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Etiqueta: administración Chaves Robles

Relato de yerros y aciertos del gobierno de Rodrigo Chaves Robles

Alberto Salom Echeverría 

Introducción: Entre la expectativa y la decepción

El ascenso de Rodrigo Chaves Robles a la presidencia de la República se dio en un contexto marcado por el desencanto hacia los partidos tradicionales y el deseo de ruptura con las élites políticas que, durante décadas, ejercieron el poder en Costa Rica. Para muchos ciudadanos, su elección representó una oportunidad para “sacudir el tablero”, para oxigenar la política y enderezar rumbos torcidos por la corrupción y la ineficiencia estatal. Sin embargo, a más de la mitad del mandato, la evaluación de su gobierno arroja un balance mixto en donde, aunque hay algunos logros formales, prevalecen las señales de alarma en lo político, económico, institucional y social.

Aciertos

  1. Cierta estabilidad macroeconómica

Uno de los argumentos que esgrime el gobierno como su mayor logro es la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos. El crecimiento proyectado del 4% del PIB para 2025 y una inflación relativamente controlada se destacan como señales de buena salud económica. Para sectores empresariales y organismos internacionales, esto representa una señal positiva.

No obstante, este crecimiento está concentrado en sectores altamente privilegiados como las zonas francas, que operan al margen de las cargas tributarias nacionales y no generan encadenamientos significativos con la economía interna. Por tanto, aunque hay una “ilusión de bonanza”, esta no se traduce en una mejora real para la mayoría de los ciudadanos.

  1. Comunicación directa con sectores populares

Chaves ha sabido conectarse con ciertos segmentos sociales, particularmente con sectores de bajo nivel educativo y con un fuerte resentimiento hacia la clase política tradicional. Su estilo confrontativo y su discurso “antipolítico” han tenido impacto, construyendo una base de apoyo que, aunque menguante, sigue vigente.

Yerros

  1. Precarización del empleo

Aunque el gobierno celebra una reducción histórica en las cifras de desempleo, el detalle fino de los datos revela una realidad más sombría: la mayoría de los nuevos empleos se ubican en el sector informal (138.000 de ellos en 2024), mientras que solo 12.000 se generaron en el sector formal, según datos de la CCSS. Esto implica que muchos trabajadores no tienen acceso a seguridad social, crédito ni estabilidad laboral.

El gobierno ha optado por presentar estas cifras sin el necesario análisis cualitativo, desfigurando la realidad y promoviendo una narrativa de éxito sustentada en datos mal interpretados o manipulados.

  1. Deriva autoritaria y desprecio por la institucionalidad

Una de las acusaciones más graves contra el gobierno de Chaves es su permanente tensión con los otros poderes del Estado y organismos autónomos: Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Fiscalía General, e incluso la prensa libre.

El irrespeto por la división de poderes y los reiterados intentos de concentrar funciones en el Ejecutivo, han sembrado dudas sobre su apego a los principios democráticos. Muchos advierten señales de autoritarismo en su gestión, lo que genera un ambiente político polarizado y beligerante.

  1. Crisis de seguridad e impacto del narcotráfico

En un contexto de creciente desigualdad y abandono social, el narcotráfico ha logrado penetrar comunidades vulnerables, particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Jóvenes fuera del sistema educativo se convierten en presa fácil del crimen organizado, generando un aumento sostenido de la violencia y el debilitamiento del tejido social.

A pesar de la gravedad del fenómeno, el gobierno ha fallado en presentar estrategias eficaces, integrales y sostenidas para enfrentar esta amenaza estructural.

  1. Intento de regresión ambiental

El intento del gobierno de autorizar la exploración y eventual explotación petrolera y gasífera representa un retroceso peligroso para un país que ha construido su imagen internacional sobre una marca verde. Costa Rica ha sido un referente mundial en sostenibilidad, y alejarse de ese camino por intereses de corto plazo y dudosa rentabilidad económica, podría significar un daño irreparable a su reputación y ecosistemas.

  1. Asfixia presupuestaria a la educación y la cultura

El debilitamiento del sistema educativo público se presenta como uno de los más graves síntomas del deterioro institucional. El gobierno ha incumplido con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación y ha promovido recortes presupuestarios a la cultura, reduciendo su asignación del 0.86% al 0.3%.

Esto no solo limita el acceso y la calidad de la educación, sino que erosiona las capacidades del país para formar ciudadanos críticos, informados y creativos. La subejecución presupuestaria, además, parece ser consecuencia de una gestión ineficiente dentro del propio Ejecutivo.

  1. Desinformación desde el poder

El estilo comunicacional del presidente, centrado en conferencias de prensa semanales de corte farandulero y en mensajes populistas, ha creado un clima enrarecido donde la desinformación y la manipulación de datos se convierten en política de Estado. Esto mina la confianza ciudadana en las estadísticas oficiales y atenta contra la transparencia democrática.

Epílogo: ¿Hacia dónde vamos?

Rodrigo Chaves llegó al poder enarbolando una bandera de cambio, pero sus acciones han estado marcadas más por la confrontación que por la construcción. La falta de visión estratégica, el uso electoralista de los datos, el debilitamiento institucional y el desinterés por el impacto social de sus políticas dibujan un cuadro preocupante.

Si bien aún conserva algún respaldo, su capital político se desgasta aceleradamente. Costa Rica, país de larga tradición democrática, enfrenta hoy el desafío de preservar sus instituciones frente a los impulsos autoritarios, y de reconstruir un pacto social basado en la equidad, el conocimiento, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho.

¿Crecimiento para quién? Democracia, Equidad y Derechos Humanos bajo el gobierno de Chaves Robles

Alberto Salom Echeverría

Faltan seis meses para las elecciones nacionales conducentes a elegir presidente, vicepresidentes de la República y 57 diputados. Hay un debate nacional que no ha madurado, quizás porque falta mayor precisión entre las partes. La discusión está pues pendiente en lo medular. Quiero echar mi cuarto de espadas.

  1. ¿Qué tan inclusivo es el crecimiento económico actual?

Costa Rica ha registrado cifras macroeconómicas positivas en los últimos años: crecimiento del PIB superior al 4%, baja inflación, aumento en la inversión extranjera y estabilidad fiscal. El gobierno de Chaves ha presentado estos datos como evidencia de una gestión eficiente y orientada a resultados.

Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o se trata simplemente de un avance para ciertos sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en zonas francas y exportaciones, dejando de lado la economía informal, que sigue abarcando más del 40% del empleo nacional. Esto implica que, aunque el desempleo abierto ha bajado, la calidad del empleo se ha deteriorado, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.

¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye sistemáticamente a buena parte de la población trabajadora?

  1. ¿Se ha reducido la pobreza o solo su contabilidad?

El gobierno celebra la reducción de la pobreza al 18%. ¿Es esa baja estadística un reflejo de mejoras estructurales o simplemente una distorsión temporal vinculada a indicadores como una inflación baja?

Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza, pero siguen en condiciones precarias y sin acceso estable a servicios básicos, empleo formal o crédito. Además, las desigualdades regionales persisten, con zonas como Limón y Guanacaste aún muy rezagadas.

¿Puede considerarse una victoria la reducción de la pobreza si no cambia la exclusión estructural de millones de personas?

  1. ¿Puede haber seguridad sin justicia social?

El aumento exponencial de homicidios -más de 2.500 muertes violentas en dos años- es una de las principales contradicciones del discurso gubernamental.

El gobierno impulsa una política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y militarización del discurso-, tomando como modelo a países autoritarios. Pero los datos muestran que la violencia sigue creciendo, alimentada por el crimen organizado, la pobreza y la exclusión.

¿Es sostenible un modelo que abandona la prevención social, prioriza la represión y deja intactas las causas profundas de la violencia?

  1. ¿Puede ser legítima una gestión con más de 60 causas abiertas?

Rodrigo Chaves ha mantenido altos niveles de popularidad, pero ¿puede una alta aprobación popular validar una gestión plagada de conflictos con el orden constitucional y hasta con la violación de la ley ordinaria?

Más de 60 causas se tramitan en el Ministerio Público contra el presidente y su entorno -incluyendo acusaciones por financiamiento ilegal de campaña y abuso de poder-, junto con la expulsión o renuncia masiva de ministros, revelan un poder ejecutivo marcado por la inestabilidad, la falta de transparencia y de auténtica rendición de cuentas.

¿Es aceptable hablar de “liderazgo fuerte” cuando este se sostiene sobre el debilitamiento de los mecanismos de control y la concentración del poder?

  1. ¿Es responsable legislar debilitando la institucionalidad?

Numerosos proyectos promovidos por el Ejecutivo -como la llamada y malhadada “Ley Jaguar”- han sido duramente criticados por intentar reducir los controles al poder ejecutivo, limitar la fiscalización presupuestaria y de la política pública en general o, por intentar concentrar competencias clave.

¿Puede un crecimiento económico ser sostenible cuando se erosiona la arquitectura institucional que garantiza el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos fundamentales?

  1. Entonces… ¿de qué vale el crecimiento?

Si el crecimiento económico no mejora la equidad, no reduce la inseguridad estructural, no fortalece las instituciones democráticas y no protege los derechos de todos, ¿para quién está creciendo el país?

Los datos macroeconómicos deben analizarse a la luz de su impacto social real y sostenido. De lo contrario, corremos el riesgo de validar un modelo que beneficia a pocos, excluye a muchos y erosiona la base democrática de Costa Rica.

  1. Conclusión

Costa Rica no necesita solo crecer: necesita hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De no ser así, estaremos construyendo una fachada de éxito sobre una base cada vez más frágil.

Sin voz en Ramsar: retroceso en la protección de humedales durante el gobierno Chaves Robles

El Observatorio de Bienes Comunes UCR realizó una producción para analiza el retroceso ambiental, en el que Costa Rica se encuentra sin voz en Ramsar, y cómo la vigilancia comunitaria se volvió la última frontera para su protección.

Mientras más de 180 países se reúnen en la COP15 para proteger los humedales del planeta, Costa Rica brilla por su ausencia. Entre 2022 y 2025, el gobierno de Rodrigo Chaves no actualizó ni un solo informe sobre los 12 sitios Ramsar del país.

Caribe Noreste, Térraba-Sierpe o Gandoca-Manzanillo están en riesgo, pero no hay reportes oficiales, pese a denuncias y evidencias. Esta omisión es parte de una política ambiental marcada por el silencio, la desregulación y el abandono institucional.

Se extiende la invitación a leer el informe completo en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/costa-rica-sin-voz-en-ramsar-el-retroceso-de-costa-rica-en-la-proteccion-de-humedales-durante-el-gobierno-chaves-robles/

¿Somos ya un Narco Estado? La administración Chaves-Robles en la mira

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

Por décadas hemos sido testigos de casos de personajes políticos, judiciales y empresariales ligados al narcotráfico internacional y local. Pero nunca habíamos llegado a la dimensión de la actual crisis, pues durante los últimos tres años, en la administración Chaves Robles, se ha asistido a un curioso desmantelamiento de las capacidades de control marítimo y fronterizo en Costa Rica que ha dejado en evidencia una peligrosa desconexión entre las promesas de protección y la realidad de los hechos. A mediados de 2023, el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien se especula tiene relación cercana con el extraditable Celso Gamboa, ordenó cerrar de manera verbal las estaciones de Guardacostas en Sixaola y Bahía Drake, contra el criterio de sus propios mandos y sin respaldo escrito, despojando a esas puertas de ingreso de la droga de la presencia de la policía marítima más especializada del país.

Simultáneamente, se emprendió el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de su sede histórica junto al mar en Quepos a las instalaciones de Pococí, a casi 300 kilómetros de la costa, obligando a instructores y cadetes a recorrer más de cinco horas de carretera para capacitarse en ejercicios básicos de navegación y rescate acuático que deberían impartirse al nivel de la brisa marina, no en piscinas lejanas del agua salada.

En paralelo a estas decisiones, durante 2023 y 2024 se instalaron escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín como parte de la llamada Operación Soberanía, sin embargo, los decomisos de cocaína siguen en caída libre: en sólo tres años las incautaciones pasaron de 47 a 21 toneladas, una disminución del 55 % que demuestra que la tecnología por sí sola no basta cuando las estructuras policiales se debilitan o se desplazan de los puntos críticos de fiscalización. Quizá por eso, mientras las autoridades locales confirman esa severa contracción, las agencias europeas reportan cifras récord de cocaína originaria de Costa Rica. Sólo en los últimos ocho años, contenedores de fruta llegaron al Viejo Continente con casi 15 toneladas de droga oculta, una señal inequívoca de que las rutas de narcotráfico no han hecho más que multiplicarse y diversificarse pese a las promesas de mayor vigilancia portuaria.

Estos recortes operativos no nacen en el vacío presupuestario. Varios diputados han advertido de una rebaja en el financiamiento de la policía y del Organismo de Investigación Judicial y proponen fórmulas de financiamiento sostenible, como el proyecto de ley que crearía un fideicomiso alimentado con el 2 % de las primas de seguros, para dotar de recursos estables al OIJ y al Ministerio Público ante la evidente insuficiencia de partidas en rubros esenciales para la lucha contra la criminalidad organizada.

En la misma línea de desarme estratégico, la Policía de Control de Drogas —la unidad especializada en la investigación de red de narcotráfico—fue retirada de aeropuertos y fronteras internacionales, cediendo esas misiones a otros cuerpos sin la misma experiencia ni adiestramiento, lo que ha motivado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, por entenderse que se compromete la seguridad ciudadana en zonas críticas de tránsito de estupefacientes.

Mientras tanto, en el remoto Refugio Gandoca-Manzanillo —punto de encuentro entre la selva y el mar Caribe— la Fiscalía Ambiental investiga la aparición de una presunta pista clandestina de aterrizaje que habría sido construida en los últimos dos años para facilitar el envío de cargamentos de droga, un esquema que, de confirmarse, demostraría cuán lejos llegan los tentáculos del narcotráfico frente a una desprotección efectiva de los ecosistemas y la soberanía nacional.

Frente a todo ello, ni la instalación de “gadgets” de alta tecnología ni algunos incrementos puntuales en plazas policiales parecen haber servido para contener el récord de asesinatos por sicariato que ya supera los 2 600 en tres años y sigue creciendo: Costa Rica cerró 2023 con 907 homicidios y 2024 con 880, y lleva más de 260 asesinatos por encargo en lo que va de 2025, un volumen de violencia sin precedentes en nuestra historia moderna que amenaza la paz que tanto hemos valorado como nación.

Todo indica que los vacíos de poder y de presencia estatal en los puertos, aeropuertos y costas no han hecho más que alentar al crimen organizado. La falta de un mando coherente, el debilitamiento de las unidades especializadas y la aparente desconexión entre presupuesto y necesidades operativas han creado la tormenta perfecta para que el narcotráfico encuentre un patio de recreo en territorios que deberían ser custodios de nuestro bienestar.

Camina como Pato, tiene alas de pato, hace cuack…… ¿Será un pato?

Notas sobre el gobierno Chaves Robles (3)

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar; y 3) Los delitos del presidente Chaves.

II.- El presidente Chaves y su modo de gobernar

La persona

Paradójicamente, del presidente Chaves tenemos hoy muchas referencias y múltiples, variadas impresiones, recogidas en los últimos cuatro años; pero podríamos decir que todavía lo estamos conociendo, por el simple hecho de que pasó toda su vida adulta fuera del País.

Don Rodrigo Chaves ha repetido una y otra vez que ama al pueblo de Costa Rica y que está gobernando en su beneficio; y en su oratoria de campaña se puso frecuentemente en los zapatos de la “señora de Purral”, es decir, de un prototipo de mujer de pocos recursos, que vive en un barrio modesto de la periferia y soporta como puede los vaivenes de la economía.

Habla sentenciosamente, con acento popular y aparente coherencia: oyéndolo perorar durante la campaña, cualquiera hubiera pensado que es un moderno Cincinato, un Pepe Mujica, contenido y austero: pero más allá de las palabras, lo cierto es que por ningún lado se le ven al señor presidente trazas de ser un creíble luchador con vocación de justicia en favor de los pobres:

  1. ni por su pasado de burócrata internacional, ausente del País durante un treintenio, al servicio de una entidad bancaria que ha sido reiteradamente señalada como culpable (junto al FMI y otros tinglados semejantes) del estancamiento económico del Tercer Mundo;

  2. ni por su conducción como alto funcionario, finalmente condenado y sancionado en el propio Banco Mundial por comportamiento inapropiado;

  3. ni por su presente de millonario, rodeado de lujo y aislado en una residencia de un millón de dólares, no en Purral de Guadalupe, sino en Monterán de Curridabat;

  4. ni por sus opciones y su praxis inequívocamente neoliberales, de cuño banco mundialista;

  5. ni por su entorno: una cúspide de millonarios que fueron los principales financiadores paralelos de su campaña electoral, y son ahora parte del círculo permanente de sus allegados y colaboradores. Entre ellos figuran: Jack Loeb, del Banco Prival; Calixto Chaves, de Pipasa; José Pablo Chaves, de la Sociedad Portuaria de Caldera; Esteban Ramírez, empresario de autobuses; Bernal Jiménez, de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A; Arnoldo André, de Ata Trust Co.; Ana Catharina Müller, de las universidades Castro Carazo y Ulacit; etc.

Acompañado el presidente de tan homogénea ‘compaña’, sólo quien cree en milagros puede pensar que de allí surgirá una política a favor de los pobres, de la seguridad social y de la educación pública. Porque ¿cuál de esos señores ha mostrado una tan siquiera tibia militancia al servicio de la justicia social y del Estado social? Por el contrario: lo que hemos podido saber, porque es público y notorio, es que, ya en el poder el presidente Chaves Robles, sendas disposiciones gubernamentales no tardaron en favorecer los intereses de José Pablo Chaves en Caldera, de Bernal Jiménez con el arroz importado; y de Esteban Ramírez Biolley con el régimen de los autobuses (¡pura casualidad! dicen que dijo el presidente).

La popularidad del presidente

Partiendo de que en 2022 el total de votantes del Padrón Electoral era 3.570.807, y habiendo votado poco más de 2 millones en la 2ª vuelta (3 de abril), el presidente Chaves ganó con una cifra por debajo del 36 % del Padrón: poco menos de 1 millón de votos.

Pero lo espectacular fue que en agosto de 2022 el respaldo a su gobierno había crecido hasta alcanzar un 79 % (es decir: ¡2 millones 821 mil personas!); aunque también es verdad que tres meses después (en noviembre) había descendido a 68 %, y nueve meses después (en mayo de 2023) era del 63 %.

En todo caso, el insólito boom es digno de atención ¿Qué había pasado, específicamente, en esos primeros meses de gobierno? Respondo con cierto simplismo: me parece que lo ocurrido fue que una buena parte de los que se abstuvieron de votar en la segunda vuelta, más un grupo que votó resignadamente por Figueres por temor a lo desconocido, se sumaron al millón que le dio el triunfo al presidente Chaves en esa segunda vuelta: ¡ahí tenemos ese espectacular 79 %!

¿Por qué lo hicieron? No olvidemos que suman multitudes los ticos que vienen arrastrando un creciente descontento contra todos los gobiernos anteriores; de modo que, consumado el triunfo del nuevo presidente, se da un movimiento espontáneo de acercamiento que éste sabe aprovechar con gran habilidad: proyecta una figura fuerte, un felino poderoso (el Jaguar); denuncia con claridad y contundencia todo aquello que la gente ha empezado a detestar: las administraciones anteriores, sospechosas de fracaso y corrupción. Y sobre estas montañas de negatividad, un personaje nuevo, incontaminado, ofrece sus promesas con gran poder de seducción.

El programa de intenciones y actividades era rico y variado:

Atender a los niños que están en V año y no saben leer.

Me comprometo a nunca recurrir a la violencia

Construir un mega puerto.

Intervenir el A y A de manera inmediata

Poner a CR en el camino del progreso.

Frenar a los monopolios privados

Dar tutorías de manera urgente

Echar a andar una política sobre desechos sólidos

Utilizar la democracia participativa

Actuar contra la tramitología: la ventanilla única.

¿Quién se iba a poner en contra de esto?

El verdadero triunfo popular del presidente Chaves no es en abril, sino en agosto de 2022: es entonces cuando una multitud lo adopta, le entrega su confianza, decide apoyarlo y, consecutivamente, lo idealiza. Esta decisión masiva es altamente irracional, porque del misterio sobre la persona de Rodrigo Chaves lo único que sus adversarios se han esforzado en difundir es un hecho negativo: el escándalo sexual en el Banco. Había qué preguntar ¿quién es, realmente, Rodrigo Chaves Robles? ¿Cuáles son sus auténticas creencias, sus propósitos finales, sus vínculos más poderosos? Está comprobado que no le gustan los controles: el control político de la Asamblea; el control financiero-contable de la Contraloría; el control jurídico-constitucional del Poder Judicial. Y este odio a los controles ha determinado su forma de gobernar.

Pero a la gente que ahora lo sigue, que lo ha revestido de grandes virtudes y que le otorga un respaldo tendencialmente incondicional, aquellos temas le han parecido irrelevantes, como tampoco ha dado importancia a otros acontecimientos igualmente trascendentes. Es la apoteosis del pensamiento mágico.

Preámbulo bélico

Hay que entender que las peripecias de la política nacional ya mencionadas, y las que vamos a analizar después, sólo serán comprensibles si se las sitúa en su contexto internacional. Hoy el Mundo atraviesa momentos de máxima crispación, no menos cruciales que la crisis de los misiles soviéticos en tiempos de Kennedy. Ello ha provocado en muchos niveles de relaciones una renovación de lealtades, y nuestro Gobierno ha tomado sin dudarlo el bando de Trump y Netanyahu, junto a Bukele, Milei y Noboa. Pero es una decisión que, a la recíproca, va a terminar de garantizar el éxito crediticio del presidente Chaves con las agencias financieras internacionales que dependen del Departamento de Estado; es decir, en el Continente Americano, prácticamente todas. Y la holgura financiera en la que ya está nadando el Gobierno ha sido pensada para apuntalar oportuísticamente la campaña política del presidente para las próximas elecciones. ¿Nos atropellará de nuevo la geopolítica?

Estamos ante una novedosa modalidad de aquella Guerra Fría que tuvo sus inicios en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y que se prolongó por más de 50 años; porque también en aquellos años vimos a Reagan volcarse en apoyo de Luis Alberto Monge para arrinconar a Nicaragua; y posteriormente, ya en el siglo XXI, vimos a Bush junior, sus diputados y su secretaria de Comercio volcarse en apoyo de Oscar Arias para conseguir la aprobación del TLC.

América Latina está dividida, y Marco Rubio nos hizo el honor de su visita con el fin de afianzar sus alianzas, definir las cosas y repartir los premios y los castigos.

Por un lado están los que pretenden la consolidación de un bloque latinoamericano autónomo, libre del tutelaje imperial (Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Colombia, Honduras, Venezuela, Cuba, México, etc., con la eventual cercanía de Canadá);

Y por el otro lado están los que apoyan a Trump y sus intentos supremacistas en el Continente (Argentina, Ecuador, Perú, República Dominicana, Surinam, Costa Rica, Panamá, Paraguay, El Salvador, etc.). Estos últimos tendrán, en el futuro cercano, el apoyo total del Gobierno Trump y las agencias financieras de su entorno.

Los hechos de gobierno:
1) Consecuencias de un mal comienzo

No se puede dejar de mencionar una de las primeras ‘ocurrencias’ del presidente: el reclutamiento de sus ministros, viceministros, etc., como si se tratara de la plana mayor de una empresa. Desde Max Weber sabemos que la lógica funcionarial es notablemente diferente de la lógica empresarial. ¿Lo ignoraba nuestro Mandatario, a pesar de su prolongada experiencia burocrática? Creo que no: no se trató de ignorancia, sino de que el presidente Chaves, después de Indonesia, ante el modesto escenario de Costa Rica tuvo la audacia de innovar, según lo que le pareció plausible; pero produjo el gabinete más inestable e ineficaz de la historia del País. Al 3 de febrero de este año, el noticiero ‘Costa Rica Hoy’ contabilizaba 66 movimientos de cambio (despidos, renuncias, traslados); y no sé cuántos más a la fecha: el marcador habrá continuado moviéndose.

Lo que tuvo que haberle causado una cantidad innumerable de pifias e inconvenientes; entre las cuales se destacan las discontinuidades en los proyectos y los repetidos nombramientos de personas que no cumplían con los requisitos del puesto.

2) Objetivos

El presidente Chaves declaró que su gobierno se propondría alcanzar, principalmente, tres metas: empleo, costo de vida y corrupción. Veremos someramente cada uno de esos ítems: pero los dos primeros lo serán en la sección de economía.

El tema de la corrupción es ciertamente recurrente en las declaraciones del presidente Chaves, pues lo esgrime repetidamente contra tirios y troyanos, pero lo que ha hecho varias veces hasta ahora es serruchar la rama en que él mismo está sentado; sin especificar los autores ni los actos concretos que configuran dicho mal. Porque ¿cómo va a perseguir la corrupción, si acusa de corrupción precisamente al Poder Judicial, que es la institución competente para investigarla y condenar a los culpables?

En efecto, el presidente recusa sistemáticamente por corrupción a numerosas fracciones de la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema y demás tribunales, al fiscal general, a la Contraloría General de la República, al Tribunal Supremo de Elecciones, al Organismo de Investigación Judicial, a las universidades públicas y a toda entidad o persona capaz de ejercer control o poner freno a sus actos o contradecir sus opiniones. Y es cierto que han existido y existen focos de corrupción en algunas de esas entidades. Pero el remedio es eliminar uno por uno a los corruptos y corregir una por una las deficiencias normativas y funcionales. El remedio no es abatir las instituciones que ponen freno al arbitrio del poder.

Y ciertamente no es corrupción ni mezquina obstrucción anular o poner coto a los actos arbitrarios o ilegales del Presidente, como han hecho la Sala Cuarta, la Contraloría General y el Tribunal Supremo de Elecciones; o acusar sus frecuentes ilícitos ante los tribunales, como ha hecho el Fiscal General; o allanar oficinas ministeriales en busca de evidencias delictivas, como ha hecho la Policía Judicial; o rechazar sus proyectos de ley perniciosos o inconstitucionales, como ha hecho la Asamblea Legislativa.

En su ataque a las instituciones el presidente ha dejado entrever una patente intolerancia hacia los controles, que no presagia nada bueno.

Economía y sociedad

Neoliberal pragmático, veterano en asesoría financiera internacional, el presidente Chaves adopta visiblemente un modelo orientado hacia el exterior, favoreciendo las zonas francas, promoviendo la liberalización del comercio y propiciando la ayuda financiera del Banco Mundial, que recién ha aprobado un generoso paquete de ayuda para Costa Rica, efectiva para 2025 y 2026.

Después de la crisis motivada por el Covid, se produjo en el Mundo una reactivación económica con una expansión significativa de las exportaciones que, para Costa Rica, fue del 5,8 %; La inversión extranjera directa creció un 14%; la inflación se mantuvo en un 0,84 %, mientras que la deuda del Gobierno descendió por debajo del 60 % del PIB; la pobreza cayó al 18 % y el desempleo al 6,9 %. Todo lo cual beneficia al Gobierno con tasas de crecimiento del PIB del 5,1% en 2023 y del 4,3% en 2024.

Se trata, sin duda, de números muy positivos, y deslumbrados con ellos, los partidarios del presidente han echado las campanas al vuelo.

Pero resulta que en 2021 el PIB creció en Costa Rica un 7,9 %: ¿genialidad de Carlos Alvarado? y en Nicaragua, ese mismo año, el PIB creció un 10,3 %: ¿genialidad de Daniel Ortega?

En todo caso se trataría de una sola de las facetas del poliedro de la economía nacional; hay que ver las otras:

El informe del propio Banco Mundial (2025) dice:

“…A pesar de esta coyuntura sólida, el modelo de desarrollo enfrenta retos importantes. La desigualdad es alta. Con un coeficiente de Gini de 49,2 en 2024, Costa Rica se encuentra entre los países miembros de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución del ingreso.”

Jorge Arturo Sáenz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales (La República, junio de 2025, opina:

En Costa Rica, la tasa de pobreza se situó en un 20,61% en febrero de 2024, lo que refleja una leve reducción en términos estadísticos, con respecto al mismo mes de 2023. Sin embargo, este dato es cuestionable y merece un análisis más profundo (…) La realidad cotidiana muestra un agravamiento y precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esto se evidencia en el aumento constante de los precios de los productos de la canasta básica, cuyo crecimiento desproporcionado en relación con los salarios, afecta a quienes aún tienen empleo formal y, de manera más significativa, a quienes ocupan trabajos informales.

El informe sobre el Estado de la Nación para 2024 se refiere a una falla de varios gobiernos, en la que también incurre el actual, con respecto a la Economía. Después de anotar el éxito de las zonas francas en la inserción del País en los mercados internacionales, y sus beneficios en el PIB y en la creación de empleo calificado, el Informe observa:

“…Esta exitosa inserción internacional no estuvo acompañada por la creación de encadenamientos sociales, productivos y fiscales robustos entre la “nueva” y la “vieja economía” (Programa Estado de la Nación, varios años). Esta desconexión impidió generalizar las mejoras en productividad e ingresos al conjunto de la población. En particular, no se vinculó con la generación de empleo, de manera que incluso en años con crecimiento económico moderado, la creación de puestos de trabajo para la población ha sido poca o, incluso, negativa, en especial para la población con menor calificación educativa…” (Informe 2024, pág. 21)

Según la información, en enero de 2024 la Canasta Básica Alimentaria costaba ¢57.833 y en enero de este año había aumentado a ¢61.988” (Informe de INEC, febrero de 2025).

En cuanto a la adopción de una política nacional de beneficio popular, como bien dice el Informe sobre el Estado de la Nación, la apuesta tantas veces formulada y otras tantas preterida, era profundizar la democracia, para lograr gobiernos más comprometidos con los intereses del pueblo;

Por el contrario, la opción por el pago de la deuda externa, apremiado por la exigencia de conseguir nuevos créditos, ha llevado a los países deudores a sacrificar la importancia de bienes y servicios esenciales para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

También en materia social hubo importantes avances en salud y educación durante los últimos 30 años, nos dice el Informe de 2024 sobre el Estado de la Nación, pero:

“…El mayor esfuerzo social no fue acompañado por políticas de fomento productivo y empleo, que incidieran sobre las oportunidades de la población para generar mayores ingresos. Tampoco se impulsaron políticas de tutela de derechos laborales, lo cual impidió corregir las fallas y las crecientes desigualdades en los mercados de trabajo…”

“…Los principales efectos de estos puntos ciegos de la apuesta social fueron que, durante el período bajo análisis, la desigualdad de ingresos más bien aumentó, pese a la expansión de la inversión social…” (Informe cit., pág. 22).

Considerando todo lo anterior, el Banco Mundial (2025) recomendó: “…Será crucial que Costa Rica adopte medidas para promover un crecimiento inclusivo mientras continúa sus esfuerzos por consolidar una estrategia de gestión fiscal efectiva. El país necesita establecer las condiciones para que el crecimiento sea amplio y alcance plenamente a su fuerza laboral y a todo su territorio…”

El Banco Mundial es neoliberal, pero no hasta la insensatez.

Seguridad

En el tema de la seguridad humana me parece que ha faltado desde hace muchos años una masiva estrategia con los niños y adolescentes más pobres, básicamente a cargo de los Ministerios de Educación, Cultura y Juventud, y una sólida política de justicia social. El presidente Chaves se topó en 2022 con un problema de inseguridad que ya tenía grandes dimensiones y que aumentó dramáticamente en los años siguientes, sobre todo en lo que atañe al delito de homicidio. En este rubro, la tasa de 12,6 homicidios por cada mil habitantes de 2022 se disparó en 2023 a más de 17 homicidios y, con leves variaciones, esas cifras se han mantenido para 2024 y 2025. También ha aumentado ominosamente la tasa de feminicidios, sin que tengamos respuestas convincentes.

Sabemos perfectamente que el grueso de esos crímenes se deriva de los conflictos entre bandas de sicarios al servicio de los carteles de la droga dominantes en el territorio nacional; y que acusan una tendencia a crecer, por la débil capacidad de contención de nuestro cuerpo de Policía Administrativa. Hay diversas iniciativas provenientes tanto del Poder Ejecutivo como de algunos diputados; e incluso hay diez proyectos que tuvieron el consenso de los tres Poderes, pero una respuesta contundente no termina de llegar.

Y a propósito del combate al narcotráfico, entre las medidas gubernamentales que se considera sumamente irresponsables e imprudentes por algunos, o directamente delictuosas por otros, está el traslado de la Escuela Nacional de Guardacostas de su asiento original del puerto de Quepos, en el Pacífico, a un local en Pococí, en tierra firme, a muchos kilómetros del Mar Caribe. Las justificaciones que se han aducido al respecto no se tienen en pie: falta una exhaustiva explicación oficial.

Educación

Decía el entonces candidato Chaves Robles (con toda razón) que el Ministerio de Educación Pública es el ministerio más importante de Costa Rica (Entrevista en No pasa nada, febrero 2022). Y eso sonaba muy alentador, dada la situación de abandono y consiguiente deterioro del sector educativo durante los años anteriores, agudizado por el trienio del Covid.

Era preciso, entonces, reaccionar enérgicamente:

revertir las políticas de austeridad fiscal desconectadas de una perspectiva de desarrollo del país” que venían causando un daño estratégico (Informe sobre el Estado de la Nación para 2022), y agregaba el Informe:

Costa Rica ha entrado a la tercera década del siglo 21 cometiendo el error de realizar una mejora fiscal a costa del deterioro de las oportunidades educativas de la población”.

Porque, en efecto (sigue diciendo el Informe)

en el contexto actual, en todos los escenarios analizados para este Informe, la caída en la inversión en educación experimentada en los últimos años limita seriamente las posibilidades de mejorar la calidad y la equidad educativas, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria.” (informe sobre el Estado de la Educación, 2022).

Y concluía recomendando:

  • Revertir la caída de la inversión en educación.

  • Mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes y su evaluación.

  • Dignificar a las personas docentes y directoras y mejorar las condiciones de contratación y desarrollo laboral y profesional.

Consecuentemente, en vista de la cruda emergencia que atravesaba el sector, era de esperar que las declaraciones amorosas de Chaves Robles hacia la niñez y la juventud se concretaran en un extenso plan estratégico y una enérgica reversión de la asignación presupuestaria, para llegar, al menos, lo más cerca posible del 8% del PIB (mínimo fijado por la Constitución Política); pero lo que ocurrió fue muy diferente:

  1. En cuanto al plan estratégico, después de una pausa de varios meses, el MEP anunció la preparación de una ‘Ruta de la Educación’ que la ministra Müller presentaría en breve; pero pasaron los años y el documento continuaba en preparación …hasta que finalmente, ya en 2025, se supo, por vía oficial, que el documento no existía; y

  2. Algo similar pasó con la asignación de los recursos. Si para 2022 (último presupuesto aprobado en la administración Alvarado) la asignación para Educación había sido del 6.4 % del PIB, en cambio:

-para el presupuesto de 2023 Chaves bajó al 5,4 %;

-para 2024 bajó aún al 5,2 %;

-para 2025 fijó el 4,92 %; y

-para el 2026 la inversión en educación está en el 4.8 %: la más baja en decenios.

Entre el 8 % del PIB que la Constitución prescribe como mínimo para educación, y el 4.8 % destinado por el Gobierno en el Presupuesto para 2026, la diferencia dineraria es alrededor de 1 billón 300 mil millones de colones.

Y ¿cuáles han sido los resultados materiales de semejante desgobierno?

En lo que atañe a la calidad educativa de los jóvenes de nuestro País, la OCDE informa que, según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), de los 87 países valorados, en 2022 Costa Rica descendió al puesto 57. ¿Preocupante? No para el señor Chaves, quien, como ya vimos, en los tres años siguientes de su gobierno fue asignando a educación porcentajes cada vez menores; con lo cual, de paso, consiguió (¿también casualidad?) que las universidades públicas tuvieran menos recursos.

Si nos referimos a los edificios escolares y estructuras anexas, tenemos que a inicios de 2023 había 722 establecimientos afectadas con sendas órdenes sanitarias prohibiendo total o parcialmente su ocupación; y el curso lectivo del presente año se inició con 849 centros educativos bajo órdenes sanitarias (CR HOY, 6 de mayo de 2025); lo cual es obvio que afecta duramente a decenas de miles de estudiantes en todo el País.

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) y ordenó intervenir, de manera inmediata, una escuela ubicada en territorio indígena en Buenos Aires de Puntarenas, debido a las «deplorables» condiciones de infraestructura que ponen en riesgo a la comunidad estudiantil.

Según consta en la resolución, desde el 9 de junio de 2015 está vigente una orden sanitaria, y en abril de 2020 la Sala había emitido una sentencia en la que se instruía al MEP presentar un plan remedial para atender la situación; sin embargo, ambas disposiciones fueron incumplidas.

Ante la omisión reiterada, la Sala ordenó a las autoridades del MEP que realicen todas las gestiones necesarias para solucionar de forma integral y definitiva los problemas de infraestructura en un plazo máximo de 24 meses a partir de la notificación de la sentencia.”

Frente a semejante deterioro, que es claramente escandaloso ¿por qué el presidente Chaves insiste, año tras año, en escatimar los recursos financieros al MEP?

Consultada por el noticiero CR HOY, Lourdes Suárez, directora de Infraestructura Educativa del MEP, se refiere al problema con los términos de una capitulación:

“…Nosotros no vamos a poder atender el 100% (de las 849 órdenes sanitarias) en lo que resta del periodo, eso es así, pero podemos establecer prioridades. -…Aunque es algo que no es políticamente correcto, hay que decir que quedan unos en lista de espera, no los podemos trabajar, quedan en un grado de madurez (sic) y esperamos que quien continúe pueda darle atención que se requiere…”

Es decir, finalmente doña Lourdes confiesa que la solución del problema de los edificios escolares inutilizables será trasladada, con harto poca elegancia y mucho descaro, al próximo Gobierno.

Y entonces ¿cómo era aquello de que el presidente Chaves ama a los estudiantes, y que para él, el MEP es el ministerio más importante de Costa Rica?

Ambiente

Una muestra de la frivolidad con la que el presidente Chaves aborda un tema vital como el ambiente son los superficiales y deleznables motivos aducidos para descartar la promoción del Acuerdo de Escazú para su aprobación por la Asamblea legislativa. «El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno», dijo el Mandatario, haciéndole un guiño a UCAEP.

Pero el Acuerdo de Escazú no es una bicoca: se trata de un tratado interamericano que Costa Rica y Chile promovieron y defendieron apasionadamente durante años, hasta culminarlo en la ciudad de Escazú, en 2018, junto con otros Estados de la Región.

Ha sido aprobado por 18 países y, junto a su modelo europeo, el Convenio de Aahrus, presenta notables elementos dinamizadores de la toma de conciencia popular, y de movilización de las comunidades en defensa del ambiente.

Chaves afirma, erróneamente, sin intentar demostrarlo, que el contenido normativo del Acuerdo de Escazú ya se encuentra vigente en otros textos del ordenamiento costarricense; y esa actitud negatoria es reafirmada por la decisión de desfinancia el sector ‘ambiente’, tal como lo ilustra el informe sobre el Estado de la Nación (2024):

La desmejora de las capacidades técnicas y financieras de la institucionalidad pública con responsabilidades en el campo de la conservación de la biodiversidad es, quizás, la principal amenaza que enfrenta el país. Por tercer año consecutivo se registró una reducción en el presupuesto designado al Sinac, Minae y Fonafifo” (Informe 2024, pág. 195)

En consecuencia, el País experimenta un retroceso en importantes sectores ambientales, como el suministro de agua potable, reducción del área sembrada de granos básicos, aumento de la contaminación por energía térmica e hidrocarburos, aumento de la congestión vial y los accidentes, pérdida de la cobertura arbórea, etc.

Y el daño es percibido por doquier a nivel de comunidad.

Un ejemplo: el ciudadano Sergio Mora, geólogo (en Delfino, 2024) reprocha al presidente Chaves su inacción y la del Minae con respecto el desastre en Crucitas; el horror de los botaderos de basura; la contaminación crónica del río Virilla; la tragedia de los basureros; el impacto ambiental de los embotellamientos viales; y las muertes crecientes en accidentes de tránsito.

Final de fiesta

Creo que, a lo largo de estos 4 años casi cumplidos, el gobierno del Presidente Chaves ha conseguido importantes logros macroeconómicos, particularmente en el terreno crediticio y de la inversión, debidos en buena medida a su imagen neoliberal ‘amigable con el clima de los negocios’, a sus contactos personales y al apoyo del Departamento de Estado; pero ha fracasado en los campos laboral, educacional, ambiental: le ha fallado al componente más humilde de ese numeroso grupo que, deslumbrado por la personalidad y la parafernalia del Presidente, continúa dándole su apoyo.

En todo caso, parece que el propósito principal de las presentaciones públicas del presidente Chaves es exacerbar el odio contra sus críticos y la admiración por sus logros, a fin de aumentar el número de sus seguidores y alcanzar un triunfo rotundo en las próximas elecciones. Con ello, el nuevo gobierno y la nueva fracción legislativa, guiados por él, realizarán la reforma constitucional que elimine los supuestos obstáculos que, según su opinión, impiden hoy realizar un buen gobierno, privatizando, de pasada, el ICE, la Caja, el Banco de Costa Rica y cualquier otro vestigio de un Estado de Bienestar.

Y doy por descontado que, para los últimos meses de su gestión, el señor presidente y su equipo querrán deslumbrarnos a todos, empleando ostentosamente los recursos financieros que el Banco Mundial y el Fondo Monetario le han procurado en el momento oportuno. En efecto:

A) Desde el año pasado el Banco Mundial ha puesto a disposición del Gobierno Chaves Robles:

-$300 millones para apoyar la recuperación económica tras la pandemia;

-$120 millones para impulsar la agricultura sostenible, mejorar la competitividad y la participación económica de pequeños y medianos productores;

$350 millones para financiar infraestructura y servicios resilientes al clima;

$160 millones para acceso a financiamiento en caso de emergencias y desastres naturales;

-$200 millones para fortalecer la lectoescritura, las competencias digitales y la empleabilidad de los estudiantes;

-Además, sendos préstamo para fortalecer la gestión del riesgo social y focalizar los programas sociales; y para modernizar el Ministerio de Hacienda.

B) Y como resultado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, en enero de este año, cinco meses después el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una línea de crédito flexible de dos años por $1.500 millones para el Gobierno de Costa Rica.

En la coyuntura de guerra en que nos hallamos, los Estados Unidos premia a sus fieles. Quiero pensar que todo ese dinero, que hoy sirve al propósito de posibilitar el triunfo electoral del partido del presidente, alcance también para traer provecho a nuestro pueblo.

En todo caso, lo que nos queda es resistir, conformando un frente de lucha para la preservación de la democracia y la defensa del Estado de Derecho.

Disminuir salarios para ser competitivos

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Pues bien, la diputada Pilar Cisneros propuso disminuir el salario mínimo que se establece en Costa Rica de, según ella, $675 por uno más bajo, como el de República Dominicana que es de $241.

El sustento de esa propuesta es que Costa Rica no es competitiva a nivel mundial con países como Méjico, Republica Dominicana o Filipinas. Para lograr atraer la inversión extranjera es necesario reducir los salarios, los derechos laborales y hasta la horas extras. Esa es la lógica de Cisneros y el Gobierno de Chaves.

No sabemos aún, si el Partido Liberación Nacional y su candidato Álvaro Ramos se subirá también a este carro como ya lo hicieron respecto a las jornadas 4×3 que elimina las horas extras. La deriva en materia social, política y económica de Liberación Nacional es muy difícil de saber hasta dónde llegará.

En el pasado el país se distinguió por competir con otros países en cuanto a desarrollo y atracción de inversión extranjera, con educación, salud, estabilidad política y jurídica y calidad de su mano de obra.

La vieja socialdemocracia, de Pepe Figueres, siempre sostuvo que el camino de Costa Rica debía ser otro: no competir con los bajos salarios de los países centroamericanos, sino pugnar en otros niveles, especialmente en educación y calidad de su mano de obra. El país logró de esa manera un desarrollo importante de su Estado de Bienestar y una atracción de capital, también, de mayor calidad.

Pero eso parece poco importar a las nuevas autoridades gubernamentales que hoy se desgañitan por ofrecer lo peor con tal de poder “competir”, rebajándose hasta tirarse al piso.

La semana pasada el Gobierno, en su conferencia de los miércoles, con bombos y platillos, anunció con gran alborozo que Costa Rica había entrado al grupo de los países de ingresos altos, sea llegado a un ingreso superior a los $16.000 per cápita. Sabemos que los ingresos “por cabeza” pueden ser de lo más engañoso del mundo, porque hay unos que los tienen por miles de millones de dólares y otros por debajo de la pobreza. Pero asumamos que para el gobierno eso ha sido muy bueno.

Pues bien, los economistas y especialistas en la materia han manifestado que ese logro se debe a que Costa Rica ha sido muy competitivo a nivel mundial en las últimas dos décadas. Leyeron bien. La explicación es que Costa Rica ingresó a ese “selecto” grupo de los países de mayor ingreso mundial, porque ha sido muy competitivo. ¿Entonces, en dónde quedan los alegatos y propuestas de bajar salarios para aumentar competitividad?

Si ingresamos a los países “top” por ser tan competitivos, las jornadas 4×3 o la rebaja de salarios no tienen fundamento alguno.

El gobierno de Chaves y su fiel escudera Pilar Cisneros lo que pretenden es acabar con el poco Estado de Bienestar que nos queda, aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadores para hacer crecer la tasa de ganancia (las utilidades) de las grandes multinacionales, aunque fuere haciendo cada vez más pobre a la gran mayoría de la población costarricense.

Notas sobre el gobierno Chaves Robles

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes que se publicarán en secuencia: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar; y 3) Los delitos del presidente Chaves.

1.- Magia, saber y poder político

El contexto

El dogma del derecho divino de los reyes, que condujo a atribuirles poderes mágicos (vid. Marc Bloch: Los reyes taumaturgos. México, 1989) fue una expresión del dominio del pensamiento mágico de raíz católica en el terreno de la política, que prevaleció en la historia europea durante muchos siglos, hasta la Ilustración; y fue sustituido por el principio laico del contrato social: la ciencia política tomó el lugar de la doctrina religiosa, pero fue un camino lleno de sangre y dolor.

Sabemos que la distinción entre religión y política se basa en el diferente objeto de cada una, el de la religión las cosas supraterrenales y el político las cosas terrenales; y, claro, la diversa índole de dichas materias requiere métodos distintos: las terrenales imponen el método científico, circunscrito dentro de las dimensiones de la realidad; mientras que las religiosas imponen otro método: el método dogmático, basado en la fe y la revelación, temas que están libres de rigor científico porque no necesitan la demostración rigurosa de su verdad, sino, únicamente, la creencia o adhesión incondicional de la persona creyente: en religión no se necesita la demostración racional de sus fundamentos, sino que la persona debe creer sin dudar.

Esta es básicamente la razón por la que, desde Maquiavelo, se ha sostenido con acierto que el Estado, que es una organización autónoma de la ‘res publica’, debe ser laico; y que el mundo de las creencias (los apóstoles, los santos, los milagros y la fe) debe mantenerse dentro de la esfera propiamente religiosa, separado del mundo político. Ambas esferas estuvieron confundidas por siglos, y para muchos todavía lo están. Y la consecuencia de ello es que los argumentos de fe serían criterios válidos para decidir el voto en las elecciones políticas: y entonces no las va a ganar el candidato que ofrezca el mayor rigor científico en el diagnóstico y la solución de los problemas económicos, sociales y culturales de la comunidad, sino el que consiga una mayor adhesión a su condición de ungido, de hombre de Dios, y a sus planteamientos basados en la fe, la revelación, un supuesto ‘don de lenguas’ (ramaseca, etc.), criterios claramente inservibles en el plano de la política, plano de lo realmente posible.

Tal cosa funcionó en las nuevas repúblicas de América Latina en el siglo XIX, por influencia de los curas: si una parte considerable de la comunidad, por su bajo nivel educativo y su exposición masiva a las consejas curialescas, llega a creer que un candidato cuenta con el favor de Dios para gobernar, y con el poder de cambiar milagrosamente las cosas, seguro ese candidato iba a resultar elegido; aunque también muy probablemente su gobierno será desastroso, por la irrealidad de sus diagnósticos y la quimera de sus soluciones. Y así nos fue.

A inicios del siglo XXI tenemos que la religiosidad en general se ha reducido notablemente; pero aún en algunos sectores «…la confianza, la esperanza en la magia, no se ha desvanecido en absoluto con la llegada de la ciencia experimental…” (Umberto Eco: El mago y el Científico; EL País, 2009) Y precisamente, donde se ha mantenido una educación deficiente (dolencia endémica en la comunidad costarricense), ésta ha dado pábulo a la persistencia difusa de un pensamiento mágico ya en buena parte sin raíces religiosas explícitas, que sigue siendo irracional y se expresa de muchas maneras: desde la ingenua esperanza en que la oración pedigüeña va a influir en la lotería, hasta los fanatismos por los héroes deportivos; y en política, en la fe y en la atracción por el mítico ‘hombre fuerte’, ‘hombre de mano dura’ (siempre más parecido a Benito Mussolini que a José Martí) que resolverá todos los problemas (sobre esto hay que leer, sin falta, Desmitificar a los caquistócratas, de Gustavo Román Jacobo; en CR HOY, 5 de julio de 2025).

Modernamente la experiencia nos ha corroborado una dolorosa/certera lección: la conservación de una auténtica democracia requiere precisamente que la mayor parte del electorado sea capaz de separar, de manera nítida, la esfera política de la esfera mágico/religiosa; y la capacidad de distinguir el pensamiento mágico del pensamiento racional es, a su vez, el resultado de una robusta educación laica. Mientras ésta no se arraigue y generalice en la comunidad con una base racional, y a cambio predomine en el electorado la ignorancia (con sus hijos predilectos: la credulidad y el fanatismo), estaremos más expuestos al peligro de caer en manos de demagogos autoritarios: quienes irracionalmente adherían a la democracia, también irracionalmente renegarán de ella un día.

La historia reciente

Muy temprano, quizás ya en el Siglo XIX, nuestro pueblo se enamoró de la señora Democracia; y aunque pronto aparecieron razones para su desengaño (porque nuestra alabada democracia representativa era, en realidad, una oligocracia con periódicos relevos del poder), por mucho tiempo Costa Rica se aferraba a su ilusión democrática: perdonaba y olvidaba, y pasado un tiempo volvía a perdonar y olvidar, etc.

Perdonó y olvidó el autoritarismo fascistoide de León Cortés, la corrupción de Calderón Guardia, Figueres Ferrer y Oduber Quirós; la traición, los olvidos y las inepcias de Monge Álvarez, Arias Sánchez y la larga lista de los neoliberales, disfrazados o no; hasta que finalmente llegó el momento en que la pobreza y la exclusión nunca remediadas a fondo, la crisis fiscal permanente y una serie de graves escándalos de alto nivel (la Trocha, el Cementazo, la Cochinilla, el Diamante) rompieron el encanto; y la anti-democracia empezó a ascender paulatinamente en las encuestas.

De ese modo surgió en nuestro País el riesgo de una involución autoritaria. Hubo amagos anteriores, pero me parece que, a su manera, eso estuvo a punto de ocurrir una primera vez en nuestro Siglo (2018) con el brote virulento de la popularidad de Fabricio Alvarado: en ese momento la oligarquía codiciosa y timorata y los viejos políticos representados sobre todo por el partido Liberación Nacional, desacreditados a causa de sus gobiernos corruptos e ineficaces, y derrotados electoralmente, vieron la oportunidad de regresar al poder aliándose con aquel candidato que, por su investidura de ‘hombre de Dios’ y su mensaje puramente emotivo, parecía tener posibilidades de ser electo; pero que, por sí mismo, visiblemente carecía de aptitudes para gobernar. Tal contubernio, que haría de Fabricio un “tonto útil” al servicio de un grupo de sagaces políticos potencialmente derrotados, le ofrecía a dicho grupo la inesperada, fortuita ventaja de volver al poder. Pero la cosa no terminaba allí: en un plano diferente, Fabricio era también correa de transmisión de una fuerza política subrepticia, proveniente de las iglesias neopentecostales de los EE.UU que, desde hace años planean, dirigen y financian la penetración de sus organizaciones en América Latina; y han aceptado servir a su vez, de instrumento de una política neoliberal de dominación por parte del gran capital transnacional.

Toda la progresía, sumada a los católicos neo-asustados, votó por Carlos Alvarado; y éste ganó. Sin embargo, no dejemos de considerar que el temido peligro no fue conjurado del todo con la derrota de Fabricio: se mantuvo ominosamente presente debido a la conjunción ideológico/oportunista entre los 14 diputados del Partido Restauración Nacional, los 17 de Liberación Nacional y los 8 del PUSC que tendencialmente se les sumarían alrededor de las iniciativas reaccionarias provenientes de las cúpulas de dichas agrupaciones.

Es decir, para derrotar a Fabricio en la segunda vuelta, el progresismo de izquierda y centro-izquierda se arrojó en brazos de Alvarado, candidato del PAC, un partido sin ideas y sin ideales. Y se llevó un chasco, porque lo que sorpresivamente hizo Alvarado fue aglutinar todo el neoliberalismo: PLN, PUSC, PAC y además los propios pentecostales; y con esa mayoría parlamentaria y la complicidad inicial, estratégica, de la Sala Cuarta, se lanzó a debilitar la Caja, el ICE, las universidades públicas y las restantes instituciones de servicio público, así como las garantías del Derecho Laboral Colectivo y los sindicatos públicos: ¡último bastión que nos va quedando en la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho!

Históricamente hablando, nuestro Estado Social y Democrático de Derecho tuvo su último defensor en Rodrigo Carazo Odio: después de él, a partir de Luis Alberto Monge, ex sindicalista réprobo, todos los presidentes han profesado en varia medida un neoliberalismo más o menos acorde con los planes de ajuste estructural del FMI y el BM (buques insignia del neoliberalismo en el Tercer Mundo), y con las mezquinas expectativas de aprovechamiento de las oligarquías con respecto a los despojos de la privatización: en suma, cada presidente de la lista contribuyó con la causa neoliberal mundial, arrancando algunos ladrillos, o un pedazo de pared del edificio del Estado Social de Derecho que nos legaron Calderón Guardia, Manuel Mora y Pepe Figueres.

Alvarado hizo su parte: magnificando mentirosamente la endémica crisis financiera del Estado y manipulando el truco de la regla fiscal, consiguió al cabo debilitar la posición de los sindicatos y del funcionariado público; pero la pobreza, la desigualdad y la canasta básica aumentaron, lo cual lo descalificó y alentó las esperanzas mesiánicas. Había llegado a Costa Rica un momento de gran peligro: la hora del outsider, del no contaminado con los vicios y corruptelas de lo que Milei en Argentina denominó “la Clase”; y apareció Rodrigo Chaves Robles, experto del Banco Mundial en aplicación de ajustes estructurales. Contra lo que declaraba apaciguadoramente en sus discursos de campaña, todo parece indicar que su misión en Tiquicia es, al fin, dar cristiana sepultura a los restos de nuestro pequeño Estado Empresario: a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Populismo y magia en la coyuntura actual

Volvamos ahora al tema de las primeras páginas de este artículo, porque Rodrigo Chaves es, obviamente, el afortunado beneficiario de aquel fenómeno del pensamiento mágico al que aludíamos: colocado en el momento preciso y en el lugar preciso, pronunció las palabras e hizo los gestos y los contactos adecuados para que grupos desengañados de los viejos partidos y una masa fanatizada e ingenua hayan visto en él al iluminado redentor, el ‘hombre de mano dura’, que resolverá los sempiternos problemas del País; y él ha posado deliberadamente para representar ese papel.

Vuelvo a decirlo: desde hacía algunos años se podía vislumbrar con alguna claridad que en Costa Rica estaban dadas las condiciones objetivas para el advenimiento de esa figura providencial, en su modalidad populista:

– Esas condiciones objetivas estaban dadas, repito, por la inepcia y la corrupción de los partidos tradicionales, su cobardía, su falta de compromiso social y su complicidad con las clases opulentas (lo que les impidió siempre gravarlas con impuestos justos, condenando con ello al Estado a una eterna penuria fiscal), trajeron la corrupción en las altas esferas de poder, junto con el aumento de la brecha económica, la ruina del campesinado mediano y pobre, la proletarización de la clase media, la deserción escolar, el repunte de los delitos contra la propiedad, la propagación de la droga, el reclutamiento de la juventud pauperizada por parte del narcotráfico, el sicariado y un largo etcétera.

En su planteamiento de campaña, Chaves, el hombre nuevo en el escenario político-electoral, por un lado exhibe a los villanos (encarnación del Mal), que son los partidos tradicionales PLN y PUSC, y el PAC; junto con los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral; la burocracia parásita en contubernio con un empresariado inmoral y acomodaticio, y con una ‘prensa canalla’; y por otro lado presenta al renovador: al salvador, es decir, él mismo (encarnación del Bien), virtuoso, sabio y justiciero. Se trata de una moderna edición del pensamiento mágico llamado populismo, que hace unos años estuvo representado por el fracasado Movimiento Libertario con su lema: “no más de lo mismo”.

Ahora bien, en política, el pensamiento mágico opera en ambas direcciones: afecta a la masa que diviniza al líder y lo absuelve de antemano de cualquier exceso, por criminal que sea; y afecta la mente de aquél, tentándolo para una alta apuesta que a sus ojos lo legitima para perseguir sus fines sin reparar en los medios. Estamos ante el vínculo “populista”, directo, entre el líder y sus fieles seguidores, que produce una fuerte tendencia a sustituir el orden institucional (parlamentario, judicial, electoral, de control financiero), por un espejismo en el cual el líder se dice intérprete de una pretendida voluntad soberana, éticamente superior: un ‘mandato de la Historia’ que estaría por encima de aquel orden jurídico estatal que se asegura obsoleto y carcomido por el vicio.

Continuará en entregas posteriores.

Costa Rica: ¿Progreso o retroceso? La contradicción de un gobierno que prioriza horas sobre desarrollo

Por JoseSo
Analista Político

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y numerosos estudios en especial en países europeos, además de Colombia y México qué están avanzando en este tipo de legislación, demuestran que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales o menos aumenta la productividad porque mejora el equilibrio entre vida y trabajo, reduce el estrés y previene el agotamiento. Trabajadores más descansados y con mayor bienestar cometen menos errores, son más creativos y mantienen una mayor concentración. Países como Alemania, Dinamarca y Noruega, con jornadas más cortas que las de Costa Rica, registran altos niveles de eficiencia y competitividad, demostrando que no son las horas trabajadas, sino su calidad, lo que impulsa el rendimiento.

Además, la OIT sostiene que las jornadas excesivas generan costos ocultos en salud pública y rotación laboral. En Europa, experiencias como la de Islandia —que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin bajar salarios— mostraron que los empleados mantuvieron o incluso incrementaron su productividad, mientras empresas reportaron menor absentismo y mayor retención de talento. Esto confirma que políticas laborales inteligentes no están reñidas con la eficiencia económica; al contrario, invertir en condiciones dignas es invertir en productividad sostenible.

Paradoja de la administración Chaves Robles y los partidos tradicionales que se les alían en esta contradicción

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una paradoja difícil de ignorar: mientras el país necesita con urgencia modernizar su infraestructura y servicios públicos para no quedarse atrás en competitividad, el gobierno insiste en impulsar políticas que, en lugar de avanzar, nos retrotraen a modelos laborales del siglo pasado. La convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar las Jornadas 12 horas 4×3 es un ejemplo claro de esta contradicción. ¿Por qué dedicar esfuerzos políticos a flexibilizar horarios laborales —un tema que erosiona derechos históricos— en lugar de priorizar proyectos clave como la Ley Marco de Asociación Público-Privada (APP), que podría dinamizar la inversión en carreteras, transporte y energía?

Las jornadas de 12 horas 4×3: Un paso atrás en el Estado Social de Derecho

El proyecto de jornadas 4×3 no es neutral: representa un retroceso en las condiciones laborales que por décadas han distinguido a Costa Rica en la región. El país construyó su estabilidad social sobre pilares como el salario digno, la jornada de 8 horas y el respeto a los derechos de los trabajadores. Estas conquistas no son solo un legado ético; son también la base de una mano de obra calificada y productiva. Flexibilizar las jornadas sin garantías sólidas —como sucede en la propuesta actual— no solo desgasta la calidad de vida de las familias, sino que puede aumentar el desgaste físico y mental, reduciendo la eficiencia a mediano plazo.

El argumento de “generar empleo” es engañoso: el empleo precario no desarrolla un país. Si el gobierno realmente quisiera reactivar la economía, debería enfocarse en crear empleo de calidad, vinculado a proyectos estratégicos que resuelvan los cuellos de botella que ahogan nuestra competitividad.

La APP: La deuda pendiente con el desarrollo

Mientras el Congreso discute cómo alargar la jornada laboral, otros temas urgentes duermen en la gaveta. La Ley Marco de Asociación Público-Privada lleva años postergada, a pesar de que el modelo actual de concesiones —heredado de los 90— ha demostrado ser lento, opaco e ineficiente. Basta ver el estado del transporte público, las carreteras colapsadas o la lentitud en proyectos de energía renovable para entender que el Estado solo no puede resolver estos problemas.

Las APP bien diseñadas —con controles claros y participación ciudadana— podrían ser una herramienta para atraer inversión, descongestionar la infraestructura y mejorar servicios esenciales. Pero en lugar de impulsar este debate, el gobierno prefiere enfocarse en una reforma laboral que divide a la sociedad y beneficia solo a ciertos sectores empresariales.

¿Dónde está la prioridad?

No se trata de satanizar la flexibilidad laboral o idealizar las APP, sino de cuestionar la coherencia de un gobierno que habla de progreso, pero invierte su capital político en iniciativas regresivas. Costa Rica necesita un plan integral que:

  • Proteja los derechos laborales sin caer en rigidices, pero sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.

  • Acelere la inversión en infraestructura mediante mecanismos modernos y transparentes, como las APP.

  • Priorice lo urgente. El país no puede permitirse otro lustro de debates circulares mientras el transporte colapsa y las empresas pierden horas en tacos.

Mientras otros países de la región avanzan en alianzas estratégicas para modernizarse, Costa Rica arriesga su futuro discutiendo si es aceptable que un trabajador labore 12 horas seguidas. La pregunta no es solo técnica, sino moral: ¿qué clase de desarrollo queremos? Uno que recorta derechos, o uno que construye bases sólidas para crecer.

El gobierno tiene la palabra. O mejor dicho, la acción en el año que le queda, después de tres años de hacer lo contrario, pelear hasta con partidos afines a sus políticas, solo para poner excusas y quedar bien por estilo retórica y no legado permanente.

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Gobierno Chaves-Cisneros: fobias y arbitrariedad

Autor: Luis Paulino Vargas Solís

La Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos emitió este lunes 23 de junio de 2025, una resolución importante en relación con la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, o Marcha de las Diversidades Sexuales y de Género. Una resolución que surge apenas a seis días de la Marcha, programada para el domingo 29 de junio.

Al respecto, quiero comentarles lo siguiente:

1) La resolución atañe al evento de cierre de la Marcha, el cual se realizaría en la Plaza de la Democracia. Esa actividad de clausura ya se ha hecho tradicional, y consiste básicamente en diversos espectáculos artísticos, que incluyen canciones, bailes y diversas performances.

2) Esa Comisión de Control decidió que ese evento de cierre no debe ser visto por personas menores de edad (menores de 18 años). Ordena, entonces, que se realice en un lugar cerrado, y ejerciendo control, cédula en mano, de las personas que ingresan.

3) Es evidente el malintencionado propósito: boicotear al acto de cierre y, por esa vía, y de forma indirecta, boicotear la marcha en su conjunto. Y todavía más puesto que la decisión surge a seis días de la marcha e imponiendo condiciones imposibles de cumplir en ese plazo.

4) La comisión organizadora de la Marcha hizo llegar a esa Comisión de Control, todas las explicaciones solicitadas y mucho más. Lo hizo con meticulosidad y detalle, indicando los nombres de todos los artistas participantes y las características del show que cada una de esas personas, o grupo de personas, ofrecerían. Se dejó bien clarito que no habría contenidos “sexualizados” del tipo que pudiera “preocupar” a las mentes pudorosas y recatadas de las personas integrantes de esa Comisión de Control. O sea: que no habría nada “inconveniente para menores”.

5) La Comisión de Control decidió ignorar todas esas explicaciones, y, sin más trámite, con grosera arbitrariedad, tomó la mencionada decisión, arguyendo que habría “vestuarios inadecuados, expresiones sexualizadas o de contenido no apto para personas menores de edad”.

6) O sea, un ramillete de ridículas suposiciones que, en el colmo del absurdo, incluso involucran cosas que son incontrolables cualquiera sea el contexto de que se trate.

7) Por ejemplo: los “vestuarios inadecuados” ¿Qué es tal cosa? Los mínimos trajes que a menudo se ven en las playas de Costa Rica ¿son una forma de “vestuario inadecuado”? Las escasas vestimentas que usan muchas estrellas de la música en sus clips promocionales ¿son inadecuadas? Todas las personas que asisten a ver un partido de fútbol ¿visten “adecuadamente”?

8) Otra cosa: ¿qué tipifica una “expresión sexualizada”? ¿Son “expresiones sexualizadas” los bailes que se observan en muchos videos de canciones reguetoneras? ¿No son “expresiones sexualizadas” los decires, de elevado contenido machista, tan frecuentes en el vocabulario del presidente Chaves?

Conclusiones:

1) El gobierno Chaves-Cisneros sigue en su nota politiquera y electoral, y, en este caso particular, tomando a las diversidades sexuales como moneda de cambio para atraer el voto conservador.

2) El gobierno Cisneros-Chaves reincidiendo, una vez más, en sus inclinaciones tiránicas, su intolerancia y arbitrariedad.

3) El cisneroschavesato revelándose una vez más como lo que es: un gobierno infestado de odios y fobias.