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Etiqueta: acoso sexual

El poder brinda consigo mismo – Cuando el becerro de oro entra al palacio, la impunidad deja de esconderse: celebra

Abelardo Morales Gamboa (*)

Esta transición de un gobierno a otro muestra mucho más que una simple continuidad política. Son dos gobiernos del mismo grupo que solo se intercambian puestos entre sí, y no parece abrirse, por ahora, espacio alguno para el sosiego. No estamos solo ante la crisis descrita como la pugna entre un orden que se desmorona y otro que no termina de nacer, allí donde emergen los demonios. Parecemos asistir, más bien, al desplazamiento de un orden legal y moral sostenido —con todas sus fallas y limitaciones— en la razón pública, el derecho y cierta cultura cívica, hacia una política entregada a la exaltación de las pasiones bajas, la impunidad y el culto al poder.

Esta última semana de abril de 2026 ha sido paradigmática de ese derrumbe moral de la gubernamentalidad costarricense. El Poder Ejecutivo, sus diputados y las fracciones legislativas que se proclaman cristianas —entre ellas, desvergonzadamente, algunos elegidos por el PUSC y el PLN o facciones minoritarias— han levantado un escudo inmoral para proteger a un diputado acusado de presunto acoso sexual. Todo ello deja ver algo más grave que un hecho circunstancial: una corte de silencios cómplices alrededor de quienes predican moral mientras negocian indulgencias.

Si ello es así, para desgracia del país no se ha instaurado solo una nueva “red de cuido”, como inadvertidamente se ha dicho. Se perfila una alianza político-religiosa de encubrimientos, favores mutuos y prebendas a costa del tesoro público. Como en un banquete idolátrico, donde sumos sacerdotes y reyes alzan juntos la copa, se confunden culto y privilegio, fe y dominación. No es solo decadencia política: es sacrilegio cívico.

En esa transición inmoral se desata una avalancha de ambiciones personales y perversiones de la fe que aruina la cultura cívica. Se expresa no solo en la permisividad de los gobernantes, sino en el aplauso de una parte del pueblo y la resignación de otra. Es como si el becerro de oro hubiera regresado, ya no como imagen bíblica sino como tecnología del poder.

Lo ocurrido no es un episodio aislado. Ya se había practicado ese mismo culto de encubrimiento al intentar resolverse dos informes acusatorios contra el presidente de la república. O sea esto parece formar parte de una cultura autoritaria donde abuso e impunidad se entrelazan. Como revelaron otros escándalos globales y sexuales —el caso Epstein es apenas un emblema— estas tramas muestran cómo favores, encubrimientos e influencia mediática pueden operar como economías clandestinas del dominio. También aquí asoma esa lógica: no simples excesos individuales, sino estructuras de protección mutua. Lo peor de lo peor, es el tipo de supuestos delitos que se dan el derecho de encubrir: corrupción y abuso sexual.

Es una señal gravísima. Hay una semiótica política que hace una peligrosa mezcla sexo y. lujuria del poder. Y, sin embargo, no provoca la respuesta cívica que cabría esperar en una sociedad, al parecer, culta. Más bien parece extenderse una suerte de adormecimiento lascivo, una fascinación por el espectáculo grotesco del poder. Pesa más el embrujo de los gestos mediáticos del presidente que la defensa de los derechos, de las instituciones y que los problemas reales de la vida cotidiana.

La oposición, por su parte, sigue tímida. Con un recato excesivo, no ha sabido plantar cara a estas mancuernas del poder. Tampoco las fuerzas sociales; los sindicatos brillan por su silencio; y la intelectualidad —honestamente, no sé en qué ni dónde estamos— parece haberse retirado de escena, excepto la mediática. Pero llega un momento en que callar también es participar del festín. No basta con la indignación en tiktok.

Y es precisamente de ese festín del que hay que levantarse. Que no nos sienten en esa mesa. No.

Porque cuando el poder celebra en torno a la gran copa, cuando sacerdotes del orden y reyes de ocasión brindan juntos por su propia absolución, ya no estamos ante una crisis política cualquiera: estamos ante la idolatría del poder.

Y frente a la idolatría, no basta administrar el desencanto; hace falta volver a la movilización efectiva y a la insumisión cívica. (*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

 

Las caras ocultas de la Asamblea Legislativa

Instituto Sindical de Formación Política

El juicio por acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, no es un hecho aislado. Es una ventana que deja ver lo que muchas veces permanece oculto: las contradicciones, los silencios cómplices y las prácticas más degradantes dentro del poder político.

Lo que debería ser una respuesta firme, ejemplar y transparente ante una denuncia de esta naturaleza, se ha convertido en un escenario de evasivas, cálculos políticos y debilitamiento institucional. La Asamblea Legislativa de Costa Rica, llamada a garantizar el respeto a la ley, aparece hoy cuestionada en su capacidad para actuar con justicia.

El cálculo político partidario no tiene ética

Uno de los aspectos más preocupantes que deja al descubierto este caso es cómo el cálculo político partidario se impone sobre cualquier principio ético. No estamos ante hechos aislados, sino ante una práctica reiterada: proteger la imagen del partido, aunque eso implique encubrir conductas inaceptables.

Resulta particularmente grave cuando esto ocurre en partidos que alcanzaron representación política bajo un discurso religioso, apelando a valores morales, a la familia y a la “defensa de la ética”. Hoy, esos mismos sectores guardan silencio o relativizan denuncias de acoso sexual, evidenciando una profunda contradicción entre lo que predican y lo que practican.

Más indignante aún es observar a diputadas que, habiendo llegado a posiciones de poder, olvidan su condición de mujeres y la lucha histórica contra la violencia de género. En lugar de actuar con firmeza, optan por proteger estructuras de poder o compañeros de bancada, contribuyendo a la impunidad.

No se trata solo de omisiones individuales. Existen reglamentos de conducta en la Asamblea Legislativa que, en teoría, deberían garantizar sanciones claras ante este tipo de hechos. Sin embargo, cuando entran en juego intereses políticos, estos instrumentos simplemente no se aplican o se diluyen en trámites sin consecuencias reales.

La contradicción alcanza niveles aún más preocupantes cuando figuras políticas que públicamente han defendido la lucha contra el acoso sexual, hoy vuelven la mirada hacia otro lado. Este doble discurso no solo debilita la credibilidad institucional, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la justicia depende de la conveniencia política.

Una institucionalidad que se debilita

La falta de acción contundente no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Cuando quienes hacen las leyes no las respetan o las aplican selectivamente, el mensaje es claro: hay privilegios para algunos y silencio para otros.

La impunidad, en estos casos, no es casual. Es el resultado de redes de protección política que priorizan la conveniencia sobre la justicia. Y esto golpea directamente la credibilidad del sistema democrático.

Una señal peligrosa para la sociedad

Cuando se minimiza o se encubre el acoso sexual desde espacios de poder, se legitima indirectamente la violencia. Se envía una señal peligrosa: que denunciar no sirve, que la verdad puede ser ignorada y que el poder puede más que la dignidad.

Para las trabajadoras y trabajadores, este tipo de conductas no es ajeno. Es el reflejo de una cultura que muchas veces también se reproduce en los centros de trabajo, donde el abuso se silencia por miedo o por falta de respaldo.

La responsabilidad de la clase trabajadora

Frente a este escenario, el silencio no es opción. La clase trabajadora organizada tiene un papel fundamental: denunciar, exigir transparencia y defender principios éticos reales en la función pública.

No se trata solo de un caso, ni de una persona. Se trata de qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde la justicia sea selectiva, o una donde la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo político.

Conclusión: sin ética no hay democracia

Lo que hoy se revela en la Asamblea Legislativa no es solo un escándalo político. Es una señal de alerta sobre el deterioro de la ética en la función pública.

Si los valores se negocian y la justicia se acomoda a intereses partidarios, la democracia pierde su sentido.

Por eso, desde el movimiento sindical y desde el INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN POLÍTICA, reafirmamos una convicción clara:
sin ética, no hay democracia. Y sin democracia real, los derechos de la clase trabajadora están en riesgo.

Podemos transformar las relaciones desiguales e injustas con el compromiso personal y social

Kattia Isabel Castro Flores

La cultura ha construido relaciones desiguales e injustas y una de sus manifestaciones se ve de forma clara en los vínculos que se establecen entre hombres y mujeres. La buena noticia es que podemos transformar esta triste realidad por medio del compromiso personal y social en el cultivo del cuidado mutuo, de relaciones respetuosas, equitativas, que reconocen el valor y la dignidad que nos corresponde a hombres y a mujeres por igual.

Solo un par de generaciones atrás las mujeres no podían estudiar, debían casarse a edades tempranas y tener múltiples embarazos y partos. Nuestras abuelas y madres tuvieron vidas marcadas por carencias económicas, pero además por falta de oportunidades para expresar lo que sentían y pensaban. Se limitaba la participación de las mujeres en actividades fuera del hogar, fueran estas de tipo recreativo o de participación comunal.

Se promovía que era virtud en las mujeres ser calladas, obedientes, tímidas y sumisas. Todo lo contrario se pensaba para los hombres, a ellos se les asignaba la libertad de movimiento y de actuación. El ejercicio del liderazgo era parte de su identidad, aunque se pareciera más al autoritarismo. Se autodesignaron los administradores de los recursos económicos familiares.

Muchos hombres hicieron un mal uso del poder que la sociedad les otorgaba y lo usaron para humillar, golpear, intimidar, toquetear y hasta violar a mujeres de sus propias familias, vecinas o conocidas. Muchas mujeres han tenido que llevar adelante embarazos que son resultado de violencia sexual, mientras que otras han sufrido abortos espontáneos y también fruto de agresiones sufridas en el hogar.

¿Conoce usted algún caso de violencia física, emocional, patrimonial o sexual en el entorno familiar o comunitario? Sabemos que lamentablemente la respuesta a esta pregunta es positiva. Tristemente usted y yo podemos ser una de las víctimas. La violencia era y sigue siendo parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad. Frente a la violencia sufrida se guarda silencio porque el dolor es inconmensurable y se piensa, de forma errónea, que es mejor ignorarlo y seguir como si nada hubiera pasado. No puede haber una familia feliz si hay violencia en cualquiera de sus formas, tener que aparentarlo es revictimizar a la persona que sufrió violencia y alcahuetear a quien la ejerció o la sigue ejerciendo. El silencio nos hace cómplices del dolor y el sufrimiento de muchas personas y esto está lejos del amor, la paz y la justicia. Los agresores sexuales deben ser frenados, denunciados y condenados.

Ha llegado el tiempo de romper el silencio y de llamar a las cosas por su nombre: los mal llamados “piropos” son violencia. Los hombres que se masturban delante de niñas, niños y mujeres de todas las edades, ejercen violencia; también los hombres que observan a las mujeres mientras se bañan o se visten. El lenguaje soez de contenido sexual es violencia. El acoso sexual callejero, es violencia. La exposición a pornografía es violencia. El sexo sin consentimiento, aún dentro de la vida de pareja es violencia. La violación es violencia. Compartir en redes sociales fotos de contenido sexual que no fueron creadas con esa finalidad también es violencia.

Las mujeres tenemos derecho y exigimos una familia y una comunidad libre de violencia. Queremos salir a caminar y saber que estamos seguras. Queremos viajar con la alegría de conocer el mundo y saber que solo pasarán cosas bonitas. Queremos salir a divertirnos y regresar a casa cansadas y satisfechas. Queremos sonreír y tener una vida tranquila y en paz.

Depredador suelto

Martín Rodríguez Espinoza

Me tomé el tiempo para buscar el video, la información y la opinión de personas a las que respeto mucho, pero ya era el momento de decir algo. Es profundamente indignante y condenable escuchar al presidente de la República hacer comentarios como si una niña pudiera ser «regalada» y «devuelta cuando termine la universidad». No es una broma. No puede serlo. Es un acto simbólicamente violento, que normaliza la cultura del abuso y cosifica a la niñez.

¿Qué mensaje da el gobierno de Chaves, el país como sociedad cuando el principal mandatario de la nación se refiere así a una menor de edad?

No podemos quedarnos callados. Quienes defendemos los derechos humanos, quienes hemos luchado por proteger la niñez, por erradicar la violencia de género, no podemos permitir que estas expresiones pasen como chistes malinterpretados. Las niñas y los niños no se tocan, no se prestan, no se utilizan como objeto político ni como moneda de populismo mediático. Se respetan. Se cuidan.

Este no es un hecho aislado. Recordemos que Rodrigo Chaves fue despedido del Banco Mundial por denuncias de acoso sexual. Esa no es una mancha menor. Es parte de un patrón preocupante de conducta y de poder ejercido sin ética ni respeto. Hoy se burla de una niña y su familia, mañana ¿de quién más?, ¿Para eso quiere el “poder absoluto” en Casa Presidencial y Asamblea Legislativa?

El silencio institucional del PANI, del INAMU, es cómplice. No hay espacio para neutralidad cuando se trata de la dignidad de la infancia. La agresión a las madres, padres, a la clase trabajadora con su constante ataque a su dignidad como trabajadores, el congelamiento salarial y la violencia contra las mujeres dirigentes sindicales y sociales, demuestra el patrón de un psicópata con poder. (Ya lo había dicho en un comentario anterior, dejo el enlace abajo)

Quienes creemos en un país más justo, y queremos una verdadera democracia del pueblo, tenemos la responsabilidad de denunciar y alzar la voz. Porque callar es permitir.

Costa Rica merece respeto y decencia, y no la tenemos en el más alto cargo del país.

25 de julio de 2025

Más de 200 de entidades deportivas sin protocolos contra el acoso sexual

Defensoría detecta debilidades en implementación de Ley contra el Acoso Sexual en el Deporte

Defensoría llama a deportistas víctimas de violencia denunciar ante la entidad deportiva correspondiente e informar al ICODER. Se registra, a marzo del 2024, un total de 21 denuncias en el ente rector del deporte.

De tratarse de otros casos graves como abusos sexuales de personas menores de edad dirigir la denuncia ante el Ministerio Público.

A casi tres años de la entrada en vigor de la Ley N° 9967, Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, la mayoría de las entidades deportivas beneficiarias de fondos públicos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) no ha cumplido con su obligación de presentar los protocolos para prevenir y atender denuncias de acoso sexual. De las 233 entidades registradas, solo el 7% ha presentado su reglamento (es decir, 16).

Para las autoridades deportivas evidencia una falta de compromiso y poco conocimiento e interés por parte de dichas entidades por cumplir con lo que dicta la Ley 9967.

De acuerdo con un informe emitido por la Defensoría de los Habitantes, se determinó que, hay dificultades en la implementación de la normativa. Estas incluyen la falta de recursos humanos y financieros, vacíos legales en la ley y esa baja respuesta de las entidades deportivas ante la obligación de implementar protocolos contra el acoso sexual. Adicionalmente, hay una necesidad de reformar aspectos importantes de esta ley como la falta de sanciones para las entidades que incumplen y la protección adecuada para personas menores de edad involucrados en estos casos.

Datos de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CIHS) del ICODER, entre enero del 2023 y marzo del 2024, indicaron haber recibido 21 denuncias asociadas con acoso y hostigamiento Sexual en el ámbito deportivo, las cuales se encuentran en seguimiento y requieren de la actualización de los respectivos expedientes.

Para esta Defensoría, es importante que las organizaciones deportivas asuman su responsabilidad en la prevención y erradicación del acoso sexual, garantizando entornos deportivos seguros, sin discriminación, sin acoso, sin abusos y respetuosos para todas las personas participantes. Incluso, a solicitud de la CIHS del ICODER, funcionarias de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, acompañaron al proceso de capacitación sobre esta temática, así como la entrega de material visual a personal de las organizaciones deportivas y del ICODER, en mayo del año anterior.

Ante este panorama la Defensoría en su informe recomendó al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, definir con claridad la asignación presupuestaria y de recursos humanos para la CIHS. Además, que la CIHS reciba capacitación por parte de la Defensoría de la Mujer de esta Defensoría en el tema de Hostigamiento Sexual, en aras de garantizar la protección de derechos que les asisten a las personas inmersas en el ámbito deportivo y el mejor ejercicio de sus funciones.

También se le recomendó revisar las recomendaciones realizadas por la CIHS orientadas a implementar en forma adecuada el cuerpo normativo, conformar una comisión de trabajo para revisar las propuestas de reforma al Reglamento de la ley 9967 en relación con la función de la CIHS de informar a esta Defensoría sobre las denuncias que se presenten y las resoluciones finales y valorar la interposición de la propuesta de reforma legislativa a la Ley 9967, conforme a los principios de protección a las personas menores de edad y proponer otro tipo de sanción para cuando se trate de una persona menor de edad la que sea sancionada como hostigadora, así como para equiparar los plazos de prescripción para la interposición de las denuncias y el establecimiento de posibles sanciones en el caso de que las federaciones,

asociaciones o entidades deportivas incumplan con la aplicación de esta normativa.

A la CIHS del ICODER, esta Defensoría le recomendó promover programas de prevención y capacitación en la materia de hostigamiento sexual tal cual se encuentra establecido en la Ley 9967 y su reglamento, a las Federaciones, Asociaciones y demás entidades deportivas que de alguna manera están vinculadas con el ICODER, para ello pueden valorar la coordinación necesaria con la Defensoría, también realizar campañas enfocadas a que conductas de hostigamiento sexual en el ámbito del deporte no van a ser permitidas, ni toleradas y toda situación que se conozca al respecto, debe ser debidamente denunciada y puesta al conocimiento de la Comisión y revisar el formulario establecido para la recepción de denuncias, para que este contenga los requisitos estrictamente necesarios establecidos en la ley y elaborar una base de datos con el registro de sanciones en firme, que sea de acceso al público, que pueda ser consultada por cualquier persona interesada, garantizando el resguardo de la identidad, datos personales y cualquier otra información sensible de las víctimas.

Si no hay una respuesta de la entidad deportiva y tampoco del ICODER ante una denuncia, la persona víctima puede presentar el caso ante la Defensoría de los Habitantes para exigirle cuentas a la entidad rectora pública. Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en su informe.

Comunicación institucional
Defensoría de los Habitantes

Banco Mundial se reserva el derecho de admisión

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Sobre una queja de la Cisneros, en cuanto a que es una barbaridad que el Chaves no pueda entrar a las instalaciones del Banco Mundial y el FMI, cabe recordar que, en el fallo en que un Tribunal del BM en Nueva York, lo sanciona, el 7 de junio del 2021, por varios casos de acoso sexual, se toma la siguiente decisión:

«(1) El Banco tomará las medidas razonables para notificar a las Solicitantes, con anticipación, sobre las, siguientes circunstancias: (i) cualquier caso en el que Mr. C busque acceder a las instalaciones del BM o del FMI». Asimismo, como «Mr. C» había renunciado antes del fallo final que le impone varias sanciones, el Banco Mundial tuvo que pagar a dos de las jóvenes, «los honorarios y costos legales de las Solicitantes por un monto de US$ 64,838.00», que no se le podrían cobrar a «Mr. C», por estar ya en Costa Rica.

O sea, el presidente de Costa Rica sí puede poner pie en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero, para protección de las muchachas acosadas que allí laboran, a ellas se les debe notificar, que «Mr C» estaría llegando a esas instalaciones… ¿Feo verdad?

Defensoría capacita a sector público para prevenir y sancionar hostigamiento sexual

En más de la mitad de los casos denunciados se registra una sanción

Con el objetivo de ofrecer herramientas al sector público para prevenir y sancionar el hostigamiento o acoso sexual, la Defensoría de los Habitantes realiza capacitaciones a diversas instituciones del Estado. El más reciente proceso de formación fue a personal del Ministerio de Salud.

Personal de la Defensoría explica a los y las funcionarias que están a cargo de los procedimientos de investigación y asesoría jurídica, un detalle de las herramientas que contiene la Ley 7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.

Dicha normativa, en su artículo 7, establece la obligatoriedad de las entidades públicas de informar a la Defensoría de los Habitantes la presentación de denuncias en los lugares de trabajo, a efecto de tener conocimiento, acceso al expediente e intervención facultativa en el procedimiento, en un rol asesor y contralor de legalidad.  

Por año la Defensoría es puesta en conocimiento, en promedio, más de 300 denuncias al año por hostigamiento sexual en sector público y ello representa, una alerta para poder capacitar jurídicamente a los órganos legales de los departamentos institucionales y a quienes están a cargo de la investigación de los hechos.

Este tipo de manifestaciones de violencia, una más que viven las mujeres en el ámbito del empleo y la docencia, debe ser abordado con los principios que garanticen que la víctima sea debidamente reivindicada. Para la Defensoría es fundamental la capacitación como un mecanismo que permita hacer, de manera efectiva, la justicia administrativa.

Indicadores de la Defensoría de los Habitantes revelan que, el 52,76% de los casos de hostigamiento sexual registrados en el sector público y cuyo proceso concluyó, por ejemplo, en el año 2021, las personas denunciadas recibieron una sanción. De este porcentaje, en promedio, en dos de cada diez casos, la sanción fue el despido. 

La Defensoría es la única instancia que cuenta hoy día con los datos sobre las denuncias y procedimientos disciplinarios de hostigamiento sexual del sector público. Con la información que obtiene, la institución responde a las recomendaciones giradas por los diferentes comités a nivel internacional, y a nivel nacional, al señalar que las estadísticas con perspectiva de género, son un mecanismo imprescindible para visibilizar las distintas manifestaciones de las desigualdades y violencias que viven las mujeres por el solo hecho de serlo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

El acoso y hostigamiento sexual en centros educativos, ¡conducta indeseada!

MSc. Anais Patricia Quirós Fernández
Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés
Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos
Diplomada en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres
Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI
Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
apquiros@utn.ac.cr

El acoso y hostigamiento sexual son formas de comportamiento no deseado y ofensivo que involucran avances, insinuaciones, comentarios o acciones de naturaleza sexual que se dirigen hacia una persona sin su consentimiento.

Estos comportamientos pueden ocurrir en diversos contextos, como el trabajo, la escuela, las redes sociales y la vida cotidiana.

El acoso sexual puede variar en gravedad, desde comentarios inapropiados hasta agresiones sexuales.

Es importante destacar que el acoso y el hostigamiento sexual son ilegales en muchas jurisdicciones y pueden tener graves consecuencias legales y profesionales para quienes los perpetran.

Las víctimas suelen sentirse incómodas, humilladas o amenazadas, y es esencial denunciar estos comportamientos para detenerlos; asimismo proteger los derechos de las personas.

Las leyes y regulaciones relacionadas con el acoso y el hostigamiento sexual varían de un lugar a otro, por lo que es importante consultar con las autoridades locales o buscar asesoramiento legal si se está enfrentando esta situación.

¿Esto ocurre en las organizaciones públicas y privadas?

¡Si!, lamentablemente, ¡si!

¿A quién pueden acudir quienes están viviendo esta situación?

En Costa Rica, la ley que regula el hostigamiento sexual es la Ley No. 7476, conocida como la «Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia», y establece medidas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral.

El objetivo de esta Ley es prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las mujeres y de los hombres en el ámbito de trabajo y educativo, en el sector público y el sector privado.

Y, ¿cómo atender estos casos?

Lo correcto debería ser…

Consultar el reglamento de la universidad: Es importante revisar el reglamento o código de conducta de la universidad para entender los procedimientos específicos y así denunciar el acoso y las posibles consecuencias para el acosador (a).

La mayoría de las universidades públicas o privadas tienen oficinas o departamentos encargados de tratar denuncias de hostigamiento y acoso.

En algunos casos, podría ser necesario buscar asesoramiento legal. Un abogado especializado en derechos estudiantiles o laborales que pueda brindar orientación sobre cómo proceder y cómo proteger los derechos de la víctima.

¿Existe un REGLAMENTO o un DEPARTAMENTO en cada uno de los campus universitarios, encargados de dar soporte legal a estudiantes en estas situaciones?

COMO DOCENTES formadores, guías que incentivan el conocimiento autodidacta y creativo, en aprendientes que ostenten cualidades como: responsabilidad, flexibilidad, preocupación, compasión, cooperativismo, creatividad, dedicación, decisión, y empatía TENEMOS DEBERES que cumplir en las aulas, los pasillos y afuera del campus. Así también, SOMOS RESPONSABLES de reunir un conjunto de interacciones personalizadas con los alumnos para conseguir su participación en su propio proceso de formación y atender a sus distintas necesidades.

¡Como profesionales NO es aceptable ni ético generar temor, duda, angustia emocional y física en estudiantes víctimas del acoso por parte de docentes!

Por nuestros pasillos caminan estudiantes que desean superarse y terminar sus estudios en diferentes especialidades, en busca del desarrollo profesional y de un campo laboral, pero hoy muchas (os) se sienten inseguras (os), decidiendo seguir o desertar por causa del acoso y hostigamiento.

El acoso y hostigamiento sexual como una conducta indeseada NO PUEDE NI DEBE estar presente en nuestros salones de clases.  Lamentablemente aun cuando es de conocimiento de autoridades universitarias se sigue dando… 

La denuncia individual o colectiva es la mejor alternativa para enfrentar este flagelo, aunque te traiga consecuencias. Lo que está en juego aquí es el RESPETO y la DIGNIDAD DEL SER HUMANO

Pregunto… ¿Cuántas y cuantos estudiantes desertaran antes de denunciar a un(a) docente hostigador (a)?

¡No podemos abonar una cultura del silencio y el encubrimiento de estos actos!

Quien hostiga y acosa, tiene hijas (os), hermanas (os), esposa, madre y un puesto que le genera su estabilidad económica, pero las víctimas tienen derecho al respeto de su integridad y a un futuro que nadie debe obstaculizar. En un ambiente de respeto se genera confianza.

Es sumamente necesario iniciar procesos de concientización con docentes, estudiantes y personal administrativo para no tener que enfrentar denuncias a causa de esta conducta que al parecer se siguen obviando sus consecuencias.

¡NADIE DEBE PERMITIR SER ULTRAJADA O ULTRAJADO EN NINGUN CAMPUS UNIVERSITARIO!

Invito a las víctimas de hostigamiento y de acoso sexual a…

¡DEBES DENUNCIAR!

Entre aplausos y felicitaciones reinstalan trabajadora en la Municipalidad de Puntarenas

La reintegración de la funcionaria Bersabeth Mena Acuña en la Municipalidad de Puntarenas, trajo consigo una bienvenida con aplausos y felicitaciones. 

El despido de la funcionaria se dio de forma irregular, luego de denunciar a su jefatura por acoso laboral y sexual. Por lo que la Sala Segunda determina que debe ser reinstalada en igualdad de condiciones. Además, lejos de su victimario. 

La trabajadora Mena agradeció el apoyo de la ANEP y otros funcionarios durante el proceso.

Compartimos el video completo:

Reflexión acerca de la Ley N°9999 para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense

Anais Patricia Quirós Fernández.

MSc. Anais Patricia Quirós Fernández
Académica Universitaria, Escritora
Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT
Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI
Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
Sede del Pacifico, Sede Central 

apquiros@utn.ac.cr / www.utn.ac.cr

Es un hecho, EN LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, TENEMOS ADOLESCENTES QUE AUN NO SON MAYORES DE 18 AÑOS.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETO: LEY PARA PREVENIR LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE

En su contenido, expongo algunos capítulos importantes de análisis en nuestra alma mater. El Artículo 1- Establece Principios rectores. La presente ley se fundamenta en los principios del interés superior, igualdad y no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación y el de autonomía progresiva.

La Ley #9999 tiene como objetivo proteger y reconocer los derechos de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo. Esta ley tiene como objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas. (Artículo 2)

El Artículo 3:

Establece Definiciones. Para efectos de la presente ley se entiende lo siguiente: a) Víctima: toda persona menor de edad estudiante que sufre un daño o perjuicio a su propiedad o integridad física, emocional o sexual por culpa de una persona funcionaria docente, docente administrativa o administrativa. b) Persona menor de edad: toda persona menor de dieciocho años. c) Adolescente: toda persona mayor de doce y menor de dieciocho años. d) Hostigamiento y acoso sexual: toda conducta con contenido o connotación sexuales realizada por un funcionario o funcionaria docente, docente administrativo, técnico-docente y administrativo contra una persona menor de edad estudiante.

¿Qué debemos entender por acoso u hostigamiento sexual?

Todas aquellos manifestaciones o comportamientos de los cuales mencionare algunos: (Artículo 3):

i) La solicitud de favores sexuales.

ii) Promesas de un trato preferencial o de ventaja como condición en la formación o proceso educativo, amenazas sugeridas o expresa, física o moral, o de daños o castigos de la persona hostigada, como condición para la formación o el proceso educativo, para que la persona estudiante realice conductas sexuales con la persona docente.

iii) Las insinuaciones o proposiciones y el uso de lenguaje verbal, no verbal o escrito, de gestos, símbolos o imágenes de naturaleza o contenido sexual.

  1. iv) Los acercamientos corporales, los tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual.
  2. v) Cualquier trato discriminatorio hacia la persona hostigada, que resulte de la negativa de un requerimiento de contenido sexual.

En conclusión, la UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL INICIA AÑO LECTIVO 2023- I CUATRIMESTRE, con una minoría importante de estudiantes de nuevo ingreso que siguen en condición de adolescente ya que son aún menores de 18 años, que están bajo la protección de la Ley # 9999 a los y las cuales debemos proteger, informar, asesorar, y dar a conocer sus derechos.

El personal docente, administrativo docente, técnico-docente o administrativo, que preste sus servicios en la UTN, tiene el deber de conocer, la ley citada como también denunciar los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de una persona menor de edad estudiante.

Así también, la responsabilidad de vigilar por la seguridad de esta pequeña población que hoy están en nuestros salones de clases compartiendo con adultos.

Permitamos como institución pública formadora de profesionales que estas personales aun en calidad de adolescentes menores de edad lleguen a cumplir su mayoría de edad en un entorno sano sin acoso u hostigamiento.


Fuente de consulta;

Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense N° 9999 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA