Gabriela Herrera-Correal *
La reciente controversia causada por la campaña de comunicación en contra del voto por el candidato a la presidencia Rodrigo Chaves mostraba de forma jocosa la acción de quitarse la vida a manera de escape. Esta campaña ha generado una reacción muy fuerte por parte de la población costarricense por razones obvias. Abre una discusión clave en el país; el suicido, una problemática nacional que no debe tomarse a la ligera. El suicidio es un problema de salud pública mundial. La tasa de suicidio ha aumentado a nivel mundial en un 60% en los últimos 45 años. (A.Barroso, 2019)
Actualmente, en Costa Rica ocurren un aproximado de 300 suicidios al año y las cifras han ido en aumento en los últimos años. Según el informe regional de “Mortalidad por suicidio en las Américas”, la tercera parte de los casos de la región son de costarricenses. La tasa de suicidio nacional pasó de 6,4 en el 2017 a 7,2 por cada 100 mil personas en el 2018. Del año 2000 al 2020, se contabilizan 6.638 lamentables fallecimientos por suicidio, siendo que el 84% (5.605) han sido hombres y el 16% (1033) mujeres. Solo en el año del 2020 se registran 356 fallecimientos por suicidio y 1.786 intentos de suicidio de los cuales 670 han sido hombres y 1.116 mujeres.
Según el Centro de Atención Neuro-psicológica UNIBE, los intentos de suicidio afectan mayoritariamente a jóvenes entre los 10 y 35 años de edad. Nuestra población del futuro. De acuerdo con un artículo publicado en el Semanario Universidad, el 60% de los intentos de suicidio de Costa Rica son cometidos por mujeres. (L.Molina, 2019) Es de vital importancia prestar atención a estas cifras e indagar en la razón detrás de todas estas personas que toman la lamentable decisión de querer quitarse la vida. Es importante hablar de este tema para crear herramientas y poder darle a estas personas y sus familiares, el apoyo que necesitan.
De acuerdo con El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (NIMH, por sus siglas en inglés), los principales factores de riesgo de suicidio son: antecedentes de intentos de suicidio, depresión, otros trastornos mentales o trastorno por consumo de sustancias, dolor crónico, antecedentes familiares de un trastorno mental o por consumo de sustancias, antecedentes familiares de suicidio, exposición a violencia familiar, lo que incluye abuso físico o sexual, presencia de pistolas u otras armas de fuego en el hogar, liberación reciente de la prisión o la cárcel, exposición, ya sea directa o indirectamente, a la conducta suicida de otros, como familiares, compañeros o celebridades.
Los factores de riesgo que se analizan en este artículo son los de la depresión, otros trastornos mentales y exposición a violencia familiar, lo que incluye abuso físico o sexual. Dado que la mayor cantidad de intentos de suicidios son cometidos por mujeres y que los índices de violencia sexual son tan altos en Costa Rica, es importante investigar si existe una relación entre el abuso sexual y la tendencia al suicidio.
De acuerdo con los datos sacados del Poder Judicial, en el año del 2020 en Costa Rica, respecto a sentencias dictadas por delitos sexuales, el 49% de estas sentencias fueron por abusos sexuales contra menores de edad y el 28% de las sentencias dictadas fueron por violación. Cada 80 minutos se denuncia un delito sexual en Costa Rica. De las denuncias por violencia sexual del 2020 en Costa Rica, el 79.6% de las víctimas fueron mujeres y 34% de las víctimas fueron menores de edad.
El 23 de marzo de este año, CRHoy.com publicó un artículo escrito por Jason Ureña que se titulaba de la siguiente manera: Área de salud de Tibás alerta por aumento de embarazos adolescentes por relaciones impropias. Las cifras eran de 40 adolescentes embarazadas por año de las cuales el 40% mantuvieron relaciones impropias. Una relación impropia es aquella donde el autor sea siete o más de años mayor que la persona agraviada. Y la condena de cárcel es mayor en caso de que el autor tenga parentesco familiar o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con la víctima. Estos términos se encuentran en la Ley 9.406 que protege a los menores en situación de violencia y castiga al adulto, según el tipo de relación existente. Estudios han evidenciado que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 8 niños serán sexualmente agredidos antes de cumplir los dieciséis años. (Contreras, Bott, Guedes y Dartnall, 2010).
Actualmente, hay 13 jóvenes embarazadas que están siendo atendidas por el departamento de Trabajo Social de esa área en Tibás, la cual procede a denunciar la situación ante autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Ahora si hablamos claro, significa que 13 niñas fueron violadas por adultos que, en muchos casos, de acuerdo con los funcionarios de salud, mantenían relaciones con estas menores y estas relaciones eran avaladas por los progenitores de la víctima.
Un artículo de la facultad de psicología de la Universidad Católica de Colombia, afirma que tanto la conducta suicida como el abuso sexual son problemáticas relacionadas que afectan la salud mental y física de las víctimas. (B, Avendaño. 2016) Ese artículo de investigación basó su estudio en 85 444 jóvenes de los grados octavo, noveno, décimo y undécimo de instituciones educativas públicas de las tres ciudades con mayor número de habitantes del departamento de Boyacá (Colombia). Uno de los resultados más impactantes que obtuvo fue que todos los estudiantes que participaron en esta investigación y que habían sido víctimas de abuso sexual por penetración, habían tenido intentos suicidas.
De acuerdo con investigaciones de estudios comparativos efectuados por el Centro Nacional de Biotecnología e Información de Estados Unidos (NIH), el riesgo de intento de suicido en adolescentes es 8 veces mayor para una persona que haya sufrido abuso sexual. Esto significa que las personas que han sufrido este tipo de violencia tienen mayor riesgo a sufrir de depresión o tendencias suicidas durante su adolescencia. La violencia física y sexual está significativamente asociada al comportamiento suicida de la víctima. Otro dato por considerar es que evidencia reciente de estudios efectuados por este centro de investigación, indican que adolescentes transgénero tienen mayores tendencias suicidas que adolescentes cisgénero.
En un estudio efectuado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Múñiz en México, se estudió la población secundaria de dos institutos con promedio de edad de 13.7 años en la Ciudad de México. De acuerdo con este estudio, el 67% de las mujeres que habían sido atacadas sexualmente, habían intentado suicidarse. Muchas reportaron como efectos a largo plazo del abuso sexual infantil problemas tales como el trastorno por estrés postraumático, la depresión, la ideación y el intento suicida, la insensibilidad emocional, dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, disfunciones sexuales, dependencia del alcohol o de las drogas, victimización sexual posterior y maltrato por parte de la pareja, entre otros.
De acuerdo con un artículo de la Universidad de Granada, escrito por David Cantón y Fernando Justicia en el 2009, indica que el haber sufrido abuso sexual durante la infancia supone un incremento del 10% y 21% en la probabilidad de sufrir problemas de depresión y autoestima respectivamente en adultos jóvenes.
En definitiva, una campaña que toma a la ligera el tema del suicidio, deja de lado lo importante que es abordar esta problemática nacional. Costa Rica tiene que tomar acción para proteger a la población costarricense y disminuir los índices de suicidio en el país. Una de las acciones más pertinentes es la de luchar en contra de la violencia sexual ya que claramente está relacionada con la problemática del suicidio. Que exista un candidato a la presidencia con un historial de acoso sexual es una manera de dar a entender que la vida de las personas que sufren de violencia sexual no tiene la importancia que realmente se merece. Nadie debería poder asumir cargos de poder si ha sido parte de la violencia sistemática de una sociedad machista que permite el acoso sexual como parte de su cotidianidad. La vida de las víctimas de abusos sexuales y físicos debe ser una prioridad para Costa Rica.
25 de marzo del 2022
* Activista ecofeminista, máster en ecología urbana.
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