En la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y más «sobreconcesiones» para la agroindustria. A esto se suma la sequía, que castiga a los que menos tienen y a los ecosistemas.
En ese contexto SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, para hacer el embalse Río Piedras y seguir el mismo modelo de ineficiencia y de injusticia hídrica para beneficiar a los mismos de siempre y seguir con el «mal desarrollo» que aumenta día con día la pobreza, el despojo y la expulsión de sus habitantes.
En esta reserva se encuentran siete hábitats diferentes como: bosque deciduo (bosque seco), que ocupa un 70% de la reserva, así como el bosque ribereño. Éste último forma una franja a lo largo de los ríos y quebradas, es siempre verde, se considera el más denso y diverso del área y es especialmente rico en avispas solitarias. La sabana cubierta con pastos, está salpicada por árboles. Además, según el SINAC, posee bosque tropical seco con 240 especies de árboles, decenas de mamíferos, gran número de reptiles, peces y se observan 280 especies de aves.
Para proteger esta riqueza de más de 2.645.71 hectáreas, el área cuenta con dos guardaparques. El administrador de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, ante la carencia de guardaparques y para paliar las necesidades de protección, debe realizar patrullajes en conjunto con guardaparques del Parque Nacional Palo Verde. Recientemente, en uno de estos patrullajes, lograron ubicar indicios de un destazadero de venados. Los cazadores, luego de haber matado a por lo menos ocho especímenes en una sola noche, los habían destazado, dejando sólo las cabezas, las patas y los restos de vísceras.
Lomas de Barbudal es de gran importancia. Es parte de los humedales del Parque Nacional Palo Verde que fueron declarados desde 1991 como ecosistemas de importancia mundial y por ello fueron designados Sitios Ramsar. La Convención de Ramsar es un tratado internacional enfocado en la conservación y uso racional de los humedales. Este humedal es reconocido como uno de los sitios más importantes del mundo por ser un área de anidación, refugio y alimentación de aves acuáticas residentes y migratorias.
El embalse en Río Piedras es un proyecto viejo, diseñado para riego, que en el pasado fue descartado y engavetado, por ser inviable. Ahora quieren aprovechar las necesidades provocadas por la sequía para tratar de revivir un proyecto que corresponde a otras condiciones ecológicas y sociales del pasado. Fue diseñado bajo la lógica, actualmente superada, de que el agua se “desperdicia” si llega al mar y que es inagotable y que no existen los ciclos ecológicos de nutrientes o acuáticos. Seguir pensando así es vivir en la ignorancia del pasado donde nos desconectamos de los ciclos de la tierra, y es no tener conciencia de los cambios que se necesitan frente a las nuevas condiciones ecológicas del cambio climático.
Este proyecto es para riego, básicamente, e implicaría 400 kilómetros de acueductos para llevar esa agua a los monocultivos de destino, con bombeo y plantas de potabilización. Por su planificación centralizada lograría quitarle el control y la administración del agua, a las comunidades, las cuales son abastecidas predominantemente por Acueductos comunales (ASADAS).
La inversión del Estado es inicialmente de unos 500 millones de dólares, para darle el 80% del agua obtenida a los grandes propietarios, para regar sus fincas, que pagarían un «canon de agua» de 3 colones por metro cubico (m3), cuando los pobladores verán encarecerse sus facturas a más de 600 colones por el mismo m3, a pesar de que en el discurso y la justificación se dice que «la prioridad es el consumo humano».
El riego es el gran consumidor de agua (más de 60%) y el gran derrochador, pues usa mayoritariamente canales de tierra y sistema de inundación de parcelas, y podría ahorrar el 80% del caudal, entubando y usando riego por goteo.
Estos megaproyectos planteados, en lugar de solucionar problemas, propician conflictos socio-ambientales e injusticia hídrica. Se suman a este modelo de saqueo desenfrenado para beneficio de la agroindustria.
Ya están de mal ejemplo los casos del Río Tempisque y otros ríos, «sobreconcesionados» en el tanto se ha autorizado la extracción de agua más allá del nivel del su cauda. Es decir, se legaliza la posibilidad de secarlos, al no partir de la realidad del caudal actual de estas cuencas, pasando por encima de los usos prioritarios como el agua para el consumo y la vida misma del río. (FECON, 25-5-16).
Para solventar las condiciones de crisis del agua que vive la provincia de Guanacaste se crea una Mesa de Trabajo, donde a pesar de presentar y exponer una propuestas al Presidente de la República (ver propuestas), el jerarca del MINAE nos excluye a los sectores sociales y ambientales. Ni siquiera mediante un recurso de amparo presentado por la Confraternidad Guanacasteca se quiso incluir a estos sectores en la famosa mesa, pues el interés era legitimar con los empresarios turísticos y grandes intereses agroindustriales, megaproyectos de infraestructura que tienen gran impacto y cuestionamiento socio ambiental.
Este megaproyecto Embalse Las Piedras, se está desarrollando para subsidiar a la agroindustria y el megaturismo. Es la negación misma del cambio climático. Es no aceptar lo que vemos, año con año, en aumento de temperaturas y sequías.
Tendría más sentido invertir estos recursos y tiempo en una transición a un modelo económico y social adaptado a esta realidad ecológica que no se puede revertir solo con infraestructura. Hay que ir abandonando las actividades económicas como la ganadería extensiva, la mega agroindustria y el megaturismo que no han servido para mejorar la vida de la gente, sino que han agotado la base de recursos estratégicos para otros modelos productivos más sostenible y basados en la realidad ecológica de la región. Traería más bienestar a largo plazo financiar esta transición y no seguir invirtiendo en un modelo productivo insostenible porque el momento de colapso no se podrá retrasa, por más subsidio que se haga de la infraestructura financiada por el Estado.
Por todo esto:
Rechazamos que se creen más zonas de sacrificio en nuestras Áreas Protegidas, no permitiremos y punto. En su lugar proponemos que la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se proteja como un bien estratégico frente al cambio climático y la crisis socio ambiental que reina en la provincia de Guanacaste.
La regla de la Convención RAMSAR es que los Humedales de Importancia Internacional deben mantener su designación como sitio Ramsar, y que su extensión inicial completa debe mantener su designación. Solo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse la posibilidad de modificar la extensión inicial de un humedal de la Lista.
Por lo que, en el caso de reducir la Reserva Lomas de Barbudal, parte del humedal categoría Ramsar, para un proyecto de riego maquillado de otros usos, viola a todas luces la legislación ambiental costarricense: el principio de no regresión del derecho ambiental, el principio Precautorio (Indubio Pro Natura), y resulta absolutamente contradictoria con el Artículo 50 de la Constitución Política- el derecho a un ambiente sano, que pretende que la sociedad costarricense cuente con espacios de biodiversidad y ecosistemas que compensen las actividades humanas que se realizan en el resto del territorio nacional en zonas que permiten usos del suelo distintos de la conservación.
¿Que proponemos?
Medir y controlar los caudales permitidos y utilizados. Según el Informe Estado de la Nación, en Costa Rica se explota y extrae, el doble del volumen concesionado de agua. Sólo con poner en orden y control, esa sobre explotación, tendríamos un 50% más agua en ríos, nacientes y mantos acuíferos, con un costo mucho más bajo.- Hay que realizar y/o hacer público un inventario y ubicación de los pozos profundos existentes de forma ilegal y los legalizados. Tener documentación de todas las concesiones otorgadas de los ríos así como sus caudales, en toda la provincia.
Crear mayor Justicia Hídrica. La mayoría del agua se le regala a unos pocos, grandes finqueros. Según Decreto N* 32.868-MINAE “el uso de agua para riego… pagará 12 centavos de colón por metros cúbico si es de fuente superficial y 16 centavos por colón por m3 si es de pozo.” El riego usa el 60% del agua y sólo el 5% es para consumo humano. Por eso falta el agua en Guanacaste. Entonces proponemos cobrar como se debe y dejar de subsidiar la injustica reformando o reformando el decreto Nº 32868-MINAE de 2005, que define el “Canon por concepto de aprovechamiento de aguas”. Deben fijarse tarifas apropiadas para el canon de concesiones de agua, según su fuente, según su uso y según el volumen de cada concesión.
Elaborar y aplicar un Plan URGENTE para conservación de acuíferos en peligro de salinización, contaminación o sobreexplotación. Implementar técnicas de siembra de agua a nivel micro y macro donde sea posible, considerando factores de riesgo. Conservación de bosques y siembra de árboles en zonas de protección y recargas acuíferas. No podemos olvidar la relación directa entre bosques y recurso acuífero.
La gran ventaja de estas alternativas, es que las aguas, que se ahorran con ella, quedan repartidas en las diversas fuentes existentes por toda la zona de Guanacaste, al alcance de las ASADAS, comunidades y ecosistemas de la provincia. Es un modelo sostenible en el largo plazo, en cantidad y calidad. Los acuíferos además, son más aptos para ser usados para consumo humano, prioridad social, legal y económica.
Federación Ecologista (FECON), setiembre 2016.
Informes Gadi Amit, Confraternidad Guanacaste: Tel 26720238 o 88268216
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.youtube.com
El químico del CICA, Juan Salvador Chin, muestra uno de los sistemas usados en el laboratorio para facilitar la degradación de los pesticidas. Foto: Pablo Mora / Rectoría.
El “Diseño e Implementación de Sistemas de Biodegradación de Plaguicidas y Otros Contaminantes” consiste en la neutralización de aguas contaminadas con altas cargas de plaguicidas, con el fin de evitar la contaminación de espacios acuíferos, y por lo tanto, de animales y personas. Está inscrito como un Proyecto Nacional de Cooperación Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (adscrito a las Naciones Unidas) y es cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
La idea proviene de Suecia, aunque la desarrolló en Costa Rica el microbiólogo del CICA, Dr. Carlos Rodríguez, durante su doctorado en Barcelona, España. Ahí realizó un trabajo similar de “biorremediación” (un proceso biológico para reducir contaminantes en el ambiente). A su regreso a Costa Rica, desde inicios del 2013, tanto él como otros siete investigadores buscaron los componentes naturales más adecuados para crear una mezcla rica en microorganismos que permiten descomponer los materiales tóxicos utilizados en los plaguicidas de Costa Rica.
Finalmente, consiguieron diferentes biomezclas, que constan de un material con alto contenido de humus, un suelo preexpuesto a plaguicidas y un sustrato ligno-celulósico compuesto de papel periódico, burucha de madera, bagazo de caña, cáscara de arroz o fibra de coco. Este último ha resultado ser el componente vegetal más útil en la descomposición de los químicos del estudio.
Después de realizar varios de estos experimentos, los investigadores del CICA determinaron que la mezcla de suelo (25%), humus (25%) y fibra de coco (50%) era la más efectiva para degradar el plaguicida en estudio, aunque los otros componentes vegetales también son eficaces.
Cada uno de esos elementos tiene por fin propiciar el establecimiento de una flora bacteriana degradadora y enzimas oxidantes diferentes que permiten desintegrar a los plaguicidas y convertirlos en inofensivos. Algunos microorganismos incluso convierten ese material en dióxido de carbono y agua, algo que no siempre se consigue.
“En este sistema de biodegradación, después de lavar las máquinas de aplicación, los agricultores vierten los restos de los plaguicidas en grandes estañones plásticos o superficies contenidas por cemento o arcilla, los cuales contienen la mezcla para neutralizarlos, de modo que el líquido no se filtre al exterior y no contamine elementos acuíferos, pero que tampoco les ocupe un gran espacio en su finca”, explicó Rodríguez.
Para medir el grado de efectividad de este sistema, se hicieron 10 biomezclas para desintegrar un plaguicida llamado carbofurán, muy tóxico y por ello recientemente prohibido en el país, pero de uso común hasta hace poco tiempo. Finalmente, se hicieron pruebas analíticas y toxicológicas para comprobar cuánto carbofurán quedaba en la mezcla, con la ayuda de poblaciones de “pulgas de agua”, un microcrustáceo muy sensible a la toxicidad. Dependiendo de la cantidad de estos pequeños organismos que morían se sabe cuán contaminante y tóxica es la mezcla.
Ahora, los científicos trabajan para mejorar y optimizar esa composición con otros tipos de plaguicidas utilizados actualmente en los sembradíos, o incluso mezclas de ellos, para analizar la efectividad de la biomezcla.
Los investigadores del CICA esperan llevar este sistema a la práctica para el mes de setiembre, en las fincas de agricultores de Tierra Blanca. También trabajarán con ellos para analizar otras formas de desecho de plaguicidas, de modo que la propuesta sea lo más sostenible e integral posible.
Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría
Enviado a SURCOS Digital por Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
El pasado 20 de marzo del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia para escuchar los alegatos de comunidades de Costa Rica víctimas de los efectos de la producción de la piña en Costa Rica (ver nota de prensa del 3 de marzo así como nota en el Tico Times del mismo día 20). Un reciente reportaje audio de la emisora Voces Nuestras (marzo 2015) permite dar una idea de la magnitud del problema; un reportaje de febrero del 2014 “No nos tapen la boca: hablemos de la contaminación piñera” en homenaje Mayra Eugenia Umaña, ilustra el tipo de presiones a los que son sometidos líderes comunales que osan alzar la voz (reportaje del canal universitario Canal15, disponible aquí). Se trata de las comunidades del Cairo, Francia, Luisiana y Milano (de la región de Siquirres) cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas dedicadas a la producción de la piña. Desde el mes de julio del 2007, más de 6000 personas en estas comunidades rurales toman agua proveniente de camiones cisternas proveídos por una entidad pública costarricense, Acueducto y Alcantarillado (AyA). A la fecha, el Estado costarricense no ha ordenado sanciones contra las empresas; tampoco se registra acción penal alguna del Estado contra los responsables de las empresas causantes de dicha contaminación. En todo estos años, el Estado no ha proveído a las comunidades afectadas con un nuevo acueducto en agua potable ni saneado las aguas, pese a dos sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exigiéndole hacerlo “de inmediato” del 2009. El ente encargado del agua en Costa Rica mantuvo incluso durante más de un año en sus manos un estudio técnico sobre los alcances de dicha contaminación (ver nota de prensa de Elpais.cr titulada “AyA oculta información revelada sobre contaminación de agua con agroquímicos”). Por su parte, la reacción de la entonces titular del Ministerio de Salud, al evidenciarse por parte de un laboratorio universitario (independiente) niveles mucho mayores a los indicados por monitoreos realizados por las autoridades en el 2007-2009 fue la siguiente : “Les damos agua en cisterna porque la gente tiene miedo de tomar la del lugar, y la psicosis ha sido tal, que hasta asocian manchas en la piel que son producidas por un hongo, diciendo que se bañaron en agua con bromacil” (ver nota de prensa titulada “Laboratorios de la UNA comprobaron contaminación de piñera”, Semanario Universidad 26/05/2009). Cabe recordar que el 5 de junio del 2008, Día Internacional del Ambiente, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) había suscrito en Casa Presidencial una larga lista de “Compromisos Socio Ambientales”: se leyó en aquel momento en la prensa que “Según Abel Chávez, presidente de Canapep, respetarán las normativas nacionales e internacionales y garantizarán la pureza del aire, del agua y la sostenibilidad del suelo. Además minimizarán los impactos ambientales de la agroindustria en las comunidades vecinas a las fincas productoras” (Diario La Extra, 6/06/2008, “Piñeros se comprometen a no contaminar”).
Una actividad objeto de especiales favores:
Las festividades del Día del Ambiente en Casa Presidencial con el gremio de la piña del 2008, la actitud del AyA y las declaraciones de la Ministra de Salud años después no deben sorprender mayormente. La persistente polémica entre laboratorios universitarios y laboratorios privados sobre los resultados de niveles de contaminación que recoge el último Informe del Estado de la Nación publicado en el 2014 tampoco (Nota 1). Costa Rica es el primer exportador de piña a nivel mundial desde el 2007. En el 2008 exportó 1.458.980 toneladas métricas (mientras que en el 2004 exportaba 693.107 toneladas): su competidor más cercano (Filipinas) exportó en el 2008 a penas 261.338 toneladas métricas contra 204.887 (2004) según se aprecia en este recuadro del “Top5”. La tabla 3 de este estudio de la UNCTAD revela, con base en datos de la FAO, el aumento vertiginoso de toneladas exportadas por Costa Rica en el período 2008-2009-2010. En el 2011 alcanzaron 1.722.200 toneladas, 1.875.813 (2012) y 1.939.680 (2013) (según datos oficiales de las estadísticas de la Promotora de Comercio Exterior – PROCOMER). En el 2011, según estas mismas estadísticas de PROCOMER (ver informe, p. 50), el 45% de la piña fue exportada a Estados Unidos, el 13% al Reino Unido, el 12% a Holanda, el 9% a Bélgica, el 8% a Italia, el 4% a Alemania y el 3% a España: en ese mismo año 2011, un país como España importó 67.866 toneladas de piña costarricense (ver nota).
En el 2010, Costa Rica representaba el 60% de la piña exportada a nivel mundial, seguida por Filipinas (con 12%), Ecuador (4%), Costa de Marfil (4%), Estados Unidos (4%) y otros países con un porcentaje menor al 3%, tal como se aprecia en el cuadro 2 en el siguiente estudio titulado “Análisis del Mercado de la Piña” elaborado por el Consejo Nacional de Producción (CNP). Datos sobre los cuales el CNP es mucho más discreto, recogidos por organizaciones sociales en un informe denominado “El sabor amargo de la piña” (en alusión al primer documental crítico – disponible aquí -sobre la piña producido en Costa Rica en el 2005), indican que el sector de la piña en Costa Rica se reparte la producción de la siguiente manera: “De acuerdo con la Cámara Nacional de Productores de Piña CANAPEP, el área sembrada de piña en Costa Rica aumentó un 675% entre 1990 y 2009, pasando de menos de 10.000 a más de 50.000 has. Las empresas Del Monte y PINDECO concentran el 50% de la producción piñera en Costa Rica, y 31 empresas concentran el 96% de la producción total de esta fruta. El 4% restante está en manos de aproximadamente 1200 pequeños agricultores que venden su producción a las grandes empresas, especialmente Dole, Del Monte, Fyffes y Chiquita”.
Desde el 2008, el Programa del Estado de la Nación (el cual, como bien se sabe, constituye un esfuerzo de las universidades públicas de Costa Rica), advertía los efectos de un modelo depredador del ambiente y señalaba la ausencia de mecanismos distributivos de la riqueza generada: “la producción piñera intensiva extensiva, altamente desarrollada en Costa Rica /…/ tiene una serie de implicaciones directas sobre el activo ecológico, que se convierten en un tipo de subsidio eco-social del Gobierno a las empresas piñeras. Los ingresos económicos concentrados en los empresarios y dueños de la compañías no han garantizado un beneficio social. El deterioro ambiental generado provoca serios daños en la estabilidad social de las comunidades, ya que reduce las condiciones que permiten el uso de los servicios ambientales como el agua, el suelo, la biodiversidad, etc. ” (Estado de la Nación, Informe XV (2008), p. 220). Siete años después, el mismo Informe indica de manera enfática que: “El cultivo de la piña ha destacado por su alto grado de conflictividad, tal como se ha señalado en las últimos ediciones del Informe del Estado de La Nación. Las principales preocupaciones versan sobre la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cambio de uso de suelo, generación de la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans, desvío y sedimentación de los ríos, erosión del suelo, concentración de la tierra, desplazamiento de las familias campesinas, pérdida de la soberanía alimentaria, irrespeto de los derechos laborales y posibles consecuencias en la salud debido a la exposición a los agroquímicos” (Estado de la Nación, Informe XX (2014), p. 192).
Lo que podríamos denominar una “sordera institucionalizada” pareciera entonces haberse adueñado de varias entidades estatales de Costa Rica desde el 2008, cuando de cuestionamientos relacionados con la piña se trata, so pretexto del desarrollo que aporta. No obstante, las regiones de Costa Rica en las que se produce la piña siguen con los peores índices en cuanto a Desarrollo Humano (IDH) se refiere, poniendo así en entredicho el tan pregonado “desarrollo” que genera dicha actividad. Hace unos meses, un proyecto de ley (19.371) tendiente a gravar cada caja de piña exportada, presentado en noviembre del 2014, se interesó por este indicador en los cantones productores de piña y añadió que: “… en el marco de la expansión piñera, el modelo de Certificados de Abono Tributario (CAT), la liberación de impuesto bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, se ha liberado a la producción de piña de toda responsabilidad tributaria. Por ejemplo, bajo el régimen de zonas francas, la mayor parte de insumos requeridos para el cultivo de piña reciben exenciones completas” (Gaceta Oficial, expediente 19.371, 25/11/2014, p. 2, texto del proyecto y recuadro con el IDH cantonal disponible aquí). Ante mecanismos fiscales tan favorables para el sector piñero y actitudes tan complacientes por parte de las autoridades políticas (en particular la de los entes responsables de la salud y de la potabilidad del agua, pero también del ambiente como veremos a continuación), era muy difícil que se pudiera contener la voracidad de este sector. Tempranamente, la expansión piñera en Costa Rica fue tal que obligó a algunos responsables a externar criterios en los siguiente términos: en el mes de junio del 2009, el Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) escribía en un artículo de opinión “Tribunal Ambiental y producción piñera” que: “ No es el Tribunal Ambiental quien contamina, destruye bosques, humedales y nacientes; lamentablemente estas prácticas irresponsables son las que nos llevan a aplicar la legislación. Pero hay algo más grave que los propios daños ambientales –a veces irreparables– y es la conciencia con la que se perpetran estos actos. Aquí no estamos ante una simple infracción ambiental, sino que estamos jugando con el futuro de los/las costarricenses”. Días después, la expansión piñera fue calificada en un muy completo artículo del 2009 del El Financiero como «insensata” (ver artículo de El Financiero, del 1/07/2009, Edición 724). Nos permitimos en unas ediciones posteriores de El Financiero hacer ver la contradicción de los datos oficiales sobre la realidad laboral y la extensión real de la piña en Costa Rica (ver nuestra breve nota: “Moratoria piñera“, El Financiero, Edición 743).
Pese a los famosos “Compromisos Socio-Ambientales” suscritos por CANAPEP para celebrar en gran pompa el Día del Ambiente, extrañas maniobras de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con relación a piñeras en la región de Siquirres fueron denunciadas por congresistas como el diputado Rafael E. Madrigal del Partido Acción Ciudadana (PAC): en su artículo publicado en La Nación “Las piñas y Setenas del señor Sancho” se dejan ver aspectos de gran interés que todo lector un tanto familiarizado con las sutilezas de la SETENA sabrá interpretar. En uno de los pocos foros académicos a los que participó CANAPEP con comunidades afectadas, su representante se defendió indicando que “No sé de cual país nos está hablando” (ver nota sobre foro realizado por la UCR en julio del 2009). No fue sino con la visita de una Misión de la Unión Europea a finales del 2009 que (de pronto …) las buenas prácticas agrícolas y ambientales parecieron interesar al sector productivo y a las autoridades: al respecto, la abogada Gabriela Cuadrado no dudo en titular un valiente artículo publicado en La Nación de la siguiente forma “Una visita que mueve más de mil denuncias” cuya lectura también recomendamos. Quiérase o no, estas iniciativas gremiales y estatales se enmarcaron dentro del Gobierno del Presidente Oscar Arias Sánchez que inició en el 2006 proclamando una “Paz con la Naturaleza”, calificada al final de su administración como como una verdadera guerra contra el ambiente (ver artículo del Semanario Universidad de junio del 2010: “Administración Arias le declaró la “guerra a la naturaleza”). En junio del 2008, nos habíamos permitido sugerir que algunas de las notas de aquella “paz” recordaban extrañamente las de un verdadero Réquiem (véase nuestro artículo: ”¿Paz o Réquiem para la Madre Tierra?”, publicado en La Nación).
Una larga lista de daños
Estudios, diagnósticos, planes de acción, compromisos de unos, manuales de buena prácticas de otros conforman una larga lista de publicaciones en Costa Rica desde el año 2008, unos como parte de un doble discurso, otros como parte de un esfuerzo sincero de algunos productores. En el 2013 el diputado Manrique Oviedo, de la zona Norte, región que concentra más del 50% de la producción de la piña en Costa Rica, expresó que: “Desde el año 2005 vengo insistiendo en este tema, el MAG siempre dice que está desarrollando un plan de manejo integral. Tenemos siete planes diferentes que han presentado y dicen que están desarrollando otro” (ver nota del 10/6/2013 de CRHoy). Un humedal internacionalmente reconocido por su importancia como el de Caño Negro ( declarado por Costa Rica sitio RAMSAR en 1991) en la zona Norte de Costa Rica sufre los embates de las piñeras en la mayor impunidad: pese a informes, como el del TAA titulado “Humedal de Caño Negro bajo seria amenaza Ambiental” (2010), reportajes como por ejemplo “Refugio Caño Negro debate su vida entre la ilegalidad y la indiferencia”, los vecinos organizados en defenderlo (ver su página en FaceBook) documentan una tras otra las denuncias y su archivo posterior por parte de las autoridades, pese a tomas aéreas contundentes. La comunidad y la escuela de El Jobo en Caño Negro (ver foto) con sus 150 niños “sitiados” por las piñeras (en alusión a título usado en este reportaje audio) de igual manera no han logrado que las autoridades de educación y de salud frenen el avance de los productores y suspendan las fumigaciones. Por su parte, las misiones técnicas de la Unión Europea que cada cierto tiempo visitan a Costa Rica (y las cadenas comerciales en el viejo continente) centran su atención en la calidad de la fruta ofrecida, y no en la salud de los trabajadores o la de las comunidades, ni los efectos de la producción de la piña en los suelos y en la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica. Durante la visita de la Misión europea DG SANCO en octubre del 2009 a Costa Rica, las organizaciones sociales debieron “perseguir” a los visitantes europeos, ante el intento por parte de las autoridades de Costa Rica a cargo de la visita de impedir contacto alguno: se lee en el reportaje “Representantes de comunidades lograron entregar información a los europeos en el último momento” que “ Cuadrado reclamó el hecho de que el MAG solo permitiera que los productores entregaran su versión a los inspectores, mientras comunidades que no pueden tomar agua potable desde hace dos años y medio, debieron “perseguirlos” para exponer sus problemas” (ver nota del Semanario Universidad, octubre del 2009).Como se precisa de manera bastante acertada en un informe publicado en Suecia en el 2013 sobre la piña de Costa Rica, “The study shows that the requirements set by the Swedish companies are predominantly aimed at protecting the health and safety of the Swedish consumers, not the plantation workers. The workers and farmers interviewed by Swedwatch in Costa Rica attest to how they and their direct environment is affected by health issues caused by the continuous usage of pesticides on the plantations. The employees on the pineapples plantations in Costa Rica, and the local communities, suffer from dizziness, headaches, nausea and rashes. The chemicals have also adversely affected the environment and caused a decrease of fish and animal life in the area” (ver nota).
La reciente “Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica” (ver sitio oficial) promovida en el 2011 por el entonces Vicepresidente de Costa Rica Luis Lieberman, auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es otro esfuerzo para intentar mitigar internacionalmente la mala imagen de la piña costarricense. Tratándose de un país como Costa Rica, en el que abundan reconocidos profesionales en gestión ambiental, la escogencia para coordinar esta Plataforma de un ex directivo del sector exportador de piña fue denunciado por activistas y académicos, calificando esta Plataforma como un burdo intento de “maquillaje verde” internacional (ver por ejemplo pronunciamiento de la Coecoceiba.org). Independientemente de las motivaciones reales detrás de este y de anteriores esfuerzos, ninguno ha logrado regular esta actividad en aras de limitar sustancialmente los daños ocasionados por la piña: informe tras informe, el Estado de La Nación desde el 2008 así lo evidencia. El peso cada vez mayor de los expedientes en el TAA y en la Sala Constitucional reflejan la total inoperancia estatal en la materia y la poca receptividad a prácticas menos dañinas que algunos productores de piña han intentado implementar a pequeña escala.
Se trata en efecto de una actividad productiva que, por lo general, y con muy pocas excepciones, genera una serie de efectos negativos. En materia ambiental, los daños son muy graves, algunos de carácter irreversible, en la medida en que, a diferencia de la piña criolla costarricense, o de las variedades “Hawaiana” primero, “Cayenne” luego, producidas a finales de los años noventa para el mercado internacional, la variedad «MD2» (también conocida como ”Dorada” o “Golden” o «Sweet Gold») implantada en Costa Rica en los primeros años de los 2000, requiere de una gran cantidad de pesticidas y plaguicidas para ser producida, incluyendo sustancias químicas, algunas de ellas prohibidas en la Unión Europea (Nota 2). Varias de estas sustancias químicas se caracterizan por su carácter altamente persistente, como por ejemplo el bromacil o el diurón, usados para deshierbar las vías férreas en Europa por ejemplo. El uso del Bromacil es prohibido en Alemania, Eslovenia y Suecia. El carbofurán es prohibido en Estados Unidos, Canadá, y en la misma Europa, debido a su alto grado de toxicidad, pero su uso en piñeras de Costa Rica fue denunciado en su momento (ver nota de prensa). Recientemente (mayo del 2014), Costa Rica prohibió mediante Decreto Ejecutivo el uso del carbofurán, con excepción de los cultivos de piña y de banano, sin mayor justificación (ver texto del Decreto 38713) cuyo considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”. En el 2006, la discusión en la Unión Europea para reducir los niveles del Ethephon (un químico usado para madurar y colorear artificialmente la MD-2) de 2 miligramos/kg a 0,05 mg/kg causó una alerta máxima del sector piñero en Costa Rica (ver nota). De manera a tener una idea del conjunto de sustancias químicas requeridas para producir la MD-2, remitimos al lector a la tabla del Anexo XXII (página 57) del informe denominado ”Crop Production Protocolo Pineapple MD2 (Ananas comosus)”, disponible aquí. Un número especial de la Revista Ambientico (Universidad Nacional – UNA) describía en detalle los daños ambientales que ocasionaba la piña MD-2 en Costa Rica (Número 177 de junio del 2008 disponible aquí). Los productores de ganado vecinos de una plantación de piña también pueden sufrir daños severos, debido a la proliferación de la mosca de establo que acarrea el mal manejo de los rastrojos de la piña (ver artículo de La Nación del 12/07/2010): sobre este punto, un documento que lleva el sello del MAG y de la Universidad Nacional UNA), “Boletín de Parasitología”, alerta sobre el riesgo de proliferación de este insecto, y lo más notorio es que su fecha de edición es del … 2003. Seis años después, un grupo de ganaderos cansados ante tanta inoperancia estatal interpuso una demanda contra el Estado (ver nota del Semanario Universidad, julio 2009). Diez años después de la edición de aquel boletín, la mosca sigue azotando a muchos ganaderos (ver nota de CRHoy del 27/6/2013). Desde el punto de vista de la cobertura mediática a las denuncias hechas por activistas y organizaciones sociales, son varios los reportajes hechos fuera de Costa Rica destinados a la opinión pública internacional en torno a la situación que impera en muchas piñeras de Costa Rica (en particular en el ámbito laboral) y en torno a los efectos sociales del modelo productivo adoptado: véase por ejemplo los reportajes de Suisse Romande, 2007, «Les ananas de la colère«, del Miami Herald, 2008, «Costa Rica’s pineapple boom raises environmental questions«, de Radio Canada, 2009, «Les ananas du Costa Rica«, de The Guardian, 2010, «Pineapples: Luxury fruit at what price?«, de The Guardian, 2010, «Bitter fruit: The truth about supermarket pineapple» o el más reciente publicado en Der Spiegel en julio del 2014. Algunos de ellos buscan alertar a los consumidores en consonancia con algunas campañas internacionales realizadas a partir del 2007 (Nota 3). A estos reportajes, hay que añadir artículos de opinión en la misma dirección como (para dar algunos ejemplos), los leídos en El Pais (España) en el 2008, “La piña se amarga en Costa Rica” (disponible aquí) o en La Stampa (Italia) en el 2011, “Costa Rica: il sapore amaro degli ananas sulla nostra tavola” (ver artículo). Para completar el panorama, en cada país existen sitios especializados sobre consumo libre de pesticidas que, cuando se busca la piña de Costa Rica, advierten sobre la presencia de sustancias químicas en la piña, como por ejemplo: “Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon !” o “Les ananas sont-ils gangrenés à l’acétylène ?” o “L’ANANAS : je vous en remets une tranche?” (Francia).
Un reciente estudio publicado por la UNA sobre la situación sociolaboral de los migrantes en las piñeras de la zona Norte concluye que: “En este sentido, la actividad piñera en la zona ha basado su dinamismo y evolución reciente a partir del concurso de factores como el uso (y abuso) intensivo de la tierra (con sus consecuencias ambientales y geográficas) y la inserción supernumeraria de personas trabajadoras que, debido a su condición de irregularidad migratoria, presentan cierta vulnerabilidad y son proclives a experimentar experiencias deficitarias en sus condiciones sociolaborales” (pp. 91- 92).Hace ya unos años, en una nota de prensa sobre un foro realizado en la UCR al que no llegaron quiénes debían hacerlo, titulada “MINAET rehuye debate sobre Caño Negro en Universidad de Costa Rica”, una de las juezas del TAA indicaba que al llegar sorpresivamente a investigar piñeras por presuntos delitos ambientales, “cuando nos ven llegando de sorpresa en una barrida, muchos operarios salen corriendo, pensado que somos de Migración”: señal inequívoca de un sistema de explotación laboral a los que están sometidas personas en situación migratoria irregular en muchas de las piñeras, y que no parece en lo más mínimo interesar a las autoridades del Ministerio de Trabajo.
La actitud del Estado costarricense
La falta de controles adecuados en materia laboral, en materia de salud ocupacional y las campañas internacionales contra la comercialización de la piña no parecieran haber dado lugar a algún tipo de reacción por parte del Estado costarricense, como tampoco en otros ámbitos, como el ambiental. Todo lo contrario. En un artículo titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» publicado en septiembre del 2011 en La Nación, el Dr. Allan Astorga, experto en gestión ambiental, y Ex Secretario General de la SETENA, precisa el alcance de una grave modificación hecha a la normativa ambiental por las mismas autoridades estatales (en particular la Comisión Plenaria de la SETENA) para favorecer la expansión de la piña en el período 2006-2010: “Como por arte de magia, y en contravención con lo que establece el reglamento general de evaluación de impacto ambiental y la misma Ley Orgánica del Ambiente, surgió dentro de la Setena una nueva modalidad de instrumento, de tipo voluntario, que se denomina Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA), hecho para que las actividades ya en ejecución que no hubieran cumplido el trámite de evaluación de impacto ambiental que exige la ley y que la misma ley establece como un requisito indispensable para el inicio de las actividades, pudieran “ponerse al día” con sus permisos ambientales, muchos de los cuales son requeridos desde el exterior por los países que importan piña. La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa”. Un ejemplo más de directrices normativas que violan el principio de no regresión en materia ambiental, a las que nos hemos venido acostumbrando en los últimos años por parte de las autoridades a cargo del ambiente en Costa Rica. El autor de este artículo, que no dio lugar a ninguna refutación luego de ser publicado, es contundente en sus conclusiones: » Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional». En el precitado número 177 de Ambientico, Gabriela Cuadrado analiza en detalle otra “innovación” por parte de las autoridades: la inaudita propuesta de Decreto Ejecutivo elaborada por el Ministerio de Salud de Costa Rica tendiente a legalizar la contaminación de agua potable por parte de las empresas. Su artículo: «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)» no deja duda alguna sobre la intención de las autoridades de salud de aquella época. Más recientemente (noviembre del 2014), un estudio publicado en Francia describe otro efecto de la expansión de la piña ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y mediano agricultor costarricense (artículo de Edgar Fernández «L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas» (disponible aquí).
Con relación al dato exacto de hectáreas de piña sembradas en Costa Rica dado por las autoridades del MAG, el último informe del Estado de la Nación precisa que “En 2013 y por quinto año consecutivo, la superficie sembrada de piña se estimó en 45.000 hectáreas, cifra que una vez más generó dudas, en vista de los aumentos registrados en la producción bruta y el monto exportado” (Estado de la Nación, XX Informe (2014) p.190). Además de innovar en muchos ámbitos, la piña de Costa Rica pareciera querer revolucionar la regla de tres: oficialmente, en el 2007, para generar 487 millones de dólares por concepto de piña exportada, se contaba con una extensión de 38.000 hectáreas. Para generar 834 millones de dólares (2013), oficialmente el MAG registra únicamente 45.000 hectáreas de piña en Costa Rica.
La advertencia de la UCR desoída
El liderazgo mundial obtenido por Costa Rica en el 2010 al que refiere el CNP coïncide con la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010) y su marcada política de apertura irrestricta de Costa Rica a la economía mundial, política que se mantuvo durante la administración de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014): durante este último período, el auge prosiguió con relación a la piña, tal y cómo lo indican las cifras de PROCOMER antes mencionadas. Se pudo observar cuán influyente puede ser este sector económico con ocasión de una inédita acción de Casa Presidencial que pidió suspender una “barrida” (control sorpresivo) del TAA en plantaciones de piña en la zona Norte (Nota 4). Se mantuvo de igual manera la negativa de las autoridades ministeriales a participar en foros públicos auspiciados por las universidades con organizaciones sociales y comunidades afectadas (Nota 5). Cuando lo hicieron, fue para rehuir los cuestionamientos y dejar la silla vacía, tal como ocurrió con el representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante un foro auspiciado por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) a finales del 2013 en Costa Rica (Nota 6). Las autoridades de Salud por su parte se mantuvieron mudas ante periodistas interesados en conocer su punto de vista (Nota 7).Es de recordar que debido a la cantidad de denuncias y de recursos de amparo recibidos por parte de la Sala Constitucional en los años 2006 y 2007 y a numerosos cuestionamientos realizados por activistas, ONGs y académicos ante el crecimiento vertiginoso del sector de la piña, la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR), su Consejo Universitario, solicitó a las autoridades de Costa Rica frenar su expansión. Con fecha de diciembre del 2008, el Consejo Universitario instaba a las autoridades a establecer una moratoria para nuevas plantaciones de piña, en los siguientes términos:
“3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
a. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
c. Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país”.
El texto completo del Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR está disponible aquí, y también se recomienda su lectura dado que poco se ha logrado desde el 2008 para limitar los daños que causa la piña, tal y como lo evidencia la lectura del informe del Estado de la Nación desde el 2008. La molestia que causó este documento a CANAPEP era de esperar (ver nota): siete años después, las buenas prácticas que alegó el gremio piñero acatar en el 2008 también quedan en espera. Con relación a la discusión en la arena política, un periodista costarricense había publicado en España uno de los pocos artículos críticos publicado en ese país a mediados del 2008 sobre la amargura de la piña (ver artículo de Alvaro Murillo, “La piña se amarga en Costa Rica” El Pais (España),17/06/2008 disponible aquí) precisando, entre otros que: “El principal partido de la oposición, Acción Ciudadana (PAC), ha convertido en un debate político los efectos ambientales de las 40.000 hectáreas cultivadas donde trabajan unos 20.000 peones en condiciones cuestionadas por organizaciones laborales. El auge de la piña en Costa Rica es tal que el último intento de las autoridades por reactivar el cultivo de granos básicos topó con que la mayoría de las tierras están dedicadas ahora a la fruta que servirá de postre para estadounidenses y europeos”. En un artículo reciente (septiembre del 2014), la docente Geanina Amaya recordaba los compromisos de campaña de la actual administración del Presidente Luis Guillermo Solis Rivera que inició en mayo del 2014: «En campaña política el PAC aseguró que “Debe establecerse una moratoria a la expansión de la producción piñera de acuerdo al principio precautorio, hasta que se establezcan los mecanismos y controles adecuados por parte de las instituciones estatales con competencia en la materia». En octubre del 2014, fue el legislador de otra bancada, el diputado Edgardo Araya (Frente Amplio) quién propuso establecer una moratoria nacional por 5 años y gravar con un impuesto especial la piña (ver nota de prensa): la segunda iniciativa dio lugar al proyecto de ley 19.371 antes mencionado. Habiéndose convertido el PAC en caja de resonancia a los fundados reclamos de las comunidades afectadas desde el 2008, habiendo además participado de forma activa (con la entonces unipersonal bancada del FA) para que la piña sea parte de la discusión política desde el 2008 en Costa Rica, y habiendo los académicos de la UCR nutrido parte de esta discusión, resulta lógico que la paciencia de comunidades, organizaciones, activistas y académicos empiece poco a poco a mermarse en estos meses del 2015.
Instancias internacionales y piña de Costa Rica
Más allá de advertencias desoídas, de los vaivenes de la política nacional, y de las promesas de campaña (que parecieran ya muy lejanas para algunos…), desde la perspectiva del derecho internacional, es la conducta del Estado la que se evalúa de cara a sus obligaciones internacionales. El tema de la piña en Costa Rica no es del todo nuevo para las instancias interamericanas: en el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada para ordenarle a Costa Rica medidas para proteger la vida y la integridad física de un activista y reconocido opositor a la expansión de la piña en la Zona Sur, Aquiles Rivera (ver nota): ello debido a amenazas de muerte recibidas por este líder comunal en mayo del 2009 (ver nota de la Asociación Nacional de Empleados Público, ANEP). Dichas medidas de protección fueron ordenadas por la Comisión al Estado costarricense. En este mismo año 2009, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Derecho Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica (ver texto). En su informe incluyó lo siguiente: «71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado » (p. 22, punto 71). La misma experta recomendaba en su informe del 2009 lo siguiente: «85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas» (p. 26, punto 86). Notemos que no se encontró similar recomendación en los informes de misión posteriores de la experta de Naciones Unidas con relación a otros monocultivos (ver informes de misión disponibles en este enlace de Naciones Unidas). En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra hizo circular una nota oficial (ver texto del documento HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009) que detalla las presuntas carencias del Informe. Con relación al tema de la piña, el punto 4 precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta de Naciones Unidas entendible si proviniese del sector productivo, pero que sorprendió a muchos observadores al provenir del mismo Estado. Más allá de esta airada reacción, se esperaría del Estado acatar lo recomendado sobre este punto preciso en el 2009. En un reciente reportaje del mes de marzo del 2015 sobre la contaminación en Siquirres que incluye una entrevista a un funcionario del Ministerio de Salud, se lee que “El funcionario también rescató que el país no cuenta con reglamentos específicos, que dicten cuáles son los parámetros permitidos de agroquímicos en el agua para consumo humano”.
Conclusión:
Como se puede apreciar, a lo largo de estos últimos 8 años, la actitud del Estado costarricense con relación a la producción de la piña ha sido sumamente cuestionable. La CIDH oyó este 20 de marzo (en las vísperas de la celebraciones del Día Mundial del Agua) los descargos de las valientes comunidades de Siquirres, quiénes han agotado pacientemente, una tras otra, todas las vías legales existentes para hacer valer su derecho al agua desde el 2007 (derecho consagrado como tal por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica). Dos sentencias de la Sala Constitucional del 2009 (ver nota) que exigían a las entidades recurridas del Estado “que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua” demuestran de manera fehaciente el desinterés del Estado en resolver el problema. Ni que decir de este sector productivo, reacio a reconocer su responsabilidad (y a proceder por ejemplo a la creación de algún mecanismo – fideicomiso, fondo de compensación u otro – para compensar e indemnizar a comunidades afectadas y a particulares), proclive a presentar acciones penales por presunta difamación contra líderes comunales (Nota 8) y poco expresivo en algunas ocasiones en que el periodismo de investigación ha intentado obtener información de su parte (Nota 9). El marco de la demanda se circunscribe únicamente a los efectos en el agua de la contaminación de las empresas piñeras en Siquirres y a la conducta de las autoridades estatales desde el 2007 en esta zona, y no entra a analizar otros aspectos como los brevemente descritos. Pese a ello, es muy probable que otras comunidades afectadas por la expansión piñera desde muchos años, en particular las de la zona Norte de Costa Rica y de otras partes del país (como Buenos Aires de Puntarenas o Chomes), observaron con mucha atención esta audiencia: la sustancias químicas usadas en Siquirres son muy similares a las que se usa en el resto del país para producir la MD-2; además, la capacidad de absorción de los suelos así como la vulnerabilidad de los acuíferos no son peculiaridades propias a la región de Siquirres. Por parte del Estado, no hay mucho que se pueda hacer ante los comisionados en Washington: el mismo Presidente del TAA fue recientemente bastante enfático con relación a la conducta estatal en el caso que se ventilará ante la CIDH: “Vergüenza debe darle todo esto al Estado” (ver artículo de La Nación de septiembre del 2014).
La profunda sensación de impunidad que evidencia el reciente reportaje del Semanario Universidad (Nota 10) y la inoperancia demostrada por el Estado costarricense por hacer valer en la hermosa tierra de Siquirres principios (bastante básicos) como el principio precautorio o el principio “el que contamina paga” constituyen, entre otros, argumentos de peso de difícil refutación que ahora colocan a Costa Rica en una situación extremadamente delicada desde el punto de vista internacional.
Notas ————–
Nota 1: Se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).
Nota 2: Es, por ejemplo, el caso de un pesticida altamente tóxico para los suelos y la salud humana como el Paraquat (ver ficha del 2011 sobre efectos en suelos y en la salud humana disponible aquí). Informes de ONG internacionales habían denunciado los daños a la salud humana de quiénes se ven expuestos a este químico en todo el mundo, incluyendo los operarios de fincas en Costa Rica (ver informe). Luego de una intensa batalla judicial liderada por los países escandinavos, se logró en julio del 2007 que la Directiva de la Comisión de la Unión Europea que permitía su uso fuera anulada por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (ver comunicado de prensa del TPI de la Unión Europea). No obstante, a los meses, una trasnacional operando en Costa Rica adujo que aplicaría la moratoria mundial exigida por la UE en cuanto a su uso en todas sus operaciones en el mundo, con excepción de sus fincas de piña en Costa Rica hasta mediados del 2008, indicando que “… it is discontinuing the use of paraquat in its agricultural operations worldwide by implementing an immediate phase-out program, except in Costa Rica for Dole’s pineapple operations where the targeted phase-out program extends to June 30, 2008” (ver nota de noviembre del 2007). En un comunicado de prensa de octubre del 2007 al que se le añadió una actualización del 2012, se indica que el uso de Paraquat se mantendrá, con la autorización de las autoridades de Costa Rica, para luchar contra la proliferación de la mosca hematófaga que provoca el mal manejo de los rastrojos de la piña: “Update to October 8, 2007 press release (effective November 20, 2012). The Costa Rican government requires growers to take measures to control stable fly infestations. Stable flies are drawn to the moist leaves and other residue left after pineapple harvest, and use of paraquat to dry this residue helps to control these infestations”.
Nota 3: Algunas organizaciones han intentado hacer ver al consumidor lo que no se dice de la piña costarricense: el informe «‘The story behind the pineapples sold on our supermarket shelves: A case study of Costa Rica’ preparado por Consumers International y Bananalink constituye uno de estos intentos. En el 2008, la ONG británica OXFAM de igual manera lideró una campaña contra la comercialización de la piña de Costa Rica en los supermercados de Alemania (ver nota de prensa de La Nación, 2008 y una nota de DW titulada «Explotación laboral en Latinoamérica: Alemania no es inocente» de abril del 2008).
Nota 4: En esta nota de prensa publicada por ElPais.cr se indica que: ”La Casa Presidencial estaría presionando a jueces del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), para que levante la orden de cierre a tres empresas productoras de piña en Los Chiles y Guatuso. De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia, dos jueces abandonaron una gira por la Región Huetar Norte, y fueron llamados de urgencia por altos funcionarios de Casa Presidencial y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet)”.
Nota 5: Véase por ejemplo la nota de prensa titulada por Elpais.cr: “Salud rehuye debate sobre agua potable y contaminación de piñeras en Siquirres” (disponible aquí).
Nota 6: En el informe de prensa (disponible aquí) de la actividad realizada por el TRAGUA en San José a finales del 2013, se incluye el siguiente artículo de ElPais.cr titulado: “Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña”.
Nota 7: Se lee en este reportaje del Semanario Universidad de septiembre del 2011 y titulado “Otra comunidad se resiste a las consecuencias de la expansión piñera” que, en la subnota titulada “Plantación opera junto a Escuela en Caño Negro” la posición de la Ministra de Salud resulta inalcanzable: “Este Semanario intentó conocer la opinión de la Ministra de Salud, Daysi Corrales; sin embargo, no fue posible obtener su posición sobre la denuncia de los habitantes de El Jobo de Caño Negro”.
Nota 8: Fue el caso de Carlos Arguedas, en Siquirres. Leemos en un largo recuento publicado por la FECON (ver nota) que: “El ambientalista y sindicalista Carlos Arguedas fue acusado por una piñera de difamación por haber asegurado que la compañía “contamina el agua y sigue sembrando piña a 50 metros de la naciente”. El juicio se ha suspendido en dos ocasiones (febrero y julio, 2010) y no fue convocado antes de la muerte de Carlos el 31 diciembre del 2010. La demanda interpuesta buscaba 10 millones de colones como reparación por las declaraciones dadas por Arguedas en el Consejo Municipal de Siquirres en febrero del 2009. Ese día, un grupo de vecinos estaba solicitando concretar una moratoria a la siembra de piña en el cantón de Siquirres por la contaminación con agrotóxicos desde el 2007, contaminación que afecta a unas 6 mil personas hasta el día de hoy. Para Carlos Arguedas, esta acción legal “no era más que la intención de la empresa Hacienda Ojo de Agua de salir librada de un daño tan grave que ha hecho a la comunidad.” De igual manera Erlinda Quesada, regidora de Guácimo, fue llevada por los empresarios de Siquirres a los tribunales por denunciar el irrespeto a la legislación ambiental (ver su presentación durante el foro del TRAGUA en noviembre del 2013). Añadamos también (ver nota de Kioscos Ambientales) el caso de cinco regidores de Guácimo: “Tico Verde acusa a los cinco regidores de prevaricato, luego de que la Municipalidad le retirara la patente a su planta empacadora en el 2008. La piñera se encuentra sobre áreas de recarga acuífera en La Perla, parte alta del cantón de Guácimo, donde se ubica la fuente de agua más importante para el abastecimiento público de los cantones de Guácimo y Pococí. Por la importancia del área la Municipalidad decretó una moratoria a la siembra de piña”. En otros casos, son trabajadores de piñeras los que han sido (y posiblemente sigan siendo …) despedidos por participar en protestas comunales, como el caso de Jeffrey López hecho público en el 2009 (ver Subnota” “Perdí mi trabajo por protestar” del artículo” Comunidad exige derecho a tomar agua potable” (Semanario Universidad, Junio 2009). Todas estas demandas por presunta difamación o prevaricato presentadas en Costa Rica por empresas piñeras contra líderes comunales fueron desestimadas después de largos años ante los tribunales penales de Costa Rica, y forman parte de acciones legales a las que recurren con frecuencia empresas, que la doctrina anglosajona denomina SLAPPs (Strategic Legal Action Aainst Public Participation). Sobre este particular, ver este estudio publicado en Canadá al respecto, que las califica de la siguiente manera: “SLAPPs are often threatened or filed with the intent of silencing participation and stifling public debate. SLAPPs function by harassing and intimidating individuals, in essence creating a “chill” in public participation. Defending a SLAPP involves a substantial drain of resources (namely money, energy and time) even if victory on the legal front is assured. The end result is that the suit may not be successful in court, but it has served to delay, silence and harass protestors. Whole communities can often become silenced out of fear of being dragged into a lawsuit”(p. 3). En el caso del proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas, la empresa minera canadiense Infinito Gold presentó acciones penales por presunta difamación contra cinco profesionales en Costa Rica, incluyendo al suscrito. Sus repetidas ausencias a las audiencias nos llevaron a publicar en el año 2012, el siguiente artículo: “Audiencias con el Infinito: ausencias…” De estas cinco demandas de la empresa canadiense, solo dos concluyeron en el 2013, a favor de los demandados. La muerte de Jairo Mora en el 2013 en un playa del Caribe de Costa Rica en la que monitoreaba la llegada de tortugas ha llenado de luto a Costa Rica, y llevó a un especialista costarricense como Alvaro Sagot a preguntarse en un artículo: “¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?”. La polémica decisión de los tribunales de Costa Rica del 2015 sobre este el caso de Jairo Mora ha sido denunciada por el sector ambientalista de Costa Rica. Recientemente The Guardian usó, con relación a esta decisión, el siguiente titular: “Conservationist murders threaten Costa Rica’s eco-friendly reputation” (ver artículo del 19/03/2015).
Nota 9: Por ejemplo, se lee en el artículo titulado “Comunidad exige cierre de piñera en Guácimo” (Semanario Universidad, octubre del 2007) que “Se intentó conocer el criterio de la empresa Agroindustrial Tico Verde S.A., pero durante la visita a la finca se informó que su administrador y representante, Federico Aguilar, no se encontraba. Posteriormente se le trató de entrevistar por teléfono, pero indicó que respondería las consultas por correo electrónico; sin embargo, al cierre de esta edición (lunes 22) no había contestado”. De similar manera, se lee que “UNIVERSIDAD se contactó con a la empresa Upala Agrícola, donde se indicó que dirigiendo un correo electrónico a Estíbaliz Rodríguez se evacuarían las dudas relacionadas con el tema, sin embargo al cierre de edición no se obtuvo respuesta” en el reportaje “Diez piñeras acumulan ¢276 millones de deuda con la Caja” (Semanario Universidad, agosto del 2012). Esta misma actitud ante la prensa se desprende a la lectura del artículo “Vecinos de la Perla de Guácimo están molestos por sentencia leve contra piñera que contaminó” (Semanario Universidad, febrero 2013) en el cual se recoge que : “Se intentó recoger el criterio tanto de Alfonso Sancho, presiente de la Sociedad Agroindustrial Tico Verde S.A., así como de Abel Chaves, presidente de la Canapep; sin embargo, al cierre de la edición no se recibió respuesta”. Se lee en el artículo titulado “Milano de Siquirres sigue esperando un acueducto ocho años después” (Semanario Universidad, marzo del 2015) que: “UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de dicha empresa sobre la situación actual de las comunidades afectadas por la contaminación del agua con Bromacil, para lo cual se enviaron por correo electrónico una serie de preguntas al director de relaciones corporativas, Luis Enrique Gómez, luego de intentar localizarlo por teléfono. Las preguntas enviadas, y no contestadas al cierre de esta edición son las siguientes: 1. Los últimos análisis de aguas realizados a la naciente y acueducto de Milano de Siquirres, realizadas por el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica el año anterior, revelan una «presencia constante» del químico bromacil en el agua, aún 8 años después de los incidentes que obligaron a limitar el consumo de agua en la Asada de esta comunidad. ¿Aún aplica su empresa el químico bromacil en la finca La Babilonia?, ¿cómo se puede explicar la presencia aún del químico en el agua? 2. ¿Ha colaborado la empresa en las labores de saneamiento de las fuentes de agua contaminadas? ¿Pagó la empresa por los daños ambientales causados? ¿Piensa la empresa compensar a las comunidades afectadas de alguna forma? ¿Qué responsabilidades asume la empresa por este caso, que ahora será expuesto por las comunidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?”
Nota 10: Nos referimos a la edición del 11 de marzo del 2015 que incluye los siguientes reportajes, muy completos sobre el caso en discusión: “Milano de Siquirres sigue esperando un acueducto ocho años después” (disponible aquí) y “Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!” (disponible aquí).
(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Los ingenieros Agudelo y Romero de SENARA en relación con la problemática hídrica de los acuíferos costeros mencionados arriba, expresan que: “A solicitud de la Junta Directiva (Acuerdo 4864 del 17-11-2014), se presenta el siguiente análisis técnico sobre la situación del recurso hídrico subterráneo. Se enfoca el análisis en el comportamiento de los niveles de agua de los acuíferos Potrero – Caimital en el cantón de Nicoya y Huacas – Tamarindo en el Cantón de Santa Cruz ambos en la provincia de Guanacaste, a razón de analizar la situación de dichos acuíferos frente a la disminución de la precipitación en el año 2014 en la Provincia de Guanacaste y que dieron pie a la Declaratoria de Estado de Emergencia dada por la Presidencia de la República del 30 de setiembre del 2014.”
El estudio de los ingenieros de SENARA, ordena lo siguiente –el subrayado no es del original-:
-Comunicar a la Dirección de Aguas del MINAE órgano encargado de otorgar las concesiones de agua, que, en vista de las condiciones de sequía actual y las condiciones actuales de la sobreexplotación del acuífero evidenciado en los últimos cuatro años del periodo de monitoreo del Acuífero Huacas Tamarindo, no es técnicamente posible aumentar la explotación de este acuífero por medio de pozos (pozos nuevos o aumento en los caudales actuales), impedimento que se mantendrá hasta tanto se demuestre con estudios técnicos de manejo sostenible de acuíferos que la situación actual haya cambiado de manera que sea posible incrementar la explotación actual, sin riesgo de caer nuevamente en sobreexplotación.
-Comunicar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que en relación con el campo de pozos Refundores y de conformidad con el estudio técnico realizado por el SENARA contenido en oficio número DIGH-UGH-OF-125-2013 y la información contenida en el presente estudio, dicho campo de pozos presenta la siguiente situación técnica: explotación cercana al estero Tamarindo con niveles por de explotación por debajo del nivel del mar, alta explotación en dicho sector que ha ocasionado la inversión del gradiente hidráulico contaminando el acuífero y disminuyendo el aporte de agua a dicho estero, con riesgo de causar la salinización del acuífero y del estero.
-Comunicar a La Municipalidad de Santa Cruz, Ministerio de Ambiente y Energía, SINAC y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que deben coordinar con SENARA las acciones que estén realizando o pretendan realizar en los acuíferos Potrero, Brasilito, Huacas-Tamarindo y Nimboyores en Santa Cruz, dado que el SENARA está desarrollando el Plan de Aprovechamiento Sostenible de estos acuíferos (PAS) con el fin de crear los instrumentos técnicos y legales que permita mitigar y revertir los efectos de la sobreexplotación y desarrollo inmobiliario y turístico, a los que están sometidos los acuíferos costeros.
-Comunicar al Ministerio de Agricultura y Ganadería que el área geográfica que se indica en el mapa del anexo 7 presenta la siguiente condición: Según los resultados del monitoreo, el agua de riego podría estar generando una recarga inducida al acuífero Potrero Caimital con un posible riesgo de contaminación a este, además, se ha registrado en estudios anteriores, la existencia de actividad pecuaria en zonas de alta vulnerabilidad y de recarga al acuífero, además de lo anterior existen fuentes de abastecimiento público cercanas a las zonas de cultivo y de la actividad pecuaria. En razón de lo anterior se recomienda al Ministerio promover en dicha área la aplicación de protocolos de buenas prácticas agrícolas para evitar posibles contaminaciones al acuífero Potrero Caimital.
El estudio no determina las causas de la tragedia hídrica de estos acuíferos. Más bien determina con detalle los factores de cambio climático que ponen en alarma la gestión de recurso hídrico en la zona costera. Los informes de la Contraloría General de la República, destacan las carencias de políticas que ha llevado al desastre del manejo hídrico:
a. Informe Nro DFO-PGAA-2009 del 17 de julio del 2009. Informe sobre la gestión de las aguas subterráneas en las zonas costeras. Destaca el informe: “Las entidades estatales muestran una gestión desintegrada que no promueve necesariamente la preservación y protección de los sistemas acuíferos que suministran el recurso hídrico que han requerido los usuarios. Los resultados pueden resumirse en:
-Debilidades en el establecimiento de medidas administrativas que restringen el otorgamiento de permisos para la perforación de pozos y las concesiones para el aprovechamiento de aguas.
-Debilidades en el proceso para tramitar permisos para la perforación y la exploración de aguas subterráneas en zonas costeras.
-Deficiencias en el control y seguimiento sobre las concesiones para el aprovechamiento de aguas y el cobro del canon respectivo.
-Descoordinación de actividades para el control de los pozos administrados, tanto por el AyA como por las Asadas en las zonas costeras.”
b. INFORME Nro. DFOE-AE-IF-01-2013. 15 de febrero, 2013. Informe acerca de la Eficacia del Estado para Garantizar la Calidad del Agua en sus Diferentes Usos. Para resaltar en lo referente al deber de la conservación de cuencas el citado informe dice: “Es débil la implementación de mecanismos que garanticen la conservación y recuperación de los cuerpos de agua. Se encontró que las áreas de protección de los ríos Tempisque, Tárcoles, Térraba y Reventazón, seleccionados por su representatividad para el país, cuentan con cobertura forestal únicamente en un 54%.”
Sumamos a esta situación las enormes deficiencias que tienen las municipalidades costeras para realizar planes de ordenamiento territorial costero, que puedan no solamente el territorio local, sino también el mar y su biodiversidad.
Instituto de Oceanología de Costa Rica, 5 de marzo 2015.
El citado estudio de SENARA tiene como nombre: Monitoreo de los Acuíferos “Huacas -Tamarindo y Potrero – Caimital”, DEL 30 DE ENERO DEL 2015. Realizado por Geóloga Clara Agudelo Arango y Ing. Carlos Romero F.
Comunicado de prensa de las Asadas y comunidades de la zona costera de Santa Cruz Guanacaste
Tubos de la empresa Desarrollos Hoteleros de Guanacaste (Reserva Conchal).
Los distritos costeros de Santa Cruz Guanacaste cuentan con un importante acuífero que se le conoce como el acuífero del Nimboyores.
En los principios del los años 2000, la empresa Desarrollos Hoteleros de Guanacaste había solicitado un permiso de explotación de cuatro pozos en la citada cuenca. La concesión solicitada por la empresa era para la extracción de un caudal de 60 l/s distribuidos en los cuatro pozos perforados por la empresa en el acuífero Nimboyores. Estos pozos serían destinados para fines turísticos, riego, restaurantes y piscinas.
La comunidad local y nacional presentaron una firme oposición a la explotación del agua de la Cuenca del Nimboyores; pues se ha considerado la única reserva de agua de la zona costera de Santa Cruz Guanacaste. La improvisación institucional y empresarial parecía ser olvidada en el tiempo.
En el año 2014, nuevamente sonaron las campanas de explotación del acuífero y la utilización de la infraestructura, ilegalmente construida.
Funcionarios del AYA, acompañados de varias figuras políticas se hicieron presentes en Lorena de Santa Cruz Guanacaste el 8 de setiembre del 2014, más de 150 vehículos llenaron las calles de esa abandonada localidad rural. El propósito de la reunión era oficializar la explotación del agua. Vecinos, comunidad local costera y comunidad nacional se opusieron en forma férrea al logro del indigno objetivo.
El 16 de diciembre del 2014, a espaldas de las comunidades, la junta directiva del AYA aprobó un pacto entre esta entidad y la Reserva Conchal denominado “Convenio de cooperación pública privada para la dotación de agua para consumo humano para la zona costera de Santa Cruz Guanacaste, entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Reserva Conchal S.A y Desarrollos Hoteleros S.A”.
Amparados en este pacto, autoridades y empresarios van a iniciar la extracción y la explotación de agua del acuífero Nimboyores el 1 de febrero del 2015.
Nuevamente en este mes de enero del 2015, se levanta la voz de las comunidades costeras de Santa Cruz Guanacaste. Manifestamos a la opinión pública costarricense e internacional la oposición a la explotación desmedida, irracional y brutal de los recursos hídricos subterráneos para favorecer solamente intereses leoninos y en detrimento de los recursos naturales nacionales y comunales.
Decimos ¡basta ya! a la entrega y explotación de nuestras riquezas naturales, para favorecer los más mezquinos intereses de unos pocos. Hacemos un llamado a las autoridades y funcionarios para que respeten y cumplan los principios constitucionales y legales. No más abusos y mentiras para extraer el agua.
Mi madre me llama por teléfono. «Ya tenemos menú para estas fiestas navideñas», anuncia. Al lado de los clásicos, en Catalunya, como la sopa de galets, versión vegetariana en mi caso, y los canalones, con y sin carne para toda la familia, me dice que «la ensalada de piña no fallará». Así sucederá también en muchos otros hogares estos próximos días. Al bacalao con coliflor típico de la Navidad gallega o a los caracoles a la montañesa de Cantabria se sumarán la piña llegada de Costa Rica y los langostinos de Ecuador.
El menú de Navidad se ha globalizado. Si antes, nuestros platos tradicionales estaban ligados a lo que nos daba la tierra, de aquí que la gastronomía de cada uno de los territorios del Estado tenga sus propios matices, en la actualidad los alimentos viajeros, en fiestas navideñas y los 365 días al año, han «inundado» las cocinas.
Incorporar alimentos foráneos a la dieta no tiene nada de malo, al contrario. El problema, a mi entender, reside en cuando la integración de estos platos al menú responde más a los intereses de un puñado de multinacionales del sector, que consiguen dichos productos a un precio extremadamente bajo a partir de la explotación laboral y medioambiental, que a nuestro afán por la diversidad culinaria.
El caso de la piña y los langostinos, antes citados, no deja lugar a dudas. La mayor parte de la piña que vamos a consumir estos días de fiesta nos llega de Costa Rica. En concreto, tres cuartas partes de las que se comercializan en Europa proceden de este país, que ha doblado su producción en tan solo quince años, en manos de dos grandes multinacionales estadounidenses Del Monte y Dole. Tras tan «preciado» fruto, sin embargo, se esconde un rastro de explotación laboral y contaminación medioambiental.
Muchos de sus trabajadores, entre un 60% y un 90% en función de la región, son inmigrantes nicaragüenses, la mayoría sin papeles, que trabajan entre seis o siete días a la semana, doce horas diarias, por salarios de miseria que apenas les dan para sobrevivir. Los casos de contaminación por inhalación de sustancias tóxicas aplicadas en las plantaciones son frecuentes y la persecución sindical una constante.
Se calcula que el cultivo intensivo de piña necesita hasta 20 kilos de pesticidas por hectárea, con la consiguiente esterilización del suelo, pérdida de biodiversidad e impacto en la salud humana. Se trata de agrotóxicos legales en Costa Rica pero de lo más controvertidos a escala mundial, como indica el excelente documental Piñas: el precio oculto de la fruta tropical de la periodista Felicity Lawrence. Como concluye el film: «Cuanto menos paga el consumidor en Europa, mayor es el precio que tiene que pagar Costa Rica».
Con los langostinos «navideños», llegados de países tropicales como Ecuador, Honduras, Tailandia o Vietnam, se repite la historia. Su captura en alta mar, utilizando técnicas de arrastre, acaba con los fondos marinos y su «cultivo» en pscifactorías provoca la deforestación de bosques, contaminación de acuíferos y desaparición de ecosistemas costeros de alto valor como son los manglares. Su producción, asimismo, incluye el uso sistemático de productos químicos y antibióticos, para garantizar un «aspecto inmejorable», como nos lo cuenta el vídeo de Ecologistas en Acción: Langostinos fuera del plato. Nosotros, los comemos alegremente.
Los alimentos kilométricos sin embargo no aparecen solo en la mesa en Navidad, durante todo el año muchos productos de aquí son sustituidos por otros de «viajeros» con largas distancias a sus espaldas: naranjas de Sudáfrica, garbanzos de Marruecos, manzanas de Chile, espárragos de Perú. Y lo mismo les sucede a los países del Sur con mercados saturados por alimentos subvencionados de multinacionales europeas o norteamericanas. ¿Por qué? La deslocalización agroalimentaria, promovida por las grandes empresas del sector en búsqueda de unos costes de producción bajísimos a costa de explotar derechos laborales y medioambientales, y unas subvenciones agrarias, como la PAC y la Farm Bill, en manos de la agroindustria lo explican.
En Navidad, nosotros escogemos si hay justicia o no en el plato.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Enviado a SURCOS Digital por Isabel Ducca Durán. Publicado originalmente en Público.es
