En el auditorio del Edificio Cooperativo en San Pedro de Montes de Oca, se realizó un encuentro de dirigentes del Bloque Nacional de Vivienda, el Foro Nacional de Vivienda y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, con el fin de analizar la situación de la vivienda social, a dos años de la Administración Chaves Robles.
En la actividad participaron de diversas partes de la Gran Área Metropolitana, Upala, Esparza, Liberia, Garabito, entre otros lugares. Se contó con la participación del Programa Estado de la Nación, la Asociación Centroamericana de Vivienda y un representante de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, quienes dieron una visión de lo acontecido en vivienda social en la presente administración. Representantes de las organizaciones dieron su visión de la situación del movimiento pro vivienda y señalaron las rutas de trabajo necesario. Esto creó un marco para un debate entre los participantes. El acuerdo más importante fue la necesidad de nuevas reuniones regionalizadas para sumar más dirigencias.
Este informe se elabora a petición de los líderes de las tres organizaciones. No pretende ser exhaustivo ni en términos de las actividades ni de los presentes. Fue elaborado por José Gabriel Román Madrigal, con fotos de su autoría y de los grupos de las cuales se da cuenta de su fuente.
El recorte de los recursos para programas sociales ejecutado por la Administración Chaves Robles, adornado con la cansona justificación de que no alcanza la plata, no es más que la continuidad de una política entronizada en los jerarcas y mandos medios del Ministerio de Hacienda por décadas. Han elegido ésta como su ruta predilecta para cumplir, e incluso superar, las metas fiscales; muy a pesar de la sobrevivencia de los que menos tienen, y negando la posibilidad de progreso social a las generaciones jóvenes y vulnerables, veamos los números.
Según reportes del propio Ministerio de Hacienda:
“A marzo (de 2024) se registró un balance primario positivo, comportamiento que se ha mantenido durante los dos años de esta Administración. Los ingresos y el gasto primario se ubicaron en 4,0% y 3,2% del PIB, respectivamente, lo que generó un superávit primario de 0,7% del PIB. Este balance primario superó en ¢121.854 millones (0,2% del PIB 2024) la meta indicativa acordada con el FMI (mínimo de ¢230.000 millones). Alcanzó ¢351.854 millones, lo que le convierte en el tercero más alto de los últimos 19 años en millones de colones.” (resaltado nuestro) (ver CP 43 del 14/05/2024)
Sin embargo, tan sólo unas semanas antes, el 22 de abril el mismo Ministerio de Hacienda le decía a la Sala IV que no tiene los ₡62.131 millones que le recortó al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF, el patrimonio que conforma la principal fuente de financiamiento de los programas sociales del país). Pues si a mayo de este 2024 ya se ha identificado que hay recursos para cumplir con los compromisos, el ministro de Hacienda bien podría rectificar ante la Sala IV, y más importante aún ante las personas que están urgidas de estos recursos.
En otros términos, Hacienda se niega a trasladar ₡62 mil millones al FODESAF durante 2024, a sabiendas que le queda un superávit libre de todo compromiso de ₡122 mil millones. Sea por cinismo o ignorancia, a pesar de que este superávit primario no comprometido que bien podríamos llamar “sobrante” es cercano al doble de los recursos adeudados al FODESAF, el ministro a.i. de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, se atreve a decirle a la Sala IV ¿O acaso mentirle? Manifestando que:
“Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando para ir saliendo de la grave crisis fiscal que ha venido padeciendo nuestro país desde hace ya bastantes años, y que fue producto de manejos irresponsables o inadecuados, nos hemos encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” MH-DM-OF-0512-2024
Llamamos “sobrante” al monto que supera el superávit fiscal primario, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a los recursos del préstamo de servicio ampliado de financiamiento (SAF). Cabe recordar, que tanto la Administración Alvarado-Quesada en 2022, como la Chaves-Robles en 2023, acordaron un nivel de superávit fiscal primario (el que no toma en cuenta la carga financiera), con el FMI, cuyo monto al final fue superado, pero incumplieron la obligación legal de transferir los recursos del Presupuesto Nacional al FODESAF y otros programas sociales.
Para 2022 las cifras son más cínicas, Hacienda afirmó que “cumplió con la meta pactada con el FMI, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡640.392 millones de la meta evaluativa acordada” (resaltado nuestro) (CP 10 / 7 de febrero 2023), el sobrante es casi 15 veces superior a lo no trasladado al FODESAF ₡44.000 millones.
Mientras que en 2023, Hacienda comunicó que “cumplió con holgura la meta de superávit primario pactada con el FMI al cierre del 2023, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡120.712 millones de lo acordado” (resaltado nuestro) (CP 09/ 14 de febrero, 2024). Ese mismo año, al FODESAF se le dejaron de transferir ₡49.000 millones, menos de la mitad del sobrante.
Es probable que estos recursos tuvieran un uso alterno loable, la aceleración en la amortización de la deuda pública, a una velocidad superior a la necesaria y validada con el FMI, lo cual parece ser el objetivo único y supremo de las autoridades hacendarias. Con ello olvidan el sacrificio humano que representa recortar el presupuesto de comedores escolares; acceso a salud; pensiones no contributivas para adultos mayores en pobreza; cuido a menores, a personas con dependencia y adultos mayores en pobreza; becas educativas; entre otros. De igual forma, esta tendencia está hipotecando el futuro de las nuevas generaciones del país, el desplome de un 40% fondos para becas en lo que va de la presente década, generó que más de 140 mil estudiantes perdieran el apoyo en tres años, y coincidió con una reducción del 5,7% en la matrícula de primaria y secundaria entre 2021 y 2024.
Como decía, la práctica del Ministerio de Hacienda de no trasladar, e incluso quitarle, recursos propios a los programas sociales no es nueva, sólo va cambiando de jerarca y justificación, a pesar de las leyes y los fallos de la Sala IV. Es por ello por lo que la deuda estatal con los programas sociales no para de crecer, Hacienda le adeuda al FODESAF más de 1.7 miles de millones de colones, y a la Caja Costarricense del Seguro Social poco menos que cuatro billones de colones.
Y como si esto no fuese suficiente, las normas de ejecución presupuestaria impuestas por la Asamblea Legislativa de 2018 a 2022, en conjunto con la entrada en vigor de la Ley 9524 (Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central), hicieron que recursos superavitarios del FODESAF pasaran a las arcas del Gobierno Central. Con lo que Hacienda puede recuperar y apropiarse de recursos que ya le había trasladado al FODESAF, tanto impuestos como la contribución del 5% sobre las planillas.
Cabe recordar, que los recursos superavitarios del FODESAF generalmente se represupuestaban para aumentar la cobertura y monto de los beneficios, como se realizó en 2019 cuando se amplió la cobertura y monto de las pensiones no contributivas y otros programas sociales. La realidad actual es que los montos de algunos beneficios sociales se han reducido, y las coberturas de programas sociales clave también. Es por ello por lo que la inversión social ha tocado fondo en 2024, representando sólo 9,7% del PIB, luego de haber subido al 12% en 2020.
Una pregunta relevante es si los montos adeudados a los programas sociales harían alguna diferencia significativa, la respuesta es un rotundo sí. Investigaciones recientes (Cantú et al., 2024) señalan que sería posible reducir la pobreza extrema al 2,5% (desde el 6,4% actual), lo que representa aliviar el hambre de decenas de miles de costarricenses que hoy no logran adquirir ni siquiera los bienes de la canasta básica alimentaria.
La gran promesa de las autoridades hacendarias es que una vez que “las finanzas públicas estén sanas”, trasladarán los recursos que por ley les compete a los programas sociales, sin embargo, varias razones hacen dudar de ello. Primero, por el lado de los ingresos fiscales se viene registrando una caída en los niveles de recaudación, la carga tributaria tocó techo en 2022 y no hay propuestas para cerrar portillos a la evasión, elusión, o de creación de nuevos impuestos. Segundo, relacionado con lo anterior, la última medición de las exoneraciones y la elusión (gasto tributario), señalan que está aumentando, luego de haber experimentado fuertes reducciones producto de la reforma fiscal de 2018. Tercero, por el lado del gasto, el Ministerio de Hacienda proyecta reducirlo en los próximos años de manera que pase a representar dos puntos porcentuales menos con respecto al Producto Interno Bruto (de 18% a 16%).
A falta de movimientos sociales, parece que sólo la presión de la Asamblea Legislativa podría hacer que Hacienda cambie su postura, ahora, adicionalmente la Procuraduría General de la República ha respaldado el criterio de los diputados en torno a la obligación de trasladar todos los recursos al FODESAF.
El Estado costarricense tiene una gran deuda en materia social, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubica al país entre los que menos recursos dedica a inversión social, ver Figura 1. Por su parte, tanto el Banco Mundial como el FMI, han reconocido los esfuerzos del país por reducir filtraciones, exclusiones, costos y aumento de eficiencia de los programas sociales, con herramientas como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), articular programas y reducir su dispersión.
A lo anterior, es posible agregar una multiplicidad de evaluaciones de entes como FLACSO, PNUD y UCR, que han destacado que los programas sociales costarricenses cumplen con sus objetivos, y contribuyen a que las personas salgan de la pobreza logrando su independencia económica.
El ministro de Hacienda y el presidente de la República justifican los recortes usando la figura del padre que pide un sacrificio a su familia para amortizar sus deudas, lo que no dicen es que está amortizando más rápido de lo que el banco exige, y que el sacrificio que pide a la familia consiste en comer menos de lo necesario y sacar a los niños de la escuela, condenándolos a la desnutrición y el analfabetismo. El anteponer resultados macroeconómicos ambiciosos, llevando el ajuste fiscal más allá de lo recomendado por organismos como el FMI, es un sinsentido económico cuando la moneda de pago es el aumento en la cantidad de excluidos de las oportunidades para una mejor calidad de vida, y la condena de los niños y jóvenes a un círculo de pobreza, desesperanza y violencia que sólo crece y crece. Las decisiones que ha realizado y plantear realizar la Administración Chaves Robles son, en definitiva, recortes suicidas.
Exdirector de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, exdirector a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Semanas atrás, el ministerio de Hacienda reconoció públicamente que en 2024 ha recortado ¢62.000 millones adicionales para atender a la población en situación de pobreza. Con este nuevo recorte el monto destinado incluso incumple ampliamente la ley de FODESAF.
Tan grave como el recorte mismo son los argumentos en que se basa el ministro de Hacienda para realizarlos, así como la obtusa visión ideológica detrás de estos.
Para abordar críticamente este sensible tema, SURCOS ha invitado a dos reconocidos especialistas, los señores Jorge Herrera Fernández y Greivin Hernández González, ambos con profundos conocimientos teóricos y prácticos sobre la materia.
Estamos seguros de que sus reflexiones y análisis representan un valioso aporte a un problema país de enorme importancia y actualidad.
Le invitamos a seguir el enlace en el nombre de cada autor.
Transcurridos dos años de la administración Chaves Robles, es sano y conveniente plantearse algunas consideraciones en torno al balance de esta.
Inicio mencionando que desde que nací han transitado por el poder ejecutivo 15 costarricenses. Y ejerzo mi derecho al voto desde las elecciones de 1986, por cierto, voto donde la persona por la que vote no ganó. Desde la Constitución de 1871, se estableció un periodo constitucional de 4 años para nuestras autoridades del Ejecutivo. O sea, mediane ese mecanismo, imperfecto, pero sin duda el mejor hasta estas alturas de la historia, el pueblo delega su soberanía a través de la delegación del poder a sus legítimos representantes. Tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo.
Esta democracia bicentenaria, ha visto roto el orden constitucional, muy pocas veces, gracias a Dios. Esta generación no conoce, no sabe, ni desea conocer otra forma de gobierno que no sea más que la heredada por sus antepasados y que nos corresponde ineludiblemente conservar y más aún robustecer para las futuras generaciones. No es desde la retórica ni desde las buenas intenciones como lo vamos a lograr, sino a través de acciones cívicas, patrióticas y civilistas reconociéndonos, a pesar de nuestras diferencias como hermanos y eso sí, capaces de construir y ponernos de acuerdo sobre lo que es verdaderamente importante. El pensar distinto nos es natural, en un marco democrático. No es pecado, ni mucho menos una señal de debilidad de nuestra democracia. Ha sido a través de la diferencia y búsqueda de acuerdos como hemos construido una senda a través de los años. Siempre como costarricenses, sabremos discernir que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.
Hay un hecho político importante en el ámbito constitucional, desde 2014 la fragmentación social que experimenta el país ha ocasionado que ningún presidente cuente con mayoría parlamentaria. Ello es expresión de la incorporación de más voces y más actores políticos en nuestro medio. Ya el Informe del Estado de la Nación de 2009, nos lo advertía.
Los partidos políticos y quienes aspiran a gobernarnos cada cuatro años, deben cumplir con presentar un plan de gobierno al electorado, y si el soberano los premia con su beneplácito, al resultar ganador ha de entenderse que allí concluye la campaña política e inicia la labor de estadista, de gigante, donde la seriedad y el compromiso adquirido con los votantes, se tornan en las mayores perlas que guíen su labor. Allí la in-utilidad y alegar diversas razones para no cumplir, no se justifica, ni mucho menos es válido ante una creciente desigualdad y diversos problemas que se van agudizando. Para gobernar se requieren estadistas. No alcanza con ser simples administradores que solo ven el árbol y no el bosque.
Hace un año publiqué un artículo semejante a este. Donde planteaba algunas precisiones sobre el modo de comportarse del presidente Chaves. Indicaba en aquel entonces que “la política no puede ser escenario para despropósitos, transformándola en vehículo para vanos y pérfidos proyectos personales, con infames y espurias motivaciones. Al contrario para los demócratas, debe ser concebida como medio para el cambio y transformación social. Hoy algunos intentan hacer prevalecer, por cualquier medio, sus intenciones, sin importar el atropello a la institucionalidad y de esa manera convertir la mentira, la demagogia y el cinismo, en filosas espadas capaces de decapitar la verdad y todo aquello que se interponga”.
Este 2 de mayo, junto a mi esposa, escuchamos la mayor parte de su intervención brindando su informe y/o listado de logros, en la sede del primer poder de la república. Como mínimo de nuestra formación cívica no debemos olvidar que allí estaban presentes nuestros legítimos representantes, en quienes el pueblo soberano ha delegado su representación y poder: el presidente, sus vicepresidencias y los 57 diputados. Ese variado grupo de costarricenses -60- hay un mosaico de pensamiento, talento y por qué no, de mediocridad e in-capacidad también. Todos ellos electos por 4 años, ya han pasado 2. Y ha sido tiempo suficiente para haber cosechado algunos logros y sembrar un poco del siempre esperanzador y necesario optimismo. Es conveniente recordar que el paso por la función pública es efímero, caduco. Pero lamentamos el posicionamiento de un discurso confrontativo y de polarización, dividiendo a la familia costarricense. Pareciera que la intención es posicionar “Yo y ustedes, contra los otros”
En mayo de 2022 se anunciaba alegremente en el país una Ruta para rebajar el precio de las medicinas, una ruta para rebajar el precio del arroz y ello se iba complementar con el anuncio en febrero de 2023 de una Ruta de la Educación. El tiempo de manera inexorable ha transcurrido y aún las manos del presidente Chaves y sus jerarcas están vacías de logros significativos. Y no es que ha transcurrido un mes, o un primer año para que sea muy poco lo que pueda mostrarse. Es que ya son 24 meses y la creatura aún no ha sido parida. La campaña política concluyó hace 25 meses y el tiempo de gobernar llegó hace rato. La in-eptitud con que se asume la noble y sublime labor de gobernar, ha hecho que chambonada tras chambonada el tiempo vaya pasando, con escasísimos y flacos logros. Además, no puede ser arropada con una equivocada visión de iniciar la próxima campaña desde ya. Mostrar como propios los logros de otros, emitir decretos sobre lo ya legislado, aferrarse sólo a dos proyectos como ciudad gobierno y jornadas 4X3, parece que es lo único presente en la agenda presidencial y del partido de gobierno. Ni hablar de yerros referidos a la administración de la CCSS y utilizar SINART como agencia de publicidad y propaganda, menoscabo de cobertura en salud para enfrentar enfermedades infectocontagiosas y manejar de manera opaca fondos del BCIE.
Nos encontramos en la historia reciente del país, la existencia de varios resellos a leyes tras el surgimiento de disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo. No recuerdo una administración en la cual se hayan enviado proyectos de ley tan mal elaborados, que rápidamente son desechados. La misma Constitución Política le brinda al Ejecutivo la mitad del tiempo de los diputados para que sus propuestas sean conocidas, discutidas y analizadas; pero para ello iniciemos por el principio, hay que elaborar esas iniciativas, hay que enviarlas y redactarlas bien, si es que no deseemos que naufraguen. No recuerdo una administración en la cual con bombos y platillos anuncian algún tipo iniciativa, sin ningún tipo de estudio y viabilidad de la misma.
El presupuesto es herramienta de gobierno, de ejercer poder, de fijar prioridades. No es moralmente aceptable que este gobierno no haya asumido con fuerzo el estandarte de buscar soluciones a las necesidades más. La inversión social bajo la actual administración ha pasado de un 60% en 214 a un 53% en este año. Por ejemplo, del 8% del PIB constitucional que deberíamos dedicar a la educación, para este año 2024 se presupuestó un el equivalente a un 5,2% del PIB.
La in-competencia no puede ser escondida tras diatribas, alaridos o una narrativa pirotécnica como la que el señor presidente, muestra. Ejercer la presidencia y por lo tanto la conducción de un Estado, requiere de cierto talante, fuste y gallardía. Un día y otro también, intenta confundir y desvíar la atención de la gente decente, buena y trabajadora, que día a días madruga para ir a trabajar o buscar un trabajo digno con qué llevar sustento a su familia. Aún recordamos los costarricenses, que durante un periodo nuestro presidente fue ministro de la anterior administración. Su paso fue sin pena ni gloria, no recodamos algún hecho importante que se le pueda acreditar en ese lapso, ni tampoco se ha han dado las razones de su abrupta salida.
La in-utilidad no puede soslayarse recurriendo a una peligrosa e incendiaria retórica de “Yo y ustedes, contra los otros”. Aquí estamos los buenos y allá los malos costarricenses. Esa burda visión, maniquea y distorsionada es la que permite el ascenso de autócratas y mostrar absoluta carencia de sagacidad. La realidad nacional y los problemas que agobia al costarricense de a pie, no puede ser reducida a una bucólica e idílica alegoría. Los problemas se enfrentan con decisión e inventiva; no conozco otros caminos.
No sólo somos una sociedad que genera pocas oportunidades de empleo, en especial para las mujeres; sino, además, hoy somos una sociedad más violenta. Por ejemplo, en el 2022 el sistema de emergencias 911 registró más de 12 mil incidentes de violencia doméstica. Es decir, un incidente de violencia intrafamiliar por hora. En los últimos años, en vez de invertir más en salud, alimentación, vivienda, educación y pensiones, la inversión social pública ha caído 6 puntos desde el 2019 a la fecha. Hoy Costa Rica gasta más del triple en intereses de la deuda que en infraestructura. El presupuesto en servicios sociales se contrajo de un 13% a un 10% del PIB entre 2020 y el 2023.
El dividir y polarizar al país, genera pocas oportunidades de desarrollo y progreso y hacia nada bueno nos conduce. No permite enfocarnos en lo verdaderamente urgente e importante. Ese “Yo y ustedes contras los otros” solo denota carencia de ideas e imaginación para enfrentar con denuedo y decisión, los problemas que nos agobian: pobreza, desigualdad, in-capacidad para crear condiciones para el trabajo decente, in-eptitud para resolver temas como acceso al agua potable y a vivienda digna, in-competencia para mostrarse como un verdadero demócrata y entender que el diálogo y respeto permiten edificar, no generar muros de odio y de bufonadas. Requerimos mayor lucidez y cordura. De magnanimidad de un verdadero estadista. No puede ser que su único mérito sea la capacidad de dividir y polarizar.
A aquellos que están cerca del presidente Chaves, sus acólitos, menos aplausos complacientes y más consejería sabia y prudente, ese es mi mensaje para Acosta, Fernández, Müller, Díaz, Zamora, Tinoco, Rodríguez, Munive, Campos, Gamboa, Cisneros y Brunner.
Hace escasos días el presidente acudió a la inauguración de la Semana Nacional de Cooperativismo en San Ramón. Allí tuvo contacto con cientos de niños y jóvenes a quienes pudo saludar efusivamente. Ellos celebraban con alegría la presencia del presidente de la república. Para el imaginario infantil, el presidente es la encarnación de la democracia y lo que libros de texto y docentes por años han repetido. Veían en él una especie de superhéroe. Ver y palpar en un apersona la mácula investidura del primer ciudadano de la república. Electo por los costarricenses para que se encargue de gobernar/buscar soluciones a los agobiantes problemas nacionales. Ni los flashes de cámaras fotografías, ni las palmaditas en el hombro, ni los abrazos, ni los selfies, deben distraernos. Esa imagen folclórica es solo un elemento para no olvidar lo fugaz que es el paso por un puesto de esa naturaleza. La saludable y vigorosa alegría republicana, mostrada en la algarabía de esos niños debe guiarnos siempre. Esta generación de costarricenses somos hijos de acuerdos nacionales que dieron origen a la segunda república y a nuestro Estado de Derecho. A pesar de los abusos cometidos por ambos bando en el 48, fuimos capaces de forjar una de las sociedades de mayor progreso y bienestar, campeona de la libertad y del civilismo, envidiada en muchas partes del mundo. Es la imagen que debe seguir prevaleciendo, tras el paso de cada persona que ha ocupado la presidencia. Una persona que guía y orienta toda una nación hacen del derecho, el sentido común y su sano juicio, las mejores armas para conducirnos a buen puerto. La campaña electoral término hace mucho y esos niños y jóvenes merecen la mejor versión de nuestro gobierno… una verdadera y perenne clase de civismo. No de alimentar una inconveniente división que avizora en el horizonte democrático de la patria.
Administración Chaves Robles genera caos en la CCSS
La Administración Chaves Robles le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más de 3,5 billones de colones, y de paso se niega a pagar las obligaciones anuales que tiene con la población no asegurada, la pensión de los más pobres, los recursos de la niñez y de la adolescencia, los subsidios a población de bajos recursos económicos, entre otros. Todo esto ocasiona un verdadero caos institucional, pues al no pagar, incide en la falta de recurso humano calificado, personal de apoyo, insumos, equipos, infraestructura, medicamentos y recursos financieros que impiden mejorar la prestación de servicios y justificar la privatización de servicios en la CCSS.
El ataque indiscriminado a las instituciones públicas, las fallidas rutas del arroz, de los medicamentos, de la infraestructura, de la educación, la seguridad, de las listas de espera y de la salud, los juicios políticos, la burla y el abandono de los sectores más vulnerables, demuestran el desinterés y falta de seriedad de la administración por resolver las grandes necesidades de las familias costarricenses.
Los ajustes fiscales que deterioran los programas sociales, que solo favorecen a sectores cercanos a la “morada presidencial”, provocan un deterioro inclemente de las condiciones sociales, laborales y económicas de los y las trabajadoras del sector público, de lo cual la Caja no ha sido la excepción.
Las regulaciones en salario único, el congelamiento y la reducción de los salarios, los largos interinazgos, en materia de dedicación exclusiva y la continuidad laboral, entre otros, menoscaban las condiciones de trabajo, provocan la renuncia de personal de salud y el descontento de toda la población laboral de la CCSS.
“UNDECA condena que este gobierno, lejos de propiciar acuerdos con los diversos sectores y resguardar el derecho a la salud y la vida que requiere la ciudadanía, aproveche para impulsar la privatización y el desmantelamiento de los servicios institucionales, trasladando multimillonarios recursos para enriquecer a los grandes consorcios privados de la salud.”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
UNDECA demanda la inmediata solución del conflicto en la Caja, a través del diálogo y negociación. Hacemos un llamado a la unidad nacional para demandar soluciones a los grandes problemas en materia de salud pública y las justificadas exigencias de los sectores sociales.
La administración Chaves Robles ha dejado claro que los temas ambientales no son su prioridad o mejor dicho, ha dejado claro que es prioridad para Rodrigo Chaves desmejorar la condición ambiental del país priorizando el modelo extractivo y contaminante, enlistamos algunos de las principales retrocesos ambientales del gobierno:
Revivir la Pesca de Arrastrecon supuestos estudios que en realidad reactiva una industria que no tiene ningún criterio técnico.
Sepultar Acuerdo de Escazúy deja en vulnerabilidad a defensores ambientales.
Sigue desobedeciendo el fallo de la Sala IVque le obliga a limpiar el mercurio en Crucitas y remediar ambientalmente la zona afectada por la minería ilegal.
NuevoReglamento de Setena a medida del sector inmobiliario, constructor y los agronegocios.
Desregular para promover más agrovenenossin prohibir los más tóxicos y contaminantes de fuente de agua como el caso del clorotalonil.
Caída en el Índice de Desempeño Ambiental del puesto 3 en 2011 al puesto 68 en el 2022, este “ranking” elaborado por las universidades norteamericanas de Yale y Columbia.
Recortes a SINAC y MINAE. Genera una gran concentración de poder en la figura de ministro de funciones que legalmente les corresponde a los cuerpos colegiados. Hacer reformas mediante directrices ministeriales “dejando pintado en la pared” a Conagebio, Fonafifo y a Oficina de Cambio Climático.
Revivir el aeropuerto en Zona Osa, amenazado áreas arqueológicas importantes y el Humedal Térraba-Sierpe.
Legalización extracción de agua depozos ilegales y desvios de ríos sin permiso. Además presiona desde la administración central por aumentar la tercerización institucional del AYA con un enfoque privatizador del servicio y del agua.
El MINAE a caído en manos de un libertario con ideas privatizadoras, desreguladoras y retrógradas, que tiene en el oscurantismo no solo el ministerio, si no que amenaza diariamente la agenda y el liderazgo que alguna vez tuvo el país. Franz Tattenbach nunca rinde cuentas y el Minae es muy esquivo al escrutinio público.
La Agenda Legislativa pactada por las diferentes fracciones, incluida el oficialismo, tiene un abanico de proyectos destinados a desmejorar, erosionar y eliminar la mayoría de las fortalezas en materia ambiental y social que al país le ha costado más de medio siglo construir.
La Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, le invita a participar en el conservatorio titulado “Los primeros 100 días de la administración Chaves Robles”. Se contará de la participación de los siguientes panelistas:
Dr. Rotsay Rosales Valladares, coordinador Observatorio de la Política Nacional (OPNA) y docente de la Escuela de Ciencias Políticas, UCR
M. Sc. Giselle Boza Solano, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR.
Dr. Randall Blanco Lizano, docente de la Escuela de Sociología, UCR
Moderadora
Dra Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, UCR
El conversatorio tendrá lugar este jueves 18 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m en la Sala de la biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, 1.er piso, Facultad de Ciencias Sociales. También puede seguir la transmisión en vivo desde los Facebook FCSUCR o Ciencias Políticas UCR o en el canal de YouTube llamado WebtvUCR.
El pasado 23 de mayo de 2022, el CICANDE emitió un comunicado donde se convocaba a un Encuentro Nacional de la Unidad Sindical, con el fin de defender el Estado Social de Derecho costarricense. El comunicado señala que la presente administración Chaves Robles (2022 – 2026), posee tintes neoliberales, un gabinete tecnocrático y empresarial lo que cristaliza el objetivo de desmantelar el Estado Social de Derecho. Asimismo, se indica que la conformación de la actual Asamblea Legislativa posee 5 fracciones de partidos conservadores implica un reto estratégico para el movimiento popular y social.
Se manifiesta que el movimiento sindical impulsará un amplio abanico de alianzas sociales a fin de enfrentar esta amenaza mediante la creación de una agenda común que dé prioridad a los siguientes puntos:
Eliminar la regla fiscal
Exigir políticas que eviten la corrupción, morosidad, elusión y evasión
Defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social y de los regímenes de pensiones
Defensa de la educación pública
Defensa del Instituto Costarricense de Electricidad
Defensa de los derechos laborales y del trabajo decente
Defensa de la equidad de género y la diversidad sexual
Lucha contra el alto costo de la vida y por salarios y pensiones dignas
Lucha por la soberanía
De igual forma, se demanda un diálogo social real efectivo, para garantizar la defensa de la institucionalidad pública y de los derechos de la clase trabajadora. También se busca impulsar la unidad popular y social para afrontar las luchas que se tienen por delante.
Si desea conocer con más detalle el comunicado realizado por CICANDE, puede consultar la imagen adjunta.