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Etiqueta: administración Chaves Robles

La soberanía nacional y el Estado Nacional, ¿en peligro?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana

La aprobación de la ley 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, aprobada 3 de diciembre de 2018, entrada en vigencia el 1 de julio de 2019, sienta las bases para la aplicación de la fiscalidad (Consenso de Washington) regresiva, antipopular, contra la estructura del Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos, principalmente en contra de sus principales e icónicas instituciones autónomas y públicas, que son altamente productivas y rentables, solo que su riqueza no se acumula en las pocas manos de empresas particulares, sino es distribuida entre toda la población en lo que se podría denominar capital social, altamente solidario, por tanto, opuesto a la competencia de mercado, ésta sí altamente individualista, que acumula, concentra y centraliza sus utilidades, riqueza, que se extrae del trabajo humano.

La teoría del estado mínimo tesis del neoliberalismo (Hayek, 1938), se empieza a configurar y aplicar desde el decenio de los noventa del siglo XX, (Ley de cogeneración eléctrica, tercerización de los servicios de vigilancia, mantenimiento y limpieza, mensajería, remesas bancarias, entrega de recetas, servicios secretariales en los Ebais, entre otras).

El Tratado de Libre Comercio, TLC, en 2007, la metodología para su puesta en funciones se confirma con la ley 9635 citada, consolida el proceso neoliberal, que permitirá con la estructura jurídica creada, generar otras leyes que continúan desmantelando, destruyendo y socavando los contrapesos que han resistido la avalancha neoliberal; nos referimos a las organizaciones sindicales y sociales, en particular del sector público, con gran mayoría de la denominada clase media, así por ejemplo leyes tales como la de Empleo público, las jornadas 4-3, la ley Anti huelgas, la regla fiscal.

En el presente, están promoviendo la ley de Armonización del Sistema eléctrico, que es una reedición del “Combo del ICE” del año 2000, la venta del Banco de Costa Rica, del Consejo Nacional de la Producción-CNP, la Fábrica Nacional de Licores-Fanal-El Instituto Nacional de Seguros-INS- que como se puede notar contribuyen al erario del Estado en sumo grado.

Los poderes del Estado, sus organismos auxiliares y la Constitución Política

Con el control, mediante la ley 9635 y su regla fiscal y las leyes anti laborales, el gobierno actual ha logrado debilitar la movilización popular, la protesta y mediante la utilización de un discurso contra la clase trabajadora, de manera particular del sector público, fuerte contingente de la denominada clase media, como apuntamos líneas arriba, lanzando una serie de epítetos engañosos, considerando a dicho sector como la causa de todos los males económicos, financieros y sociales que enfrentan las familias más pobres del país, con un afán de dividir el movimiento popular y desplazar esa fuerza laboral al sector privado, desarticulando los servicios públicos esenciales para el desarrollo social, que caerán en manos privadas.

Con la ley Jaguar, el gobierno actual pretende, mediante una nueva constitución, desplazar la actual, romper y debilitar la estructura de la división de poderes, convertir a la Asamblea Legislativa en un instrumento bajo el control presidencial, igual que el poder judicial; los órganos auxiliares tales como la Contraloría General de la República, Procuraduría, Defensoría de los Habitantes, jugarían un papel secundario sin poder de vigilancia ni control. El ataque sistemático al Sector primario de la economía, con el fin de que desaparezca, (arroceros, cafetaleros, ganaderos-areteo-), ha sido una política del gobierno.

Como corolario de lo anterior, con la llegada al poder de Donald Trump y en concreto la visita del secretario de Estado Marco Rubio, desaparece la poca credibilidad de gobierno en democracia y soberanía nacional. El presidente Rodrigo Chaves R, acoge, de forma indecorosa, los planteamientos del enviado de la Casa Blanca, que incluye medidas de coerción a funcionarios que negocien con la República Popular China, en especial en el caso Hawei y 5-G, en un escenario muy particular, el asunto de la “ciberseguridad”; oprobiosa postura, que además de impositiva, violenta la soberanía del país.

En línea con lo anterior el cuadro se completa con la anulación de visas a dos legisladoras nacionales, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto representa una afrenta diplomática, una intromisión en los asuntos internos de las naciones y rompe con el principio de autodeterminación de los pueblos, además, para Costa Rica, representa una flagrante violación a nuestro principio de país pacífico y pisotea la proclama de Neutralidad perpetua activa y no armada de Costa Rica, dado que dichas iniciativas y otras como la fabricación de microchips, (tecnología para la guerra), que puede generar conflictos y deriven en bélicos, aunque inicialmente se presente como fabricación tecnológica para el desarrollo económico nacional.

Exhortamos a la ciudadanía costarricense a manifestar su descontento y desaprobación, ante la blanda y laxa posición asumida por la presidencia de la República, ante las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, así como las negociaciones para la instalación de fábricas de los microchips y por la anulación de las visas a dos diputadas de la república de Costa Rica.

A las señoras diputadas reiteramos nuestra admiración por su valentía y gesto soberano, ante lo ocurrido.

Instamos a nuestra Asamblea Legislativa, como primer poder, a tomar medidas para que lo anterior sea revertido, es una vergüenza a nivel nacional e internacional el grado de sumisión en que ha caído el gobierno de la república. “Sepamos ser libres, no siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da” (Himno al 15 de septiembre de 1883, letra de Juan Fernández Ferraz, música de José Campabadal y Calvert).

P/ Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana:

Mainier A. Barboza Soto, Gerardo Quirós Jiménez, Fabio Villalobos Campos, Rafael A. Sánchez Rojas, Luis Alberto Rojas Fallas, Juan Rodolfo Leiva Peña, Alexander Cortés Campos, Bernardo Corrales Briceño, Francisco Cordero Gené.

Deportados y dignidad nacional

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León, PhD

Mucha pena nos produce la infeliz resolución de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Migración, publicada por su director general, don Omer Badilla Toledo, con la cual se trata de justificar, la actitud cómplice del presidente Chaves, con Donald Trump, vinculada a la repudiada deportación de migrantes desde suelo estadounidense.

Se trata de un texto, lleno de roces con la Ley General de Migración y Extranjería (N° 8764) que, aunque se sabe, ha de respetarse en su totalidad, no lo ha sido. Leemos en dicha resolución, que la misma se emite «en razón de la política migratoria adoptada por el gobierno de los EUA», y porque, «conforme a negociaciones realizadas entre los dos Gobiernos, Costa Rica aceptó recibir personas extranjeras que serán deportadas de los EUA, con el fin de que se materialice su retorno a los respectivos países de origen o destino final». Ya desde allí, se percibe cierta desagradable sumisión.

Aparte de que no se ha informado acerca de lo negociado o convenido, a cambio del almacenaje en Costa Rica (así lo percibimos), de esos «delincuentes«, según Trump, se infiere de la lectura de esa ilegal, vergonzosa e indigna resolución del Poder Ejecutivo, que los inmigrantes forzados, indebidamente tratados, parecieren estar jugando el papel, de «monedas de cambio«. Trabajadores miserables, que fueron sacados a la fuerza de sus viviendas y trabajos, sin importar sus relaciones afectivas y familiares, sus llantos, sus ruegos, para concentrarlos en, muy oportunas cárceles privadas, sin trámites legales y sin consideración alguna a sus muy posibles padecimientos médicos, crónicos, o provocados, como consecuencia al trato inhumano que recibieron, para luego, en su paradójico “Día D”, obligados a montarse en aviones militares, sin conocer lo que les esperaba al final de ese tétrico viaje. Y ello, como castigo, a haberse atrevido un día, a huir del hambre, la miseria, la violencia, vivida en países con antidemocráticos regímenes, principalmente, asiáticos. Así, dejaron atrás a sus familias, sus amigos, sus barrios, en un esfuerzo desesperado por sobrevivir, trabajando, así lo esperaban, en el país que por muchos años se ha nutrido de inmigrantes; algunos recibidos simbólicamente, por la formidable estatua de La Libertad, a su llegada a la ciudad de Nueva York.

Ante esa triste realidad, que ha provocado el rechazo, entre otros, de la gran mayoría de las denominaciones religiosas del planeta, que, como la iglesia católica, han suplicado misericordia por esos hermanos, no deja de conmovernos, el solo pensar, cómo se sentirán de impotentes, esas personas, tan lejos de sus padres, hermanos, e hijos, sufriendo de soledad, quizá solo esperando morir, a manos de esos soldados que les mueven de un lado para otro, cual si fueren parte de una manada de animales.

Costa Rica, todavía valorado en el mundo, como un país amante de la paz, del respeto a los sagrados Derechos Humanos, caracterizado por una democracia estable, preocupado por la justicia social, solidario, asiento de un pueblo noble, tiene mucho que perder con este oculto convenio, acordado por los dos gobiernos involucrados. De un día para otro, nuestra nación ha sido involucrada, en una acción repugnante que ejecuta su «principal socio comercial», según los nuevos tiempos mercantilistas. ¡Ya no son Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, los modelos a seguir!; ahora el surafricano Elon Musk y el cubano- americano Marco Rubio, son los que importan.

El papa Francisco sintetizó así, la situación creada: «El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión».

Por otro lado, más allá de la dimensión humana de los acontecimientos, analicemos parte de la situación en el ámbito formal, legal, institucional.

Si los representantes consulares de Costa Rica tienen la delicada y exclusiva potestad, de actuar como agentes de migración en el exterior, incluyendo por supuesto, en los Estados Unidos de América, ¿quiénes dispusieron apartarlos de sus responsabilidades? ¿Ante cuál autoridad, a las personas deportadas, les presentaron, en Costa Rica o en los EUA, las correspondientes solicitudes de ingreso a nuestro país? Si no portan pasaportes o salvoconductos, como mínimo, ¿no es eso, causa de impedimento para ingresar, e este caso particular, por el aeropuerto internacional Juan Santamaría? Si las supuestas visas para ingresar al país, los extranjeros deben solicitarlas cuando la persona está en el exterior, ¿bastaría con levantar, en la oficina de Migración del aeropuerto, una lista informal, con las supuestas identidades de las personas transportadas en unos aviones militares?

¿Cumplen esos 200 seres humanos deportados, con los requisitos de seguridad y salubridad, que manda la legislación costarricense?

Por otro lado, si no se trata de residentes temporales, asilados o refugiados, ¿en cuál de los 268 artículos de la Ley N°8764, aprobada durante la administración Arias Sánchez, se establece una innovadora categoría, que podríamos llamar, «deportados de desconocida nacionalidad, traídos al país en aviones militares«?

Si la ley dice que «Todas las personas que lleguen al país serán sometidas al correspondiente control migratorio, con el fin de determinar si están en condiciones de ser o no admitidas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes», ¿se cumplió tal mandato, o simplemente, dieron por un hecho que se estaba ante una evidente ilegalidad, que había que disimular?

Pero aún hay más. ¡Veamos!

Se trata de extranjeros, que, por la fuerza, ingresaron a Costa Rica, en ejecución de un supuesto convenio o acuerdo internacional, suscrito por el presidente de la República, no aprobado por quien le corresponde, o sea, por la Asamblea Legislativa. ¿Será que estamos frente a ¡otra violación al principio del respeto a la separación de poderes!, de parte del Poder Ejecutivo?

Pero, bueno, como sea, lo cierto es que ingresaron y los tienen «almacenados», por tiempo indefinido, en un lugar cercano al paso fronterizo con Panamá, donde, gracias a Dios, se han hecho presentes organizaciones que velan porque se les respete, al menos, sus Derechos Humanos, y convenios internacionales que procuran velar por los migrantes.

En cuanto al tiempo en que permanecerán en suelo costarricense, surge otra interrogante. Y es que, nadie, ni el presidente Chaves, responsable de lo convenido, podría garantizar, su eventual salida del territorio tico, hacia Panamá en 30, 90 o 100 días, o en meses o años, pues, los supuestos 30 días de permanencia, dice el director general de Migración, en su resolución, son prorrogables «mientras desaparecen los motivos que le impiden a la persona, continuar con su viaje». O sea, si los panameños no pueden, o no quieren recibirlos, los maltratados deberían seguir hacinados por tiempo indefinido, algo así, como en un campo de concentración, un albergue, o una cárcel, según lo perciba cada persona. “Pero no hay que preocuparse”, más o menos dice nuestro presidente, “el gobierno de Washington, paga por el pan que se coman…”

Como parte de este embrollo, pese a la colección de ilegalidades, que este biólogo amigo de ustedes, parece percibir, creemos que al buscar una solución al grave problema creado por el Poder Ejecutivo, se habrá de tomar en cuenta, la Ley General de Migración y Extranjería, que en algún momento debió de respetarse. En ella, por ejemplo, leemos que «Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y sociales reconocidos para las personas costarricenses en la Constitución Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Las normas relativas a los derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados que se encuentren vigentes y, específicamente, por lo siguiente:

1)Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, al respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta. 2) Las personas extranjeras que cuenten con autorización para permanecer en el país podrán circular libremente por el territorio nacional, por el tiempo que defina la autorización. 3) Las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados en esta Ley, su Reglamento y en otras normas jurídicas aplicables, para ingresar al país, permanecer en él o egresar de él«.

Párrafos que resumen muy bien, el civilizado pensamiento costarricense sobre tan sensible materia, y que, de paso, evidencian el chicharrón en que nos han metido, con ese apresurado convenio y atropellada resolución.

Pero, hay todavía más. Resulta que la tal «resolución», suscrita por el señor Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, en ciertos párrafos, se refiere, en forma descuidada, a “refugiados” (¡que no lo son!) o «a la persona extranjera beneficiada con este permiso», cual si se hubiera tramitado y concedido permiso de residencia alguno. Y agrega el viceministro citado, que si «la persona extranjera beneficiada con esta resolución», comete algún delito, «se le revocará de inmediato el permiso otorgado«, y se le aplicará la legislación pertinente. Preguntamos, ¿Lo deportarían? ¿Verdad que parece un chiste de mal gusto?

Párrafo que parece ser un vergonzoso «copy paste» de un caso totalmente diferente, seguro usado, para darle bulto a la tal resolución de la asesoría jurídica de Migración, ante lo inédito de un misterioso convenio, que, por complacer al secretario de Estado Marco Rubio, en representación de Donald Trump, fuere convenido, sin que les importara el debido sustento legal.

Para terminar, ¡he aquí otra perla!: «Las personas migrantes beneficiarias de la presente resolución, no podrán permanecer en el territorio nacional en forma irregular«, dice la resolución publicada en La Gaceta del 18 de febrero recién pasado.

Si se les está forzando a permanecer en suelo tico, en forma irregular, obviamente, en contra de su voluntad, ¿cabe esa condición?, además del cinismo de llamarlas “migrantes beneficiarias”.

En fin, es otra muestra más de lo que, por medio de una “resolución”, emitida por una dirección de un ministerio, se le quiere dar carácter formal a un acto ¡jamás antes sucedido en Costa Rica!, que obliga a ser valorado por quienes corresponda, desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, político. Si se le deja pasar, cual, si se tratara de algo intrascendente, no sería extraño que se siguiere repitiendo, una y otra vez, con las consecuencias que ello tendría para el prestigio de esta maltratada Patria. No merece Costa Rica tal atropello.

20.2.25

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Tenemos un gobierno-fallido… pero aún puede, al menos, intentar hacer algo”

Escrito en . Publicado en Derechos.

El doctor Óscar Aguilar Bulgarelli hizo un llamado al presidente Chaves para que, en poco más de un año que le queda de mandato, intente hacer algo para que deje de ser un gobierno fallido.

Compartimos un resumen de las ideas del historiador y analista y le invitamos a escuchar sus palabras en el video adjunto.

“En el último show presidencial del pasado miércoles el presidente de la República rechazó la invitación que le hizo don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, para que ellos dos junto con ministros y funcionarios del Poder Judicial, con el presidente del Poder Judicial, se sienten a buscar la manera de mejorar las condiciones para combatir el narcotráfico y la violencia.

La respuesta del presidente fue desabrida, don Rodrigo Chávez dijo que no iba a esa reunión porque eso era hablar paja, que eso eran habladas y que lo más que podía hacer era darle a don Rodrigo Arias el rojo por la hablada que se estaba pegando. Esos fueron los términos del presidente de la República, qué lamentable, qué lamentable porque están tratando un tema fundamental, y, además, dijo que podían dar por terminadas cualquier relación de la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo en el tema de la violencia y del narcotráfico, que no contaran con él, así lo dijo textualmente.

Ay costarricenses, nunca habíamos llegado a tal grado de un gobierno fallido, y vea don Rodrigo Chávez, yo sé que usted no sabe lo que es un gobierno fallido, pero voy a tratar de definirlo facilito: Un gobierno fallido se caracteriza en primer lugar por la corrupción política y usted es un signo inmenso de esa corrupción; se caracteriza por la ineficiencia policial, ¿hay que demostrárselo o simplemente leemos los periódicos todos los días?; resulta que es fallido por los altos niveles de criminalidad, ¿lo vuelvo a mandar a las páginas de sucesos de los periódicos?; se caracteriza un gobierno fallido por la delincuencia organizada y la inseguridad ciudadana.

Usted don Rodrigo Chávez encabeza un gobierno absolutamente fallido y empezando porque no hay autoridad, usted puede ser gritón, puede presentarse los miércoles e insultarnos a todos y mandar a sus troles a que insulten y nos denigren a todos los que le decimos que este es un gobierno fallido, que le ha fallado al pueblo de Costa Rica, pero especialmente le ha fallado porque hay vacío de autoridad, ¿y sabe qué es eso?, es que está vacante, que el poder está vacante, que está acéfalo, o sea que no tiene cabeza, porque hay una ausencia del gobernante, así de fácil y eso nos puede llevar a la anarquía.

Don Rodrigo, usted es un peligro para el país, sí ya es hora que alguien se lo diga con todo respeto, sin gritar como hace usted, sin insultar, sin agredir, al contrario, con respeto, con consideración, recordando que usted es el presidente de la república y su investidura merece ser respetada por usted y por todos.

Cambie, le queda un año escaso, pase de un gobierno fallido a un gobierno que lo intente por lo menos. Hay tantas cosas: la educación, la cultura, la economía, tantas y tantas cosas… la vivienda. Tantas cosas reclaman de un gobierno que, en vez de pensar en pelearse con la Asamblea Legislativa y los Poderes, piense en el pueblo que le dio el voto, ya no lo engañe más, ni con jaguares, ni con gatos que ni uñas tiene”.

El ridículo de la diplomacia chavista

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mauricio Ramírez Núñez.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La diplomacia es el arte de la prudencia, de la previsión estratégica y de la defensa de los intereses nacionales sin caer en servilismos ni alineamientos ciegos. Sin embargo, la política exterior de Costa Rica bajo el gobierno de Rodrigo Chaves ha sido todo lo contrario: errática, dependiente y carente de un criterio propio. Ahora que la realidad geopolítica cambia drásticamente, con el presidente Trump y el presidente Putin acercándose para poner fin a la guerra en Ucrania, queda en evidencia el ridículo que han hecho muchos países al seguir sin cuestionamiento alguno la narrativa impuesta por Washington y Bruselas.

La paz en Ucrania, que tanto se ha negado durante años por los intereses de una élite occidental, parece inminente. Esto deja en una posición incómoda a los gobiernos que compraron la retórica de defensa de la democracia ucraniana, cuando en realidad todo se trató de una estrategia geopolítica de desgaste contra Rusia. Los países europeos y los aliados incondicionales de la administración demócrata estadounidense quedan expuestos como meros instrumentos de una agenda que nunca tuvo a Ucrania como prioridad ni objetivo final, sino que buscó prolongar el conflicto para beneficios estratégicos.

En este contexto, la pregunta para Costa Rica es clara: ¿qué hará ahora el gobierno de Rodrigo Chaves y su canciller sin experiencia, Arnoldo André Tinoco, cuando su gran aliado norteamericano cambie de postura? ¿Seguirán bailando la música que Washington les imponga, como el propio Chaves admitió vergonzosamente hace unos días? Es un espectáculo lamentable ver cómo la diplomacia costarricense se ha convertido en un eco vacío de la política exterior estadounidense, sin la más mínima capacidad de definir una postura propia que responda a los verdaderos intereses del país.

Costa Rica y su clase política en general, en su mayoría acríticamente pro-occidente, ha apostado por una línea hostil hacia Rusia sin ninguna necesidad ni conocimiento profundo de las razones del conflicto, perjudicando cualquier posibilidad de relación con una de las potencias globales más influyentes de la actualidad. Ahora, con Trump inclinándose hacia un acercamiento con Moscú y un preacuerdo de paz con el presidente Putin, ¿seguiremos con nuestra postura obsoleta y absurda o veremos a Chaves y su equipo dando un giro sensato respecto a Rusia?

Pero el problema no es solo Rusia. Este mismo patrón de sumisión e ignorancia geopolítica se está viendo reflejado en la relación con China. La Casa Blanca dicta la línea, Costa Rica obedece, sin importar si nuestras decisiones benefician o perjudican al desarrollo del país. Lo vimos con Huawei y lo veremos en cualquier otro tema estratégico. La lección es clara: la política exterior de la Costa Rica chavista no responde a una visión soberana ni a un análisis propio de los acontecimientos internacionales, sino a una simple repetición de la narrativa occidental añeja y neocolonial, sin importar las consecuencias.

El tiempo ha demostrado que la visión maniquea del conflicto en Ucrania, promovida por Estados Unidos y la OTAN, era falsa. Que el triunfo de Rusia es irrefutable en todos los ámbitos y que la neutralidad, así como las buenas relaciones con todos por igual, es el único camino viable para un país pequeño como Costa Rica en tiempos de incertidumbre global. Pero ¿ha aprendido algo nuestra clase política que tanto ha criticado al “terrible Putin”? Si seguimos con la misma actitud de sumisión y falta de visión estratégica, el ridículo de la diplomacia chavista solo será un capítulo más en la triste historia de nuestra falta de autonomía internacional.

Las políticas ambientales de la administración Chaves: Ha incurrido en pecados capitales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Introducción

Ya estaba redactado el artículo actual, que lo dedico a poner en evidencia la forma drástica y grosera como el gobierno Chaves Robles rompe con la tradición ambientalista y conservacionista llevada adelante, al menos, por diez administraciones en Costa Rica, cuando saltó a la palestra pública la noticia en la que el Tribunal Supremo de Elecciones señala nada menos que al actual mandatario Rodrigo Chaves, al vicepresidente Brunner y al ministro de relaciones exteriores Arnoldo André, como posibles responsables de cuatro delitos electorales. La investigación -dice la periodista Natasha Cambronero- se benefició del dinero captado utilizando estructuras paralelas que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes. (Cfr. Cambronero N, La Nación 2.02.2025)

Es imposible guardar silencio, porque de comprobarse la culpabilidad, una vez que se les levante la inmunidad a los altos funcionarios públicos, se configurarían delitos de gran calado que, lógicamente conllevarían fuertes penas contra el Estado. Me abocaré la próxima semana a externar mi opinión sobre estas espeluznantes denuncias contra el mandatario y consortes.

Lo anterior no debe interpretarse para nada en el sentido de que estoy demeritando el examen de los gazapos de la actual administración en materia de política ambiental, que son -como se verá- muchos y muy graves. Sin embargo, he sentido que debía advertir a ustedes por qué un asunto tan delicado como la comisión de posibles delitos electorales contra el Estado y la sociedad toda, por parte del mandatario Chaves y sus colegas, no lo abordé inmediatamente en mis escritos. Ya lo haré.

En la materia ambiental, en el presente artículo, secundo la trascendental acusación de la investigadora del PEN Karen Chacón Araya en el sentido de que: “…actualmente el país enfrenta una ruptura en la narrativa sobre el ambiente como motor del desarrollo humano”. (Cfr. Chacón Araya, K. citado en, Brenes Mora, S. Delfino.cr, 2024).

Costa Rica pasó de haber asumido políticas ambientales que le produjeron un avance en aumentar su prestigio y liderazgo en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, a adoptar políticas que han roto con esa trayectoria.

Para toda aquella persona que deseé saber en qué ha retrocedido nuestro país de manera radical con este gobierno en materia ambiental, lo único que debe hacer es conocer el informe del Programa del Estado de la Nación (en adelante PEN por sus siglas en español), en políticas ambientales. Para que se formen una buena idea, me he propuesto hacer un breve resumen de lo que quedó consignado en ese informe del año 2024. El retroceso es atroz. Veamos.

El PEN apunta cuatro amenazas que se han creado:

1.Reducción de los fondos económicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante el SINAC) en los años 2022 y 2023, en un 33% (es decir, una tercera parte). Esto constituye un golpe muy significativo a los esfuerzos que el país venía haciendo, ya que se habían aumentado las áreas de conservación que estaban protegidas en un 524%. Es decir, hoy tenemos sustancialmente menos recursos para fiscalizar y controlar una extensión de áreas protegidas mucho más grande por parte del SINAC, el MINAE y CONAGEBIO.

2. Con la actual administración ha vuelto a posicionarse el discurso que señala la protección ambiental como si fuese un obstáculo para el desarrollo del país. Una falacia del “tamaño de la Catedral”. En cambio, le han dado rienda suelta a las políticas extractivas que tienen un gran impacto contra el medio ambiente y desde el punto de vista social. Un ejemplo es el discurso que se ha adoptado por el gobierno para favorecer la exploración y explotación tanto de la minería a cielo abierto, como del gas natural y el petróleo. Los esfuerzos están orientados a flexibilizar las regulaciones ambientales, bajo el supuesto de que las actividades extractivistas producen más riqueza a la economía nacional.

3. El PEN es enfático en señalar también riesgos de regresividad y retrocesos ambientales que provocarán que no alcancemos las metas que el país se había impuesto en: la descarbonización de la economía para el 2030, la gestión integral de residuos sólidos, el manejo integrado del recurso hídrico o el uso sostenible del suelo agrícola. Todo este riesgo de retroceso repercutiría negativamente sobre: la calidad de vida de la población la seguridad ante amenazas climáticas, el acceso equitativo a los recursos naturales, la seguridad ante amenazas climáticas y la salud de los ecosistemas.

4. EL PEN advierte también que ya se han producido afectaciones a la tradición de liderazgo de Costa Rica a nivel internacional. Algunas de las acciones que este gobierno ha golpeado con sus políticas son las siguientes: a. La constitución del pago por servicios ambientales (PSA), b. la instauración del canon a la emisión de dióxido de carbono, c. la propuesta de crear la figura de experto independiente de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, d. la incorporación de CR a iniciativas como la Coalición de Países con Bosques Tropicales (desde el 2005), e. el Foro de Vulnerabilidad Climática y La Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza. Luego adiciona el PEN literalmente en el informe: “…en los últimos años se han adoptado algunas decisiones que rompen con esa trayectoria. No se ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) …Tampoco se firmó la declaración de la Alianza para ir más allá del petróleo y el gas natural (BOGA por sus siglas en inglés), iniciativa que CR impulsó y lideró junto a Dinamarca”. (Cfr. Chacón Araya, K et.al. “¿Está en riesgo la imagen verde de Costa Rica?” estadonacion.or.cr. 2024).

Por otra parte, la prensa nacional, siguiendo a el PEN, también señala deficiencias importantes de la política ambiental del país, como en el artículo del periodista Juan Fernando Lara, titulado “Gobierno actual debilitó histórica apuesta ambiental del país”. (Cfr. Lara S., JF. La Nación 15.11.2024, Pp.10)

En este caso, el periodista Juan F. Lara destaca los siguientes hallazgos: a. se han rebasado los aforos (cantidad de gente) permitidos en parques nacionales, b. se han desatendido órdenes para el resguardo de áreas protegidas, c. se ha promocionado la explotación de especies marinas sin criterio técnico ni científico, d. y en algunos casos se han reducido y hasta retirado metas ambientales asumidas en compromisos internacionales. (Ibidem).

Además, los estudios realizados por la PEN dan testimonio de que la administración Chaves Robles ha priorizado los criterios político-ideológicos sobre los técnicos en varios casos: A. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) decidió aumentar el número de visitas diarias al Parque Nacional Manuel Antonio, desde el mes de mayo del 2024, sin respaldo técnico alguno. El hecho se produjo inclusive después de que la Sala Constitucional dictara una sentencia de mayo del 2023, en la cual ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) reducir el ingreso de visitantes de 3.000 a 1.120 por jornada, conforme a la capacidad de carga que fue calculada en diciembre del 2022. B. Otro tanto ocurrió en otros sitios protegidos como, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (R G-M), ubicado en el Caribe Sur (Talamanca-Limón). C. Asimismo, fueron modificados los límites del refugio en clara contraposición con la legislación nacional y con el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República y una sentencia de la Sala Constitucional (N° 2019-1245, del 10 de julio del 2019). D. Con base en una ley del 2014, impulsada por el entonces diputado Walter Céspedes, hoy alcalde de Matina, se desafectaron 188 hectáreas de bosque del refugio G-M, con lo que supuestamente se le cambiaba su condición de bien de dominio público. No obstante, aunque el 10 de julio del 2019, la Sala IV declaró inconstitucional dicha ley, ordenando al SINAC delimitar el área y junto con la Procuraduría General ejercer acciones legales para defender el patrimonio público, a la fecha del cierre del informe del PEN, tanto el MINAE como el SINAC se habían resistido a cumplir con la orden recibida de la citada sentencia de la Sala Constitucional. E. El presupuesto del SINAC, dependiente del MINAE, cuyo fin es administrar las áreas protegidas, se redujo en un 37% en cinco años, pasando de 44.000 millones de colones en el 2020 a 28.000 millones de colones en el 2025.

Junto a todo lo anterior, el país perdió 48.000 árboles en 12 años; un 43% debido a la tala ilegal de los bosques. Este dato constituye una pérdida en promedio de 1.518 árboles anualmente. Una reversión muy grande en la política ambiental, puesto que, debido a regulaciones ambientales más estrictas, que nacieron en 1980, el país venía impulsando un modelo de turismo sostenible, reconocido mundialmente. Esta política permitió que se alcanzara una superficie forestal de tres millones de hectáreas en el 2021, lo que significó un incremento del 6,27% en comparación con el 2010. (Cfr. Lara S, JF. “País perdió 48.000 árboles en 12 años; 43% debido a la tala ilegal. La Nación. 28.12.2024).

Para concluir diremos que, algunos de los problemas más importantes y álgidos en ambiente y desarrollo se han agudizado en la administración actual. Los datos son reveladores de una orientación errática de la política ambiental de la actual administración. Basta ver los siguientes datos para cerciorarnos de lo expresado:

El año recién pasado (2024), fue el segundo año consecutivo que arrojó una cifra récord en el uso de energía eléctrica basada en hidrocarburos. El periodista Juan Fernando Lara, aporta que, en ese mismo año la generación térmica aportó el 13% del consumo total de la energía, sumando producción local más importaciones. La generación con búnker y diésel cubrió el 10% de la demanda eléctrica nacional. El periodista afirma también, con base en datos aportados por el ICE, que ese 13% representa un gran incremento del uso de energía con base en generación térmica, ya que en el 2022 solamente el 1.27% de la demanda fue atendida con generación térmica. Asimismo, se corrobora que esos datos son fiel reflejo de que se rompió con una tradición de ocho años consecutivos en que el país se mantuvo empleando un 98% de energías limpias para abastecer la demanda, valga decir una combinación de energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica, y en menor medida solar y biomasa. (Cfr. Lara S, Juan Fernando. “País rompe récord de generación térmica por segundo año consecutivo”. La Nación. 29.11.2024).

Como puede verse, se trata de una situación muy compleja, porque concurren varios factores que explican el decaimiento del caudal de agua en la nueva Planta del Reventazón, (inaugurada el 16 de setiembre del 2016); la planificación del ICE estima que esa planta es imprescindible para aportar la energía limpia que se esperaba almacenar y así recuperar la proporción de un 98% de aporte para abastecer la demanda del consumo local basado en energías limpias. Pero no se ha conseguido el caudal planificado por un régimen de precipitaciones en la cuenca.

No se puede entender entonces que el gobierno actual siga considerando como opción viable, abrirle camino a la exploración y explotación de petróleo y gas por parte de empresas extranjeras; habida cuenta de la enorme incertidumbre que hay en cuanto a la posibilidad de encontrar esos recursos en condiciones comercializables y por otro lado, la inseguridad de cara a la elevación de la contaminación con gases de efecto invernadero que este tipo de extracción y eventual producción, conllevaría para el país. Tampoco nos explicamos los enormes yerros en que ha incurrido esta administración en materia de política ambiental, rompiendo con una tradición ambientalista de gobiernos de distinto signo. El daño está hecho.

Compartido con SURCOS por el autor.

Pronunciamiento Político de la Seccional ANEP-DIVERSIDAD de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

A la opinión pública nacional e internacional:

La Seccional ANEP-DIVERSIDAD, en su compromiso con la defensa de los derechos humanos y en particular de la comunidad LGBTIQA+ de Costa Rica, se ve en la obligación de pronunciarse de manera enérgica contra las regresivas acciones del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles que, en los últimos días, ha dado señales claras de retroceso en lo que respecta al respeto y garantía de los derechos de todas las personas, especialmente aquellas que integran las diversidades sexuales y de género.

Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, el Gobierno de la República pretenda eliminar protocolos fundamentales que han sido diseñados para proteger a las y los niños, niñas y adolescentes que sufren acoso, bullying y violencia por su orientación sexual o identidad de género. Este tipo de acciones no solo atentan contra el bienestar de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, sino que también van en contra del principio fundamental de igualdad y no discriminación que nuestra Constitución y tratados internacionales consagran.

En su reciente declaración, el Presidente Chaves expresó que eliminará los protocolos de protección contra el bullying en el ámbito educativo, lo cual constituye un ataque directo contra la comunidad LGBTIQA+ y un desconocimiento absoluto de los efectos devastadores que la violencia homofóbica y transfóbica tiene sobre la salud mental y emocional de los jóvenes. El bullying, la violencia y la discriminación en las escuelas no son situaciones aisladas; son una realidad diaria que afecta a miles de estudiantes en todo el país, y no pueden ser minimizadas o ignoradas por un Gobierno que debería velar por la integridad y dignidad de todas y todos los costarricenses.

Rechazamos categóricamente las declaraciones del Presidente Chaves y su intento de desmantelar los avances en la lucha por la igualdad y los derechos humanos. Las y los niños y adolescentes y todas las personas que pertenecen al movimiento LGBTIQA+ deben ser protegidos, no solo de la violencia física, sino también de la violencia simbólica que perpetúa la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación. Es urgente que el Estado costarricense continúe con la implementación de políticas públicas que promuevan la diversidad, la inclusión y el respeto por la dignidad humana.

La Seccional ANEP-DIVERSIDAD se solidariza con todas las personas LGBTIQA+ y sus familias, y rechaza cualquier intento de retroceso en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de discriminación. Hacemos un llamado a la sociedad costarricense para que no se quede indiferente ante estas agresiones, y para que exija al Gobierno que rectifique sus decisiones y asuma su responsabilidad en la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna.

No permitiremos que se socaven los avances logrados en nuestra lucha por la visibilidad, el respeto y la dignidad de las personas LGBTIQA+. Exigimos que se mantengan y fortalezcan los protocolos de protección, y que se respete el derecho de cada persona a vivir libremente su orientación sexual y su identidad de género sin temor a ser discriminada o violentada.

¡Ni un paso atrás en la lucha por los Derechos Humanos!

Atentamente,

Seccional ANEP-DIVERSIDAD

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Costa Rica

Los cambios en el gabinete presidencial y la visita del Procónsul Marco Rubio son la expresión del fracaso gubernativo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Hasta el viernes pasado, 31 de enero, había tiempo para que los ministros que quisieran integrarse a la política electoral activa, especialmente en el campo de aspirantes presidenciales, o en la papeleta presidencial, tenían tiempo de renunciar a sus puestos, quedando a la vez liberados de su inmunidad política, quedando como cualquier ciudadano expuesto a trámites de persecución judicial.

Finalmente, el jueves 30, el presidente en una ceremonia, a la cual convocó a todo su gabinete y todos los presidentes de instituciones por él nombrados, anunció la salida de cinco ministros y la sustitución de cuatro de ellos.

Son ministros, que hoy, no han anunciado ninguna adherencia a partido político existente. Todos los renunciantes no negaron ni afirmaron que participarán en la política electoral nacional del 2026. Ahora les toca buscar partido político para poder correr hacia la presidencia de la República en los próximos once meses.

De ellos se rumora que van a una plana integral de presidenta, vicepresidenta y vicepresidente, y de candidatos a diputados.

Lo más curioso de esta situación, que ha vivido Costa Rida desde el 8 de mayo del 2022, es que los miembros del gobierno, que acompañan a la fuerza, todos los miércoles, al presidente en su perorata pública semanal, prefabricada, no tienen partido político conocido. Sin embargo, el presidente ha levantado la idea, la imagen, de los partidos Jaguar, que tienen incluso una imagen publicitaria, que se tradujo en un pin para colocar en la solapa del saco o en la camisa o parte superior del vestido o la ropa. A quienes forman parte del gobierno los tienen con el pin del Jaguar. A los que entraron como nuevos ministros les pusieron los dos pines, el de ministro y el de Jaguar. En los dos meses la ministra saliente Laura Fernández hablaba de varios jaguares. Esa es la idea, varios partidos Jaguar con su respectiva insignia, igual para todos ellos en ese pin, con la intención de posibilitar la mayor oportunidad de elección de diputados que se identifiquen con el gobierno, con el presidente Chaves y con su imagen de Jaguar.

Este es un gobierno que no lo dirige un partido político, que no representa a un partido político, aunque el presidente haya sido resultado de una elección en que participó en una lista electoral de un partido político. Es un gobierno que ha andado al garete, que se percibe débil, sin rumbo, sin brújula, ni sextante, ni astrolabio, sin timón ni velas. Es un gobierno, que en ausencia de un partido político que lo identifique, tiende por sus hechos a identificarse con el presidente, con su figura lideresa y autoritaria.

Entre los partidos políticos que al 31 de enero quedaron en la posible lista de juego electoral, para las elecciones del 2026, se inscribieron dos que se asocian a la familia del presidente Bukele de El Salvador, por participar familiares de él de manera directa en esos partidos. ¿Participarán los ministros renunciantes y salientes en esos partidos? También se rumora que el esposo de la diputada Pilar Cisneros, el periodista Edgar Espinoza, irá encabezando un partido político a la presidencia de la República, en cuyas filas irá de candidato a diputado el propio presidente Rodrigo Chaves, a partir de agosto.

El gabinete que se formó para dirigir el país, en el 2022, con el presidente fue al azar. Se dijo que se contrató una empresa que presentaba perfiles de candidatos a los puestos del gabinete, de manera improvisada, lo que explica los malabares políticos que lo guían, que explica también la ausencia de una hoja de ruta nacional; que explica las improvisaciones que se hacen desde Zapote para las distintas carteras institucionales; que explica las pifias legales y constitucionales de sus proyectos de ley, con el escaso control de elaboración formal de sus escasos y poco importantes proyectos de ley, que explica los oscuros nexos existentes del trasiego de droga que se hace desde nuestro país hacia Europa y otras regiones, dándole fama al país de ser la bodega más importante de coca de la región, y de la calificación que ya se gana el país de ser un narco Estado, lo que supone un narco gobierno que lo dirige.

En esta dinámica el presidente, apodado así mismo, como el Jaguar, en su jungla, en su guarida, no se ha podido perfilar como el estadista, como el gran político, como el gran conductor político nacional, como el gran educador cívico que su investidura impone. Ha logrado convertirse en un gran distractor nacional de la atención política de los principales problemas económicas y sociales del país. Sus mesas de prensa de los miércoles así funcionan, como distractor de esos problemas.

Desde su guarida lo único en que se ha destacado es en tratar de hacer explotar toda la institucionalidad política, en debilitar el Estado de Derecho, en falsear la imagen, la confianza y la fe de los costarricenses en la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, en los órganos constitucionales vigilantes de la administración y gestión pública, en los partidos políticos como instrumentos cívicos de la vida democrática. Lo que se destaca en su esfuerzo es su intención de debilitar y acabar, si le fuera posible, con todo el Estado Social de Derecho que se ha construido en el país al calor de la Reforma Social de 1943 y las reformas de la Junta de Gobierno de 1948-1949 y la institucionalidad que le siguió. Claramente ha asumido una identificación con las políticas conservadoras y neoconservadoras que propician ese debilitamiento institucional.

Sus exabruptos políticos se orientan, desde hace meses, a destruir la imagen pública de todos los partidos políticos, de todos sus dirigentes políticos, de todos sus representantes populares. Esa es su forma de hacer política activa y de meterse en la política electoral, de actuar beligerantemente en este campo, para abrirle espacio a sus posibles candidatos y eventuales partidos políticos, que le interesa impulsar y apoyar hacia las elecciones presidenciales y de diputados del 2026. Eso es lo que activamente estamos viendo.

El pasado miércoles, en su jolgorio comunicacional, arremetió contra las políticas de educación sexual y afectivas que se han venido impulsando en el país, que exitosamente han contribuido a la prevención de los embarazos en adolescentes y menores de edad, para tratar de impulsar un nuevo programa que llamó para la Paz y la Convivencia, con el que intentará sacar “la perversión” de las aulas, como si realizara un exorcismo educativo, de las fuerzas y espíritus malignos que hay que exterminar, para lo que se hizo acompañar de algunos activistas religiosos no católicos, que parecían más estampas pegadas en una cartelera que lideres religiosos nacionales reconocidos, lo que no les resta importancia, por el control social espiritual que tienen de algunas comunidades y personas. Fue un banderazo de salida electoral del presidente haciéndose acompañar de estos “líderes” espirituales, frente a los tradicionales que se representan en el Partido Nueva República de Fabricio Alvarado. Fue una advertencia a Fabricio y su grupo de que sus banderas se las está quitando el gobiernos y los partidos políticos conservadores Jaguar que desde el gobierno se impulsen.

La no participación de los representantes católicos, de los Obispos Católicos, provocó una protesta por parte de la Conferencia Episcopal, que generó una amenaza del presidente cuando dijo “que no se puede luchar a medias, o le entramos con sangre, sudor, lagrimas, pasión, esfuerzo y claridad, o no vamos a poder rescatar a Costa Rica”. Sangre, sudor, lágrimas, pasión, son las banderas enarboladas por el Jaguar, para rescatar a Costa Rica. ¿Rescatarla de quién? ¿Estamos advertidos del clima de violencia que fomentará el Jaguar?

Con ello quedó claro que la conferencia de prensa del miércoles fue la presentación política, de la afinidad del presidente, hacia los partidos políticos Jaguar y hacia las organizaciones cristianas no católicas, como inicio de su velada y clara participación electoral.

Es cada vez más nítido que esta es su orientación electoral hacia febrero del 2026. El Jaguar, y los partidos jaguar que impulse, junto con los partidos de orientación cristiana no católica que logren inscribirse, paralelos a Nueva República, serán sus caballos de combate, sus caballos de Troya para tratar de alcanzar la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa del 2026, como es su objetivo político claramente definido. Las renuncias de miembros de su Gabinete señalarán los partidos con los cuales se identifica el Jaguar.

Por la agenda publicitaria de ese miércoles la campaña electoral puede tomar los visos similares a la del 2018, cuando de trasfondo se pusieron los Derechos Humanos, con una población y una juventud hoy no tan combativa, como lo fue en esa campaña que llevó a Carlos Alvarado a la Presidencia de la República. Aun cuando se rumora que la esposa de Carlos Alvarado puede ser la candidata electoral del partido Acción Ciudadana, no significa que ella podría ser el valladar de esa arremetida conservadora que viene, sobre todo porque el partido Acción Ciudadana y el gobierno de Carlos Alvarado fueron los ejes más importantes del debilitamiento de las leyes sociales y laborales, resultado de las grandes reformas de 1943.

Que haya cambios en un gabinete, como se anunciaron y establecieron, es normal en un gobierno. Que haya cambios a pocos meses de que un gobierno sucumba al cambio constitucional, como es el de su Rodrigo Chaves, puede ser una grave manifestación de su errada política y de su fracaso gubernativo, que se tratará de ocultar, de forma distractora, con la discusión que está provocando alrededor de las políticas educativas y conservadoras que anunció el miércoles. Si esas son las grandes reformas que anunciaron como la Gran Ruta de la Educación que se harían este año, son un verdadero y lamentable fracaso político nacional.

¿Los cambios en el gabinete serán resultado de que el gobierno se está hundiendo, por más festiva que fuera la forma de presentación de esos cambios? Supondrían estas sustituciones que se debe hacer un informe nacional ante la Asamblea Legislativa de ellas y de las políticas logradas y por desarrollar para los próximos meses. ¿Se hará eso en los informes anuales que los ministros tienen que entregar a la Asamblea Legislativa en la primera quincena de mayo?

Todo esto conduce a colocar al presidente Rodrigo Chaves Robles también en las tesis conservadoras políticas nacionales e internacionales, que hoy tienen de gran motor al presidente de los Estados Unidos, con quien el Jaguar está totalmente identificado, perdiendo en esa identificación y adherencia emocional, todo su rubor personal, comprometiendo el aura del gobernante soberano que debe tener.

El presidente está totalmente alineado en la Internacional Conservadora, Populista y Autoritaria, que se levanta en el continente y en algunos países europeos. Él mismo se ha colocado en el furgón de cola del mandatario norteamericano en sus políticas continentales, lo que se materializará con la agenda abierta y oculta que trae Marco Rubio a imponerle al minino de Zapote y no al Jaguar nacional que dice ser, de aceptar y avalar las políticas agresivas de Trump contra Panamá, por el Canal, contra México y el continente por el cambio de nombre del Golfo de México, ya establecido para los Estados Unidos, como Golfo de América, en la plataforma de Google Maps, que ya aceptó la denominación hecha por Trump.

Descaradamente, las delegaciones norteamericanas que ya han llegado, preparando la del Procónsul Marco Rubio, ya le han señalado al gobierno que hay que debilitar la relación comercial con la República Popular China, junto con el fortalecimiento de las acciones que el gobierno ya ha tomado frente a esa presencia. La agenda de seguridad asociada a la expulsión de indocumentados y de migrantes “indeseables” para Trump también está en marcha abriendo la posibilidad de que Costa Rica se convierta en una gran base de expatriación de esos expulsados de los Estados Unidos, que es lo que se va a venir a tratar de imponer en Costa Rica, que es parte de la negociación que Rubio trae.

De aprendices y absolutistas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. Javier Fco Cambronero Arguedas

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas, Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/

Faltan 247 días para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a elecciones al pueblo costarricense y podamos votar para la presidencia de la república y la elección de 57 personas diputadas. Si ha sido importante con el paso de la historia, que como costarricenses nos fijemos muy bien a quienes vamos a elegir como nuestros gobernantes y representantes; la actual coyuntura demanda que hagamos un mayor esfuerzo, pues pocas veces en doscientos años de historia, nuestro futuro enfrenta un panorama desolador. Habrá que escoger entre una ruta que permita que sobreviva nuestro régimen democrático, como lo soñaron y construyeron nuestros abuelos, o ante nuestra indiferencia y pereza dejarlo perder y que sea la mediocridad, la vulgaridad y el fascismo los que sustituyan a las buenas formas del entendimiento y de acometer la búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos agobian. No dejemos que la desesperanza ahogue nuestra fe y no seamos capaces de discernir en medio del signo de los tiempos. La violencia en todas sus formas ha venido ganando espacio y ella no ha sido un rasgo distintivo de nuestra sociedad y nuestro estilo de cómo vivimos y hacemos cambios a la democracia.

Vemos a superricos intentar gobernar al mundo e inducirnos a adorar el becerro de oro. Ya no se conforman con lo que tienen; lo quieren absolutamente todo y para ello no han dudado en tomar el poder político también, o colocar ingenuos y ambiciosos títeres que se plieguen a sus intereses.

Me aterra ver las formas de concentración de riqueza que han emergido en los últimos tiempos. Semejantes tan sólo a los inicios de la revolución industrial o de la expoliación de los recursos de América por parte de algunas potencias europeas al inicio de la Era Moderna.

Dentro de este contexto me he encontrado con una gran obra que posiblemente pocas personas han podido leer en Costa Rica. Se denomina Frente al Poder, donde su autor, el extraordinario periodista Martin Baron y ex redactor de Miami Herald, Boston Globe y Washington Post. La obra en español tiene menos de un año de publicada.

En una entrevista televisiva efectuada en 2018, sagazmente la octogenaria y brillante periodista norteamericana Lesley Stahl, le preguntó a Donald Trump, por qué insistía en denigrar a la prensa, respondió_ “¿Sabes por qué lo hago? Lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos; así, cuando escriban cosas negativas sobre mí, nadie les va a creer”. Ojo, esta cita que planteo, es clave para entender mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país.

Durante la campaña política desde octubre 2021 hasta hoy en día, por parte del presidente Chaves y la diputada Cisneros Gallo, rara vez ha faltado un día donde no se haya desacreditado la prensa o apuntar sus baterías hacia algo o alguien; cualquier estrategia de distracción es justificada con tal de evadir los graves problemas que enfrenta el país y la necesidad imperiosa de abocarnos a la búsqueda de soluciones. El ejercicio del poder político no puede ser reducido a un insultante, vulgar y abominable lloriqueo, “de que no se puede hacer nada porque no me dejan”, “o que tales y tales problemas son culpa de…” esa repugnante y patológica forma de reducir el ejercicio del poder a una eterna y estéril campaña política.

En esa pirotecnia discursiva primero se atacó a la prensa, luego a la Asamblea Legislativa, después a la Contraloría, posteriormente a gobernantes anteriores, a la fiscalía y magistrados, presidentes de los supremos poderes… Aún falta posar su atención dislocada y estrambótica, en el TSE. Cosa que probablemente pronto ocurrirá.

En esa enfermiza y delirante conducta, de conducir al Estado de Derecho y el imperio de la ley al límite; el perseguir y catalogar como enemiga a La Nación, al cerrar el Parque Viva (08-VII-22) y al acusar al banquero Baruch de evasión de impuestos ante Tributación Directa (I-23) rayan con saltarse la institucionalidad con baladíes artimañas, y en el plano de la gobernanza política hacen gala de una incapacidad absoluta de liderar procesos de reforma política, no sólo enviando proyectos de ley defectuosos sino además desaprovechando los periodos de sesiones extraordinarias, donde el Ejecutivo posee la iniciativa de ley que la Constitución Política les concede. Allí también Chaves y sus adláteres han mostrado una asombrosa ineptitud. Pretendieron atacar al Grupo Nación y dañar sus inversiones.

Curiosamente desde la campaña política, antes de mayo de 2022, Cisneros y Chaves atacan a un sector de la prensa llamándoles “prensa canalla”. Observen la gran similitud de tal conducta con lo expuesto por Trump en su primera campaña y mandato en EEUU. La Nación, CRhoy, Teletica, son de lo peor para el chavismo; pero esa misma prensa canalla que atacan hoy y mañana también, es objeto de reconocimiento por parte del presidente Chaves cuando el 1 de diciembre de 2022, día de abolición del ejército, al hacer un homenaje a doña Olga Cozza, dueña de Teletica por su aporte a la democracia costarricense. ¿Entonces??!!. Más grave aún, el 12 de marzo de 2024 ante el recrudecimiento de la persecución de la iglesia en Nicaragua, Chaves se resiste de acusar de dictadura al régimen Ortega-Murillo.

Estos perversos deseos de torcer la verdad, de rodearse de secretismos y faltas a la transparencia, hacen que el lobo del fascismo asome sus puntiagudas orejas. Este es un buen momento para recuperar algunos pasajes del texto De Calderón a Figueres, de Eugenio Rodríguez Vega, donde describe algunas de las conductas más deleznables del Calderonismo, en la década de los cuarenta, sobre persecución política y, violación del marco jurídico vigente y atisbos de una especie de estado totalitario.

Aquí no podemos permitir que la democracia muera en la oscuridad. Esta temeraria conducta de violar las normas y soslayar la democracia, puede irremediablemente propiciar que otros se animen a hacer lo mismo, erosionando las normas más mínimas del respeto y la convivencia pacífica. El aumento de lenguaje violento en diversos espacios, de discursos de odio e intolerancia hacia ciertos grupos, como las mujeres o grupos de orientación sexual diversa, son señales de que vamos por mal camino y evidencia un serio retroceso en aspectos que considerábamos que la sociedad ya había superado. Hoy por hoy, los ticos estamos convencidos que el lenguaje utilizado por Cisneros y Chaves incentiva y genera violencia, cada vez vemos más funcionarios del ejecutivo envalentonados utilizando este tipo de violencia verbal.

Volviendo a Trump y su manera de enfrentar a la prensa, a finales de enero de 2020 en 346 preguntas que le fueron hechas en el contexto del avance de la pandemia ocasionada por el COVID-19 -pandemia que no reconoció sino hasta en forma tardía- en 113 de ellas atacó a alguien en sus respuestas. Ese mismo año antes del 2 de noviembre, los expertos habían comprobado 503 falsedades en sus declaraciones. Se constituía en una persona mitómana; en su primer año de presidencia promediaba 6 mentiras al día, pasó a 16 en 2019 y 39 diarias en 2020. Para muchos periodistas “sus mentiras constituían una amenaza cancerosa a la democracia americana”. En nuestro caso, en la tercera semana del mes de enero de este año, acaba el presidente Chaves de presentar un proyecto de ley para eliminar las denominadas pensiones de privilegio, cuando en honor a la verdad, ya la legislación existente contempla topes a las mismas y establece su extinción. ¿Por qué semejante muestra de cinismo?, pues él era ministro de Hacienda cuando en el gobierno anterior se dieron dichas reformas. ¿A quién pretende engañar? Vaya usted a saberlo.

Hoy, no seremos cómplices ni testigos mudos del aumento desmedido de la violencia. Vemos crisis en la Policía de Control de Fronteras, en Vigilancia Aérea, en el Servicio de Guardacostas. Por la terminal de APM en Moín sigue pasando droga en cantidades industriales hacia Europa, mientras la captura de cocaína ha caído en forma estrepitosa. No en vano medios como El País en España, Le Monde en Francia, New York Times en EEUU y El Universal en México, han publicado sendas notas, destacando penosamente en lo que se ha convertido nuestro país en los últimos años.

La renuencia a saldar deudas del estado con la CCSS y a impulsar un verdadero mejoramiento de servicios en salud desde la benemérita institución, es grave y calamitosa.

Los severos daños al financiamiento de la educación pública y la desprotección del agro en la producción de alimentos, alcanza niveles críticos.

Rara vez hemos visto tanta inutilidad e incompetencia juntas. Pareciera que hay una voluntad manifiesta de Cisneros y de Chaves de conducirnos hacia un estado fallido y generar un retroceso en los importantes logros sociales y económicos que hemos acumulado en los últimos cien años de historia. En ese pasado dudo que haya muchas cosas de las cuales debemos arrepentirnos los costarricenses y que sean causa de sonrojo. Todo lo contrario, nuestros sabios abuelos fueron capaces de heredarnos una patria sustentada en la justicia social, progreso y bienestar, donde el trabajo honrado y la preocupación de unos por otros han sido los pilares fundantes. Claro, en esa ruta ha habido imperfecciones, errores y corrupción. Pero esta administración ha perdido la oportunidad de emprender reformas de calado y ha desperdiciado el tiempo mirándose acaso el ombligo. Nuestro acervo moral nos dará la fuerza para emprender dentro del régimen de derecho, las reformas para retomar el sendero de un país más inclusivo, más solidario y que siga generando oportunidades para su juventud, mujeres, combatir la pobreza y la exclusión de forma más eficiente. Poder soñar y construir un futuro mejor para todos, sobre todo los marginados y excluidos a quienes la institucionalidad no puede fallarles; aunado a ello la existencia de partidos políticos que retomen la senda de la formación, capacitación y la generación de propuestas de largo y mediano plazo.

El matonismo, malacrianza y violencia verbal que son las formas que ha seleccionado esta administración para comunicarse, han de ser contrarrestadas con la verdad, las buenas maneras y la decencia. El anhelo de soñar con un pueblo más culto y educado no son negociables. Infamias como tomar recursos destinados a la formación tecnológica de niños y jóvenes de zonas marginales, para pagar una póliza que proteja a los jerarcas de sus torpezas, mentiras y ocurrencias, no debe tener cabida en un país que se precia de democrático y civilista.

La validación que hoy se hace desde varias partes del Ejecutivo para justificar y practicar violencia, agresiones contra ciudadanos, seguir contrarios políticos y agredir brutalmente a la naturaleza, hordas de troles en redes sociales financiados sabe Dios con qué recursos, alabando a ciertos funcionarios púbicos, elevándolos a condiciones de cuasi dioses; sólo evidencia una ruta fascista de pérdida de libertades y de constreñir el espíritu civilista y democrático que hemos cultivado por décadas, para que ahora una gavilla de advenedizos, liderados por un aspirante a monarca, pretendan borrar de un plumazo todo resabio de civismo y democracia, añorando una Carta Magna hecha a su medida, como ya lo han logrado Ortega y Bukele en El Salvador.

Hoy debemos preguntar a Cisneros, a Chaves y sus acólitos: ¿por qué ese morboso deseo de debilitar los cuerpos de seguridad del país? ¿Por qué sospechosamente debilitar la educación pública que ha sido orgullo mundial hasta hace poco? ¿Por qué debilitar la seguridad social al no proveer de más recursos y una adecuada y sana gestión de la CCSS? ¿Por qué temerariamente destinar cada vez menos recursos al combate de la pobreza y la desigualdad a través de limitar becas para estudiantes y reducir los bonos de vivienda?

Para bufones, arlequines e inútiles ya no hay espacio.

Dentro de 459 días habrá nuevos inquilinos en Zapote. Y es con movilizaciones, ideas y argumentos como podrán ser derrotados esos espurios, infames y sedientos deseos de quienes sueñan con más poder y que con ardid confunden lo púbico con lo privado. No olvidemos que Chaves fue electo con una menor cantidad de votos que Alvarado. Y que Alvarado Quesada fue electo con una menor cantidad de votos que Solís Rivera. La desafectación que siente esta generación por lo político debe conducir a una sacudida nacional que nos saque del conformismo, la indiferencia y de cierta modorra tropical, antes de que seamos despojados de nuestros derechos más elementales.

O tendremos allí sentada un persona lacayo de Cisneros y Chaves absolutamente inoperante e incapaz de reaccionar ante los desafíos que la patria demanda. O alguien capaz de reencontrar y renovar la ruta costarricense dentro de un marco democrático y que con sagacidad sabrá liderar, diseñar, discutir y proponer salidas a los atolladeros que hoy nos abruman.

26-I-25

Otros gazapos gubernamentales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Introducción

Escribí en el artículo anterior en torno a lo que consideré han sido algunos de los principales gazapos gubernamentales en la educación.

Hoy escribiré sobre otros gazapos de acuerdo con mi investigación realizada principalmente en periódicos nacionales. El recuento de los yerros del gobierno comprende fundamentalmente el año 2024 y lo que llevamos del 2025. Algunos de los problemas detectados en este gobierno, pueden tener raíces que se extienden a los años 2022 y 2023. No me he propuesto ser exhaustivo en el señalamiento de los errores, sino que he entresacado algunos de los más álgidos problemas.

Otros gazapos encontrados principalmente en tema social, institucional, en infraestructura, seguridad y pensiones.

En el tema de las pensiones del régimen no contributivo (RNC), que atiende a adultos mayores en situación de pobreza, he hallado una situación espeluznante: de acuerdo con la información periodística, son preocupantes dos problemas relevantes atinentes ambos a la negligencia gubernamental para cubrir el fondo de pensiones del RNC. El titular de la noticia que vamos a comentar dice: “Fondo de pensiones para pobres registra la mayor pérdida en última década”

1.La primera tiene que ver con el déficit acumulado hasta octubre del 2024, por un monto de 43.165 millones de colones. Situación que se pudo haber traducido en un problema social pues atenta contra una población altamente vulnerable desde el punto de vista social y económico. El déficit del 2024 es casi tres veces mayor que la pérdida de 14. 951 millones registrada en plena pandemia en el año 2021. ¿Cuál es la responsabilidad gubernamental? Obedece a que los ingresos financiados en su totalidad por el gobierno no fueron suficientes para cubrir los gastos del régimen. El gerente de pensiones del régimen declaró a la prensa el 10 de diciembre del 2024 que, a los poco más de 150.000 pensionados no se les retrasó el pago, gracias a la provisión previa cubierta por el fondo (no por el gobierno); en 2022 y 2023, el gerente del RNC declaró que tuvieron que echar mano de recursos excepcionales para cubrir el fondo no financiado por el Gobierno, pero que sí es de su resorte. Imaginemos lo que habría ocurrido si esas provisiones del fondo no hubiesen existido por parte del RNC. (Cfr. O. Rodríguez A. La Nación. 10.12.2024).

2.El mismo gerente de pensiones advierte en el artículo citado que en el 2025, el problema luce más grave todavía, porque no se cuenta con las provisiones a las que se echó mano anteriormente. O sea, ese “colchón” con el que se contó, no existe para el 2025, debiendo enfrentarse un faltante de 18.618 millones de colones. De no presupuestarse por parte de Hacienda esos recursos faltantes, la pensión de estos jubilados de muy escasos recursos disminuirían ostensiblemente. (Ibidem). Además, no se podría entregar recursos a 5.000 nuevas personas que estarían ingresando al Régimen. (“Estimaciones de transferencias del Gobierno Central a la CCSS para el período 2025, según Dirección Actuarial de la institución.). El matutino consultó a Nogui Acosta si el Poder Ejecutivo aportaría los recursos adicionales, pero a esa fecha no se había recibido respuesta.

Otros gazapos.

Aparte de lo anterior, debe saberse que la Contraloría General de la República señaló que, se ha convertido en una práctica reiterada de parte del gobierno, no presupuestar los recursos indispensables; por ello la presupuestación enviada a la Asamblea Legislativa es más baja que los seguros sociales administrados por la CCSS. (Ibid).

Diez días después, La Nación publica un editorial en el cual señala que, “El Gobierno abandona el diálogo sobre pensiones”. Se trata de una mesa de diálogo convocada por la Superintendencia de Pensiones (Supén), destinada a enfrentar la crisis del sistema de pensiones IVM (el mayor régimen de pensiones del país). Desde el mes de octubre, afirma el editorial, el presidente de la República había dejado entrever que se abandonaría la mesa de diálogo, ya que se negó a presentar alguna iniciativa conducente a reformar el régimen de Invalidez Vejez y Muerte. Es decir, renunció a “comprarse la bronca” de un problema muy serio que, se agigantará con el paso de los años. Todo ello ha ocurrido a pesar de que, como se sabe existen más de 200.000 costarricenses que no cuentan con ningún ingreso. Son por ende dependientes de sus familias, la mayoría en estado de pobreza o inclusive en pobreza extrema. Muchos deben emprender trabajos adicionales después de la edad de retiro, para lograr subsistir.

La lógica del gobierno parece ser la de beneficiar en cambio a grupos privilegiados.

El 15 de noviembre del 2024, aparece una crónica en el diario La Nación titulada así: “Vicepresidente Brunner admite que negoció con INS póliza para gabinete”. (Cfr. R. Bolaños V. La Nación, 15.11.2024.) La póliza que se contrataría tiene un costo de 248.391.706 colones. Cubriría a 65 jerarcas, entre ellos al presidente, los vicepresidentes, ministros del gobierno y otros jerarcas que, quedarían cubiertos por “…gastos de indemnización, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas. Incluso, el seguro cubre sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.” (Ibidem).

La Contraloría General de la República aclaró en CRHoy.com que, el artículo 13 de la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos ordena que “todo encargado de recaudar, de custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantías con cargo a su propio peculio”. (Ibid.) Quedó claro que es el patrimonio personal del funcionario el que debe responder ante obligaciones de tipo pecuniario.

Es evidente que la lógica de los altos funcionarios de esta administración es retorcida, endeble cuando se trata de atender las perentorias necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad, como quedó explicado supra; en cambio, actúan con “manga ancha” y pretendiendo “servirse con cuchara grande”, para favorecer los intereses de grupos privilegiados de la sociedad, como es este caso. En particular este gazapo, causó mucha desazón y asombro en amplios sectores de nuestra sociedad.

Populismo demagógico del presidente Chaves con damnificados.

Algo de lo más cruel de parte del presidente de los costarricenses, es pretender jugar con la ingenuidad de personas damnificadas por las lluvias torrenciales que cayeron sobre nuestro país en octubre, y sobre todo en noviembre y hasta en diciembre del año recién pasado.

Un titular del diario La Nación, del 10 de noviembre del 2024 dice: “Chaves mintió a damnificados para desprestigiar a diputados”. El presidente, reza un subtítulo, les dijo a las personas a las que les entregaba comida: “los legisladores se oponen a la entrega de comida”. Esto fue calificado por los diputados como un “discurso cruel y falto de vergüenza”; al presidente lo calificaron como “el más mentiroso” (Cfr. Oviedo, E. y Sequeira, A. La Nación. 10.11.2024. p.8).

El artículo de los periodistas también reseña que el presidente en un video propagandístico le dijo a un damnificado: “¿A usted le gustaría que nosotros botáramos esto al río?”, a lo que el hombre le respondió: “Por nada en la vida”. Y luego el mandatario continuó en el spot publicitario: “Usted sabe que hay diputados de la República de Costa Rica diciendo: No le dé a la gente de Coto estas cosas porque…, diay, ¿imagínese el tipo de ocurrencias?”. El presidente continuó con otras falsedades por el estilo. Diputados de diversas fracciones se expresaron con vehemencia diciendo que Chaves en realidad había pretendido jugar con el dolor de gente menesterosa de nuestro país haciendo politiquería. A continuación, relatan los periodistas que, los diputados exigieron al mandatario que dirigiese la atención de la emergencia, respetando la dignidad humana sin hacer politiquería. (Idem).

Este es un ejemplo que deja pasmado a más de uno, pues en Costa Rica, aunque los políticos han hecho demagogia muchas veces para acceder a la presidencia de la República, una vez que ascienden al solio presidencial es infrecuente encontrar a un presidente haciendo gala de una demagogia tan mentirosa para pretender glorificarse. Más grave aún cuando es patente que el mandatario no acudió a las zonas del desastre hasta 10 días después de que habían ocurrido los desastres, como también lo señalan los periodistas Sequeira y Oviedo. Triste para nuestro país tener un presidente que merced a sus actuaciones y decires, se haya granjeado el apelativo de mentiroso.

Vean los reiterados yerros del gobierno.

La deuda del gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social asciende a cuatro billones de colones. ¿Podrá alguno de ustedes imaginar siquiera ese monto? El 83% de ese monto (3.3 billones de colones) corresponden a las obligaciones del gobierno con el seguro de salud, y maternidad; el 17% restante (689.000 millones), son los que tienen que ver con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). ¿Saben ustedes a qué corresponde el mayor rubro de la deuda del Estado con la CCSS? Nada más y nada menos que al impago de las cuotas del Estado en favor de los asalariados, así como los aportes complementarios para el seguro voluntario, trabajadores independientes, población de centros penales y trabajadores en convenios especiales: esta información de puede encontrar en: (Cfr. Sequeira, Aarón. “Deuda del Gobierno con la CCSS sube a 4 billones de colones”. La Nación, 15.11,2024. P.5)

Son demasiados errores y gazapos para ser casualidad. Cabe pensar que tantos gazapos son el producto de un gobierno que no tiene rumbo, no quiere asumir las responsabilidades que le competen al Gobierno central, hace demagogia con el pueblo menesteroso tratando de manipularlo con falsedades y engaños, pero beneficia a grupos privilegiados, como ha quedado demostrado en este artículo, en los anteriores y lo evidenciaremos en el siguiente.

Compartido con SURCOS por el autor.

Gazapos gubernamentales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Introducción.

Un gazapo en la segunda acepción de la Real Academia de la Lengua Española es una mentira o un yerro que inadvertidamente deja escapar quien escribe o habla.

Haciendo una adaptación aquí nos vamos a referir a los gazapos gubernamentales, pero no se trata de cualquier gazapo, es decir de un error pasajero, circunstancial. Exaltaremos algunos de los grandes yerros o gazapos de este gobierno, incluyendo desde luego, las mentiras del presidente, de sus ministros y diputados o diputadas que le son leales. Hoy nos centraremos en el tema de la educación.

En el artículo del viernes pasado, hicimos un análisis de la situación nacional, en lo económico, en lo político-social y en lo cultural. Además, me permití externar mi estado de ánimo con relación a algunos de los más graves problemas de nuestro país. Pienso que ese estado de ánimo de aflicción y dolor no es solo mío; es común a una cantidad importante de conciudadanos que lo experimentan también, tras haber advertido que, por encima de los discursos del presidente y su equipo, en las conferencias de prensa o fuera de ellas, hay mucho con demasiado de verborrea vacua o superficial y una jerigonza extraña y vergonzosa. En cambio, hay muy poco, más bien nada de realidad.

Los Gazapos en la Educación.

Si algo debiese tener prioridad en Costa Rica hoy, es la educación. En los círculos entendidos en esta materia ya está claro cuánto ha descendido la calidad de la educación pública en todos sus niveles en la actual administración de la República.

No estamos para juegos como el que inició el presente gobierno, hablando de “la ruta de la educación”, que pudo haber entusiasmado a mucha gente, y luego muy temprano se convirtió en “humo de pajas”. ¡Qué daño más grande se le ha propinado a nuestra niñez y juventud! ¡Gran afectación también a la credibilidad en la política, para la ciudadanía que de verdad esperaba algo serio!

El primer problema en este gobierno consiste en la ausencia de planificación a todos los niveles. Veamos un ejemplo del que ha dado cuenta la prensa desde el año anterior. El plan presupuesto del gobierno se elaboró y hacia el final del 2024 se puso en evidencia un grave desorden en el plan de gastos, como lo hicieron ver diputados de varias de las fracciones opositoras, ya que los recursos presupuestados en materia de salarios, sueldos y aguinaldos a docentes no alcanzaban. La Asamblea Legislativa debió aprobar recursos extraordinarios del orden de 74.000 millones de colones para completar el pago. Obviamente no es una bicoca.

El problema no acabó ahí, de acuerdo con la información periodística el desorden en el plan presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), se extenderá a lo largo de este año 2025. Quizás la mayor pesadumbre consiste, como lo informó en un artículo de La Nación la periodista Lucía Astorga, en que el aviso acerca de la falta de recursos para pagar la planilla del 2024, ni siquiera provino del MEP y su equipo de planificación. La alerta fue dada por la Contraloría General de La República y por el mismo Ministerio de Hacienda. No solo eso, en el plan de gastos del 2025, aparece un faltante de 100.000 millones de colones. Otro gazapo colosal. (Cfr. L. Astorga, La Nación, 19 de nov.2024. p.19).

Tan grave como lo anterior, es que la Sala Constitucional le ordenó al MEP, mediante dos sentencias, usar fondos para -nada más y nada menos- asignar asistentes del Servicio de Educación Especial, a fin de poder atender estudiantes con discapacidad. Falta grave por parte del MEP, por tratarse de recursos para atender a una población especial. Dicha asignación presupuestaria, obviamente abrió otro hueco en los recursos del ministerio que debió ser cubierto de manera extraordinaria también por parte de la Asamblea Legislativa. Algo más, debe saberse que la jerarca del MEP propuso para cubrir el faltante, recortar los fondos que debían destinarse al pago de las cotizaciones de las pensiones administradas por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. La ocurrencia anterior fue detenida por la Asamblea Legislativa. De haberse aprobado hubiese significado, como se dice coloquialmente, “desvestir un santo para vestir otro”, No nos acostumbramos a los yerros enormes de este gobierno.

La misma Lucía Astorga, periodista acuciosa, informa que el MEP apuesta por la digitalización para aliviar la carga laboral de los docentes. Pero, ocurren dos cosas: la primera es que la tendencia a obtener incapacidades ha ido en aumento en los últimos tres años. Un 65% de la planilla se acoge cada año a las licencias remuneradas. El pago para sustituir dichas licencias aumentó entre el 2021 y el 2024 un 53.72%. Se trata de la mayor presión presupuestaria que enfrenta la institución para cubrir las sustituciones del personal. En segundo lugar, el viceministro de planificación acepta, no obstante, que no existe un plan específico para frenar el incremento de las incapacidades. (Cfr. Ibidem, 06.01.2025. págs. 4 y 5). Aviados estamos, ya que la situación es harto difícil.

En el campo de la docencia propiamente dicha, comienzo por señalar que, lo anterior tiene una alta incidencia en el bajo rendimiento de muchos de los estudiantes, pues el constante cambio de maestros y profesores repercute negativamente en los niños y jóvenes, ya que cada maestra o profesor tiene su propia metodología y pedagogía y deviene harto difícil para el educando acostumbrarse a una nueva modalidad de aprendizaje.

Lo más significativo en este ámbito lo constituye el hecho de que en estos últimos 20 años se ha agigantado la brecha en cuanto a la calidad de la educación entre los estudiantes de hogares pudientes y los de las familias más pobres. Lo mismo es claramente visible entre los niños de preescolar, los escolares de primaria y los estudiantes del nivel medio de la educación, que estudian en instituciones de la gran área metropolitana, frente a los que lo hacen en zonas rurales de escuelas y colegios públicos. Los que pertenecen a estos últimos se han ido quedando rezagados en varios sentidos: con mucha frecuencia los estudiantes de zonas rurales pobres no acceden al currículo completo de materias; aunque las autoridades se justifican arguyendo que se trata de materias accesorias, como artes plásticas, educación musical o física, educación para el hogar, etcétera, esto no hace más que demostrar el atraso pedagógico de que adolecen las autoridades docentes que esgrimen este argumento; está más que demostrado que, estas materias de la malla curricular son de singular importancia para el desarrollo de una formación integral del individuo y de la personalidad social. En segundo término, los estudiantes pertenecientes a hogares de bajos recursos económicos se rezagan, porque con harta frecuencia desertan de la educación tempranamente convirtiéndose en “carne de cañón” del hampa, y hoy de las pandillas del narcotráfico, como lo hicimos ver en el artículo anterior. En tercer lugar, estos estudiantes no pueden competir en los mercados laborales con los de las clases medias o altas, por lo que están condenados a repetir el círculo de pobreza y miseria extrema del que provienen.

Los datos están a la vista, como cualquiera lo puede observar en el estudio del Estado de la Educación, dirigido con idoneidad por la académica Isabel Román: El 83% de los educandos que pertenecen a las instituciones de educación primaria pública, no logra acceder a la malla curricular completa. En números absolutos se trata de la astronómica cifra de 373.500 menores que se ven por ello marginados en el proceso educativo. En Costa Rica, hay 17 cantones en los que, la totalidad de los estudiantes se ven privados de llevar el currículo completo. (Cfr. estadonacion.or.cr. Noveno Informe del Estado de la Educación, 2023. www.larepublica.net y www.nación.com).

Algo inexplicable: la directora del Estado de la Educación (EE); Isabel Román hizo una petición al MEP, que esta institución se dio “el lujo” de rechazar. Al MEP se le solicitó que compartiera los datos del resultado de las Pruebas Nacionales Estandarizadas aplicadas por este ministerio desde el 2023. Es la primera vez en 20 años que el ministerio de Educación se arroga la potestad de rechazar una petición del Estado de la Educación. Como lo señala la periodista Fernanda Matarrita, la directora del EE explicó que “La información que el MEP debe suministrarles se utilizará para hacer una investigación académica a partir de la cual se realizarán análisis y recomendaciones al Ministerio para mejorar las pruebas nacionales estandarizadas.” (Cfr. F. Matarrita. La Nación. 28.12.2024. p. 6). A todas luces se trata de una investigación que terminaría favoreciendo al propio MEP, como ocurre desde hace 20 años con las investigaciones de la EE para pruebas del MEP.

La Sala Constitucional declaró con lugar dos recursos de amparo solicitados por el Estado de la Educación, obligando por ende al MEP, a entregar los datos que le fueron solicitados. Por fin, se podrán analizar los “instrumentos de evaluación” con los que se están llevando a cabo las Pruebas Nacionales Estandarizadas.

Finalmente, a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto de la Educación Superior tal como lo solicitaron los rectores, valga decir, tomando en cuenta como también lo manda la Constitución, el aumento de los recursos del FEES ajustado a la inflación, el ministro de Hacienda Nogui Acosta se pronuncia ahora reservándose el derecho de girar tales recursos. Un nuevo Yerro, esta vez del ministro de Hacienda del gobierno de Rodrigo Chaves.

En la historia de la Costa Rica moderna, o sea desde 1949, no se tiene noticia de un gobierno que de manera alevosa haya intentado violar la Constitución, arremeter contra los otros poderes del Estado, contra la Contraloría General, e incumplir sus propias promesas, formuladas a la ciudadanía desde la campaña electoral. Juzguen ustedes sobre el estado de la política nacional.