Ir al contenido principal

Etiqueta: administración Chaves Robles

Disminuir salarios para ser competitivos

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Pues bien, la diputada Pilar Cisneros propuso disminuir el salario mínimo que se establece en Costa Rica de, según ella, $675 por uno más bajo, como el de República Dominicana que es de $241.

El sustento de esa propuesta es que Costa Rica no es competitiva a nivel mundial con países como Méjico, Republica Dominicana o Filipinas. Para lograr atraer la inversión extranjera es necesario reducir los salarios, los derechos laborales y hasta la horas extras. Esa es la lógica de Cisneros y el Gobierno de Chaves.

No sabemos aún, si el Partido Liberación Nacional y su candidato Álvaro Ramos se subirá también a este carro como ya lo hicieron respecto a las jornadas 4×3 que elimina las horas extras. La deriva en materia social, política y económica de Liberación Nacional es muy difícil de saber hasta dónde llegará.

En el pasado el país se distinguió por competir con otros países en cuanto a desarrollo y atracción de inversión extranjera, con educación, salud, estabilidad política y jurídica y calidad de su mano de obra.

La vieja socialdemocracia, de Pepe Figueres, siempre sostuvo que el camino de Costa Rica debía ser otro: no competir con los bajos salarios de los países centroamericanos, sino pugnar en otros niveles, especialmente en educación y calidad de su mano de obra. El país logró de esa manera un desarrollo importante de su Estado de Bienestar y una atracción de capital, también, de mayor calidad.

Pero eso parece poco importar a las nuevas autoridades gubernamentales que hoy se desgañitan por ofrecer lo peor con tal de poder “competir”, rebajándose hasta tirarse al piso.

La semana pasada el Gobierno, en su conferencia de los miércoles, con bombos y platillos, anunció con gran alborozo que Costa Rica había entrado al grupo de los países de ingresos altos, sea llegado a un ingreso superior a los $16.000 per cápita. Sabemos que los ingresos “por cabeza” pueden ser de lo más engañoso del mundo, porque hay unos que los tienen por miles de millones de dólares y otros por debajo de la pobreza. Pero asumamos que para el gobierno eso ha sido muy bueno.

Pues bien, los economistas y especialistas en la materia han manifestado que ese logro se debe a que Costa Rica ha sido muy competitivo a nivel mundial en las últimas dos décadas. Leyeron bien. La explicación es que Costa Rica ingresó a ese “selecto” grupo de los países de mayor ingreso mundial, porque ha sido muy competitivo. ¿Entonces, en dónde quedan los alegatos y propuestas de bajar salarios para aumentar competitividad?

Si ingresamos a los países “top” por ser tan competitivos, las jornadas 4×3 o la rebaja de salarios no tienen fundamento alguno.

El gobierno de Chaves y su fiel escudera Pilar Cisneros lo que pretenden es acabar con el poco Estado de Bienestar que nos queda, aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadores para hacer crecer la tasa de ganancia (las utilidades) de las grandes multinacionales, aunque fuere haciendo cada vez más pobre a la gran mayoría de la población costarricense.

Notas sobre el gobierno Chaves Robles

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes que se publicarán en secuencia: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar; y 3) Los delitos del presidente Chaves.

1.- Magia, saber y poder político

El contexto

El dogma del derecho divino de los reyes, que condujo a atribuirles poderes mágicos (vid. Marc Bloch: Los reyes taumaturgos. México, 1989) fue una expresión del dominio del pensamiento mágico de raíz católica en el terreno de la política, que prevaleció en la historia europea durante muchos siglos, hasta la Ilustración; y fue sustituido por el principio laico del contrato social: la ciencia política tomó el lugar de la doctrina religiosa, pero fue un camino lleno de sangre y dolor.

Sabemos que la distinción entre religión y política se basa en el diferente objeto de cada una, el de la religión las cosas supraterrenales y el político las cosas terrenales; y, claro, la diversa índole de dichas materias requiere métodos distintos: las terrenales imponen el método científico, circunscrito dentro de las dimensiones de la realidad; mientras que las religiosas imponen otro método: el método dogmático, basado en la fe y la revelación, temas que están libres de rigor científico porque no necesitan la demostración rigurosa de su verdad, sino, únicamente, la creencia o adhesión incondicional de la persona creyente: en religión no se necesita la demostración racional de sus fundamentos, sino que la persona debe creer sin dudar.

Esta es básicamente la razón por la que, desde Maquiavelo, se ha sostenido con acierto que el Estado, que es una organización autónoma de la ‘res publica’, debe ser laico; y que el mundo de las creencias (los apóstoles, los santos, los milagros y la fe) debe mantenerse dentro de la esfera propiamente religiosa, separado del mundo político. Ambas esferas estuvieron confundidas por siglos, y para muchos todavía lo están. Y la consecuencia de ello es que los argumentos de fe serían criterios válidos para decidir el voto en las elecciones políticas: y entonces no las va a ganar el candidato que ofrezca el mayor rigor científico en el diagnóstico y la solución de los problemas económicos, sociales y culturales de la comunidad, sino el que consiga una mayor adhesión a su condición de ungido, de hombre de Dios, y a sus planteamientos basados en la fe, la revelación, un supuesto ‘don de lenguas’ (ramaseca, etc.), criterios claramente inservibles en el plano de la política, plano de lo realmente posible.

Tal cosa funcionó en las nuevas repúblicas de América Latina en el siglo XIX, por influencia de los curas: si una parte considerable de la comunidad, por su bajo nivel educativo y su exposición masiva a las consejas curialescas, llega a creer que un candidato cuenta con el favor de Dios para gobernar, y con el poder de cambiar milagrosamente las cosas, seguro ese candidato iba a resultar elegido; aunque también muy probablemente su gobierno será desastroso, por la irrealidad de sus diagnósticos y la quimera de sus soluciones. Y así nos fue.

A inicios del siglo XXI tenemos que la religiosidad en general se ha reducido notablemente; pero aún en algunos sectores «…la confianza, la esperanza en la magia, no se ha desvanecido en absoluto con la llegada de la ciencia experimental…” (Umberto Eco: El mago y el Científico; EL País, 2009) Y precisamente, donde se ha mantenido una educación deficiente (dolencia endémica en la comunidad costarricense), ésta ha dado pábulo a la persistencia difusa de un pensamiento mágico ya en buena parte sin raíces religiosas explícitas, que sigue siendo irracional y se expresa de muchas maneras: desde la ingenua esperanza en que la oración pedigüeña va a influir en la lotería, hasta los fanatismos por los héroes deportivos; y en política, en la fe y en la atracción por el mítico ‘hombre fuerte’, ‘hombre de mano dura’ (siempre más parecido a Benito Mussolini que a José Martí) que resolverá todos los problemas (sobre esto hay que leer, sin falta, Desmitificar a los caquistócratas, de Gustavo Román Jacobo; en CR HOY, 5 de julio de 2025).

Modernamente la experiencia nos ha corroborado una dolorosa/certera lección: la conservación de una auténtica democracia requiere precisamente que la mayor parte del electorado sea capaz de separar, de manera nítida, la esfera política de la esfera mágico/religiosa; y la capacidad de distinguir el pensamiento mágico del pensamiento racional es, a su vez, el resultado de una robusta educación laica. Mientras ésta no se arraigue y generalice en la comunidad con una base racional, y a cambio predomine en el electorado la ignorancia (con sus hijos predilectos: la credulidad y el fanatismo), estaremos más expuestos al peligro de caer en manos de demagogos autoritarios: quienes irracionalmente adherían a la democracia, también irracionalmente renegarán de ella un día.

La historia reciente

Muy temprano, quizás ya en el Siglo XIX, nuestro pueblo se enamoró de la señora Democracia; y aunque pronto aparecieron razones para su desengaño (porque nuestra alabada democracia representativa era, en realidad, una oligocracia con periódicos relevos del poder), por mucho tiempo Costa Rica se aferraba a su ilusión democrática: perdonaba y olvidaba, y pasado un tiempo volvía a perdonar y olvidar, etc.

Perdonó y olvidó el autoritarismo fascistoide de León Cortés, la corrupción de Calderón Guardia, Figueres Ferrer y Oduber Quirós; la traición, los olvidos y las inepcias de Monge Álvarez, Arias Sánchez y la larga lista de los neoliberales, disfrazados o no; hasta que finalmente llegó el momento en que la pobreza y la exclusión nunca remediadas a fondo, la crisis fiscal permanente y una serie de graves escándalos de alto nivel (la Trocha, el Cementazo, la Cochinilla, el Diamante) rompieron el encanto; y la anti-democracia empezó a ascender paulatinamente en las encuestas.

De ese modo surgió en nuestro País el riesgo de una involución autoritaria. Hubo amagos anteriores, pero me parece que, a su manera, eso estuvo a punto de ocurrir una primera vez en nuestro Siglo (2018) con el brote virulento de la popularidad de Fabricio Alvarado: en ese momento la oligarquía codiciosa y timorata y los viejos políticos representados sobre todo por el partido Liberación Nacional, desacreditados a causa de sus gobiernos corruptos e ineficaces, y derrotados electoralmente, vieron la oportunidad de regresar al poder aliándose con aquel candidato que, por su investidura de ‘hombre de Dios’ y su mensaje puramente emotivo, parecía tener posibilidades de ser electo; pero que, por sí mismo, visiblemente carecía de aptitudes para gobernar. Tal contubernio, que haría de Fabricio un “tonto útil” al servicio de un grupo de sagaces políticos potencialmente derrotados, le ofrecía a dicho grupo la inesperada, fortuita ventaja de volver al poder. Pero la cosa no terminaba allí: en un plano diferente, Fabricio era también correa de transmisión de una fuerza política subrepticia, proveniente de las iglesias neopentecostales de los EE.UU que, desde hace años planean, dirigen y financian la penetración de sus organizaciones en América Latina; y han aceptado servir a su vez, de instrumento de una política neoliberal de dominación por parte del gran capital transnacional.

Toda la progresía, sumada a los católicos neo-asustados, votó por Carlos Alvarado; y éste ganó. Sin embargo, no dejemos de considerar que el temido peligro no fue conjurado del todo con la derrota de Fabricio: se mantuvo ominosamente presente debido a la conjunción ideológico/oportunista entre los 14 diputados del Partido Restauración Nacional, los 17 de Liberación Nacional y los 8 del PUSC que tendencialmente se les sumarían alrededor de las iniciativas reaccionarias provenientes de las cúpulas de dichas agrupaciones.

Es decir, para derrotar a Fabricio en la segunda vuelta, el progresismo de izquierda y centro-izquierda se arrojó en brazos de Alvarado, candidato del PAC, un partido sin ideas y sin ideales. Y se llevó un chasco, porque lo que sorpresivamente hizo Alvarado fue aglutinar todo el neoliberalismo: PLN, PUSC, PAC y además los propios pentecostales; y con esa mayoría parlamentaria y la complicidad inicial, estratégica, de la Sala Cuarta, se lanzó a debilitar la Caja, el ICE, las universidades públicas y las restantes instituciones de servicio público, así como las garantías del Derecho Laboral Colectivo y los sindicatos públicos: ¡último bastión que nos va quedando en la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho!

Históricamente hablando, nuestro Estado Social y Democrático de Derecho tuvo su último defensor en Rodrigo Carazo Odio: después de él, a partir de Luis Alberto Monge, ex sindicalista réprobo, todos los presidentes han profesado en varia medida un neoliberalismo más o menos acorde con los planes de ajuste estructural del FMI y el BM (buques insignia del neoliberalismo en el Tercer Mundo), y con las mezquinas expectativas de aprovechamiento de las oligarquías con respecto a los despojos de la privatización: en suma, cada presidente de la lista contribuyó con la causa neoliberal mundial, arrancando algunos ladrillos, o un pedazo de pared del edificio del Estado Social de Derecho que nos legaron Calderón Guardia, Manuel Mora y Pepe Figueres.

Alvarado hizo su parte: magnificando mentirosamente la endémica crisis financiera del Estado y manipulando el truco de la regla fiscal, consiguió al cabo debilitar la posición de los sindicatos y del funcionariado público; pero la pobreza, la desigualdad y la canasta básica aumentaron, lo cual lo descalificó y alentó las esperanzas mesiánicas. Había llegado a Costa Rica un momento de gran peligro: la hora del outsider, del no contaminado con los vicios y corruptelas de lo que Milei en Argentina denominó “la Clase”; y apareció Rodrigo Chaves Robles, experto del Banco Mundial en aplicación de ajustes estructurales. Contra lo que declaraba apaciguadoramente en sus discursos de campaña, todo parece indicar que su misión en Tiquicia es, al fin, dar cristiana sepultura a los restos de nuestro pequeño Estado Empresario: a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Populismo y magia en la coyuntura actual

Volvamos ahora al tema de las primeras páginas de este artículo, porque Rodrigo Chaves es, obviamente, el afortunado beneficiario de aquel fenómeno del pensamiento mágico al que aludíamos: colocado en el momento preciso y en el lugar preciso, pronunció las palabras e hizo los gestos y los contactos adecuados para que grupos desengañados de los viejos partidos y una masa fanatizada e ingenua hayan visto en él al iluminado redentor, el ‘hombre de mano dura’, que resolverá los sempiternos problemas del País; y él ha posado deliberadamente para representar ese papel.

Vuelvo a decirlo: desde hacía algunos años se podía vislumbrar con alguna claridad que en Costa Rica estaban dadas las condiciones objetivas para el advenimiento de esa figura providencial, en su modalidad populista:

– Esas condiciones objetivas estaban dadas, repito, por la inepcia y la corrupción de los partidos tradicionales, su cobardía, su falta de compromiso social y su complicidad con las clases opulentas (lo que les impidió siempre gravarlas con impuestos justos, condenando con ello al Estado a una eterna penuria fiscal), trajeron la corrupción en las altas esferas de poder, junto con el aumento de la brecha económica, la ruina del campesinado mediano y pobre, la proletarización de la clase media, la deserción escolar, el repunte de los delitos contra la propiedad, la propagación de la droga, el reclutamiento de la juventud pauperizada por parte del narcotráfico, el sicariado y un largo etcétera.

En su planteamiento de campaña, Chaves, el hombre nuevo en el escenario político-electoral, por un lado exhibe a los villanos (encarnación del Mal), que son los partidos tradicionales PLN y PUSC, y el PAC; junto con los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral; la burocracia parásita en contubernio con un empresariado inmoral y acomodaticio, y con una ‘prensa canalla’; y por otro lado presenta al renovador: al salvador, es decir, él mismo (encarnación del Bien), virtuoso, sabio y justiciero. Se trata de una moderna edición del pensamiento mágico llamado populismo, que hace unos años estuvo representado por el fracasado Movimiento Libertario con su lema: “no más de lo mismo”.

Ahora bien, en política, el pensamiento mágico opera en ambas direcciones: afecta a la masa que diviniza al líder y lo absuelve de antemano de cualquier exceso, por criminal que sea; y afecta la mente de aquél, tentándolo para una alta apuesta que a sus ojos lo legitima para perseguir sus fines sin reparar en los medios. Estamos ante el vínculo “populista”, directo, entre el líder y sus fieles seguidores, que produce una fuerte tendencia a sustituir el orden institucional (parlamentario, judicial, electoral, de control financiero), por un espejismo en el cual el líder se dice intérprete de una pretendida voluntad soberana, éticamente superior: un ‘mandato de la Historia’ que estaría por encima de aquel orden jurídico estatal que se asegura obsoleto y carcomido por el vicio.

Continuará en entregas posteriores.

Costa Rica: ¿Progreso o retroceso? La contradicción de un gobierno que prioriza horas sobre desarrollo

Por JoseSo
Analista Político

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y numerosos estudios en especial en países europeos, además de Colombia y México qué están avanzando en este tipo de legislación, demuestran que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales o menos aumenta la productividad porque mejora el equilibrio entre vida y trabajo, reduce el estrés y previene el agotamiento. Trabajadores más descansados y con mayor bienestar cometen menos errores, son más creativos y mantienen una mayor concentración. Países como Alemania, Dinamarca y Noruega, con jornadas más cortas que las de Costa Rica, registran altos niveles de eficiencia y competitividad, demostrando que no son las horas trabajadas, sino su calidad, lo que impulsa el rendimiento.

Además, la OIT sostiene que las jornadas excesivas generan costos ocultos en salud pública y rotación laboral. En Europa, experiencias como la de Islandia —que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin bajar salarios— mostraron que los empleados mantuvieron o incluso incrementaron su productividad, mientras empresas reportaron menor absentismo y mayor retención de talento. Esto confirma que políticas laborales inteligentes no están reñidas con la eficiencia económica; al contrario, invertir en condiciones dignas es invertir en productividad sostenible.

Paradoja de la administración Chaves Robles y los partidos tradicionales que se les alían en esta contradicción

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una paradoja difícil de ignorar: mientras el país necesita con urgencia modernizar su infraestructura y servicios públicos para no quedarse atrás en competitividad, el gobierno insiste en impulsar políticas que, en lugar de avanzar, nos retrotraen a modelos laborales del siglo pasado. La convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar las Jornadas 12 horas 4×3 es un ejemplo claro de esta contradicción. ¿Por qué dedicar esfuerzos políticos a flexibilizar horarios laborales —un tema que erosiona derechos históricos— en lugar de priorizar proyectos clave como la Ley Marco de Asociación Público-Privada (APP), que podría dinamizar la inversión en carreteras, transporte y energía?

Las jornadas de 12 horas 4×3: Un paso atrás en el Estado Social de Derecho

El proyecto de jornadas 4×3 no es neutral: representa un retroceso en las condiciones laborales que por décadas han distinguido a Costa Rica en la región. El país construyó su estabilidad social sobre pilares como el salario digno, la jornada de 8 horas y el respeto a los derechos de los trabajadores. Estas conquistas no son solo un legado ético; son también la base de una mano de obra calificada y productiva. Flexibilizar las jornadas sin garantías sólidas —como sucede en la propuesta actual— no solo desgasta la calidad de vida de las familias, sino que puede aumentar el desgaste físico y mental, reduciendo la eficiencia a mediano plazo.

El argumento de “generar empleo” es engañoso: el empleo precario no desarrolla un país. Si el gobierno realmente quisiera reactivar la economía, debería enfocarse en crear empleo de calidad, vinculado a proyectos estratégicos que resuelvan los cuellos de botella que ahogan nuestra competitividad.

La APP: La deuda pendiente con el desarrollo

Mientras el Congreso discute cómo alargar la jornada laboral, otros temas urgentes duermen en la gaveta. La Ley Marco de Asociación Público-Privada lleva años postergada, a pesar de que el modelo actual de concesiones —heredado de los 90— ha demostrado ser lento, opaco e ineficiente. Basta ver el estado del transporte público, las carreteras colapsadas o la lentitud en proyectos de energía renovable para entender que el Estado solo no puede resolver estos problemas.

Las APP bien diseñadas —con controles claros y participación ciudadana— podrían ser una herramienta para atraer inversión, descongestionar la infraestructura y mejorar servicios esenciales. Pero en lugar de impulsar este debate, el gobierno prefiere enfocarse en una reforma laboral que divide a la sociedad y beneficia solo a ciertos sectores empresariales.

¿Dónde está la prioridad?

No se trata de satanizar la flexibilidad laboral o idealizar las APP, sino de cuestionar la coherencia de un gobierno que habla de progreso, pero invierte su capital político en iniciativas regresivas. Costa Rica necesita un plan integral que:

  • Proteja los derechos laborales sin caer en rigidices, pero sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.

  • Acelere la inversión en infraestructura mediante mecanismos modernos y transparentes, como las APP.

  • Priorice lo urgente. El país no puede permitirse otro lustro de debates circulares mientras el transporte colapsa y las empresas pierden horas en tacos.

Mientras otros países de la región avanzan en alianzas estratégicas para modernizarse, Costa Rica arriesga su futuro discutiendo si es aceptable que un trabajador labore 12 horas seguidas. La pregunta no es solo técnica, sino moral: ¿qué clase de desarrollo queremos? Uno que recorta derechos, o uno que construye bases sólidas para crecer.

El gobierno tiene la palabra. O mejor dicho, la acción en el año que le queda, después de tres años de hacer lo contrario, pelear hasta con partidos afines a sus políticas, solo para poner excusas y quedar bien por estilo retórica y no legado permanente.

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Gobierno Chaves-Cisneros: fobias y arbitrariedad

Autor: Luis Paulino Vargas Solís

La Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos emitió este lunes 23 de junio de 2025, una resolución importante en relación con la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, o Marcha de las Diversidades Sexuales y de Género. Una resolución que surge apenas a seis días de la Marcha, programada para el domingo 29 de junio.

Al respecto, quiero comentarles lo siguiente:

1) La resolución atañe al evento de cierre de la Marcha, el cual se realizaría en la Plaza de la Democracia. Esa actividad de clausura ya se ha hecho tradicional, y consiste básicamente en diversos espectáculos artísticos, que incluyen canciones, bailes y diversas performances.

2) Esa Comisión de Control decidió que ese evento de cierre no debe ser visto por personas menores de edad (menores de 18 años). Ordena, entonces, que se realice en un lugar cerrado, y ejerciendo control, cédula en mano, de las personas que ingresan.

3) Es evidente el malintencionado propósito: boicotear al acto de cierre y, por esa vía, y de forma indirecta, boicotear la marcha en su conjunto. Y todavía más puesto que la decisión surge a seis días de la marcha e imponiendo condiciones imposibles de cumplir en ese plazo.

4) La comisión organizadora de la Marcha hizo llegar a esa Comisión de Control, todas las explicaciones solicitadas y mucho más. Lo hizo con meticulosidad y detalle, indicando los nombres de todos los artistas participantes y las características del show que cada una de esas personas, o grupo de personas, ofrecerían. Se dejó bien clarito que no habría contenidos “sexualizados” del tipo que pudiera “preocupar” a las mentes pudorosas y recatadas de las personas integrantes de esa Comisión de Control. O sea: que no habría nada “inconveniente para menores”.

5) La Comisión de Control decidió ignorar todas esas explicaciones, y, sin más trámite, con grosera arbitrariedad, tomó la mencionada decisión, arguyendo que habría “vestuarios inadecuados, expresiones sexualizadas o de contenido no apto para personas menores de edad”.

6) O sea, un ramillete de ridículas suposiciones que, en el colmo del absurdo, incluso involucran cosas que son incontrolables cualquiera sea el contexto de que se trate.

7) Por ejemplo: los “vestuarios inadecuados” ¿Qué es tal cosa? Los mínimos trajes que a menudo se ven en las playas de Costa Rica ¿son una forma de “vestuario inadecuado”? Las escasas vestimentas que usan muchas estrellas de la música en sus clips promocionales ¿son inadecuadas? Todas las personas que asisten a ver un partido de fútbol ¿visten “adecuadamente”?

8) Otra cosa: ¿qué tipifica una “expresión sexualizada”? ¿Son “expresiones sexualizadas” los bailes que se observan en muchos videos de canciones reguetoneras? ¿No son “expresiones sexualizadas” los decires, de elevado contenido machista, tan frecuentes en el vocabulario del presidente Chaves?

Conclusiones:

1) El gobierno Chaves-Cisneros sigue en su nota politiquera y electoral, y, en este caso particular, tomando a las diversidades sexuales como moneda de cambio para atraer el voto conservador.

2) El gobierno Cisneros-Chaves reincidiendo, una vez más, en sus inclinaciones tiránicas, su intolerancia y arbitrariedad.

3) El cisneroschavesato revelándose una vez más como lo que es: un gobierno infestado de odios y fobias.

Centrales sindicales rechazan proyecto de jornadas 4×3 y solicitan intervención de la OIT

Cuatro centrales sindicales de Costa Rica manifestaron su rechazo al proyecto de ley sobre jornadas laborales 4×3 impulsado por la administración Chaves Robles, y solicitaron formalmente la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante una carta abierta.

La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y la Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica) emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian que el proyecto, identificado como expediente 24.290, representa «un retroceso y una clara desmejora de las conquistas históricas de la clase trabajadora».

Según expresan las organizaciones sindicales, el gobierno intentó aprobar este proyecto el 19 de mayo mediante el mecanismo de vía rápida en la Asamblea Legislativa, pero no tuvo éxito. La iniciativa pretende implementar una jornada laboral de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana.

En el comunicado, las centrales sindicales destacan la decisión de la Asamblea de negar la vía rápida y exigen el rechazo total de este proyecto. «Afectaría negativamente la salud, seguridad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los costarricenses», señala el documento, indicando que fue desarrollado sin considerar las necesidades y realidades de las personas trabajadoras del país.

Entre las razones de oposición al proyecto, las organizaciones mencionan:

  • El aumento del riesgo de enfermedades y accidentes laborales con jornadas de 12 horas

  • La contradicción con políticas de países miembros de la OCDE que promueven la reducción de jornadas laborales

  • El impacto económico negativo en la productividad según especialistas del Observatorio Económico y Social de la UNA

  • La discriminación hacia mujeres y familias trabajadoras

  • El retroceso en el avance educativo de quienes trabajan y estudian

  • La ausencia de diálogo social en la formulación del proyecto

Paralelamente, las mismas organizaciones enviaron una carta abierta a Eliel Hasson Nisis, director de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, expresando su preocupación por la propuesta de ampliación de la jornada laboral.

En la misiva, las confederaciones sindicales indican que la medida «coloca en grave riesgo los derechos fundamentales de la clase trabajadora costarricense y retrocede más de un siglo las conquistas históricas derivadas de la lucha sindical obrera».

Las organizaciones recuerdan que desde la adopción del Convenio N°1 de la OIT en 1919, el principio de la limitación de la jornada laboral ha sido reconocido como un pilar del derecho internacional y solicitan un pronunciamiento público del organismo tripartito sobre esta situación.

«La sociedad costarricense espera de la OIT una posición clara en defensa de los derechos laborales, alineada con los convenios internacionales y con el principio de trabajo digno y equitativo enmarcado dentro del concepto de Trabajo Decente», concluye la carta.

Llamado al cese de hostilidades

Comunicado

Las mujeres y sus diversas organizaciones hacemos un vehemente llamado a la razón a quienes encabezan el gobierno de la república para que depongan sus discursos incendiarios que atizan el odio de manera irresponsable, y en su lugar, conduzcan a nuestra querida nación por los caminos de la paz, la no violencia y el diálogo democrático.

El juramento constitucional de cumplir con nuestro pacto político y con las leyes debe honrarse hasta su último día de la gestión gubernamental; el marco jurídico que nos cobija no es de carácter optativo. El gobierno debe maximizar sus esfuerzos para enmendar sus pifias, sus grandes errores, su errática gestión, sus desaciertos.

Nuestro país no merece esta polarización entre hermanas y hermanos, porque si no rectifican serán recordados como la administración del extravío y de la polarización. Es responsabilidad del mandatario Chaves Robles utilizar las vías del diálogo y el entendimiento y cesar en sus hostilidades.

El regresivo mensaje del presidente se inscribe en una tradición autoritaria de larga y continua data llegando al extremo de manifestar un impulso irracional al invocar a una guerra civil como un medio legítimo, esto es en realidad un delirio de poder irreflexivo inaceptable, que no podemos admitir ni validar.

Aunado a lo anterior tenemos noticia de que en las llanuras del norte se está fraguando una arremetida armada que no es ni más ni menos que un llamado a la sedición de forma abierta y sin tapujos, amparados en las armas, al hedor a muerte y la violencia, ¿Qué se creen estos hombres? ¿Qué son dueños de la verdad? ¿Qué son la conciencia de la nación? Están equivocados porque son numerosas las voces que se levantan desde la ciudadanía adversando tal disparate.

Esto nos hace recordar que la Guardia Pretoriana fue extinguida desde el siglo III, porque si bien nació para proteger al emperador romano, cometió excesos y abusos de poder contra la población hasta que fue eliminada. El presidente de la república si bien tiene ínfulas de emperador romano, no lo es, su mandato expira en un año y otra persona será electa para ocupar ese mismo cargo, porque así lo establece nuestra organización política.

No es con amagos de violencia como se resuelven los grandes y graves problemas nacionales. Bien se aplica el dicho “zapatero a tus zapatos”, deje de buscar y atizar conflictos y dedíquese a gobernar para toda la población que ese es ni más ni menos el mandato constitucional que usted juró defender.

La paz es una construcción social; desde la antigüedad se asocia con ideas de armonía y bienestar integral, no es solamente la ausencia del conflicto armado. En nuestro país se asocia con la doctrina en materia de los Derechos Humanos y a eso debe enfocarse la gobernanza democrática.

Frente a esta delicada coyuntura nos pronunciamos y reafirmamos los valores de la paz, la no violencia y la búsqueda constante de la justicia y la razón. Frente al autoritarismo y la arbitrariedad, frente a las guerras y genocidios que otros deciden sin ninguna compasión, rechazamos toda intención de retroceder y de renunciar a nuestras esperanzas por una vida más justa y más pacífica.

21 de mayo, 2025.

Suscriben:

  1. Albena Muñoz Taya, cédula 901040926

  2. Albertina Alfaro Chinchilla, cédula 105650667

  3. Alejandra Bonilla Leiva, cédula 302080425.

  4. Alice Solís Fernández 104680009

  5. Ana Chacón Mora, cédula 105480839

  6. Ana Helena Chacón, cédula 1567359

  7. Ana Isabel Ruiz Rojas cedula # 401031163

  8. Ana Leonor Ramírez Montes cédula 104830426

  9. Ana Ligia Sanchez Rojas, cédula 700470621.

  10. Ana Lupita Chaves Salas, 104550585

  11. Ana Priscilla Flores Quirós, cédula 114040862

  12. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593

  13. Ana Victoria Rodríguez Badilla, cédula 103800227

  14. Anacristina Rossi 104070914

  15. Andrea Campos Ramirez, cédula 109380681

  16. Andrea Cordero Vargas, cédula 112510163

  17. Andrea Cuenca Botey, cédula 110060165

  18. Ann Mc Kinley Meza, 7 0086 0416

  19. Argentina Artavia Medrano 107090127

  20. Bianca Carolina Castaño Sandoval 155820864908

  21. Carmen Carro Barrantes, cédula 106000363

  22. Carmen Lia Meoño Soto, cédula 203730473

  23. Carmen María Muñoz Quesada 106190272

  24. Carolina García Mendoza, cédula 110200521

  25. Carolina Viquez 109350514

  26. Casilda Sancho B 506 202410142

  27. Cassandra Jara Barrantes, cédula 118760925

  28. Cecilia Claramunt Montero, cédula 104480250

  29. Cynthia Córdoba Serrano, cédula 108290785.

  30. Daniela Miranda Méndez, cédula 114120885

  31. Elides Rivera Navas, cédula 601990675

  32. Elisabeth Cook Steike, cédula 184000052015

  33. Ericka Arrieta Matarrita. Cédula 108020564

  34. Erika Sevilla Zepeda, cédula 107900467

  35. Esperanza Tasies 700670374

  36. Eugenia Salazar Aguilar, cédula 104720913

  37. Fabiola Bernal Acevedo, cédula 01030029

  38. Flora Fernández Amón 105230903

  39. Gabriela Quirós Sánchez, cédula 114180925

  40. Giannina Tanzi P – 104340758

  41. Giselle Arce Fonseca, cédula 105230641

  42. Guiomar del Rocío Martín 103550418

  43. Haydeé Hernnández Pérez, cédula 10559O946

  44. Hazel Vargas Zeledón. 103980738

  45. Hilda Echeverría Alvarado – 900240403

  46. Ileana DAlolio Sánchez 110510808

  47. Ileana Ramírez Quirós, cédula 105860094

  48. Irené Barrantes Jimenez, cédula 111550692

  49. Isabel Ducca Duran 105640060

  50. Isis Fallas Salazar, cédula 108530920

  51. Julia Ardón Morera, cédula 2-0386-0415

  52. Julia María de la O. Murillo, cédula 401010754.

  53. Karla Calderón Sánchez, cédula 114240786

  54. Karol Tatiana Navarro Monge 1-0941-0004

  55. Katherine Cerdas Bonilla 303590402

  56. Kattia del Carmen Castro Valverde, Cédula 107 29 0341

  57. Kattia Isabel Castro Flores, cédula 107590724

  58. Keyra Martínez Meneses, cédula 701860267

  59. Larissa Arroyo Navarrete, cédula 109850255

  60. Laura Arias Cabrera, cédula 108750206

  61. Laura María Valenciano García 1-0973-0873

  62. Laura Pacheco Muñoz 112240846

  63. Leda Barquero 105560466

  64. Lucía Molina Fallas, cédula 1 07930190

  65. Luz María Chacón León 203360097

  66. Ma. del Milagro Solís Aguilar, 106970566

  67. Magda Sánchez Lépiz, cédula 103930882

  68. Margarita Salas Guzmán 110080057

  69. María Clareth Calderón Monge, cédula 118100822

  70. María del Rocío Chamorro Tasies, cédula 111240216

  71. María Dolores Ramírez Bonilla, cédula 3245233

  72. María Emma Prada Granados, cédula 117000795806

  73. María Fernanda Chaves Rodríguez, cédula 207930834

  74. María Gabriela Hernández López, cédula 204070211

  75. María Lorena Molina Molina 202940461

  76. María Natalia Chaves Vargas, cédula 207560519

  77. María Trejos Montero, cédula 106890938

  78. Mariela Víquez Ramirez, cédula 401110780

  79. Marielos Muñoz Solórzano, cédula 603340348

  80. Maritza González Zuñiga, Cédula 104181352

  81. Maritza Salgado Silva, cédula 800860319

  82. Marla Hernández Gaubil 107970014

  83. Marla Hernández Gaubil, cédula 107970014

  84. Marlen Zúñiga Alvarado 1 06830439

  85. Marta Eugenia González Madriz 104460350

  86. Marta Solano Arias, cédula 104530311

  87. Mayra Castro Artavia, cédula 104530815

  88. Melania Monge Rodriguez 105370482

  89. Milagro García Bolaños 104050350

  90. Millaray Villalobos Rojas ; 109340412

  91. Nancy Piedra Guillén 105860455

  92. Nataly Segura Molina 208100216

  93. Nelsy Saborío 106300624

  94. Nicole Daniela Sánchez Calvo 118070611

  95. Nora Gómez Mora, cédula 108360262

  96. Nora Montero Quirós 103550044

  97. Pamela Bojorge Ortega, cédula. 603340112

  98. Patricia Porras Guzman 111350324

  99. Priscilla Araya Cabrera 304270423

  100. Priscilla Echeverría Alvarado 900640150

  101. Priscilla Fernández Ortiz, cédula 303550419

  102. Raquel Berrocal Sibaja, cédula 114360553

  103. Raquel Hernández Castro cédula 108320138

  104. Rebeca Solórzano Aguilar, cédula 112380408

  105. Rocío Abarca Sánchez, cédula 701600677

  106. Rocío Solís García, cédula 108370263

  107. Rosa Anca Huamani, cédula 186201879632

  108. Roxana Arroyo Vargas, cédula 106430057

  109. Roxana Hidalgo Xirinachs 105970626

  110. Sandra Araya Umaña, cédula 401310102.

  111. Sandra Cartín Herrera, cédula 203430634

  112. Sharo Rosales Arce, cédula 106920853

  113. Shi Alarcón-Zamora, cédula 112910818

  114. Silvia Regina de Lima Silva, cédula 107600000731

  115. Sofía Gómez Morice, cédula 116970519

  116. Stella Chinchilla Mora, cédula 106160504

  117. Sylvia Ester Muñoz Mata, cédula 108830514

  118. Teresita Ramellini Centella, cédula 8-0087-0026

  119. Tiryth María Vindas Campos, cédula 504410688

  120. Vania Quezada Silva, cédula 800640843

  121. Vicky Luna Salas 204690427

  122. Vivian Solís Espinoza, cédula 110320334

  123. Wendy Vásquez Pessoa, cédula 303640290

  124. Yamileth Monterrey López, cédula 800580801

  125. Yamilette Fontana Coto. 194410669

  126. Yanina Soto Vargas 104770775

  127. Yanis Quesada Chanto, cédula 107520531

  128. Yendry Martínez Rivera, cédula 110800645

  129. Zaida Lorena Valverde Hernández, cédula 106240926

  130. Zeidy Brukwä Rodríguez, cédula 603850036

  131. Alexander Rojas Parajeles, 1-0713-0292

  132. Carlos Manuel Muñoz Jiménez 401810513

  133. David Contreras Mora 105310468

  134. Edison Valverde Araya 1 0346 0024

  135. Esteban Rodríguez Dobles 205420910

  136. Fernando Alfredo Mora Chacón 1-0377-0243

  137. Guido Mora Mora 302570217

  138. Henry Mora Jiménez 105120548

  139. Jaime Cerdas Solano. 1-0573-0178

  140. Jaime Delgado Rojas, céd. 400960395

  141. Luis Ángel Céspedes Rodriguez 104131304

  142. Óscar Castillo Rojas. Céd.: 301951450

  143. Pablo Andrés Chinchilla Balladarez 112420412

  144. Roberto Castillo Rojas 301770017

  145. Rodolfo Ulloa Bonilla, 105480272

  146. Sergio Reuben-Soto 103150723

Organizaciones

  1. Organización de Mujeres indígenas Mano de Tigre

  2. Territorio Conte Burica

  3. Kalpulli Otokani

  4. Colectiva Feministas en Resistencia

  5. Frente Nacional de Lucha

  6. Profesionales para la Ciudadanía

  7. Centro de Amigos para la Paz

  8. Asociación de Mujeres Hefziba Internacional

  9. Colectivo Mujeres por Costa Rica

  10. Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

  11. ACOPROM

  12. Observatorio de Género y Medios

  13. Feministas Picos Rojos

  14. Seguridad Feminista

  15. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa

  16. MUSADE

  17. Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad

  18. Colectiva Coexistir, Cartago

  19. Juventud del Frente Amplio

  20. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  21. Grupo de Trabajo, Agenda CEDAW Costa Rica

  22. Movimiento Reflexión en Acción

  23. Voces de fe contra la violencia de género

  24. Alianza de Mujeres Costarricense

  25. DEI – Departamento Ecuménico de Investigaciones

  26. Asociación TransVida

  27. Escudo Democrático

  28. Radio Zurquí

  29. Mundo Sin Guerras y Sin Violencia

  30. Me Pasó en la UCR

  31. Frente Feminista

  32. Asociación Civil Pro Natura

  33. SERPAJ, Servicio, Paz y Justicia, Costa Rica

  34. Frente Nacional de Pueblos Indígenas

  35. Mujeres en Lucha Social

  36. Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo

  37. Socias del Museo de las mujeres de Costa Rica

  38. Mujeres Migrantes Luciérnagas sobre Ruedas

  39. Somos Fuego

  40. Mujeres autoconvocadas en la lucha por nuestros derechos

  41. Comisión Nacional de las Mujeres. Acción Ciudadana.

Le invitamos a descargar el documento en formato PDF mediante este enlace.

Carta pública a don Mario Zamora, Ministro de Seguridad

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Exmagistrado Corte Suprema de Justicia y
Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica

Señor Ministro:

         Dados los tiempos que corren, le escribo sin ninguna expectativa de obtener respuesta de su parte. Sin embargo, creo que lo que tengo que decirle rebasa lo interpersonal para alcanzar un evidente interés público. Además, he llegado a la triste conclusión de que usted encarna, como pocos, el extravío político y moral al que nos ha conducido la deriva autoritaria del gobierno Chaves Robles.

         Conocí al joven Zamora en las aulas universitarias como una persona estudiosa, responsable, muy respetuosa y con claros afanes de superación. Me alegré sinceramente cuando lo vi ocupar, muy temprano, puestos de importancia en la función pública. Asimismo, estuve gratamente impresionado con el currículum que presentó cuando, no hace mucho, estuvo concursando para Defensor de los Habitantes, donde usted destacaba su preparación teórica y experiencia práctica en temas relevantes como Derechos Humanos, Estado Social de Derecho y, muy valiosa, su preparación en la doctrina para una Policía democrática. Por años su trayectoria, como la de muchos excelentes alumnos que tuve el privilegio de tener en las aulas, me hacía sentir, como profesor, el orgullo propio de “la misión cumplida”.

         Pero he aquí que ahora me enfrento a un hombre irreconocible. Se percibe una involución ética y política que sólo la embriaguez del poder es capaz de obrar en los seres humanos. Porque a diferencia de muchos improvisados y oportunistas, usted no puede alegar que no lo sabía, que no lo estudió, que no lo conoce. Porque al lado del gritón de los miércoles, con cara de “chiquillo regañado”, me produce una sensación de frustración y fracaso que también, de alguna manera, alcanzan a este profe.

         Por esta razón caen como piedras rodantes las preguntas impostergables. De veras, don Mario, ¿vale la pena tirar por el caño tanto estudio y patrimonio profesional a cambio de un ministerio en el gabinete más mediocre e inestable de que tenemos memoria? ¿Vale la pena cohonestar como referente en materias de seguridad, sistema penal y régimen penitenciario al fûhrer de los campos de concentración del siglo XXI, Nayib Bukele? De veras, don Mario, ¿está usted dispuesto a pasar a la historia como ese ministro que calló y fue cómplice de los llamados a la sedición y al derramamiento de sangre entre costarricenses, por los delirios presidenciales?

         Ha llegado usted tan lejos, sobre todo en el manejo oscuro del tema de crimen organizado y narcotráfico que, a estas alturas de mi carta, puede usted estarse riendo y con ganas de enterrarme en cajita blanca. La verdad es que no sé si queda algo del Mario Zamora de antes. Pero algo muy hondo sobrevive de mi formación cristiana, de la posibilidad que tenemos todos de reconocer errores y vicios, corregirlos y tratar de salvarnos. Usted todavía está a tiempo de bajarse de un tren a toda velocidad y sin frenos, rumbo al despeñadero. Ojalá la vida le dé oportunidad de recuperar una carrera prestigiosa y jamás tenga que conocer al sistema penal desde el otro lado del mostrador.

Ayuda para el informe presidencial

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Llegó 2 horas tarde a La Reforma, no permitió que la prensa convocada lo acompañara al interior, ni que se tomaran fotos y videos, y Casa Presidencial, solo divulgó unas breves imágenes, donde es abucheado e insultado, por privados de libertad, pero en el lugar anunció la construcción en seis meses, como adelanto a su informe de logros, de una megacárcel, como la del dictador Bukele. Sin embargo, sabemos, y para eso no hay que ser clarividente, que es otro proyecto que jamás se realizará.

Que es un cuento más, como «Ciudad Gobierno», como la autopista hacia Limón con pasos a desnivel, como «Agua para Guanacaste», como el vital proyecto de abastecimiento de agua potable «Orosi 2», como el aprovechamiento nocturno de agua para Alajuelita, los Hatillos y Pavas, desde el balneario de Ojo de Agua, como el aeropuerto internacional en Westfalia, Limón, como el aeropuerto moderno para el Pacífico Sur, como la carretera de Barranca a Cañas, como la carretera de San Ramón a San Carlos, como el aprovechamiento, por parte del Estado, del yacimiento de oro en Crucitas, donde se mantiene el desastre ambiental y la robadera, como el muy necesario ferrocarril urbano en el área metropolitana, como la reparación urgente de cientos de puentes, que en cualquier momento colapsan, como el fortalecimiento de la seguridad, para evitar el ingreso de cocaína, por la frontera sur, los litorales del sur de Limón y Puntarenas, y decenas de aeropuertos clandestinos… no tan clandestinos, como la construcción de un centenar de EBAIS que están haciendo falta, como la construcción y reparación a profundidad, de varios cientos de escuelas, ya con órdenes sanitarias de funcionamiento.

En fin, se podrían seguir aumentando a la lista de promesas demagógicas, otras «obras», como la ocurrente cárcel, que no cuenta ni con una mínima planificación, ni con financiamiento, ni con estudios de suelo, ni con tiempo. Si esta breve lista le podría ser útil, para su discurso ante el Primer Poder de la República, con gusto le autorizamos a copiarla.

Percepción sobre la labor del Gobierno y la Política Nacional – síntesis

Autoría y metodología

El informe «Percepción de la Población Costarricense sobre la labor del Gobierno y la Política Nacional, 2025» fue elaborado por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA). El documento presenta los resultados de una encuesta telefónica realizada entre el 5 y el 13 de marzo de 2025, con una muestra de 764 personas mayores de 18 años (páginas 5-6).

Valoración de la administración Chaves Robles

La gestión del gobierno recibió calificaciones moderadas. Las áreas mejor valoradas fueron educación (6,5), economía (6,4) e infraestructura (6,3), mientras que las peor evaluadas fueron seguridad ciudadana (4,9), combate a la corrupción (5,1) y combate a la pobreza (5,2). Ninguna área superó la calificación de 7 puntos en la escala de 1 a 10 (página 7).

Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas (49,6%) consideró que la situación económica del país es mala o muy mala, frente a un 31% que la valoró como buena o muy buena. En cuanto a la seguridad ciudadana, casi un 70% la calificó como mala o muy mala, y un 66,6% indicó que había empeorado en comparación con el año anterior (páginas 8-11).

En lo referente a la valoración de jerarcas, el presidente Rodrigo Chaves obtuvo la calificación más alta con 6,6 puntos, seguido por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Efraín Zeledón, con 6,3. Las calificaciones del gabinete han mostrado una tendencia decreciente desde septiembre de 2022, cuando el presidente alcanzó 7,7 puntos (páginas 13-15).

Principal problema nacional y capacidad gubernamental

La seguridad ciudadana fue identificada como el principal problema del país (56,1%), seguida por problemas económicos (17%) y corrupción (14,6%). La población se mostró dividida respecto a la capacidad del gobierno para resolver estos problemas: un 46,9% consideró que el gobierno es incapaz, mientras que un porcentaje similar opinó lo contrario (páginas 17-19).

Acciones del gobierno

Las acciones gubernamentales con mayor respaldo fueron las críticas del presidente al Poder Legislativo (60,2%) y al Poder Judicial (59,3%). Por el contrario, la eliminación de programas de educación sexual en colegios (36,9%), la venta de activos estatales para pagar la deuda pública (39,8%) y el manejo de la crisis de médicos especialistas en la CCSS (36,6%) recibieron menos apoyo (páginas 19-22).

Valoración de las instituciones

Las universidades públicas (7,6) y las empresas privadas (7,21) fueron las instituciones que generaron mayor confianza. Por el contrario, los partidos políticos (4,3), la Asamblea Legislativa (4,81) y los sindicatos (4,91) recibieron las calificaciones más bajas. Los tres poderes de la República mostraron una tendencia decreciente en la confianza ciudadana, alcanzando sus niveles más bajos en marzo de 2025 (páginas 22-25).

Valoración del tejido social

El 79% de las personas encuestadas consideró que la distribución de la riqueza en Costa Rica es injusta o muy injusta. Además, el 56,3% opinó que las personas no siempre expresan lo que piensan sobre política, y el 48,1% consideró que hacerlo podría generarles consecuencias negativas. La desconfianza interpersonal es notable, con un 52,3% que afirmó que nunca o casi nunca se puede confiar en las personas de Costa Rica (páginas 25-28).

Principales hallazgos

Entre los hallazgos más relevantes destacan: la calificación moderada de la gestión gubernamental; la percepción negativa sobre la economía y la seguridad; el apoyo a la confrontación del presidente con otros poderes; la baja confianza en las instituciones; y la alta percepción de injusticia en la distribución de la riqueza. El estudio refleja una población que identifica logros limitados en la administración actual y que está dividida sobre la capacidad del gobierno para resolver los problemas nacionales (páginas 28-31).

Informe completo para descargar.