Ir al contenido principal

Etiqueta: Acuerdo de Escazú

Asociación ecologista solicita pronunciamiento sobre Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para expresar su apoyo a la reforma del Código Penal y solicitar un pronunciamiento sobre el Acuerdo de Escazú.

En un documento oficial con fecha 21 de marzo de 2025, la organización, representada por Marco Levy Virgo, destacó la importancia de la reforma que busca agilizar los procesos judiciales y fortalecer el acceso a la justicia.

La comunicación enfatiza la necesidad de que el Poder Judicial emita un pronunciamiento sobre el Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional enfocado en la información, participación pública y justicia en temas ambientales.

La asociación señala que históricamente las personas han enfrentado discriminación estructural en la atención de denuncias ambientales, evidenciando obstáculos en los procesos administrativos y judiciales.

El documento solicita que un pronunciamiento judicial reafirme el compromiso con la democracia ambiental y garantice la transparencia de las instituciones públicas en la defensa del entorno.

Acuerdo de Escazú:  a propósito del depósito de instrumento de ratificación por parte de Colombia 

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

Este 25 de septiembre, Colombia procedió a depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, el instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo del Acuerdo de Escazú). 

De esta manera, Colombia se convierte en el Estado Parte número 17 del Acuerdo de Escazú.

Es de notar la presencia de sus máximas autoridades en la delegación oficial presente en Nueva York para el acto formal de entrega del instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase artículo de prensa con foto de la misma), que antecede de 48 horas la fecha en la que, aquel 27 de septiembre del 2018, se oficializó en Nueva York la apertura a la firma y ratificación por parte de los Estados, de este valioso instrumento regional.

Breve recuento en la tramitación en Colombia

Desde el 5 de noviembre del 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaran el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estaba esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del Acuerdo de Escazú (Nota 1). No se tiene información sobre las razones por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo.

En efecto, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a a conocer su decisión favorable con respecto al Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial de las autoridades ambientales de Colombia), por lo que era inminente el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas por parte de Colombia. El comunicado oficial de la justicia constitucional colombiana también merece ser revisado (disponible en este enlace).

Colombia viene así a sumarse a los 16 Estados que ya lo han ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), entre los cuales Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

A la fecha en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Entre los Estados de América Latina que ni tan siquiera lo han firmado (un acto que recae en el Poder Ejecutivo), persisten al momento de redactar estas líneas (26 de septiembre del 2024): Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Fechas escogidas para depositar su instrumento de ratificación

Nótese, que, al igual que Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay en el 2019, la cancillería colombiana optó por depositar formalmente el instrumento de ratificación en una fecha cercana al 27 de septiembre: se trata del día en que formalmente este instrumento regional fue abierto a la firma de los Estados en Naciones Unidas, con ocasión de una ceremonia protocolaria realizada durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2018 

Otros Estados escogieron una fecha cercana al 4 de marzo (fecha en que se adoptó dicho instrumento en Costa Rica en el 2018) para proceder formalmente al depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas: Belice en el 2023, así como Nicaragua y Panamá (2020).

Es de destacar la perfecta coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para depositar el mismo 22 de enero del 2021 su respectivo instrumento de ratificación, permitiendo así que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú se materializara para la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 2021.

El Acuerdo de Escazú: viento en popa

Pese a la casi nula cobertura de medios nacionales en Costa Rica, la tercera Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (COP3) se realizó en Santiago de Chile en abril del 2024 (véase documento preparatorio de marzo del 2024).

Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (véade decisión y el documento titulado Plan de Acción), en gran medida a partir de los insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023 (véase informe final). 

En el mes de abril del 2023, la COP2 se realizó en Buenos Aires, Argentina (véase informe final). Habíamos tenido la oportunidad de saludar, entre otros aspectos, el regreso de Chile en el 2023, como Estado Parte: véase nuestro artículo titulado «Acuerdo de Escazú: una segunda COP más que exitosa» publicado en el medio digital Delfino.cr.

En sesta segunda COP realizada en Argentina, los Estados Partes escogieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el órgano de expertos independientes, que crea el mismo tratado en su artículo 18 (véase enlace).

La persistente ausencia de Costa Rica

Resulta oportuno señalar la persistente ausencia de Costa Rica como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica (Nota 2).

Es de notar desde ya que la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños «hallazgos» del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos «mitos» creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú en Costa Rica (Nota 3).

Tampoco un solo magistrado colombiano detectó amenaza alguna en materia penal con un supuesto riesgo que significaría la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental (Nota 4).

El hecho que en ninguno de los 16 Estados que antes de Colombia, han ratificado el Acuerdo de Escazú, se haya observado alguna traba en sus respectivas economías o algun tipo de freno en su desarrollo, debiera de llamar a la reflexión a algunos sectores en Costa Rica: en particular unos cuantos, propensos a repetir como ciertos, supuestos «argumentos» ventilados desde el sector privado en contra de este valioso instrumento regional.

No está de más señalar que en un artículo de la publicación especializada costarricense Ojo al Clima, de abril del 2021, sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos, en relación con su contenido, se lee algo muy llamativo que desde el mes de abril del 2021, ameritaría algunas aclaraciones. En efecto, la negociadora del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica, la exviceministra de Ambiente costarricense, Patricia Madrigal Cordero, señala con respecto a una magistrada de la Sala Constitucional lo siguiente: 

«La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa, que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial, que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos, continuó la exviceministra. Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto, añadió Madrigal».

A modo de conclusión

Más allá de las extrañas coincidencias entre la UCCAEP y las preocupaciones de la precitada magistrada constitucional, el hecho que, a 6 años de la apertura a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica se mantenga distante con este valioso instrumento plantea algunas interrrogantes: su imagen internacional en el ámbito ambiental resultó bastante deteriorada desde que la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú en febrero del 2023 (Nota 5). El deterioro se ha ido confirmando en los últimos años, con autoridades ambientales sumamente cuestionadas en meses recientes. En una reciente comparecencia relacionada a la polémica del momento (Gandoca Manzanillo) de la máxima autoridad en temas de ambiente ante una Comisión de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de agosto (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones (Nota 6). 

A pesar del espectáculo bastante particular que Costa Rica ofrece a observadores de la vida internacional, los principios rectores del Acuerdo de Escazú encontrarán en Colombia un terreno fertil ante la apremiante situación que conocen muchos líderes ecolgistas y jefes de pequeñas comunidades rurales y/o indígenas colombianas al alzar la voz en defensa del ambiente.

Es de esperar que este mismo esfuerzo sostenido de la sociedad civil colombiana, articulado con el sector académico y otros sectores de la sociedad colombiana en pro de una pronta ratificación del Acuerdo de Escazú (Nota 7), se logre replicar en un futuro en otras latitudes del continente americano, en particular en Centroamérica, pero también en el Sur del continente.

– – Notas – –

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Colombia a muy poco de ser oficialmente Estado Parte después de Chile (2022), Argentina y México (2021). Apuntes desde Costa Rica«, editada el 26 de octubre del 2022. Texto disponible aquí. 

Nota 2: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., » ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. Con relación al carácter insólito del hallazgo hecho por el Poder Judicial, que al parecer no ha despertado mayores críticas en Costa Rica, remitimos al subtítulo «La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina» en nuestro artículo publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia, en su edición del 17 de noviembre del 2022.

Nota 4: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.

Nota 5: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«). De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.

Nota 6: Con relación a la última propuesta, algo ocurrente, de las máximas autoridades ambientales de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Gandoca / Manzanillo: las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024. Texto completo disponible aquí.

Nota 7: Véase en esta valiosa publicación editada en Colombia y titulada Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú, así como este enlace de la Universidad del Rosario, y, desde el sector académico este muy completo artículo MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. El texto integral de este extenso artículo está disponible aquí. El talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace ), el cual responde a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de verdaderos mitos y leyendas, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que cuentan con influyentes adeptos en el sector empresarial.

Llega el cine foro: Dos Ríos a Guápiles

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El tour nacional de cine foros, tendrá una parada en la provincia de Limón, en Guápiles. Se realizará el evento en el que se presentará un documental sobre la defensa de los ríos, el agua y su vinculación a la justicia climática que propone el Acuerdo de Escazú.

Estarán presentes lideresas y actores claves de la comunidad de Guápiles. Vengan a dialogar sobre la realidad del agua en este cantón y sus alrededores.

Entre los panelistas, se encuentran:

  • Janet Segleua, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica
  • Erlinda Quesada, lideresa comunitaria defensora ambiental
  • Liliana Monge, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica

Como moderador:

  • Jose Pablo Díaz, RJ CCCR, miembro de la Alianza Escazú

Inscríbete en el formulario: https://forms.gle/Px7BfQ4i8REE8dNt7

Manifiesto en defensa de la vida y los derechos de las y los ambientalistas. El vil asesinato del compañero luchador Eugenio Androvetto Villalobos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica

Acuerdo 37-24

El vil asesinato de un compañero luchador: Eugenio Androvetto Villalobos. ¿Cuántos más?

En un mundo donde la explotación de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente son problemas urgentes, las y los ambientalistas emergen como los valientes defensores de nuestra Tierra. Sin embargo, muchos de ellas y ellos enfrentan un peligro mortal en su lucha por proteger los ecosistemas y promover la sostenibilidad. Este manifiesto se alza en memoria de aquellas y aquellos que han perdido la vida en su búsqueda de justicia ambiental, en particular por el vil asesinato de Eugenio Androvetto Villalobos y en solidaridad con las y los que continúan enfrentando amenazas. Así, como el foro cívico ambiental más grande con que cuenta el país actualmente, manifestamos:

  • Las personas ambientalistas, que arriesgan todo para preservar nuestro planeta, han sido víctimas de violencia y represión. Su sacrificio no debe ser en vano. Este manifiesto honra la memoria de quienes han caído en el cumplimiento de su deber y afirma que sus vidas fueron un testimonio del coraje y la determinación para proteger lo que es esencial para nuestra supervivencia.
  • La justicia ambiental no es solo una cuestión de protección del medio ambiente, sino también de garantizar que quienes luchan por ella puedan hacerlo sin temor. La injusticia que enfrenta una o un ambientalista es una injusticia contra toda la humanidad. Exigimos un compromiso global para asegurar que los derechos de las y los defensores del medio ambiente sean respetados y protegidos.
  • Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil para que redoblen sus esfuerzos en la protección de las y los defensores ambientales. Es imperativo implementar medidas de seguridad eficaces, proporcionar apoyo legal y garantizar que los responsables de la violencia sean llevados ante la justicia.
  • Instamos a todos las y los ciudadanos a educarse sobre la importancia del activismo ambiental y las amenazas que enfrentan quienes defienden la Tierra.La sensibilización pública es crucial para construir un entorno en el que el activismo ambiental sea valorado y respetado, no perseguido.
  • Condenamos enérgicamente todas las formas de violencia y represión contra las y los defensores del medio ambiente. La persecución, intimidación y asesinato de ambientalistas son crímenes atroces que atentan contra los derechos humanos fundamentales y la justicia social. Las fuerzas y entidades responsables de tales actos deben rendir cuentas.

La muerte de una o un ambientalista es una pérdida irreparable, pero también un llamado urgente a la acción. Que el sacrificio de estos y estas valientes no sea olvidado ni en vano. Avancemos con determinación, en memoria de quienes han dado sus vidas por un futuro más justo y sostenible para todas las personas.

Exigimos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que no escatimen los recursos para esclarecer este horrendo crimen y hacer justicia contra los responsables.

Asimismo, hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa para que actúen ahora y se comprometan a la ratificación del Acuerdo de Escazú que representa un paso importante hacia una mayor justicia ambiental y protección de los derechos de las personas, que como Eugenio, ponen en riesgo su vida en la defensa y protección de la casa común.

¡Por la vida, por la justicia, por el planeta, actuemos ya!

Aprobado por las organizaciones que constituyen el Plenario del Parlamento Cívico Ambiental* el 30 de julio del 2024.

Por el Parlamento Cívico Ambiental:

Bernardo Aguilar González. Presidente
Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta
Oscar Moya Cantero. Primera Secretaría
Carmen Caballero. Segunda Secretaría

* Solicitaron que se consignara su abstención en la votación de este acuerdo las organizaciones Asociación ACH2, la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, la Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua, la Federación Costarricense de Pesca y la Red Costarricense de Reservas Naturales. Solicitó que se consignara su voto en contra la Fundación Sombrilla del Bosque.

Organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental

  1. Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2
  2. ACEPESA
  3. ADI Magnolias
  4. Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE
  5. Asociación Costas de Surf
  6. Asociación de Mujeres AMICREO
  7. Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Pesca Responsable
  8. Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua
  9. Asociación PEDAL
  10. Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica
  11. Asociación Pro Defensa del Rio Ocloro
  12. Asociación Proyecto Camino Verde
  13. Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCAA
  14. Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)JUSTECO
  15. CEDARENA
  16. Clínica Jurídica CIAD de la Universidad Fidélitas
  17. Coalición Ambiental Costa Rica
  18. Colectivo Trueque
  19. Cruzando Fronteras
  20. Escuela Socioambiental de Caraigres
  21. Federación Costarricense de Pesca
  22. For the Oceans Foundation
  23. Fortech S.A
  24. Fundación de Parques Nacionales
  25. Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana
  26. Fundación One Sea
  27. Fundación Operation Rich Coast
  28. Fundación Sombrilla del Bosque
  29. Fundación XTREMAS
  30. Hidrobag
  31. Organización Regenerativa Matzù Insigne
  32. Movimiento Ciudadano PYMES CR
  33. Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas
  34. Pastoral Ecológica de la Iglesia de La Soledad
  35. Programa de Gestión Local UNED
  36. Red Costarricense de Reservas Naturales
  37. Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica Capítulo Costa Rica
  38. Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica
  39. Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación
  40. Universidad de Costa Rica
  41. Universidad Nacional

Consulta Legal: Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

En esta edición del Programa Consulta Legal, de 870 UCR, la exposición estuvo a cargo del profesor de Derecho Público Internacional de la Facultad de Derecho UCR, Nicolas Boeglin.

Se inicia la edición con la noción de que a pesar de la “buena imagen ambiental” que ostenta Costa Rica, no escapa de los cuestionamientos sobre los proyectos de inversión extranjera directa por el número creciente de proyectos en zonas específicas, que merece atención especial y que afecta a los sistemas ambientales. Este acuerdo es vinculante respecto a contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos respecto a derechos ambientales y al derecho del acceso a la justicia y la información en materia ambiental. Sin embargo, el Acuerdo sigue sin ratificarse. ¿Por qué?

El Acuerdo de Escazú busca resolver problemas que tienen que ver con la gobernanza ambiental, y tiene varios pilares: el acceso a la información; que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos de saber el nivel de contaminación que pueden generar los proyectos cuando se les otorga permiso del uso del suelo, el derecho ciudadano de participar en espacios de decisión cuando se incumplen los derechos que impactan negativamente en el espacio que viven, de manera que tienen derecho a acceder a la justicia ambiental. Este acuerdo es similar al Convenio de Aarhus en Europa en 1998, respecto al cual nunca se fue abajo la economía, no se perdió competitividad ni se cancelaron proyectos de inversión pública.

En el país hay diferentes sectores que perciben el Acuerdo de Escazú como una amenaza, cuando realmente no es una amenaza para nadie sino que busca una armonización ambiental. Se destaca que cada Estado en la medida de sus posibilidades y en el marco de sus leyes, es que debe aceptar este tipo de megaproyectos.

Respecto al tema de la participación ciudadana en materia ambiental se expresa que es casi inexistente. Además, se hace hincapié respecto a la diferencia entre la firma y la ratificación del Acuerdo. El Dr. Nicolas explica que después de que el Acuerdo sea firmado, debe pasar por primer y segundo debate en la Asamblea Legislativa hasta ser aprobado, para que seguidamente el Poder Ejecutivo realice el instrumento de ratificación.

En su momento, el Acuerdo fue votado a favor por 44 diputados. En marzo de 2020 la Sala Constitucional detectó un vicio basado en que el Acuerdo significaba un gasto adicional para el Poder Judicial respecto a su presupuesto. No obstante, en el inciso 5 del artículo 8 no se habla de que el Poder Judicial debe crear o establecer el acceso a la justicia ambiental sino facilitarlo, al igual que los demás tratados internacionales. En los demás estados que firmaron el Acuerdo, su respectivo poder judicial no intervino de esta manera por lo que se indica que en la Sala Constitucional existen “enemigos” del Acuerdo de Escazú. A partir de ese momento, todo se complicó para ratificar el Acuerdo. Dejó de ser una prioridad desde el gobierno 2018-2022, mientras que en el gobierno actual se mencionó textualmente que “el sector privado puede estar tranquilo, el Acuerdo no se ratificará”, de manera que surge la interrogante, ¿cuál impacto puede generar esta falta de interés y como se percibe a Costa Rica en el resto de la región? ¿El Dr. Nicolas Boeglin afirma que los delegados de Costa Rica pierden toda credibilidad cuando se habla de derechos humanos y de ambiente. El argumento de las Cámaras costarricenses es que el nivel de la economía disminuirá, situación que no le ha sucedido al resto de países de la región tales como Chile, Ecuador, Bolivia, México que ya firmaron el Acuerdo.

Por otra parte, se enfatiza que América Latina es la región del mundo en el que más se asesina a defensores del ambiente y que Costa Rica no cuenta con tribunales especializados ni competentes en materia ambiental, lo que evidencia la situación de desventaja y el amplio contexto de desconsideración ambiental que es persistente en nuestra cultura política.

Según algunos sectores, el país cuenta con un marco jurídico considerablemente firme en materia ambiental y derechos humanos, por lo que consideran que no es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú. Estos sectores se olvidan de la expansión piñera, que deja sin agua a la comunidades aledañas, sigue extendiéndose sin que el marco normativo pueda detenerlo,  además que el 70% de la piña que se consume en el exterior es costarricense así como las consecuencias negativas del supuesto desarrollo turístico en zonas vulnerabilizadas. 

Para finalizar, el Acuerdo también es importante porque le permitiría  al inversionista extranjero tener certeza jurídica que la zona en la que va invertir es frágil ambientalmente. Establece criterios para establecer mecanismos de acceso a información pública además de reafirmar el derecho constitucional del acceso a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La emisión radial sobre el Acuerdo de Escazú puede ser vista en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/870UCR/videos/772813314841043/?locale=es_LA

En el Dia Mundial de los Océanos: ¡Qué se cumpla la Ley! ¡No se sumerja, comprométase con el cambio!

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Costa Rica, 8 de junio del 2024

Señores

Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Franz Tattenbach Capra
Ministro de Ambiente y Energía

Víctor Carvajal Porras
Ministro de Agricultura y Ganadería

Heiner Méndez Barrientos
Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

Asunto: Pronunciamiento: ¡Qué se cumpla la Ley! ¡No se sumerja, comprométase con el cambio!

Señores,

En conmemoración del Día de los Océanos, los costarricenses y las personas habitantes de este país firmantes de esta nota nos dirigimos a ustedes con el fin de denunciar el incumplimiento de las leyes ambientales, las marítimas, las de ordenamiento, y la de zona marítimo – terrestre. Es nuestro deber con Costa Rica y el mundo evidenciar el incumplimiento de estas leyes por el Gobierno de la República. Prueba de ello es la celebración de la Pre-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos, realizada los días 7 y 8 de junio, mientras de manera sistemática realizan ataques a la naturaleza y a quienes la defendemos y evidencian desinterés por el bienestar de las comunidades costeras, los ecosistemas marino-costeros, el resguardo de nuestra zona económica exclusiva, y la integridad y valor del Estado costarricense. Como funcionarios públicos sujetos al principio de legalidad, Costa Rica y el mundo necesitan de ustedes acciones concretas y que se cumpla lo que la Constitución Política, los Tribunales, y el ordenamiento jurídico (nacional e internacional) establecen. Por esto, exigimos de los jerarcas y las instituciones del Estado que representan:

1. ¡Salvemos los corales! Costa Rica cuenta con arrecifes de coral en ambas costas. Los  en estado crítico debido al aumento de las temperaturas del océano, el desarrollo urbano desmedido en zonas costeras, la deforestación de los bosques costeros, el uso de pesticidas y la contaminación por aguas residuales, así como el secamiento de humedales, entre otros factores que están provocando el blanqueamiento y pérdida de los corales. Es urgente declarar un estado de emergencia para los arrecifes y tomar medidas inmediatas para su conservación y protección. Para lograr su protección se requieren acciones inmediatas como la reactivación del Concejo de Corales y la implementación urgente de las medidas de conservación y gestión establecidas en el decreto ejecutivo 41.774 – MINAE, la Ley de Vida Silvestre, la Ley Orgánica del Ambiente, y la Ley de Pesca y Acuicultura.

2. Los tiburones son vida silvestre y así han sido reconocidos por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 000912-F-S1-2023. El MINAE debe cumplir la Ley de Conservación de Vida Silvestre y el INCOPESCA debe erradicar toda captura de tiburón martillo y de otros tiburones en peligro de extinción, incluso la incidental en la totalidad de la zona económica exclusiva costarricense.

3. Las políticas de desarrollo de este gobierno, han incrementado las violaciones al Patrimonio Natural del Estado, provocando una acelerada invasión de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, así como la destrucción masiva de bosques costeros y humedales. Estas acciones conllevan la destrucción de los hábitats de fauna marina en vías de extinción como lo son los corales, el manatí, los tiburones, y las tortugas, entre otros. El objetivo de esta destrucción es permitir el desarrollo inmobiliario y turístico, lo cual ha aumentado además el desplazamiento geográfico de las comunidades locales hacia zonas lejanas de la costa, perdiendo así gran parte de su cultura e identidad.

4. Solicitamos de manera urgente la intervención del INCOPESCA. El Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura se quedó sin rumbo. El Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura se encontraba vigente hasta el año pasado (2023), pero hasta el momento INCOPESCA no lo ha actualizado. Debido a la inoperancia del INCOPESCA, Costa Rica perdió el financiamiento disponible para la urgente mejora de las pesquerías y la acuicultura, incluyendo los estudios necesarios para brindar las licencias a los pescadores artesanales y de pequeña escala. Contrario a ayudar al sector pesquero, este gobierno pretende revivir la pesca de arrastre.

5. El Estado debe garantizar un desarrollo sostenible y democrático de cara a los indicadores socioeconómicos que reflejan la indiscutible vulnerabilidad de las comunidades costeras. Exigimos la implementación del mecanismo de gobernanza marina establecido en el decreto ejecutivo 41.775-MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR, de la Política Nacional del Mar, y un compromiso de fiscalización y participación de las instituciones del Estado en los procesos de generación de los planes reguladores costeros. Del mismo modo, exigimos que en estos procesos se consideren las voces de los usuarios del mar quienes deben guiar las políticas marinas. Su conocimiento tradicional es invaluable para la gestión sostenible de recursos.

6. Alto a la contaminación de nuestros océanos, la cual ha alcanzado niveles verdaderamente alarmantes, amenazando la vida marina, la salud humana y el equilibrio mismo de nuestro planeta. Exigimos medidas inmediatas para asegurar la gestión de los residuos sólidos, tratar las aguas sucias, y limitar el uso de plaguicidas y otras sustancias altamente tóxicas, las cuales terminan en los ríos, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua e inevitablemente en el mar. El Estado debe tomar medidas inmediatas para disminuir los residuos generados por la actividad de pesca, con especial atención a las artes de pesca que se descartan en alta mar y continúan pescando, generando el fenómeno conocido como pesca fantasma.

7. Exigimos control y vigilancia en las costas y mares. Ante la compleja situación que se vive tanto en alta mar como en el mar territorial y las costas, es urgente que se le asignen los recursos necesarios al Servicio Nacional de Guardacostas, a la Fuerza Pública, y a la Fiscalía para realizar las labores de seguridad, control y vigilancia que por Ley le corresponde. No existe una Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marina vigente y todas las metas correspondientes fueron eliminadas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública por la administración actual.

8. Se debe atacar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por el país, tanto en puerto como en el mar. Resulta urgente la mejora de las capacidades de inspección del INCOPESCA, en coordinación con otras autoridades como el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fuerza Pública, el SINAC y la Fiscalía. Finalmente, el INCOPESCA debe reglamentar e implementar el Programa de Observadores a Bordo que le ordena el artículo 60 de la Ley de Pesca y Acuicultura.

9. Nuestros mares sin extractivismo. La sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Este consenso fue ratificado por una moratoria petrolera en el 2004 y se ha sostenido a lo largo de distintos gobiernos sin verse gravemente amenazada hasta la fecha ya que por un lado el gobierno anuncia una moratoria a la minería en el subsuelo oceánico, pero por otra reactiva las intenciones de exploración de gas y petróleo en nuestras costas y en especial la costa Caribe donde se sabe que hay mayores prospectos históricos. Exigimos que se respete la moratoria establecida hasta el 2050, coherencia y justicia climática efectiva para no abrir ni un pozo más y caminar hacia la sociedad post petrolera.

10. Exigimos que se presente e impulse en la Asamblea Legislativa la aprobación del acuerdo de Escazú, con el fin de impulsar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

A pesar de que Costa Rica es 92% mar, el Gobierno de la República parece estar determinado a destruirlo cuando no cumple las leyes ni los convenios internacionales. Esta actitud ha causado, ahora más que nunca, un ecocidio marino. Alzando la voz por aquellos que no pueden hacerlo les instamos a recapacitar y redoblar esfuerzos para cumplir con lo que les exige la Constitución, los convenios internacionales y la Ley.

Firman:

  • Asociación para el Desarrollo de la Cultura y el Ambiente Región Norte (ADCA)
  • Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación;
  • Bloqueverde
  • Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales del Caribe Sur;
  • El Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA)
  • Marine Watch International
  • Oilwatch Costa Rica
  • Talamanca Siempre Verde.

Más información: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1JI6PcNytywABJHuPb1aStjakGmor9Bqb?usp=sharing

Apoye con su firma: https://forms.gle/KrgbMm3VQgRZbK3N6

Gobierno anti ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Bloqueverde

Si hubo un ausente en el discurso del informe presidencial del 2 de mayo fue el tema ambiental, si no es por un jaguar reducido a un símbolo económico publicitario, podríamos afirmar que este gobierno es totalmente enemigo del ambiente y quedará en la historia como el más retrógrado socio-ambientalmente. Si no fuera por los cientos de pequeñas organizaciones locales y la Constitución Política estaríamos en el sótano. Por segundo año consecutivo, la dimensión ambiental no tuvo lugar en el Informe de la Presidencia de Mayo ante la Asamblea Legislativa, nada relacionado al agua, los mares, la pesca o la contaminación, ni siquiera menciona al MINAE, SINAC o INCOPESCA.

Del AyA dice la siguiente cita de fantasía: “El AyA se alza como un pilar fundamental en el desarrollo sostenible de Costa Rica. Su compromiso con la eficiencia operativa, la protección del medio ambiente y el bienestar de la población deja claro que el AyA.” Mientras el gobierno tiene dos años jugando chapitas con el AYA entre un presidente ejecutivo inútil y otro peor, y un tercero que viene con aires de campaña política, que nos tienen en un atraso que va costar años y va afectar su fábula de economía jaguar, cuando el destino nos alcance y no tengamos agua para las comunidades, cuando se sobre explotan las fuentes que la inversión extranjera o turismo está depredando sin control, solo ahí verán que la economía tiene su base en la estabilidad de los ecosistemas y no lo contrario, como trata de imponer el gobierno.

En el tema de cambio climático dice: “…el otorgamiento de este endeudamiento por parte del FMI le permite al país mejorar la percepción de riesgo del Gobierno, al mostrar mayor diversidad en las fuentes de financiamiento y su firme compromiso con temas de descarbonización y de cambio climático, que contribuyen a la estabilidad económica y financiera a largo plazo (…)” Pero de forma completamente contradictoria promueve romper la moratoria a la exploración de petróleo y la generación térmica, agroindustria, mega turismo y megaproyectos productores de una lógica totalmente depredadora de los bienes comunes y generadores de más cambio climático. Es importante apuntar que hemos pasado de ser los líderes en este tema a hacer cada día un mal ejemplo y a dar pena ajena, esto a la larga afectará el financiamiento climático.

El gobierno no dice ni una palabra de que:

  • Tuvo que prohibir el clorotalonil por la lucha del Frente Ecologista de Cipreses de Oreamuno y por la crisis de contaminación de agua por agrotóxicos que vive la Zona Norte de Cartago y buena parte del país.
  • A pesar de ser una recomendación de OCDE o Naciones Unidas el gobierno no retomó el Acuerdo de Escazú que fue ratificado hasta por la dictadura nicaragüense de Ortega Murillo y otros 14 países con gobiernos democrático de centro, derecha e izquierda.
  • No mencionan que el Gobierno de Chaves, al igual que el anterior, han sido encontrados en desobediencia de lo dictado por la Sala Constitucional por el desastre ambiental en Crucitas.
  • La sed del comercio de los mares ante la destrucción de la vida marina:
    El gobierno continúa impulsando la pesca de arrastre, disfrazándose bajo un «estudio» que pretende justificar su «viabilidad ambiental», a pesar de que ya se ha comprobado científicamente que es una práctica altamente destructiva, y que en Costa Rica el “arrastre” está declarado ilegal desde hace una década .Para muestra un Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica declaró con lugar una nueva medida cautelar para suspender el estudio sobre pesca de arrastre de camarón.
  • Se elaboró una lista de más de 200 especies de vida silvestre en peligro de extinción para incluirlas como especies de interés pesquero y acuícola, lo que facilita su comercialización.
  • Además, se desechó una ley en la asamblea que buscaba proteger al tiburón martillo, una especie en estado crítico de extinción.
  • Nuestros mares están en estado de emergencia debido al blanqueamiento de los corales, y a pesar de esto, el gobierno no ha tomado medidas al respecto ni ha incluido el tema en la agenda de la convención de los mares. Esta convención, que se ha convertido en una expo móvil donde se negocian tecnologías y economías azules, carece de una agenda real que aborde la crisis que enfrentan las comunidades costeras.
  • Nuevamente campeones mundiales en uso de agroquímicos según estadísticas de FAO tenemos un consumo de agro venenos de 23.44 kilogramos por hectárea lo que nos pone en el vergonzoso primer lugar en el mundo de utilización de estos venenos en la agricultura.
  • El Gobierno excluyó a ecologistas de la comisión que tramita permisos de liberación de transgénicos. Mientras el MAG incorpora a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) en la de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) pese a evidente conflicto de intereses excluye por decreto la participación de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Por medio de este decreto se violentaron principios constitucionales, la ley Orgánica del Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica.
  • . El ministro Franz Tattenbach es responsable del recorte en MINAE y de la “anti-inversión” en materia de conservación. SINAC tendrá recortes en contratación de personal y el país dejará de pagar membresías en instancias climáticas internacionales. La Contraloría General de la República señala tendencia de anti-inversión y desmantelamiento internacional
  • El Mega desarrollo turístico destruye humedal en playa Hermosa Puntarenas y la agroindustria destruye el humedal de Coris de Cartago. Además, se quiere revivir el aeropuerto en Zona de Osa, amenazando áreas arqueológicas importantes y el Humedal Térraba-Sierpe.

El ministro de Ambiente y Energía sigue en la sombra, es un pálido personaje, con una agenda desconocida, sin propuestas para mejorar y va de carro de cola de una administración que vela por profundizar la destrucción ambiental y la desigualdad social. Franz Tattenbach, con su desatino ultraliberal, será recordado cómo un ministro funcional al desmantelamiento de los Parques Nacionales, al desmoronamiento de la institucionalidad ambiental para dar camino a la privatización de las Áreas Protegidas.

Las pocas buenas noticias ambientales hay que agradecerles a los cientos de pequeñas organizaciones locales o comunitarias que hacen esfuerzos por resistir a la destrucción.

Mano De Tigre OrcuoDbön organización de mujeres indígenas ante el Día Internacional de la Mujer

Escrito en . Publicado en Derechos.

Al acercarse la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer queremos resaltar el trabajo de las mujeres en sus contextos; las acciones que se hacen desde distintos escenarios y los vive cada una en su cotidianidad.

Las mujeres indígenas Bröran han asumido un rol importante en el diario vivir, en la recuperación de su territorio, en la recuperación ambiental, espiritual, cultural y de gobernanza económica y política.

Lo hacemos asumiendo y liderando procesos autogestionados que compensen las falencias de acción estatal a través de sus instituciones.

Este 8 de marzo visibilizamos la fuerza, la valentía de cada una. No nos podemos quedar calladas. Aplaudimos avances en textos legislativos, protocolos y buenas intenciones de quien se sienta afín.

En esta fecha cuando recordamos a mujeres que lucharon por derechos igualitarios, exhortamos al Estado de Costa Rica a reconocer fielmente el derecho humano que nos corresponde como mujeres y como ciudadanas.

Costa Rica tiene 203 años de ser República y nosotras las mujeres indígenas y su niñez seguimos relegadas.

No se avanza en un Estado donde los pueblos indígenas y en especial nosotras encontramos cada vez más obstáculos para implementar los derechos que nos pertenecen; no queremos una Costa Rica donde alguien se quede atrás, queremos una Costa Rica culta, respetuosa, sin racismo, sin xenofobia para los pueblos indígenas y sus ciudadanas originarias.

Mano De Tigre OrcuoDbön, como Organización de Mujeres indígenas exige al Estado justicia pronta y cumplida por los asesinatos de nuestros hermanos Sergio Rojas Uniwak y Jerhy Rivera Rivera, justicia por las quemas en cultivos y tierras recuperadas de China Kichá en Pérez Zeledón; a la vez solicitamos con vehemencia que la Asamblea Legislativa de trámite al Acuerdo de Escazú para ser aprobado y garantizar la salvaguarda de la vida de defensoras y defensores ambientales.

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen”3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home

Movimientos sociales de Colombia solicitan apoyo para que la Corte ratifique el Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Un documento enviado a SURCOS señala:

“Hacemos un llamado al Movimiento Social, Ambiental, Ecologista, Animalista, de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Colombia y de América Latina y El Caribe, para exigirle a la Corte Constitucional de Colombia que sea célere, efectiva, eficiente y respetuosa del debido proceso constitucional; en el marco de la revisión de constitucionalidad que está realizando del Acuerdo de Derecho Internacional Ambiental: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

La recolecta de firmas se realiza en el formulario que se encuentra en este enlace.

De acuerdo con la petición expresada en el párrafo que compartimos, le invitamos a leer el documento, firmarlo, y de ser posible, compartirlo.