Cese a la impunidad del asesinato del indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera, del territorio térraba de Costa Rica.
El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas invita a todas las personas, organizaciones o colectivos que deseen solidarizarse y suscribir esta carta que será entregada el martes 17 de diciembre a dicho tribunal de apelación.
Este año inició la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, la cual tuvo como fecha y lugar de inicio el 2 de octubre en Costa Rica.
Actualmente se han recorrido alrededor de 31 países en todo el mundo con el objetivo de concienciar sobre la violencia presente en el planeta; durante el recorrido se destaca la presencia en países centroamericanos, Bangladesh, Estados Unidos, Filipinas, Nepal y Pakistán durante el mes de octubre del presente año.
Por otra parte, en noviembre se contó con la participación en algunos países de Europa y África, asimismo, en lo que ha transcurrido diciembre se han involucrado Mauritania, Mali y Senegal. Se espera que posteriormente se incorporen Gambia, Argentina, Chile, Perú y Colombia, entre otros, culminando así la marcha el día 5 de enero del año 2025 nuevamente en Costa Rica.
Para mayor información sobre la jornada le invitamos a ver los vídeos sobre las actividades que se han llevado a cabo, así como la forma en puede sumarse a la marcha, presionando los siguientes enlaces:
Invitación al cierre de la Tercera Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia el 5 de enero
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) marca un nuevo hito en su compromiso con la transformación social de Costa Rica. Su Programa de Gestión Local (PGL), adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial, ha sido galardonado como «Organización Voluntaria del Año 2024» por su extraordinaria labor en la promoción y fortalecimiento del voluntariado comunitario a nivel nacional.
Este prestigioso reconocimiento, otorgado por la Municipalidad de San José y la Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana, celebra la capacidad del PGL para tejer redes de solidaridad y catapultar iniciativas de desarrollo local en todo el territorio costarricense.
«Este reconocimiento valida nuestro papel como articuladores del cambio social», explica Rafael López, coordinador del PGL. «Desde la UNED, hemos logrado construir puentes entre la academia y las comunidades, transformando la manera en que el voluntariado se convierte en una herramienta de desarrollo sostenible».
Impacto Multiplicador en el Territorio Nacional
El PGL se distingue por su innovador Técnico en Gestión Local (TGL), ofrecido en dos modalidades estratégicas: para Pueblos Originarios y para Comunidades Urbanas, Suburbanas y Rurales. Este programa ha formado a casi medio millar de agentes de cambio provenientes de 25 comunidades diferentes, desde San José hasta Talamanca, creando una red nacional de líderes comprometidos con el desarrollo local.
La huella del PGL se extiende más allá de la formación técnica. Como programa universitario de extensión, facilita la convergencia entre el conocimiento académico y la sabiduría local, promoviendo:
La participación ciudadana activa en la toma de decisiones comunitarias
El desarrollo de proyectos que responden a necesidades locales específicas
La articulación entre instituciones públicas, privadas y actores sociales
La promoción del buen vivir y el desarrollo sostenible
Un Modelo de Transformación Social
«Nuestro enfoque va más allá del voluntariado tradicional», señala López. «Facilitamos la socialización del conocimiento para la gestión local, empoderando a las comunidades para que sean protagonistas de su propio desarrollo».
El impacto del PGL se materializa en iniciativas concretas que abarcan educación, cultura, salud, medio ambiente y desarrollo comunitario. Su metodología innovadora ha establecido un nuevo estándar en la vinculación universidad-sociedad, demostrando cómo las instituciones de educación superior pueden ser catalizadores efectivos de cambio social.
La fortaleza del PGL como programa permanente radica en su capacidad de articulación institucional, desarrollando iniciativas en conjunto con otros programas de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial, como el Programa Adulto Mayor (PAM), el Centro de Educación Ambiental (CEA), el Programa de Innovaciones Educativas, el Centro de Idiomas, el Programa de Promoción Cultural, el Programa de Comunicación y Tecnología, el Programa de Desarrollo Gerencial y el Instituto Municipal (IFCMDL). Esta red de colaboración se extiende además a las Escuelas y Cátedras de la Vicerrectoría Académica y a los Centros e Institutos de la Vicerrectoría de Investigación.
Este reconocimiento no solo celebra los logros del PGL, sino que también reafirma el compromiso de la UNED con su misión de democratizar el conocimiento y fortalecer el desarrollo integral de las comunidades costarricenses. A través de su labor, el PGL continúa demostrando que la verdadera transformación social surge cuando el conocimiento académico se encuentra con la acción comunitaria comprometida.
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Cada 10 de diciembre se celebra internacionalmente el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En estos días, de cara a esta importante celebración en todo el mundo, el tema posee una relevancia particular en este 2024 en el que se observa, en Centroamérica como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan.
El 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en este año 2024, al conmemorarse exactamente 30 años del asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes.
La única entidad que consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos cuatro ecologistas asesinados en 1994 fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la suscripción de una multitud de tratados y sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones, a adaptar sus regulaciones internas, en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos. Al respecto, este 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «), precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la poca difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido a una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 1).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ve reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado. En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principla interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, y llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído. En el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes períodicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados en un informe oficial, o situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. En el caso de los segundos, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De algunos lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 2) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero muy recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informe de la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Imagen internacional vs. agenda descuidada en materia de derechos humanos
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que de cara a este 10 de diciembre del 2024, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzarán la vez para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad.
Una situación agravada hoy por una narrativa de algunos decisores políticos tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023, así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, enviadas en diciembre del 2023 (véase observaciones). En el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
Es de señalar que el punto de contacto dentro del aparato estatal costarricense con los mecanismos convencionales y no convencionales a través del cual se tramita toda la correspondencia con éstos, recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 17 Estados (el último en haberlo hecho siendo Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 17 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas fichas (Nota 3).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 10 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre del 2024, en particular en estos días en los que se conmemoraron 30 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamen de la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 4) por lo ocurrido hace 30 años en la capital costarricense.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas«, DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (punto 202) que:
«… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación«.
ACOJUPEMA ha participado de manera activa en la mesa de diálogo promovida por SUPEN para la transformación del sistema nacional de pensiones.
ACOJUPEMA considera que las propuestas de SUPEN carecen de una visión de justicia social y de fundamento constitucional. Por este motivo ACOJUPEMA ha promovido las alternativas de solución con fundamento constitucional en la transformación del SNP. En este sentido, realizan la invitación a los y las trabajadoras de todo el país a apoyar esta propuesta.
Asimismo, adjudican que el principal problema radica en que no hay participación de los dueños del capital, es decir las personas trabajadoras, esta omisión del artículo 9 de la constitución política ha llevado así a la carencia de políticas públicas adecuadas. Por otro lado, existe una apropiación de los fondos de pensiones indebida que ha generado la deuda estatal en la CCSS, violentando el mismo artículo 73 de la constitución política sobre los fondos públicos.
En este sentido, ACOJUPEMA propone las siguientes tres alternativas de solución: 1) se debe respetar la independencia de los regímenes básicos, 2) generar nuevos recursos sin maltratar las pensiones del IVM, 3) renegociar el pago de los intereses de la deuda pública como elemento clave.
El desarrollo humano mide las condiciones necesarias para que las personas alcancen su máximo potencial y vivan dignamente, integrando derechos fundamentales como educación, salud y trabajo, esenciales para garantizar todos los derechos humanos.
Una educación de calidad, accesible y permanente fortalece la capacidad de decisión y libertad, impactando tanto la vida individual como colectiva.
El acceso a servicios de salud de calidad y la promoción de hábitos saludables son indispensables para una vida integral, vinculando el bienestar con prácticas preventivas y atención oportuna durante todo el ciclo de vida.
El empleo formal y bien remunerado promueve la autonomía económica, permitiendo a las personas satisfacer necesidades básicas y tomar decisiones sobre su vida, en estrecha relación con el acceso a la educación.
El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, desarrollado por el PNUD en colaboración con instituciones aliadas, es una herramienta clave para analizar los desafíos territoriales del desarrollo humano, ofreciendo datos fundamentales para diseñar soluciones sostenibles y alineadas con la Agenda 2030.
El informe del Atlas 2024 detalla índices, tendencias y mejoras, destacando su utilidad para abordar problemas multicausales y diseñar políticas públicas efectivas a nivel nacional y local.
Este análisis de resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (2024), fue realizado con la participación de las instituciones públicas. Explora los principales resultados con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los Índices de Género (IDG), Índice de Desigualdad de Género (IDG-D) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), así mismo realiza apuntes sobre el desarrollo humano, con apartados como:
La inseguridad ciudadana como fenómeno territorial
Limitaciones del desarrollo humano y sus efectos en la convivencia ciudadana
Condiciones para la localización de la criminalidad en los territorios
Análisis de las violencias contra las mujeres en Costa Rica: invertir en igualdad de género potencia el Desarrollo Humano
Correlación con la Tasa de Infracciones por Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres
Correlación con la Tasa del Delito de Violación o Tentativa de Violación
Respuesta frente a la violencia desde el enfoque del desarrollo humano
Análisis de los impactos y pérdidas por desastres en Costa Rica: fortalecer la resiliencia es clave para el Desarrollo Humano
Análisis de la cobertura forestal y el desarrollo humano en Costa Rica
Invitamos a leer el análisis de German Masís Morales relativo a este informe: https://wp.me/p6rfbZ-u77
Asimismo, sugerimos consultar el PDF adjunto dada la importancia del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal para el trabajo comunitario y territorial.
La junta directiva del Sindicato de Trabajadores del AyA informa sobre la situación de su dirigente, quien fue perseguido y sancionado sin fundamento jurídico alguno. Esto sucedió el pasado miércoles 27 de noviembre cuando la Administración Superior del AyA, sancionó al secretario general del sindicato por defender un programa de saneamiento ambiental y las condiciones de los derechos laborales de los trabajadores del PAPS.
A pesar de que el secretario general del sindicato de trabajadores del AyA (SITRAA) mantiene un permiso firmado por la alta administración de Acueductos Alcantarillados para su trabajo de índole sindical, desde la gerencia general se instruye a la jefatura del señor Mario Rodríguez Bonilla y otras áreas internas de la institución, para que le fuese rebajado el día laboral y además se le brindara una amonestación por escrito.
Acciones antijurídicas, que van contra la libertad sindical, contra las normas internacionales, y acciones que van contra los acuerdos generados en el seno del Ministerio de Trabajo con la alta administración.
A lo anterior se añade la situación actual que tienen los funcionarios de PAPS, quienes se movilizaron frente de las oficinas de gerencia general, subgerencia y presidencia ejecutiva, en Pavas, con el respaldo de SITRAA, para solicitar transparencia a sus condiciones laborales, la protección de los los proyectos que están generando y un documento donde se den respuesta a su continuidad o no en la institución.
En el espacio Debates por el Futuro y la Esperanza, en Facebook, se compartió el poema El niño que nació en el sur, escrito por José Luis Amador y declamado por Gilda Benavides.
Este poema está escrito en homenaje a la infancia del sur de Costa Rica en su diversidad étnica y cultural.
Carta abierta a la ministra de Salud de quienes nos graduamos de Medicina con usted (miembros de la generación ucr 2006)
Dra. Mery Munive Angermüller Ministra de Salud.
Gobierno de Costa Rica
Quienes suscribimos esta carta formamos parte de la generación que compartió los años universitarios con su persona, y queremos evidenciar nuestra preocupación con las medidas que propone la declaración de emergencia nacional por la salida de especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), entre otros temas relevantes. Creemos plenamente que como Ministra de Salud y a su vez Vicepresidenta de la República, condición que no se ha presentado históricamente en nuestro país, tome las mejores decisiones para la población en general, alejadas de posturas políticas y bajo la óptica del bien común de todos los costarricenses.
Los abajo firmantes llevamos más de 18 años de práctica profesional y somos una combinación de médicos especialistas y generales que hemos visto la evolución de la CCSS en estas últimas dos décadas, tanto en su apartado asistencial como en cuanto a la formación de grado y posgrado de las áreas de la Medicina.
Ante la coyuntura actual, coincidimos con todos los grupos gremiales y distintas voces institucionales y personales que llevan mucho tiempo siendo claros en describir la solución real al problema como una necesidad de abordaje claro, programado y organizado de formación, distribución y políticas de retención de especialistas. En este último apartado, unas políticas de retención que disten de los mecanismos actuales de medidas coercitivas y que simplemente mejoren dicha permanencia con políticas llamativas, para que los especialistas deseen seguir perteneciendo a la Institución.
La solución que se presenta por parte del Ministerio de Salud, ante un problema que se genera y perpetúa en la CCSS, siendo organismos completamente diferentes, con autonomías y competencias tan distintas, nos genera una gran preocupación por las razones que expondremos a continuación.
Como primer punto, es importante recalcar que se está buscando una solución de emergencia a una problemática que ha sido manifestada con mucha antelación, por lo que la declaración de emergencia nacional sólo responde a una respuesta reactiva, que, en lugar de atacar el problema, pone en riesgo a la población, agrava e incrementa los problemas de dentro de la Institución y asume al país en un escenario de incertidumbre e inestabilidad aún mayor.
Como compañeros que hicimos internado en el año 2006, nos preocupa enormemente que se plantee como solución el hecho de que se establezca un centro de atención telefónica para la población general, atendido por Internos Universitarios, futuros colegas que aún no se han graduado, que no cuentan con los avales respectivos para la práctica profesional y cuyo marco legal tanto para la protección de pacientes como para su misma protección médico-legal es imprevisible, ¿sería el Ministerio de Salud, en su representación, quien asumiría toda la responsabilidad de los casos cuyo manejo sea cuestionable? Y sinceramente, reiteramos, como colegas que hicimos el internado junto a usted, luego de 18 años de carrera profesional, si hubiéramos sido nosotros quienes en esa época nos hubiéramos tenido que enfrentar ante esta coyuntura, en ese momento nos hubiéramos negado, es evidente que no teníamos la capacidad para llevar el peso sobre la primera atención del país de forma telemática, es mucha responsabilidad para un grupo de estudiantes.
En el mismo pensamiento del punto anterior, el distribuir médicos residentes para labores de especialistas, los cuales aún no han sido debidamente aprobados o incorporados como tales, sin supervisión, genera una situación de riesgo para los pacientes y a los mismos profesionales, riesgos que son evidentes y no hace falta enumerar. Se nos genera la misma inquietud, ¿sería el MS quien respondería cuando estos riesgos lamentablemente se materialicen?
Nuevamente, bajo la misma línea de pensamiento, si cada posgrado requiere de tantos años para considerar a un especialista como debidamente formado, estándares que se siguen a nivel internacional, entonces, bajo cuál óptica considera adecuada que médicos generales, de los cuales no ponemos en duda su dedicación y deseo de superación o aprendizaje, sean los responsables de decisiones propias de especialistas. Esto generaría serias dudas sobre la seguridad y calidad de los servicios brindados, poniendo en riesgo innecesario a la población y nuevamente exponiéndolos a ellos mismos a procesos legales de mal praxis, dado por una práctica clínica cuya pericia aún no ha sido desarrollada. Lo mismo aplica el sugerir que procedimientos o tratamientos médicos sean realizados por personal de enfermería sin formación específica en tales menesteres.
Sobre la contratación de médicos especialistas extranjeros. El hecho de crear un mecanismo acelerado de incorporación, mediante el cual la calidad o idoneidad de los profesionales no haya sido evaluada, pone nuevamente en riesgo la atención de la población. El Colegio de Médicos ha sido claro en agilizar la incorporación, pero siempre y cuando aprueben los mecanismos establecidos para tal fin, por lo que abrir un portillo en donde profesionales, sin una formación debidamente acreditada sean incorporados, podría ser arriesgado e iría en detrimento de la atención de los pacientes.
Además, estos nuevos médicos extranjeros, por efecto de la ley, entrarían con salario global, por lo que no entendemos las excusas presupuestarias de mejorar las condiciones de los trabajadores actuales de la Institución.
En cuanto a la práctica de médicos especialistas nacionales que trabajen en el extranjero mediante modalidad de tele consulta. ¿Cuál sería el mecanismo para fiscalizar su labor y a la vez garantizar la atención que recae sobre un profesional que se encuentra fuera del país?, ¿bajo cuál legislación debe ser tratado? ¿Como regularían la seguridad y privacidad de los datos de manera transfronteriza?, ¿Cuenta el país con la capacidad de resguardar los datos de los pacientes si estos se exportan a otro territorio?
Por otra parte, y ajeno a la declaración de emergencia, hay otros elementos que consideramos que sus declaraciones son ajenas a la verdad y falta al respeto a muchos de los colegas médicos y especialistas. El primero aducir que la salida de los especialistas va en contra del juramento hipocrático, el cual todos hicimos en nuestra incorporación, específicamente al decidir algunos abandonar temporal o definitivamente la CCSS, ya que el juramento no hace alusión alguna a que un médico quiera mejorar sus condiciones de vida si así le parece. Consideramos que estas decisiones son personales e individualizadas, basadas en el entorno social y temporal que rodee esa decisión en particular, decisiones que son inherentes a todos los seres humanos y somos conscientes que usted en algún momento tuvo que tomar. Por lo cual no entendemos la razón por lo que ahora lo considera punitivo si la situación es de otros colegas y lo señala así ante la opinión pública, provocando un deterioro de la opinión hacia el gremio de forma innecesaria.
También consideramos desafortunado el comentario haciendo alusión a que salir de la CCSS y volver a entrar luego de un mes fuera, es un acto de ilegalidad y que puede conllevar a implicaciones penales (Fraude de Ley). Nuevamente, no entendemos la necesidad de generar en la población general la sensación de que el gremio médico es un grupo con dudosa ética profesional, situación que, salvo casos esporádicos, está muy lejos de la globalidad de los profesionales. La misma CCSS está estableciendo mecanismos para recontratación ante la ausencia de respuestas tacitas y concretas a la problemática, respuestas que evitarían que este cese o renuncia más recontratación se realice.
Como compañeros de Generación, muchos de los cuales llegamos a considerarla como una amiga, preocupada por los problemas trascendentales del país y quienes vimos en su nombramiento como una oportunidad de mejora nacional, nos vemos en la obligación moral de hacerle llegar esta carta, para expresar nuestro descontento con la dirección que están tomando sus decisiones como Ministra de Salud y consideramos que es la percepción global del gremio, no sólo nuestra, muy particularmente de quienes estamos preocupados por la estabilidad de una Institución como la CCSS, de la cual dependen todos los costarricenses en alguna medida.
Tal y como muchos grupos del país han manifestado, el problema de la fuga de especialistas no es un tema salarial ni presupuestario, es un tema de justicia social, desigualdad e inequidad, por lo que las medidas explicadas en la declaración de emergencia solamente vienen a agravar una situación complicada, pero que tiene en su origen en esa disparidad creada por la implementación de la ley de empleo público.
Abogamos más bien, para que desde su formación profesional e investidura, con las calidades anteriormente mencionadas y alejadas de posturas políticas, se valoren las soluciones reales y efectivas a esta problemática, no soluciones que generan una situación de mayor riesgo para los pacientes, quienes son y deberían ser siempre el eje central de todas las discusiones y decisiones que se generan en torno a la salud del país, son ellos nuestro verdadero motor por lo que instamos a soluciones reales en pro de su beneficio, no medidas en las que se expongan a más contingencias innecesarias.
Atentamente.
Dr. Pablo Pujol Valverde. Código profesional 9372. Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva.
Dra. Mayleen Cerdas Ureña. Código profesional 9331. Especialista en Anestesiología y Recuperación.
