En un taller recientemente organizado por la Fundación Friedrich Ebert se profundizó en los desafíos que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales de reparto en Costa Rica, destacando aspectos que afectan directamente su calidad de vida y seguridad laboral. En este espacio se exploraron propuestas de ley, estudios de caso y encuestas que evidencian la precarización de estos trabajadores en el contexto actual y la urgente necesidad de establecer regulaciones que protejan sus derechos básicos.
Un elemento central en la discusión fue el “Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales”. La diputada Sofía Guillén expuso en detalle cómo esta propuesta busca subsanar la falta de derechos laborales para los repartidores, en un entorno donde los ingresos y beneficios son limitados y las empresas de plataformas operan sin rendir cuentas a sus empleados ni a la sociedad.
Guillén argumentó que la ley plantea, en primer lugar, el derecho a la seguridad social y la compensación por horas extra, así como la implementación de descansos obligatorios. Además, el proyecto aborda la necesidad de transparentar el sistema de pagos y sanciones para evitar abusos, garantizando que los repartidores no sean penalizados injustamente por decisiones automatizadas de las plataformas. En una economía que rápidamente se apoya en estos servicios, la diputada destacó que sin legislación, estos trabajadores seguirán expuestos a la inseguridad y a la explotación laboral.
La presentación de la “Encuesta a personas repartidoras de la GAM, Costa Rica”, realizada por la M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, M.Sc. Jorge Solano Ruiz, Bach. Mariela Campos Lizano, y Bach. María José Herrera Madrigal de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional mostró una perspectiva cruda de la realidad que enfrentan los repartidores de plataformas en el día a día. Los resultados revelaron que, para muchos de estos trabajadores, una semana laboral promedio supera las 60 horas, con jornadas que se extienden a altas horas de la noche y abarcan fines de semana, todo sin acceso a prestaciones de salud, vacaciones, o condiciones mínimas de seguridad. A medida que más repartidores expresaban su dependencia de estas plataformas para mantener a sus familias, surgió un consenso: este sistema de trabajo impulsa una forma de esclavitud moderna en la que los repartidores deben trabajar incansablemente para lograr ingresos mínimos. Los resultados de la encuesta apuntan a que las condiciones son aún más duras para los repartidores que usan motocicletas, quienes, en busca de maximizar el tiempo y el número de pedidos entregados, están particularmente expuestos a accidentes y agresiones. La falta de seguro médico obliga a estos trabajadores a asumir los riesgos de su seguridad física sin ninguna cobertura por parte de las plataformas, creando una dinámica de extrema vulnerabilidad y desprotección.
El estudio “Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica”, realizado por María Leonela Artavia-Jiménez, Jorge Solano Ruiz, Mariela Campos Lizano, y María José Herrera Madrigal, profundiza en los efectos de esta precariedad laboral, detallando cómo la falta de regulación ha convertido a las plataformas en espacios de trabajo que eluden cualquier responsabilidad sobre las condiciones laborales. Este informe explora el papel de las plataformas como entidades que se presentan sólo como intermediarios, desligándose de la responsabilidad de los trabajadores a pesar de que ejercen control sobre las tarifas, los horarios y las condiciones bajo las cuales deben cumplir sus labores. Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue el nivel de control que las plataformas ejercen mediante algoritmos que determinan el acceso a pedidos, la calificación de los repartidores y el valor de los ingresos en función de una serie de parámetros intransigentes que ni siquiera los trabajadores conocen a cabalidad. Este sistema de vigilancia y sanciones automatizadas se traduce en una especie de control remoto sobre los trabajadores, quienes ven sus ingresos y su estabilidad laboral comprometidos por decisiones que no pueden cuestionar ni negociar.
La influencia de estos algoritmos y el desamparo de los trabajadores en plataformas es un problema profundo en un país como Costa Rica, donde la informalidad laboral es una realidad creciente y la falta de opciones en el mercado laboral formal ha llevado a muchos a emplearse en estas plataformas de reparto. Para muchos de estos trabajadores, el trabajo en plataformas no es una opción de ingresos secundarios sino su único sustento, lo cual convierte en esencial la regulación de este sector. Sin embargo, en el estudio también se indica que el alto grado de informalidad en que operan los repartidores en la GAM, donde solo un pequeño porcentaje tiene alguna forma de seguridad social, hace que muchos de estos trabajadores tengan que autofinanciar cualquier tipo de atención médica en caso de accidente o enfermedad. Este contexto, en el que los trabajadores soportan los riesgos financieros y de seguridad sin ningún respaldo, refuerza la imagen de las plataformas digitales como entornos altamente deshumanizantes y excluyentes.
Además, el estudio plantea que el trabajo en plataformas digitales se caracteriza por una enorme desventaja en la relación de poder entre los repartidores y las empresas. Al no tener representación sindical ni herramientas para hacer valer sus derechos, los repartidores se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad total. El informe advierte que el hecho de que las plataformas no se consideren como empleadores, sino solo como facilitadoras de servicios, ha permitido que estas empresas eludan las responsabilidades que normalmente se asocian con la relación empleador-empleado. Como resultado, los repartidores se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por las plataformas sin capacidad de negociación, quedando sujetos a cambios unilaterales en las tarifas, los tiempos de entrega, y las políticas de sanción. La inexistencia de un contrato de trabajo formal con derechos reconocidos implica que los repartidores están sujetos a una volatilidad extrema y a un ingreso fluctuante que muchas veces no cubre sus necesidades básicas.
En conjunto, estos estudios y propuestas reflejan la necesidad de un cambio en la forma en que las plataformas digitales operan en Costa Rica. Se ha propuesto que se tomen en cuenta experiencias internacionales, como en España, donde los trabajadores de plataformas han sido reconocidos legalmente como empleados, o en Chile, donde el apoyo de sindicatos ha facilitado negociaciones con estas empresas. Estos ejemplos resaltan la importancia de que los trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo cuenten con el respaldo de una ley que los proteja, sino también con la opción de integrarse a redes de apoyo que les permitan enfrentar las condiciones impuestas por las plataformas con mayor seguridad. La Fundación Friedrich Ebert, en su rol de organizador de este taller, ha enfatizado que la plataformización del trabajo no debe significar la deshumanización de los trabajadores.
La discusión sobre el reconocimiento y regulación de estos trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo trata de proteger a una población en crecimiento, sino también de establecer los cimientos para una economía digital más equitativa y responsable. Los estudios presentados en el taller dejan claro que, en la era digital, el trabajo no puede seguir avanzando en un vacío legal, y que es urgente que el Estado costarricense tome medidas para evitar que el avance tecnológico ocurra a costa de la dignidad y el bienestar de los trabajadores más vulnerables.
La Fundación Friedrich Ebert compartió esta valiosa información con SURCOS, resaltando la importancia de visibilizar y comprender las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en plataformas digitales en Costa Rica. Invitamos a las personas lectoras a profundizar en este análisis accediendo a los documentos completos, los cuales adjuntamos para su consulta: el Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales, la Encuesta a personas repartidoras de la GAM y el estudio Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica. Cada uno de estos documentos ofrece una visión crítica y detallada sobre las dimensiones de la precariedad laboral y los retos urgentes de regulación en el sector.
