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Etiqueta: ADITIBRI

Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Bribri-Talamanca se pronuncia ante violación de derechos humanos

SURCOS comparte la siguiente información:

Pronunciamiento de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Bribri-Talamanca 

Ante la frase violatoria a los derechos humanos por parte del exlegislador y alcalde Walter Céspedes, del cantón de Matina, donde de manera abierta o solapada, empeña, como material u objeto, a una mujer indígena.

En un país democrático como Costa Rica, que ha ratificado convenios sobre derechos indígenas y derechos humanos, es nefasto, tales manifestaciones, máxime cuando derivan de un exlegislador y un administrador en la función municipal.

Estas acciones han sido legitimadas por los poderes del estado, pues no se han generado mecanismo en el tribunal supremo de elecciones, para erradicar éstas y otras manifestaciones de discriminación, por parte de un mando político.

Inclusive es uno de tantas agresiones que recibimos por la condición geográfica, económica y cultural, especialmente, y mucho más profundo contra las mujeres por su condición de género, cuando en otros escenarios, las violaciones se han convertidos en el despojo de tierras, discriminación, agresiones y asesinatos como el caso de Sergio Rojas y Jery Rivera.

Desde las formas coloniales de explotar, abusar y violar, a los pueblos indígenas hasta la actualidad, es inaceptable que un dirigente con cargo representativo, participativo, “democrático”, siga violando los derechos humanos, siniestramente, aprovechando su condición.

Estas y otras manifestaciones de violación a los derechos humanos,irremediablemente generan un profundo descontento, repudio, rechazo y denuncia frente a los procesos de reivindicación, afirmación y procesos democráticos de este país.

Exhortamos a todas las autoridades generar medidas que protejan los derechos humanos, especialmente los derechos de pueblos indígenas, en toda la institucionalidad, cargos públicos y representaciones.

Instamos a los partidos políticos, generar cambios desde sus diseños, estructuras, estatutos, enfoques y procedimientos, para fortalecer nuestra democracia.

Al poder legislativo crear medidas, que protejan los derechos humanos y de acciones inmediatas, para no ostentar cargos en la función pública, por parte de personas con actitudes de violencia, etnocida y machista.

Reafirmamos nuestro proyecto de Vida, Tierra y derecho libre de toda violencia.

Una ley para la privatización de la semilla

(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.

En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.

Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.

Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.

Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas». Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.

Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.

Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.

Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.

Hace más de quince años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.

El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.

Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.

UNA: Academia fortaleciendo capacidades en territorios indígenas

  • Habilidades blandas empresariales

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Escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional junto con otras instituciones públicas, llevaron a cabo talleres en el territorio ADITIBRI, Suretka de Talamanca, con el objetivo de fortalecer en los participantes habilidades blandas empresariales. De esta manera, más de 80 productores de musáceas, cacao, maracuyá y otros productos de la zona compartieron con los capacitadores sobre este tema.

El proceso de capacitación e intercambio fue desarrollado por los Académicos Sergio Álvarez (Campus Sarapiqui-UNA), Ginneth Ugald, Kattia Vasconcelos Vásquez de la Escuela de Administración (EDA-UNA) y Karol Vanessa Monge Hernández de la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS), con el apoyo del INDER, MAG, JAPDEVA, COMEX.

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UNA Academia fortaleciendo capacidades en territorios indigenas

Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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