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Etiqueta: Acción Social

Para el 2023 la acción social gestionará 1 286 400 horas de intercambio UCR-sociedad

El Trabajo Comunal Universitario (TCU) fue creado hace 48 años en el III Congreso Universitario (1973-1974). Foto: Karla Richmond, UCR.

48 aniversario del Trabajo Comunal Universitario

En el TCU cada estudiante toma conciencia y aprende de las realidades, riquezas y carencias que tienen las diversas poblaciones

Mariana Peralta y Adel González son estudiantes de Psicología y Derecho respectivamente, ambas acaban de culminar su participación en el proyecto de Trabajo Comunal (TC-630)  «Prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz con enfoque de masculinidad en niñas, niños y adolescentes en los cantones de Curridabat y Montes de Oca”  en el que abordan con diferentes técnicas la construcción de masculinidades positivas en escuelas y colegios de comunidades en riesgo.

Su experiencia es ejemplo vívido de la filosofía del Trabajo Comunal Universitario (TCU). Esta es una modalidad de acción social en la que estudiantes, docentes y comunidades se benefician mutuamente, mediante un  proceso académico interdisciplinario  para construir soluciones que contribuyan con las transformaciones que la sociedad necesita para el buen vivir. Cada uno de los 190 proyectos de TCU actualmente inscritos o activos en la UCR buscan potenciar oportunidades e incidir en la solución de problemas concretos.

Esta vinculación permite al estudiantado tomar conciencia y aprender de las realidades y carencias que tienen las diversas poblaciones, a la vez que potencia el aporte que brindan desde su área de formación  para el desarrollo de soluciones a dichas necesidades.

En el caso del proyecto TC-630, se desarrollan temas como: derechos de las personas; socialización de masculinidades y feminidades, cultura de paz; prevención de distintas formas de violencia; manejo asertivo de emociones, conflictos y prevención del  bullying y ciberbullying. Son temas que se colocan en la conversación en las comunidades.

Los estudiantes aportan sus conocimientos profesionales aprendidos durante el estudio de sus carreras. “De todas las prácticas que he hecho en la carrera, el TCU ha sido la mejor experiencia que he tenido en relación al contacto con la comunidad y me gustó participar en un equipo multidisciplinario. Aunque trabajamos el mismo tema, había diferentes perspectivas de cómo trabajarlo», señala Peralta.

Por su parte González se conmueve con el empoderamiento de las niñas y los niños al reconocer sus derechos, tales como el derecho a la educación, a estar seguros, a la cultura, a divertirse, a la disciplina sin recibir castigo físico y que sepan cuáles leyes e instituciones los protegen, así como en técnicas de soluciones alternas de conflictos.  

Simplemente la experiencia del TCU cambia la vida, así lo señala Peralta al referirse al proyecto de TCU y las nuevas perspectivas profesionales que supo reconocer. “Me estoy inclinando por incursionar en ramas de Psicología que no sabía que existían”, mientras que González comentó que el proyecto le impactó en el desarrollo de la empatía y a entender que todos venimos de diferentes realidades.

Este 2023 la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR cuenta con 190 proyectos de TCU, que se desarrollan en todo el territorio nacional. Lo que significa que 4 381 estudiantes van a brindar cerca de 1 286 400 horas de participación activa en estos proyectos, aprendiendo y aportando sus conocimientos en el proceso.

El TCU como parte integral del  plan de estudios en la UCR,  es planteado por las Unidades Académicas, a través de proyectos orientados a  incidir  por medio de  procesos participativos, pertinentes y planificados.  Los TCU abordan diversas temáticas en áreas cómo: apoyo institucional, artes, tradiciones, socioproductividad, salud, desarrollo ambiental sostenible, desarrollo comunitario y fortalecimiento local, derechos humanos, fortalecimiento educativo.

Dentro de los objetivos principales definidos para los diferentes proyectos de TCU se encuentran: sensibilizar y desarrollar conciencia social y crítica en los y las estudiantes y en la comunidad universitaria; colaborar con las comunidades en la identificación de sus problemas para, juntos, desarrollar soluciones en donde los grupos y poblaciones se empoderen y participen de manera activa; promover procesos colectivos y autónomos orientados a la incidencia directa en el entorno socioambiental sin generar dependencia de la Universidad y construir procesos de enseñanza-aprendizaje a partir del intercambio entre las distintas disciplinas, así como del diálogo entre la Universidad y las comunidades.

Tanto Peralta como González coinciden en los pasos necesarios para profundizar en la incidencia del proyecto. “Que los familiares se involucren, que los profesores se involucren, de nada sirve que nosotras con todas las ganas y motivación les enseñemos estos temas, sino tienen un contexto externo que los apoye” finalizó González. Desarrollar esta visión crítica y poder reflexivo que muestran las estudiantes acerca de la sociedad en su conjunto, es parte de los objetivos que sustentan el TCU.

 

Esteban Umaña
Comunicación VAS, UCR

Los cincuenta años de la UNA y el ethos de sus fundadores (III)

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

A lo largo de su medio siglo de existencia ya transcurrido, la UNA se fue dotando de una importante infraestructura física, tanto en sus campus Omar Dengo y Benjamín Núñez, el primero ubicado en la ciudad de Heredia y el segundo en el sector del Barreal de Heredia, donde se concentran algunas de sus actividades más importantes de docencia, investigación y extensión, como también en los de las sedes y subsedes regionales de Pérez Zeledón, Coto, Liberia, Nicoya y Sarapiquí por lo que la nueva universidad fue consolidando la proyección nacional que siempre la caracterizó, aunque también en esto hay una gran diversidad de opiniones, si bien algunas caricaturescas como la de quienes hablaban de la “Universidad de Heredia” o simplemente “la del río Pirro”, con connotaciones también peyorativas. Sin embargo, fue el abandono gradual del proyecto académico original, con sus proyecciones sociales e interdisciplinariedad, lo que tiende a pesar desapercibido, o silenciado en la manera de evocar (o verdad oficial y oficiosa, para el caso) el inicio de la vida universitaria durante su etapa fundacional.

Los aportes de la UNA en los campos de la investigación y la extensión han sido tan valiosos como los de la docencia, y abarcan un espectro muy amplio en diversos campos de actividad científica, la acción social y de respaldo a la cogestión de comunidades y cooperativas de agricultores, pescadores y apicultores en diversos puntos de la geografía nacional. También, han sido muy importantes las contribuciones específicas del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la institución (OVSICORI), la Escuela de Biología Marina y sus laboratorios acerca de los problemas planteados por la pesca de arrastre, la matanza de tiburones y la pesca abusiva en el domo térmico de nuestra zona exclusiva marítima del Pacífico, las investigaciones de la Escuela de Química sobre la contaminación ambiental en los espacios urbanos entre otras actividades, el programa de investigación de plaguicidas y las implicaciones su toxicidad en el agro, el programa de análisis de la coyuntura económica y social, auspiciado por las escuelas de economía y sociología, las investigaciones del IDELA y sus constantes publicaciones sobre nuestra área continental, los del IDESPO o Instituto de Estudios de Población con sus encuestas demográficas, sociales, como también de opinión sobre temas sociales y políticos. En fin, todo un conjunto de acciones con las que UNA impacta en la comunidad nacional para beneficio de todos sus habitantes, si bien advertimos que este no pretende, de manera alguna, ser enumeración exhaustiva del inmenso aporte de esta universidad pública a nuestra nación.

La UNA acogió como estudiantes a jóvenes provenientes de los sectores populares, tanto urbanos como rurales, lo que se reflejó en las estadísticas para cuantificar los resultados y tendencias de las políticas de admisión, becas y residencias estudiantiles dentro del ethos del proyecto inicial de la UNA. Los logros se pueden apreciar también en el orden de lo cualitativo y en la medida del tiempo transcurrido se han hecho mucho más evidentes.

En los inicios mismos de la nueva institución, la creación del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), rescatando la colección del Repertorio Americano de Joaquín García Monge (publicado en Costa Rica entre 1919 y 1958), con la ayuda de su hijo, el doctor Eugenio García Carrillo, dando lugar a un largo proceso de recuperación, análisis y divulgación de los contenidos de esa extraordinaria revista que circuló por todo el continente (Francisco Morales Hernández y Mario Oliva Medina, dixit). Por otro lado, los esfuerzos del IDELA se orientaron hacia el análisis de las tendencias que caracterizan  al conjunto de nuestra región, en el plano de lo cultural, de la integración regional y el reconocimiento de una identidad común, y la del  Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA), con sus pioneras investigaciones y la docencia dirigida hacia los trabajadores sindicalizados, permitieron avizorar las tendencias y orientaciones  de la UNA hacia el mundo laboral, con toda su intrincada y compleja problemática, cuando aún no soplaban los vientos fríos del pensamiento único neoliberal, los que fueron alejando a la socialdemocracia regional de sus políticas keynesianas y reformistas en el mundo laboral y empresarial, al mismo tiempo que entraban en una crisis, incluso de identidad, la casi totalidad de los diversos sectores de la izquierda socialista o comunista (¿meras etiquetas acaso?), los que durante las décadas siguientes abandonaron gradualmente las reivindicaciones obreras y campesinas en materia de legislación laboral, contrato colectivo de trabajo, salud ocupacional, sindicalización y respeto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Todo este lento y sostenido proceso, que si bien no se dio en términos del discurso pero sí en el de los hechos, como resultado del arribo de la llamada posmodernidad y presunto el abandono de los “grandes relatos” del período de entreguerras y la última posguerra, caracterizada por un crecimiento económico sostenido y el despliegue del estado de bienestar. Esto explicaría, al menos en parte, el cierre o reconversión del IESTRA en los últimos años del siglo XX, un hecho al cual hicimos alusión en la segunda parte de artículo y que marcó un punto de inflexión hacia una visión tecnocrática y utilitarista de la institucionalidad universitaria, frente al que al menos uno de los fundadores de la UNA, Francisco Morales Hernández protestó vehementemente. Tendremos que seguir conversando sobre otras dimensiones de la inmensa proyección de la UNA sobre el conjunto de la sociedad costarricense.

CONARE rechaza y desmiente declaraciones del Presidente de la República sobre financiamiento de la educación superior pública

3 de febrero del 2023. Ante las declaraciones del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, realizadas ayer durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, en la cual indicó que las universidades estatales no rinden cuentas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que se ha recortado presupuesto destinado a las becas, a la investigación y a la infraestructura, entre otras argumentaciones.

El Consejo Nacional de Rectores rechaza y desmiente enfáticamente los argumentos falsos del Poder Ejecutivo emitidos sin datos ni evidencia y que están alejados de la realidad y de la gestión de las universidades estatales.

1. La educación universitaria pública para el año 2021, contaba con una población de más de 143.000 estudiantes. De la cual el 82% de los estudiantes matriculados de primer ingreso procedían de los colegios públicos y más del 64% de los graduados de las universidades estatales provenían de hogares donde los padres no tienen un título universitario.

2. Durante el año 2021, el 63% de los estudiantes de las universidades públicas contaron con algún tipo de becas, porcentaje superior al 80% en las regiones periféricas del país.  Las universidades estatales han reforzado de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes.

3. Aumento en el acceso a la universidad estatal de jóvenes de hogares más pobres afirma el último informe del Estado de la Educación (2021). En una década, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años de hogares de quintil bajo de ingresos (quintil 1, quintil 2 y quintil 3) que accedió a la educación universitaria pública aumentó pasando de 8% en 2010 a 20,12% (2021) en el quintil 1, de 15,5% a 26,21% en el quintil 2 y de 21,7% a 32,47% en el quintil 3.

4. En Costa Rica son las Universidades Públicas las que más invierten en investigación científica, el desarrollo e innovación, más del 90% de la investigación desarrollada en el país se realiza en las universidades públicas. Durante el 2021, se realizaron 2.240 proyectos de investigación, más de 2.000 publicaciones científicas y se invirtió 67.599 millones de colones en I+D.

5. Las universidades públicas son las únicas que realizan proyectos de Extensión y Acción Social para solventar las necesidades de poblaciones y sectores claves para el país. En el 2021 se desarrollaron 1.259 proyectos, ejemplo de ello es el proyecto “Costa Rica aprende con la U pública”. Esta modalidad organiza cursos virtuales gratuitos y su oferta ha sido de 152 cursos que han impacto alrededor de 5.000 personas.

6. Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, por la naturaleza de sus servicios, requieren de un fuerte componente de talento humano, y esto lógicamente se refleja en sus presupuestos. Para el 2021 y 2022, no hubo ningún tipo de aumento salarial, ni reconocimiento de la anualidad. Estas medidas y otras en materia salarial han hecho que el presupuesto destinado a “Remuneraciones” muestre una tendencia a la baja, disminuyendo en el periodo 2019-2022 en ¢2.782 millones de colones. Se debe tener presente que los resultados de las medidas tomadas en materia salarial tienen un efecto mayor a largo plazo.

7. El Consejo Nacional de Rectores trabaja en un régimen de empleo unificado para el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal con sus procesos de remuneraciones, reclutamiento, selección, nombramiento, administración, méritos, evaluación y sancionatorios, conforme a los principios del régimen de empleo del sector público, estipulados en las leyes, los Estatutos Orgánicos de las universidades y la Constitución Política, el cual estará listo para el 2024.

8. Las universidades estatales cumplen con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Se somete a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, las universidades públicas han cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

9. El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

10. El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Es evidente que la posición del Poder Ejecutivo no tiene fundamento, los argumentos empleados son falsos y responden a un ataque que pretende debilitar y dañar la gestión de las universidades públicas, con la intención de intervenir en la educación universitaria estatal, como lo pretende hacer con el proyecto de ley 23.380, contrario a lo establecido constitucionalmente.

Desde las universidades públicas nos permitimos recordar que la mejor defensa de la ley y la institucionalidad, pasa por garantizar a la educación pública el presupuesto del 8% del PIB como un mínimo garantizando por la Constitución, esa es la mejor arma contra la politiquería, las noticias falsas, los discursos de corte populista y la polarización de la sociedad costarricense.

Pese al tono ofensivo de las palabras, emitidas en la conferencia de prensa, las universidades públicas seguirán esperando que el Poder Ejecutivo permita que se materialice la aspiración constitucional de que, en el marco de la autonomía, coordinemos para buscar potenciar el desarrollo nacional, como lo hemos hecho siempre.

Es por eso, que hacemos un llamado al Gobierno de la República al equilibrio, al respeto y a la observancia de la Constitución Política, a proporcionar información veraz que es la base para una sociedad más crítica, educada y que pueda tener herramientas para discernir las ideas que nos hagan progresar hacia una sociedad más democrática y equitativa.

UCR: PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL SOBRE DISCAPACIDAD ASPIRA A TRANSFORMACIONES SOCIALES

El deporte y la recreación es derecho de todas las personas Fotografia: Archivo ODI, UCR.

Enfoque de derechos se distancia de visión asistencialista y se acerca a un modelo de equidad

Autoría: Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoria de Acción Social)

Según la Encuesta Nacional en Discapacidad (ENADI) del 2018 en el país hay 670.640 personas adultas con discapacidad, lo que corresponde al 18,2% de la población, las cuales presentan altos porcentajes de desempleo, exclusión, desigualdad, pobreza y pobreza extrema. 

En este sentido, la Universidad de Costa Rica (UCR) suma sus esfuerzos para contribuir en la calidad de vida de las personas con discapacidad por medio del proyecto de acción social ED-1141 Programa de educación continua en accesibilidad y discapacidad, el cual  tiene como objetivo principal democratizar el conocimiento y contribuir en la toma de conciencia sobre los derechos de esta población, declaró Esteban Chaverri, coordinador del programa.

El programa consta de 16 cursos abiertos al público general, dirigidos a capacitar a familiares de personas con discapacidad, profesionales que trabajan con esta población y miembros de las comisiones de discapacidad de las instituciones públicas. Dentro de los diferentes temas que abordan destacan: la discapacidad y el empleo, el duelo entre familiares de personas con discapacidad cognitiva, accesibilidad, comunicación inclusiva, así como recreación y turismo accesible, entre otras.

La discapacidad la define el entorno

Los nuevos enfoques de la discapacidad se  centran en las barreras, desigualdades, y exclusiones que provoca el entorno, el cual suele ser pensado, diseñado y construido para un tipo específico de personas y deja de lado a otras personas con alguna condición particular. Es decir, un enfoque de la discapacidad por el disfrute pleno de los derechos humanos, lo que significa una evolución del enfoque de la discapacidad únicamente médico y de rehabilitación, según Erick Hess, coordinador del Postgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad, del que se deriva el proyecto ED-1141.

Derribar mitos

Uno de los objetivos del programa es contribuir a desarrollar una visión integral de las personas con discapacidad y destruir mitos todavía arraigados en la sociedad, que pueden afectar el disfrute pleno de sus derechos. Dentro de estos mitos se ubica principalmente: que las personas con discapacidad no pueden trabajar, producir y tener independencia económica; que siempre necesitan alguien que los asista de forma permanente; que son niños(as) eternos o que no pueden tener pareja, casarse o formar una familia.

La voz de quienes viven la discapacidad

Una de las premisas que tiene el programa, es que los docentes  de los cursos sean personas que pertenecen a la población con alguna discapacidad, “nada de nosotros sin nosotros”, declaró Chaverri quien es no vidente.

Así lo confirma Karen Rodríguez, quien forma parte del programa y del postgrado contribuyendo en el diseño de 14 de los 16 cursos y a la vez es una persona ubicada dentro del espectro autista. “No participo desde la verticalidad del especialista que estudia una población, ya que formó parte de la comunidad de personas dentro del espectro del autismo. Y eso para mí es muy importante que se resalte, porque las personas con autismo también aportamos a la sociedad y en este caso en particular a la comunidad costarricense», indicó.

Cuestionar el sistema con solo existir

«Debemos elevar la accesibilidad y la inclusión a nivel de lo político y sacarla del nivel de la empatía, de la caridad y de las buenas intenciones. Al convertir esos conceptos en derechos fundamentales del ser humano, los sacamos del ámbito privado del ámbito de la rehabilitación de la enfermedad. Con el enfoque en derechos humanos del programa sobre discapacidad se prioriza a la persona y no su condición.  Siempre va a ser más importante la persona que su diagnóstico», concluyó Rodriguez.

Hess destaca que generalmente las personas con alguna discapacidad son una población crítica de la sociedad. Ya que son excluidas, no se miran como cualquier otra persona en igualdad de condiciones, por lo que constantemente están solicitando el cumplimiento de derechos y mejoras en su calidad de vida y la forma en que son tratadas por el resto de la sociedad.

Generalmente se miran como personas totalmente marginadas por ideologías dominantes, modelos estereotipados que no toman en consideración a las personas con discapacidad tal y como son, en pocas palabras: “invitan y desafían sobre el tipo de sociedad que queremos y el  tipo de país que queremos y establecer las rutas que estamos pensando para las futuras generaciones”, señaló Hess.

El presente y futuro de la discapacidad en un contexto neoliberal

En materia de políticas públicas, Rodríguez sostiene que Costa Rica ha conquistado con mucho esfuerzo una serie de medidas y leyes que promueven y protegen derechos de la población con discapacidad, sin embargo mostró preocupación por ver lo que califica como un retroceso, especialmente con el actual gobierno.

“En un contexto neoliberal la persona en situación de discapacidad va a ser vista siempre como un gasto, va a ser vista siempre como una incomodidad, como un esfuerzo extra y probablemente [el enfoque] será asistencialista, porque es más fácil crear un Estado de asistencia que un Estado de equidad. En un contexto así es más conveniente ubicarla [a la población] en un papel asistencialista y no un papel protagónico, donde tenga derecho al trabajo, a una educación de calidad, a que se cumplan sus derechos en el ámbito de la salud y de los derechos laborales” declaró.

“Creo que peligra la situación de la persona con discapacidad, peligran los logros que habíamos obtenido como una legislación robusta; ejemplo a nivel latinoamericano” finaliza Rodríguez.

Jornadas de Acción Social en la Sede del Pacífico UCR

SURCOS comparte la siguiente información:

Se invita a la comunidad universitaria de la Sede del Pacífico a participar de las jornadas planificadas por Acción Social, la cual iniciará el miércoles 16 de noviembre a las 9 a.m., con la mesa de arte y cultura, la moderadora será la Dra. Susan Chen Mok, y participarán: Isaac Morera Montero, María Barboza Gutiérrez, Andrey Anchía Umaña y Jimmy Ortiz Chinchilla con distintos temas a abordar.

A su vez, a la 1 p.m. del miércoles se tendrá la mesa sobre la problemática social: reducción de la desigualdad, el encargado será el Dr. Jorge Bartels Villanueva y el panel invitado es: Tania León Alpízar, Marietta Villalobos Barrantes, Kathia Cousin Brenes, Kerry Navarrete y Mónica Muñoz Ramírez.

Esta jornada seguirá hasta el jueves 17 de noviembre, la cual iniciará a las 9 a.m con el tema educación y medio ambiente, la moderadora será MSc. Maureen Manley Baeza, y contará con la participación de Paola Montero Sanchez; Rosberly López Montero, María José Quesada Chaves, Adolfo Fallas Zuñiga, Aaron Galagarza Carrillo y Javier Madrigal Córdoba. 

Y para finalizar, el jueves a la 1 p.m. se tendrá el conversatorio sobre los aportes de actores locales a las comunidades e iniciativas estudiantiles, y el panel invitado es: Alisa Aster Zhiltsova, Jennifer Rojas Villalobos, Pablo Sibaja Mojica, Luis José Alvarado Moreno y Esteban Antonio Corrales Bermúdez. 

Quedan todos y todas cordialmente invitados (as).

Por otra parte, M.Sc. Jonnathan Salas Alvarado, Coordinador de Acción Social, invita a los encargados de los proyectos a la actividad de cierre de año Acción Social 2022. Se adjunta la agenda para el 01 de diciembre del presente año, en las instalaciones de Nances, Esparza, de 8:30 am a 12:00 md. 

UCR: Comida tradicional costarricense es sujeta de estudio y promoción en proyecto de acción social

El Casado es una comida tradicional completa.

Autoría: Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)

En el planeta se produce la suficiente cantidad de toneladas de platos básicos para solventar las necesidades nutricionales de la humanidad. Sin embargo, la alimentación es un tema aún más complejo que va más allá de los aspectos biológicos de nuestra especie, distribución y acceso, cultura, economía, calidad, producción y sostenibilidad son aspectos fundamentales en el cumplimiento del derecho humano a la alimentación, así lo afirma Patricia Sedó Masís, de la Escuela de Nutrición (ENu) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y coordinadora del proyecto de acción social Tradiciones alimentarias y cocina patrimonial de Costa Rica: acciones para contribuir a su salvaguardia (EC-436).

El proyecto se ubica dentro de la ENu como un programa que lidera el accionar de todo lo relacionado con la cocina costarricense, se enmarca en los objetivos de la agenda 2030 en donde se espera reducir el hambre y en donde los alimentos sean suficientes, nutritivos y culturalmente aceptables, es decir en donde se rescate la comida tradicional costarricense y sea nutricionalmente balanceada.

Dentro de sus objetivos se encuentran: generar material técnico para profesionales en nutrición, desarrollar material y actividades educativas para las comunidades y posicionar la comida tradicional costarricense en la agenda de las instituciones nacionales. Por otro lado se explora el contexto, cómo se producen los alimentos, cuándo y cómo se consumen, el carácter cotidiano y festivo además de su valor nutricional.

Como parte del proyecto se realizan  actividades educativas y de difusión sobre tradiciones alimentarias nacionales,  se desarrolló el taller de capacitación «Somos Maiceros»,  y hubo participación en la Cátedra Patrimonio y Diversidad Cultural coordinada por la Escuela de Antropología. 

Asimismo, se han elaborado publicaciones comoRecetario sobre preparaciones propias de la cocina tradicional de Costa Rica de bajo costo y alto valor nutricional. Como respuesta a los problemas de acceso a alimentos durante la pandemia por COVID-19, el proyecto realiza publicaciones periódicas en redes sociales, maneja la página «Costa Rica, Alimentos y Cultura», y edita e imprime el fascículo sobre la cultura maicera en Costa Rica.

Gallo pinto

Caso del Gallo Pinto

La investigación es una de las actividades sustanciales del proyecto y uno de los resultados concretos que arroja, es el caso del gallo pinto, un plato tradicional que se conoce en todo el terreno nacional, permanece en el tiempo, se aprovecha en diferentes tiempos de comida durante el día y cuya combinación de un cereal como el arroz, con una leguminosa como los frijoles lo convierte en un plato nutricionalmente completo, declaró Sedó.

Parte de la población con la que se vincula el proyecto son las personas adultas mayores del Programa Integral del Adulto Mayor (PIAM) que asistieron al curso: “ Alimentación Saludable”.

Emilia Villalobos, estudiante del PIAM afirma que en el curso le están enseñando criterios para tener una alimentación balanceada en la tercera edad.  Nos han abierto un panorama nuevo donde uno antes creía que estaba comiendo sanamente y saber que hay cosas que podemos mejorar en nuestra alimentación, como la hidratación que es tan importante en la edad de nosotros”, añadió.

Por su parte Carlos Ruiz, también del PIAM destaca que ha cambiado su visión de la alimentación con el curso. “Aunque en mi casa siempre intentamos comer sano, como por ejemplo tratamos de incluir ensaladas, este curso profundiza más sobre cómo hay que repartir las proteínas, los minerales y qué productos tienen esas características, entonces le permite a uno ir seleccionando y armando un menú que sea más saludable”, detalló Ruiz.

Abrazar la migración desde el arte comunitario

Entre septiembre y principios de noviembre, se llevó a cabo una gira nacional de cuentacuentos y música, en diferentes localidades donde se concentra población migrante en Costa Rica. Fueron ocho las localidades, mayoritariamente rurales o urbano-rurales: La Cruz (Guanacaste), Aguas Zarcas (Alajuela), La Carpio (San José), Puerto Jiménez (Puntarenas), Cuajiniquil (Guanacaste), Purral, Concepción Abajo y Alajuelita (San José).

Este proyecto artístico y comunitario se realizó gracias al apoyo de la Beca Proartes 2022 en donde se seleccionaron 26 proyectos y uno de ellos fue “Cuentos entre pasillos”, dirigido por Mirella Espinoza Lama, ecuatoriana residente en Costa Rica, cuentacuentos y filóloga española.

Este espectáculo tematiza la migración, la reconciliación identitaria cultural, local y comunitaria, además está dirigido a todo público, de 7 años en adelante. Se acompaña los cuentos con música compuesta por el guitarrista Yurguen Campos Otero. Pero, además, la gestión del espectáculo se proyecta de forma comunitaria.

Mirella, que es la cuentacuentos y además la encargada de la dirección del proyecto, eligió las comunidades mencionadas arriba no solo para presentarse allí, sino para construir la presentación a la par de los gestores y líderes comunitarios. Reconociendo así que el arte comunitario tiene sus propias particularidades, en contraste con las estrategias de difusión en el Gran Área Metropolitana; por ejemplo, el boca a boca proveniente de una persona líder de comunidad es más efectivo que la información divulgada en redes sociales.

También fue importante reconocer los proyectos de acción social y comunitaria que las personas están sosteniendo en dichos espacios y que, por lo general, son mujeres las que impulsan esas iniciativas.

La propuesta que realiza “Cuentos entre pasillos” está atravesada por el género, su perspectiva de las experiencias migratorias contempla que para hablar de migración es necesario ser migrante, en su caso, reconocerse como una mujer que migra y desde allí contar sobre los recuerdos de su tierra y dejar una semilla de esperanza. También para ella es importante hablar de esto con las niñas y niños, hablar en un lenguaje universal y desprejuiciado, y hablar para sensibilizar a personas no migrantes pero que conviven en una realidad migratoria.

“Quería que el espectáculo se construyera a partir de las experiencias, pero sin una visión dolorosa, porque el dolor está implícito. La gente que migra no necesita que se lo recuerden”, apunta desde sus reflexiones.

Este espectáculo lleva tres años presentándose en la GAM, pero en este año tuvo la oportunidad de sacarlo de las salas de teatro y hacerlo en otros espacios. “A veces comenzaba preguntándole al público si habían visto los pájaros en el cielo volando juntos, especialmente pájaros que no son propios de Costa Rica, y eso era suficiente para hablar de migración sin hacerlo directamente.”.

Otras de las instituciones que apoyaron de diferentes formas a este proyecto fueron Centro Municipal para Migrantes en La Cruz, a CENDEROS (en la región norte y San José), Sifais en La Carpio, Fundación Keme en Alajuelita, la Red de Mujeres Nicaragüenses en Costa Rica, Coopeemprendedoras en Cuajiniquil, la Asociación de Desarrollo Integral a cargo de lideresas de la zona, la Embajada Española y PiOsa de la UCR.


Mirella Espinoza Lama, ecuatoriana radicalizada en Costa Rica desde el 2014. Filóloga Española de la Universidad de Costa Rica. Cuentacuentos formada en el taller de Narrarte de la UCR y en diferentes talleres externos. Se enfoca en el trabajo comunitario y artístico a través de cuentos para todo público y talleres de creación de historias a través del juego. Organizó el grupo Círculo de Narradoras Orales en Costa Rica (proyecto en curso) y colabora actualmente con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (Sinabi), Costa Rica.

Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos

Dra. Yamileth González García, exrectora UCR y Colectivo Mujeres por Costa Rica

Costa Rica vive en la actualidad circunstancias que amenazan, como nunca, su estabilidad democrática y que, ponen en riesgo el Estado Social de Derecho y, en particular a las instituciones de educación superior pública.

El proyecto del Gobierno de Costa Rica que plantea una “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior”, expediente 23.380, es un irrespeto a las universidades públicas y muestra una ignorancia impropia de un Poder Ejecutivo. El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor, errada de lo que son las universidades públicas, desconociendo profundamente sus características y la esencia misma de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, evidencia, además, desconocer que durante los años de 1980 y 1990 ese financiamiento se vio severamente disminuido, particularmente para la educación superior, como, también, lo ha sido en décadas más recientes.

Cuando se afirma que la universidad pública ha sido considerada, simplemente “…como un mecanismo de movilidad social, fundamental para el país…“ nos hace entrar en dudas si los proponentes de este proyecto entienden la esencia de la Universidad; se pone en evidencia que, para el Gobierno, las universidades son, de manera excluyente, simples casas de enseñanza, centros de formación de profesionales y, quienes vivimos la vida universitaria a profundidad, sabemos que en nuestro país el quehacer de estas instituciones es mucho más que eso, que está asentado sobre tres pilares esenciales: la investigación, la docencia y la acción social, cuando, además, se señala que las universidades, no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la pregunta ¿Qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales para la empresa privada y su interés mercantil? Si la visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demande la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, de arte y las humanidades? que son, precisamente, las que desarrollan en sus graduados la formación de destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en grupos, que tanto ha influido en la idiosincrasia nacional.

En el artículo1 se establecen límite a la distribución del FEES, el cual sería, fundamentalmente, para financiar la regionalización, las becas y la infraestructura y, entonces, ¿no existe financiamiento para la investigación y la acción social? En la perspectiva de este proyecto a la investigación se le da un papel marginal y la acción social es absolutamente inexistente. Y eso no es casual: así buscarían romper o silenciar la significativa relación que las universidades tienen con la sociedad. A eso se le une que, según este proyecto de ley, la creación de nuevas carreras solo se podría dar si son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo (art.7), o sea que se elimina la potestad de las universidades de hacer inversión académica en áreas que estas consideren pertinentes.

A pesar de que, como se señala en el expediente 23.380, hubo, desde la Asamblea Constituyente de 1949, algunos legisladores que discutieron sobre la asignación del presupuesto para la Universidad, otros con sabia visión, como Rodrigo Facio, Carlos Monge y Fernando Baudrit… buscaron protegerla de posibles y futuros embates, como el que se vive en los momentos actuales.

Es inadmisible que, el Gobierno, tergiverse la Constitución Política y señale que el Estado solo debe comprometerse presupuestariamente, con lo necesario para las universidades, y así dejarlas sometidas a los criterios políticos de turno, asignando el mínimo y no el máximo.

No es admisible desde ningún punto de vista y el proyecto lo hace, que se irrespeten los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), quinquenalmente se han elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Por todo lo anterior resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES. Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos.

No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades quieren estar exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc), también de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente: por eso la defensa frente a esta proyecto que atenta contra sus derechos, no solo es necesaria y urgente, así como cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.

Inconcebibles son las trabas que se proponen para una ágil y eficiente administración de los recursos, si estos pasan a ser administrados por el Banco Central, y, peor aún, que las universidades tengan que hacer, mensualmente, los trámites para solicitar los fondos requeridos (art.3) y si los recursos, considerados excedentes deben pasar a la Caja única del Estado, pues, entonces, se crean impedimentos para la realización de obras que requieren más tiempo que el que define el período presupuestario señalado.

Es de esperar que una propuesta que irrespeta tanto a las universidades públicas no reciba la atención de la Asamblea Legislativa y que, en ese espacio, no olviden que, aún en tiempos de crisis, no se debe amenazar, como lo ha hecho inconcebiblemente el Presidente Chaves, a la sociedad con el quiebre de nuestro sistema democrático, sino que, por el contrario, recuerden que consolidar la naturaleza de bien público de la educación, constituye el mejor camino para fortalecer la democracia.

Proyecto de Acción Social de la UCR promueve el turismo sostenible en el Caribe

El TCU “Turismo Sostenible en el Caribe” de la Sede del Caribe UCR vincula su labor con escuelas del Caribe Sur de Costa Rica. Foto por TC-623, UCR.

27 de setiembre Día Mundial del Turismo

El turismo sufrió serias consecuencias producto de la Pandemia por COVID-19

El proyecto de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) ‘’Turismo Sostenible en el Caribe” (TC-623) busca identificar y promover el turismo con prácticas de sostenibilidad ambiental en las comunidades del Caribe de Costa Rica, fortaleciendo la vinculación de las diferentes organizaciones e instituciones de esta zona caribeña.

Este TCU nació producto de las acciones del Observatorio del Turismo para la región del Caribe que creó la UCR en el año 2010, con la participación de diferentes actores comunitarios, entre ellos: colegios públicos y profesionales, instituciones públicas, empresa privada y universidades públicas.

El proyecto fortalece a grupos comunales e institucionales como gestores de la conservación de sus recursos naturales y con esto potenciar el desarrollo no sólo del turismo, si no de todas las actividades socioeconómicas que giran alrededor de la concientización y conservación de los recursos presentes en las comunidades. La provincia de Limón como destino turístico, posee una serie de atractivos (naturales, culturales y sociales) que la diferencian de otras zonas del país, y los cuales dependen de su conservación y especial protección, no sólo por su valor turístico, si no por el valor histórico patrimonial inherente de la zona” explicó Bladimiro Argueta Corella, coordinador del TC-623.

Para lograr cumplir con estos objetivos, la labor estudiantil resulta indispensable. Algunas labores que desempeñan las personas estudiantes son la realización de talleres y tutorías para educar sobre el tema ambiental con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y centros educativos.

María Cabrera Sánchez, representante de la Organización Coral Conservation, comentó sobre cómo las y los estudiantes inscritos en el trabajo comunal aportaron al proyecto ‘Viernes por los corales’. “Este es un espacio de colaboración entre otras ONG’s de la zona y la comunidad junto con los alumnos del TCU para impulsar un movimiento de limpieza de playas, y así, visibilizar la problemática de residuos y concientización que se está viviendo en el caribe. Se trata no sólo de limpiar, sino de dar un ejemplo a seguir y compartir con los turistas”.

Una mirada estudiantil en pro del turismo

Argueta, coordinador de este proyecto, indica que se han integrado estudiantes de todas las carreras de la Sede del Caribe, inclusive de otras Sedes Universitarias. “Los y las estudiantes han logrado desde sus campos de estudio aportar nuevos conocimientos al proyecto, además, contar con variedad de campos de estudio ha permitido un aprendizaje conjunto”, declaró.

“El TCU me ayuda a identificarme más con las comunidades y a buscar maneras en las que pueda aportar un poco de lo que he aprendido en la universidad y que he visto el mismo efecto en los estudiantes que cooperan en el proyecto. Por eso, el TCU pasa de ser un requisito para graduarse, a formación que nos ayuda a crecer personal y profesionalmente y nos permite además disfrutar de la ayuda que brindamos en las comunidades” afirmó Eimy González, egresada de la UCR y asistente del TCU.

Para la estudiante, es muy gratificante comprobar que luego de los talleres que realizan, las personas participantes ponen en práctica lo aprendido y lo vuelven parte de su cotidianidad. “Una señora nos contaba que después de los talleres se pusieron la meta de separar los residuos semanalmente y que todos los miembros de su familia participaban, bien fuera reutilizando algunos recipientes para depositar residuos allí, otros decidiendo qué era valorizable y qué no y el resto preparando los residuos para su recolección”, comentó Gonzalez.

Por otra parte, en los centros educativos se trabaja con las personas estudiantes, buscando formas creativas y dinámicas para lograr mantener su atención y a la vez, entrelazar conocimientos en el tema ambiental. Uno de estos institutos es el Centro Educativo Boston.

“Desde que se trabajó con los chicos, se sembró la semilla del reciclable y darle usos a material que consideramos basura. Además que se incentivó la importancia de ahorrar. Los estudiantes quedaron muy satisfechos con el trabajo realizado”, indicó Katherine Brenes Araya, docente del Centro Educativo Boston.

El turismo es la fuente generadora de divisas más cuantiosa del país. El Caribe es una de las zonas más turísticas del territorio nacional. En el 2021 recibió un poco más de 1.3 millones de turistas. Previo al COVID, esta cifra superaba los 3 millones de visitantes anuales, generando para el país casi $4 millones en ingresos. Sin embargo, producto de la pandemia el turismo se redujo sustancialmente y el año pasado el monto apenas superó los $1.5 millones. A pesar de que se puede ver un aumento y recuperación progresiva, aún queda mucho camino por recorrer, y el TC-623 espera contribuir en el proceso.

 

Priscilla Corrales Barquero
Asistente de comunicación de la VAS, UCR

Lillianne Sánchez Angulo
Unidad de comunicación de la VAS, UCR

Ahorrar en educación es ahorrar en civilización

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía (ASCEIDE) expresamos nuestra solidaridad en defensa del presupuesto constitucional para la educación pública superior.

«Razones de economía nada justifican. Economizar en educación es economizar en civilización, y ningún pueblo de la tierra tiene derecho a hacerlo». Lo anterior nos lo recordaba –y tenía razón – el insigne educador Omar Dengo Guerrero. Su figura intelectual y humana, una de las más lúcidas de la educación costarricense, y de las más destacadas de la cultura nacional del siglo XX; supo sembrar la semilla de su pensamiento, con esta frase que, escrita ya tiempo atrás, sabe mantenerse vigente, para señalar el justo camino del presente, ante la discusión del presupuesto para la educación superior (y la educación costarricense en general).

Recortar presupuestos de la educación pública, no sólo es un retroceso en el desarrollo de la democracia, sino además un paso más hacia el fondo de la odiosa desigualdad, que se ha vuelto sistémica, y nos lleva al despeñadero sin retorno de la exclusión social y económica. El brutal recorte presupuestario a las universidades públicas, pone al rojo vivo la candente realidad del problema número uno del país: su sistema tributario perversamente injusto y totalmente corrupto. Las universidades estatales, tienen al igual que el resto de la sociedad, sus propias disparidades que equilibrar, senda inconclusa por la cual han iniciado a transitar. Lo anterior jamás debe eclipsar el hecho que el recorte presupuestario propuesto por la administración Chaves Robles, y su impacto en repositorios, programas sociales, infraestructura, equipamiento, gastos operativos, entre otros; no sólo perjudicarán la docencia, la investigación, y la acción social de las universidades estatales, sino que además acercará a no pocas de sus áreas a la tragedia cultural y humana de un cierre técnico. Desde ANEP y ASDEICE, estamos convencidos, que aplicar tal recorte a la educación pública superior, es un “muera la inteligencia”, que se expresará a través de asfixia presupuestariamente, en el marco de una crisis fiscal estructural, a la cual llegamos producto de la inacción premeditada de las élites plutocráticas gobernantes de las últimas administraciones ejecutivo-legislativas. Lo anterior, es una provocación de desestabilización social muy peligrosa. La corriente sindical en la cual militamos expresa su apoyo a la marcha universitaria de este martes 16 de agosto y, por ende, a la defensa del presupuesto de las universidades públicas, en cuanto a la naturaleza incuestionablemente constitucional de las obligaciones del Estado para con ellas.

La solidaridad de nuestras representadas para con las universidades estatales, no es flor de un día. Desde años atrás la hemos expresado de cara a las jornadas de setiembre de 2018 y octubre de 2019. Razón por la cual, tenemos muy presente, que para ese entonces las máximas autoridades políticas académicas, carecieron de una mirada humanista, pública y latinoamericana de más largo alcance; para sumarse a jornadas cívicas nacionales como el combo fiscal, la ley anti huelgas y la ley del empleo público, que hundían sus raíces en las mismas modas austericidas y causas estructurales que cíclicamente amenazan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En nuestro país, las Universidades Públicas, están en la histórica encrucijada, de asumir su rol en defensa del Estado Social de Derecho en que se fundaron, sumando al eje centrípeto del crisol de los sectores y organizaciones sociales de la patria, que, a lo largo de los últimos tiempos y de diversas maneras según las más complicadas coyunturas, hemos venido resistiendo las diversas ofensivas de la plutocracia reinante y su trasnochada ideología neoliberal. Instituciones del Estado como el ICE, la CCSS, el INS o FANAL; se encuentran actualmente al acecho de intereses similares a los que apuestan por un recorte asfixiante a las universidades estatales. Junto a la defensa de la educación, desde la más diversa y amplia ciudadanía, se debe estar atento a la defensa del ICE, de la “Caja”, de INS o la FANAL. Así mismo de una serie de instituciones, regímenes y programas sociales que están siendo estrangulados por la neoliberal regla fiscal. Las sucesivas administraciones ejecutivo-legislativas de la catástrofe fiscal en desarrollo, las del PLN, del PUSC y del PAC, nos han dejado al borde del precipicio de la quiebra del Estado; con una deuda pública imposible de pagar, con un acumulado de demandas sociales de potencial poder explosivo; y, con un pueblo trabajador que, en buena medida, ha estado dándole una oportunidad al nuevo Poder Ejecutivo y la nueva Asamblea Legislativa, cuyos verdaderos controladores de poder no parecen mostrar fuerte disposición a enfrentarse a la herencia perversa que nos asoma al “default”, pues tienen fuertes vínculos comunicantes a lo interno de las élites plutocráticas en aparente riña política. Las preocupaciones del Poder Ejecutivo con relación a las necesidades económicas y sociales de los sectores de la población costarricense que han venido sufriendo de manera más dura y cruel, la exclusión y la desigualdad (como las de las zonas costeras y fronterizas en las cuales el Presidente Chaves tuvo gran apoyo electoral); pudiesen ser objetivas; sin embargo, sin una transformación tributaria estructural para el fortalecimiento de una agresiva política pública de ataque frontal a la pobreza, vamos esbozando una nueva estafa electoral de muchísimas repercusiones negativas en la misma institucionalidad.

 

Compartido con SURCOS por ANEP y ASDEICE.