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Etiqueta: Acuerdo de Escazú

En el Dia Mundial de los Océanos: ¡Qué se cumpla la Ley! ¡No se sumerja, comprométase con el cambio!

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Costa Rica, 8 de junio del 2024

Señores

Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Franz Tattenbach Capra
Ministro de Ambiente y Energía

Víctor Carvajal Porras
Ministro de Agricultura y Ganadería

Heiner Méndez Barrientos
Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

Asunto: Pronunciamiento: ¡Qué se cumpla la Ley! ¡No se sumerja, comprométase con el cambio!

Señores,

En conmemoración del Día de los Océanos, los costarricenses y las personas habitantes de este país firmantes de esta nota nos dirigimos a ustedes con el fin de denunciar el incumplimiento de las leyes ambientales, las marítimas, las de ordenamiento, y la de zona marítimo – terrestre. Es nuestro deber con Costa Rica y el mundo evidenciar el incumplimiento de estas leyes por el Gobierno de la República. Prueba de ello es la celebración de la Pre-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos, realizada los días 7 y 8 de junio, mientras de manera sistemática realizan ataques a la naturaleza y a quienes la defendemos y evidencian desinterés por el bienestar de las comunidades costeras, los ecosistemas marino-costeros, el resguardo de nuestra zona económica exclusiva, y la integridad y valor del Estado costarricense. Como funcionarios públicos sujetos al principio de legalidad, Costa Rica y el mundo necesitan de ustedes acciones concretas y que se cumpla lo que la Constitución Política, los Tribunales, y el ordenamiento jurídico (nacional e internacional) establecen. Por esto, exigimos de los jerarcas y las instituciones del Estado que representan:

1. ¡Salvemos los corales! Costa Rica cuenta con arrecifes de coral en ambas costas. Los  en estado crítico debido al aumento de las temperaturas del océano, el desarrollo urbano desmedido en zonas costeras, la deforestación de los bosques costeros, el uso de pesticidas y la contaminación por aguas residuales, así como el secamiento de humedales, entre otros factores que están provocando el blanqueamiento y pérdida de los corales. Es urgente declarar un estado de emergencia para los arrecifes y tomar medidas inmediatas para su conservación y protección. Para lograr su protección se requieren acciones inmediatas como la reactivación del Concejo de Corales y la implementación urgente de las medidas de conservación y gestión establecidas en el decreto ejecutivo 41.774 – MINAE, la Ley de Vida Silvestre, la Ley Orgánica del Ambiente, y la Ley de Pesca y Acuicultura.

2. Los tiburones son vida silvestre y así han sido reconocidos por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 000912-F-S1-2023. El MINAE debe cumplir la Ley de Conservación de Vida Silvestre y el INCOPESCA debe erradicar toda captura de tiburón martillo y de otros tiburones en peligro de extinción, incluso la incidental en la totalidad de la zona económica exclusiva costarricense.

3. Las políticas de desarrollo de este gobierno, han incrementado las violaciones al Patrimonio Natural del Estado, provocando una acelerada invasión de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, así como la destrucción masiva de bosques costeros y humedales. Estas acciones conllevan la destrucción de los hábitats de fauna marina en vías de extinción como lo son los corales, el manatí, los tiburones, y las tortugas, entre otros. El objetivo de esta destrucción es permitir el desarrollo inmobiliario y turístico, lo cual ha aumentado además el desplazamiento geográfico de las comunidades locales hacia zonas lejanas de la costa, perdiendo así gran parte de su cultura e identidad.

4. Solicitamos de manera urgente la intervención del INCOPESCA. El Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura se quedó sin rumbo. El Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura se encontraba vigente hasta el año pasado (2023), pero hasta el momento INCOPESCA no lo ha actualizado. Debido a la inoperancia del INCOPESCA, Costa Rica perdió el financiamiento disponible para la urgente mejora de las pesquerías y la acuicultura, incluyendo los estudios necesarios para brindar las licencias a los pescadores artesanales y de pequeña escala. Contrario a ayudar al sector pesquero, este gobierno pretende revivir la pesca de arrastre.

5. El Estado debe garantizar un desarrollo sostenible y democrático de cara a los indicadores socioeconómicos que reflejan la indiscutible vulnerabilidad de las comunidades costeras. Exigimos la implementación del mecanismo de gobernanza marina establecido en el decreto ejecutivo 41.775-MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR, de la Política Nacional del Mar, y un compromiso de fiscalización y participación de las instituciones del Estado en los procesos de generación de los planes reguladores costeros. Del mismo modo, exigimos que en estos procesos se consideren las voces de los usuarios del mar quienes deben guiar las políticas marinas. Su conocimiento tradicional es invaluable para la gestión sostenible de recursos.

6. Alto a la contaminación de nuestros océanos, la cual ha alcanzado niveles verdaderamente alarmantes, amenazando la vida marina, la salud humana y el equilibrio mismo de nuestro planeta. Exigimos medidas inmediatas para asegurar la gestión de los residuos sólidos, tratar las aguas sucias, y limitar el uso de plaguicidas y otras sustancias altamente tóxicas, las cuales terminan en los ríos, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua e inevitablemente en el mar. El Estado debe tomar medidas inmediatas para disminuir los residuos generados por la actividad de pesca, con especial atención a las artes de pesca que se descartan en alta mar y continúan pescando, generando el fenómeno conocido como pesca fantasma.

7. Exigimos control y vigilancia en las costas y mares. Ante la compleja situación que se vive tanto en alta mar como en el mar territorial y las costas, es urgente que se le asignen los recursos necesarios al Servicio Nacional de Guardacostas, a la Fuerza Pública, y a la Fiscalía para realizar las labores de seguridad, control y vigilancia que por Ley le corresponde. No existe una Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marina vigente y todas las metas correspondientes fueron eliminadas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública por la administración actual.

8. Se debe atacar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por el país, tanto en puerto como en el mar. Resulta urgente la mejora de las capacidades de inspección del INCOPESCA, en coordinación con otras autoridades como el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fuerza Pública, el SINAC y la Fiscalía. Finalmente, el INCOPESCA debe reglamentar e implementar el Programa de Observadores a Bordo que le ordena el artículo 60 de la Ley de Pesca y Acuicultura.

9. Nuestros mares sin extractivismo. La sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Este consenso fue ratificado por una moratoria petrolera en el 2004 y se ha sostenido a lo largo de distintos gobiernos sin verse gravemente amenazada hasta la fecha ya que por un lado el gobierno anuncia una moratoria a la minería en el subsuelo oceánico, pero por otra reactiva las intenciones de exploración de gas y petróleo en nuestras costas y en especial la costa Caribe donde se sabe que hay mayores prospectos históricos. Exigimos que se respete la moratoria establecida hasta el 2050, coherencia y justicia climática efectiva para no abrir ni un pozo más y caminar hacia la sociedad post petrolera.

10. Exigimos que se presente e impulse en la Asamblea Legislativa la aprobación del acuerdo de Escazú, con el fin de impulsar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

A pesar de que Costa Rica es 92% mar, el Gobierno de la República parece estar determinado a destruirlo cuando no cumple las leyes ni los convenios internacionales. Esta actitud ha causado, ahora más que nunca, un ecocidio marino. Alzando la voz por aquellos que no pueden hacerlo les instamos a recapacitar y redoblar esfuerzos para cumplir con lo que les exige la Constitución, los convenios internacionales y la Ley.

Firman:

  • Asociación para el Desarrollo de la Cultura y el Ambiente Región Norte (ADCA)
  • Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación;
  • Bloqueverde
  • Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales del Caribe Sur;
  • El Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA)
  • Marine Watch International
  • Oilwatch Costa Rica
  • Talamanca Siempre Verde.

Más información: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1JI6PcNytywABJHuPb1aStjakGmor9Bqb?usp=sharing

Apoye con su firma: https://forms.gle/KrgbMm3VQgRZbK3N6

Gobierno anti ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Bloqueverde

Si hubo un ausente en el discurso del informe presidencial del 2 de mayo fue el tema ambiental, si no es por un jaguar reducido a un símbolo económico publicitario, podríamos afirmar que este gobierno es totalmente enemigo del ambiente y quedará en la historia como el más retrógrado socio-ambientalmente. Si no fuera por los cientos de pequeñas organizaciones locales y la Constitución Política estaríamos en el sótano. Por segundo año consecutivo, la dimensión ambiental no tuvo lugar en el Informe de la Presidencia de Mayo ante la Asamblea Legislativa, nada relacionado al agua, los mares, la pesca o la contaminación, ni siquiera menciona al MINAE, SINAC o INCOPESCA.

Del AyA dice la siguiente cita de fantasía: “El AyA se alza como un pilar fundamental en el desarrollo sostenible de Costa Rica. Su compromiso con la eficiencia operativa, la protección del medio ambiente y el bienestar de la población deja claro que el AyA.” Mientras el gobierno tiene dos años jugando chapitas con el AYA entre un presidente ejecutivo inútil y otro peor, y un tercero que viene con aires de campaña política, que nos tienen en un atraso que va costar años y va afectar su fábula de economía jaguar, cuando el destino nos alcance y no tengamos agua para las comunidades, cuando se sobre explotan las fuentes que la inversión extranjera o turismo está depredando sin control, solo ahí verán que la economía tiene su base en la estabilidad de los ecosistemas y no lo contrario, como trata de imponer el gobierno.

En el tema de cambio climático dice: “…el otorgamiento de este endeudamiento por parte del FMI le permite al país mejorar la percepción de riesgo del Gobierno, al mostrar mayor diversidad en las fuentes de financiamiento y su firme compromiso con temas de descarbonización y de cambio climático, que contribuyen a la estabilidad económica y financiera a largo plazo (…)” Pero de forma completamente contradictoria promueve romper la moratoria a la exploración de petróleo y la generación térmica, agroindustria, mega turismo y megaproyectos productores de una lógica totalmente depredadora de los bienes comunes y generadores de más cambio climático. Es importante apuntar que hemos pasado de ser los líderes en este tema a hacer cada día un mal ejemplo y a dar pena ajena, esto a la larga afectará el financiamiento climático.

El gobierno no dice ni una palabra de que:

  • Tuvo que prohibir el clorotalonil por la lucha del Frente Ecologista de Cipreses de Oreamuno y por la crisis de contaminación de agua por agrotóxicos que vive la Zona Norte de Cartago y buena parte del país.
  • A pesar de ser una recomendación de OCDE o Naciones Unidas el gobierno no retomó el Acuerdo de Escazú que fue ratificado hasta por la dictadura nicaragüense de Ortega Murillo y otros 14 países con gobiernos democrático de centro, derecha e izquierda.
  • No mencionan que el Gobierno de Chaves, al igual que el anterior, han sido encontrados en desobediencia de lo dictado por la Sala Constitucional por el desastre ambiental en Crucitas.
  • La sed del comercio de los mares ante la destrucción de la vida marina:
    El gobierno continúa impulsando la pesca de arrastre, disfrazándose bajo un «estudio» que pretende justificar su «viabilidad ambiental», a pesar de que ya se ha comprobado científicamente que es una práctica altamente destructiva, y que en Costa Rica el “arrastre” está declarado ilegal desde hace una década .Para muestra un Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica declaró con lugar una nueva medida cautelar para suspender el estudio sobre pesca de arrastre de camarón.
  • Se elaboró una lista de más de 200 especies de vida silvestre en peligro de extinción para incluirlas como especies de interés pesquero y acuícola, lo que facilita su comercialización.
  • Además, se desechó una ley en la asamblea que buscaba proteger al tiburón martillo, una especie en estado crítico de extinción.
  • Nuestros mares están en estado de emergencia debido al blanqueamiento de los corales, y a pesar de esto, el gobierno no ha tomado medidas al respecto ni ha incluido el tema en la agenda de la convención de los mares. Esta convención, que se ha convertido en una expo móvil donde se negocian tecnologías y economías azules, carece de una agenda real que aborde la crisis que enfrentan las comunidades costeras.
  • Nuevamente campeones mundiales en uso de agroquímicos según estadísticas de FAO tenemos un consumo de agro venenos de 23.44 kilogramos por hectárea lo que nos pone en el vergonzoso primer lugar en el mundo de utilización de estos venenos en la agricultura.
  • El Gobierno excluyó a ecologistas de la comisión que tramita permisos de liberación de transgénicos. Mientras el MAG incorpora a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) en la de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) pese a evidente conflicto de intereses excluye por decreto la participación de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Por medio de este decreto se violentaron principios constitucionales, la ley Orgánica del Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica.
  • . El ministro Franz Tattenbach es responsable del recorte en MINAE y de la “anti-inversión” en materia de conservación. SINAC tendrá recortes en contratación de personal y el país dejará de pagar membresías en instancias climáticas internacionales. La Contraloría General de la República señala tendencia de anti-inversión y desmantelamiento internacional
  • El Mega desarrollo turístico destruye humedal en playa Hermosa Puntarenas y la agroindustria destruye el humedal de Coris de Cartago. Además, se quiere revivir el aeropuerto en Zona de Osa, amenazando áreas arqueológicas importantes y el Humedal Térraba-Sierpe.

El ministro de Ambiente y Energía sigue en la sombra, es un pálido personaje, con una agenda desconocida, sin propuestas para mejorar y va de carro de cola de una administración que vela por profundizar la destrucción ambiental y la desigualdad social. Franz Tattenbach, con su desatino ultraliberal, será recordado cómo un ministro funcional al desmantelamiento de los Parques Nacionales, al desmoronamiento de la institucionalidad ambiental para dar camino a la privatización de las Áreas Protegidas.

Las pocas buenas noticias ambientales hay que agradecerles a los cientos de pequeñas organizaciones locales o comunitarias que hacen esfuerzos por resistir a la destrucción.

Mano De Tigre OrcuoDbön organización de mujeres indígenas ante el Día Internacional de la Mujer

Escrito en . Publicado en Derechos.

Al acercarse la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer queremos resaltar el trabajo de las mujeres en sus contextos; las acciones que se hacen desde distintos escenarios y los vive cada una en su cotidianidad.

Las mujeres indígenas Bröran han asumido un rol importante en el diario vivir, en la recuperación de su territorio, en la recuperación ambiental, espiritual, cultural y de gobernanza económica y política.

Lo hacemos asumiendo y liderando procesos autogestionados que compensen las falencias de acción estatal a través de sus instituciones.

Este 8 de marzo visibilizamos la fuerza, la valentía de cada una. No nos podemos quedar calladas. Aplaudimos avances en textos legislativos, protocolos y buenas intenciones de quien se sienta afín.

En esta fecha cuando recordamos a mujeres que lucharon por derechos igualitarios, exhortamos al Estado de Costa Rica a reconocer fielmente el derecho humano que nos corresponde como mujeres y como ciudadanas.

Costa Rica tiene 203 años de ser República y nosotras las mujeres indígenas y su niñez seguimos relegadas.

No se avanza en un Estado donde los pueblos indígenas y en especial nosotras encontramos cada vez más obstáculos para implementar los derechos que nos pertenecen; no queremos una Costa Rica donde alguien se quede atrás, queremos una Costa Rica culta, respetuosa, sin racismo, sin xenofobia para los pueblos indígenas y sus ciudadanas originarias.

Mano De Tigre OrcuoDbön, como Organización de Mujeres indígenas exige al Estado justicia pronta y cumplida por los asesinatos de nuestros hermanos Sergio Rojas Uniwak y Jerhy Rivera Rivera, justicia por las quemas en cultivos y tierras recuperadas de China Kichá en Pérez Zeledón; a la vez solicitamos con vehemencia que la Asamblea Legislativa de trámite al Acuerdo de Escazú para ser aprobado y garantizar la salvaguarda de la vida de defensoras y defensores ambientales.

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen”3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home

Movimientos sociales de Colombia solicitan apoyo para que la Corte ratifique el Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Un documento enviado a SURCOS señala:

“Hacemos un llamado al Movimiento Social, Ambiental, Ecologista, Animalista, de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Colombia y de América Latina y El Caribe, para exigirle a la Corte Constitucional de Colombia que sea célere, efectiva, eficiente y respetuosa del debido proceso constitucional; en el marco de la revisión de constitucionalidad que está realizando del Acuerdo de Derecho Internacional Ambiental: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

La recolecta de firmas se realiza en el formulario que se encuentra en este enlace.

De acuerdo con la petición expresada en el párrafo que compartimos, le invitamos a leer el documento, firmarlo, y de ser posible, compartirlo.

UCR, Voz experta: Participación ciudadana en materia ambiental

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

A propósito de una reciente sentencia

¿Se trata de un «principio» o de un «derecho»?

Recientemente se conoció el voto 11236-2023 del 12 de mayo del 2023, relativo a una viabilidad ambiental otorgada por la Setena para un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro.

Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de un proyecto cuestionado, la Setena optó por otorgar esta viabilidad el 14 de diciembre del 2022.

En su voto, la Sala Constitucional consideró que la no celebración de una nueva audiencia pública previa por parte de la Setena “resulta violatorio al derecho reconocido en el referido Artículo 50 de la Constitución”, anulando la viabilidad ambiental otorgada.

Un esfuerzo de cuatro integrantes de la Sala por una palabra

Si bien es de saludar esta decisión de la Sala, pero ante todo, la persistencia y valentía de la recurrente, este voto denota también una división interna dentro de la Sala, al evidenciarse un sostenido esfuerzo semántico por parte de la Sala para referirse a la participación ciudadana en materia ambiental como un “principio” y no un “derecho”.

Entre las primeras referencias a su propia jurisprudencia, la Sala remite al voto 1163-2017, en el que, haciendo a un lado más de 20 años de jurisprudencia, optó por no reconocerle más a la participación ciudadana en materia ambiental la calidad de derecho.

Sobre tan desconcertante conclusión que se leyó en el párrafo V del voto 1163-2017, resulta oportuno recordar que fue objeto de tan solo dos votos salvados: cinco magistrados/a en aquel momento (2017) consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y del juez interamericano, y de toda la evolución observada internacionalmente desde 1992 para consolidar la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho, no ameritaba mayor explicación.

Esta verdadera “involución” jurisprudencial desde el 2017 no ha dado lugar a rectificación alguna por parte del juez constitucional.

La participación ciudadana puesta en contexto

Con el fin de no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del 2017, nos permitimos remitir a la OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicada en el año 2018, que precisa que:

«231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante».

En consonancia con lo dictaminado por el juez interamericano, el Acuerdo de Escazú refiere a la participación del público como un “derecho”.

Calificativos contra la recurrente y jurisprudencia interamericana

Como detalle, encontramos en el voto 11236-2023 la siguiente afirmación por parte del Secretario General de la Setena (Resultando, punto 3):

“Lo que menciona la recurrente es una expresión temeraria que pone en tela de duda la labor del Departamento de Evaluación Ambiental y de la SETENA misma”.

Más allá del efecto que pueda tener el intento de descalificar a una recurrente, ninguno de los argumentos de la Setena (ni de la empresa) encontró eco en los magistrados constitucionales.

Precisamente, en cuanto a las preocupaciones generadas por un proyecto, en una sentencia del 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Baraona Bray contra Chile del 24 de noviembre del 2022), precisó que:

“96. Además, la Corte recuerda que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, ayuda a construir consensos y a mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Además, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y mejora la evidencia y la credibilidad de los procesos gubernamentales”.

En esta sentencia, el juez interamericano integró de pleno el Acuerdo de Escazú al corpus juris interamericano. Tuvimos la ocasión de explicar en un artículo publicado en abril del 2023 en este mismo espacio que:

“/…/ no cabe duda que desde su adopción en el 2018, el Acuerdo de Escazú contribuye, desde ya, a enriquecer sustancialmente el corpus juris del juez interamericano, permitiéndole precisar y consolidar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en la materia. Esta sentencia ya debería interesar a todos los Estados del hemisferio americano que integran el sistema interamericano de derechos humanos” (Nota 1).

El persistente temor ante la participación ciudadana en materia ambiental

En un estudio del 2014, el jurista Álvaro Sagot Rodríguez cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee que:

«En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (Nota 2).

No cabe duda que la participación ciudadana en materia ambiental crispa de manera singular a algunos en Costa Rica.

En ese sentido, no está de más recordar que en el 2008, la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa y vetada por parte del Poder Ejecutivo en el período 2006-2010, fue la “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental ”. Una influyente cámara empresarial en su informe de labores para el 2008 indicó que:

“Así mismo, para finales de año UCCAEP ejerció la presión necesaria para que el Presidente de la República vetara la Ley Ambiental. Para ello se publicaron una serie de artículos de opinión y a través de varios representantes se tuvo presencia mediática en torno a la posición del sector empresarial con respecto a la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa” (p. 36).

Esta crispación también quedó evidenciada durante la discusión relativa al Acuerdo de Escazú, a partir de argumentos cuestionables de la misma agrupación, así como de audios y escritos circulados por algunos juristas, y de una “nota”, ahora famosa, redactada por una magistrada de la Sala Constitucional en marzo del 2020 (véase voto 06134- 2020 que la contiene).

Conclusión

Más allá de la facilidad con la que algunos frenan iniciativas votadas por la Asamblea Legislativa, en su voto concurrente a la sentencia 11236-2023 (-párrafo VII-) los magistrados Hubert Fernández, José Rafael Garita y Paul Rueda indicaron que la participación ciudadana en materia ambiental es un derecho, al expresar que:

“la participación es un derecho de raigambre fundamental, puesto que es una expresión del principio democrático del Estado social de Derecho que busca facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.

Ojalá que, inspirándose en esta valiosa opinión, el resto de la Sala Constitucional logre rectificar pronto. En relación con el Acuerdo de Escazú, y al hecho que la mayoría de la Sala persistió en no hacer ninguna referencia a este instrumento, recientemente los juristas Rafael González Ballar y Mario Peña Chacón concluyeron en un artículo, que:

“… a partir de la sentencia interamericana Baraona Bray vs Chile, el Acuerdo de Escazú ingresó al bloque constitucional costarricense como fuente y estándar internacional en materia de derechos humanos y medio ambiente”.

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Nota 1: Véase BOEGLIN N., “Acuerdo de Escazú, viento en popa: Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incorpora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica”, Portal de la UCR, edición del 10/04/2023, disponible aquí.

Nota 2: Véase SAGOT RODRÍGUEZ A., “(In) justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales”, Revista Judicial, Número 114 (Diciembre 2014), pp. 61-93 disponible en este enlace (en el que la referida cita se puede leer en p. 93).

NdA: una versión más extensa de este texto se encuentra disponible en este enlace

Los ODS y las U Públicas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Ma. Elena Fournier Solano. Extensionista universitaria/ambientalista mefourniercr@gmail.com

El origen de conceptos como: desarrollo sustentable, sostenible, sostenido, fue a raíz del informe Nuestro Futuro Común, 1987 para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 1992.

Eduardo Galeano en su libro: Úselo y tírelo, 1997, expresó:

«Las empresas gigantes de la industria química, la industria petrolera e industria automovilística han pagado buena parte de los gastos de la Eco-92, la conferencia internacional que en Río de Janeiro se ocupó de la agonía del planeta. Y esa conferencia, llamada Cumbre de la Tierra, no condenó a las transnacionales que producen contaminación y viven de ella, y ni siquiera pronunció una palabra contra la ilimitada libertad de comercio que hace posible la venta del veneno».

Estos conceptos han sido ya discutidos, cuestionados desde hace más de 20 años, superados, implica un desarrollo y crecimiento económico sin límites, extensiva, intensiva, infinito en sociedades desiguales nos decía un profesor de derecho que son una justificación para permitir, por ejemplo, la declaratoria de «interés público» secar y destruir humedales. Ejemplo: La Trocha 1856 Juan Rafael Mora Porras, de la expresidenta Laura Chinchilla.

Desde 2015, se imponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Asamblea General de la ONU 2015, aprobando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un instrumento.

Costa Rica fue el primer país del mundo en firmar el pacto nacional (¡pero no ratificamos ni firmamos el Acuerdo de Escazú!), entonces estamos obligada-os a terminar con el hambre, luchar contra la pobreza, la desigualdad, promocionar la educación, salud, protección del ambiente y fortalecimiento de la justicia (UCR: Desarrollo sostenible aportes de la UCR para el alcance de la Agenda 2030, de Henning Jensen y Yamileth Angulo).

Nuestra autonomía universitaria es violentada:

La Procuraduría General de la República, dictamen C-147-1994, indica sobre la autonomía política que «es la capacidad de autogobernarse o autodirigirse políticamente, de fijarse el ente a sí mismo sus propios objetivos fundamentales, dentro del marco de su competencia constitucional o legal».

La posición de la señora Mirian Vilela, representante de la Carta de la Tierra de la ONU, en entrevista realizada acerca de los ODS, expresa que es un agente de cambios, en donde menciona valores, principios, fuente de transformación social y en dónde señala que las universidades públicas debemos de repensar nuestro papel, entre otras ¿sugerencias?

Como muchas personas y colectivos, sentimos estos lineamientos como una imposición, un adoctrinamiento de la política de la Agenda 2030 con una versión sencilla, popular y engañosa.

No debemos de trabajar la agenda de la muerte, tenemos la opción de construir la filosofía o cosmovisión indígena de muchos países del mundo, incluyendo los nuestros acerca del “Buen Vivir”.

Producir sí, pero ecológicamente, como el mensaje inspirador del activista francés Jean-Luc Mélenchon en París, Unión Popular Ecológica y Social en una de las grandes manifestaciones contra el neoliberalismo: «la clave de un futuro ecológico es trabajar mejor y trabajar menos, si producimos ecológicamente, vamos a tener tiempo y ejercer el derecho para vivir, amar, no hacer nada, cuidar a los nuestros, descansar, pintar, cantar, hacer poesía, el cansancio podrá ser repartido equitativamente entre todos”.

Se han manifestado un colectivo costarricense de mujeres amas de casa, técnicas y profesionales:

Objetivos oficiales

Objetivos reales

1. Fin de la pobreza.

1. Reducción de la población.

2. Hambre cero.

2. Monopolio de los alimentos.

3. Salud y bienestar.

 3. «Vacunación» cíclica obligatoria.

4. Educación de calidad.

4. Adoctrinamiento.

5. Igualdad de género.

 5. Feminización y división de la sociedad.

6. Agua limpia y saneamiento.

 6. Privatización de toda el agua del Planeta.

7. Energía asequible y no contaminante.

7. Energía cara e impuestos verdes abusivos.

8. Trabajo decente y crecimiento económico

8. Explotación laboral y esclavitud fiscal.

9. Industria, innovación e infraestructura.

 9. 4ta. Revolución Industrial.

10. Reducción de las desigualdades. Transhumanismo.

 10. Leyes únicas para todos los países.

11. Ciudades y comunidades sostenibles.

 11. Vigilancia y control absolutos. Totalitarismo.

12. Producción y consumo responsable.

 12. Alimentos transgénicos. Granjas de insectos.

13. Acción por el clima.

 13. Geoingeniería climática

14. Vida submarina.

14. Control absoluto de los alimentos marinos.

15. Vida de ecosistemas terrestres.

15. Control absoluto de los recursos naturales.

16. Paz, justicia e Instituciones sólidas.

 16. Estados policiales. Fin de la libertad.

17. Alianzas para lograr los objetivos.

17. Gobierno global: Nuevo Orden Mundial.

Entre los reclamos contra ODS está que no incluye el apoyo a las luchas indígenas, campesinas por sus tierras, agua (…), pero no se menciona nada acerca del final de los paraísos fiscales, continúa el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, sometiendo a la dimensión económica, la social y ecológica. 

Comparto para esta reflexión del Dr. Jenaro Diaz Ducca: «(…) nunca ha sido la costumbre en las universidades públicas aceptar a ciegas políticas impuestas desde organismos internacionales que nos comprometen sin tener completamente claro a qué estaremos obligados desde la enseñanza, la investigación y la acción social como «conciencia lúcida de la Patria», según lo definiera el prócer Rodrigo Facio».

No permitamos que nos adoctrinen, que nos impongan agendas externas, que nos amenacen.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Acuerdo de Escazú: breves reflexiones sobre la segunda Conferencia de Estados Partes (COP2)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Integrantes de la delegación de Chile durante la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú, realizada del 19 al 21 de abril de 2023. Foto extraída de la red social de Twitter.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible en este enlace).

El pasado mes de abril, inició en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, un tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 (véase texto completo).

Esta cita, que se celebró entre el 19 y el el 21 de abril, también se denominó por sus siglas en inglés «Conference of Parties» o «COP2»: se trata en efecto de una reunión en la que participan los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, y que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

La inauguración del evento contó con la presencia de Jefe de Estado argentino (véanse nota oficial y comunicado de prensa de la Casa Rosada) y se pudieron seguir todas las sesiones en directo, accesando el enlace oficial de la CEPAL previsto para este efecto (véase enlace).

Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos

Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria previa, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo, en la que se precisaron los temas a discutir (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú. Un gesto de naturaleza política de los 15 Estados Partes hacia estos tres Estados, invitados a observar diversas sesiones, una de ellas muy esperada sobre las iniciativas de cada Estado Parte para implementar en el plano nacional el Acuerdo de Escazú.

En el caso de Centroamérica, no se observó presencia de delegados de El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a la crítica situación que viven ahí quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la dramática situación de los defensores del ambiente en El Salvador, Guatemala y Honduras (véase informe) evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas y figuras legales previstas en el mismo Acuerdo de Escazú.

Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizó una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).

El Acuerdo de Escazú favorece y fomenta la participación del público, y las COP constituyen un llamativo espacio en el que delegados estatales y organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar con la mayor naturalidad: un esfuerzo en materia de transparencia que ameritaría ser replicado en el caso de reuniones similares relativas a otros tratados internacionales en materia de ambiente y de derechos humanos, sean instrumentos jurídicos universales o regionales.

En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participó esta vez como Estado Parte: véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023. Un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina. A su vez la sociedad civil presentó valiosas propuestas a los Estados Partes, tal como por ejemplo, entre muchas otras, este informe elaborado por OXFAM (véase documento).

Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para los Estados de la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental, y ello a partir de los principios enumerados en el Acuerdo de Escazú.

La COP 1 y la COP2 en breve

Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (en total 11, según lo establece el mismo tratado en su Artículo 22).

La primera COP se reunió un año después, en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa y declaración final), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.

Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023) que tuvimos la oportunidad de comentar (además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023), así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1). Sobre este último punto, ya en el 2020 tuvimos la oportunidad de advertir de la «llegada de los mitos» en contra del Acuerdo de Escazú, que se plasmaron en varios comunicados de influyentes sectores económicos costarricenses (Nota 2).

En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para las poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022), permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en adherir al Acuerdo de Escazú. Organizaciones tales como Transparencia Internacional (véase documento) o Human Rights Watch (véase carta) han solicitado desde varios meses una pronta ratificación por parte de Brasil del Acuerdo de Escazú. El 11 de mayo del 2023 se informó del envío formal por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa).

Se espera además que próximamente Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3).

En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Los acuerdos alcanzados en la COP2

Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutieron entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.

A ese respecto, llama la atención la escasa cobertura en medios de prensa costarricenses sobre las diversas iniciativas gestadas a partir del Acuerdo de Escazú en el 2022, y era previsible que esta COP2 en Argentina sufriera el mismo trato: ni una sola nota en la prensa costarricense publicada al respecto.

En abril del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar u orientar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.

Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figuró también la designación de los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que crea este tratado regional en su Artículo 18, así como la implementación del Fondo Voluntario de Contribuciones (Artículo 14). Esta entrevista al candidato de Argentina designado (véase texto) permite conocer mejor la tarea que se espera del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuyas reglas sobre su composición y su funcionamiento fueron adoptadas por los Estados Partes durante la COP1 del 2022 celebrada en Chile (véase documento). En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo Comité (véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en Costa Rica mencionando su eleción).

Adicionalmente, se buscó la forma de darle seguimiento a las diversas recomendaciones y conclusiones del primer foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe): un Plan de Acción (véase documento) ha sido puesto a consulta para las organizaciones de la sociedad civil con miras a contar con sus insumos y propuestas. Al respecto, un segundo foro sobre defensores ambientales tendrá lugar esta vez en Panamá, durante la última semana de setiembre del 2023.

Cabe señalar que desde el 27 de febrero del 2023 está circulando en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.588 en Costa Rica (véase texto): una propuesta de ley que pretende proteger a los defensores del ambiente. Al no observarse una sola referencia al Acuerdo de Escazú y al evidenciarse otras notables carencias y omisiones, somos de la opinión que se trata de una burda maniobra política (véase sobre este proyecto de ley nuestra nota titulada «El proyecto de ley 23.588 denominado ´Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente´: algunas breves observaciones«).

Finalmente, se adoptó una declaración final titulada Declaración de Buenos Aires (véase texto) por parte de los Estados Partes, en la que reiteran los acuerdos alcanzados y la necesidad que los Estados que aún no son Estados Partes aprueben el Acuerdo de Escazú «lo antes posible» (punto 14).

A modo de conclusión

Estas y muchas otras iniciativas confirman el paso firme y decisivo que están imprimiéndole al Acuerdo de Escazú los Estados Partes y la CEPAL, conscientes de la importancia de llevar con marcha sostenida la implementación de este tratado regional: un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, tal y como apuntado en varias publicaciones (Nota 4).

Es de notar que la próxima reunión de los Estados Partes (o «COP») se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024 (confirmándose de paso el marcado desinterés de las autoridades de Costa Rica, al volver a la misma capital que para la primera reunión de este tipo): se considera que probablemente Colombia ya sea Estado Parte para esta cita, y (si se toma en cuenta los deseos externados por los representantes de Brasil durante esta COP2), que Brasil también lo sea o a punto de serlo.

Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien el título de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú: a más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense, el Acuerdo de Escazú avanza sin Costa Rica, y no se vislumbra mayor cambio de posición de sus autoridades para los próximos tres años.

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » ´Llegaron los mitos´: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 17/12/2020. Texto disponible aquí. En el mes de abril del 2021, ante un comunicado de una cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. Luego, en el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). Finalmente, en junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro). Estos últimos reaparecieron en esta carta colectiva de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense.

Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.

Nota 4: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la precitada guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).

Propuesta de UCCAEP sobre a explotación petrolera una invitación a la barbarie y volver a las cavernas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

(Bloqueverde- Oilwatch Costa Rica, 26-4-23). La ruta de ‘bienestar económico y calidad de vida’ propuesta el día de ayer por la UCCAEP evidencia la atrasada mentalidad de una generación empresarial anclada en desangrar a la tierra y los seres humanos para hacer dinero y además profundiza su tendencia contra la vida evidenciada en posiciones retrogradas contra el Acuerdo de Escazú o hablar de “acoso ambiental.”

Mientras las nuevas generaciones se aprestan a dar una de las batallas más trascendentales para la Humanidad, otros -los que ya vivieron la mayoría de su vida- quieren precipitar la debacle climática del planeta al insistir en reactivar la explotación petrolera en Costa Rica.

Es una clara propuesta de testamento para la salud del clima del planeta. De concretarse semejante retroceso, mataríamos nuestra verdadera gallina de los huevos de “oro”, ya que la verdadera riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad y en la gente que la resguarda.  La propuesta señalada nos llevaría a lapidar la inspiración que ha generado Costa Rica a nivel internacional en ser libre de este tipo de extractivismos. Estas añejas y cavernarias propuestas de acabar con el futuro en un momento en el que hay que apostar por las nuevas energías y la protección de la biodiversidad solo pueden ser ocurrencias oscurantistas y desfasadas.

La propuesta está asentada sobre una posibilidad remota: la improbable existencia de petróleo en Costa Rica. Ni siquiera los impulsores de esta falacia pueden asegurar de forma certera que hay petróleo en este país. Todo se basa en números y datos de compañías que los inflaban en al son de la especulación para vender el proyecto y sacarle plata demandando al Estado.

Se presentan la misma colección de números alegres que se puede hacer con cualquier calculadora y que acompañaron las intenciones de pasados intentos de explotación petrolera, todos rechazados mediante estudios científicos, dictámenes técnicos, recursos legales y con organización social.

Todos estos números alegres lo que no nos muestran son los costos ambientales que traería esta industria para la sociedad, los ecosistemas y la maltrecha atmósfera. Precisamente las anteriores intenciones para esta actividad arrojaron mayores costos socio ambientales que los mentados y supuestos beneficios.

La sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Este consenso fue ratificado por una moratoria petrolera en la administración de Abel Pacheco. Óscar Arias se negó a firmar el contrato con la Mallon Oil. Laura Chinchilla amplió el decreto de moratoria hasta el 2021 y la moratoria también fue ratificada durante la administración Solís y por la pasada administración extendiéndola hasta el 2050.

El actual gobierno en campaña dijo no al petróleo y si al gas, pero estudiando costo beneficio como combustible de transición, sin saber muy bien técnicamente que eso no es posible, es decir el gas y el petróleo vienen asociados. Que transición puede ser hacer más extractivismo y seguir calentando el planeta.

Imagínense a los turistas viendo plataformas de explotación petrolera en la costa y sus típicas mareas negras de brea tapizando de inmundicia la arena blanca del Caribe… ¿Acaso se les olvida cuál es la principal fuente de divisas que tiene nuestra economía?

Al tiempo que el resto del mundo discute como reducir la quema de petróleo y migrar hacia otras alternativas, en Costa Rica se salieron de las cavernas retrógrados trasnochados irrespetando algo que ya fue discutido y acordado. Costa Rica ya decidió dejar el petróleo bajo tierra y liderar en temas ambientales. Esto no lo va cambiar toda la agenda desregulatoria y regresiva ambientalmente impulsada por el actual gobierno.

Es urgente dejar los combustibles fósiles bajo tierra, dejar que el planeta se enfrié, dejar de quemar combustibles fósiles. Ya no hay tiempo para devolverse a este tipo de discusiones estériles y que retardan las decisiones y acciones que se necesitan para ayer.

Con esta propuesta a la borda la cumbre del clima, convenios internacionales, leyes, resoluciones y planes para reducir la dependencia del carbono esta propuesta es una invitación a volver a la barbarie y al pasado. Ya se sabe que la tierra es redonda y no plana, y ya se sabe que, de seguir quemando petróleo, no habrá futuro. Llamamos a las nuevas generaciones a organizarse y a pelear por su futuro. A los que ya jugaron y no aportaron en su momento les decimos que no sean tan inconscientes y dejen a las futuras generaciones las posibilidades y las condiciones para la sobrevivencia.  

Dos preguntas claves de exploración petrolera

¿Hay beneficio nacional?

En el Artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos No. 7399 queda claro que el contratista venderá al Estado a un precio que, a la fecha de la compra, no podrá ser mayor de los precios existentes en el mercado internacional para los crudos equivalentes. Esto quiere decir que Costa Rica comprará el barril (gas) a precio de mercado. Del análisis del contrato firmado a nombre del Estado por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez a favor de MKJ-XPLORATION 8-1999 (que más tarde cedería sus derechos a Harken) queda claro que esta actividad no generará la prometida riqueza, porque el petróleo resultaría ser de la empresa pagando una regalía en dinero o especie (petróleo) y el impuesto sobre la renta. En este contrato se establecía solamente reinvertir “un 5% de sus utilidades netas en el desarrollo de programas sociales y ambientales”. En la industria petrolera, las compañías generalmente no reportan ganancias. Además, la actividad petrolera afectaría negativamente las actuales actividades económicas más importantes del país que es el turismo y la agricultura (Alvarez, 2015).

¿Por qué se rechazó la exploración petrolera en 2002?

Primero, se firmó una concesión sin estudio de impacto ambiental y posterior se firma el contrato con un Estudio de Impacto Ambiental de reflexión sísmica. Luego en marzo del 2002 un segundo Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero en Mohín” fue declaró al proyecto “no viable ambientalmente” por la SETENA. Esto abrió toda una discusión nacional sobre la legalidad o vigencia del contrato con Harken Costa Rica Holdings firmado sin aprobar un verdadero e integral Estudio de Impacto Ambiental. El contrato lo incumplió la empresa al no poder aprobar el Estudio de Impacto Ambiental. A finales del 2003, Harken exigió una compensación de US$ 57.000 millones, mediante un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial. En el 2005 como la demanda internacional no tenía sustento demando al Estado en el ámbito contencioso administrativo y bajo su pretensión a trece millones de dólares ($13.000.000,00) por los daños y perjuicios causados durante la vigencia del contrato (entre 1999 y 2005). En 2014 es decir 9 años después el Tribunal Contencioso da la razón al Estado la sentencia No. 1754-2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo asegura que“…se rechaza en todos sus extremos la demanda interpuesta por HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C. (Alvarez, 2014).

Imagen: Semanario Universidad.

Acuerdo de Escazú: Una deuda ambiental con el pueblo de Costa Rica – invitación a foro

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El Acuerdo de Escazú es considerado el primer gran proyecto medioambiental de América Latina, pero su ratificación en Costa Rica enfrenta un sinnúmero de dificultades a pesar de que este gran pacto fue firmado en uno de los cantones de este país.

Es frente a este panorama que el Centro de Educación Ambiental (CEA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) le invitan al foro: “Acuerdo de Escazú: Una deuda ambiental con el pueblo de Costa Rica”, el cual contará con la participación del Dr. Jorge Cabrera Medaglia, consultor internacional en derecho ambiental, profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia.

Modera: Sonia Rojas Vargas (CEA)

Día: 20 de abril de 2023

Hora: 10: 00 am

Transmitido por: Facebook live del Programa de Videocomunicación de la UNED (VICOM).  

Enlaces directos para la transmisión en vivo de Acuerdo de Escazú: una deuda ambiental con el pueblo de Costa Rica

Facebook Dirección Extensión Universitaria Uned: https://fb.me/e/16KeqvNoH

Facebook Centro de Educación Ambiental – UNED: https://fb.me/e/4efIrSVxo

YouTube VIDEOCOMUNICACION UNED CR Sala D: https://www.youtube.com/watch?v=m1ZFboFzvpo