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Etiqueta: acoso sexual

Foro analizará el impacto institucional del caso denunciado por Marulín Azofeifa

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará el foro “El impacto de la traición institucional: la (in)justicia ante la denuncia de Marulín Azofeifa”, un espacio de reflexión sobre las implicaciones institucionales, sociales y de género derivadas del proceso de denuncia impulsado por la exdiputada Marulín Azofeifa.

La actividad se desarrollará el lunes 8 de junio en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y reunirá a especialistas en estudios de género, psicología, sociología y comunicación para analizar los desafíos que enfrentan las personas denunciantes de violencia de género y el papel de las instituciones en la búsqueda de justicia.

Entre las panelistas se encuentra Marisa Batalla Chacón, comunicadora especializada en violencias de género y asesora del equipo legal de la exdiputada Marulín Azofeifa.

También participará Montserrat Sagot Rodríguez, socióloga y exdirectora del CIEM, reconocida por su trayectoria académica e investigativa en temas de género, violencia contra las mujeres y derechos humanos.

El panel contará además con la intervención de Paola Brenes Hernández, psicóloga e investigadora del CIEM, quien aportará elementos de análisis sobre las dimensiones psicosociales e institucionales vinculadas a este tipo de procesos.

La moderación estará a cargo de Paula Rivera Calderón, estudiante de Psicología y Sociología y asistente del CIEM.

La actividad se inscribe en el contexto del debate público generado por la denuncia presentada por Marulín Azofeifa contra el exdiputado Fabricio Alvarado y las discusiones sobre el tratamiento institucional de las denuncias relacionadas con violencia y hostigamiento de carácter sexual, así como sobre los obstáculos que enfrentan las personas denunciantes para acceder a mecanismos efectivos de justicia y reparación.

El foro busca contribuir a la reflexión crítica sobre las respuestas institucionales ante este tipo de denuncias y sobre las consecuencias que dichas respuestas pueden tener para las personas afectadas y para la confianza ciudadana en los sistemas de protección y justicia.

Fecha: Lunes 8 de junio de 2026
Lugar: Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales
Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)

Defensoría: 55 personas menores de edad denunciaron ser víctima de acoso sexual

Escrito en . Publicado en Derechos.

En los primeros tres meses del año 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un total de 55 personas menores de edad quienes denunciaron ser víctimas de hostigamiento sexual, lo que enciende las alertas de la Defensoría de los Habitantes ante la necesidad de reforzar las medidas en los centros educativos para prevenir este tipo de violencia.

Mientras en enero y febrero se registraron 15 casos cada mes de personas menores de edad, en marzo la cifra ascendió a 25 casos, siendo el MEP la institución que más denuncias registra por hostigamiento sexual a nivel del Estado costarricense.

“Debemos trabajar muy fuerte a nivel institucional para garantizar espacios seguros para nuestros niños niñas y adolescentes, pues las cifras nos alertan que la violencia que sufre esta población no cesa”, dijo esta mañana el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira.

En tres meses del 2026, diversas instituciones públicas han reportado a la Defensoría de los Habitantes la presentación de un total de 176 denuncias por hostigamiento sexual, de las cuales casi el 90% de los casos fue presentada por una mujer. Si lo comparamos con ese mismo periodo del año 2025 se han registrado 37 casos más en este 2026.

Del total de denuncias 121 casos son entre personas mayores de edad, lo que también evidencia la frecuencia con que estas acciones de violencia sexual se presentan en los ámbitos laboral y educativo.

Por la naturaleza de las manifestaciones de acoso sexual, algunas de ellas pueden también constituirse en delito. Se diferencia la falta administrativa sancionada por la Ley 7476 en que ésta supone consecuencias disciplinarias, desde amonestaciones hasta el despido, mientras que las manifestaciones que también constituyen delitos sexuales, tienen como resultado la privación de libertad. Se trata de dos ámbitos de responsabilidad diferentes y no excluyentes.

Para la Defensoría es urgente fortalecer las acciones de prevención y sensibilización orientadas al reconocimiento del hostigamiento sexual y a las formas de actuar frente a esta problemática, particularmente la no revictimización y confidencialidad, así como garantizar mecanismos de denuncia y sanción accesibles y eficaces. El acceso a la información sobre las conductas que configuran el hostigamiento sexual contribuye a que la población pueda identificar estas situaciones de violencia y se acerque a presentar las denuncias correspondientes.

Colectivas feministas cuestionan impunidad legislativa en caso contra Fabricio Alvarado por hostigamiento sexual

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.

Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República

Pronunciamiento

Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.

Señoras y señores
Diputadas y diputados Asamblea Legislativa
Período 2026-2030

Estimadas señoras y señores:

Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.

En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.

El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.

El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.

En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.

Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.

Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.

Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados. En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.

¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.

A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.

Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.

Petición a las diputaciones:

  1. Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.

  2. Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.

  3. Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.

  4. Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Atentamente,

Yolanda Bertozzi
Cédula 103990589
cr.feministasenresistencia@gmail.com

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  77. Nadya Blanco Guzmán

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  84. Paola Valverde Cisneros

  85. Paula Siles Iong

  86. Randall Murillo Barrios

  87. Raquel Berrocal Sibaja

  88. Rodrigo Jiménez Sandoval

  89. Roger Chaves

  90. Rosa Esmeralda Herrera

  91. Sadhi Bogantes Zúñiga

  92. Samantha Vega Sánchez

  93. Sharo Rosales Arce

  94. Sigrid Lahmann Zeledón

  95. Silvia Marcela Calvo Corea

  96. Silvia Regina de Lima Silva

  97. Stella Chinchilla Mora

  98. Silvia Muñoz Mata

  99. Tatiana Chaverri Rodríguez

  100. Teresita Ramellini Centella

  101. Tiryth María Vindas Campos

  102. Vianey Madrigal Soto

  103. Vicenç Ornaque Lucea

  104. Virginia Vargas Acosta

  105. Vivian Solís Espinoza

  106. Viviana Machado Barquero

  107. Viviana Rovira Maruri

  108. Xavier Sánchez Aguilar

  109. Xenia Bolaños Chavarría

  110. Yamileth Torres Delgado

  111. Yara Hernández Rojas

Organizaciones:

  1. Feministas en Resistencia

  2. Detrás del Arcoíris

  3. Colectiva Me Pasó en la UCR

  4. Escuelita Hormiga de Estudios Libres

  5. Fundación PANIAMOR

  6. Menú Asesorías

  7. Somos Fuego CR

  8. Colectiva Guanadefensoras

  9. Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

  10. ASOPAM Una oportunidad para ti mujer

  11. Unidos por la CCSS

  12. DEI

  13. Colectiva Profesionales para la Ciudadanía

  14. Movimiento Valientes de Costa Rica

  15. Frente Nacional de Lucha

  16. Familia Penitenciaria Unida

  17. Asociación Transvida

  18. Centro de Amigos para la Paz

  19. Colectiva LesboFeminista Irreversibles

  20. Fundación Justicia y Genero

  21. CENDEROS

  22. JoseSo (Podcaster)

  23. Feministas Picos Rojos CR

  24. Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica

  25. Alianza de Mujeres Costarricenses

  26. Mujeres por Costa Rica

  27. Grupo CEDAW Costa Rica

  28. Observatorio medios de comunicación y género, GEMA

  29. Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

  30. Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica

  31. Colectiva Coexistir

  32. Voces de Fe contra la Violencia de Género

  33. Mujeres de Fe organizadas contra el Femicidio

  34. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  35. Movimiento Reflexión en Acción-Costa Rica

  36. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  37. Secretaría de las Mujeres Frente Amplio

  38. Plataforma Mujeres lideresas fuertes y unidad en acción

  39. Unidas Talamanca

  40. Asociación para el mejoramiento y la calidad de vida de trabajadoras sexuales de Costa Rica (La Sala)

  41. MUSADE

  42. Las Guetas

  43. Red por los derechos de las mujeres

  44. Acción Feminista

  45. Asociación Feminista La Corriente

  46. Coalición Feminista

  47. Colectiva Talamanca Unida y Diversa

  48. Jóvenes lideresas, plataforma de lideresas de la municipalidad de San Carlos

  49. Movimiento Atardeceres

  50. Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y violencia

  51. Organización Colectiva Feminista

  52. Térraba Brörán

El poder brinda consigo mismo – Cuando el becerro de oro entra al palacio, la impunidad deja de esconderse: celebra

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Esta transición de un gobierno a otro muestra mucho más que una simple continuidad política. Son dos gobiernos del mismo grupo que solo se intercambian puestos entre sí, y no parece abrirse, por ahora, espacio alguno para el sosiego. No estamos solo ante la crisis descrita como la pugna entre un orden que se desmorona y otro que no termina de nacer, allí donde emergen los demonios. Parecemos asistir, más bien, al desplazamiento de un orden legal y moral sostenido —con todas sus fallas y limitaciones— en la razón pública, el derecho y cierta cultura cívica, hacia una política entregada a la exaltación de las pasiones bajas, la impunidad y el culto al poder.

Esta última semana de abril de 2026 ha sido paradigmática de ese derrumbe moral de la gubernamentalidad costarricense. El Poder Ejecutivo, sus diputados y las fracciones legislativas que se proclaman cristianas —entre ellas, desvergonzadamente, algunos elegidos por el PUSC y el PLN o facciones minoritarias— han levantado un escudo inmoral para proteger a un diputado acusado de presunto acoso sexual. Todo ello deja ver algo más grave que un hecho circunstancial: una corte de silencios cómplices alrededor de quienes predican moral mientras negocian indulgencias.

Si ello es así, para desgracia del país no se ha instaurado solo una nueva “red de cuido”, como inadvertidamente se ha dicho. Se perfila una alianza político-religiosa de encubrimientos, favores mutuos y prebendas a costa del tesoro público. Como en un banquete idolátrico, donde sumos sacerdotes y reyes alzan juntos la copa, se confunden culto y privilegio, fe y dominación. No es solo decadencia política: es sacrilegio cívico.

En esa transición inmoral se desata una avalancha de ambiciones personales y perversiones de la fe que aruina la cultura cívica. Se expresa no solo en la permisividad de los gobernantes, sino en el aplauso de una parte del pueblo y la resignación de otra. Es como si el becerro de oro hubiera regresado, ya no como imagen bíblica sino como tecnología del poder.

Lo ocurrido no es un episodio aislado. Ya se había practicado ese mismo culto de encubrimiento al intentar resolverse dos informes acusatorios contra el presidente de la república. O sea esto parece formar parte de una cultura autoritaria donde abuso e impunidad se entrelazan. Como revelaron otros escándalos globales y sexuales —el caso Epstein es apenas un emblema— estas tramas muestran cómo favores, encubrimientos e influencia mediática pueden operar como economías clandestinas del dominio. También aquí asoma esa lógica: no simples excesos individuales, sino estructuras de protección mutua. Lo peor de lo peor, es el tipo de supuestos delitos que se dan el derecho de encubrir: corrupción y abuso sexual.

Es una señal gravísima. Hay una semiótica política que hace una peligrosa mezcla sexo y. lujuria del poder. Y, sin embargo, no provoca la respuesta cívica que cabría esperar en una sociedad, al parecer, culta. Más bien parece extenderse una suerte de adormecimiento lascivo, una fascinación por el espectáculo grotesco del poder. Pesa más el embrujo de los gestos mediáticos del presidente que la defensa de los derechos, de las instituciones y que los problemas reales de la vida cotidiana.

La oposición, por su parte, sigue tímida. Con un recato excesivo, no ha sabido plantar cara a estas mancuernas del poder. Tampoco las fuerzas sociales; los sindicatos brillan por su silencio; y la intelectualidad —honestamente, no sé en qué ni dónde estamos— parece haberse retirado de escena, excepto la mediática. Pero llega un momento en que callar también es participar del festín. No basta con la indignación en tiktok.

Y es precisamente de ese festín del que hay que levantarse. Que no nos sienten en esa mesa. No.

Porque cuando el poder celebra en torno a la gran copa, cuando sacerdotes del orden y reyes de ocasión brindan juntos por su propia absolución, ya no estamos ante una crisis política cualquiera: estamos ante la idolatría del poder.

Y frente a la idolatría, no basta administrar el desencanto; hace falta volver a la movilización efectiva y a la insumisión cívica. (*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

 

Las caras ocultas de la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Instituto Sindical de Formación Política

El juicio por acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, no es un hecho aislado. Es una ventana que deja ver lo que muchas veces permanece oculto: las contradicciones, los silencios cómplices y las prácticas más degradantes dentro del poder político.

Lo que debería ser una respuesta firme, ejemplar y transparente ante una denuncia de esta naturaleza, se ha convertido en un escenario de evasivas, cálculos políticos y debilitamiento institucional. La Asamblea Legislativa de Costa Rica, llamada a garantizar el respeto a la ley, aparece hoy cuestionada en su capacidad para actuar con justicia.

El cálculo político partidario no tiene ética

Uno de los aspectos más preocupantes que deja al descubierto este caso es cómo el cálculo político partidario se impone sobre cualquier principio ético. No estamos ante hechos aislados, sino ante una práctica reiterada: proteger la imagen del partido, aunque eso implique encubrir conductas inaceptables.

Resulta particularmente grave cuando esto ocurre en partidos que alcanzaron representación política bajo un discurso religioso, apelando a valores morales, a la familia y a la “defensa de la ética”. Hoy, esos mismos sectores guardan silencio o relativizan denuncias de acoso sexual, evidenciando una profunda contradicción entre lo que predican y lo que practican.

Más indignante aún es observar a diputadas que, habiendo llegado a posiciones de poder, olvidan su condición de mujeres y la lucha histórica contra la violencia de género. En lugar de actuar con firmeza, optan por proteger estructuras de poder o compañeros de bancada, contribuyendo a la impunidad.

No se trata solo de omisiones individuales. Existen reglamentos de conducta en la Asamblea Legislativa que, en teoría, deberían garantizar sanciones claras ante este tipo de hechos. Sin embargo, cuando entran en juego intereses políticos, estos instrumentos simplemente no se aplican o se diluyen en trámites sin consecuencias reales.

La contradicción alcanza niveles aún más preocupantes cuando figuras políticas que públicamente han defendido la lucha contra el acoso sexual, hoy vuelven la mirada hacia otro lado. Este doble discurso no solo debilita la credibilidad institucional, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la justicia depende de la conveniencia política.

Una institucionalidad que se debilita

La falta de acción contundente no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Cuando quienes hacen las leyes no las respetan o las aplican selectivamente, el mensaje es claro: hay privilegios para algunos y silencio para otros.

La impunidad, en estos casos, no es casual. Es el resultado de redes de protección política que priorizan la conveniencia sobre la justicia. Y esto golpea directamente la credibilidad del sistema democrático.

Una señal peligrosa para la sociedad

Cuando se minimiza o se encubre el acoso sexual desde espacios de poder, se legitima indirectamente la violencia. Se envía una señal peligrosa: que denunciar no sirve, que la verdad puede ser ignorada y que el poder puede más que la dignidad.

Para las trabajadoras y trabajadores, este tipo de conductas no es ajeno. Es el reflejo de una cultura que muchas veces también se reproduce en los centros de trabajo, donde el abuso se silencia por miedo o por falta de respaldo.

La responsabilidad de la clase trabajadora

Frente a este escenario, el silencio no es opción. La clase trabajadora organizada tiene un papel fundamental: denunciar, exigir transparencia y defender principios éticos reales en la función pública.

No se trata solo de un caso, ni de una persona. Se trata de qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde la justicia sea selectiva, o una donde la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo político.

Conclusión: sin ética no hay democracia

Lo que hoy se revela en la Asamblea Legislativa no es solo un escándalo político. Es una señal de alerta sobre el deterioro de la ética en la función pública.

Si los valores se negocian y la justicia se acomoda a intereses partidarios, la democracia pierde su sentido.

Por eso, desde el movimiento sindical y desde el INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN POLÍTICA, reafirmamos una convicción clara:
sin ética, no hay democracia. Y sin democracia real, los derechos de la clase trabajadora están en riesgo.

Podemos transformar las relaciones desiguales e injustas con el compromiso personal y social

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Kattia Isabel Castro Flores

La cultura ha construido relaciones desiguales e injustas y una de sus manifestaciones se ve de forma clara en los vínculos que se establecen entre hombres y mujeres. La buena noticia es que podemos transformar esta triste realidad por medio del compromiso personal y social en el cultivo del cuidado mutuo, de relaciones respetuosas, equitativas, que reconocen el valor y la dignidad que nos corresponde a hombres y a mujeres por igual.

Solo un par de generaciones atrás las mujeres no podían estudiar, debían casarse a edades tempranas y tener múltiples embarazos y partos. Nuestras abuelas y madres tuvieron vidas marcadas por carencias económicas, pero además por falta de oportunidades para expresar lo que sentían y pensaban. Se limitaba la participación de las mujeres en actividades fuera del hogar, fueran estas de tipo recreativo o de participación comunal.

Se promovía que era virtud en las mujeres ser calladas, obedientes, tímidas y sumisas. Todo lo contrario se pensaba para los hombres, a ellos se les asignaba la libertad de movimiento y de actuación. El ejercicio del liderazgo era parte de su identidad, aunque se pareciera más al autoritarismo. Se autodesignaron los administradores de los recursos económicos familiares.

Muchos hombres hicieron un mal uso del poder que la sociedad les otorgaba y lo usaron para humillar, golpear, intimidar, toquetear y hasta violar a mujeres de sus propias familias, vecinas o conocidas. Muchas mujeres han tenido que llevar adelante embarazos que son resultado de violencia sexual, mientras que otras han sufrido abortos espontáneos y también fruto de agresiones sufridas en el hogar.

¿Conoce usted algún caso de violencia física, emocional, patrimonial o sexual en el entorno familiar o comunitario? Sabemos que lamentablemente la respuesta a esta pregunta es positiva. Tristemente usted y yo podemos ser una de las víctimas. La violencia era y sigue siendo parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad. Frente a la violencia sufrida se guarda silencio porque el dolor es inconmensurable y se piensa, de forma errónea, que es mejor ignorarlo y seguir como si nada hubiera pasado. No puede haber una familia feliz si hay violencia en cualquiera de sus formas, tener que aparentarlo es revictimizar a la persona que sufrió violencia y alcahuetear a quien la ejerció o la sigue ejerciendo. El silencio nos hace cómplices del dolor y el sufrimiento de muchas personas y esto está lejos del amor, la paz y la justicia. Los agresores sexuales deben ser frenados, denunciados y condenados.

Ha llegado el tiempo de romper el silencio y de llamar a las cosas por su nombre: los mal llamados “piropos” son violencia. Los hombres que se masturban delante de niñas, niños y mujeres de todas las edades, ejercen violencia; también los hombres que observan a las mujeres mientras se bañan o se visten. El lenguaje soez de contenido sexual es violencia. El acoso sexual callejero, es violencia. La exposición a pornografía es violencia. El sexo sin consentimiento, aún dentro de la vida de pareja es violencia. La violación es violencia. Compartir en redes sociales fotos de contenido sexual que no fueron creadas con esa finalidad también es violencia.

Las mujeres tenemos derecho y exigimos una familia y una comunidad libre de violencia. Queremos salir a caminar y saber que estamos seguras. Queremos viajar con la alegría de conocer el mundo y saber que solo pasarán cosas bonitas. Queremos salir a divertirnos y regresar a casa cansadas y satisfechas. Queremos sonreír y tener una vida tranquila y en paz.

Depredador suelto

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Martín Rodríguez Espinoza

Me tomé el tiempo para buscar el video, la información y la opinión de personas a las que respeto mucho, pero ya era el momento de decir algo. Es profundamente indignante y condenable escuchar al presidente de la República hacer comentarios como si una niña pudiera ser «regalada» y «devuelta cuando termine la universidad». No es una broma. No puede serlo. Es un acto simbólicamente violento, que normaliza la cultura del abuso y cosifica a la niñez.

¿Qué mensaje da el gobierno de Chaves, el país como sociedad cuando el principal mandatario de la nación se refiere así a una menor de edad?

No podemos quedarnos callados. Quienes defendemos los derechos humanos, quienes hemos luchado por proteger la niñez, por erradicar la violencia de género, no podemos permitir que estas expresiones pasen como chistes malinterpretados. Las niñas y los niños no se tocan, no se prestan, no se utilizan como objeto político ni como moneda de populismo mediático. Se respetan. Se cuidan.

Este no es un hecho aislado. Recordemos que Rodrigo Chaves fue despedido del Banco Mundial por denuncias de acoso sexual. Esa no es una mancha menor. Es parte de un patrón preocupante de conducta y de poder ejercido sin ética ni respeto. Hoy se burla de una niña y su familia, mañana ¿de quién más?, ¿Para eso quiere el “poder absoluto” en Casa Presidencial y Asamblea Legislativa?

El silencio institucional del PANI, del INAMU, es cómplice. No hay espacio para neutralidad cuando se trata de la dignidad de la infancia. La agresión a las madres, padres, a la clase trabajadora con su constante ataque a su dignidad como trabajadores, el congelamiento salarial y la violencia contra las mujeres dirigentes sindicales y sociales, demuestra el patrón de un psicópata con poder. (Ya lo había dicho en un comentario anterior, dejo el enlace abajo)

Quienes creemos en un país más justo, y queremos una verdadera democracia del pueblo, tenemos la responsabilidad de denunciar y alzar la voz. Porque callar es permitir.

Costa Rica merece respeto y decencia, y no la tenemos en el más alto cargo del país.

25 de julio de 2025

Más de 200 de entidades deportivas sin protocolos contra el acoso sexual

Escrito en . Publicado en Deporte, Derechos.

Defensoría detecta debilidades en implementación de Ley contra el Acoso Sexual en el Deporte

Defensoría llama a deportistas víctimas de violencia denunciar ante la entidad deportiva correspondiente e informar al ICODER. Se registra, a marzo del 2024, un total de 21 denuncias en el ente rector del deporte.

De tratarse de otros casos graves como abusos sexuales de personas menores de edad dirigir la denuncia ante el Ministerio Público.

A casi tres años de la entrada en vigor de la Ley N° 9967, Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, la mayoría de las entidades deportivas beneficiarias de fondos públicos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) no ha cumplido con su obligación de presentar los protocolos para prevenir y atender denuncias de acoso sexual. De las 233 entidades registradas, solo el 7% ha presentado su reglamento (es decir, 16).

Para las autoridades deportivas evidencia una falta de compromiso y poco conocimiento e interés por parte de dichas entidades por cumplir con lo que dicta la Ley 9967.

De acuerdo con un informe emitido por la Defensoría de los Habitantes, se determinó que, hay dificultades en la implementación de la normativa. Estas incluyen la falta de recursos humanos y financieros, vacíos legales en la ley y esa baja respuesta de las entidades deportivas ante la obligación de implementar protocolos contra el acoso sexual. Adicionalmente, hay una necesidad de reformar aspectos importantes de esta ley como la falta de sanciones para las entidades que incumplen y la protección adecuada para personas menores de edad involucrados en estos casos.

Datos de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CIHS) del ICODER, entre enero del 2023 y marzo del 2024, indicaron haber recibido 21 denuncias asociadas con acoso y hostigamiento Sexual en el ámbito deportivo, las cuales se encuentran en seguimiento y requieren de la actualización de los respectivos expedientes.

Para esta Defensoría, es importante que las organizaciones deportivas asuman su responsabilidad en la prevención y erradicación del acoso sexual, garantizando entornos deportivos seguros, sin discriminación, sin acoso, sin abusos y respetuosos para todas las personas participantes. Incluso, a solicitud de la CIHS del ICODER, funcionarias de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, acompañaron al proceso de capacitación sobre esta temática, así como la entrega de material visual a personal de las organizaciones deportivas y del ICODER, en mayo del año anterior.

Ante este panorama la Defensoría en su informe recomendó al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, definir con claridad la asignación presupuestaria y de recursos humanos para la CIHS. Además, que la CIHS reciba capacitación por parte de la Defensoría de la Mujer de esta Defensoría en el tema de Hostigamiento Sexual, en aras de garantizar la protección de derechos que les asisten a las personas inmersas en el ámbito deportivo y el mejor ejercicio de sus funciones.

También se le recomendó revisar las recomendaciones realizadas por la CIHS orientadas a implementar en forma adecuada el cuerpo normativo, conformar una comisión de trabajo para revisar las propuestas de reforma al Reglamento de la ley 9967 en relación con la función de la CIHS de informar a esta Defensoría sobre las denuncias que se presenten y las resoluciones finales y valorar la interposición de la propuesta de reforma legislativa a la Ley 9967, conforme a los principios de protección a las personas menores de edad y proponer otro tipo de sanción para cuando se trate de una persona menor de edad la que sea sancionada como hostigadora, así como para equiparar los plazos de prescripción para la interposición de las denuncias y el establecimiento de posibles sanciones en el caso de que las federaciones,

asociaciones o entidades deportivas incumplan con la aplicación de esta normativa.

A la CIHS del ICODER, esta Defensoría le recomendó promover programas de prevención y capacitación en la materia de hostigamiento sexual tal cual se encuentra establecido en la Ley 9967 y su reglamento, a las Federaciones, Asociaciones y demás entidades deportivas que de alguna manera están vinculadas con el ICODER, para ello pueden valorar la coordinación necesaria con la Defensoría, también realizar campañas enfocadas a que conductas de hostigamiento sexual en el ámbito del deporte no van a ser permitidas, ni toleradas y toda situación que se conozca al respecto, debe ser debidamente denunciada y puesta al conocimiento de la Comisión y revisar el formulario establecido para la recepción de denuncias, para que este contenga los requisitos estrictamente necesarios establecidos en la ley y elaborar una base de datos con el registro de sanciones en firme, que sea de acceso al público, que pueda ser consultada por cualquier persona interesada, garantizando el resguardo de la identidad, datos personales y cualquier otra información sensible de las víctimas.

Si no hay una respuesta de la entidad deportiva y tampoco del ICODER ante una denuncia, la persona víctima puede presentar el caso ante la Defensoría de los Habitantes para exigirle cuentas a la entidad rectora pública. Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en su informe.

Comunicación institucional
Defensoría de los Habitantes

Banco Mundial se reserva el derecho de admisión

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Sobre una queja de la Cisneros, en cuanto a que es una barbaridad que el Chaves no pueda entrar a las instalaciones del Banco Mundial y el FMI, cabe recordar que, en el fallo en que un Tribunal del BM en Nueva York, lo sanciona, el 7 de junio del 2021, por varios casos de acoso sexual, se toma la siguiente decisión:

«(1) El Banco tomará las medidas razonables para notificar a las Solicitantes, con anticipación, sobre las, siguientes circunstancias: (i) cualquier caso en el que Mr. C busque acceder a las instalaciones del BM o del FMI». Asimismo, como «Mr. C» había renunciado antes del fallo final que le impone varias sanciones, el Banco Mundial tuvo que pagar a dos de las jóvenes, «los honorarios y costos legales de las Solicitantes por un monto de US$ 64,838.00», que no se le podrían cobrar a «Mr. C», por estar ya en Costa Rica.

O sea, el presidente de Costa Rica sí puede poner pie en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero, para protección de las muchachas acosadas que allí laboran, a ellas se les debe notificar, que «Mr C» estaría llegando a esas instalaciones… ¿Feo verdad?

Defensoría capacita a sector público para prevenir y sancionar hostigamiento sexual

Escrito en . Publicado en Derechos.

En más de la mitad de los casos denunciados se registra una sanción

Con el objetivo de ofrecer herramientas al sector público para prevenir y sancionar el hostigamiento o acoso sexual, la Defensoría de los Habitantes realiza capacitaciones a diversas instituciones del Estado. El más reciente proceso de formación fue a personal del Ministerio de Salud.

Personal de la Defensoría explica a los y las funcionarias que están a cargo de los procedimientos de investigación y asesoría jurídica, un detalle de las herramientas que contiene la Ley 7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.

Dicha normativa, en su artículo 7, establece la obligatoriedad de las entidades públicas de informar a la Defensoría de los Habitantes la presentación de denuncias en los lugares de trabajo, a efecto de tener conocimiento, acceso al expediente e intervención facultativa en el procedimiento, en un rol asesor y contralor de legalidad.  

Por año la Defensoría es puesta en conocimiento, en promedio, más de 300 denuncias al año por hostigamiento sexual en sector público y ello representa, una alerta para poder capacitar jurídicamente a los órganos legales de los departamentos institucionales y a quienes están a cargo de la investigación de los hechos.

Este tipo de manifestaciones de violencia, una más que viven las mujeres en el ámbito del empleo y la docencia, debe ser abordado con los principios que garanticen que la víctima sea debidamente reivindicada. Para la Defensoría es fundamental la capacitación como un mecanismo que permita hacer, de manera efectiva, la justicia administrativa.

Indicadores de la Defensoría de los Habitantes revelan que, el 52,76% de los casos de hostigamiento sexual registrados en el sector público y cuyo proceso concluyó, por ejemplo, en el año 2021, las personas denunciadas recibieron una sanción. De este porcentaje, en promedio, en dos de cada diez casos, la sanción fue el despido. 

La Defensoría es la única instancia que cuenta hoy día con los datos sobre las denuncias y procedimientos disciplinarios de hostigamiento sexual del sector público. Con la información que obtiene, la institución responde a las recomendaciones giradas por los diferentes comités a nivel internacional, y a nivel nacional, al señalar que las estadísticas con perspectiva de género, son un mecanismo imprescindible para visibilizar las distintas manifestaciones de las desigualdades y violencias que viven las mujeres por el solo hecho de serlo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes