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Arrancan audiencias para reconocer el derecho al cuidado

  • República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.

  • Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.

UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.

Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.

La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.

La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.

A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.

El proceso

Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.

En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.

Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.

“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.

Conversatorio

En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.

“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

Comunicado ALAMUD

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.

Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.

En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.

Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.

La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.

Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.

Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica

Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.

En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.

Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.

Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.

El mundo en el llamado “período de transición”

Alberto Salom Echeverría

Introducción.

La “transición” de la que se habla hoy, tanto en ciencias sociales como en las ciencias de la naturaleza, apunta a un cambio de sistema desde una producción sin restricciones de los recursos que nos provee la naturaleza, a otro en el que se imponen limitaciones a todas aquellas prácticas que no contribuyen a dar paso a una producción sostenible y sustentable con la Naturaleza y, además, que no conduzcan a una justicia social en la que, el sistema socio-económico y político abra paso a un mayor bienestar para toda la población. Desde mi óptica, se trata de consolidar prácticas distributivas de la riqueza, de modo que se produzca con mayor equidad, disminuyendo toda clase de brechas entre los segmentos más ricos en el mundo y en cada nación, frente a los más pobres y vulnerables.

Si esta es la premisa alrededor de la cual parece haberse generado un consenso, sería menester considerar seriamente cómo disminuir progresivamente la producción de contaminantes (los hidrocarburos, petróleo, gas, carbón mineral, gas metano en particular, y todo lo que de ellos se deriva), para potenciar las energías limpias llamadas a reemplazar todo aquello que coadyuva a provocar el calentamiento de la atmósfera de la Tierra y el cambio climático concurrente. Aquí hay, claro está, una frase clave, “disminución progresiva”. Significa entonces que, a la humanidad le sería poco razonable y hasta desastroso seguramente, pretender acabar ´de un solo tajo’ con la industria energética de los hidrocarburos, sobre la que está asentada la maquinaria productiva, desde el momento en el que arrancó el período de la industrialización, a mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Esto lo ha entendido así, la inmensa mayoría del cónclave planetario de naciones que se ha reunido en “las Conferencias de las Partes” (o COP), convocadas por las Naciones Unidas para enfrentar el “cambio climático”.

No obstante, como ya no queda mucho tiempo en todo el Planeta, para reducir la producción de las industrias contaminantes (los hidrocarburos esencialmente), y para frenar las prácticas productivas consiguientes devastadoras de los mares, los bosques, los manglares, etc., las COP han adoptado un conjunto de resoluciones acompañadas de indicadores, para medir cómo ir reemplazando esta producción que acarrea gases de efecto invernadero, así como las mismas prácticas salvajes mencionadas que deterioran la naturaleza, y canalizar más bien recursos para “investigación y desarrollo” por medio de lo cual se generen otras formas de producción sostenibles y sustentables con la naturaleza, que llamamos “energías limpias”. Aquí es donde, se encuentra el “desiderátum” de nuestra época, ya que hemos continuado traspasando los umbrales establecidos científicamente en las COP.

¿De cuánto tiempo disponemos para lograr el cambio requerido?

Ciertamente, no nos es dable desmontar la maquinaria productiva que se ha creado a lo largo de decenios ya, valga decir, por decreto; pero está visto que tampoco es pertinente postergar por más tiempo la inversión en innovación para crear una industria basada en “energías limpias”. Lo escribo entre comillas, porque siempre habrá algo de contaminación, puesto que, vamos dejando a nuestro paso, necesariamente, un sedimento, una huella ecológica que, no hace más que poner en evidencia el nacimiento de la humanidad, o de cada individuo viviente en su trajinar por la tierra. Hay pues, siempre, una huella ecológica que dejamos, por lo que se trata entonces, de que la ecuación entre la contaminación producida por el ser humano y su entorno sea inferior a la capacidad de la atmósfera para regenerarse y ofrecernos un ambiente saludable o vivible, o sea, favorable al medio ambiente. Dicho en otras palabras, es menester generar una cantidad de CO2 inferior o apenas igual, pero nunca superior, que aquel que el planeta requiere consumir con el objeto de que pueda continuar así el ciclo de la vida (el umbral, como veremos está establecido por el panel de científicos). Cuando las emanaciones de anhidrido carbónico son superiores a su capacidad para regenerarse, estamos en problemas. No otra cosa es lo que está ocurriendo en nuestros días, provocado esencialmente por la actividad productiva desproporcionada del ser humano, en medio de un modelo productivo de “neoextractivismo”, llamado así, para diferenciarlo del modelo productivo que imperó durante el período colonial e inclusive neocolonial, en esta época de industrialismo desenfrenado. Este es el tema, hemos desatado un “industrialismo voraz” para sostener sociedades consumistas, en las que, dicho sea de paso, una minoría consume en exceso, y los más, no llegan a consumir lo indispensable.

El panel de científicos anexo a las COP ha constatado que como humanidad continuamos traspasando las metas autoimpuestas. Al hacerlo, nos arriesgamos a provocar mayor calentamiento en la atmósfera, merced al efecto invernadero, que el umbral establecido por los científicos, insisto, de 1,5° grados centígrados al 2050; o sea, una temperatura que llegaría a estar, en esa medida, por encima de la era preindustrial (la que existía aproximadamente antes de1850). Todavía no hemos llegado ahí, pero nos encontramos peligrosamente acercándonos a dicho limen.

Antes de demostrar con datos que nos abocamos a una situación de crisis indeseable que, dejará por fuera de la vida a un alto porcentaje de los más desvalidos de la tierra, creo indispensable citar al sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos hablando acerca de la crisis de la democracia, nos dice que: “El modelo de capitalismo que hoy domina es cada vez más incompatible con la democracia, incluso con la democracia de baja intensidad en la que vivimos, una democracia centrada en democratizar las relaciones políticas y dejar que sigan imperando los despotismos en las relaciones económicas sociales y raciales, etnoculturales y de género. Me refiero -añade de Sousa- a la prioridad de los mercados sobre los estados en la regulación económica y social; la mercantilización de todo lo que pueda generar ganancias, incluidos nuestros cuerpos y mentes, nuestras emociones y sentimientos, nuestras amistades y nuestros gustos; relaciones internacionales dominadas por el capital financiero y los super ricos.” Es preciso aclarar además que, para Boaventura De Sousa, en los modelos de desarrollo industrial, hubo dos versiones históricas, la generada por el “capitalismo” y la del “socialismo soviético”, las cuales, desde la óptica de su relación con la naturaleza, fueron muy similares. (Cfr. Sousa Santos, Boaventura. “Las Transiciones del mundo: dónde y hacia dónde”. Revista digital La Razón. https:/www.la-razon.com/político/2022/08/28/las-transiciones-del-mundo-donde-y-hacia-donde/ La Paz, Bolivia.)

De Sousa luego, cita a su coterráneo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ante la situación que nos encontramos y que nos angustia proclamó: “O acción colectiva, o suicidio colectivo”. De Sousa enseguida destacó que las regiones del mundo que a causa del modelo productivo “neoextractivista” que impera, padecen más intensamente la crisis ecológica, son: África, algunas islas del Pacífico y algunos países del sur de Asia, Bangladesh entre ellos, donde una cuarta parte de cuyo territorio se encuentra inundado, afectando a unos cuatro millones de personas. Asimismo, expresa que, en el 2020, el hielo glacial en el círculo polar Ártico, experimentó la mayor reducción jamás registrada en solo un mes. Por otra parte, se está conformando un “nuevo continente” -lo llamó así- el de los plásticos en el océano Pacífico, que se extiende desde California hasta el archipiélago de Hawái. Finalmente subraya que, de continuar el actual ritmo de calentamiento global, dado que la mayor parte de la población mundial habita en las regiones tropicales y templadas de la Tierra, en la parte del sudeste de Asia, entre 1.000 y 3.000 millones de personas quedarán, durante 50 años fuera del “nicho climático” en el que se pueda sobrevivir. Estamos, por ende, en una situación límite, en la que no hay prácticamente tiempo de holgura.

Es importante saber que, cerca del 40% del dióxido de carbono emitido a la atmósfera por los seres humanos, desde 1850 permanece en ella durante miles de años. Las estadísticas oficiales lamentablemente confirman que las emisiones de CO2 no han bajado durante los últimos años, con excepción de los meses de confinamiento -debidos principalmente a la pandemia de la COVID 19-. Los países que más han logrado reducir sus emisiones de dióxido de carbono son en su orden: Alemania, México, Francia, España, Italia y Arabia Saudita. En cambio. Los países más contaminantes como son: China y Los Estados Unidos continuaban aumentando sus emisiones de CO2 hasta el 2023. Por otra parte, solamente dos países hasta esa fecha habían alcanzado la carbono neutralidad, es decir, carbono cero o neutralidad climática, estos fueron El Vaticano y Bután. Para lograr dicha neutralidad en las emisiones de dióxido de carbono, hay que seguir uno de dos caminos: a. utilizar energías renovables, que no producen dióxido o son muy bajas en esas emisiones, se habla en este caso de economía descarbonizada. b. El segundo camino es pagar a otros para capturar y almacenar el 100% de las emisiones de carbono a la atmósfera (por ejemplo, plantar árboles. También se obtiene al financiar proyectos de carbono que previenen futuras emisiones o comprando créditos de carbono. (Cfr. Durán, Rafael -18 de julio 2022. “Las empresas dejan su huella en los bosques” citado en es.m.wilkipedia.org).

Ideología antes que ciencia, negocio por encima de la Patria.

Al analizar el caso de Costa Rica con relación a la exploración y eventual explotación de petróleo y gas, quedan en evidencia dos circunstancias cruciales: 1. la primera es que, una gran parte de los que buscan apuntalar esta aspiración están envueltos en una trama ideológica antes que en un intento por acercarse a una visión científica de la cuestión junto con sus soluciones. Quienes parten de esta premisa solamente quieren ver, obsesivamente, como opción y, como dos caras de una misma moneda, al productivismo y su correlato el consumismo. En ambos casos, como dice de nuevo De Sousa, suponen que el crecimiento económico es infinito, y esto, en la circunstancia costarricense significa que, tienen por seguro que la exploración encaminada a encontrar petróleo y gas en el subsuelo culminará en un final feliz: suponen otra vez que, la mencionada exploración y la explotación del petróleo y el gas, nos sacarán de los apuros económicos que padecemos, y además fantasean con que ello ocurrirá en el cortísimo plazo. Desdeñan en cambio, el hecho de que las élites económicas y los Estados que amparan tales circunstancias andan sin cesar tras la intermediación de la explotación de los hidrocarburos, como una de las principales fuentes de su poder económico, antes que resolver la situación económica de los más vulnerables. Para esto último es imprescindible la transición del modelo neoextractivista a otro que sea económicamente sostenible y sustentable. O sea, un modelo del “Buen Vivir”.

En cambio, para las élites económicas y políticas, la priorización de esa fuente de poder convierte por arte de birlibirloque, valga decir, por arte de magia, la transición en una frase vacua, carente de contenido, que, por lo consiguiente no quiere decir nada. 2. La segunda circunstancia, nos remite a otro hecho igualmente significativo; consiste en el hallazgo de la investigación periodística de un caso muy revelador, el del exministro Dobles Arias, ya que, según lo ha revelado el diario La Nación, el exministro mantuvo una relación con “…empresas petroleras interesadas en extraer hidrocarburos en suelo nacional, desde hace más de dos décadas.” O sea, desde antes inclusive de ocupar el cargo de ministro de Ambiente en la segunda administración de Oscar Arias, del 2006 al 2010. En forma concomitante con la denuncia periodística, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), ha procedido a separar a Dobles Arias de su comité de energía. Mientras se aclaran las dudas levantadas por la investigación, afirmamos que, de resultar ciertas las denuncias entrañaría un posible conflicto de interés de parte del exministro Dobles, tras haber firmado un convenio en el 2010 con la Black Hills Corporation, empresa dueña de Mallon Oíl. En efecto, de acuerdo con un documento en poder del diario La Nación -nos relata el periodista Diego Bosque- Dobles habría pactado “…millonarias regalías con Black Hills, a cambio de impulsar la exploración y explotación de petróleo en varios bloques terrestres de la zona norte.” (Cfr. Diario La Nación. “UCCAEP separa a exministro Dobles de Comité de Energía” por el comunicador Diego Bosque, 10.03.2024. Pp.3). Por ello, Dobles habría recibido de acuerdo con el contrato la suma de $4.000 por mes (equivalentes a 2.1 millones de colones, aproximadamente). Además, el acuerdo contempla gastos de representación por cenas, hoteles, gasolina, transporte y otros. Adicionalmente, se contempló en el convenio que, al entrar en vigor la explotación de petróleo y gas natural, Roberto Dobles recibiría entre el 2.5% y el 3% de las utilidades por año a lo largo de todo el período de la extracción, lo que se definiría de acuerdo con el valor promedio anual del petróleo. Se contempla adicionalmente en el convenio, porcentajes idénticos por la eventual extracción del gas natural. (Ibidem.)

Hay pues, suficiente evidencia cuya veracidad se deberá comprobar en la investigación periodística, o en eventuales acusaciones de la fiscalía, toda vez que las denuncias dan lugar a pensar que podría haber en el caso de marras, de probarse las mismas, cuando menos un conflicto de interés, puesto que el exministro promovió gestiones en favor de la empresa petrolera, cuando todavía se desempeñaba como jerarca del ramo.

Por lo consiguiente, en el caso costarricense es valedera la hipótesis según la cual una parte de los que buscan apuntalar la exploración y explotación de petróleo y gas natural, están indisolublemente involucrados con intereses de grandes corporaciones petroleras, que buscan darle cima al modelo neoextractivista, invalidando o nulificando por tanto, un curso hacia una transición energética que abra cauce a un modelo económicamente sostenible y sustentable, que se compagine con la carbono neutralidad.

Costa Rica: Un Tren Descarrilado

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hasta los aciagos años de 1980 el país avanzó, más bien que mal, desde una reforma de corte socialista en los años de 1940, con protagonismo del movimiento campesino-obrero que una década anterior (huelga de trabajadores bananeros de 1934) contribuyó a impugnar el régimen oligárquico de economía de enclave, hasta consolidar una institucionalidad social modernizante de inspiración social demócrata y socialcristiana.

El descarrilamiento que se produjo con la instauración de los Programas de Ajuste Estructural de corte neoliberal, en la década de 1980, ha sido de consecuencias desastrosas, comparable con la “tragedia del Virilla” en 1926 que cobró 385 víctimas y 150 heridos. Por más que se quiera vender la idea de que tales programas eran una necesidad, lo cierto es que fueron el inicio del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, el rumbo que nos venía conduciendo a mejores puertos, al punto de convertirnos en el país latinoamericano que punteaba en desarrollo humano.

Hoy estamos punteando también, pero en desigualdad y violencia. Ocupamos los vergonzantes primeros lugares en la región y también entre los diez más desiguales y violentos del mundo. Frente a esta realidad, por una parte, se profundiza el derrotero privatizador más que diezmando el financiamiento a la institucionalidad social (Caja del Seguro Social, educación pública, programas de asistencia social), propiciando la importación de arroz con lo que se favorece a países extranjeros (Brasil, Uruguay y Estados Unidos, principales proveedores) y a los pocos importadores, mientras se produce la quiebra de nuestros productores. Asimismo, para no impulsar una verdadera reforma tributaria que ponga a pagar a los ricos del país, se festina la venta del Banco de Costa Rica: un paliativo más, propio de la vieja estrategia de “patear la bola” que tanto se critica. Por otra parte, se negocian una serie de leyes, más bien de carácter represivo y no preventivo, y se anuncia la creación de más cárceles como la fórmula mágica para contener el avance de la violencia organizada y delincuencial.

No se quiere entender que la mejor política de seguridad para el país es una buena política económica y social, que propicie el empleo digno, el salario justo, la educación de calidad y accesible, la salud preventiva, es decir, una canasta básica y nutritiva al alcance de todos y diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas, servicio de transporte público de calidad y ciudades amigables.

De no avanzar hacia un estilo de desarrollo postneoliberal, dando un nuevo impulso al Estado Social de Derecho, el tren seguirá descarrilado y cobrando cada vez más víctimas. El viraje tiene que ser lo antes posible, y solo una coalición de fuerzas sociales y políticas imbuidas de una decidida y valiente voluntad patriótica puede hacerlo.

El derrotero de la denominada “dictadura en democracia” que se inauguró torciendo brazos para impulsar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica-República Dominicana, se ha venido profundizando en los dos últimos gobiernos, pero ya hace aguas. El discurso populista y mesiánico de perfil religioso resulta cada vez más vacío, se diluye en un marasmo de falsas promesas que vienen siendo repulsadas por una ciudadanía desencantada.

Las personalidades fuertes por las que apostaba buena parte de la ciudadanía han defraudado. Vendieron una imagen de fortaleza para enderezar la barca y enrumbar al país hacia la decencia en el manejo de la cosa pública y hacia la justicia social, pero una vez en el poder pactaron con los poderosos y abandonaron las banderas de la justicia para el bienestar y la paz social. El tren continuó descarrilado.

Hoy se abre una ventana de oportunidades con el diálogo social emprendido por la academia y la clase trabajadora del país. Este es un país donde ha prevalecido la inteligencia y la cultura sobre el poder y la fuerza. Cuando en el mundo hay una avanzada de regímenes de fuerza que conducen a la guerra por mezquinos intereses económicos y geopolíticos, legitimando el genocidio, se hace necesario levantar las banderas de la inteligencia y la cultura, para construir sociedades que apuesten por la paz y a vida. ¿Por qué no Costa Rica?

Día Internacional de la Narración Oral: presentación de libros de la Fundación Festival Puro Cuento y actividad Impro Cuento

El  Festival Puro Cuento y la Benemérita Biblioteca Nacional le invitan a la Presentación de libros de la Fundación Festival Puro Cuento y a la actividad Impro Cuento, en celebración del Día Internacional de la Narración Oral.

La actividad se realizará el miércoles 20 de marzo en la Benemérita Biblioteca Nacional a partir de las 2:00 p.m.

Pista del aeropuerto de Liberia… la historia completa

Gadi Amit
Asociación Confraternidad Guanacasteca

El caso de la pista le causó la destitución al ministro Amador y a otro funcionario.

El sector turismo es uno de los más favorecidos por los gobiernos de Costa Rica.

Requiere de grandes ayudas del gobierno, para desarrollarse y ser exitoso.

Por ejemplo:

Necesita de las playas públicas que se le dan en concesión a cambio de 3 colones.

Requiere que se les de agua, carreteras, electricidad y más.

Tiene un ministerio y un ICT que se dedica a hacerles publicidad en el extranjero y conseguirles lo que quieran dentro del país.

El aeropuerto está privatizado, el Estado solo invierte y paga por controles de vuelo, migración, aduanas, seguridad.

¿Qué recibe el Estado y el pueblo a cambio de eso?

Toca a ellos dar un informe veraz y claro.

Seguramente saldrán conque el turismo genera mucho trabajo. Eso es cierto. Pero hablamos de dinero. Y eso es dólares, impuestos, aportes al desarrollo.

El caso de la pista causó la destitución al ministro Amador y a otro funcionario. Pero eso oculta la responsabilidad de los otros actores del cuento.

En junio de 2022 se declaró emergencia por tormentas mediante el Decreto 43.626-MP. Se detalla los daños y cantones afectados.

Pero resulta que mucho después, hay quejas sobre el estado de la pista del aeropuerto de Liberia en el 2023 y entonces se inventan, hacer las reparaciones por la “vía rápida” de la CNE.

El presidente Chaves en junio de 2023 emite el decreto 44.072-MP y agrega al cantón de Liberia a las áreas afectadas.

Ese decreto se sustenta en el acuerdo 091-06-2023 de la junta directiva de la Comisión Nacional de Emergencia del 20 de junio 2023 que recomienda meter al Aeropuerto de Liberia entre los afectados por las tormentas de un año antes.

El Presidente y su ministra de la Presidencia redactan el Decreto Ejecutivo 44072-MP, lo firman y lo publican en la GACETA en 9 días, el 29 de junio de 2023.

Y ahí comienza el gasto de 40 millones de dólares que usted y yo pagaremos, para atender a los jeques que llegan en aviones privados y turistas que llegan en líneas comerciales.

La emergencia como dice el decreto y el presidente está en no afectar el negocio de las grandes empresas turísticas.

Estudios técnicos no hay.

Planificación tampoco.

Responsabilidad menos.

Usted y yo solo pagaremos la factura.

Anexamos copia del decreto 44072-MP.

Presentación del libro «A-Dos- Hados» de Laura H. Zúñiga y Jorhan Chaverri

La Benemérita Biblioteca Nacional le invita a la presentación del libro A-Dos- Hados, de Laura H. Zúñiga y Jorhan Chaverri.

La actividad se realizará el martes 19 de marzo a las 5:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también se transmitirá por el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Urge mayor apoyo a agricultores para garantizar la seguridad alimentaria del país

Defensoría investigó impactos sobre la agricultura

Si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Así lo determinó una investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y al cambio climático, aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales para afrontar los desafíos del sistema alimentario.

En el caso de Costa Rica, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, en 16 de cada 100 hogares en Costa Rica, al menos una persona adulta se vio obligada en ocasiones, a reducir la calidad o cantidad de su dieta, debido a la falta de dinero u otros recursos (16,42 %). Mientras que dos de cada 100 hogares se vieron afectados por inseguridad alimentaria severa (2,33%). Esto implica que en esos hogares al menos una persona adulta tuvo que reducir la cantidad de alimentos consumidos o inclusive, pudo haber pasado un día entero sin comer. En este sentido el Estado de la Nación señala que, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave sigue aumentando, principalmente entre las mujeres. 

Para algunos expertos, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así como lo han señalado la Contraloría General de la República y el Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes concluye que si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa, por lo que la Defensoría destacó la importancia de construir mecanismos para una adecuada implementación de las acciones y recursos y alcanzar consensos entre los distintos actores del sector para avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas.

Entre los retos que persisten, es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes. 

En materia de cambio climático, urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

En este sentido, la Defensoría de los Habitantes le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Planes de la CCSS sin sostenibilidad para enfrentar listas de espera y otras necesidades de las personas usuarias

Defensora, Angie Cruickshank.

Persisten las dudas sobre acciones propuestas

Luego de hacer un análisis de informes, gestiones y consultas realizadas a la Caja Costarricense del Seguro Social en el año 2023 con respecto al abordaje de las listas y los tiempos de espera, la Defensoría de los Habitantes tiene más dudas que respuestas en cuanto a la efectividad y sostenibilidad de las propuestas.

Preocupa que no existe claridad sobre si la propuesta que fue anunciada tiene o no el aval de la Junta Directiva o si existen los estudios financieros y jurídicos respectivos, como fue el caso, del plan copago. De igual manera, predomina la propuesta de las jornadas de producción como una medida extraordinaria para atender la emergencia, pero no parece haber acciones estructurales claras para evitar el incremento de la lista o mejorar la oferta para atender la demanda de los pacientes. Es decir, se atiende la fase aguda del problema, pero no se generan propuestas claras que intervengan en su prevención.

Llama la atención de la Defensoría que no se observa que se propicie un funcionamiento de la atención en salud en red, sino que se mantiene una operación fragmentada. En otras palabras, no existen propuestas de trabajo coordinado en red en el sentido de que los usuarios en listas de espera críticas puedan ser atendidos indistintamente de la red a la que pertenecen.

Algunos plazos previstos en las rutas propuestas para atender la cuestión de los médicos especialistas a cargo de la Comisión de Alto Nivel están vencidos desde noviembre 2023. Por ejemplo, ése es el caso del reglamento unificado de realización de estudios de especialidad médica. Tampoco existe una propuesta para financiar adecuadamente a la CCSS, en particular respecto de la deuda estatal, así como otras formas de financiamiento.

Para la Defensoría también el panorama se complica con las discrepancias internas en la CCSS entre su órgano político -Junta Directiva-, gerencial y técnico que genera choques entre propuestas. En un año, la CCSS ha contado con tres Gerentes Médicos, y tres coordinadores de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE). Este problema de gobernanza no logra articular propuestas unificadas y coherentes.

No se observa que las propuestas integren el aprovechamiento de los tres turnos de atención en aquellos casos que así lo permitan. Tampoco se menciona la existencia de estudios de uso eficiente de tiempo del personal de salud, en particular en los servicios de quirófanos. No se documentan estrategias tendientes al máximo aprovechamiento de las mismas en todos los centros de salud.

Otro punto que destaca la Defensoría es que aún no existe claridad en la forma en que se espera la articulación con el sector privado para mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, en cuanto a las condiciones de tercerización siendo una necesidad la conceptualización y definición regulatoria de la propuesta.

Tampoco se observan reglas ni un sistema de control adecuado para utilizar los recursos disponibles en forma eficiente y la propuesta de ruta pareciera una iniciativa estrictamente institucional, sin definir la participación de los diversos actores sociales que tienen relación directa con la CCSS como la sociedad civil, los sindicatos, los colegios profesionales y sector académico. 

En criterio de la Defensoría se carece de una propuesta contundente y sostenible de articulación y coordinación permanente y continua. Resulta indispensable la contabilidad de costos institucionales para establecer las tarifas de los modelos propuestos como la tercerización y el pago de servicios institucionales, porque sólo se contempla la información de costos de los 29 hospitales y 10 Áreas de Salud, en sus servicios sustantivos de atención y hospitalización. Es necesaria la implementación de una solución tipo Planificación de Recursos Empresariales (ERP).

Las propuestas para retener en la CCSS a los médicos especialistas son débiles y poco estructuradas. Asimismo, es necesario mejorar las condiciones de contratación del personal de enfermería para ser retribuidos según su formación profesional.

Respecto de la formación de médicos especialistas, es necesario que los contratos de retribución social sean revisados en cuanto al monto de garantía que asumen los especialistas y las condiciones generales del mismo.  Las regulaciones del acceso universitario a las especialidades médicas deben unificarse en una sola norma nacional a cargo del Ministerio de Salud como rector en la materia, de tal suerte que la dispersión normativa y la falta de univocidad de criterios, no favorezca la insuficiencia de recurso humano.

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