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Etiqueta: afrodescendientes

Estudio evidencia las condiciones de precariedad que enfrentan familias indígenas y afrodescendientes de la Muskitia nicaragüense desplazadas en Costa Rica

Entre los principales hallazgos, destacan que en el exilio persisten y se profundizan condiciones de alta vulnerabilidad: ingresos insuficientes, empleos precarios, barreras de acceso a la educación, dificultades para acceder a servicios de salud y vivienda inadecuada se suman a las barreras migratorias y al riesgo de pérdida del idioma y de prácticas culturales como la medicina tradicional y las formas de organización comunitaria, elementos que son clave en la transmisión identitaria.

El pasado 6 de noviembre, se presentaron en la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), los hallazgos de la investigación: “Del territorio al exilio forzado en Costa Rica: Causas del desplazamiento forzado y condiciones de vida de la población indígena y afrodescendiente de la Muskitia de Nicaragua”. En la presentación se destacó que la mayoría de los hogares indígenas y afrodescendientes originarios de la Muskitia de Nicaragua, desplazados forzosamente y establecidos en Costa Rica, sobrevive con ingresos mensuales inferiores a ₡150.000. Además, más de seis de cada diez hogares encuestados habitan en cuarterías y siete de cada diez personas no acuden a un centro de salud por falta de seguro médico o aseguramiento social.

La investigación fue realizada por la organización indígena Prilaka, con el apoyo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED, la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Servicio Jesuita para Migrantes. El diagnóstico se construyó a partir de una encuesta aplicada a 309 hogares, integrados por 672 personas. La encuesta se aplicó casa a casa y por llamada telefónica entre junio y agosto de 2024. El 93.5% de los hogares encuestados corresponde a los cuatro principales asentamientos donde se concentra la población: Pavas, La Carpio, Concepción de Alajuelita y Purral, ubicados en la provincia de San José y a través del método de bola de nieve también se incluyó a personas que se encontraban dispersas en otras localidades fuera de la zona capitalina de San José. El análisis de los resultados se complementó con revisión bibliográfica y diálogos comunitarios realizados durante el año 2025.

Un desplazamiento forzado que aumenta y se acumula por factores multicausales

El estudio identifica una tendencia creciente del desplazamiento forzado desde 2014, con incrementos importantes entre 2022 y 2023 y durante 2024. Sus resultados muestran que no se trata de un fenómeno súbito, sino de un proceso acumulativo y progresivo, relacionado con distintas formas de violencia, ocupación y despojo que persisten en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Muskitia. Otro hallazgo relevante es que más del 50% procede de zonas rurales.

“Entre las principales causas señaladas para la población de procedencia rural destacan la invasión de colonos y el deterioro de las condiciones de vida. También aparecen la persecución y criminalización de liderazgos, las afectaciones por desastres naturales, la violencia de género y la reunificación familiar. En el caso de quienes proceden de las cabeceras municipales, entre los principales factores de desplazamiento figuran el deterioro de las condiciones de vida, la persecución política y la violencia de género” destacó Alejandra López, socióloga costeña y una de las investigadoras del estudio.

La población encuestada procede principalmente de municipios del Caribe Norte, como Puerto Cabezas, Waspam, Rosita, Siuna, Bonanza y Prinzapolka, así como del Caribe Sur, entre ellos Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas y la Desembocadura de Río Grande. En cuanto a su composición étnica, predomina el pueblo Miskitu, que representa el 88,8% de las personas encuestadas, aunque también se registra la presencia de población Mayangna, Creole, y Garífuna.

Ingresos insuficientes y empleos precarios

Las condiciones de inserción económica en Costa Rica reflejan un ciclo de vulnerabilidad persistente. El 36,2% de los hogares encuestados reportó ingresos mensuales de entre ₡50.000 y ₡150.000, mientras que el 15,2% percibía ₡50.000 o menos. Apenas un 2,3% registró ingresos superiores a ₡500.000 al mes. Además de esto, se encontró que aproximadamente en siete de cada diez hogares, una sola persona constituye la principal fuente de ingresos.

La concentración en niveles de educación primaria y secundaria tiene incidencia en los principales nichos laborales en los que se inserta la población. El estudio señala que las principales ocupaciones son de baja cualificación, principalmente se concentran en: ayudantes en construcción, trabajo doméstico, limpieza de oficinas, seguridad y cuidado de personas. Las dificultades para acceder a la regularización migratoria por la falta de una atención en el propio idioma y las largas esperas; los bajos niveles de escolaridad y la falta de acceso a información con pertinencia lingüística y cultural limitan las posibilidades de acceder a los empleos formales y mejor remunerados.

El diagnóstico también advierte sobre las consecuencias de estas condiciones laborales. Limi Ocampo, líder indígena, fundador e investigador de Prilaka remarcó que “las personas que trabajan sin contar con una situación migratoria regularizada pueden quedar expuestas a explotación, incumplimiento del pago de salarios y ausencia de aseguramiento social. Aunado a esto, el temor a denunciar y las dificultades para realizar trámites, profundizan su vulnerabilidad”.

A esto se suman las barreras de acceso a la educación formal en Costa Rica. Según el estudio, 9 de cada 10 personas jóvenes y adultas encuestadas no han tenido acceso a estudios universitarios. Entre la población de 13 a 19 años, el 54,7% no asistía a ningún centro educativo. Estas limitaciones reducen las oportunidades de formación y dificultan romper el ciclo de precariedad laboral y económica.

Vivienda y salud: otras dimensiones de la precariedad

Las dificultades económicas también se expresan en las condiciones de vivienda. El 61,2% de los hogares encuestados vive en cuartos de cuartería y un 16,2% en viviendas ubicadas en precarios. El 56,6% de las unidades habitacionales dispone únicamente de uno o dos cuartos para el descanso, mientras que el 7,4% de la población no cuenta con espacios separados para dormir.

El acceso a condiciones adecuadas para preparar alimentos también representa una dificultad: el 34,3% no dispone de una división exclusiva para cocina y el 34,6% debe compartir ese espacio con otras personas. Estas condiciones reflejan las limitaciones que enfrentan las familias para desarrollar su vida cotidiana con privacidad, seguridad y dignidad.

El acceso a la atención médica es limitado por la falta de seguro social. El estudio señala que, cuando existe cobertura, suele estar vinculada al empleo formal y que parte de las familias desconoce los beneficios a los que podría acceder por medio del aseguramiento de otra persona del hogar.

El desplazamiento también impacta en la reproducción de la cultura y la identidad

Uno de los aportes centrales de la investigación es documentar las consecuencias del desplazamiento que no siempre aparecen en los indicadores económicos y sociales: el riesgo de pérdida de la cultura y de la identidad, la pérdida de conocimientos ancestrales asociados a la gastronomía, las prácticas comunitarias y las formas de relación con el territorio.

Uno de los principales hallazgos revela que aunque el 88,8% de las personas encuestadas se identifica como Miskitu, Mayangna, Creole o Garífuna; el uso de las lenguas maternas se concentra principalmente en los espacios privados. En el caso de la población Miskitu, por ejemplo, el 82,9% utiliza su lengua materna en espacios privados, mientras que solamente el 0,6% lo hace en espacios públicos. Esta situación evidencia el riesgo de que las lenguas indígenas pierdan presencia en la vida cotidiana, especialmente entre las nuevas generaciones.

Los medios de vida también cambian al dejar atrás los territorios de origen. Entre las transformaciones señaladas aparecen las dificultades para pescar, sembrar, cazar y caminar por el bosque, actividades que forman parte de las prácticas cotidianas y de las formas de subsistencia de estas comunidades. La investigación recoge testimonios sobre los cambios en la convivencia familiar, la recreación de niñas y niños y las posibilidades de expresarse libremente en las lenguas propias.

El diagnóstico también plantea que la adaptación en el exilio no puede limitarse a resolver necesidades materiales inmediatas. Aun cuando se logren satisfacer necesidades básicas, esto no garantiza por sí mismo la continuidad de las identidades y culturas indígenas y afrodescendientes. La reproducción cultural requiere condiciones para que las comunidades puedan mantener sus formas de organización y construir nuevas maneras de vivir su identidad en el exilio.

La necesidad de una respuesta institucional sostenida y culturalmente pertinente

Entre sus conclusiones, el estudio identifica barreras en el acceso a la protección internacional y la regularización migratoria, la educación, el empleo formal, la seguridad social y la atención médica. También advierte que la respuesta institucional existente resulta insuficiente cuando se limita a atenciones puntuales, sin una estrategia de largo plazo que transforme las condiciones de vida de las familias y considere sus particularidades culturales y lingüísticas.

Para las universidades y las instituciones costarricenses estos hallazgos constituyen un aporte muy importante a la generación de información sobre una población que ha permanecido invisibilizada en las estadísticas y políticas públicas, debido, entre otros factores, a la ausencia de información oficial desagregada por pertenencia étnica. Contar con datos sobre sus condiciones de vida constituye un paso necesario para reconocer sus derechos y construir respuestas adecuadas a la realidad del desplazamiento forzado, destacan las y los investigadores.

El estudio también invita a reconocer el papel de las propias organizaciones indígenas en el acompañamiento con pertinencia a las personas desplazadas en los procesos de inserción digna, la preservación de las lenguas, las prácticas culturales y las formas de organización comunitaria. La atención a esta población no puede reducirse a su condición migratoria: implica reconocer su historia, sus derechos colectivos, sus identidades y su capacidad de construir comunidad más allá de sus territorios de origen.

Fuente: Prilaka (2026). Del territorio al exilio forzado en Costa Rica: causas del desplazamiento forzado y condiciones de vida de la población indígena y afrodescendiente originaria de la Muskitia de Nicaragua.

Elaborado con apoyo de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional (IDELA-UNA).

Reacciones y declaraciones sobre el estudio:

Msc. Sharon López Céspedes directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA) dijo “En junio pasado, el IDELA suscribió un acuerdo (UNA-AA-IDELA-ACUE-005-2026) mediante el cual expresamos nuestra profunda solidaridad y consternación por la muerte de Brooklyn Rivera Bryan. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o en condición de desaparición forzada. En ese acuerdo también pusimos a disposición de las organizaciones y los pueblos de la Muskitia las capacidades de nuestro espacio académico, para contribuir, desde nuestras posibilidades, a sus esfuerzos y luchas.

Desde entonces hemos tenido la oportunidad de colaborar en distintos encuentros, contribuir a la difusión de esta problemática, abrir espacios de comunicación y apoyar iniciativas como la que hoy nos convoca. En esa misma dirección se inscribe la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA, una iniciativa que nace con el propósito de profundizar este trabajo, fortalecer el acompañamiento y generar nuevos espacios de articulación con las organizaciones y los pueblos que defienden sus derechos y sus territorios”.

Andrés Celis Neira, representante del ACNUR en Costa Rica aseguró: “Creo, uno, recordar que la situación de pueblos indígenas y la situación en el Caribe nicaragüense no es algo que viene con el 2018, es una situación previa que ha continuado presentándose durante todo este tiempo, que los impactos tienen una dimensión que ponen en riesgo la supervivencia cultural, la identidad del pueblo y que es necesario ser sensible frente a eso.

Y nos muestra una gran diferencia en datos, o sea, la situación de los pueblos indígenas que están en Costa Rica de origen nicaragüense no es la misma la del resto de la población nicaragüense, y entender eso es esencial. Esta investigación contribuye en ello, así que el diagnóstico está mostrando la diferencia de cómo impacta a las mujeres, cómo impacta a los niños, a los jóvenes, cómo impacta en el acceso a los servicios de salud, en la educación, al acceso a la vivienda, y cómo impacta sobre todo en ese proceso de mantener la cultura aún en el exilio”.

Juan Carlos Ocampo, líder comunitario Miskitu de Nicaragua dijo “Soy parte del equipo de PRILAKA. A nosotros nos parecía sorprendente que no hubiese mucha información sobre la situación de la población indígena y por eso decidimos contribuir generando una investigación que explicara varios parámetros que nos parecen importantes, entre ellos las causas del desplazamiento desde Nicaragua, pero también la situación de acceso a refugios, la situación migratoria, el acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la educación y también cómo el impacto que tiene el desplazamiento en la reproducción de la cultura, por ejemplo en la lengua, en la medicina tradicional y también en la seguridad alimentaria.

En ese sentido, creo que se tiene una investigación que es muy valiosa porque permite tener una foto o una imagen general de la situación y eso da pie también a generar procesos de acompañamiento más pertinentes, pero también abre varias inquietudes sobre distintos temas en los que hay que profundizar con la investigación. Ojalá tanto las instituciones del Estado de Costa Rica como la cooperación y la sociedad civil puedan utilizar este documento para fortalecer el importante trabajo que ya hacen y esperamos poder continuar de la mano con las universidades avanzando y ampliando las investigaciones que nos interesan”.

El legado ancestral de Cahuita: resistencia, dignidad y derechos territoriales

Por: Bernardo Archer Moore
Miembro del pueblo tribal de Cahuita

Bernardo Archer Moore.

La historia de Cahuita se remonta a mediados del siglo XIX, cuando una comunidad mayormente afrodescendiente se estableció en Punta Cahuita, cultivó la tierra, construyó sus hogares y defendió su permanencia en el territorio.

Uno de los antecedentes menos conocidos es la Ley N.º 24 de 1862, Ley General de Colonización, que impuso una prohibición racista a la adquisición legal de tierras por parte de personas negras y chinas.

Estas políticas discriminatorias persisten en la legislación posterior hasta mediados del siglo pasado, reforzadas por la Ley N.º 13 de 1930, que calificó a las poblaciones de origen chino y afrodescendiente como «elementos indeseables» para el proyecto de colonización e integración nacional.

A pesar de eso, entre 1907 y 1908 los habitantes de Cahuita enfrentaron una solicitud de concesión de aproximadamente 3.000 hectáreas de tierras costeras -desde la desembocadura del río Estrella hasta la del río Sixaola- promovida a favor de empresarios influyentes ante el Congreso Constitucional.

La resistencia comunitaria contribuyó a frenar aquella iniciativa y marcó un antecedente fundamental en las luchas territoriales afrodescendientes del Caribe costarricense y concluyó con la promulgación de la Ley N.º 35 de 1915.

Un acto de reconocimiento y compensación

La Ley N.º 35 de 1915 no fue un regalo ni un acto de benevolencia estatal.

Fue una respuesta compensatoria al desplazamiento forzoso de un asentamiento humano, motivado por los intereses económicos y las decisiones del Estado de aquella época. («petróleo«).

La comunidad ya existía

Sus habitantes habían construido hogares, cementerios, desarrollado sus medios de vida y establecido vínculos sociales y culturales.

La ley reconoció jurídicamente parte de esa realidad al desafectar de la milla marítima -patrimonio del Estado- un área de 17 hectáreas de la zona costera para el nuevo asentamiento urbano con el nombre de “Cahuita Bluff”.

Además, con la previsión de ampliar el asentamiento con otras 50 hectáreas en Playa Negra, según su artículo 9.

Asimismo, estableció una excepción a las restricciones legales que afectaban a estas poblaciones (Ley 24 de 1864).

Es así como en 1916 se registró un título de propiedad a favor de una persona de apellido León, conocida como «Lam», de origen chino; quizás el primero en la historia de Costa Rica.

Posteriormente, a partir de 1918 se asentaron títulos de propiedad a favor de personas afrodescendientes, destacándose como una de las primeras el de la familia de Mr. Gale.

Más de un siglo después, esta lucha ancestral sigue vigente.

La Sentencia N.º 2025-029985, del 19 de septiembre de 2025, de la Sala Constitucional, marca un hito contemporáneo al reconocer el derecho del Pueblo Tribal Afrocostarricense de Cahuita a la consulta previa, libre e informada sobre el Plan Regulador Costero, conforme al Convenio N.º 169 de la OIT.

En resumen

La tierra de Cahuita es territorio, memoria, identidad y herencia ancestral. La Ley N.º 35 debe comprenderse en el contexto de una comunidad que resistió, reclamó justicia y defendió su derecho a permanecer en el lugar que convirtió en hogar.

¡La memoria de nuestros antepasados sostiene la defensa de nuestros derechos territoriales!

Advertencia al pueblo tribal de Cahuita

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore
Adulto Mayor de Cahuita
Presidente de ACUDHECA

En días recientes se informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el análisis preliminar de una petición presentada por el señor Marco Vinicio Levy Virgo en representación del denominado «Pueblo Tribal Afrodescendiente de Limón».

Más allá de quiénes estén siendo representados en dicha gestión, es importante que los habitantes de Cahuita comprendan las posibles implicaciones de algunas de las pretensiones divulgadas públicamente, especialmente aquellas relacionadas con los llamados «derechos territoriales colectivos» y el denominado «saneamiento territorial».

Según la información difundida, la propuesta persigue el reconocimiento de un territorio colectivo afrodescendiente, acompañado de procesos de delimitación, demarcación y titulación.

En este modelo, la propiedad dejaría de estar inscrita a nombre de personas individuales para pasar a formar parte de una figura jurídica colectiva que representaría a la comunidad.

Esto implica que las tierras quedarían sujetas a un régimen especial donde no podrían venderse, hipotecarse ni transmitirse libremente mediante los mecanismos tradicionales de propiedad privada.

La principal interrogante es cómo afectaría este modelo a los actuales propietarios afrodescendientes que poseen escrituras debidamente inscritas en el Registro Nacional y cuyos derechos han sido ejercidos durante generaciones.

La experiencia costarricense demuestra que los procesos de saneamiento territorial no siempre se desarrollan sin conflictos.

Desde el año 2010, diversos territorios indígenas del país han enfrentado disputas por la tierra, enfrentamientos sociales, desplazamientos y hechos de violencia derivados de reclamaciones territoriales superpuestas.

Casos como Salitre, Térraba, Cabagra, Ujarrás, Boruca, China Kichá y, más recientemente, Keköldi-Cocles, evidencian la complejidad de estos procesos.

Por ello, antes de respaldar cualquier propuesta territorial colectiva, resulta indispensable analizar cuidadosamente sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales. Y asegurarse que sean congruentes con nuestra cultura, costumbres y ética de convivencia comunitaria.

Tengamos presentes siempre: Que no todo lo que suena bien necesariamente beneficia a todos por igual.

Los peores actos de injusticia siempre han venido ocultados detrás de una fina retórica de engaño.

Cuando se trata de asuntos legales, es importante buscar el significado jurídico de cada palabra sofisticada o «rimbombante» como, por ejemplo:

… «saneamiento territorial y derecho colectivo de las tierras de un territorio tribal«.

De esta manera, reducimos el riesgo de ser engañados, como lamentablemente lo fueron nuestros ancestros.

Los habitantes de Cahuita deben informarse, participar y exigir transparencia sobre cualquier iniciativa que pueda afectar sus derechos de propiedad, el patrimonio heredado de sus antepasados y la capacidad de transmitir esos bienes a las futuras generaciones.

La defensa de nuestros derechos históricos exige reflexión, información y participación consciente.

Pueblo tribal afrocostarricense… ¿exclusión o reconocimiento?

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore

En Cahuita ha surgido una polémica que merece ser aclarada con seriedad:

¿El término “Pueblo Tribal Afrocostarricense” excluye a quienes no son afrodescendientes?

La respuesta es no.

Pero hay que entender por qué.

Este término no es una etiqueta social ni una categoría racial. Es una figura jurídica, reconocida por el Estado costarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532 (2022), en aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Su propósito no es dividir, sino proteger derechos colectivos, especialmente el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.

Entonces, ¿De dónde nace la confusión?

Nace de la conveniencia —no siempre inocente— de interpretar el término como un filtro absoluto.

Esa distorsión interpretativa crea una narrativa, donde se asume que solo afrodescendientes pueden pertenecer o participar. Sembrando temores, resentimientos y divergencias donde debería prevalecer la unidad y el apoyo. Quizás, ese es el propósito.

Sin embargo, el derecho internacional es claro: La pertenencia a un pueblo tribal se basa en la autoidentificación y el reconocimiento comunitario.

Eso refleja la realidad de Cahuita: Una comunidad diversa, con raíces afrocaribeñas profundas, pero también con familias mixtas y personas que han aportado históricamente al desarrollo del territorio; de allí el calificativo de estar todos en el mismo bote.

Aquí está el meollo del asunto:

  • El fundamento jurídico del pueblo es afrodescendiente.

  • Pero su expresión social es diversa e inclusiva.

Confundir estos dos planos genera división. Y la división debilita el derecho.

Si el concepto se vuelve excluyente (decir que algunos son y otros no), se pierde legitimidad. Y si se vacía de contenido histórico, pierde sustento jurídico.

Por eso, la solución no es eliminar el término, sino entenderlo correctamente:
“Pueblo Tribal Afrocostarricense” no significa exclusión.
Significa reconocimiento histórico con derechos colectivos.

Al final, lo que está en juego no es una palabra, sino algo más profundo:
El derecho de un pueblo a definirse a sí mismo sin ser dividido.

Porque cuando hay confusión, alguien siempre se beneficia.

Y rara vez es el pueblo.

De ahí la urgencia de seguir avanzando juntos, en paz, en el mismo barco—como siempre lo hemos hecho.

La tribalidad afrocostarricense: una nueva realidad en el escenario político nacional

Bernardo Archer Moore
Presidente – ACUDHECA

Cahuita

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Preámbulo

Esta información no es solo relevante para comunidades como Cahuita. Su importancia alcanza a todo el país, porque se relaciona directamente con el respeto al Estado de Derecho y a compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Cuando estos principios no se cumplen, no solo se afecta a un grupo específico:
– Se debilita la legalidad de las decisiones públicas.
– Se compromete la institucionalidad del Estado.

En juego está algo mayor: el respeto a las reglas que protegen a todos los costarricenses.

¿Qué es el Foro Tribal Afrocostarricense?

El Foro Tribal Afrocostarricense es un espacio de representación y diálogo, creado a partir del Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, que reconoce a la población afrodescendiente como pueblo tribal bajo el Convenio 169 de la OIT.

Objetivo del foro

Su función principal es:

Defender los derechos del pueblo tribal afrocostarricense, especialmente:

  • Derecho a consulta previa, libre e informada.
  • Protección de territorios ancestrales.
  • Preservación de la cultura e identidad. Y,
  • Derecho a la autodeterminación.

¿Cómo funciona?

Está integrado por representantes de comunidades afrodescendientes:
Líderes y lideresas de las 8 comunidades que participaron en los diálogos: Tortuguero, Siquirres, Estrada, Cahuita, Puerto Viejo, Sixaola, Limón y Guácimo.

□ Actúa como interlocutor ante el Estado
□ Participa en procesos donde se discuten proyectos o decisiones que afectan al pueblo tribal.

Ejemplo: turismo, uso de tierras, parques nacionales, carreteras.

¿Cuándo se activa?

Cuando el Estado quiere hacer algo que pueda afectar al pueblo tribal:

Debe consultar primero. La consulta debe ser: antes de decidir (previa)
Sin presión (libre)
Con información clara (informada)
Con intención real de acuerdo (buena fe).

Relación clave: Foro vs pueblos tribales (como Cahuita)

Los pueblos tribales (como Cahuita) son el sujeto de derechos.

El Foro es solo el mecanismo de representación y coordinación.

En palabras simples:

El Pueblo Tribal = el dueño del derecho

El Foro = el canal para ejercer ese derecho.

Importante: El Foro no sustituye al pueblo, ni decide por sí solo.

Debe responder a las comunidades y bajar la consulta a las bases.

¿Por qué es importante?

Porque permite que comunidades como Cahuita:
No sean excluidas de decisiones sobre su territorio.
Puedan detener proyectos ilegales sin consulta.
Defiendan su cultura frente al desarraigo.

Resumen final en una frase

Sin pueblo tribal organizado, no hay Foro legítimo;
y sin Foro operativo, no hay consulta real.

Compatriotas: Lo hecho, hecho está. El camino no es hacia atrás, sino hacia adelante.

Los derechos conquistados no son negociables ni reversibles.

Quienes intenten retroceder, se encontrarán con un límite claro:
El principio de no regresión en derechos humanos, que protege lo ya alcanzado.

El mensaje es simple y firme: Avanzar no es una opción, es una obligación histórica.

Derechos tribales de las comunidades afro-costarricenses: “Una alteración del orden político nacional”

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore
Cahuita Talamanca

Desde la fundación de la República (1821), el país ha sido gobernado por los grupos de mayor solvencia, en función de sus intereses económicos.

A las personas afrodescendientes, y en particular a la región Caribe, se les ha negado sistemáticamente la participación en las decisiones que afectan a sus comunidades.

Algunos derechos y principios clave del Convenio 169 de la OIT a favor de los afrodescendientes, incluyen:

La consulta previa, la participación en planes y programas, la propiedad y posesión de tierras, la protección de la cultura y las tradiciones. (Ratificado por Ley N° 7316 (aprobada el 4/2/1992 y vigente a partir de 2/4/1993).

Sobre este particular, la Corte Suprema (Sentencia 2025-029985) reconoció recientemente dichos derechos, lo que implica una transformación abrupta del proceso político nacional.

A tal suerte, que privilegios empresariales tradicionales se ven amenazados y personas históricamente excluidas pasan a integrar el ejercicio del poder.

Que todas las decisiones administrativas que afecten los derechos de los Pueblos Tribales afro costarricenses estén sujetas a consulta previa, libre, informada y vinculante no es trivial:

Es un derecho constitucional derivado del Convenio 169 de la OIT, protegido por el principio de no regresión y prevalente sobre intereses económicos y políticos de grandes grupos empresariales.

En la práctica, ello resta peso a las tradicionales influencias informales (“llamadas al jerarca, cenas en clubes exclusivos, etc.”).

Ese reconocimiento es un legado decisivo, pero solo uno de los cuatro pilares del avance de estas comunidades. Los otros tres son:

1.- El Decreto Ejecutivo N° 43532 (5/5/2022) que reconoció la existencia a los Pueblos Tribales afro-costarricenses.

2.- La constatación autónoma y creación del organismo de consulta «Pueblo Tribal Afrocostarricense» en Cahuita (26/11/2023), cuyos representantes fueron nombrados por tres años;

3.- Y el ejercicio del derecho de consulta previa por habitantes de Cahuita mediante Recursos de Amparo (Exp. No. 23-027898-007-CO en septiembre de 2023 y Exp. No. O13786-007-CO) seis meses después.

Ambos esfuerzos culminaron en la Sentencia 2025-028985 del 19/09/2025.

Aun cuando la segunda acción buscaba también delimitar territorios- cosa que fue denegada-, su reivindicación de la consulta previa apoyó significativamente el primer recurso de amparo.

Estos cuatro pilares forman el puente que convierte una historia de silencios en la posibilidad de que las comunidades afro costarricenses forjen su destino con autonomía y respeto.

Cada pilar posee igual importancia histórica; ninguno es superior, todas son necesarias y se sostienen mutuamente.

Corresponde a la generación presente cruzar ese puente con decisión y prontitud; de lo contrario, la siguiente generación lo atravesará caminando, apoyada, quizás sin percatarse, sobre los hombros de quienes hoy dejamos de avanzar.

Agradezco sinceramente a quienes acompañaron este largo y difícil recorrido: Su diálogo, solidaridad y esfuerzo han sido fundamentales. Que Dios bendiga a quienes contribuyeron en este esfuerzo.

De sobre el canon y la hegemonía cultural

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Las universidades públicas costarricenses experimentan hoy en día embates políticos de toda naturaleza, tanto desde adentro como desde actores externos que intentan acabarlas como centros de producción de conocimiento y pensamiento crítico.

Pero aun así, en medio de ese contexto, deben mirarse en una actitud crítica y auto reflexiva que les conduzca hasta umbrales de mejoramiento e igualdad. En ocasiones existen espejos que nos devuelven imágenes borrosas, cuando no vergonzosas de lo que somos como instituciones educativas.

En la sesión inaugural de la III Feria Internacional del Libro Universitario desarrollado en el Auditorio Cora Ferro Calabrese, en la Universidad Nacional, la escritora, antropóloga y activista por los derechos de las poblaciones afrodescendientes Shirley Campbell Barr nos puso a todos y todas a mirarnos en el espejo institucional, utilizando una retórica directa y al cuerpo… el cuerpo hegemónico blanco.

También lo hizo con poesía, esa herramienta tan poderosa para decir y llegar hasta donde la academia no lo hace.

“Quise arrancarme los ojos porque estos no me pertenecían”, dijo.

Pero también dijo algunas precisiones sobre el canon cultural, el peso de un dispositivo institucional que no es neutral como las ferias de libros y las exclusiones e invisibilizaciones que aún hoy en día se siguen presentando con ciertas poblaciones.

¿Cuántos autores afrodescendientes son de consulta obligatoria en las aulas universitarias? ¿cuántas mujeres afrodescendientes son leídas en la educación superior pública? Preguntó.

“Quise oscurecer mi piel porque su tono no era lo suficientemente oscuro”. Dijo.

Pero también dijo y sugirió que habría que revisar las estructuras cultuales que producen las Ferias de Libros a todo nivel, para que se abran hacia otras estéticas y narrativas que generalmente quedan por fuera de los circuitos hegemónicos.

Este discurso narrado en tono directo y con la voz y propiedad de alguien que ha librado por décadas una lucha histórica, debe ser retomado en aulas, espacios colegiados, eventos universitarios que propongan la igualdad, la equidad y la justicia. Desde la crítica centrada y argumentada es que podremos salir adelante como espacios de pensamiento crítico y reflexión.

Y Shirley terminó como no podía ser de otra manera:

“Quise nacer de nuevo

y descubrirme en otra historia
Yo quería que la realidad fuera distinta
Pero era esta
Entonces me convertí en poeta”.

¿Casualidad o estrategia?

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante las últimas tres décadas del siglo XX y la primera del XXI, el cierre de las líneas ferroviarias en el Caribe Centroamericano marcó el inicio de la etapa final de un agresivo proceso de despojo y gentrificación que afectó principalmente a la población afrodescendiente.

En Honduras se clausuró la línea entre San Pedro Sula y Puerto Cortés en 1994; en Costa Rica, la conexión de Puerto Limón a San José dejó de operar en 1995; y en Panamá se cerró el tramo Guabito–Puerto Almirante en 1996.

Esos años constituyen puntos clave: La pérdida de transporte y logística locales fue el detonante económico que precipitó el desempleo masivo y la desarticulación de economías de subsistencia de múltiples pueblos afrodescendientes caribeños.

Es un hecho innegable, que las comunidades mayormente perjudicadas fueron, en su mayoría, afrodescendientes que desde generaciones vivían de la agricultura local, el comercio pequeño y el trabajo en ferrocarriles y puertos.

Con el fin de los trenes desapareció no solo una vía de conexión sino también mercados, empleos y una red social económica que sostenía a familias enteras. El resultado inmediato fue el desarraigo poblacional.

Muchos habitantes abandonaron tierras ancestrales, emigraron en busca de trabajo o vendieron propiedades bajo presión económica; otros quedaron atrapados en situaciones de vulnerabilidad o en formas precarias de ocupación de la tierra, debido a políticas prohibitivas de titulación a principios del siglo.

Paralelamente, la inacción estatal y la complicidad de grandes empresas —bananeras y corporaciones nacionales e internacionales — facilitaron la llegada de inversores con mayor poder financiero.

En Costa Rica, las familias que resistieron vender enfrentaron usurpaciones toleradas por instituciones públicas y la imposición de figuras de protección ambiental (humedales, parques nacionales, refugios), que por un lado “conservaron” territorios, y por otro limitaron la posibilidad de uso tradicional de la tierra.

Esa estrategia —abandono administrativo combinado con marcos regulatorios— exacerbó la expulsión de residentes tradicionales y la transferencia de tierras al sector privado y al Estado.

Lo que siguió fue una regentrificación evidente: La aparición de centros comerciales, tiendas libres de impuestos en Guabito, y empresas controladas por nuevos inversores e inmigrantes que transformaron el tejido urbano y comercial.

Localidades como Guabito y Changuinola de Bocas del Toro, Sixaola, Manzanillo, Punta Uva, Cocles, Puerto Viejo, Estrada, Marina, Siquirres, Tortuguero y Barra del Colorado, hoy exhiben una creciente oferta comercial moderna, pero con una población afrodescendiente reducida y marginada, salvo excepciones muy marcadas.

En contraste, Cahuita ha logrado conservar buena parte de las propiedades familiares de los años setenta; es, hasta ahora, el último bastión que ha resistido parcialmente la política de desplazamiento y transacción total de tierras.

Defender ese legado —las tierras, la memoria y la continuidad comunitaria— es la tarea urgente para evitar que más pueblos se conviertan en ejemplos de desarraigo y regentrificación irreversible.

La nueva moda del racismo selectivo en Cahuita

Por Bernardo Archer Moore
Limonal de Cahuita

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Lamentablemente, en los últimos tiempos, en Cahuita se ha puesto de moda cuestionar “quién es negro y quién no” y “quién pertenece o no pertenece a la comunidad Tribal de Cahuita.”

¿Cómo se supone que les explique a mis “primitos blanquitos” que sus bisabuelos están enterrados en un cementerio ancestral, hoy oculto dentro del Parque Nacional Cahuita, pero que, según algunos, ellos no son parte del Pueblo Tribal por el color de su piel y por no hablar criollo jamaicano?

Una moda peligrosa, alimentada por la ignorancia y la conveniencia, que divide familias y comunidades.

Pero me pregunto:

¿Hacen esas mismas preguntas cuando toca celebrar el Carnaval, un festival cultural, un funeral o una salida de “pesca” de un familiar o allegado, en aguas profundas de alta mar?

Por supuesto que no.

Ahí sí todos somos “hermanos y hermanas de Cahuita”.

Si no fuera así, sus familiares difuntos no hubieran sido sepultados en un Cementerio que es propiedad de una familia “blanca” extranjera —la familia Tabash Lazarus—, ni visitarán el Centro Diurno de Adultos Mayores, también propiedad donada por esa misma familia Tabash.

Tampoco usarían el Salón Comunal para organizar reuniones “exclusivas para personas negras”, porque esa propiedad fue donada por una mujer blanca – Doña Amelia Escocia.

Y mucho menos asistirán a la Iglesia Católica edificada sobre un terreno igualmente donado por la misma señora “blanca”.

Pero lo más grave es que hoy pretenden negar la entrada de personas blancas a reuniones que llaman “Solo para Negros”, como si ese acto grotesco borrara la historia interracial de Cahuita.

Eso no solo es un insulto a nuestra memoria colectiva: Es una traición a quienes construyeron este pueblo con sus manos, su sudor y su sangre —negros, blancos, mestizos, jamaiquinos, indígenas y afrodescendientes por igual.

Ignorancia no es excusa.

Hipocresía tampoco.

Cahuita es, y siempre ha sido, una comunidad de mezcla profunda.

Mi propia familia lo demuestra.

Promover divisiones raciales al estilo de Estados Unidos solo puede servir a un propósito:

Crear un conflicto que nunca ha sido parte de nuestra identidad.

Entonces, surge la pregunta inevitable:

¿A quién le conviene dividir a Cahuita por raza?

Seguro que al pueblo… NO.

Sala Constitucional ordena consulta previa al pueblo tribal afrocostarricense sobre el Plan Maestro Turístico del Caribe

La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado contra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) por no haber realizado una consulta previa, libre e informada al pueblo tribal afrocostarricense durante la formulación del Plan Maestro Turístico del Sector Costero del Caribe de Costa Rica.

El recurrente, Marco Levy Virgo, señaló que este plan, elaborado en octubre de 2024 y actualmente en implementación por MIDEPLAN, abarca los 212 kilómetros de la costa limonense, contempla propuestas de infraestructura turística, intervenciones urbanas y ambientales, así como insumos para cuatro planes reguladores costeros. Según denunció, todo ello afecta directamente territorios ancestrales afrodescendientes en cantones como Pococí, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca.

La Sala confirmó la omisión: no hubo consulta previa

Luego de estudiar el Plan Maestro, los informes institucionales y la normativa aplicable, la Sala concluyó que:

  • El Plan Maestro constituye una medida administrativa de alto impacto territorial y sociocultural, susceptible de afectar directamente a la población afrodescendiente del Caribe.
  • La consulta realizada por el ICT consistió únicamente en sesiones informativas generales, abiertas a la comunidad, sin convocar de manera específica a las instituciones representativas del pueblo tribal afrocostarricense.
  • En particular, no se convocó al Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, cuya organización está a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, instancia formalmente reconocida por el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP.

Para la Sala, estas actividades informativas no constituyen consulta previa en los términos del Convenio 169 de la OIT, que exige un proceso de diálogo intercultural, participación activa y capacidad de incidencia en la toma de decisiones.

El Tribunal recordó que la consulta previa:

  • Debe realizarse de buena fe,
  • De manera apropiada a las circunstancias,
  • Antes de los actos de ejecución,
  • Y a través de las instituciones representativas del pueblo interesado.

La resolución subraya que el Plan Maestro propone obras como ciclovías regionales, aeródromos, atracaderos, nodos intermodales, revitalización urbana y la creación de un parque ferial, iniciativas con fuerte impacto territorial y social. Por ello, la Sala consideró que el ICT tenía la obligación de consultar desde la etapa de formulación, no solo en la fase de implementación.

Orden de la Sala Constitucional

En el POR TANTO, la Sala resolvió:

  • Ordenar al Presidente Ejecutivo del ICT (o a quien ocupe el cargo) que, en un plazo máximo de tres meses, programe una consulta dirigida al pueblo tribal afrocostarricense, representado por la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.
  • La consulta deberá realizarse conforme al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, es decir, previa, libre, informada y con participación efectiva.
  • Se advierte que el incumplimiento puede implicar sanciones penales por desobediencia, según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  • El ICT deberá asumir el pago de costas, daños y perjuicios derivados de la violación constatada.
  • Además, se instruyó notificar la sentencia a MIDEPLAN, institución donde el plan se encuentra actualmente en implementación.

Un precedente en materia de derechos colectivos afrodescendientes

La sentencia reafirma que la población afrocostarricense del Caribe es un pueblo tribal, condición ya reconocida por el Estado costarricense, por lo que posee derechos colectivos equiparables a los de otros pueblos étnicos históricamente excluidos.

La Sala reiteró la obligación del Estado de garantizar su participación activa en cualquier plan, programa o medida administrativa que pueda afectar sus territorios ancestrales, su cultura, sus recursos naturales o su desarrollo económico y social.

Se trata de una resolución que consolida una línea jurisprudencial reciente sobre:

  • Autodeterminación y territorio ancestral,
  • Consulta previa a pueblos afrodescendientes,
  • Participación efectiva en programas de desarrollo,
  • Y el deber de prevenir nuevas formas de exclusión estructural.

Documento de la Sala para descargar.