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Etiqueta: ACODEHU

Solidaridad con Colombia por el ACODEHU y SINDEU

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La Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEHU, y el Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica-SINDEU se pronuncian y solidarizan ante la situación de protesta social y defensa de los derechos humanos que ocurre en Colombia.

Por su parte ACODEHU manifiesta que todas y todos debemos sumarnos a las voces que condenan los actos de represión y de lesa humanidad perpetrados por el aparato militar, policial y personal del actual presidente de Colombia. Quienes deberán responder ante los organismos de Derechos Humanos, por los asesinatos en masa contra las masas que marcharon en defensa de sus intereses de forma desarmada.

Además, sostienen que los gobiernos no pueden continuar con las políticas gigantescas de cargas impositivas hacia las masas empobrecidas de este continente.

De igual forma, el SINDEU expresa una felicitación a las organizaciones sociales y principalmente a la juventud, por su papel histórico contra la reforma tributaria regresiva, por el derecho fundamental a la protesta social y principalmente por el respeto de la vida humana de las y los ciudadanos de nuestra hermana República colombiana.

Asimismo, el pronunciamiento expone la necesidad de sumar voces que a nivel mundial condenan los actos de represión y de lesa humanidad perpetrados por el aparato militar y policial. Acciones que corresponden personalmente a las decisiones del actual presidente de Colombia y su forma servil a las disposiciones de Álvaro Uribe Vélez.

Para leer ambos pronunciamientos puede leer los archivos adjuntos.

ADJUNTO-ACODEHU-CONDENAMOS-A-IVÁN-DUQUEDescarga
ADJUNTO-SOLIDARIDAD-CON-EL-PUEBLO-COLOMBIANO-1Descarga
AJUNTO-EXPIACIÓN-DEL-DOLORDescarga

 

Información compartida a SURCOS por Trino Barrantes.

ACODEHU: no a la impunidad, no a la represión contra pueblos indígenas defensores y recuperadores de sus territorios

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SURCOS comparte el siguiente comunicado:

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

Comunicado 25 de marzo 2021.
San José, Costa Rica

NO A LA IMPUNIDAD, NO A LA REPRESIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEFENSORES Y RECUPERADORES DE SUS TERRITORIOS

Por el fortalecimiento del movimiento social en defensa de las comunidades y pueblos originarios recuperadores de sus tierras y territorios

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) manifestamos nuestra preocupación ante los hechos recientes de violencia contra el territorio recuperado Yuwi Senaglö, Cabecar, China Kichá.
Durante el día jueves 24 de marzo, 2021, mientras la comunidad Yuwi Senaglö sostenía reuniones con altos funcionarios del gobierno costarricense, tales como los viceministros de Vice-presidencia Eduardo Solano y de Seguridad Randall Otárola, bajo un supuesto diálogo, habitantes de la comunidad sufren de acoso y persecución por parte de la fuerza pública.
Después de retirarse del territorio dichas autoridades de gobierno, la fuerza pública atacó con gases lacrimógenos, uno detrás del salón comunal y el otro directamente en Yuwi Senaglö, durante la medianoche del día 24 de marzo, 2021.
Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU exige a la administración del señor Carlos Alvarado lo siguiente:
1. Garantizar que la fuerza pública y las autoridades pertinentes implementen verdaderos mecanismos para la protección y la seguridad de las comunidades indígenas; en lugar de aterrorizar a la niñez y a las familias con mecanismos de acoso, intimidación, persecución, represión, criminalización y judicialización contra los pueblos indígenas recuperadores de sus territorios.
2. Demostrar con acciones contundentes la voluntad política del gobierno del señor Carlos Andrés Alvarado Quesada de investigar, procesar y castigar a los responsables de las constantes violaciones de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Para ello, impedir que estos actos queden impunes, porque la impunidad niega la justicia para las víctimas, incrementando el escenario de tensión y sufrimiento que atenta contra la integridad física y emocional de las víctimas de esta violencia.
3. Cumplir con normativas, Tratados y Convenios establecidos a nivel nacional e internacional frente al compromiso y responsabilidades que tiene el Estado en este tema.
4. Investigar los actos de agresión de la fuerza pública durante la noche del martes 24 de marzo de 2021, contra las personas de la comunidad la comunidad Yuwi Senaglö de China Kichá.
Aclarar el porqué del uso de los gases lacrimógenos y los abusos de autoridad, los cuales han sido recurrentes por parte de los efectivos de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas; y en esta ocasión los ataques de agresión fueron contra dicha comunidad, quienes se han visto en la necesidad de defenderse y proteger sus territorios recuperados como acciones amparadas a los acuerdos internacionales y suscrito por el Estado Costarricense y por los tribunales nacionales.
5. Que los Ministerios de la Presidencia y Seguridad rindan un informe a la población de China Kichá, a la sociedad en general y a los organismos de Derechos Humanos sobre los hechos violentos, las personas responsables y las autoridades involucradas en dichas acciones.
La ACODEHU se suma al conjunto de voces y organizaciones quienes reafirmamos que el Estado costarricense continúa violando de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Cabecar de China Kichá.
A la vez, responsabilizamos al Estado costarricense y al gobierno actual de los actos violentos que continúan vulnerabilizando los derechos humanos de los pueblos indígenas; en especial quienes recuperan en forma pacífica sus tierras y territorios que históricamente les pertenecen.
Existe una deuda histórica frente a la violencia contra los derechos humanos y la autonomía que los pueblos originarios defienden desde hace más de cinco siglos.

ACODEHU
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Tatiana Otto Golobina
Secretaria

25 de marzo, 2021
www.acodehu-ddhh.org
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

ACODEHU: Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

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SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu):

San José, Costa Rica
12 de enero de 2021

Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

Solidaridad con ciudadanía judicializada

Los últimos meses 2020, en medio de la crisis social, económica y sanitaria agudizada por la pandemia COVID19, diferentes sectores de la sociedad civil se suman al llamado del Movimiento Rescate Nacional (MRN), para impulsar protestas sociales contra las intenciones tácitas del gobierno de Carlos Alvarado de condicionar la vida y el futuro de nuestro pueblo a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Demostrando de manera consciente y creativa que ante la semiparalización por pandemia, los protocolos de distanciamiento social no son sinónimo de indiferencia social, y mucho menos, negación de la política económica nefasta emprendida por el estado costarricense a partir de la imposición del Combo Fiscal.

En este escenario de lucha social, el 12 de octubre 2020, en una manifestación cívica frente a casa presidencial, son víctimas de detenciones arbitrarias ciudadanía que ejerce el derecho legítimo de toda democracia a protestar y defender la soberanía política, cultural y económica del país, ante las intenciones del gobierno de supeditar aún más nuestras vidas a los mandatos fruto del capitalismo voraz representado en el FMI; lejos de impulsar medidas para que la carga tributaria sea asumida por los sectores de mayor poder adquisitivo del país y no por los sectores más vulnerabilizados, que de hecho, la pandemia ha visibilizado a nivel nacional e internacional el creciente índice de pobreza que sufrimos.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos reitera su profunda preocupación y rechazo al conjunto de violencias emprendidas por el estado costarricense y apoya las diferentes acciones impulsadas por nuestro pueblo en defensa de sus territorios, conquistas y dignidad, como la reciente marcha emprendida el 11 de enero 2021 por representantes de organizaciones base de las comunidades Ngäbes (ATIAPSI, ATIGUSI, COIS) desde Sixaola hacia San José y denunciamos la práctica del gobierno a hacer caso omiso al mandato desde la CIDH de proteger a las comunidades indígenas recuperadoras de sus territorios y aplicar la normativa respectiva en su defensa.

Precisamente, después de la burla de un supuesto proceso de diálogo, este 11 de enero el gobierno confirma que inicia conversaciones formales con el FMI para lograr un acuerdo “para garantizar la estabilidad económica del país a mediano y largo plazo, y para promover un crecimiento más fuerte, inclusivo y sustentable.” Denunciamos que estas acciones constituyen una continuidad para afianzar la imposición de medidas, políticas económicas y proyectos de ley tendientes a despojarnos de las garantías sociales que han sido pilar para el estado de derecho que históricamente ha caracterizado a Costa Rica y hoy cada vez más amenazado, recargando la crisis económica en los hombros de nuestro pueblo.

Así, nos sumamos al llamado solidario de diferentes colectivas, instancias y organizaciones a fin de sumarse a piquete en solidaridad con compañeros y compañeras que mañana han sido citados a audiencia judicial como parte de esta ola de represión institucional emprendida por el estado costarricense.

Primer Circuito Judicial, San José

Miércoles 13 de enero, 2021
9 AM

De igual manera, reiteramos que dicho proceso de judicialización orquestado desde los grupos de poder, donde incluso medios de comunicación asumen un papel mediático intentando convertir en delito el derecho humano a la protesta social, se suma a una gran cantidad de casos de compañeras y compañeros víctimas de abusos policiales, persecución y detenciones arbitrarias, quienes muchas y muchos hoy se encuentran con procesos judiciales que atentan contra su dignidad y proyectos de vida.

¡No al FMI!
¡La protesta social es un derecho humano inalienable!
¡No a la criminalización y judicialización de la protesta social!
¡Respeto a la integridad física y emocional por parte de la fuerza pública!

ACODEHU

Ana Cecilia Jiménez
Presidenta ACODEHU

Criminalización de la protesta social, coyuntura de crisis, detenciones y violencia en el marco de la lucha del movimiento social costarricense

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ACODEHU, SINDEU

En La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) somos conscientes de la profunda crisis que vive actualmente el país y consecuentemente el deterioro sostenido en materia de Derechos Humanos, que se dibujan en la superficie de una democracia que cada vez más, cierra los espacios al diálogo y agudiza las diferencias de clase.

Lo anterior se ha agravado por la crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus-COVID-19 o SARS- CoV-2, y también porque el proyecto neoliberal, que se profundiza desde 1983, conlleva a una caída sostenida de la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia.

Al interior del país una burguesía parasitaria se entrega cada vez más a los organismos financieros internacionales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). La OCDE, en una clara intromisión a la política interna, exige al gobierno el establecimiento del salario único, a fin de eliminar los 266 pluses que existen actualmente, como logros, en su mayoría por la lucha y defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Todo lo anterior sostenido bajo un proyecto cuyo horizonte es profundizar la crisis mediante el sometimiento a un nuevo préstamo con el FMI, pero además intensificar una carga impositiva a las grandes mayorías y teniendo como punto de anclaje la venta de activos y, la privatización y la tercerización de los servicios. A la par de ese modelo económico excluyente, en el poder Legislativo se solidifica un proyecto con leyes anti laborales que conducirán a un retroceso histórico al país, toda vez que rompen con la vieja estructura del Estado Social de Derecho.

En lo político y social, preocupa profundamente a la ACODEHU y al SINDEU, la escalada de actos de represión, hostigamiento y judicialización que se dan en la lucha que recientemente vivió el país entre los días 30 de setiembre y 16 octubre. En materia de Derechos humano la criminalización de la protesta social, debe preocuparnos de manera particular.

Creemos firmemente que la vía de solución propuesta por el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, de resolver el déficit fiscal y las finanzas pública a través de una nueva negociación con el FMI, no es la solución. Más bien esa propuesta es una de las razones subyacentes en las recientes movilizaciones populares que vive el país, en tanto, como objetivo central se orienta a que el gobierno central debe enfrentar con toda la entereza y valentía el fraude fiscal; es decir, el robo de impuestos mediante mecanismos como la evasión, la elusión, las monstruosas exoneraciones y los privilegios fiscales a las grandes rentas y capitales. El simple anuncio que vivió el país, de un nuevo préstamo por la suma de $ 1,750 millones, formó el caldo de cultivo que propició las grandes manifestaciones del pueblo costarricense.

Le invitamos a descargar el documento completo del análisis de ACODEHU y SINDEU recibido en SURCOS.

ACODEHU-MOVIMIENTOS-SOCIALES-SETIEMBRE-Y-OCTUBREDescarga

Honduras necesita de la solidaridad internacional

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Llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos y al mundo a poner el ojo en los hechos que acontecen al Estado de Honduras con las poblaciones indigenas garifunas y lencas

El Colectivo de Solidaridad con Honduras y la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), condenan a las empresas destructoras del medio ambiente, que actualmente destruyen las montañas, los ríos y los bosques sagrados, donde en plena armonía con la naturaleza, las poblaciones originarias y campesinas producen para cientos de familias indígenas, garífunas y campesinas. En una sola voz en armonía con la naturaleza luchan a favor de sus territorios y los recursos naturales que son de su pertenencia.

Merece especial atención, la complicidad del regimen de la dictadura de Juan Orlando Hernández-JOH y de los políticos y autoridades “legales”, que han dejado a las comunidades a manos de la voracidad de empresarios espurios, que asesinan, destruyen cultivos y plantean desalojos admistrativos a las familias, que tienen y defienden los derechos que históricamente les corresponde, gracias a las luchas organizadas que han sostenido, a su permanencia y acuerdos nacionales e internacionales, que los protege y les da su derecho como legítimos dueños de su territorio y su cultura.

Son varios los municipios que defienden sus derechos, y que han venido resistiendo a las políticas desvastadoras y destructoras contra las y los habitantes de los territorios originarios y autóctonos de indígenas y garifunas, por lo que la persecución, el asesinato de líderes y lideresas y la desaparición reciente de cuatro pobladores garifunas de la Aldea Triunfo de la Cruz , son algunos de los actos de violencia política que nuestras organizaciones están denunciando desde Costa Rica, para que a nivel internacional se intensifique la solidaridad con los luchadores sociales y las familias, víctimas de fuertes violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en Honduras , con la complicidad del Narco-Estado y del gobierno actual, surcado por niveles de corrupción como nunca vistos en la historia de la Patria de Francisco Morazán.

En esta ocasión, expresamos nuestro apoyo a las comunidades y dirigentes sociales, que están recibiendo amenazas de muerte, persecución, desapariciones y asesinatos selectivos.

Tambien denunciamos las amenazas a muerte,coaciones a los grupos campesinos indigenas de “Nueva Esperanza” en el municipio de Santa Maria y Santiago Puringla y del Consejo Indigena “Nueva Palestina” del municipio de San Jose, ambos del departamento de la Paz.

Las páginas con nombres de compañeras líderes y compañeros dirigentes, llenarían largos muros de dolor. Hoy son los casos de Jaira Castillo, luchadora y activista por los Derechos Humanos, representante del Consejo Indígena Derecho a la Tierra, Róger Emilio Medina Orellana, Félix Vásquez y Víctor Vásquez. Los dos primeros dirigentes de la Union de Trabajadores del Campo (UTC) del departamento de la Paz.

Víctor Vásquez, del Consejo Indigena Lenca de Simpinula, oriundo del municipio de Santa María, perteneciente al grupo Nueva Esperanza, ha estado bajo amenaza de muerte por la defensa de su territorio,los bienes comunes,los derechos humanos y defender los municipios libres de la explotacion minera y hidrica. Pero además, su comunidad vive también bajo la amenaza de un desalojo, mediante el cual 32 familias se verían seriamente lesionadas en sus intereses. Bajo la amenaza de personas armadas, y grupos de choque, son objeto absoluto del abandono y de la intervención del Estado a su favor.

Pero la resistencia histórica no se doblega. Recientemente tuvimos noticia de la sublevación que se dio en el municipio de Guajiniquiro, contra empresas inescrupulosas y las medidas aprobadas bajo la licencia ambiental, para el saqueo de sus santuarios sagrados de sus recursos naturales.

Estos son solo algunos de los casos de los que se tiene información. Pero a nuestra hermana República de Honduras, la tienen secuestrada y vilipendiada. Cada hora es sangrada por el narcoestado y los socios del “puti club”, como valientemente los llama el programa internacional del “Perro Amarillo”.

Es conveniente dejar constancia de que el Instituto Nacional Agrario (INA) de Honduras tiene la potestad y los recursos, para contribuir con una política sana y de total respeto a las comunidades indígenas, de campesinos y garifunas. No obstante, la inercia y la complicidad del Estado, deja a la deriva a las comunidades y sus habitantes, los cuales se exponen a los actos de violencia del cual el mundo tiene noticia y que tenemos que repudiar. Un Estado que abandona su compromiso con la protección y defensa de los Derechos Humanos fundamentales y la solidaridad con sus grandes mayorías, es un estado vulgar, que dobla su cerviz a los más espurios intereses de una oligarquía y politicos corrompidos ante las políticas neoliberales de los organismos financieros internacionales.

No nos quedemos en el ejercicio de la denuncia. Estamos obligados a crear formas donde la solidaridad, la denuncia y la lucha a favor de los pueblos originarios, campesinos y garifunas, se materialice y se concretice.

Desde Costa Rica estaremos dandole seguimiento a estos atropellos que sufren estas poblaciones humildes patrocinadas por ambiciosos personajes locales con el apoyo de las autoridades del regimen corrupto y dictactorial de Juan Orlando Hernandez.

ANA CECILIA JIMÉNEZ A.
ACODEHU
ÓSCAR LEIVA C.
COLECTIVO DE SOLIDARIDAD CON HONDURAS

Dado en San José, Costa Rica, 18 de agosto del 2020

 

*Imagen: http://territorioindigenaygobernanza.com/web/nnic_03/

Migraciones, COVID-19 y xenofobia

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ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

Los migrantes al frente de una inédita batalla, la lucha contra el COVID-19, las políticas de explotación y los distintos caminos de la solidaridad.

San José, viernes 12 de junio de 2020

“Al río que todo lo arranca lo llaman violento,
pero nadie lama violento al lecho que lo oprime”. – Bertold Brecht

“No es la tierra esta vez la que se mueve, somos nosotros, migrantes. Los y las migrantes, todas las personas que vivimos las diversas formas de movilidad humana, somos parte consustancial de las nuevas realidades mundiales y también una expresión emblemática de sus contradicciones y desafíos”. Carta latinoamericana de migrantes

El 26 de agosto del año 2016, François Soulard, Germà Pelayo, escribe un excelente artículo sobre los migrantes y la urgencia de abrir nuevos caminos al mundo. Precisamente de esa miscelánea, tomamos prestados los dos epígrafes.

Hoy, nuestro interés como ACODEHU es dejar patente el repudio y condena a los actos de discriminación, xenofobia y arbitrariedad contra las migraciones de las y los hermanos nicaragüenses.

Debe quedar absolutamente claro, que al inicio los primeros contaminados no fueron centroamericanos, sino extranjeros que gozaban de sus vacaciones en nuestro país. Pero, posiblemente, por su color de piel y país de origen, se buscó silenciar su condición.

Las migraciones hoy como el coronavirus, que ha producido una profunda crisis estructural en el sistema capitalista, son fenómenos transnacionales. Por eso nos ha extrañado sobremanera, la posición del Ministro de Salud, al asumir una posición que se acerca a una peligrosa acción xenofóbica, acusando a los migrantes y al gobierno de Nicaragua de los eventuales picos pandémicos del COVID-19 en Costa Rica.

Pero aún más peligrosas están resultando las prácticas del Ministro de Seguridad, con sus detenciones masivas, su carta política anti Nicaragua, afirmada por una Asamblea Legislativa servilista de los intereses más espurios del imperio norteamericano.

A las organizaciones de Derechos Humanos se les exige neutralidad, pero todas las acciones de la humanidad son políticas, por eso no podemos quedarnos en una fase contemplativa. A las cosas y a los actos por su nombre.

Citemos con el autor, anteriormente referido en los párrafos precedentes:

“…Siempre es útil volver a dimensionar la amplitud del “rumbo migratorio” tomado por el orden global, hoy marcado por una movilidad humana compulsiva comparable a la que ocurrió durante la segunda Guerra mundial. Se estima actualmente un total aproximativo de mil millones de migrantes, entre ellos 250 millones de migrantes transnacionales (concentrados principalmente en 10 países de destino) y 750 millones de migrantes internos, representando un total 30% de la fuerza laboral planetaria”.

Los flujos migratorios de centroamericanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, peruanos tienen un sello profundamente femenino, son forzadas, resultado de políticas de precarización en sus estados originarios o simplemente, forman parte de una nueva ruptura político-cultural.

Detrás de la noticia contra los migrantes nicaragüenses, se esconde un discurso, una narrativa muy peligrosa. Hay una clara provocación para legitimar, no sabemos que oscuros intereses. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos percibimos mecanismos para legitimar una nueva invasión, una ruptura al orden constitucional, una violación a la autodeterminación y la independencia de Nicaragua y otros países hermanos.

Denunciamos ante la opinión pública e internacional ese doble discurso que tiene un rasero poco ético, pues se esconden las verdaderas causas que generaron la pandemia; por el contrario, se asume como chivo expiatorio a nuestras hermanas y hermanos nicaragüenses que son parte de la sostenibilidad de las transnacionales en nuestro país, bajo el cobijo de salarios miserables y la violación sistemática de todos sus derechos laborales y humanos.

Ana Cecilia Jiménez A
Presidenta-ACODEHU
E.Mail: “ACODEHU”
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
acodehu@derechosmigrantes.org

ACODEHU: Sobreseimiento para Carlos Andrés Pérez

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Carlos Andrés Pérez Sánchez: Trabajador de RECOPE Limón-Costa Rica – Ex preso político, permanece suspendido de su trabajo y tendrá que enfrentar un nuevo juicio penal, pese a las inconsistencias, que se demostraron en la resolución del Tribunal de Apelación, 26 de febrero 2019

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Asociación Costarricense de Derechos Humanos hace denuncia

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Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU

Costa Rica: 25 días de Huelga Nacional Indefinida

Incremento de la represión, criminalización y judicialización de la protesta social

Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU considera una obligación denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, la violación por parte del Estado costarricense de una serie de derechos humanos fundamentales que se han dado en el marco de la huelga nacional que hoy alcanza el día 25 y tres semanas de duración.

Cien horas para concretar un diálogo que no fue posible, por falta de voluntad política de la administración del señor Carlos Alvarado Quesada.

En este contexto, 20 días después de haberse declarado la huelga nacional, el gobierno impone el “Documento de consulta a las bases sindicales y sociales” documento que no recoge las inquietudes ni atiende las demandas de los sectores en huelga y adolece de satisfacer derechos humanos fundamentales de una gran cantidad de actores y sujetos sociales.

Por las mismas inconsistencias estructurales de un documento preliminar y por su naturaleza de ser elevado a consulta de las base, el rechazo fue total y contundente, por lo que el gobierno endurece su posición de intransigencia y agudiza la represión de la fuerza pública, bajo las órdenes del Ministerio de Gobernación y Seguridad.

De igual forma, durante las dos últimas semanas el proceso de criminalización, agresiones y judicialización de la protesta social se incrementó contra los sectores que se mantienen en huelga.

La intimidación del gobierno se ha caracterizado por amenazar con la declaratoria de ilegalidad de la huelga; el despido masivo y selectivo del sector magisterial y de otras instituciones estatales. Se suma a esto, la campaña mediática del miedo dirigida al pueblo, distorsionando la verdadera esencia y contenido del Plan fiscal que se discute y pretende imponer desde las Asamblea Legislativa, contra las grandes mayorías que lo objetan.

El tema de fondo es que el pueblo rechaza el Proyecto de Ley 20.580 por su carácter neoliberal y regresivo que atenta contra las conquistas sociales de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.

Este obedece a los dictados del FMI y plantea la exoneración de impuestos a las empresas trasnacionales como las zonas francas y otras que operan con grandes tasas de ganancia en este país.

En el contexto de rechazo de este proyecto, y porque no ha dado la oportunidad de otro proyecto de verdadera justicia social, es decir una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria, el pueblo se mantiene en las calles en marchas pacíficas manifestando el derecho a disentir, directamente ligado a un conjunto de derechos que resguardan la protección constitucional; así tenemos el derecho de asociación (Art.25), el derecho de reunión y manifestación(Art.26), derecho a la libertad de petición (Art.27), derecho a la libertad de expresión y opinión (Art.28 y 29), además del Artículo 13 de la Convención Interamericana de DDHH y el derecho a huelga (Art.61 y Convenio 87 de la OIT).

Al día de hoy los episodios de violencia por parte de los diferentes cuerpos represivos, se han caracterizado por actuar de forma brutal en diferentes lugares del país, haciendo uso de gases lacrimógenos, golpeando en forma indiscriminada a la ciudadanía partícipe en las diversas manifestaciones, amén de las diferentes organizaciones sociales, sindicales y organizaciones de Derechos Humanos.

– Principales comunidades reprimidas y/o intimidadas por provincias

Guanacaste: Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Bagaces y Liberia.

Puntarenas: Parrita, Quepos, Jacó, Miramar, Barranca, Caldera, Paso Canoas.

Alajuela: Upala, Muelle, San Ramón, La Garita.

Limón: Home Creek, Moín, Siquirres, Valle la Estrella y territorios indígenas.

Cartago: Alto de Ochomogo.

San José: San Pedro Montes de Oca (violación a la autonomía universitaria y represión, criminalización y judicialización a una estudiante y tres estudiantes universitarios. El profesional de Ciencias de la Comunicación que cubría los hechos de ese día, 12 de setiembre, fue brutalmente agredido.

– Detenciones arbitrarias

Moín: 25 personas detenidas y un menor de edad asesinado.

Barranca: 5 personas detenidas

Caldera: 8 personas detenidas-judicializadas

La Garita: 3 personas detenidas

– Procesos de judicialización

San Pedro de Montes de Oca (San José): cuatro estudiantes detenidos y judicializados (una estudiante y tres estudiantes). Caldera, Puntarenas: ocho detenidos y judicializados.

– Agudización de agresiones físicas y psicológicas

En la represión militar y policial no se ha respetado la niñez, mujeres, personas adultas mayores ni habitantes de pueblos originarios.

– Mecanismos de intimidación y coacción

El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otras entidades del estado han procedido con amenazas abiertas en la línea de despidos y rebajos salariales a trabajadoras y trabajadores que están en huelga, o bajo la amenaza directa de plantear en los tribunales de trabajo la “ilegalidad de la huelga”.

– Campaña mediática y difamación del movimiento de huelga

El discurso sostenido del gobierno contra los derechos laborales conquistados a partir de 1940 se ha hecho presente a través de acusaciones infundadas contra las trabajadoras y trabajadores públicos, acusándoles de supuestos actos de violencia y terrorismo.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU hace un llamado a la opinión nacional e internacional para que se solidaricen con el pueblo de Costa Rica y se le exija al Gobierno y a la Asamblea Legislativa la suspensión de la represión, la criminalización y penalización de la ciudadanía que ejercen el derecho de la protesta social como el primer Derecho Humano Fundamental, a fin de garantizar la participación democrática en este país.

Solicitamos el envío de mensajes de solidaridad al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, a los ministros y las ministras, diputadas y diputados y demás autoridades del Estado, para que se deponga el clima de tensión ante el repudio del pueblo a la crisis fiscal y al Proyecto de Ley 20.580 que nos quieren imponer.

Un proyecto de Ley que es rechazado por más del 79% de la población costarricense, no puede ser aprobado, pues atenta contra el principio más esencial de la democracia económica y social.

 

Ana Cecilia Jiménez Arce

Presidenta

Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

E.mail: carana1945@gmail.com

Tel. 00 (506) 8706 71 00

San José, Costa Rica, jueves 4 de octubre de 2018

 

ACODEHU denuncia internacional

 

*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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Estudiante hondureño Eduardo Urbina está libre

Escrito en . Publicado en Derechos.

Semanas atrás SURCOS informó que El Colectivo de Solidaridad con Honduras en Costa Rica emitió un comunicado en el que denuncia que “el 15 de marzo se confirmó la detención del estudiante hondureño Eduardo Enrique Urbina Ayala, quien se encuentra en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (CATECI) en San José, Costa Rica“. El joven es solicitante de refugio. (Ingresar a la nota en el siguiente enlace, http://wp.me/p6rfbZ-5CF)

Este universitario ingresó a Costa Rica el 11 de diciembre del 2017, debido a la criminalización y campaña de persecución política del Gobierno de Honduras. Ha tenido el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

El día de ayer recibimos el siguiente comunicado que compartimos:

Con mucha satisfacción podemos informarles que Eduardo Urbina está libre.

En este momento jóvenes del FA. y de la UCR. San Ramón lo estarán acompañando por estos días.

Lo más importante es informar al mundo que Eduardo Urbina, es INOCENTE y preso político de Honduras.

Este joven quedó en libertad porque el Estado de Costa Rica le concedió el merecido REFUGIO.

Les informo que el trabajo de la ACODEHU continúa en la lucha por la libertad de los 22 presos políticos que permanecen aún en las cárceles de Honduras.

 

Enviado por Marlin Óscar Ávila.

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Comunicado oficial de ACODEHU referente a solicitud de extradición por parte del gobierno de Honduras de dirigente estudiantil

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) denuncia, ante la comunidad nacional e internacional, que el gobierno de Honduras ha solicitado al gobierno de Costa Rica la extradición del dirigente estudiantil y defensor de los Derechos Humanos, EDUARDO ENRIQUE URBINA AYALA, de 22 años de edad, estudiante de tercer año de la Carrera de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH.

El joven ingresó a Costa Rica el 11 de diciembre de 2017, con documentos legales y con una visa de turista de 90 días, por recomendación del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), debido a la fuerte persecución política que sufre por parte de los aparatos represivos y militares de Honduras, corriendo riesgo su vida ante reiteradas amenazas de muerte. Persecución que es producto de un contexto de violencia institucionalizada donde, día a día, aumenta la represión, asesinato, judicialización, tortura y encarcelamiento arbitrarios contra quienes expresan su derecho a la protesta social y defensa de los Derechos Humanos; donde jóvenes y estudiantes hoy forman parte de 22 presos políticos; entre ellos, una joven. Así mismo, a partir del fraude electoral, suman más de 33 personas asesinadas por ejercer su derecho a manifestarse, y más de 100 personas judicializadas o criminalizadas.

Cuyos autores materiales son la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar de Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, y Dirección Policial de Investigación.

Cuando el joven Urbina tenía 4 días de haber ingresado a nuestro país, el gobierno de Honduras, a través de la Fiscalía General de Honduras, montaron la historia falsa a fin de culparlo de la quema de un camión militar, efectuada el día 15 de diciembre de 2017. Posteriormente, solicitan al gobierno costarricense la deportación.

Ante este atropello a los derechos humanos –práctica sistemática del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH)- los organismos de Derechos Humanos de Honduras y Costa Rica, reiteramos a nivel internacional, que Eduardo Urbina Ayala es totalmente inocente de dichas acusaciones; en tanto, al darse dichos hechos, ya tenía cuatro días de permanecer en Costa Rica.

Lamentamos y condenamos que el gobierno de Honduras haya, además, interpuesto la orden de extradición. Procedimiento que ha hecho que el joven sea trasladado a la cárcel, en el Segundo Circuito Judicial de San José, Organismo de Investigación Judicial (OIJ); bajo la latente amenaza de ser recluido en un Centro Penal, por ser perseguido político, para luego ser extraditado a su país, conocido internacionalmente como dictadura con disfraz de democracia y en donde no se respetan las garantías constitucionales y los Derechos Humanos.

Proceso que afecta drásticamente al joven Eduardo Urbina, con suficientes pruebas de ser inocente de lo que se le imputa en Honduras.

El gobierno de Costa Rica ha sobresalido históricamente por tener una política de Estado de Respeto a los Derechos Humanos, con un marco Institucional y Normativo adecuado. En este escenario, apelamos a la sensibilidad y conciencia de sus autoridades competentes, para que, en congruencia con esta política, apruebe la solicitud de refugio en este país hecha por el joven Urbina Ayala; quien claramente es perseguido político del gobierno de Honduras; por lo que de ser extraditado, el gobierno hondureño atentará contra su vida e integridad física, donde significa prácticamente condenarlo a tortura y muerte, por ser un estudiante universitario que se opone a la pérdida de la «democracia en su país».

Agradecemos todos los esfuerzos emprendidos por organismos de DDHH, organizaciones y personas solidarias y conscientes, a nivel nacional e internacional, en aras de extender su apoyo al joven Urbina, y mantenerse vigilantes en este proceso.

 

¡Respeto a los Derechos Humanos del joven Eduardo Urbina Ayala!

¡Solidaridad y refugio para Eduardo Urbina Ayala!

¡Honduras no es un Estado de Derecho y se violentan sistemáticamente los Derechos Humanos!

 

Enviado por Marcela Zamora Cruz.

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