de Israel (véase nota de prensa de SwissInfo). De manera más general, el conjunto de decisiones y de resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos en esta sesión primaveral del 2025 en Ginebra están resumidas en este enlace oficial de Naciones Unidas.

Cabe recordar que un texto muy similar había sido votado en abril del 2024, exigiendo en aquel momento un embargo sobre las armas a destinación de Israel (véase enlace a texto de la resolución A/HRC/55/28 y detalle de la votación registrada en la parte final de cada una de las versiones oficiales en la que Costa Rica figura entre las abstenciones).

Es de precisar además que el 5 de febrero del 2025, Israel anunció que no participaría más en debates en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase nota del TimesofIsrael), una posición tomada probablemente luego del «Executive Order» del 3 de febrero (véase texto completo) en el que el nuevo ocupante de la Casa Blanca optó por retirar a Estados Unidos de dicho órgano, así como de la UNESCO y de la UNRWA, en el marco de una política iniciada desde el 20 de enero del 2025 en contra de Naciones Unidas y más generalmente, del multilateralismo y de las reglas que derivan del ordenamiento jurídico internacional. 

Como se informó este 4 de abril, pese a no querer participar en el Consejo de Derechos Humanos, la diplomacia norteamericana estuvo ejerciendo presiones extremadamente fuertes contra el Consejo de Derechos Humanos, en aras de proteger y resguardar a Israel (véase cable de Reuters). Entre los objetivos de Estados Unidos y de Israel, estaba la no continuación en su mandato de la Relatora Especial sobre Palestina, Francesca Albanese (véase nota de prensa): los alcances de la labor de esta Relatora de Naciones Unidas y sus informes pueden ser consultados en este enlace oficial. Una  petición reciente de removerla por parte de Estados Unidos se genera desde el mismo Comité de Asuntos Exteriores de su Congreso (véase enlace). El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia, desplegaran todo el arsenal diplomático y mediático contra esta jurista italiana realza su labor y la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular dos de ellos presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar (ya que su lectura es altamente recomendada):

– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.

– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.

No está de más señalar que, al igual que otros relatores de Naciones Unidas  en el pasado, esta jurista italiana y su equipo han demostrado saber resistir a este tipo de campañas en su contra, pese a la intensidad de las presiones diplomáticas de Estados Unidos y de Israel (y de periodistas israelíes acreditados en Nueva York, tal y como lo evidencia este episodio con uno de ellos). Resulta oportuno indicar que,  paralelamente a la dura campaña desplegada contra Francesca Albanese, se dio a conocer este muy detallado informe de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025. Nótese en esta nota del JerusalemPost del 5 de abril del 2025 sobre el mantenimiento en su puesto como relatora, la virulencia de los ataques tendientes a desacreditar la labor de Francesca Albanese. En esta nota de prensa publicada en Italia el 6 de abril, se hace ver que la continuación o no de esta relatora especial en su puesto nunca estuvo en discusión ni tan siquiera como tema de agenda en el seno del Consejo de Derechos Humanos, como falazmente indicado en una multitud de artículos publicados en medios de prensa en esta primera semana de abril.

Este voluminoso informe de Human Rights Watch de diciembre del 2024 titulado «Extermination and acts of genocide» respalda y documenta parte de los hallazgos de los dos precitados informes de la Relatora especial Francesca Albanese.

El texto de la resolución en breve

El proyecto de  resolución A/HRC/58/L.30/Rev.1 aprobado este 2 de abril del 2025 se compone de 48 puntos resolutivos (véase enlace) y la lectura completa de cada uno de ellos  se recomienda (véase texto en español) de manera a poder valorar mejor los votos registrados. 

Así por ejemplo, se lee literalmente en los puntos 5 a 7 que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas:

«5. Condena la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra en la Franja de Gaza, la denegación ilícita de acceso humanitario, la obstaculización intencional del suministro de socorro y la privación de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como alimentos, agua, electricidad, combustible y telecomunicaciones, por parte de Israel, la Potencia ocupante;

6. Expresa gran preocupación por las declaraciones de responsables israelíes que equivalen a incitación al genocidio, y exige a Israel que asuma su responsabilidad jurídica de prevenir el genocidio y acate plenamente las medidas provisionales que dictó la Corte Internacional de Justicia el 26 de enero de 2024; 

7. Deplora la actual política de Israel de imponer medidas punitivas al pueblo, los dirigentes y la sociedad civil palestinos, y exhorta a Israel a que ponga fin a la práctica de “retener” los ingresos tributarios palestinos«.

Como indicado anteriormente, cada uno de estos numerosos puntos resolutivos merece lectura y relectura, al haber sido negociados sus términos y sus expresiones de manera a garantizar una mayoría de Estados votando a favor del texto.

La votación registrada 

Esta resolución fue adoptada este 2 de abril del 2025 en Ginebra, con 27 votos a favor, 4 votos en contra (Alemania, Etiopía, República Checa y República del Norte de Macedonia) y 16 abstenciones, tal y como se puede apreciar en el el cuadro de la votación registrada reproducido a continuación. En el 2024, la votación de un texto similar había registrado 29 votos a favor, seis en contra y 13 abstenciones

En este 2025, la casi totalidad de los Estados de América Latina votó a favor (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, y México); al tiempo que, por razones que se desconocen, República Dominicana optó por abstenerse.  El cambio de posición de Costa Rica merece mención, al haberse abstenido en abril del 2024 para el voto de una resolución muy similar, sin brindar ningún tipo de explicación su delegado en Ginebra (véase nota de Delfino.cr de abril del 2024).

En el caso de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad que integran el Consejo de Derechos Humanos, en este 2025 China votó a favor, al tiempo que Francia se abstuvo, sin dar a conocer las razones por hacerlo al no proceder sus delegación a una explicación del voto. En relación al voto del 2024 sobre un texto muy similar, la misma posición se observó por parte de China y de Francia, al tiempo que votó en contra la delegación de Estados Unidos.

El contexto en el que se adoptó este texto

La contundencia de la condena a Israel que se desprende de esta resolución adoptada este 2 de abril del 2025 es llamativa, y resulta más que notoria la casi nula cobertura de grandes medios de prensa y de agencias internacionales de noticias al voto registrado de esta resolución.

Esta votación se da en plena ofensiva de Israel en Gaza, con saldos mortíferos nunca registrados antes (más de 1400 personas fallecidas en 20 días) desde que, el pasado 18 de marzo, Israel rompió unilateralmente la tregua pactada y materializada desde el 19 de enero del 2025 con el Hamás. Este reportage publicado en Israel por Magazine+972 este 3 de abril, titulado «In Gaza´s devastated hospitals, treatable patiens face ‘slow, quiet death’ » explica el riesgo de fallecer al que se exponen muchos heridos graves dado el colapso total de la red hospitalaria de Gaza, en gran parte destruída deliberadamente por Israel. Ello sin hablar de la destrucción intencional de ambulancias y de equipos de rescate en Gaza, y ello desde el mes de octubre del 2023. El último informe de Naciones Unidas al 4 de abril del 2025 detalla las más recientes exacciones a las que se ha prestado el ejército de Israel contra la población civil palestina.

El pasado 3 de abril, numerosos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas alertaron en un comunicado conjunto sobre la imperiosa necesidad de tomar acciones para terminar con la impunidad total de Israel en Gaza.

El voto de esta resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos también precedió de pocas horas el anuncio de Hungría de denunciar formalmente el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que coincide con la visita a Hungría del Primer Ministro de Israel (véase nota de la BBC): se trata del primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en proceder a la denuncia del Estatuto de Roma, un instrumento que Hungría había ratificado desde el año 2001 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). De igual forma, se trata del primer viaje al que se aventura el Primer Ministro de Israel a Europa, luego de la confirmación de una orden de arresto en su contra por parte de los jueces de la Sala de lo Preliminar de la CPI, en noviembre del 2024 (véase breve nota nuestra al respecto). Es de notar que el único jefe de Estado en saludar la decisión de Hungría ha sido… el mismo Primer Ministro de Israel (véase cable de la agencia Reuters). Por su parte, la Presidencia de los Estados Partes al Estatuto de Roma no tardó en condenar a Hungría, haciéndole ver además que una denuncia no surte efectos inmediatos como pareciera interpretarse, de manera algo aventurada, en Budapest (véase comunicado oficial): el artículo 127 del Estatuto de Roma claramente establece un plazo de un año a partir de la notificación de la denuncia, durante el cual el Estado que denuncia este tratado mantiene inalteradas todas sus obligaciones jurídicas, sin excepción de ningún tipo (véase texto del Estatuto de Roma).

En el caso de Francia, cuyas autoridades diplomáticas en noviembre del 2024 habían procedido a tecnicismos legales algo originales para asegurar que no detendrían al Primer Ministro israelí en caso de encontrarse en Francia, tuvimos la ocasión de explicar en un texto destinado a lectores francófonos sobre el alcance de estas órdenes de arresto (Nota 1) que:

«Cette ligne jurisprudentielle appliquée aux visites de chefs d´Etat étrangers en France mérite une explication un peu moins juridique que nous allons tenter de donner : on peut serrer la main de tout chef d´Etat étranger sur le perron de l’Elysée, y ajouter les accolades de rigueur, sourires affables et poses devant les journalistes, et ce chef d’Etat bénéficie sur le territoire de la France de l’immunité accordée à tout chef d’Etat. Et ce même si il est suspecté de commettre un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou d’autres violations graves des droits de l´homme. A la question que toute personne peut légitimement se faire «Mais,… ils sont nombreux ces chefs d’Etat étrangers?», on peut répondre qu’il y en a effectivement un bon nombre. Par contre, et dans ce cas le nombre est bien moindre, lorsque ces accusations ont été soigneusement examinées et méticuleusement documentées par le Procureur de la CPI, puis revues méthodiquement par trois juges de la CPI, et que ce chef d’Etat étranger fait finalement l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une Chambre préliminaire de la CPI, le droit international s’impose automatiquement aux autorités françaises en vertu du Statut de Rome : on procède alors à la capture de ce même chef d’Etat s’il se trouve en France par les autorités nationales compétentes, et on le remet sans tarder aux juges de la CPI à La Haye. Fini le temps des accolades devant les caméras«.

Resulta oportuno indicar con respecto a Francia y a su abstención observada en el 2024 y nuevamente en el 2025, que el flujo de exportaciones francesas hacia Israel en materia militar, dio lugar a esta pregunta (véase enlace) de una senadora: se trata de una pregunta que cumplió un año sin contestación por parte de las autoridades a cargo de la defensa en Francia, el pasado 7 de marzo del 2025. Tratándose de un ministerio cuyo titular a logrado mantenerse en el puesto a pesar de los distintos gabinetes galos observados entre el 2024 y lo que va del 2025, la ausencia de respuesta de su parte resulta aún más llamativa.

A modo de conclusión: alusión a una propuesta reciente de un precandidato del PLN en Costa Rica

Al igual que otras resoluciones similares, esta resolución será seguramente usada ante la Asamblea General de Naciones Unidas y ante el Consejo de Seguridad, así como ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en particular en el caso de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel, así como ante los jueces de la CPI en caso de enjuiciarse un día los dos dirigentes israelíes objeto de órdenes de arresto desde noviembre del 2024. Nótese que la extrema presión que ejerce Estados Unidos sobre Sudáfrica desde la llegada a la Casa Blanca de su nuevo ocupante el pasado 20 de enero, probablemente busque obtener un retiro de la demanda sudafricana contra Israel ante la CIJ. El pasado 1ero de abril, por razones que se desconocen, Nicaragua optó por retirar formalmente su solicitud de intervención en la demanda de Sudáfrica contra Israel (véase comunicado de la CIJ en francés y en inglés): en este comunicado oficial de prensa, se informa que el retiro de esta solicitud de intervención obedece al alto costo que le significa a Nicaragua mantenerla, lo cual puede sorprender y mucho menos convencer.

Con relación a Costa Rica, y a la contienda electoral del 2026 que se avecina, en esta reciente nota publicada en ElMundo.cr (edición del 20 de marzo del 2025), un diputado que se vislumbra como posible precandidato a las elecciones a realizarse en el 2026 en Costa Rica, pareció considerar muy oportuno anunciar que trasladará la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén de ser electo. Era probable que este tipo de propuesta se observara desde candidatos provenientes de otros partidos políticos en Costa Rica en los meses venideros, pero no de ese partido político: al respecto, es de notar que en febrero del 2024, unos 20 congresistas de Costa Rica viajaron a Israel (véase nota). 

Sin ser especialista en política y mucho menos en intención de votos de los votantes del Partido Liberación Nacional (PLN) pertenecientes a las distintas corrientes de liberacionistas de cara a la convención interna prevista el próximo 6 de abril, nos atrevemos a pensar que este anuncio le restó numerosos apoyos a dicho candidato dentro de las filas verdiblancas. Nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores costarricenses a una valoración hecha por el excanciller de Costa Rica en en el período (2006-2010) sobre el traslado de la embajada costarricense a Jerusalén observado en 1982 (Nota 2). Dicho sea de paso, será un placer de nuestra parte explicarle discretamente a los asesores políticos y a la dirigencia que apoya a este precandidato  porqué es que, después de Donald Trump en mayo del 2018, en el plano mundial únicamente Guatemala, Honduras y Paraguay se sintieron obligados a trasladar como Estados Unidos sus respectivas embajadas de Tel Aviv a Jerusalén en América Latina (así como Kosovo en Europa  en marzo del 2021). Recientemente se informó que Islas Fiji ha sido solicitada y que ponderan sus autoridades un traslado de su embajada a Jerusalén (véase nota de prensa de febrero del 2025). Desde mayo del 2024, Honduras por su parte estudia la posibilidad de regresar su embajada a Tel Aviv (véase nota de prensa de mayo del 2024): al haberse informado desde agosto del 2022 de una reflexión similar por parte de las autoridades hondureñas (véase nota de Reuters), las intensas presiones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos para que no lo haga pueden explicar la ausencia de decisión al momento de redactar estas líneas (7 de abril del 2025). En el caso de Paraguay, la decisión de mayo del 2018 del entonces Presidente Horacio Cartes, empresario en el centro de escándalos repetitivos desde que dejó la presidencia paraguaya (véase nota de la BBC del 2023) se revirtió muy pocos meses después con la llegada del nuevo Presidente paraguayo Marito Abdo Benitez – Nota 3). En el caso de Honduras, la decisión de junio del 2021 de trasladar su legación diplomática a Jerusalén se tomó bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión en Estados Unidos en el 2024 (véase nota de la BBC del 26 de junio del 2024).

Más allá de las extrañezas que se dan a veces en Costa Rica en algunas cúpulas políticas y de las pifias de algunos asesores políticos, lo cierto es que con esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Israel (y su aliado norteamericano) registran un nuevo revés diplomático en Naciones Unidas, con una resolución que probablemente sea utilizada por Estados y por diversas entidades de Naciones Unidas que buscan la manera de forzar a Israel a respetar las reglas del ordenamiento jurídico internacional: y ello pese a los intensos esfuerzos desplegados por su incondicional aliado norteamericano.

Notas

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israël : la portée des mandats d’arrêt délivrés récemment par la Cour Pénale Internationale (CPI) et la surprenante réaction officielle de la France«, 30 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 2: Sobre esta decisión de 1982 de Costa Rica, el ex canciller (2006-2010) Bruno Stagno Ugarte escribió que: 

«El 8 de mayo 1982, en su primer acto de gobierno, el Presidente Luis Alberto Monge Álvarez ordenó el traslado de la Embajada de Costa Rica en Israel a Jerusalén. Esta decisión, fielmente ejecutada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Volio Jiménez, sería una de esas vergüenzas mayúsculas que le han restado autoridad y credibilidad a nuestro apego histórico a las normas del derecho internacional. Pocas decisiones han evidenciado de manera tan manifiesta un divorcio tan absoluto entre nuestros principios y propósitos y nuestras acciones. Pero lo más lamentable de esta decisión es que ni siquiera estuvo motivada por una necesidad de Estado, sino por el sentimentalismo desmedido de unos pocos. Decisiones como esta, arriesgan más de lo que prometen. Son decisiones que tienen altos costos y escasos, sino nulos, beneficios. Su naturaleza intrínsecamente deficitaria se conocía de antemano«

(véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: la administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial EUNA, 2013, p. 29. Texto completo de esta publicación disponible aquí ).

Nota 3: Sobre la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén por parte del entonces Presidente Cartes en Paraguay en el mes de mayo del 2018 (bajo fuerte presión de Estados Unidos para que Paraguay acompañara a Estados Unidos con embajadas en Jerusalén) y luego la decisión del nuevo Presidente paraguayo Mario Abdo Benitez de regresarla sin más preludios a Tel Aviv unos meses después, véase BOEGLIN N., » La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva«, editada el 11 de septiembre del 2018. Texto disponible aquí.  Hace unos pocos meses, el 12 de diciembre del 2024, Paraguay volvió a colocar a su embajada en Jerusalen (véase comunicado oficial).

**Foto del bombardeo en Gaza ocurrido el 13 de noviembre del 2024 en el área de Al-Mawasi: se puede apreciar el impacto causado en el suelo debido al uso de potentes artefactos explosivos que Israel utiliza de manera reiterada al bombardear campamentos de desplazados y refugiados en Gaza. Foto extraída de artículo de prensa titulado » ‘I don´t care who´s president there. I just want may kids to survive in Gaza’ «, Magazine+972 (Israel), edición del 14 de noviembre del 2024