El Colectivo Mujeres por Costa Rica envió una carta al ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, a la viceministra administrativa, Sofía Ramírez González, a la viceministra académica, María Alejandra Ulate Espinoza, y al Consejo Superior de Educación, en relación con la Circular DM-CIR-0047-2026. El colectivo coincide en que los centros educativos deben permanecer libres de propaganda partidaria, pero plantea dudas sobre si la circular se limita a recordar obligaciones ya vigentes o si introduce restricciones nuevas mediante conceptos que consideran ambiguos, como «adoctrinamiento ideológico», «objetividad pedagógica» o «conclusión política predeterminada». A continuación, se reproduce la carta completa:
San José, 14 de julio 2026
Señor
José Leonardo Sánchez Hernández Ministro de Educación Pública
Sofía Ramírez González Viceministra Administrativa
María Alejandra Ulate Espinoza Viceministra Académica
Señores y Señoras Consejo Superior de Educación
Estimados señores y señoras:
En atención a la Circular DM-CIR-0047-2026 emitida por ese Ministerio, nos permitimos compartir algunas reflexiones que consideramos relevantes para la misión educativa del país y la formación ciudadana de nuestras futuras generaciones.
La Ley Fundamental de Educación establece como propósito esencial el desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones intelectuales, físicas y morales, con el fin de que cada persona disfrute de una vida plena y contribuya al progreso de la sociedad. Asimismo, promueve la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, respetuosos de la dignidad humana, la libertad, la democracia y la justicia social.
Esa misión exige, al mismo tiempo, proteger los centros educativos de cualquier forma de proselitismo político y garantizar una educación crítica, plural y de calidad. En ese sentido, compartimos plenamente el principio de que los centros educativos públicos deben permanecer libres de propaganda partidaria. Esta obligación ya está prevista en nuestro ordenamiento jurídico y constituye una garantía para preservar la imparcialidad de la función pública y proteger al estudiantado.
En un Estado democrático de derecho, toda regulación que pueda incidir en el ejercicio de los derechos fundamentales debe respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad. Las personas requieren distinguir con claridad qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas. Sin embargo, surge la inquietud de si la Circular DM-CIR-0047-2026 se limita a recordar obligaciones vigentes o si introduce nuevas restricciones mediante conceptos ambiguos cuyo alcance no está claramente definido. Expresiones como “adoctrinamiento ideológico”, “objetividad pedagógica” o “conclusión política predeterminada” requieren criterios objetivos para evitar interpretaciones subjetivas o arbitrarias que puedan afectar la labor docente y, en consecuencia, el derecho de las personas estudiantes a una educación crítica y plural.
Nuestra mayor preocupación no se limita a la situación del personal docente, se centra principalmente en el derecho del estudiantado a recibir una formación que fomente el pensamiento crítico, el análisis de distintas perspectivas y el respeto por la diversidad de opiniones. Cuando una norma genera incertidumbre sobre qué puede enseñarse o debatirse, existe el riesgo de que el temor sustituya la libertad de educar, empobreciendo la formación ciudadana.
La democracia se fortalece mediante el diálogo informado, el debate respetuoso y la reflexión crítica. Hablar en las aulas sobre derechos humanos, instituciones públicas, procesos electorales, justicia social, ambiente, participación ciudadana o políticas públicas, dentro del currículo nacional y con pluralidad de fuentes, no constituye propaganda política, sino que es parte esencial de la formación integral de las personas estudiantes.
La educación democrática no consiste en enseñar qué pensar, sino en enseñar cómo pensar. Eso implica desarrollar en las personas la capacidad de analizar información, contrastar argumentos, valorar la evidencia y construir sus propias conclusiones, esa es la mejor defensa frente a cualquier forma de adoctrinamiento político partidario o manipulación.
Por ello, consideramos conveniente que la Circular DM-CIR-0047-2026 precise con mayor claridad el alcance de aquellos conceptos que puedan dar lugar a interpretaciones dispares, de manera que se protejan simultáneamente:
La neutralidad político-electoral.
La seguridad jurídica del personal docente.
El derecho de las personas estudiantes a una educación crítica, plural y de calidad.
La escuela debe ser un espacio libre de propaganda partidaria, pero nunca un espacio donde el miedo sustituya al pensamiento crítico. Defender una educación que enseñe a pensar con libertad es, en esencia, defender la democracia costarricense.
El Observatorio de Bienes Comunes y Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) convocan al curso-taller «La ‘neutralidad’ también adoctrina. Genealogía de una pedagogía del silencio», un proceso de reflexión de cuatro encuentros orientado a analizar de forma crítica las disputas actuales sobre la educación pública, la libertad de cátedra y la democracia.
Según la convocatoria, la actividad parte de una pregunta central: ¿es posible que la educación sea completamente neutral? El material de invitación señala que la reciente emisión de la Circular DM-CIR-0047-2026 del Ministerio de Educación Pública reabrió ese debate en el país, en torno a interrogantes como quién define qué constituye adoctrinamiento, cómo se protege la libertad de cátedra sin reducir la enseñanza a una transmisión acrítica de contenidos, y qué efectos tienen este tipo de regulaciones sobre el trabajo cotidiano del personal docente.
Desde la perspectiva de la educación popular y la pedagogía crítica, la convocatoria plantea que ninguna práctica educativa es completamente neutral, ya que toda educación transmite formas de comprender el mundo y define qué conocimientos se consideran legítimos. Bajo esa premisa, sostiene que el adoctrinamiento no se limita a la imposición explícita de ideas, sino que también puede expresarse cuando ciertos temas dejan de discutirse, cuando se excluyen determinadas perspectivas del debate, o cuando el temor a sanciones genera autocensura entre quienes enseñan.
Ejes temáticos por encuentro
El proceso se desarrollará en cuatro sesiones presenciales, cada una dedicada a un eje específico:
10 de agosto: ¿Quién define la educación? De la formación ciudadana a la neutralidad educativa.
17 de agosto: La cruzada contra el «adoctrinamiento»: conservadurismo y guerras culturales en la educación.
24 de agosto: La fabricación de la neutralidad: dispositivos de control, vigilancia y autocensura.
31 de agosto: Desobedecer preguntando: pedagogías para una democracia crítica.
Cada sesión combinará espacios dialógicos, análisis de materiales, estudio de casos y metodologías participativas inspiradas en la educación popular.
Información general
Fechas: 10, 17, 24 y 31 de agosto.
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, San Pedro.
La organización invita a las personas participantes a reflexionar, antes del inicio del proceso, sobre qué preguntas resultan hoy más difíciles de plantear dentro de una escuela o un colegio.
La reciente circular del Ministerio de Educación Pública sobre neutralidad político-electoral en los centros educativos públicos, la directriz DM-CIR-0047-2026, merece un análisis sereno, pero también profundamente crítico. De entrada, debe reconocerse un punto elemental: las escuelas y colegios públicos no deben convertirse en tribunas de proselitismo partidario. Ninguna persona docente debería usar su posición institucional, sus clases, evaluaciones, actos cívicos, materiales educativos o recursos públicos para favorecer o desacreditar partidos, candidaturas o movimientos electorales.
Esa prohibición tiene fundamento jurídico. El artículo 146 del Código Electoral prohíbe a las personas funcionarias públicas dedicarse, durante la jornada laboral, a trabajos o discusiones de carácter político-electoral y usar el cargo para beneficiar a un partido político. En ese sentido, impedir el uso partidario del aula no solo es legítimo, sino necesario para resguardar la imparcialidad institucional.
Dicho esto, conviene advertir algo: no se recuerda en la historia reciente de la educación costarricense una circular con esta combinación de neutralidad político-electoral, vigilancia administrativa, advertencia disciplinaria y categorías tan abiertas como adoctrinamiento, captación ideológica o posiciones sectarias. Esta afirmación no pretende sostener que nunca haya existido algún lineamiento previo sobre imparcialidad educativa o electoral, sino subrayar que el alcance, el momento político y la carga disciplinaria de esta circular la vuelven especialmente preocupante.
Sin embargo, el problema empieza cuando la necesaria prohibición del proselitismo se expande hacia una zona mucho más ambigua: la del llamado “adoctrinamiento”, la “captación ideológica”, las “posiciones sectarias” o la exigencia de una supuesta “mediación pedagógica objetiva”. Ahí aparece la pregunta de fondo: ¿estamos ante una defensa legítima de la neutralidad electoral o ante una estrategia administrativa que podría inducir miedo, autocensura y empobrecimiento del pensamiento crítico en las aulas?
La Constitución Política garantiza que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, salvo que sus actos infrinjan la ley. También reconoce la libertad de enseñanza y establece que la dirección general de la enseñanza oficial corresponde al Consejo Superior de Educación. Además, aunque la libertad de cátedra está expresamente formulada para la enseñanza universitaria, su sentido democrático irradia una exigencia más amplia: la educación no puede reducirse a obediencia curricular ni a repetición acrítica de contenidos.
La Ley Fundamental de Educación refuerza esta idea. Su artículo 1 reconoce el derecho de toda persona a la educación y ordena estimular el aprecio por los derechos humanos, la diversidad lingüística, multiétnica y pluricultural del país. Su artículo 2 establece como fines de la educación costarricense formar ciudadanía consciente de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, con responsabilidad y respeto a la dignidad humana, así como formar ciudadanos para una democracia.
Por eso, el derecho a la educación no se agota en recibir contenidos curriculares. La educación democrática exige formar ciudadanía capaz de comprender sus derechos, examinar el funcionamiento de las instituciones, contrastar la teoría constitucional con la realidad política y analizar críticamente los conflictos sociales. Enseñar el Estado social de derecho no puede consistir únicamente en describir cómo deberían funcionar las instituciones; también exige preguntar cómo funcionan realmente, dónde se debilitan, quiénes las atacan, qué intereses las condicionan y qué consecuencias tiene su erosión.
El artículo 39 de la Ley Fundamental de Educación es particularmente importante. Establece que ningún miembro del personal puede ser sancionado, trasladado, removido, suspendido o degradado por la expresión de sus ideas políticas o religiosas. La misma norma introduce un límite: dentro de las instituciones de enseñanza se prohíbe mantener discusiones o hacer propaganda sectaria o de política electoral. Esa distinción es decisiva. Una cosa es prohibir propaganda partidaria; otra muy distinta es inhibir la discusión crítica sobre asuntos públicos.
Aquí conviene recordar a Michael W. Apple. En Ideología y Currículo (1979), donde advierte que el currículo nunca es neutral: siempre selecciona ciertos conocimientos como legítimos, define qué preguntas son aceptables y desplaza otros saberes hacia los márgenes. Cuando una autoridad administrativa define qué cuenta como “objetivo” y qué puede ser denunciado como “ideológico”, no elimina la ideología; más bien puede imponer una forma específica de conocimiento oficial.
Desde Bourdieu y Passeron, en La reproducción (1977), el problema puede leerse como una forma de violencia simbólica. La dominación pedagógica no siempre necesita censurar abiertamente; puede operar haciendo que docentes y estudiantes interioricen los límites de lo decible. El docente aprende a no incomodar, a no problematizar, a no contrastar la norma con la realidad. La autocensura aparece entonces como prudencia profesional.
Gramsci también ayuda a comprender esta dinámica. En sus Cuadernos de la cárcel (1999), la escuela aparece como uno de los espacios donde se disputa la hegemonía cultural. Quien controla el sentido común controla buena parte de la vida democrática. Si la crítica se presenta como adoctrinamiento y la obediencia curricular como neutralidad, el aula deja de ser un espacio de formación ciudadana y se convierte en un lugar de reproducción acrítica del orden existente.
Foucault permite ver con claridad el mecanismo disciplinario. En Vigilar y castigar (1976), muestra que el poder moderno no actúa solo por prohibición directa, sino por vigilancia, registro, normalización y amenaza de sanción. No hace falta castigar masivamente. Basta con que cada docente sepa que puede ser observado, denunciado, documentado o investigado. El poder disciplinario funciona mejor cuando logra que las personas se vigilen a sí mismas.
Freire (1970) y Giroux (1988), permiten completar el argumento pedagógico. Para Freire, educar críticamente no es adoctrinar; es enseñar a leer el mundo. Para Giroux, las personas docentes no deberían ser tratadas como simples ejecutoras de programas oficiales, sino como intelectuales públicos comprometidos con la formación democrática. Desde esta perspectiva, una educación que evita toda problematización de la realidad no es neutral: es políticamente funcional al silencio.
El punto, entonces, no es defender el derecho de los docentes a hacer propaganda. Ese derecho no existe en el ejercicio de la función pública. El punto es defender el derecho del estudiantado a recibir una educación crítica y el deber profesional del docente de formar ciudadanía democrática. Hay una diferencia fundamental entre decir “voten por tal partido” y analizar críticamente una política pública, una sentencia, un discurso presidencial, una reforma legal, una protesta social o un proceso de erosión institucional.
Además, esta circular no debería analizarse de manera aislada. Aparece en un contexto político marcado por discursos de mano dura, cuestionamientos severos al Poder Judicial y propuestas que parecen trasladar al ámbito educativo una pedagogía del miedo. La idea de llevar niños, niñas y adolescentes a conocer cárceles como forma de prevención del delito ha sido cuestionada por organizaciones especializadas, precisamente porque sustituye la prevención social por el escarmiento y corre el riesgo de criminalizar a las juventudes empobrecidas o vulnerabilizadas.
En ese mismo clima, la Presidencia ha lanzado acusaciones graves contra el Poder Judicial, incluyendo afirmaciones sobre supuesta infiltración del crimen organizado y del narcotráfico “hasta el tuétano”, declaraciones que la Corte Suprema rechazó categóricamente, instando a presentar las denuncias correspondientes. También se han anunciado proyectos para “limpiar” el Poder Judicial y endurecer la respuesta penal.
Vista así, la circular del MEP puede ser leída como parte de una racionalidad más amplia: una forma de gobierno que prefiere aulas cautelosas, juventudes advertidas por el castigo y docentes vigilados por la amenaza disciplinaria. No se trata de afirmar que todos estos hechos formen una única operación coordinada. Pero sí es legítimo advertir que comparten un mismo horizonte: desplazar la formación crítica por la obediencia, la prevención social por el miedo y la deliberación democrática por el control.
Aquí la pregunta no es si el Estado debe impedir el proselitismo en las aulas. Por supuesto que debe hacerlo. La pregunta es si, bajo esa finalidad legítima, se está construyendo un dispositivo que vuelve sospechosa toda crítica al poder. Si un docente teme analizar la independencia judicial, la desigualdad, el deterioro de la institucionalidad, los discursos de odio, la política criminal de mano dura o la erosión democrática, entonces no estamos ante neutralidad: estamos ante silenciamiento preventivo.
La neutralidad electoral protege la democracia cuando impide el uso partidario del aula. Pero se convierte en amenaza cuando pretende neutralizar la crítica, despolitizar el pensamiento y reducir la educación cívica a repetición de contenidos. Una democracia no necesita aulas silenciosas; necesita aulas capaces de pensar, preguntar y discutir con rigor.
Por eso esta circular debe interpretarse restrictivamente. Su alcance legítimo debería limitarse a impedir propaganda electoral, presión partidaria sobre estudiantes y uso indebido de recursos institucionales. Cualquier aplicación que inhiba el análisis crítico de la realidad nacional sería contraria al sentido democrático de la educación costarricense.
Quedan, entonces, algunas preguntas incómodas:
¿Se considera “adoctrinamiento” que una persona docente analice críticamente el debilitamiento de los servicios públicos, pero no se considera pedagogía ideológica llevar adolescentes a cárceles para enseñarles el miedo como prevención?
¿Se prohíbe politizar el aula, pero se autoriza que el Estado utilice el sistema educativo para naturalizar políticas penales de mano dura?
¿Se exige neutralidad a docentes de secundaria, mientras desde las más altas autoridades se lanzan acusaciones generalizadas contra uno de los poderes de la República?
¿Puede enseñarse el Estado social y democrático de derecho sin examinar los ataques a la independencia judicial, la concentración de poder o la criminalización de las juventudes empobrecidas?
¿Quién define qué es “objetivo” en el aula: el currículo democrático, la Constitución, la ley, la evidencia científica o el temor administrativo a incomodar al poder?
El peligro no está solo en lo que la circular dice. Está en lo que puede hacer que las personas docentes dejen de decir. Y cuando una sociedad empieza a educar desde el miedo, el problema ya no es únicamente pedagógico: es democrático.
Han pasado 80 años desde que el pueblo soviético se alzó con coraje frente a la invasión nazi en lo que se conocería como la Gran Guerra Patria. Fue una lucha existencial, una guerra donde se enfrentaron dos visiones del mundo: la civilización y la barbarie. En este marco de conmemoración, no solo recordamos el heroísmo del Ejército Rojo y de millones de hombres y mujeres soviéticos, sino también una de las caras más siniestras del nazismo alemán: la utilización de niños, niñas y adolescentes como carne de cañón en la última fase de la guerra.
El crepúsculo del Reich y el sacrificio de la juventud
En los primeros meses de 1945, cuando Berlín estaba cercada y la derrota era inevitable, Hitler ordenó una movilización desesperada: los niños de las Juventudes Hitlerianas debían tomar las armas. Muchos no superaban los 13 o 14 años, habían sido aleccionados desde pequeños bajo una doctrina de odio, supremacía racial y fanatismo, moldeados para obedecer y morir por su Führer.
No fue un hecho aislado. Se calcula que más de 200.000 menores fueron movilizados por el Tercer Reich en los últimos meses de la guerra. Niños que deberían haber estado estudiando, jugando o soñando, fueron enviados al frente con lanzacohetes, rifles antitanques y granadas. Muchos fueron obligados a luchar hasta el último aliento en las calles y plazas de Berlín, muchos de ellos, confundidos y aterrados, fueron fusilados por sus propios oficiales al intentar escapar.
Un ejército de liberación frente a una infancia manipulada
El avance del Ejército Rojo encontró no solo resistencia armada, sino escenas de horror y tragedia humana. En ciudades como Danzig, Königsberg o Berlín, los soldados soviéticos se toparon con niños soldados alemanes defendiendo escombros, a menudo creyendo que peleaban contra un enemigo monstruoso.
Contrario a lo que difundía el aparato nazi, la URSS no aplicó represalias indiscriminadas contra estos menores. En muchos casos, los soldados soviéticos comprendieron que se trataba de niños manipulados por una ideología criminal. Muchos de ellos fueron capturados, desarmados y, tras procesos de interrogación, enviados a centros de detención donde se les intentó reeducar. Con el paso del tiempo, fueron liberados.
Ideología, infancia y crimen
El uso de menores en la guerra, aún en situaciones desesperadas, constituye una de las formas más atroces de criminalidad. El régimen nazi, al final de sus días, se sostuvo con los cuerpos de sus hijos, literalmente. Los había corrompido con un discurso de grandeza racial, de odio étnico, de obediencia ciega y entrega fanática. Los había exaltado con condecoraciones, medallas y saludos del mismísimo Hitler. Luego, los envió al matadero.
En contraste, la URSS y sus aliados jamás recurrieron masivamente al uso de menores como soldados. El pueblo soviético defendió su tierra con la fuerza de su convicción, con la organización de sus trabajadores, campesinos, soldados y mujeres. El nazismo, en cambio, se derrumbó dejando tras de sí una generación rota, marcada por la culpa, el miedo y el trauma.
Una lección para el presente
A 80 años de la Gran Guerra Patria, cuando aún en el mundo se utiliza a niños como combatientes —ya sea por grupos armados, gobiernos o potencias que promueven guerras interminables— esta historia debe ser recordada.
Debemos preguntarnos: ¿Qué clase de civilización puede considerar aceptable poner una pistola en las manos de un niño? ¿Qué valor tiene una idea que se sostiene sobre la inocencia destruida?
La historia de esos niños soldados del Reich es un recordatorio del peligro de la ideología nazista, que, sin ninguna vergüenza, moldeo la infancia para sus propios fines, también es un llamado a la reflexión sobre el modo en que la guerra arrastra a los más jóvenes a escenarios de muerte y deshumanización.
Hoy, cuando en distintos lugares del mundo aún se usan niños en conflictos armados —desde África hasta Medio Oriente—, este episodio del pasado alemán adquiere un eco perturbador. La historia no se repite, pero a veces rima. Y es deber de los pueblos impedir que se vuelva a escribir con la sangre de los inocentes.
Hoy, más que nunca, debemos honrar no solo a quienes vencieron al fascismo, sino también a quienes fueron víctimas de él desde adentro: esos niños, convertidos en soldados, usados y abandonados por el régimen que los formó. Recordar la Gran Guerra Patria no es solo recordar la victoria: es recordar lo que se enfrentó y lo que jamás debe repetirse.
Este domingo 6 de noviembre, el periódico La Nación publicó una nota en la que indica que un grupo de asesores legislativos del Partido Liberación Nacional (PLN) investiga el inexistente adoctrinamiento pro islámico de la Cátedra Ibn Khaldun, que estudia el Islam y es impartida en la Universidad de Costa Rica (UCR).
La denuncia fue presentada por la exvicepresidenta de esa agrupación, Clara Lieberman, quien cuestiona la existencia de esta cátedra, la cual, argumenta, se trata de un «adoctrinamiento» dirigido a los estudiantes que la matriculan.
Este lunes, la jefa de fracción del PLN, diputada Maureen Clarke, emitió un breve mensaje vía Facebook, señalando que su bancada había recibido la denuncia de Lieberman «como son recibidas muchas otras consultas de ciudadanos, militantes o no» y se distanció de la posición de la exvicepresidenta de su partido, aduciendo que respetan la libertad de cátedra de la UCR y que celebran el papel de la institución en la formación de los jóvenes y de la libertad de pensamiento. No obstante, Clarke no aclara si existe o no una investigación en curso por parte de los asesores legislativos liberacionistas.
Sin embargo, el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen, señaló que tales intentos de lesionar derechos fundamentales deben ser rechazados ad portas, de manera firme, definitiva y sin ninguna ambivalencia.
El Dr. Jensen recuerda además a la señora Lieberman, al Partido Liberación Nacional y a la población en general, el principio fundamental de la Libertad de Cátedra para nuestra institución:
«La libertad de cátedra es un derecho consagrado por nuestra Constitución Política (artículo 87) y reconocido por la Universidad de Costa Rica, sin ningún otro límite que el respeto a la diversidad de etnias, religiones y culturas, así como a las personas y sus ideas. Nuestro estudiantado no es adoctrinado en ninguna visión de mundo, sino formado en la pluralidad, el respeto y la tolerancia. Fomentamos una cultura de paz. Es inaceptable pretender socavar la libertad de expresión, de la cual la libertad de cátedra es un caso especial», señala el rector.
La cátedra tiene ocho años de existir y su objetivo es estudiar la historia del Medio Oriente y de África del Norte y del Islam de la Edad Media al presente, con la base de la transdisciplinariedad, la interculturalidad, el cosmopolitismo y con una fuerte democratización y popularización del conocimiento y las ciencias, todo ello mediante la difusión de la cultura árabe e islámica en la Universidad de Costa Rica.
Imagen con fines ilustrativos tomada de Jeff Jacoby.
Información generada desde la Rectoría, Universidad de Costa Rica.
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