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UCR recomienda no aprobar proyecto de ley “Polo de Desarrollo” sobre minería en Crucitas

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó, mediante el Acta N.° 6936, a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado Ley para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del polo de desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica (Expediente n.° 24.675), tras realizar un análisis académico, jurídico, social y ambiental exhaustivo.

Este proyecto fue propuesto por el Frente Amplio y, en días pasados, la presidenta electa Laura Fernández lo planteó como una alternativa para discutir y comparar con el proyecto apoyado por el Poder Ejecutivo (Expediente n.° 24.717).

El criterio fue emitido por la UCR en septiembre pasado, a solicitud de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución Política. El análisis contó con la participación de múltiples instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela Centroamericana de Geología, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Programa Kioscos Socioambientales.

Desde una perspectiva social y comunitaria, el Consejo Universitario reconoce que la iniciativa contiene elementos relevantes, en tanto “procura abordar la problemática de la minería ilegal en Crucitas, con énfasis en la recuperación ambiental, la promoción del desarrollo sostenible para las comunidades locales y la diversificación económica”. No obstante, advierte que este enfoque “requiere delimitar mejor el alcance regional del proyecto e incorporar de manera explícita la perspectiva de género”, dada la alta vulnerabilidad social de la Región Huetar Norte.

El acuerdo destaca que cerca del 69 % de los distritos de la región presentan niveles muy bajos de desarrollo social, por lo que resulta indispensable que cualquier iniciativa de esta naturaleza incorpore planes de desarrollo obligatorios, mecanismos claros de evaluación y una articulación institucional robusta que priorice a las comunidades locales y a las poblaciones históricamente excluidas.

Sin embargo, desde el punto de vista ambiental y técnico, el Consejo Universitario concluye que el proyecto presenta debilidades estructurales graves. En particular, señala que “carece de una fundamentación técnica sólida” y que se sustenta en una lógica de “capitalismo verde que ha demostrado ser insuficiente para enfrentar los retos estructurales que implica la explotación ilegal de los bienes naturales”.

Entre las principales omisiones, la UCR subraya la ausencia de un diagnóstico ambiental científico sobre los niveles de contaminación por mercurio, la falta de protocolos de remediación, la inexistencia de estándares de calidad ambiental y la carencia de un sistema de monitoreo que permita evaluar la efectividad de las acciones propuestas. Asimismo, advierte que “no se presentan datos verificables sobre los pasivos ambientales existentes ni estimaciones técnicas o económicas sobre los costos reales de la remediación ambiental”.

Otro aspecto crítico señalado es la delimitación territorial del proyecto, ya que este se restringe a la antigua concesión minera de Crucitas, pese a que la minería ilegal “ha trascendido ampliamente esa área y se ha extendido a zonas colindantes y a lugares alejados como Abangares, e incluso con operaciones en territorio de Nicaragua”. Esta limitación, advierte el Consejo, podría provocar el desplazamiento del problema hacia otras regiones del país.

El Consejo Universitario también alerta sobre los riesgos éticos y jurídicos de la propuesta, al considerar que podría abrir la puerta a la mercantilización de la naturaleza y a la legitimación indirecta de actividades extractivas ilegales. En ese sentido, señala que la titularización del yacimiento de roca dura “podría sentar un precedente para la financiarización de la naturaleza, convirtiendo los ecosistemas en instrumentos sujetos a la especulación del mercado”.

Finalmente, el acuerdo concluye que el proyecto “no constituye una solución adecuada ni sostenible a la crisis legal, ambiental y social generada por la minería ilegal en Crucitas y sus zonas adyacentes”, y advierte que ninguna iniciativa será efectiva mientras el Estado no recupere un control real y sostenido sobre la seguridad y la soberanía del territorio. Según la UCR, “la ocupación informal del espacio por actores ilegales, la débil presencia institucional y la limitada capacidad de fiscalización convierten en ilusorio cualquier intento de establecer una solución integral sin antes atender las condiciones básicas que requieren las comunidades de la región”.

Por estas razones, el Consejo Universitario acordó comunicar a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley, al tiempo que reiteró la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar con criterios técnicos y académicos para la construcción de alternativas integrales, sostenibles y socialmente justas frente a la problemática de la minería ilegal en el país.

A lo largo de más de dos décadas, la Universidad de Costa Rica, a través de distintas rectorías y Consejos Universitarios, ha emitido numerosos criterios técnicos, científicos y académicos en oposición a los intentos de reactivar la minería en Crucitas. Se trata de pronunciamientos construidos desde múltiples disciplinas que, pese a partir de enfoques diversos, han coincidido de manera consistente y contundente en señalar los riesgos e impactos de esta actividad.

El acuerdo más reciente reafirma esta posición histórica y da cuenta de la coherencia institucional de la UCR frente a este tema de interés nacional. Puede consultarse en la sesión N°6967, un acuerdo ( CU-160-2025), relativo al proyecto de “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, y reforma parcial al Código de Minería” (Expediente n.° 24.717), actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Acta y acuerdo completo en: https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/2025/6936.pdf#page=81

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Denuncia por quema de cientos de hectáreas de rastrojos de piña en Buenos Aires

  • Sin aviso previo y hasta altas horas de la noche

  • Viviendas, personas y el planeta pagan la factura de una mala práctica

  • Impactantes registros en video nocturnos y tomas aéreas con dron durante el día

Bloque Verde. Para muchas personas la llegada del verano es la mejor época del año. Sin embargo, para quienes viven cerca de plantaciones piñeras o cañales, esta temporada se convierte en un período crítico debido a la intensificación de las quemas agrícolas, una práctica que antepone las ganancias de la agroindustria a la salud de las comunidades deteriora el ambiente y contribuye al cambio climático.

Esto es lo que experimentan vecinas y vecinos del cantón central de Buenos Aires, donde los piñales se han expandido por prácticamente todos los rincones del territorio, rodeando escuelas, clínicas, urbanizaciones y viviendas. En este contexto, la quema de rastrojos se ha consolidado como una de las formas más agresivas e irresponsables de manejar los desechos de la producción.

Desde aproximadamente las cuatro de la tarde y hasta altas horas de la noche, en ocasiones hasta la medianoche, los piñales arden, afectando el descanso de cientos de personas y agravando de forma directa la salud de quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias. Estas quemas no solo impactan la salud humana, sino que también deterioran el suelo, afectan la calidad del agua, dañan la vegetación y contribuyen al calentamiento global.

En los videos se evidencia que no se respetan las áreas de protección de nacientes, ya que el fuego avanza sin distinción sobre zonas que deberían permanecer intocables, pese a que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas establece la obligación de respetar estas áreas de protección. Incluso, las quemas se realizan en las cercanías del tanque de captación de agua que abastece a la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la salud de la población.

Resulta alarmante que, existiendo múltiples alternativas para el manejo de los residuos de la piña como: el triturado mecánico del rastrojo, su incorporación al suelo como abono orgánico, el uso de microorganismos descomponedores, el compostaje, las coberturas vegetales e incluso su aprovechamiento energético, la empresa PINDECO (Del Monte) continúe recurriendo a la quema, mientras se presenta ante los mercados del norte global como un modelo de “buenas prácticas” y sostenibilidad.

La situación se agrava aún más porque, según denuncian personas de la comunidad, la práctica habitual de la industria piñera consiste en aplicar previamente herbicidas como paraquat o glifosato para acelerar la desecación del rastrojo y posteriormente proceder a la quema. Durante estos procesos pueden generarse dioxinas, sustancias altamente tóxicas, cancerígenas y bioacumulativas, además de humo blanco y partículas en suspensión que contaminan el aire.

Las dioxinas se producen en procesos de combustión donde interviene el cloro. Estas partículas son inhaladas por las personas, afectan la naturaleza y la vida silvestre, y contribuyen al calentamiento global, convirtiendo estas quemas en un grave problema de salud pública y ambiental.

La comunidad bonaerense ha manifestado reiteradamente su preocupación por estos “sahumerios tóxicos» que afectan la salud laboral y ambiental, generan malestar inmediato y representan riesgos a largo plazo, por lo que exigen el cese inmediato de esta práctica.

Según relatan vecinas y vecinos, no existe ningún aviso previo: simplemente se prende fuego cuando las personas se disponen a descansar o a aprovechar el fresco de la tarde, después de días extremadamente calurosos característicos del verano en la zona.

Las quemas agrícolas constituyen una mala práctica productiva, aunque actualmente se encuentren permitidas mediante permisos otorgados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. No obstante, esta legalidad está siendo cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, fundamentada en la legislación climática y de legislación ambiental vigente.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012–2021, entre 2007 y 2012 las principales causas de incendios forestales fueron las quemas de pastos y actividades agropecuarias, que representaron un 46,06% de los casos. En años recientes, la afectación por incendios ha sido persistente y creciente: 10.724 hectáreas quemadas en 2020, 6.411 hectáreas en 2021, 8.900 hectáreas en 2022 y 8.500 hectáreas en 2023. La temporada de incendios del 2024 fue la más agresiva de los últimos diez años, con 141 emergencias registradas y 27.865 hectáreas afectadas, lo que evidencia la urgencia de revisar, limitar y erradicar prácticas como las quemas agrícolas.

Para el Bloque Verde, la salud pública y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés empresarial. Mucho se ha hablado de buenas prácticas, de enfriar el planeta y de enfrentar el cambio climático, pero las quemas agrícolas son una práctica arcaica, sin justificación técnica, en un contexto donde la temperatura global alcanza récords históricos año tras año.

La empresa transnacional PINDECO mantiene presencia exclusiva en la Zona Sur desde hace cerca de 50 años, territorio donde inició la expansión del monocultivo de piña en el país. Esta expansión fue denunciada por la deforestación de 5.568 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2015 en todo el país, cuando la tala ya constituía un delito ambiental. De ese total, 1.789,71 hectáreas corresponden a la región Brunca, según datos del Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP)

Le invitamos a ver el video:

Si se quiere… se puede

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli
Diputado 1982- 1986

En las elecciones de febrero de 1982, como es bien sabido, el Partido Liberación Nacional ganó las elecciones en forma arrolladora, al extremo de elegir 33 diputados a la Asamblea Legislativa. Al frente éramos solo 24 legisladores repartidos así: Coalición Unidad (luego PUSC) 16, Pueblo Unido 4, Movimiento Nacional 1, Acción Democrática Alajuelense 1 y 2 independientes que, por criterios diferentes sobre quien sería el primer jefe de fracción de la Coalición Unidad, desertaron antes del inicio de las sesiones.

Todo parecía indicar que el PLN con sus 33 diputados arrollaría en aquella Asamblea Legislativa contra una oposición aparentemente muy fraccionada, pero no fue así. Desde un principio la fracción de la Unidad señaló su derrotero para aquellos cuatro años: haríamos una oposición responsable, apoyaríamos sin mezquindad aquellos proyectos que fueran para el bien del país, y nos opondríamos férreamente a los que no lo fueran claramente. El diálogo permanente y TRANSPARENTE con el presidente Luis Alberto Monge y la fracción del PLN, así como con las otras fracciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo los disidentes, también sería nuestra forma de proceder, siendo el respeto a la prensa y la comunicación abierta, la manera de dar confianza al país sobre nuestro proceder.

El primer jefe de Fracción fue don Rolando Laclé Castro, que supo implementar la efectividad de un dialogo permanente y, desde el principio, fue evidente que no íbamos a permitir que nos “echaran la maquinaria”, como se decía en la jerga de la Asamblea; me tocó conducir la fracción en el segundo año, luego don Danilo Chaverri y don Juan Rafael Rodríguez Calvo se ocuparon de aquella tarea, los cuatro firmes dentro de la línea de acción que nos habíamos propuesto como un equipo con todos los compañeros de fracción, sólidamente unidos, respetando las diferencias de criterios que, como es lógico, tenían que surgir.

Debo reconocer que en don Luis Alberto Monge encontramos un presidente abierto al diálogo y aceptar las diferencias que podían producir crispaciones innecesarias. Así logramos evitar que se aprobaran proyectos como el SEL (Sector de Economía Laboral) altamente inconveniente para los trabajadores, el Convenio Atunero entreguista de nuestra riqueza pesquera e irrespetuoso de nuestros derechos en las famosas doscientas millas de mar patrimonial que define la zona económica exclusiva (ZEE), la construcción de un oleoducto altamente contaminante y también la ley de minería, estos últimos con una enorme presión de la Embajada de los Estados Unidos; proyectos para la aprobación de nuevos impuestos, denunciamos el desfalco de 450 millones de colones de aquella época ($12 millones aproximadamente) en la Comisión Nacional de Emergencias y promovimos la ley que la reformó. Personalmente acusé al presidente Monge de faltar a su deber de información a la prensa, al ocultar un informe negativo sobre el sector agropecuario y, por primera vez en la Historia, un presidente era llevado con un Recurso de Amparo ante la Corte Plena, que me dio la razón, esto sentó un precedente importantísimo en nuestra vida institucional. Y ni que decir de las denuncias que hicimos por la entrega del territorio nacional a fuerzas militares extranjeras que peleaban contra el sandinismo apoyadas por los marines de Estados Unido; hoy alguien con un ataque de palurdismo servil quiere crear bases militares en Costa Rica, pero quedó demostrado que eso es imposible…pues no tienen los votos suficientes para reformar la Constitución Política.

Mención aparte merece la aprobación de la ley 7035 que, por mociones presentadas por mí, contenía reformas al código penal con severas sanciones para combatir el narcotráfico; esta ley aprobada por unanimidad el 24 de abril de 1986, sufrió el resello presidencial precisamente por esos artículos contra los narcos… el último día de sesiones, lo que nos impidió rechazar el veto; la nueva Asamblea Legislativa lo acogería pocas semanas después.

Pero también contribuimos con nuestros votos para la aprobación de importantes créditos blandos con instituciones internacionales, que vinieran a sofocar la dura situación financiera y presupuestaria que vivía el país; la ley que creó la Universidad EARTH en Guápiles fue promovida por nuestro diputado Rogelio Carazo Paredes y en forma unánime apoyamos la Ley Solidarista que consolida los derechos y rompe los topes de prestaciones laborales, entre otros beneficios. Muchos compañeros de fracción apoyaron la apertura comercial de la Cuenca del Caribe, que implicaba la reforma a una serie de leyes de carácter aduanero especialmente. También promovimos la creación de una Comisión Contra el Narcotráfico, cuando estalló el caso del narcotraficante mexicano Caro Quintero.

Un aspecto que debo mencionar en especial fue la férrea oposición que presentamos ante los intentos de reformar el artículo 132 de la Constitución Política para restablecer la reelección presidencial después de dos periodos, o sea, volver al texto original de la Constitución Política que se había reformado en 1969 para establecer la prohibición absoluta. Los diputados del PLN presentaron la reforma pensando en su gran figura en aquel momento: Daniel Oduber Quirós, a pesar de tener 33 diputados no lograron suman los cinco faltantes. Nuestra oposición fue feroz, y hoy un sicario legislativo del chavismo, presenta un proyecto para que haya reelección indefinida, es decir, dictadura. Pero en aquellos años demostramos que si había la suficiente firmeza honradez y mecanismos legislativos para defender la institucionalidad… y que, si se quiere, se puede.

Así, puede verse como una fracción minoritaria, eso sí con visión país, sólida en su misión y obligación, puede poner su Pica en Flandes y no permitir desmadre alguno, por amplia que sea una mayoría parlamentaria como la del PPSO. Las estrategias parlamentarias son muchas para hacer entender a una mayoría, que no puede hacer lo que le venga en gana, pero que un diálogo efectivo y sobre todo transparente, si hace posible un trabajo serio y honrado en favor del país… si se quiere se puede.

Lo que es inadmisible es que el presidente saliente y, aparentemente ministro entrante, siga con su tesis de quemar puentes en lugar de construir diálogos positivos, al decir que buscará “siete diputados buenos” que se sumen a su gran reforma constitucional que no es, ni más ni menos, que buscar su reelección en el 2030 y que pueda ser continua.

¿Es que nos tenemos que dar por notificados que el ambiente de agresión y crispación que hemos vivido estos cuatro lamentables años, va a continuar? Como hacerle comprender a este individuo que la mayoría de los costarricenses, incluyendo personas que les dieron su voto, estamos hartos de la violencia verbal, del ambiente de pleito prostibulario que ha creado, que defenderemos la Patria y la democracia sin temores ante la influencia casi neofascista que viene de fuera.

Por el momento, acogemos con esperanza la oferta de concordia, diálogo y consenso que ha proclamado doña Laura Fernández que, con ese proceder, encontrará cooperación por Costa Rica; y sepa cortar la cizaña y la mala hierba a tiempo.

Porque está demostrado, que si se quiere… se puede. Si las fracciones del PLN, Frente Amplio y las unipersonales del PUSC y la Coalición actúan con integridad, si todos son buenos costarricenses dispuestos a defender nuestra institucionalidad, no encontrará el rodriguismo los siete malos que ayuden a destruirla… y por ello, estaremos atentos.

Una operación estratégica de alcance aun desconocido

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS*

La ofensiva lanzada este 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán marca un punto de inflexión en la crisis de Oriente Medio. No se trata de un episodio más en la prolongada tensión entre Teherán y Tel Aviv, sino de una operación de alcance estratégico que transforma un conflicto de fricción permanente en un escenario de confrontación abierta y regionalizada.

Según las informaciones disponibles, los ataques han tenido como objetivo infraestructura militar y capacidades estratégicas iraníes, con el propósito declarado de debilitar su potencial ofensivo y contener su influencia regional. La respuesta de Teherán no se hizo esperar: lanzamiento de misiles contra territorio israelí y contra instalaciones militares estadounidenses en varios países del Golfo. Este elemento es clave, porque desplaza el conflicto más allá del eje bilateral y lo convierte en un enfrentamiento multinivel.

La extensión geográfica ya es evidente. Se han reportado acciones o alertas en países como Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, donde existen bases militares estadounidenses. Esto implica que cualquier represalia iraní no solo golpea a Israel, sino también a la arquitectura militar occidental desplegada en la región. El conflicto, por tanto, deja de ser localizado y se proyecta sobre todo el sistema de seguridad del Golfo.

Un segundo nivel de riesgo proviene de los actores no estatales aliados de Teherán. Organizaciones como Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen podrían activar frentes adicionales, abriendo una guerra por delegación que multiplique los focos de violencia. La experiencia de los últimos años demuestra que estas redes tienen capacidad de operar de forma coordinada o autónoma, lo que complica cualquier intento de contención rápida.

El impacto económico global tampoco es menor. Una escalada sostenida pone en riesgo el tránsito energético por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas del comercio mundial de hidrocarburos. Cualquier interrupción significativa en ese corredor elevaría los precios del petróleo, afectaría cadenas logísticas y presionaría economías ya tensionadas por la desaceleración global. El cierre parcial de espacios aéreos y la cancelación de vuelos en la región son señales tempranas de esa perturbación sistémica.

En el plano diplomático, la crisis reconfigura posiciones. China ha llamado al cese inmediato de hostilidades, consciente de que su estabilidad energética y sus rutas comerciales dependen en buena medida de la región. Arabia Saudí, por su parte, enfrenta un dilema estratégico: equilibrar su rivalidad histórica con Irán con la necesidad de evitar una guerra total que desestabilice el Golfo.

En términos estratégicos, el alcance de este ataque radica en tres dimensiones. Primero, consolida una confrontación directa entre Estados con capacidad militar significativa, lo que eleva el umbral de riesgo respecto a conflictos previos de baja intensidad. Segundo, internacionaliza el escenario al involucrar bases, alianzas y corredores comerciales vitales. Tercero, introduce una variable de imprevisibilidad asociada a actores armados no estatales que pueden expandir el teatro de operaciones.

La pregunta central ya no es si habrá consecuencias regionales, sino cuán profundas y prolongadas serán. Si la lógica predominante es la de la disuasión limitada, podría abrirse un espacio para la negociación indirecta tras una fase de demostración de fuerza. Pero si se impone la lógica de la represalia acumulativa, Oriente Medio podría ingresar en un ciclo de confrontación abierta con implicaciones económicas y geopolíticas globales.

Estamos, en suma, ante un episodio que rebasa el plano táctico y se instala en el terreno de la disputa estratégica por el equilibrio de poder regional y por la arquitectura de seguridad internacional. Lo que ocurra en los próximos días definirá si esta ofensiva será recordada como un golpe puntual de alto impacto o como el inicio de una nueva fase de guerra extendida en el corazón energético del mundo.

*Resumen basado en varias fuentes.

Área de la producción orgánica se reduce en 16% durante lo que va de la administración Chaves-Robles

Comunicado de la Federación Ecologista:

Mandatos ministeriales de Víctor Carvajal Porras hacen desplomarse producción orgánica.

Según los datos publicados hoy 26 de febrero de 2025 por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) el área dedicada a la producción orgánica certificada se redujo un 8,6% en tan sólo un año. Pasando de 10359.65 en el año de 2024 a 9.466.84 hectáreas para al 2025.

Hay que recordar que en setiembre del 2024 el Movimiento Costarricense de Agricultura Orgánica (MAOCO) denunció que se había desmantelado el Departamento de Agricultura por decisión del ministro Víctor Carvajal Porras.

Sumado a eso Carvajal también había decidido desarticular la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica “al margen de la legalidad, contraviniendo los principios más básicos de la administración pública y la participación social en materia de política alimentaria”, denunció el MAOCO en ese momento.

Cabe señalar que en el 2022 cuando la administración Chaves-Robles inició el Departamento de Agricultura Orgánica tenía cuatro funcionarios. A la fecha, la extinta dependencia sigue sin ser sustituida por ninguna otra estructura u oficina articuladora. Dejando en el vacío institucional todo un sector dedicad a la producción libre de pesticidas.

Cabe resaltar que la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley n°8591) en su artículo 8 señala que: “corresponde al MAG realizar las labores de promoción, desarrollo, fomento, administración y control de la actividad agropecuaria orgánica.” disposición legal que el señor Carvajal Porras parece desobedecer al mirar las estadísticas desplomarse.

Los números son más dramáticos cuando comparamos el área sembrada como orgánica certificada en el 2022 con los datos del 2025. En lo que va de la administración Chaves-Robles se han perdido 1.800 hectáreas de producción orgánica, un 16% menos que en el año 2022.

Fecon, 26 de febrero 2026.

CONCEVERDE alerta sobre proyecto municipal en el cerro Chompipe y advierte riesgos para el recurso hídrico

La organización CONCEVERDE emitió una alerta pública dirigida a la población de San Rafael de Heredia ante la posibilidad de que avance un proyecto impulsado por la Municipalidad en el cerro Chompipe, iniciativa que —según la organización— se presentaría bajo la figura de “Monumento Natural”, pero que implicaría el desarrollo de infraestructura recreativa en una zona de alta vulnerabilidad ambiental.

El pronunciamiento surge tras la difusión de un video en el que funcionarios municipales aparecen junto a la diputada electa Marta Esquivel, quien manifiesta respaldo al proyecto promovido por el alcalde rafaeleño. CONCEVERDE cuestiona la participación de actores externos en una iniciativa que, afirma, compromete un territorio reconocido jurídicamente como área de protección absoluta.

Zona de protección dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

El cerro Chompipe se ubica dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y en la zona inalienable establecida por la Ley 65 del 30 de julio de 1888, condición que le otorga un régimen especial de protección. Según la organización, cualquier intervención en esa área podría amenazar directamente recursos naturales estratégicos, en particular el recurso hídrico.

CONCEVERDE advierte que no se trata únicamente de un asunto local, ya que las zonas montañosas del sector cumplen funciones de recarga acuífera que abastecen a amplias áreas del Valle Central. Por ello, consideran que el eventual desarrollo de infraestructura recreativa generaría impactos que trascienden el ámbito cantonal.

Antecedentes del debate ambiental en San Rafael

En notas previas publicadas por este medio se ha documentado la preocupación de organizaciones comunitarias y ambientales ante proyectos que podrían afectar áreas protegidas y zonas de recarga hídrica en San Rafael de Heredia. Estos antecedentes incluyen discusiones sobre ordenamiento territorial, protección de nacientes y el rol de la ciudadanía en la defensa de bienes públicos ambientales.

La controversia en torno al cerro Chompipe se inscribe en ese contexto más amplio, donde sectores comunitarios han señalado la necesidad de que cualquier iniciativa en zonas de alta fragilidad ecológica cuente con estudios técnicos rigurosos, transparencia en la toma de decisiones y participación efectiva de la comunidad.

Llamado a la participación ciudadana

CONCEVERDE sostiene que la defensa del agua, los bosques y las áreas protegidas no puede quedar únicamente en manos de decisiones políticas, sino que constituye una responsabilidad colectiva. En su mensaje, llaman a la ciudadanía herediana a mantenerse vigilante y a involucrarse en la discusión sobre las prioridades ambientales del cantón.

El caso reabre el debate sobre el alcance de las figuras de protección ambiental, los límites de la intervención municipal en áreas protegidas y la importancia de resguardar zonas estratégicas para la seguridad hídrica y el equilibrio ecológico regional.

Mayoría ciudadana valora de manera positiva el proceso electoral

81.5% considera que sí se garantizó igualdad de condiciones a todos los partidos. Un 78.2% valora positivamente la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

UNA Comunica. Condiciones de igualdad para los partidos políticos participantes y una adecuada gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de los medios de comunicación en la cobertura periodística, reflejan un apoyo mayoritario de parte de la ciudadanía hacia el recién concluido proceso electoral.

Así lo determina la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), contenida en el informe Percepción ciudadana costarricense respecto al proceso electoral, dado a conocer esta mañana.

Como parte del ejercicio de análisis, luego de las elecciones, los investigadores del Idespo-UNA consultaron a los encuestados su valoración con respecto a seis enunciados sobre las elecciones. En todos ellos se registró una opinión mayoritaria favorable.

Sobre si “se garantizó la igualdad de condiciones para que todos los partidos políticos pudieran exponer sus ideas a la ciudadanía” un 81.5% dijo estar de acuerdo con esa afirmación, frente a un 15.7% que manifestó su desacuerdo.

Un 78.2% también respaldó el enunciado “la actuación del Tribunal Supremo de Elecciones fue adecuada para gestionar la campaña electoral”. Un 15.4% opinó lo contrario.

La labor informativa de los medios de comunicación también recibió el espaldarazo de tres de cada 10 encuestados. Ellos se pronunciaron ante la frase “la cobertura que los medios dieron a todo el proceso electoral fue adecuada”.

Por debajo del 70%, pero siempre con predominancia positiva, destacaron las afirmaciones “la ciudadanía acudió a emitir su voto de manera informada”, si “considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país” y si “la campaña electoral se basó en la discusión de ideas y propuestas”. Indicaron estar de acuerdo, en un 67.1%, un 63.7% y un 59.1%, respectivamente.

En otro apartado de la encuesta, el Idespo-UNA indagó cuáles factores políticos y sociales pudieron influir en la decisión final de voto. A pesar de que la seguridad ciudadana ha sido señalada en diversos análisis como la principal preocupación de los costarricenses, esta razón se ubicó en segundo lugar con una media de 3,82, donde 5 es el valor mayor y 1 el menor.

La primera razón fue “la situación económica por la que atraviesa el país” con una media de 3,94. Después de estas dos primeras posiciones destacan “la atención en salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social” (3,79), “la situación actual del sistema educativo en Costa Rica (3,78) y “las noticias que informaron sobre la campaña electoral” (3,46).

Aunque predominó en el debate público el tema de la influencia religiosa sobre las elecciones, este ítem fue el que recibió la mención media más baja entre 14 enunciados. El resultado fue de 1,74.

Otros determinantes con baja mención fueron “las opiniones dadas por los superiores de su lugar de trabajo” (2,15), “los comentarios en redes sociales sobre la campaña electoral” (2,79) y “las conversaciones que tuvo con compañeros de trabajo” (2,87).

Otras consideraciones

Asimismo, el Idespo-UNA detalló si en el entorno cercano de los votantes hubo otras personas que los motivaron a emitir el sufragio. El grupo más numeroso fue el de quienes afirmó “sí, hay una persona en mi grupo cercano”, conformado por un 30,9%. Sin embargo, un 26,3% dijo que “otras personas y yo”, un 16% afirmó categóricamente “no” y un 12,8% indicó “sí, soy yo”.

Sigue pesando, con mayor predominancia, el porcentaje de ciudadanos que dice “nunca o casi nunca” se habla de política con personas cercanas: así lo determina la mitad de la muestra (49,8%). Los que afirman “siempre o casi siempre” son el 40% y “algunas veces” el 10.2%.

El acto de haber acudido a las urnas el 1º de febrero representa, para la mayoría, un ejercicio colectivo. Un 57.8% indicó que asistió acompañado, frente a un 42.2% que lo hizo de manera individual.

En esta encuesta post electoral, se quiso profundizar en las razones para no haber ido a votar. La respuesta más señalada, por parte de un 26.3% de la muestra fue “no hice el cambio de domicilio electoral y me quedaba lejos el lugar de votación”. Le siguieron “por motivos laborales no pude ir” (22.4%), “por condiciones de salud” (17.9) y más abajo, “no me interesa la política” (6.1%).

Un 87% dijo que acudió a votar, frente a un 13% que indicó lo contrario. Este resultado dista del porcentaje de abstencionismo en esta elección (del 31%), ante lo cual, el Idespo-UNA señala que “la diferencia podría corresponder a que las personas abstencionistas suelen rechazar contestar (sic) encuestas de carácter político-electoral, por lo que existe la posibilidad de que queden subrepresentadas”, explicaron en el informe los investigadores.

Al final de cuentas, casi la mitad de la población (48.7%), ya había decidido desde meses antes su voto, mientras que un 22.9% lo hizo semanas antes. Un 28.3% tomó partido en la misma semana o el propio día de las votaciones.

La red social Facebook, con un 66.6% de menciones, seguida de la televisión con 65%, fueron los dos medios donde la población se informó sobre la campaña electoral, principalmente. En posiciones intermedias se ubicaron TikTok (38%), Instagram (28.2%) y YouTube (26.9%). Llama la atención que un 13.3% mencionó a la inteligencia artificial (IA), aunque es un mecanismo menos empleado que los periódicos impresos o digitales, los sitios en Internet de los partidos políticos, la radio o la mensajería instantánea (WhatsApp).

La encuesta se realizó del 3 al 10 de febrero. Se realizaron 1.291 entrevistas completas, con un margen de error de 2,7 puntos porcentuales (hacia arriba o abajo) y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/INFORME_febrero-2026.pdf

Exposición “Fragilidad: danzando con la luz»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi y  la Asociación de Artistas en Vidrio de Costa Rica, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición Fragilidad: danzando con la luz.

La actividad será presencial el martes 3 de marzo a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La exposición estará abierta al público del 3 al 26 de marzo, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Inauguración de la exposición de arte «Mujeres del mundo»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi y Letras & Artes by Nayuribes, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición Mujeres del mundo, con la participación de Nayuribes Ramírez, Natalia Esquivel Benitez y Thelma Darkins Bucknam.

La exposición se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La actividad será presencial el lunes 2 de marzo a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La exposición estará abierta al público del 2 al 26 de marzo, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Hacia una nueva Costa Rica

Por Arnoldo Mora

Como bien sabemos, la campaña electoral recién pasada culminó con el triunfo arrollador (en las urnas, es decir, en los votos emitidos, pero no así en el padrón electoral, que nos da el número de ciudadanos con derecho a votar, ejerzan o no ese derecho) de la candidata oficial y su partido. Esta campaña debe ser analizada con especial atención, pues no es una campaña más como las que se sucedieron ininterrumpidamente desde que la Constitución Política de 1949 rige la marcha de la política nacional. Esta campaña representa un salto cualitativo en nuestra historia política, lo cual significa que, a partir de ahora, viviremos una Costa Rica inédita, una Costa Rica que no tiene marcha atrás, nos guste o no nos guste. Habitualmente hemos hablado de que el Estado Social de Derecho está en juego, por lo que las fuerzas sociales y políticas del país se dividen entre quienes lo defienden e, incluso, desean ampliarlo y quienes lo combaten. Estos últimos emplean para lograr sus objetivos, en no pocas ocasiones, métodos autoritarios que rozan la Constitución, como en esta campaña, en que se incrementó el choque entre los dos polos ideológicos; por lo que se desarrolló con una confrontación en que, en no pocas ocasiones, afloraron los insultos y amenazas de agresión física, sobre todo, a través de las redes sociales.

En mi opinión, esta polarización tiene una raíz nueva que va más allá de la anteriormente mencionada. Es el contrato social básico en que se funda nuestra vida republicana, el que se ha roto tan hondamente que alcanza los orígenes mismos de la creación del Estado Nación, desde los ya los lejanos días de Don Braulio Carrillo y la Guerra de la Liga (1835), la segunda guerra civil de nuestra historia patria. Esta guerra civil que enfrentó a San José con las otras provincias vecinas y les infligió una derrota de la cual nunca se repusieron, trajo como consecuencia que la creación del Estado Nación convirtió al ganador en epicentro de la vida política, cultural y económica de la naciente nación. Poco a poco y de manera inexorable San José se fue engullendo a las ciudades vecinas, hasta el punto de que la GAM no es hoy más que un vecindario de San José. Pero ahora lo que debemos preguntarnos es qué tipo de nación queremos ser en la nueva era, en cuyos dinteles los más recientes eventos políticos nos han puesto. Comencemos por indagar qué pasó en el resto del país, ese que yo llamo LA OTRA COSTA RICA, esa Costa Rica que no gozó en el mismo grado de los beneficios que implica la concentración prácticamente omnímoda y, con ello, el disfrute del poder estatal.

Sin embargo, no deja de ser paradójico que la élite gobernante haya entregado las provincias costeñas al capital extranjero, especialmente de origen anglosajón. En concreto, con los liberales como D. Bernardo Soto, gran parte de la, hasta entonces inhóspita región del Caribe, fue entregada en las codiciosas manos del empresario inglés Minor Keith. Posteriormente, la situación se agravó con la construcción del ferrocarril, que indujo a los ingleses a traer trabajadores chinos, italianos y, particularmente, jamaiquinos en condiciones que rayaban en la esclavitud. Posteriormente se instaló la Compañía Bananera que, luego de la huelga de 1934, se trasladó a las regiones del Sur de Puntarenas (popularmente conocida como “Zona Bananera”). Todo el país que no fuera lo que hoy es la GAM se convirtió en la periferia de ésta, se entregó a las empresas transnacionales y la jurisdicción del Estado Nacional se redujo – y con ello la democracia real – a un mero formalismo. Porque sin soberanía no hay democracia real. El vacío dejado por el Estado Nación está siendo hoy en día llenado por la penetración de las mafias del narcotráfico. Éste se lleva a cabo actualmente por vía marítima. En concreto, en aguas del Océano Pacífico va hacia los Estados Unidos un 85% de la droga proveniente de los países de Sur América, porque el país del Norte, albergando tan sólo el 5% de la población mundial, consume un 30% de ese maléfico producto. Por su parte, desde nuestras costas del Caribe se trafica la droga hacia Europa, que consume 20% de la droga del mundo entero.

Lo dicho constituye el trasfondo de lo que ha pasado en la campaña recién pasada en las provincias costeñas. Como el chavismo no se ha organizado como un partido que merezca el calificativo de tal, sino que no pasa de ser un conglomerado heterogéneo unido tan sólo por el culto a un caudillo, el actual presidente Rodrigo Chaves, su candidata Laura Fernández buscó y logró concretar un acuerdo político con los pastores evangélicos de la región, dado que en las dos provincias porteñas ya los católicos son minoría. Esa alianza, coyuntural por el momento, nos recuerda el régimen político imperante durante los siglos de la Colonia entre el clero católico y la Corona Española, llamado en sociología de la religión “régimen de cristiandad”; según el cual el clero recibía privilegios del Estado a cambio de una lealtad acrítica. El gran perdedor de este pacto fue Fabricio Alvarado, quien había sido un furgón de cola del gobierno, hasta el punto de que en la nueva configuración de la Asamblea Legislativa su partido ni siquiera logró sacar un diputado. Esto explica el triunfo arrollador logrado por el chavismo que llevó como candidata, hasta hace poco una figura anodina en el ámbito político, que fue impuesta a dedo por el propio presidente Chaves. Quienes votaron por el Partido Pueblo Soberano no lo hicieron por Laura Fernández sino por Rodrigo Chaves, el gran triunfador de esta campaña. Por lo cual mucho me temo que nos estemos encaminando hacia un régimen caudillista, que tratará de impulsar aquellas reformas a la Constitución que lo faculten a gobernar a su gusto y talante. Lo que está en juego no es sólo la democracia, sino el régimen republicano forjado por nuestros próceres en el siglo XIX.

Frente a tan amenazante perspectiva, sólo cabe como alternativa patriótica el forjar la unión de todos aquellos que creemos que, en una crisis como la actual, no basta con defender el estado social de derecho que reproduzca tan sólo nuestra actual democracia representativa; hay que ir más allá en vistas a lograr poner las bases políticas para crear una democracia directa, popular y participativa. Para ello se debe comenzar por hacer un trabajo político en las zonas donde el chavismo se ha arraigado. No se trata solamente de que el Estado central asuma un papel protagónico para resolver a corto plazo los graves problemas que, dado el atraso en que con sistemática negligencia los han tenido los gobiernos anteriores, incluido el actual. Como primer paso se debe promover una organización desde las bases populares. En esto los partidos políticos deben jugar un papel protagónico; por lo que deben dejar de ser tan sólo aparatos burocráticos que consumen los descomunales recursos de la deuda política en hacer una contienda electoral que tiene más de “marketing” que de campaña masiva de formación cívica. Es en la sociedad civil donde se juega el futuro de la democracia. Sólo con una organización que desarrolle la conciencia cívica de toda la población y la implique en sus luchas, se logrará la construcción de una democracia viva. Sólo así será posible superar el clientelismo. Los dirigentes políticos de las zonas periféricas, especialmente de las municipalidades, no deben comportarse como mendigos pidiendo limosnas a quienes gobiernan desde la GAM, sino como ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales en igualdad de condiciones. Los derechos no se mendigan, sólo se logran mediante organización y luchas comunales. La democracia comienza desde abajo. La democracia real debe llegar hasta el último rincón de la Patria.