Acuerdo con el FMI: Una agenda fallida con graves implicaciones sociales y humanas
Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, CICDE-UNED
Elaboro este breve documento, atendiendo la solicitud que me fue formulada por la Alianza Sindical del Poder Judicial, y como insumo para la reunión que ese colectivo de organizaciones tendrá con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) el día lunes 3 de octubre de 2021, a las 2 p.m. Es, desde luego, una contribución completamente desinteresada, en la que no media retribución alguna.
He dividido el documento en 10 puntos, cada uno de estos atinente a una cuestión particular, aunque todas, en su conjunto, estrechamente vinculadas entre sí. Se ofrece tan solo un esbozo sintético de cada punto, siendo innegable que cada uno de esos ítems daría material para una reflexión mucho más amplia.
1) Un elevado costo social inmediato: la política fiscal en aplicación, centrada en la regla fiscal y orientada a lograr el equilibrio fiscal con base principalmente en la restricción del gasto y de la inversión pública, está teniendo severas consecuencias sociales y humanas, ya que está impactando de forma negativa en los servicios esenciales del Estado, como educación, salud, cuido, atención a la niñez, atención a los problemas de adicción, seguridad ciudadana, medio ambiente, vivienda popular, apoyo a las micro y pequeñas empresas, entre tantos otros. Las negativas consecuencias de todo esto, se agigantan en vista de las extendidas devastaciones sociales y humanas que está dejando la pandemia del Covid-19. Es muy llamativo que sean tan escasos, prácticamente nulos, los esfuerzos que se hacen por combatir el muy cuantioso fraude fiscal, como asimismo resulta notorio que se enfaticen impuestos sobre salarios y sobre el consumo, prescindiendo de tributos de un carácter más progresivo. Es decir, al costo social asociado a esta opción estrechamente fiscalista, se le suma una opción ideológica favorable a los grupos más ricos y solventes de la sociedad costarricense.
2) Graves implicaciones en el mediano y largo plazo: esa política, unilateral y rígidamente fiscalista, reduce la inversión pública al mínimo. De facto, la bloquea. Ello implica posponer inversiones que para Costa Rica son necesarísimas, en áreas clave: educación, cuido, transporte público, vivienda, sanidad, energías alternativas, ciencia y tecnología, conectividad, acueductos, tratamiento de aguas, espacios públicos, arte y deporte, parques nacionales, recuperación de las ciudades, etc. Esto imposibilita que la economía se modernice y diversifique, que se alcance el deseable equilibrio en los niveles de desarrollo de las distintas regiones del país, y que se logre elevar los bajos niveles de productividad que la caracterizan, pero, asimismo, esto siembra a profundidad condiciones que generarán mayor exclusión y desigualdad social. Literalmente, se está destruyendo el futuro y se está legando un país en ruinas a las generaciones jóvenes y no nacidas.
3) El sesgo ideológico de las políticas monetarias: Las políticas económicas obsesivamente fiscalistas, siguen siendo acompañadas de políticas monetarias centradas en el control de la inflación, las cuales solo se flexibilizaron de forma muy limitada durante el contexto de la crisis asociada al Covid-19. La inflación permanece por debajo del límite inferior de los rangos oficialmente definidos por el propio Banco Central, lo cual para este no es motivo alguno de preocupación, como en cambio sí enciende todas las alarmas el simple hecho de que la tasa de inflación se aproxime al punto medio del rango establecido. Y, entretanto, los niveles de desempleo continúan siendo altísimos, con un ritmo de recuperación del empleo muy insatisfactorio y niveles de informalidad que, tras descender durante los meses más agudos de la crisis, están retornando a sus cotas históricas (alrededor del 45% de la población ocupada). El Banco Central, dominado por un sesgo ideológico que se desentiende de la catástrofe del empleo y es totalmente insensible frente a las realidades de la vida de la gente, sigue siendo una institución opaca que, parapetada detrás del dogma de la “autonomía”, es complaciente con los intereses financieros, mientras permanece invulnerable a cualquier ejercicio democrático de rendición de cuentas.
4) La exclusión de las mujeres: las tasas de desempleo e informalidad son mucho más bajas de lo que potencialmente podrían ser, puesto que, por su parte, las tasas de participación en los mercados laborales y de ocupación de las mujeres son extremadamente bajas, no obstante lo cual el desempleo y el subempleo son mucho más altos entre las mujeres. Imaginar una situación de relativa paridad con los hombres, implicaría necesariamente la incorporación al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar, de varios cientos de miles de mujeres en edad de trabajar. En las condiciones institucionales prevalecientes, y bajo las actuales realidades de la economía costarricense, y dada su extrema incapacidad para generar empleos decentes, ello elevaría los datos de desempleo e informalidad, de forma abrupta.
5) La desconexión entre las autoridades económicas y las realidades de la población: con cada encuesta que se realiza, sistemáticamente se hace manifiesto el sentimiento popular de malestar, impotencia y frustración. Hay angustia ante la deplorable situación del empleo, como asimismo las personas expresan profunda preocupación frente a las persistentes amenazas a la estabilidad económica de sus familias y las grave incertidumbres que ensombrecen su futuro. Y, sin embargo, las autoridades económicas, muy panglosianamente, insisten en tratar de hacer creer que este es el mejor de los mundos posibles. La baja inflación les llena de júbilo, mientras no se cansan de ver “mejoras” en una situación del empleo que, desde todo punto de vista, y para la gente de a pie, sigue siendo tristísima.
6) Indicadores irreales: recientemente el Banco Central publicó indicadores que muestran que la economía ha recuperado sus “niveles prepandemia”, lo cual es celebrado con gran fanfarria por esas autoridades. Los datos están evidentemente influidos, además de inflados, por una expansión desorbitada de los regímenes especiales, básicamente zonas francas. Entretanto, la economía que no dispone de las condiciones de privilegio de tales regímenes, y de la cual depende cerca del 95% del empleo total, todavía no recupera sus niveles de febrero 2020. Pero, en todo caso, hay un contraste marcado entre los indicadores de Cuentas Nacionales del Banco Central, y los datos sobre el empleo. Estos últimos logran aproximar, con cierto creíble realismo, el sentimiento de profunda preocupación y malestar que domina en la generalidad de la población, cuando los datos del Banco Central cuentan una historia completamente distinta y muy poco creíble. Se hace urgente una reconsideración crítica, ya desde sus mismas bases epistémicas, teóricas y metodológicas, de las estadísticas que elabora el Banco Central, en virtud del abismo cada vez más amplio, que las separa respecto de las realidades que vive la gente común y corriente. Estadísticas que son por completo incapaces de reflejar esas realidades de la vida, no pasan de ser un inútil ejercicio intelectual y una pérdida de tiempo.
7) Dualización estructural: Pero, asimismo, esto advierte acerca de la situación de aguda dualización que fractura a la economía costarricense. Es muy satisfactorio que varias docenas de miles de personas tengan un empleo en zonas francas, sobre todo porque en la mayoría de los casos reciben un salario relativamente más alto que los promedios nacionales. Y, sin embargo, la evidencia empírica es clarísima en el sentido de que hay un desenchufe entre las zonas francas y el resto de la economía, como es obvio que es imposible resolver los agudos problemas del empleo, si para ello el país se atiene a una estrategia unilateralmente centrada en la atracción de inversiones extranjeras destinadas a las zonas francas.
8) La urgencia de un cambio: al país le urge replantear aspectos fundamentales de su estrategia de desarrollo, lo cual no significa renunciar al aporte que los regímenes especiales brindan, pero si redefinir prioridades y reorientar políticas, de forma que se garantice a la gente su derecho a un trabajo digno y de calidad, algo que hoy le está siendo negado a una porción sustancial de la población trabajadora, según lo demuestran las elevadas tasas de desempleo e informalidad, y la bajísima participación de las mujeres en los mercados laborales.
9) Renunciar al futuro: las políticas de rígida austeridad fiscal que el gobierno ha propuesto al FMI, y que éste avala, imposibilitan poner en ejecución las políticas que al país le urgen. No es posible poner en marchas programas de emergencia para la generación de muchos empleos en el corto plazo, ni diseñar estrategias integrales de política pública de mediano y largo plazo, que, articuladas y concertadas con el sector privado y la ciudadanía en general, permitan avanzar hacia la modernización y diversificación de la economía, que promuevan la justicia social y la inclusión equitativa de todos los sectores de la sociedad y las distintas regiones del país, que asimismo levanten la productividad, incorporen a las mujeres en los mercados laborales en condiciones dignas e igualitarias, y que respondan apropiadamente, y con sentido precautorio y de anticipación, ante los colosales desafíos del cambio climático y la crisis ambiental.
10) El FMI es corresponsable de este desastre: los costos sociales y humanos que todo esto comporta son altísimos, y ponen en riesgo la paz social y la democracia en Costa Rica. En una sociedad fracturada por múltiples desacuerdos y conflictos, esto simplemente suma motivos agudizados para que las desavenencias se profundicen, y para se aleje, más y más, cualquier posibilidad de diálogo democrático y entendimiento pacífico. El FMI está asumiendo graves, y muy sustanciales responsabilidades en relación con todo esto. En Costa Rica no lo olvidaremos.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista. Alajuela, Costa Rica, 2 de octubre de 2021
Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/
