La gente habla o se expresa cotidianamente, sin pensarlo, y quizá sin saberlo, en forma de prosa, es decir sin reglas de expresión sujetas al verso, donde las frases no riman, o son muchas veces sin entenderse, como sucede en el habla del Jaguar de Zapote, que al menos él reconoce, que no habla, que gruñe, que con frecuencia no liga su lengua con su cerebro.
El habla es la forma como se expresan ideas, pensamientos, razonamientos, por medio de los sonidos vocales que emitimos articuladamente.
Cuando hablamos discurrimos, hacemos, sin saberlo también, un discurso, como una construcción lingüística que nos permite comunicar nuestros pensamientos, de forma oral con elementos verbales y no verbales, incluso corporales.
Los discursos que hacemos, cuando hablamos, pueden ser para persuadir, convencer, entretener, intimidar o meter miedo, para amenazar, para construir una realidad, para proponer una realidad o un mundo para vivir mejor.
Los discursos son herramientas de comunicación. Generalmente se pretende que sean potentes o fuertes, y que respondan a estrategias de comunicación, los cuales pueden provocar reacciones a favor o en contra de quien los realiza. Se pueden hacer en forma oral o de manera escrita, dependiendo ante quién y dónde se hagan, de manera que pueden ser narrativos, expositivos, argumentativos, informativos y publicitarios, entre otras formas.
Con el discurso se pretende llegarle a un receptor del mismo, individual o colectivo, a grupos pequeños o grandes auditorios, pretendiendo obtener de quien lo recibe una respuesta positiva.
La clave del discurso está en el inicio para lograr que los receptores se interesen y pongan la atención debida, en el resto de lo que les quiere manifestar.
Debe procurarse que el discurso sea claro, comprensible y apto para quien se dirige. Debe procurarse credibilidad en los temas que se tratan, con sus propios desarrollos e ideas básicas.
Los discursos transmiten y exhiben comportamientos sobre temas generales como específicos. Por ello se dice o se refiere al “discurso de izquierda”, “discurso de la derecha”, “discurso de los comunistas”, “discurso de los anticomunistas”, “discurso de los populistas”, “discurso de los liberacionistas”, “discurso de los socialcristianos”, “discurso de los liberales o neoliberales”, y así se podría seguir. Con estas formas queda claro que se transmite un contenido, se comunican ideas, significados, y comportamientos políticos por el emisor respectivo.
El próximo año entramos activamente al año electoral, hacia las elecciones presidenciales y de diputados, que se realizarán el primer domingo de febrero del 2026, dentro de trece meses. Ya están encima. Así como han pasado casi tres años del gobierno de Rodrigo Chaves.
Más rápido se sentirá que pasa el tiempo hacia las elecciones. Todo lo que gire alrededor de ellas provocará esa sensación de que el tiempo vuela, lo que es cierto especialmente para los partidos y candidatos, que están sujetos al calendario oficial electoral, que ya publicó el Tribunal Supremo de Elecciones, que funciona a partir del primero de enero próximo, sin que pueda ser modificado desde esa fecha, dando toda la seguridad jurídica y electoral al proceso de las elecciones y a los partidos que van a participar.
Es claro y evidente que el Presidente Rodrigo Chaves está en campaña electoral. La legislación electoral y la Constitución Política le prohíbe al Presidente participar, en el escenario público, en asuntos políticos o electorales. Si participa comete el delito de Beligerancia Política, que si se le comprueba puede ocasionarle la suspensión de su condición de Presidente de la República.
De proceder esta situación se debe acusar al Presidente ante la Fiscalía General de la República. Por ser un Presidente de un Poder de Estado, la investigación la realiza el Fiscal General, a quien el presidente constantemente ataca, cuestiona, le hace escándalos y deslegitima. Probablemente, lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque sabe bien, el Presidente, que el Fiscal es el primero que tiene que instruir sobre una acusación de este tipo. Por esta razón necesita debilitar esta figura institucional para provocar la desconfianza publica del Fiscal y de su Oficina, la Fiscalía.
De comprobarse los hechos, el Fiscal tiene que pasar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que allí se proceda en lo que sigue. Por ser un Presidente de un Poder de la República el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que pasar el caso a la Asamblea Legislativa, para que levante la inmunidad legal que goza el presidente, para poderlo procesar.
De allí también, se puede entender por qué el Presidente Chaves ataca constantemente a la Corte Suprema de Justicia, a su Presidente, a la Sala Constitucional, ampliando sus ataques a la Sala Penal, a la Fiscalía como parte del andamiaje institucional de la Corte, para debilitar sus credibilidades institucionales y eventualmente procesales.
Una vez recibido el caso en la Asamblea Legislativa se tiene que integrar una Comisión Parlamentaria, encargada de conocer el caso, en lo que se llama un Ante Juicio.
La Comisión Legislativa, como todas las comisiones estudia el caso, con los trámites internos parlamentarios, y termina dando un resultado, que puede ser negativo o positivo sobre lo que se le acusa al presidente. Si el resultado es negativo, de rechazo de la acusación, el expediente pasa al archivo legislativo. Si el resultado es mayoritariamente positivo, con dictamen favorable, y negativo con dictamen minoritario, se pasa todo el expediente al Plenario Legislativo, para que todos los diputados resuelvan si se levanta la inmunidad o no.
Allí, como en las Comisiones, se dan los debates correspondientes entre los diputados y se vota el levantamiento o no de la inmunidad que tiene para ser procesado judicialmente. Personalmente, veo que no hay ambiente legislativo para levantarle la inmunidad.
En el supuesto, de lo que expongo, que se le levante la inmunidad, entonces se procede a devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que así se juzgue al Presidente.
De encontrarse culpable se procede a calificar la sanción y la máxima es destituirlo de su condición de Presidente e inhabilitarlo políticamente.
En este momento hay dos acusaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que conoce de delitos electorales contra el Presidente por beligerancia política, una de un ciudadano y otra del Presidente del partido Liberación Nacional. De igual manera, lo que disponga el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene que pasarse por la Corte para el trámite del levantamiento de la inmunidad.
Como se puede apreciar no es tan fácil destituir al presidente por la violación constante que hace en sus intervenciones y discursos, de meterse a opinar contra partidos políticos y sobre temas electorales, lo que le está prohibido. Menos fácil es hacerlo en año electoral, por los plazos procesales de estos trámites, que pueden ser lentos. Pero, también porque un juicio así, en el año electoral, le puede ser muy útil al presidente para mantenerse activo en la campaña electoral, como gran protagonista, defendiéndose de las acusaciones que se le hagan y haciendo campaña, eventualmente para él mismo en caso de que quisiera, como se dice que aspira a ser diputado en el 2026, para lo cual tendría que renunciar a la presidencia en el mes de julio. Ya no gozaría de la inmunidad que tiene. Si se le quisiera continuar la acusación para lograr una sentencia que lo inhabilite de participar se podrían llevar en el tiempo el resto del año y el de las mismas elecciones.
La beligerancia que impulsa el presidente le permite estas discusiones y la posibilidad de su activismo político in extremis.
NO le veo posibilidades reales a procesos de este tipo contra el presidente en este momento. Lo que procede a los opositores al presidente es articular una alianza de fuerzas opositoras con una Coalición Electoral de partidos y de fuerzas sociales, cívicas, ciudadanas que lo puedan superar electoralmente en número de diputados, que es su propósito político, de lograr la mayor cantidad posible de diputados, ojalá una cantidad superior a los 29, para poder palanquear todas las reformas constitucionales y legales que le permitan volver a la presidencia en el 2030 con reelecciones consecutivas, al estilo de cómo están procediendo en Centro América y en el continente los distintos presidentes, y sus procesos electorales.
La construcción lingüística de los discursos e intervenciones del presidente está en esta lógica y perspectiva de afirmar su figura como el nombre fuerte y necesario para sacar adelante política, social y económicamente.
Sus discursos son potentes, al foro de sus ciegos seguidores, y al foro de sus intimidados opositores. Para sus discursos de los miércoles lleva un guion bien estructurado, con una buena guía de los temas que quiere tratar, de los fundamentos que los sustentas, de los actores que los justificarán y de los periodistas, ya contratados, para que le hagan las preguntas para las tienen las respuestas adobadas.
De los garabatos de sus guion, o apuntes a mano, se ve que a como habla y explica así tiene la guía. No hace frases grandilocuentes, pero sí enfatiza en los ataques, en el contenido del ataque y en los personajes por él abordados siempre de manera intimidante, baja pisos, mintiendo sobre ellos en algunos aspectos, creando con ello verdades falsas, que cuando se dicen en abundancia y repetitivamente se llegar a creer como verdades. Sus lemas han de ser: “miente, miente que algo queda” y “una mentira cien veces dicha llega a ser verdad”.
En sus discursos e intervenciones crea historia, algunas con cierta autenticidad, y hasta personajes ficticios con los cuales trata de identificarse y hasta defender…la Señora del Purral…
Tiene buen control de su comunicación no verbal, gesticular o corporal, incluso cuando se mete en el vestido del jaguar y en sus gruñidos, y sus manos actuando como garras…
Le gusta lanzar cuestionamientos provocadores. Recientemente ha aminorado los ataques personales, pero no deja de insinuar hacia quienes van dirigidos y cuáles personas se refiere, siempre burlescamente o bajándoles el piso de distintas maneras.
Hasta ahora no recuerdo que use estadísticas convincentes de su gestión. Lo que más le entusiasma son los resultados de encuestas sobre su persona. No es el presidente de citar personajes, no los necesita para sus tonterías discursivas, pero también porque debe ser de una baja cultura general. Este no sería su pecado, porque a veces quien pasa citando personajes es por la debilidad de sus propios argumentos y necesita darles la fortaleza de los personajes que cita, de manera que si actuara así, con solo quitarle las citas se quedaría sin discurso.
Quien lo está asesorando me parece que, para el genio y figura que es, lo está haciendo hasta ahora bien. Sin duda alguna el que más se cree sus discursos es él mismo. Curiosamente, no está publicando sus discursos, al menos los principales, los que le preparan y escriben, que para eso hay funcionarios especializados en los palacios presidenciales. En eso ha de ser vanidoso de publicar bajo su nombre lo que otros escriben.
Esta práctica la debe haber aprendido en los organismos internacionales en que trabajó. Allí se acostumbra que los informes y trabajos que se realizan salen con el nombre principal del director, del jefe o de la principal figura que está sobre quien o quienes redactaron el informe, el trabajo o la investigación. Si no aparece nada con el nombre del presidente como principal redactor o escritor es que no hizo nada relevante. Habría que revisar su currículum de publicaciones. De todas maneras esto no sería un pecado en esas experiencias laborales. Tan solo n os permitiría conocer el discurso, expresado en investigaciones y publicaciones hechas por el Presidente.
Estaremos atentos al discurso presidencial del candidato electoral oficial, sea cual sea, si es para presidente o para la diputación que salga de la Guarida de Zapote.
No tengo duda de que el discurso presidencial ante las próximas elecciones va a ser muy confrontativo, de pelea callejera, sin grandes contenidos, escogiendo como contrincantes a quienes vaya viendo mejor en posibilidades organizativas electorales o que empiecen a despuntar en encuestas. A todos ellos les montará sus policías políticas y represivas para buscarles cualquier lunar que tengan o haya tenido, no importa si de ahora o hace treinta, vente o diez años. Lo importante es buscar escándalos posibles descalificadores que puedan someterse acusaciones e investigaciones judiciales para limpiar el terreno electoral. Esta será, probablemente, la campaña más sucia y asquerosa electoralmente hablando de la historia reciente del país, que resultará de quienes así la orienten, la diseñen y la hagan.
A mediados del siglo XX la sociedad costarricense, luego de atravesar una sangrienta guerra civil (1948), resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional, misma que permitió la erección de un Estado Social de Derecho con la legislación social más avanzada de Centroamérica y, por qué no, del continente americano.
No todos estuvieron de acuerdo con aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones –previa abolición del ejército– de los años cincuenta y sesenta en salud, seguridad social, educación, vivienda, banca para el desarrollo, soberanía alimentaria, electricidad y telecomunicaciones, etc., que posicionaron al país en la vanguardia latinoamericana y consiguieron sustraerlo de la vorágine centroamericana con sus largas y cruentas guerras civiles; más bien nuestro estado colaboró en la pacificación de la región.
La democracia costarricense, entonces, se fortaleció con una institucionalidad maciza expandida por todo el territorio nacional, lo cual permitió un desarrollo sin parangón en nuestra historia, pero, sobre todo, una relativa paz social y un mejoramiento y ascenso de los sectores populares que, por vez primera, tenían acceso a buenos servicios en cuanto a salud, educación en sus tres niveles, vivienda, banca, agricultura, comercio e infraestructura pública, entre otros. De tal manera se conformó una gruesa clase media, se erradicó la pobreza extrema y se redujo la brecha social.
Claro que esa “revolución” democrática tuvo desviaciones, excesos y visos de corrupción por depredadores que se fueron enriqueciendo a la sombra del naciente estado blindados por un sistema electoral bipartidista. Lo anterior se agudizó con el inicio de la contrarreforma neoliberal de los años ochenta, en específico durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y sus tristemente célebres planes de ajuste estructural (PAES) impuestos por el FMI y la banca internacional. Cuando se les agotó el bipartidismo –previo asalto de los partidos socialdemócrata y socialcristiano para tornarlos en maquinarias electoreras de insignia neoliberal con el objetivo de esquilmar el erario público y desmantelar –léase privatizar– el Estado Social de Derecho–, fundaron otro partido y, finalmente, como resultado de sus rencillas internas –lucha entre mafias para hacerse con el mayor trozo del pastel privatizador– acabaron trayendo a un desempleado para que les hiciera –con el descaro y el cinismo del perfecto desconocido que nunca vivió en el país– la tarea sucia de dar la estocada final a sesenta años de democracia social, pervertida, dicho está, por la avaricia de los de siempre enquistados en el aparato estatal y los nuevos ricos dispuestos a todo.
Hoy el país se debate ante la disyuntiva de salvar y fortalecer lo que resta del Estado Social de Derecho o permitir el ingreso de un autoritarismo tipo Bukele, Milei o Trump, representado por los agentes de una nueva forma de entender la política: mentir, confundir e intimidar, mientras se aplica la vieja consigna del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), cuyo objetivo es desmantelar las instituciones estratégicas –salud, educación, banca, telecomunicaciones, recursos ecológicos, infraestructura, etc.– para, finalmente, privatizarlas, mejor dicho, venderlas al mejor postor (¿ellos mismos?). Lo peor es que, con el bombardeo de la “prensa canalla” por más de cuarenta años, el empobrecimiento de la educación, la precarización laboral y el aumento galopante del desempleo y la pobreza debido a la ausencia del estado (en especial en las regiones periféricas –costas y fronteras– donde pululan el narcotráfico y ciertas formas asociadas a la legitimación de capitales) miles de costarricenses empobrecidos, agobiados y cansados de las falsas promesas y de la corrupción estatal, apoyan y aplauden la segunda opción. He allí la bomba de tiempo que nos mantiene en vilo.
Las preguntas obligadas son las siguientes: ¿tendrá nuestro país aún las reservas políticas, morales y espirituales para enfrentar la contrarreforma neoliberal liderada hoy por populistas de derecha sin escrúpulos y sin patria? ¿Podrá constituirse una verdadera alternativa a la propuesta neoliberal de acabar con un Estado Social de Derecho, exitoso –a pesar de la sangría causada por las cúpulas del bipartidismos empresarial– mismo que costó sangre, sudor y lágrimas, además del esfuerzo individual y mancomunado de cientos de compatriotas? Escuchemos las respuestas.
Los abogados (pues no son equipo jurídico oficial) del señor presidente Gustavo Petro U, acudieron ante el sistema interamericano, que representa la Corte Interamericana y radicaron una solicitud buscando que la Corte IDH dictara órdenes urgentes ante la vulneración del «fuero integral» presidencial. La petición pretendía que la Corte IDH adoptara acciones “para salvaguardar los derechos a la protección y garantías judiciales y derechos políticos” del presidente. Todo por el accionar de una investigación administrativa en el Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) por la presunta vulneración al régimen de financiación de la campaña electoral presidencial.
Al analizar el desarrollo y suerte de la petición, al parecer resultó inconsistente en el maremágnum de los hechos expuestos. No se fue claro, expreso e incisivo en donde está el yerro del CNE. Este, sin lugar a discusión, siendo competente para investigar, a fondo, los resultados de la campaña presidencial, que llevó al triunfo al presidente progresista-liberal, en el Proyecto de Resolución de Investigación, comete el error de involucrar en esa investigación administrativa al ciudadano, Gustavo Petro Urrego, con nombre de pila y cedula de identidad colombiana; siendo presidente de la República de Colombia. Al ser el candidato-presidente ganador, El CNE estaba en el requisito de adelantar Acusación ante su Juez natural, que lo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante y hasta la fecha no lo ha hecho. ¿Por qué no lo hace?, por estar en contravía al Estado de Derecho y elucubrar malabarismos jurídicos que contienen el uso del Lawfare. Por ende, fue mal concebida la acción de petición ante el sistema interamericano.
No se sustentó, en la citada petición, que para el CNE los actores electorales, siendo uno de ellos “el candidato, quien, por Ley, es solidariamente responsable por la oportuna presentación de los informes de ingresos y gastos y por el debido cumplimiento de la normativa electoral”. Aquí está el nudo georgiano o quid del asunto; generando una situación, en tan álgido aspecto, que conllevó a una situación, de no solución y distrayendo la atención de los magistrados, quienes de manera genial resuelve en forma inhibitoria, por así mencionarlo, y que impide la participación como juez en esa causa.
Trabada la litis el Consejo de Estado de Colombia y CNE pidieron rechazar la petición de los abogados del señor presidente G. Petro U, aduciendo que se ajustaron al respeto al fuero. Sustentaron que “no hay vulneración alguna del artículo 23 de la Convención Americana», dado que las sanciones que ellos imponen “no restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular o de sus electores”. Lo cual es procedente, a todas luces, puesto que se está es en una etapa de investigación administrativa del acto electoral. El yerro radica en que la adelantaron contra la persona del señor presidente, es decir, sin el accionar paralelo ante su juez natural. De esto resulta la materialización del delito de prevaricato, obviamente; pero no es, esto, de la competencia y jurisdicción del sistema interamericano. Le corresponde es la Fiscalía General de Colombia actuar desde ya. Por ello se explica que la CIDH no acate el argumento de los actores de «La sanción de pérdida del cargo estará sometida a las conclusiones de la investigación adelantada por el CNE, limitando así implícitamente la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.
Pero en el actual momento no se trata de sanciones sino de investigación…Analizando los argumentos de todas las partes, el pleno de la Corte IDH decidió, el pasado 28 de noviembre, declarar improcedente la petición que elevó el señor presidente a través de sus apoderados. O sea, una mala jugada en el aspecto de los tiempos procesales. Sustentó la CIDH «De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente». Esto indicó la Corte. Y como los abogados citaron en mala argumentación el fallo del caso “monseñor” Ordoñez. El malvado y cavernario ex procurador general de Colombia; «La Corte considera que la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de alguna de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa ordenadas en el Fallo, con lo cual resulta improcedente», Que tal como lo expresó la Corporación, sea una enseñanza para lo que sobreviniere. Esto no requiere mayor explicación: La alta Corte resaltó que “debe darse la oportunidad al Estado de resolver la controversia de acuerdo con su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional”.
Con tensión y desasosiego por el conocimiento que como “Puro Abogado” tengo sobre estos temas escuchaba los análisis informativos oficiales al respecto y las subsecuentes excusas de manejo del medio oficial de información sobre lo sucedido al respecto. Y más grima causó la explicación de una vocera de la Coordinadora de Litigio Internacional de Cajar, expresando excusas a la opinión pública “por la mala interpretación de la sentencia de la CIDH”; siendo que desde que estaba en las bancas de la Facultad Nacional de Derecho de la UN, los egregios profesores enseñaban que las sentencias no se interpretan. Se aplican.
La Defensoría de los Habitantes gestionó en mayo del presente año ante la Oficina de Control de Propaganda, en el sentido de que, si bien dicha instancia fue creada inicialmente para atender los artículos 1° y 2° de la ley N° 5811, tratándose de propaganda comercial en defensa de la dignidad de la familia y de la imagen de la mujer en la sociedad costarricense, era necesario aplicar además, otros criterios para evitar la divulgación de publicidad discriminatoria, tratándose de la autorización o restricción de anuncios comerciales, lo anterior de conformidad con el marco de legalidad/de convencionalidad vigente en el país.
El día 21 de noviembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes recibió comunicación de la Oficina de Control de Propaganda que, en sesión 029-2024 del 19 de setiembre del 2024 en cumplimiento al artículo 4 del Reglamento de la Ley Número 5811 se efectuó una revisión y aprobación de los nuevos criterios de evaluación de publicidad comercial para cumplir con la Ley de Control de Propaganda, entre ellos:
Criterios relacionados con la discriminación
Criterios relacionados con la violencia.
Criterios relacionados con la sexualización y/o cosificación.
Criterios relacionados con estereotipos sociales y de género, asociados con la violencia simbólica.
Criterios relacionados con personas menores de edad.
Criterios relacionados con actividades para el consumo de personas mayores de edad.
Los criterios ahora incorporados, refieren a un trato desventajoso, restrictivo, burlesco, humillante, incapacitante y/o discriminación de una persona o población, basado en aspectos relacionados con la sexualidad, edad, aspectos étnicos, condición migrante, condición socioeconómica o formación educativa, condición de salud o discapacidad; violencia física, psicológica o emocional, económica o patrimonial, sexual; entre otros.
El actuar de la Oficina de Control de Propaganda del Ministerio de Gobernación y Policía debe erradicar los estereotipos sociales, todo ello en el enfoque marco de la protección de los derechos humanos de todas las personas habitantes de este país en el ámbito de la publicidad comercial.
Siendo que desde la Defensoría de los Habitantes se reconoce el esfuerzo efectuado y se insta a la institucionalidad pública para su divulgación y respeto, y se hace un llamado al sector privado para su efectivo cumplimiento. Es necesaria la promoción de este tipo de acciones para una efectiva promoción y defensa de los Derechos Humanos.
Los criterios ahora incorporados, refieren a un trato desventajoso, restrictivo, burlesco, humillante, incapacitante y/o discriminación de una persona o población, basado en aspectos relacionados con la sexualidad, edad, aspectos étnicos, condición migrante, condición socioeconómica o formación educativa, condición de salud o discapacidad; violencia física, psicológica o emocional, económica o patrimonial, sexual; entre otros.
La Red de Solidaridad con Palestina le invita a participar de la actividad organizada frente al Pasito del Teatro Nacional, porque la Navidad es Palestina.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Este 19 de diciembre del 2024, con una amplia mayoría de 137 votos a favor y tan solo 12 en contra, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicita una segunda opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación, esta vez, a las obligaciones de Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas y su actuar en el territorio palestino ocupado.
Un Estado Miembro de Naciones Unidas que ¿bombardea deliberadamente instalaciones y funcionarios de Naciones Unidas y destruye infraestructura cuya construcción se logró gracias a la laboriosa coordinación de varias agencias de Naciones Unidas? Y que además, ¿dificulta significativamente la llegada de víveres urgentes por parte de Naciones Unidas para asistir a una población asediada desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 y desprovista de agua y alimentos para subsistir y de medicamentos? Y que finalmente ¿adopta una legislación para declarar ilegales las operaciones de la agencia de Naciones Unidas especializada en la atención a los refugiados palestinos desde 1947 (UNRWA)?
Solicitar a la misma justicia internacional de La Haya dar su parecer al respecto es el objetivo de esta solicitud votada este 19 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas a partir de un planteamiento pocamente analizado, salvo un artículo (Nota 1), dada la incapacidad del Consejo de Seguridad para adoptar las sanciones correspondientes (debido al veto automático del – o de la- representante de Estados Unidos).
Una iniciativa de Noruega
Resulta de sumo interés observar que de 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, haya sido Noruega la que haya gestado esta iniciativa de manera aislada en un primer momento, gestionándola con un éxito notable por parte de su aparato diplomático.
Cabe precisar que esta iniciativa fue oficialmente anunciada el 29 de octubre del 2024 en Oslo (véase comunicado oficial), y que su tramitación en Naciones Unidas pareciera evidenciar un gran apoyo a esta gestión. La fecha del 29 de octubre coïncide con la adopción de una ley en Israel para declarar ilegales las actividades de la UNRWA, lo cual desató una ola de repudio (véanse el comunicado oficialdel mismo Secretario General de Naciones Unidas, así como, entre muchos, el de Chile, de Francia, de Turquía, de Sudáfrica, o bien el de Amnistía Internacional, antecedidos unos días antes por el de Human Rights Watchy el de cuatro Estados nórdicos en un comunicado conjunto asi como por siete otros Estados entre los cuales Canadá, Francia, Japón y Reino Unido (véase comunicado conjunto).
«Adicionalmente, la legislación aprobada por la Knesset establece un precedente sumamente preocupante para el trabajo de las Naciones Unidas y todas las organizaciones del sistema multilateral y podría implicar un incumplimiento por parte de Israel de al menos una de las medidas provisionales impuestas por la Corte Internacional deJusticia (CIJ)«.
Es de recordar que las reiteradas acusaciones de Israel en contra funcionarios de la UNRWA (y contra la UNRWA en general) han dado lugar a un esfuerzo de la misma UNRWA para demostrar la total falta de pruebas para fundamentarlas que una y otra vez se observa por parte de Israel: este enlace de la UNRWA se titula precisamente «Claims vs. Facts«, y su lectura se recomienda, en particular para quienes, en Costa Rica (como en numerosas otras latitudes), se sienten casi siempre obligados a repetir lo que se lee en los comunicados oficiales de la Embajada de Israel en Costa Rica.
Las declaraciones dadas por el representante de Noruega en Naciones Unidas luego del voto (véase video disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas) revisten especial interés. Al presentar la iniciativa para someterla a la votación, el delegado de Noruega externó (véase texto completo de su intervención) que:
«Norway, a founding member of the United Nations, believes that we cannot remain passive witnesses to what may come to be seen as a frontal attack on the Organization of the United Nations and on the multilateral system itself, with immense humanitarian consequences.
Let us act, therefore, with dispatch and determination to uphold the principles of the Charter of the United Nations and to prevent further suffering in the region«.
La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ante la situación catastrófica que se vive en Gaza y las imágenes del drama indecible al que Israel somete a la población civil palestina desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 en abierta violación a las obligaciones que se imponen a todo Estado Miembro de Naciones Unidas …¿dónde es que estaban todos los demás miembros fundadores de Naciones Unidas?
Un ejercicio precedido por otro anterior dado a conocer en julio del 2024
Hay que recordar que el 19 de julio del 2024, la CIJ ya había dictaminado una opinión consultiva sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel, que tuvimos la ocasión de analizar en cuanto a sus alcances, así como en cuanto a las diversas reacciones oficiales de algunos Estados al conocer su contenido, mutismo de Estados Unidos y de Canadá incluidos (Nota 2).
Para nuestros estimables lectores costarricenses, cabe recordar que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas acogió esta opinión consultiva en una votación realizada el 18 de septiembre del 2024 y optó por declarar ilegal dicha colonización (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), Costa Rica optó por abstenerse sin dar explicaciones de su voto a las demás delegaciones presentes en Nueva York (como sí lo hizo por ejemplo Guatemala en Centroamérica o bien en Europa, la delegación de Alemania).
La justificación del voto en cambio apareció posteriormente en un comunicado oficial colgado por el aparato diplomático costarricense, invocando razones de índole comercial ¿Como así? Como se lee: véase al respecto una nota nuestra publicada en el acápite «Algunas breves acotaciones con respecto a la ‘justificación’ aportada oficialmente por la diplomacia costarricense» (Nota 3). De manera a no causar mayor sonrojo al provocado, evitaremos reproducir estas acotaciones.
Siempre para nuestros lectores costarricenses, debe también recordarse que la opinión consultiva que fue dada a conocer el 19 de julio del 2024 por la CIJ resultó de una votación acaecida en los últimos días del 2022 en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se registró a Costa Rica votando en contra, conjuntamente con Guatemala en América Latina (Nota 4). En aquella oportunidad, tampoco la delegación costarricense consideró oportuno explicar su voto ante las demás delegaciones presentes en Nueva York. Con lo cual el sonrojo de septiembre del 2024 puede ser relacionado al rubor de diciembre del 2022.
La técnica del mutismo de la delegación costarricense no es monopolio de sus diplomáticos en Nueva York: también se observó en abril del 2024 por parte de la delegación de Costa Rica en Ginebra, al abstenerse en una votación del Consejo de Derechos Humanos solicitando urgentemente un embargo sobre las armas a destinación de Israel (véase nota del 5 de abril del 2024 del medio digital Delfino.cr).
Como bien es sabido, sea en Ginebra o en Nueva York, todo delegado a la hora de votar a favor de un texto, o bien en contra (o bien abstenerse), tiene siempre la posibilidad de explicar a las demás delegaciones lo que motivó la posición del Estado que representa (lo que se denomina en la jerga diplomática «explicación de voto«).
No está de más indicar que al poco tiempo de cumplirse un año desde el 7 de octubre del 2023, Costa Rica anunció la reanudación de sus negociaciones con Israel de cara a la adopción de un tratado de libre comercio (véase nota de Amelia Rueda del 18 de octubre del 2024). En marzo del 2024, un reportaje de la televisión costarricense (véase nota) hizo ver que reservistas israelíes pasan de la paradisiaca playa de Santa Teresa en Cóbano a combatir en Gaza en cuestión de pocas horas, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas. Y de paso arrojar algunas pistas sobre lo que pudo motivar la sorprendente mención hecha de Costa Rica y de Irán por parte del Primer Ministro de Israel en uno de sus viajes a Estados Unidos en el 2017 (véase nota de La Nación): «hablamos de Costa Rica o de Irán» (sic.). A la fecha, no se conoce de algún tipo de explicación sobre tan extraña asociación, hecha en la mente del Primer ministro de Israel.
El voto en breve acaecido este 19 de diciembre
Más allá de las extrañezas que a veces se descubren leyendo la prensa sin que se sepa muy bien de donde provienen, lo cierto es que Israel y su incondicional aliado norteamericano no escatimaron en sus esfuerzos en aras de obtener un número significativo de votos en contra este 19 de diciembre del 2024 en Nueva York: sus efectos fueron bastante relativos, y la iniciativa de Noruega prosperó exitosamente, y ello sin mayor dificultad.
El registro del voto indica que este 19 de diciembre del 2024, el texto propuesto contó con una amplia mayoría de 137 votos a favor, 12 en contra, y 22 abstenciones. Con lo cual, las diversas presiones ejercidas por Israel y por Estados Unidos se limitaron a recoger 10 votos en contra únicamente, entre los cuales los de Argentina, Hungría, Paraguay, República Checa y algunos integrantes adicionales de la denominada «coalición» con la que siempre puede contar Israel en este tipo de contiendas diplomáticas. El término «coalición» resulta impropio y está deliberadamente colocado entre comillas, dadas las características muy propias de este pequeño grupo de Estados (en su mayoría Estados isleños del Pacífico) al que recurren con frecuencia Israel y Estados Unidos para disimular su aislamiento en Naciones Unidas (Nota 5).
El detalle del voto también puede revisarse en este video de YouTube, en el que se observa un tiempo de dudas en algunas delegaciones antes de decidir su voto en los últimos segundos. Entre los 22 Estados que optaron por la abstención figuran únicamente por América Latina, Panamá y Uruguay, acompañados en el hemisferio americano por Canadá.
Costa Rica votó esta vez a favor, conjuntamente con 136 otros Estados, entre los cuales cabe destacar el voto afirmativo de China, Francia, Reino Unido y Rusia.
La pregunta formulada a la CIJ
En la propuesta de Noruega que circulaba desde varias semanas en Naciones Unidas (véase texto del proyecto A/79/L.28/Rev.1), se lee el punto 10 de la siguiente manera, con una inusitada expresión de «con carácter prioritario y con la máxima urgencia» que esperamos logre inspirar a los jueces de la CIJ en aras de tramitar de manera más expédita esta solicitud urgente:
«10.Decide, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Artículo 65 del Estatuto de la Corte, con carácter prioritario y con la máxima urgencia, que emita una opinión consultiva sobre la cuestión que se indica a continuación, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las prerrogativas e inmunidades aplicables en virtud del derecho internacional a las organizaciones internacionales y a los Estados, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, la opinión consultiva de la Corte de 9 de julio de 2004 y la opinión consultiva de la Corte de 19 de julio de 2024, en que la Corte reafirmó el deber de la Potencia ocupante de administrar el territorio ocupado en beneficio de la población local y afirmó que Israel no tiene derecho a la soberanía sobre ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado ni puede ejercer poderes soberanos en él debido a su ocupación:
¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como Potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas de los suministros que se necesitan con urgencia y son esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de servicios básicos y asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación?»
Tal y como se puede observar, la pregunta está formulada en términos sumamente ámplios de manera que pudiera ello reunir la mayor cantidad de votos a su favor. A la vez, permitirá a los jueces de la CIJ una gran libertad a la hora de redactar su respuesta.
El aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos se da en un contexto particularmente desfavorable para la imagen de Israel, para la diplomacia israelí y para los diversos círculos afines que gravitan en defensa de Israel.
Este informe de Human Rights Watch dado a conocer este mismo 19 de diciembre del 2024, detalla el uso del faltante de agua como arma de guerra en Gaza por parte de Israel, confirmando para los investigadores de esta reconocida ONG su intención genocida en Gaza.
Al respecto, el pasado 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de otra reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la muy escasa difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Adicionalmente a ello, las diversas acciones militares injustificadas tanto en el Líbano por parte de Israel desde mediados de septiembre, como en Siria desde hace dos semanas, parecieran responder a un intento bastante sutil para desviar la atención mediática internacional de lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania. El hecho que el ataque con la explosión de beepers en el Líbano fuera perpetrado por Israel el 17 de septiembre, días antes de iniciar el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas (24 de septiembre) es un buen indicador al respecto.
El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Cisjordania (al 19 de diciembre) está disponible en este enlace. A su vez, con relación al drama indecible que se vive en Gaza, el último informe sobre la situación al 17 de diciembre realizado por Naciones Unidas (véase informe) detalla cómo el ritmo de muertos y de heridos y de destrucción por parte de Israel se ha mantenido ininterrumpido, con un ensañamiento en contra de la población civil palestina de Gaza raramente observado (y pasado por alto por buena parte de los medios de prensa internacional). Al dramático saldo de víctimas palestinas que supera ya las 45.000 personas, se puede leer además que:
«Israeli bombardment from the air, land and sea continues to be reported across the Gaza Strip, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction of civilian infrastructure. In the North Gaza governorate, the Israeli military has been carrying out a ground offensive since 6 October 2024, with fighting reported between Israeli forces and Palestinian armed groups. Israeli forces have continued to impose a tightened siege on Beit Lahiya, Beit Hanoun and parts of Jabalya and humanitarian assistance has been largely denied for more than 10 weeks (see data below). Rocket firing by Palestinian armed groups towards Israel was reported.
Between the afternoons of 10 and 17 December, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 273 Palestinians were killed and 853 were injured. Between 7 October 2023 and 17 December 2024, at least 45,059 Palestinians were killed and 107,041 were injured, according to MoH in Gaza.
Between the afternoons of 10 and 17 December, two Israeli soldiers were killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October 2023 and 17 December 2024, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, more than 1,586 Israelis and foreign nationals were killed, the majority on 7 October 2023 and its immediate aftermath. The figure includes 386 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,488 Israeli soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation. As of 17 December, it is estimated that 100 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including hostages who have been declared dead and whose bodies are withheld in Gaza.
Attacks on schools sheltering internally displaced people (IDPs) in Gaza continue to be reported, with nine such incidents documented so far in December 2024 by the UN Human Rights Office (OHCHR). According to the Education Cluster, between 6 October and 15 December 2024, 95 incidents involving attacks on school buildings, mostly serving as IDP shelters, were documented, including 61 incidents in North Gaza governorate. On 14 and 15 December alone, four schools were hit, as follows:
– On 14 December, two schools-turned shelters were reportedly hit in Gaza city, resulting in the killing of seven Palestinians, including three children, and the injury of tens of others, according to Palestinian Civil Defense (PCD).
– On 15 December, Israeli troops reportedly surrounded and raided Khalil Owaidah School sheltering IDPs in ‘Izbat Beit Hanun, in North Gaza, where it was reported that male IDPs were detained while women and children were forced to move southwards. Tens of people were reported killed, but the exact circumstances remain unclear. Citing IDP testimonies, PCD reported that fatalities included 10-15 people who were incinerated, and the school was destroyed.
– On 15 December, the third floor of an UNRWA school sheltering IDPs in Al Mawasi, in Khan Younis, was hit. Within minutes, the emergency department of the nearby Nasser Medical Complex was flooded with casualties, most of them women and children. Many were severely injured and died on site or en route to the hospital, reported international doctors from Medical Aid for Palestinians (MAP) operating in the facility as part of a joint Emergency Medical Team (EMT) with the International Rescue Committee. An internal medicine and emergency care consultant counted at least 18 people dying in the emergency department, including 12 children under the age of 12. The first patient arrived in the facility was “a three-year-old girl who had the left side of her forehead torn open by shrapnel fragments which had penetrated her skull,” and who, due to shortages of painkillers and anaesthetics, had to be treated “with very little access to medications,” added the consultant. A plastic surgeon also noted that his first patient was a 12 to 14-year-old boy whose face was entirely burnt, and who had open wounds on his chest and on both of his legs.
Other deadly incidents reported between 10 and 15 December include:
– On 10 December, at about 23:00, 22 Palestinians were reportedly killed and others injured when a three-story building was hit near Kamal Adwan Hospital in Beit Lahiya in North Gaza.
– On 12 December, at about 00:30, seven Palestinians including children and women were reportedly killed and others injured when two apartments in a residential tower were hit in northwestern Gaza city.
– On 12 December, on two occasions at about 00:01 and 00:55, 22 Palestinians were reportedly killed and others injured when people were hit in Khan Younis and Rafah. According to the Government Media Office (GMO), fatalities included 15 people tasked with securing the movement of aid trucks, raising the number of people killed while securing aid trucks to 720 so far.
– On 12 December, at about 02:00, 15 Palestinians including at least one woman and seven children were reportedly killed, and several others injured, when a house sheltering IDPs was hit in western An Nuseirat refugee camp in northern Deir al Balah.
– On 12 December, at about 20:30, at least 34 Palestinians were reportedly killed and 40 others injured, when two residential buildings were hit in central An Nuseirat refugee camp, in Deir al Balah, according to PCD. According to the UN Children’s Fund (UNICEF), at least eight children were among the fatalities (see below). Extensive damage of the residential block was also reported.
– On 14 December, at about 13:45, 12 Palestinians, including at least two girls, one woman and the mayor, were reportedly killed and others injured when Deir al Balah Municipality in central Deir al Balah was hit.
– On 15 December, at about 21:05, at least ten Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in Ash Shuja’iyeh neighbourhood in eastern Gaza city.
– On 15 December, six people were reportedly killed and others injured when a PCD centre was hit in An Nuseirat refugee camp, in northern Deir al Balah. Fatalities reportedly included a cameraperson and four PCD staff and volunteers. The cameraman is among four journalists reported killed in Gaza between 11 and 15 December, according to the Committee to Protect Journalists (CPJ). As of 17 December, the Palestinian Journalists Syndicate reported that 188 journalists and media workers have been killed in Gaza».
Con relación a los 188 periodistas que han sido asesinados deliberadamente por Israel desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza (a un ritmo de más de 11 profesionales de la comunicación asesinados por mes), se esperaría que el Colegio de Periodistas de Costa Rica externe algún tipo de expresión de pesar o de condena al actuar de Israel: tuvimos hace poco (el 8 de diciembre pasado) la ocasión de externar este pedido públicamente, desde un medio radial costarricense, durante la emisión del Programa Interferencia de Radio UCR titulada «Gaza / Israel y el cerco de la justicia internacional que se cierra» (véase enlace).
Los dos nuevos aliados indefectibles de Israel en América Latina
Más allá de la omisión de círculos usualmente muy atentos a las amenazas e intimidaciones o asesinatos que pueden sufrir profesionales de la comunicación en su labor informativa, esta votación acaecida el 19 de diciembre en Nueva York confirma el pronunciado aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional: en América Latina, dos Estados en este 2024 logran no obstante maquillar levemente esta situación, a saber Argentina y Paraguay.
Con relación a América Latina, Argentina así como Paraguay están en este año 2024 sustituyendo a las pequeñas islas del Pacífico tradicionalmente muy atentas a las solicitudes de Israel (Islas Fidji, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea), conformando desde varios años en Naciones Unidas la única «coalición» para acompañar a Israel y a Estados Unidos en este tipo de ejercicios dentro de Naciones Unidas.
Con relación a Argentina, no está de más recordar un hecho bastante inusual observado en Naciones Unidas, cuando las actuales autoridades argentinas optaron el pasado 30 de octubre por destituir a su máxima autoridad diplomática, luego de que ésta instruyera a su delegación en Naciones Unidas a votar en favor de un proyecto de resolución (véase texto) solicitando levantar el embargo contra Cuba (véase nota de ElPais/España): en esta ocasión, únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, al tiempo que 182 votaron a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). Esta misma soledad extrema de Estados Unidos e Israelse observó en noviembre del 2023, con en aquella oportunidad 187 votos a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Es de notar que en el caso de otro Estado que se mostró sumamente cercano a Israel en años recientes (Brasil), sus servicios de inteligencia descubrieron la existencia de una nube electrónica que está albergada en un servidor en Israel con datos privados de más de 30.000 brasileños (véase esta nota de prensa de ElDiario /Argentina, del mes de enero del 2024): se trata muy probablemente de uno de los efectos de la denominada «asociación estratégica» con Israel anunciada en el 2018 por el entonces mandatario brasileño al iniciar su mandato (véase nota de France24).
A modo de conclusión
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos viene a confirmar el profundo aislamiento de ambos en el seno de la comunidad internacional, observado 48 horas antes en una votación abrumadora en la que frente a 172 votos a favor, Israel y Estados Unidos solamente lograron reunir a cinco votos, uno de ellos siendo el de Argentina (Nota 6).
Esta solicitud de opinión consultiva a la CIJ planteada por Noruega constituye una nueva tentativa en aras de aplicar a Israel las normas que rigen a los Estados en el ordenamiento jurídico internacional, que Israel viola de manera reiterada en el territorio palestino ocupado, manteniendo la calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas.
El uso reiterado del veto por parte de la delegación norteamericana para proteger a Israel en el seno del Consejo de Seguridad ha impedido que este órgano pueda tomar sanciones contra Israel.
Con relación a la justicia internacional y en particular a otra jurisdicción que también tiene su sede en La Haya, es de señalar que este 18 de diciembre, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) acordó un pequeño plazo para la presentación de escritos por parte del Fiscal de la CPI ante una tardía solicitud hecha por Israel (véase decisión de la CPI). Esta gestión de Israel intenta, de manera un tanto desesperada, restarle válidez a las órdenes de arresto contra dos de su máximas figuras, confirmadas el 21 de noviembre por la Sala de lo Preliminar de la CPI luego de 6 largos meses de examen cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento (Nota 7).
– – Notas – –
Nota 1: Véase BJORGE E., «The General Assembly Must Protect UNRWA by Requesting a Binding Advisory Opinion«, EJIL Talk, edición del 29 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza/Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ«, edición del 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Cabe recordar que la precitada opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio del 2024 resulta de un proceso iniciado a finales del 2022, durante el cual Costa Rica votó en contra con Guatemala, sin darse mayores explicaciones sobre tan insólita posición de la delegación de Costa Rica en Naciones Unidas: véase al respecto BOEGLIN N., «América Latina ante la solicitud de opinión consultiva a la justicia internacional sobre la situación en Palestina«, Portal de la UCR, edición del 13 de febrero del 2023, y en particular el acápite «El voto de los Estados de América Latina en este 2022: Guatemala y Costa Rica únicos en votar en contra«. Texto disponible aquí.
Nota 5: Como ya viene siendo costumbre en este tipo de contiendas en Naciones Unidas, un observador reconocerá, entre los votos en contra, el pequeño «núcleo duro» de Estados que se oponen sistemáticamente a cualquier texto a favor de Palestina, y que incluía usualmente antes del 7 de octubre del 2023, a Australia, Canadá, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y claso está, al incondicional aliado Estados Unidos. En general, este pequeño núcleo consigue atraer algunos votos ocasionales y circunstanciales (sea de Europa, de África y de América Central). Como ejemplo, entre otros muchos, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado observador no miembro«, adoptando la resolución A/Res/67/19 (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones), a esta extraña asociación de Estados se unieron Panamá y la República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). De idéntica forma (9 votos en contra), en una votación en el seno de la Asamblea General sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar en diciembre de 2017, reuniendo 128 votos a favor y 35 abstenciones (véasenota de prensa oficial de Naciones Unidas), cabe precisar que se trató de un texto muy similar objeto de una votación previa en el seno del Consejo de Seguridad, en la que Estados Unidos votó en contra de manera solitaria (veto) frente a 14 votos a favor (véase nota nuestra al respecto). Esta curiosa «coalición«, según el término utilizado por el Washington Post en 2012 (véase artículo), también se expresó en el 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos a favor y 15 abstenciones (véase detalle de la votación). Lejos de ser una alianza circunstancial, los lazos que unen a sus miembros parecieran ser los de un frente real, duradero y bastante sólido. En el año 2022, estos vínculos reaparecieron durante la votación de la resolución titulada «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina» A/77/L.26, adoptada el 30 de noviembre de 2022 por 153 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones (véase detalle de la votación durante la cual Hungría y Liberia se unieron a la mencionada «coalición«, habiéndose abstenido finalmente Australia). Este pequeño grupo puede, a veces, verse aún más reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es sin duda esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel en territorio palestino, adoptada con 144 votos a favor y tan solo 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Asamblea General de Naciones Unidas adopta por abrumadora mayoría resolución sobre libre determinación del pueblo palestino«, texto disponible aquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas«, 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí.
“El sistema político no ha sido capaz de reformar o redefinir el estilo de desarrollo nacional, para conciliar los intereses del progreso social y económico con los de la sostenibilidad fiscal y ambiental” (Informe Estado de la Nación, 2024).
Álvaro Vega Sánchez Sociólogo
En la era de las nuevas tecnologías digitalizadas, la robótica y la inteligencia artificial un país que solo apuesta al turismo, con toda y su riqueza en biodiversidad, y a la maquila, aunque sea de alto nivel para suplir recurso humano calificado al parque industrial de zonas francas, está destinado al subdesarrollo.
Lamentablemente desde hace rato -y hoy con más insistencia- una clase gobernante corta de miras viene celebrando cada cuatro años logros macroeconómicos de crecimiento, en gran medida fluyendo hacia afuera y hacia arriba, con un goteo insuficiente que solo alcanza a beneficiar a un pequeño sector de trabajadores de maquila de punta. Y la mayoría de los trabajadores, en un mercado laboral que se contrae, con ingresos que no alcanzan a superar los del año 2014 (Informe Estado de La Nación, 2024).
Una suerte de conformismo y sumisión a los dictados de poderes fácticos, incluidos algunos organismos internacionales, nos tienen postrados en el subdesarrollo. Los gobiernos neoliberales predominantes hasta hoy se han conformado con administrar una deuda que se perpetúa y logros pírricos en reducción de índice de pobreza. Además, dedican buena parte de su gestión a desviar la atención de sus complicidades con sectores económicos poderosos, a quienes han venido tolerando el no pago de impuestos e incluso ´premiándoles con amnistías tributarias, mientras buscan chivos expiatorios y los exhiben en plaza pública (“pensionados de lujo”, empleados púbicos, entre otros). Asimismo, impulsan obras de infraestructura cuyo fin principal es, vía efecto de demostración, obtener dividendos político-electorales (la accidentada y siempre inconclusa ruta 27 y ahora el tramo de Limonal-Caldera que cambió el cemento por asfalto, una obra que empieza bien y termina mal).
Por ningún lado aparecen las políticas visionarias de largo plazo que nos hagan soñar e ilusionarnos con la posibilidad de salir del subdesarrollo. Brillan por su ausencia verdaderas políticas y acciones para constituir un vasto y pujante conglomerado empresarial e industrial nacional. Con deficientes, por no decir inexistentes, políticas en educación, cultura, ciencia y tecnología, así como con cada vez menos recursos destinados a estas áreas no podemos aspirar a ser parte de los países con mejores indicadores de desarrollo humano sostenible, aún y cuando hemos demostrado tener el potencial para lograrlo.
El vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), don Jorge Calderón, en una reciente entrevista destacaba la necesidad de transitar cuanto antes hacia una economía digital, para lo cual contamos con el potencial humano necesario, con talento e ideas innovadoras. Pero hay carencias sustantivas en apoyo financiero, incentivos para los innovadores, más vínculos ente la academia y el sector productivo, bilingüismo, interconectividad de alcance nacional, etc. Por consiguiente, insiste en la necesidad de un pacto o concertación intersectorial y gremial que, trascendiendo intereses político-electorales, permita crear las condiciones para marcar un nuevo hito en el desarrollo de la capacidad productiva y competitiva del país (Programa La Lupa CR. Jueves 19 de diciembre 2024).
¿Qué ganamos con celebrar hoy con bombos y platillos que somos líderes en crecimiento económico entre los países miembros de la OCDE, sí nos disputamos los primeros lugares en desigualdad? ¿Qué ganamos con salarios mínimos relativamente altos si somos uno de los países más caros para vivir? Si no alcanzamos a superar estas contradicciones fundamentales (crecimiento con desigualdad y salarios medios con alto costo de la vida) no hay verdaderos motivos para celebrar.
Insistimos, nos es solo por la vía de la atracción de inversiones extranjeras que engrandezcan el parque empresarial de zonas francas, ni solo elevando la oferta turística, bajo modelos de “enclaves económicos”, que vamos a dar el salto que necesitamos. Es fundamental apostar ahora al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas al servicio de la equidad, la sostenibilidad y el bienestar humano, como bien lo ha destacado el Dr. José María Gutiérrez: “La consolidación de una comunidad científico-tecnológica robusta le permite a un país generar conocimiento original sobre su propia realidad natural y social, y es clave para que podamos transitar por senderos de prosperidad y equidad. Lamentablemente los modelos hegemónicos de las últimas décadas no le han prestado la debida atención a nuestro desarrollo muy pobre, por debajo del promedio latinoamericano. En fin, lo inadecuado de estas políticas nacionales va de la mano de la aridez de las propuestas de desarrollo que han prevalecido en el país en las últimas décadas” (Gutiérrez, José María, 2019).
En vísperas de un nuevo año electoral, más allá de concurrir a una contienda al estilo populista tan de moda, del discurso grandilocuente y de las promesas de siempre, quienes aspiren a ejercer liderazgo político podrían ensayar construir juntos, más allá de sus feudos partidarios, alternativas viables para conducir al país hacia un nuevo estilo de desarrollo que, como señala el Informe del Estado de la Nación “reconcilie progreso social y económico con sostenibilidad fiscal y ambiental”. Es una deuda del sistema político que urge saldar, si pretendemos retomar el camino del desarrollo con dignidad, justicia y equidad.
La principal crisis del país es fundamentalmente de imaginación política y de falta de voluntad de diálogo. Es posible hacer una tregua, para bajar el perfil de la confrontación y disponerse de manera reposada y sensata a conjuntar ideas y voluntades. Recuperar el espíritu de distención que facilite una nueva convergencia ética y humanista, al estilo del liderazgo de los años 40 y 50 del siglo pasado, para proyectar la Costa Rica de los próximos 50 años. Nuestros hijos, hijas, nietos y nietas se lo merecen.
“Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (Harari, Juval, 2018).
En varias de nuestras columnas a lo largo de los años hemos reseñado la reflexión impulsada por la intelectual estadounidense Wendy Brown sobre los estados amurallados.
Publicado inicialmente en 2010, su trabajo “Estados amurallados, soberanías en declive” constituye una de las mayores contribuciones analíticas sobre la construcción de muros fronterizos a nivel global y su significado semiótico y simbólico.
Es un trabajo que dicho sea de paso no ha perdido vigencia y resulta útil para interpretar acontecimientos actuales que tienen como tema central la fortificación de las fronteras, en particular en países con una larga tradición como receptores de población migrante.
Recordemos acaso dos o tres ideas centrales desarrolladas por Brown en su análisis.
La primera: los muros fronterizos representan una expresión del debilitamiento de la soberanía estatal, el declive de su funcionamiento. Ante esta condición, el muro expresa una forma de poder material y simbólico.
La segunda, la constatación de que los muros y las vallas fronterizas son expresión de una tensión entre los Estados-nación y agentes transnacionales que son concebidos como amenazas. Entre estos agentes sobresalen las subjetividades en contextos de movilidad, contra quienes pesa el largo y profundo poder de los estados.
Una tercera idea en la propuesta de Brown plantea que con la construcción de muros los estados ganan popularidad al demostrar un poder de protección y garantía de seguridad ante las amenazas externas. Generan procesos de separación, segregación y segmentación.
Estás tres ideas plateadas por la intelectual, condensan la conferencia de prensa realizada hace unos días por el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.
En su primera comparecencia luego de resultar ganador en las últimas elecciones presidenciales en aquel país, Trump dedicó varios minutos a reafirmar una de las promesas que lo hicieron vencedor en la contienda: retomará la construcción del muro fronterizo en aquellas secciones entre México y Estados Unidos donde esté incompleto y para ello destinará millones de dólares. Con esta acción, plantea, se detendrá la “amenaza criminal de quienes intentan entrar a Estados Unidos de forma irregular”.
La exaltación performativa y discursiva de este personaje resulta consecuente con el valor simbólico y material de un muro que ha cobrado cientos de miles de vidas humanas. A este muro vertical debe sumarse las acciones en tierra de agrupaciones antiinmigrantes que tienen como objetivo principal “cazar personas que se muevan a través de la frontera”.
Al asumir la presidencia en enero de 2025, Donald Trump deberá confirmar con hechos sus promesas de campaña. Una de sus primeras Directivas será sin lugar a dudas la de la deportación masiva y el aumento de los controles fronterizos en los que el muro resulta personaje principal.
Estamos a las puertas de una nueva ola epidémica contra las subjetividades migrantes regionales. Alertamos sus consecuencias para nuestros países, sus procesos sociales y culturales y la construcción de ciudadanías que al igual que las soberanías, muestran un franco declive y debilitamiento.
Que la vida humana y la dignidad imperen ante la locura y sinrazón de iba política migratoria abusiva y securitaria.
