Se encuentra en la Comisión de Ambiente el Proyecto de Ley 23.895 denominado: Ley de Reforma del Artículo 1 del Decreto Ley no. 65 del 30 de julio de 1888, y la Creación de la Zona de Protección de los Mantos Acuíferos Barva, Colima1, Colima y Acuíferos Inferiores”.
Este proyecto, presentado por el diputado Horacio Alvarado, es un reciclado de un proyecto presentado en la anterior legislatura por su hermano, el exdiputado William Alvarado.
El objetivo del proyecto no favorece el recurso hídrico de los habitantes de la zona del norte de Heredia y en general de los habitantes del Valle Central. Se pretende entregar más de 1000 hectáreas a poseedores ilegítimos de terrenos que hoy son PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Estos terrenos adquirieron esta categoría al declararse inalienables desde el 30 de julio de 1888 por medio de la Ley 65.
Hoy en día, gracias a la Ley 65, los terrenos de la zona inalienable tienen una protección absoluta, donde no debería permitirse que particulares posean esos terrenos, ni lleven a cabo actividad alguna. Esto es fundamental para salvaguardar el agua de los acuíferos del Valle Central, de los cuales dependen más del 60% de los habitantes de esta zona para suplirse de agua, acuíferos que se recarga en las montañas heredianas.
Además de la importante que reviste la zona inalienable para los acuíferos del Valle Central, en esta zona se originan las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará. Estos ríos son fuentes vitales de agua superficial para miles de habitantes, especialmente de las partes altas de los cantones heredianos.
La protección absoluta y el carácter demanial que tienen esos terrenos ha sido ratificada por la Sala Constitucional en varios votos, ordenando por tanto al MINAE, que recupere los terrenos de la zona inalienable que están en manos de particulares (Resolución 2008-12109 y 2023-017109)
Es importante destacar que la zona inalienable no necesita una nueva declaración como zona de protección de los mantos acuíferos, ya que ya la tiene de manera absoluta o total. Esto es gracias a la visión de nuestros antepasados del siglo XIX, quienes otorgaron la categoría de inalienabilidad en 1888 para proteger el agua de los habitantes del Valle Central.
Sería deseable que la iniciativa del diputado Horacio Alvarado tuviera como objetivo influir en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y las municipalidades para que respeten la Ley 65 y cumplan con las decisiones de la Sala Constitucional mencionadas anteriormente. Esto garantizaría la protección del recurso hídrico tanto para los habitantes actuales como para las generaciones futuras. Sin embargo, en lugar de eso, el diputado busca reducir la protección legal existente. Si su proyecto se aprueba, se permitirían actividades en buena parte de la zona inalienable, y el MINAE, institución que ha quedado debiendo en cuanto a proteger el ambiente, sería el encargado de determinar qué actividades se permitirían. Esto representa una violación al principio de progresividad y regresividad en materia ambiental. Es crucial mantener la integridad de estos terrenos, que han sido declarados inalienables desde 1888, para preservar el recurso hídrico vital para el Valle Central.
Además, el proyecto de Alvarado carece de un estudio técnico que analice y determine la posibilidad de reducir la protección de la zona inalienable. Esto viola el principio de objetivación de la tutela ambiental, como lo señalaron tanto la Procuraduría General de la República como la Contraloría cuando se presentó el proyecto en la pasada legislatura.
El pasado miércoles 29 de marzo, el proyecto de radio “Voces y Política” estrenó un programa titulado “Agua, lucha y justicia ambiental en el corazón del Caribe”, con la participación de Flory Salazar Vargas, docente de Trabajo Social.
Según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, la región sur de la ruta 32, la cual va desde el cruce de Río Frío hasta Siquirres, es la segunda región que produce más agua del país y que representa una futura reserva estratégica.
Además, entre las luchas sociales más importantes se encuentran las de Guácimo, Pococí y Siquirres que han estado ligadas a la defensa de esta zona, clave para la continuidad del abastecimiento del recurso hídrico. Por ello, las municipalidades han emitido planes reguladores y distintas formas de protección destinadas a estas áreas.
De igual forma, el Poder Ejecutivo ha emitido tres decretos para la protección de esta zona: dos de ellos asociados a la creación de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, y el otro a la zona protectora de los acuíferos de Guácimo y Pococí. También existe un proyecto para declarar estos últimos como ley, y no solo como decreto.
En este sentido, tal como comenta la docente Flory Salazar Vargas, la Escuela de Trabajo Social en conjunto con el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, tiene distintos proyectos comunitarios en la Ruta del Agua.
Se trata de una zona que depende del monocultivo con pocas posibilidades laborales y, además, representa una zona de mucha migración tanto interna como externa de personas que buscan mejores condiciones de vida.
Como parte de los diversos objetivos del trabajo dirigido al Caribe Norte, se encuentran la educación ambiental, el desarrollo de capacitaciones solicitadas por las comunidades y la generación de diagnósticos. Es importante mencionar que las condiciones de virtualidad provocadas por el COVID-19, permitieron la extensión de los distintos proyectos hacia otros territorios y, por tanto, aumentaron la cobertura de la población beneficiada.
Otra de las líneas desarrolladas ha sido el trabajo con Asadas sobre sus necesidades directas de capacitaciones, derechos laborales y sobre cómo poner denuncias ambientales. Según Salazar, las asadas han sido primordiales en la defensa del agua.
Asimismo, la Ruta del Agua nació como esfuerzo conjunto por parte de distintos actores interinstitucionales (como el MINAE y la UCR, Recinto de Guápiles) y organizaciones comunitarias (por ejemplo, el Consejo Local del Agua), que busca articular los diversos proyectos dentro de la zona y donde una de sus preocupaciones principales es la conservación del recurso hídrico.
En Argentina de Pocora de Guácimo, se encuentran las fincas agro-ecoturísticas donde se pueden visitar ríos y cascadas, pero también que facilitan talleres, siembran alimentos y procesan cultivos, los cuales pueden ser adquiridos por las personas que los visiten. La intención de los talleres es educativa, además del consumo de los productos elaborados en la zona.
Estas comunidades apuntan a un turismo de aproximación dirigido a población local y nacional, y no a una población masiva, es decir, que se trata de un turismo comunitario donde las fincas no dependan de una sola actividad (concepto contrario al monocultivo).
Este tipo de turismo enfocado en la localidad permite la construcción de la identidad comunitaria y abre la posibilidad de sentirse vinculado al entorno y que, por tanto, la comunidad quiera luchar por preservar los bienes comunes: se trata de una organización comunitaria que vela por el bienestar individual y el bienestar colectivo.
Por otro lado, una línea fundamental de trabajo que las estudiantes de Trabajo Social han llevado a cabo con las comunidades ha sido la gestión comunal del agua en las asadas de la zona Norte (ya que cada zona tiene distintas dinámicas y condiciones de vida). Una de dichas asadas es la de Barrio del Bosque, donde el trabajo se ha enfocado en descubrir cómo las personas se involucran con la conservación del agua.
Es importante mencionar que, anudado a esto, las estudiantes han identificado otras necesidades de la población que responden al abandono estatal de la zona y que necesitan ser abordadas desde una perspectiva ecosocial, como la repitencia y la exclusión educativa en la niñez.
Como parte de los desafíos que enfrenta tanto el trabajo comunal universitario y las comunidades con las cuales se trabaja, es el constante ataque en contra de la Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Otro reto significativo que menciona la docente es la necesidad de comprensión y sensibilidad por parte de la Escuela de Trabajo Social y la Universidad en general, de la importancia del aporte de este tipo de proyectos para con las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
La información sobre los distintos proyectos de agro-ecoturismo del Caribe Norte pueden encontrarlo en los siguientes enlaces:
SURCOS recibió de FECOU la siguiente convocatoria:
Fecha: Viernes 11 de marzo Hora: 5:30pm Lugar: Boulevar de las Instalaciones Deportivas de la Sede Rodrigo Facio, frente a la construcción de la OBS
Ante la destrucción del acuífero que da vida a la naciente de la quebrada La Cangreja y los ecosistemas de Finca 3, debido al crecimiento urbanístico social y ambientalmente irresponsable de la Universidad de Costa Rica: Vigilia por los ecosistemas de Finca 3
SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado por Salvemos la Naturaleza de las Instalaciones deportivas de la UCR
– Fondos públicos en riesgo
– Costos de la obra inflándose cada vez más
– Destrucción y contaminación de la naturaleza cada vez mayor (Acuífero y la naciente y quebrada entubada asociada, árboles y vegetación, y más).
La «obra» civil tenía más de una semana paralizada, y hoy están retomando la construcción y drenando de nuevo el acuífero. Increíble, pese a que es evidente a todas luces de la ruptura y drenaje de una acuífero, en este caso un delito ambiental, acusado en las autoridades pertinentes sin que aún suceda nada, y con nefastas consecuencias que describimos seguidamente.
Hoy tienen una bomba de alta frecuencia con un gran tubo succionando toda esta agua del acuífero.
LAS SECUELAS DE SEGUIR DRENANDO ESTE ACUÍFERO SERÁN NEFASTAS PARA TODOS LOS ÁRBOLES Y VEGETACIÓN CIRCUNDANTE, DEJANDO SUS RAICES SIN AGUA, SOBRE CUANDO QUE-DAN AÚN DOS MESES DE SEQUÍA POR DELANTE, tiempo durante el cual toda esta exuberante vegetación circundante sobrevive justamente gracias a este acuífero que alimenta sus raíces, aunque no llueva durante 6 largos meses… ES INCOMPRENSIBLE EL NIVEL DE IRRESPONSABILIDAD y de OSADÍA AL QUE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS LLEGARON CON ESTE CASO.
CLARO, CUANDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS NO SALEN DEL BOLSILLO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA UCR A CARGO DE ESTO, Y QUE SABEN QUE SUS PLAZAS SON FIJAS Y CASI INTOCABLES, PARECE NO TEMBLARLES EL PULSO. NO PARECE IMPORTARLES LAS SECUELAS QUE ESTO TENDRÁ EN LA NATURALEZA DEL ENTORNO, la cual es vital para miles de especies, vital para la supervivencia de la quebrada, única fuente de agua potable todo el año para la fauna silvestre, y cuerpo de agua pura para el Corredor Biológico del río Torres.
Llegaron al extremo de indicar en el oficio OEPI-221-2022 de la UCR, que ese montón de agua subterránea que se observa en el video no es acuífero sino “nivel freático colgado”. Pero al público lector debe quedarle claro que un nivel freático colgado justamente indica el nivel más alto al que llega el agua de un acuífero colgado. Un acuífero colgado es un tipo de acuífero que tiene igual grado de protección que cualquier otro acuífero. Que sea un acuífero colgado, somero o superficial, NO lo hace menos importante. Más bien son éstos los acuíferos que dan vida a gran cantidad de nacientes y quebradas del planeta, incluida la quebradita entubada de la Finca 3, que está captada muy cerca de la construcción, y que continúa dando agua a pesar del drenaje intensivo que ha hizo la constructora a este acuífero por más de 4 semanas seguidas, y que hoy están retomando, ahora con un sistema de bombeo de muchas más revoluciones y mucha mayor potencia, según los videos que compartiremos. Al paso que empezaron esta mañana, probablemente sequen esa maravilla de agua freática en cuestión de horas. En tiempos de lluvia el acuífero comenzará a rellenarse poco a poco, y este nivel freático observable en el video y fotos de anteriores publicaciones, llegará mucho más arriba, teniendo un edificio con cimientos sumergidos en agua a niveles preocupantes.
La cantidad de tergiversaciones y manipulación de la verdad y de la ciencia, alrededor de este caso, por parte de diversas autoridades públicas, ha sido de verdad de cuento de terror. Iremos publicándolas, así que les pedimos seguir por acá en sintonía.
El 3 de mayo se resolvió en favor de la conservación y la protección un juicio de 17 años, contra un señor que se había apropiado de una finca de 32 hectáreas en el Chayote.
Un proceso que inició en junio del 2004 donde la Municipalidad de Naranjo compró una finca en el Chayote y en el momento de la compra un señor se posicionó de una parte del terreno, ese proceso lo inició la Municipalidad en ese momento acompañado de Fedapro Costa Rica (Federación de Acueductos de la Zona Protectora del Chayote), posteriormente la municipalidad deja ese proceso abandonado y es Manuel Montoya Carranza como Presidente de Fedapro, junto a varios compañeros que acompañaron el proceso de la Comisión para la defensa de la Zona Protectora del Chayote.
Fueron muchos años y se ganó dicho caso y son 32 hectáreas que deben ser utilizadas para la Conservación y Protección. El día de ayer se dio la sentencia (que ya había ido a casación y en las tres instancias se ganó) queda en firme y que el señor debe abandonar en cinco días dicha propiedad y que la Municipalidad de Naranjo haga el depósito y recibir oficialmente el terreno. Queda en manos de nuestro gobierno local cumplir con lo establecido en su momento y ojalá se pueda iniciar un buen proyecto de Reforestación por parte del departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad, seguro estoy que con buena difusión muchas personas pueden participar en dicho proyecto.
Es momento de buenas noticias en bien de nuestra querida Zona Protectora del Chayote y esperando que el Concejo Municipal de Naranjo y la oficina del señor alcalde Juan Luis Chaves realicen con la mayor rapidez el trámite en el Banco para que ese terreno pase ya a manos del pueblo de Naranjo y que se pueda proteger nuestro mayor tesoro que es la Zona de recarga acuífera de los acueductos de Naranjo.
«¡DIGAMOS NO A LA NUEVA «LEY DE AGUAS», DE PAOLA VEGA!
Porque pese a la trascendencia que tiene una nueva Ley de Aguas, este proyecto ha sido tramitado DE ESPALDAS A LOS HABITANTES, a pesar de que sustituye sin justificaciones expresas, la magnífica Ley de Aguas que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la cual, en virtud de sustanciales actualizaciones, ha abierto el camino a la incorporación en la normativa legal costarricense, a que el acceso al agua, como bien demanial, en cantidad y calidad adecuadas, sea un Derecho Humano. La precipitación en su trámite no ha permitido incluso, que la gran mayoría de los señores diputados hayan tenido la oportunidad de conocer sus detalles técnicos, y mucho menos debatir sobre ellos como es su responsabilidad. Ello, pese a que es quizá el proyecto de ley MÁS IMPORTANTE que jamás habrían de decidir.
Porque la excelente Ley de Aguas, legado del Dr. Calderón Guardia, que quieren enterrar, es tan VISIONARIA que ha servido de sustento a decenas de normas incluidas en la Constitución Política de Costa Rica, leyes, códigos, matrices de protección de acuíferos, legislación ambiental, normativa ambiental sobre la contaminación de las aguas, SENARA, ARESEP, etcétera. Por lo tanto, ES UNA MENTIRA decir que la actual ley de aguas es una ley vieja, cuando esta ha demostrado poder actualizarse y mantener el marco jurídico vital que garantiza el derecho al acceso al agua potable.
Porque los muy valiosos e insustituibles ACUÍFEROS SUBTERRÁNEO, hoy bajo la tutela técnica y profesional del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), quedarían a disposición de un incompetente órgano político, ubicado en el Ministerio de Ambiente. «Dirección de Agua» (a la que simplemente se le cambia el nombre) cuya jerarquía activamente se ha opuesto, a las regulaciones de protección de los acuíferos subterráneos, además formalizadas en atención a resoluciones de la Sala Constitucional. Y es tan evidente la intención de erosionar las funciones de manejo, protección y conservación de las aguas subterráneas, que hasta del nombre del SENARA se elimina cualquier referencia a tan vital área. Así, la REGRESIÓN AMBIENTAL es de tal magnitud, que más allá de la ilegalidad, ha de preocupar infinitamente, las consecuencias de tan insensible e irracional regresión ambiental.
Porque los que pretenden dejar sin protección los invaluables, ¡y a la vez vulnerables!, acuíferos subterráneos, olvidan que, ante la vergonzosa contaminación de nuestros ríos, en extensas regiones del país, así como la sequía que sufren en verano por la disminución de sus zonas de proyección, sus habitantes tienen cifradas sus esperanzas de abastecimiento del líquido vital en las aguas subterráneas. Importante valorar que desde el SENARA se han identificado 58 ACUÍFEROS, costeros, volcánicos y sedimentarios continentales, de los que se nutren más de 17.000 POZOS concesionados en las cuencas del Tárcoles (39%), península de Nicoya (17%), Tempisque (14,4%), Reventazón (5,5%) y Jesús María (3%). Sin embargo, en lugar de proponer un fortalecimiento institucional del SENARA, se busca su degradación.
Porque acorde con la perversa tendencia privatizadora del que llaman «manejo integrado público-privado», se propone la obligación (!) de CREAR SOCIEDADES AGRÍCOLAS como requisito para optar a concesiones de agua para agricultura. Verdaderos órganos privados que habría que inscribir en el Ministerio de Ambiente, formados cada uno por la asociación de cinco dueños de fincas. Aquellos PEQUEÑOS AGRICULTORES que por las más diversas razones no pudieren reunirse en esas muy particulares sociedades, NO podrían obtener concesiones de agua para la atención de sus necesidades. Esto es una privatización del agua de manera solapada.
Porque con no muy sanas intenciones, se amplían indebidamente las condiciones a los derechos de disponer libremente de «agua para uso doméstico», mediante pozos para una casa de habitación o un núcleo familiar, hacia ¡FINCAS DE HASTA 35 HECTÁREAS! O sea, se les otorga a empresarios agropecuarios con fincas de grandes extensiones, permisos previos, sin requisitos, para perforar pozos cual si se tratara para atender las necesidades de una pequeña familia. Otro ejemplo de privatización solapada en un uso doméstico para “pequeñas familias” que viven en “pequeñas” fincas de 35 hectáreas.
Porque se sigue negando la razonable restricción propuesta en su oportunidad, de prohibir la EXPORTACIÓN DE AGUA ENVASADA, desde lugares donde existen comunidades expuestas a periodos, a veces muy largos, de ESCASEZ de agua potable, que sufren así del incumplimiento del acceso al agua en cantidad y calidad, como un DERECHO HUMANO. Tampoco se vislumbra esta prohibición en situaciones de emergencia nacional como lo puede ser una sequía, una pandemia, un problema de salud nacional, contaminación o agotamiento de acuíferos, y otras situaciones adicionales que la lógica de subsistencia, nos dice que es contradictorio exportar agua mientras a lo interno morimos de sed.
Porque es incorrecto siquiera decir, que este proyecto de nueva Ley de Aguas es imprescindible para sustentar la reciente REFORMA CONSTITUCIONAL sobre la materia, y para que el AyA pueda cumplir eficientemente su deber. El que por fugas desde las cañerías del AyA se pierda agua ¡PARA MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS!, el imperdonable rezago en la construcción del proyecto de abastecimiento Orosi II, el costoso fracaso del proyecto de alcantarillado sanitario del área metropolitana, la desvinculación histórica con las asadas, etcétera, son deficiencias de gestión institucional que NO tienen nada que ver con obstáculos que pudiere tener la magnífica Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia.
Porque al eliminar de las funciones del AyA el ejercer «LA GOBERNABILIDAD» del más importante recurso demanial con que contamos los costarricenses, ¡sin determinar A QUIÉN corresponde esa fundamental función!, coloca al agua en una situación de gran VULNERABILIDAD para su manejo Estatal, frente a crecientes amenazas privatizadoras.
Porque al borrar del AyA la función de «ALCANTARILLADOS», sin determinar con claridad a quién se le encarga, crea un previsible CAOS interinstitucional de inimaginables consecuencias en la función cotidiana de las zonas urbanas, principalmente.
Porque lejos de promover la INCORPORACIÓN COMUNITARIA en el uso sostenible y fiscalización del agua como recurso invaluable de dominio público, más bien contiene evidentes RETROCESOS en este tipo de gestión deseable.
Porque desdeña algunas de las AMENAZAS más preocupantes que en la actualidad penden sobre el agua, como lo son la contaminación, la sobreexplotación, las tomas ilegales y la escasa protección de las fuentes, cual si fuere un recurso inagotable.
Porque a las de por sí desdeñadas ASADAS, que hoy abastecen con agua potable A MÁS DEL 50% DE LAS PERSONAS, se les impone impuestos indebidos bajo la engañosa expresión de «cánones», dificultando aún más su voluntaria gestión.
Porque el ICE y otras empresas menores públicas y privadas de generación hidroeléctrica, se verían obligadas a pagar un irracional e inconsulto IMPUESTO por el uso del agua en sus proyectos, lo cual encarecerá los costos de la generación eléctrica y golpeará de nuevo a los hogares y al sector productivo del país.
Porque nada es por casualidad, pues se siguen lineamientos de entes internacionales con grandes intereses en el comercio del agua, como la GWP-Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua, los Foros Internacionales del Agua, ¡todos con vínculos nacionales!, que ven al agua como UN BIEN ECONÓMICO Y NO COMO UN BIEN SOCIAL de carácter demanial».
(5/5/2020.) Hoy en el contexto de la Crisis Sanitaria el ministro Renato Alvarado pierde el apoyo de quienes incluso le han dictado y redactado decretos ejecutivos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y porqué se rompió la alianza los agroindustriales y ministro?
Para tratar de responder a lo anterior debemos comprender que la agenda de uno y otro no son muy distintas, que convergen siempre en las mismas cosas: la defensa de la expansión piñera; la introducción de los agrotóxicos sin análisis eco-toxicológicos previos; la impunidad para la explotación laboral de peones agrícolas nacionales y migrantes; el ocultamiento de los casos de contaminación agrovenenos de acuíferos; una injusta amnistía fiscal para el agronegocio; la certificación y privatización de semillas; la ilegalización del uso de semillas criollas, entre otros.
Los gremios más radicales, defensores de neoliberalismo se enojaron cuando vieron a su ministro aliado diciendo por redes sociales que los tratados de libre comercio (TLCs) han llevado a la quiebra a la agricultura campesina nacional. Los dueños del agronegocio, contaminante y explotador, no tardaron en salir a la prensa a gritar aireadamente contra Renato Alvarado por recordar algo que se sabe desde hace muchos años: las reformas neoliberales han destrozado la agricultura y tienen al país al borde de una crisis alimentaria. Habría que agregar que este régimen económico ha beneficiado a muy pocos, puntualmente se sabe que en Costa Rica solo 10 empresas agro-exportadoras se llevan el 66,5% de todos los ingresos por la venta de productos frescos en el exterior.
Hay que señalar además que Renato Alvarado (hoy ministro de Agricultura) fue no hace mucho vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); gremio que hoy pide su cabeza como jerarca del MAG.
También hay que decir que Juan Rafael Lizano (actual presidente de la CNAA), fue exministro de Agricultura y Ganadería en el periodo de 1990 a 1994. Lizano representa al sector neoliberal más sórdido, defensor de intereses de las multinacionales e importadores de agrotóxicos. La doctrina política del agronegocio ha fracasado y en el contexto de la crisis por el COVID-19 se hace más que evidente.
Por eso este conflicto hay que entenderlo como una riña entre los mismos. Que las organizaciones del campo independientes, ecologistas y de mujeres rurales han sido sistemáticamente excluidas del debate y sus propuestas no han sido escuchadas en los últimos treinta años. En buena hora Renato Alvarado reconoce que el libre comercio significa ruina para el campo costarricense, ojalá el siguiente paso sea abrir el diálogo con el resto de los sectores agrícolas con todas las organizaciones y no sólo con los mismos de siempre.
La Federación Ecologista se ha dado a la tarea de reflexionar y proponer las acciones para buscar la soberanía alimentaria, garantizar la justicia económica y de género en el contexto rural, de esta manera caminar hacia la agroecología y la justicia ambiental.
De acuerdo con las autoridades, el agua del proyecto Paacume no sería sólo para riego; sino que será prioridad el agua para consumo humano; sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por quiénes serán los verdaderos beneficiarios de dicho megaproyecto.
Vista de las llanuras desde la Reserva Biológica Lomas Barbudal. Foto: Fabiola Pomareda García.
Desde las zonas más altas de Bagaces se aprecian en las llanuras del Tempisque los cultivos de arroz, algunas plantas de procesamiento de tilapia, las fincas ganaderas y unas pocas sabanas arboladas. Se sabe que a lo lejos esperan caminos de tierra que cruzan poblados donde lo que hay es sed. Sed y sequía. Los desarrollos turísticos, la falta de control sobre los acuíferos, el aumento en la población y la demanda de agua por parte de la agroindustria, todo tiene que ver con la carencia de agua en la provincia.
Mañana se empezaría a discutir en el plenario legislativo el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465). Esta modificación de límites permitiría el avance del Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), impulsado por el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y varios legisladores.
El Paacume consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal, las cuales inundarían un embalse que abarcaría 850 hectáreas. Para esto serían inundadas 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Luego el agua bajaría a través de canales de riego hasta la bajura guanacasteca.
El plan tiene su base en el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste-Pacífico Norte (PIAAG), que busca desarrollar proyectos de infraestructura “de regulación y control de agua para satisfacer la demanda de recurso hídrico para las poblaciones y el uso en riego en las llanuras del Tempisque”.
El 16 de julio la Comisión Especial dictaminó afirmativamente el proyecto de ley para modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Esa comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
El legislador Rodolfo Peña, por ejemplo, es uno de los principales impulsores del proyecto. En un video reitera: “Se van a beneficiar en su mayoría pequeños agricultores, va a haber agua potable para 500,000 personas y llegará agua a las zonas costeras de Carrillo y de Santa Cruz y eso nos va a permitir la recuperación de los mantos acuíferos”.
Sin embargo, diversos actores han externado las siguientes preocupaciones: ¿Es verdaderamente agua para consumo humano?, ¿Son pequeños y medianos productores los que recibirán el riego? ¿Cuáles grupos hoteleros se verán beneficiados?
Toda la discusión alrededor del proyecto deja entrever la necesidad de más transparencia de parte del Gobierno a la hora de promover megaproyectos y al momento de informar a la población sobre las verdaderas personas beneficiadas, especialmente tratándose de una provincia tan necesitada como Guanacaste.
Imagen de la sequía extrema que afectó el norte de Guanacaste en el 2015. Foto: Luciano Capelli.
El discurso de que es “agua para consumo humano”
Un video informativo del SENARA destaca: “El agua no sería sólo para riego, el consumo humano será prioridad, unas 500 mil personas durante los próximos 50 años dispondrán de una cantidad de líquido similar al disponible para el Gran Área Metropolitana”.
El proyecto permitirá “asegurar disponibilidad de agua en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya durante los 12 meses del año para consumo humano y riego para distintos usos”.
Según el Gobierno, con este proyecto se podrá poner bajo riego 18,800 hectáreas localizadas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, para suplir la demanda de agua potable a unas 500,000 personas de los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, con una proyección de 50 años.
Si bien el Paacume es un proyecto que permitirá llevar un caudal de 20 m³/segundo, provenientes del embalse Arenal, hasta la margen derecha del río Tempisque, sólo 2 m³/segundo de este caudal sería para consumo humano y eso nisiquiera está proyectado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Aya). Sin embargo, el “agua para consumo humano” es una de las principales argumentaciones a favor del proyecto, usada por diputados y funcionarios del Gobierno.
En audiencia de la Comisión Especial que analizó este proyecto en la Asamblea Legislativa, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo del SENARA, explicó que la red de distribución primero regará la zona de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya y luego llevará agua a la cordillera costera.
“Ahí se destinarán tres puntos para entregar 1,5 m³/segundo para uso del sector turístico costero y 2 m³/segundo de agua potable, que será administrado por parte del AyA, institución que desarrollará sus proyectos a futuro, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de agua potable de las zonas de interés”, afirmó Coto.
Por otra parte, la gerente de SENARA, Patricia Quirós, también comentó lo mismo durante la audiencia: “Con relación al tema de la calidad de agua para uso potable, el proyecto establece la disponibilidad de recurso hídrico para el AyA en cuatro puntos: cerca de Filadelfia, cerca de Sardinal, cerca de Santa Cruz y cerca de Nicoya, según la distribución de los dos metros cúbicos”.
“Entonces, Paacume proporciona el agua cruda, en las condiciones en que llega desde el embalse Arenal. El Aya tendrá que hacer sus plantas de tratamiento de acuerdo con sus necesidades y sus redes de distribución. Esto no está incorporado dentro del proyecto, pues dependerá de las necesidades de la población y las proyecciones del Aya a futuro”, continuó Quirós.
El año pasado Gadi Amit Kaufman, en representación de la organización Confraternidad Guanacasteca, interpuso un recurso de amparo en contra del Aya.
Según la respuesta del AyA en diciembre de 2017 (Expediente No 17-013465-0007-CO), Saúl Trejos Bastos, director de la unidad de programación y control del AyA, indicó: “Revisada nuestra cartera de proyectos, tanto en las fases de prefactibilidad como factibilidad, no se encuentra ningún proyecto bajo el nombre Paacume. Los proyectos que tenemos en nuestra cartera para esa zona están indicados en el Cuadro 1 que se adjunta, en el cual indicamos la fuente de abastecimiento del recurso de amparo (…). Al contrario, todos los proyectos indicados en el Cuadro 1 supracitado hacen uso de recursos hídricos cercanos.”
En ese mismo documento, Luis Paulino Picado Blanco, director de la unidad ejecutora Proyecto Reducción de Agua No contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética, aseveró: “En el alcance del proyecto para la región Chorotega únicamente se consideran intervenciones en el Acueducto de Liberia y no considera inversiones en el desarrollo de nuevos acueductos (Proyecto Paacume por ejemplo)”.
Para Henry Picado Cerdas, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), criticó: “El agua para consumo humano está de adorno en el Paacume pues es poco viable y muy caro una planta de potabilización. De hecho el AyA no recomienda el uso de agua superficial y menos de este tipo pues pasará a cielo abierto por áreas de plantaciones de arroz o melón, con alto uso de plaguicidas y todo tipo de contaminación biológica y química. Además, el mismo AyA ha desmentido la posibilidad de que esta propuesta se lleva a cabo, puesto que no tienen planes al respecto”, dijo Picado refiriéndose a la respuesta citada del AyA.
Según Sofía Barquero, abogada y asesora legislativa en el despacho del diputado José María Villalta del Frente Amplio, “queda claro que ni la misma institución encargada del abastecimiento de agua para uso poblacional ha manifestado interés en realizar ningún proyecto que requiera puntualmente del caudal que generaría el Paacume”. “Por el contrario, el AyA es claro en su contestación en que tiene otras fuentes de agua disponible para realizar los proyectos que se encuentran planificados”, expresó Barquero.
Falta lista y régimen jurídico de pequeños y medianos agricultores que se beneficiarían
De acuerdo con el video promocional del SENARA, “el distrito de riego Arenal Tempisque genera cerca de $200 millones anuales de parte de productores agrícolas, piscícolas o pecuarios. El Paacume busca que eso mismo ocurra en Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, asegurando el riego para esa zona”.
Además, promueve que “permitirá el riego de 18.800 hectáreas agroproductivas, como una medida de adaptación al cambio climático, de manera que la producción agropecuaria sea sostenible y constante, gracias a los sistemas de riego”.
Este es claramente el principal objetivo del proyecto: el riego. Pero igualmente surge la pregunta de si será riego para pequeños y medianos productores o para la gran agroindustria vinculada a los grupos de poder político y económico de siempre.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Maritza Rojas, coordinadora de comunicación ambiental del ICE, dijo que los tres principales actores socioeconómicos del Paacume eran las empresas: Exporpack S.A., Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A. y Azucarera El Viejo S.A.
Por su parte, Henry Picado, de la FECON, denunció que “el formato de este megaproyecto está en función de llevar agua a proyectos hídricamente despilfarradores e ineficientes como lo son los monocultivos. Este proyecto apodado con el eufemismo de ‘Agua para Guanacaste’ es en gran parte para regar monocultivos de caña de azúcar, melón, arroz, ganadería extensiva y, ¿por qué no? piña también. Pero sus promotores no lo dicen”.
Gadi, Amit, de Confraternidad Guanacasteca, se refirió al sector agrćola como el gran consumidor de agua y al acaparamiento de agua en pocas manos.
“El 80% del agua en Guanacaste es para riego de las cuatro grandes empresas que manejan la caña y el arroz. Cuatro empresas manejan 28.000 litros por segundo, cuando el resto de la provincia maneja sólo 5.000 litros por segundo. Esa es la concentración, esa es la mentira. Le quieren dar más agua a la gente que maneja el agua de riego: Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, Hacienda El Pelón y la Central Azucarera del Tempisque. Cada una tiene como 7.000 litros por segundo por parte de pozos, quebradas, ríos y el sistema de riego Arenal-Tempisque, que maneja SENARA”.
Henry Picado fue más allá y recalcó que “lo cierto es que las empresas que se ven directamente beneficiadas son las mismas que han acaparado el agua de Guanacaste en los últimos 30 años”. “Además, estas empresas beneficiadas con el Paacume tienen relación con partidos políticos tradicionales, han sido parte de sus equipos de gobierno e incluso invierten en campañas políticas”, dijo.
Según documentos de la FECON, Carlos Enrique González Pinto es representante legal de la empresa Melones de Costa Rica S.A. parte de la transnacional Del Monte.
González Pinto es fundador del Grupo Pelón de la Bajura y posee el 50% de las acciones de Melones de Costa Rica con la trasnacional Del Monte. Según reportes del Semanario UNIVERSIDAD, aportó a la campaña del expresidente Óscar Arias Sánchez más de ¢20 millones, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La FECON también aseguró que Agustín Penón Orlich, presidente de Guanacaste Seco S.A., accionista de la exportadora melonera Exporpack S.A. y presidente de la Cámara Nacional de Productores de Melón y Sandía (CANAPEMS), es socio de André Garnier en el acueducto Coco-Ocotal y ha sido tradicional financiador de las campañas políticas del Partido Liberación Nacional.
No obstante, el SENARA sigue asegurando que el Paacume beneficiaría con riego un total de 18.800 hectáreas, dando servicio a 746 productores, de los cuales un 81.57% son pequeños y medianos. “De ellos, cerca del 70% tienen fincas menores a 25 hectáreas, y cerca del 11% tienen fincas de entre 25 y 50 hectáreas; el resto tiene fincas mayores a 50 hectáreas (19% ). De los 746 potenciales productores, 56 son de Nicoya, 197 de Santa Cruz y 493 de Carrillo”, señalan.
Pero para Sofía Barquero, es importante saber en la práctica quiénes usufructúan con estas propiedades, cuál es el régimen jurídico y, por lo tanto, cuántas de estas fincas están alquiladas a, o producen para la gran agroindustria.
“No hay certeza técnica de que el proyecto de riego para cultivos beneficie realmente a más de 700 personas, pues no hay un estudio de la demanda ni una caracterización de las personas beneficiarias. Se extraña un análisis más detallado sobre las personas reales que obtendrán el beneficio”, argumentó Barquero.
El agua que irá para los hoteles y condominios de lujo
Un tercer cuestionamiento tiene que ver con cuáles grupos hoteleros y turísticos se beneficiarán del Paacume.Y eso lo externaron en su momento habitantes de las comunidades guanacastecas a las que el ICE les presentó el proyecto. No queda claro si el agua irá para riego de áreas verdes de proyectos turísticos, para consumo humano de las personas turistas, o para qué.
Maritza Rojas, del ICE, señaló que el sector turístico beneficiado del Paacume serían los hoteles en las zonas Papagayo Sur-Ocotal, Cartagena-Flamingo y Brasilito-Tamarindo.
En su concepto, Gadi Amit cree que existen alternativas para solucionar el problema de acceso al agua: “Si se maneja adecuadamente el agua de riego que consume el 70% de toda el agua de guanacaste; ahorrando el 80% de eso duplicamos la cantidad de agua disponible y habría agua para el desarrollo. El tema es planificarlo, hacerlo decentemente para toda la gente, tomando en cuenta los intereses del pueblo y no de unos cuantos”.
Resolución del 8 de agosto del 2017 del Tribunal Contencioso Administrativo
Declarada “improcedente” demanda de la Municipalidad de San José, la UCCAEP, la Cámara de la Construcción, CANARA, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, y otros, contra el SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento)
Los demandantes solicitaron la nulidad absoluta del acuerdo del SENARA del año 2014 en que se declara de acatamiento obligatorio y general, la “Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”.
Dicha “matriz” es un instrumento fundamental que, por resolución anterior de la Sala Constitucional, derivó en un procedimiento utilizado por el Estado para determinar el tipo de protección que ha de darse a los importantes acuíferos subterráneos del país, según sean las características del suelo y las particularidades de los proyectos a desarrollar en donde se encuentren.
Aunque el Ministro de Ambiente Édgar Gutiérrez Espeleta no se apersonó en el proceso judicial, llamó la atención el hecho de que su Director de Aguas del Minae, y el que fuere su Secretario General de la Setena, José Miguel Zeledón y Freddy Bolaños, respectivamente, hubieren participado como testigos por la parte demandante. Es decir, altos funcionarios del MINAE participaron contra el SENARA, en un juicio de trascendental importancia para la protección de las decenas de acuíferos subterráneos que todos los costarricenses deberíamos resguardar.
Juicio contra instrumento de protección de aguas subterráneas
El pasado 8 de agosto el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta nos notificó de la resolución 70-2017-IV donde se nos hace saber, que la pretensión de la Cámara de la Construcción ante ese tribunal, para que se anulara la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico, instrumento de protección de las aguas subterráneas del país creado por SENARA, fue declarada sin lugar.
Apoyando la pretensión de los constructores, se presentaron en el proceso más de una decena de cámaras de empresarios, además de la Municipalidad de San José y Grecia, que les choca que SENARA haya emitido un instrumento de aplicación en todo el país que establece recomendaciones en relación con las densidades de población y coberturas de los terrenos a efecto de mitigar el impacto negativo en las aguas subterráneas que pueden tener algunas actividades humanas. A las cámaras y acólitos municipales les molesta que las recomendaciones del SENARA sean obligatorias de seguir por los tomadores de decisiones cuando decidan sobre el ordenamiento territorial.
La pretensión de las cámaras de empresarios es uno más de los intentos que se han dado a través de muchos años, para que SENARA no emita recomendaciones que protegen el recurso hídrico, y que quede en manos de ellos y en instituciones como municipalidades el decidir aspectos de cobertura o densidad poblacional, lo que conllevaría un atentado contra el agua, en tanto no pocas veces las municipalidades han demostrado poco interés en la protección de ese recurso y más bien se han puesto al servicio de los desarrolladores constructivos.
Otro ejemplo de los intereses que existen para eliminar la oficina de protección del recurso hídrico subterráneo del SENARA, se da a través de los varios proyectos de ley del recurso hídrico que se han presentado a la Asamblea Legislativa, en cuenta el mal llamado de iniciativa popular, que pretende trasladar las competencias técnicas que tiene SENARA en materia de aguas subterráneas, a una oficina dependiente del MINAE, ente donde su jerarca toma decisiones no pocas veces con criterio político y no técnico.
Llama la atención que uno de los testigos ofrecidos por las cámaras en el juicio contra la Matriz, fue un funcionario del MINAE, nada menos que el director del Departamento de Aguas.
En CONCEVERDE única organización del país que participó por medio de uno de sus integrantes en el juicio como coadyuvante pasivo a favor de SENARA y su instrumento de protección del recurso hídrico, nos sentimos complacidos con la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo e instamos a luchar por la protección del recurso más importante que podemos tener los seres vivos, como es el agua.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de ecoportal.net.
