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Etiqueta: agroindustria

La condición de los trabajadores agroindustriales en las piñeras y bananeras en Costa Rica: un breve análisis de los principales problemas

Frank Ulloa Royo

Introducción

La agroindustria de la piña y el banano en Costa Rica es un componente importante de la economía nacional. Sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras de estas industrias enfrentan numerosas dificultades que afectan su calidad de vida. Veamos algunos aspectos relevantes de estos trabajadores.

Aunque parezcan frutas inofensivas, llevan muchas historias de dolor, migración, frustración y miseria, aunque para las empresas sean frutos rentables, que logran por una cosecha que resume la explotación humana.

Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo en las piñeras y bananeras se caracterizan por largas jornadas laborales bajo condiciones climáticas adversas, salarios bajos y una falta de seguridad laboral. Los trabajadores suelen tener contratos temporales, lo que incrementa la incertidumbre y limita sus derechos laborales. En la última década, los salarios en la agroindustria han mostrado variaciones significativas, con un rango anual que oscila entre aproximadamente de 10.106.00 colones diarios.

Condiciones de vivienda y eliminación de las viviendas proporcionadas por las empresas

Históricamente, algunas empresas proporcionaban viviendas a los trabajadores cerca de las plantaciones. La eliminación de las viviendas proporcionadas por las empresas ha tenido un impacto negativo en la estabilidad y calidad de vida de los trabajadores. Sin este apoyo, muchos trabajadores enfrentan dificultades para acceder a viviendas adecuadas, lo que resulta en reducción del salario real y en condiciones de hacinamiento y falta de servicios básicos.

Transporte en zonas alejadas

La falta de transporte adecuado es un problema significativo para los trabajadores de las piñeras y bananeras, quienes a menudo viven en zonas rurales alejadas de las plantaciones. Esto incrementa el tiempo y el costo del desplazamiento diario, además de exponerlos a riesgos adicionales en su trayecto hacia y desde el trabajo. Muchos se movilizan en tractores con carretas o en moto y bicicleta.

Situación de salud y riesgos de trabajo

La exposición a pesticidas y otros químicos es una preocupación constante para la salud de los trabajadores agroindustriales. Estos productos pueden causar enfermedades respiratorias, dermatológicas y otros problemas de salud graves. Además, el acceso limitado a servicios de salud agrava la situación, ya que los trabajadores a menudo no reciben la atención médica adecuada. Los bajos salarios son el principal riesgo de trabajo en la agroindustria. Esto, junto al trabajo a destajo bajo el sol pone en riesgo a los trabajadores, y reduce su vida útil de trabajo.

El trabajo en las piñeras y bananeras conlleva numerosos riesgos, incluyendo cargas de trabajo excesivas, la manipulación de maquinaria pesada y el uso de herramientas afiladas. Las medidas de seguridad suelen ser insuficientes, lo que aumenta la probabilidad de accidentes laborales que pueden resultar en lesiones graves o incluso fatales.

Libertad sindical

Aunque los trabajadores tienen el derecho a organizarse y formar sindicatos, en la práctica enfrentan numerosos obstáculos. La intimidación y represalias por parte de algunos empleadores son comunes, lo que dificulta la formación de sindicatos y la defensa de los derechos laborales.

Niveles de pobreza y desigualdad

El mapa de miseria del país coincide con el mapa donde se asienta la agroindustria. Es un resabio de formas ominosas de trabajo que existieron en el país desde el siglo XIX.

Estas regiones rurales suelen presentar tasas más altas de pobreza y desigualdad en comparación con las áreas urbanas. La pobreza en estas zonas es un desafío persistente, exacerbado por condiciones laborales precarias y la falta de servicios básicos. La inseguridad alimentaria también es un problema relevante, a pesar de los esfuerzos para mejorar la canasta básica.

Acceso a servicios de salud y educación

El acceso a servicios de salud y educación en estas zonas rurales es limitado, afectando negativamente la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de los trabajadores y sus familias. Las instalaciones de salud y educación disponibles a menudo no cuentan con los recursos necesarios para atender adecuadamente a la población.

Las agroindustrias tienen médicos de empresa que limitan el acceso al INS en caso de riesgos de trabajo y trasladan esta responsabilidad a la CCSS: Los trabajadores agroindustriales en las piñeras y bananeras de Costa Rica enfrentan múltiples desafíos que afectan su calidad de vida. Es fundamental que se permita la libertad sindical y la negociacion colectiva, se tomen medidas para mejorar las condiciones de trabajo, vivienda, transporte, salud, seguridad laboral y libertad sindical. Solo a través de un esfuerzo conjunto y dialogo social entre el gobierno, las empresas y los sindicatos se podrán garantizar los derechos y el bienestar de estos trabajadores esenciales para la economía del país.

Zonas principales de producción de piña y banano y rentabilidad

En cuanto a la producción de piña, las principales zonas son la Zona Norte, la Zona Pacífica y la Zona Atlántica, empleando a aproximadamente 20,000 trabajadores y trabajadoras. El más reciente análisis de MOCUPP con datos del 2019 muestra que el cultivo de piña comprende más de 65 mil hectáreas que representan el 1,28% del territorio nacional. De los cultivos analizados; el cultivo de piña resulto ser el cultivo más rentable. Costa Rica es uno de los mayores productores de piña del mundo y abastece a importantes cadenas de supermercados de Europa, Estados Unidos y otros países. El país ha experimentado un crecimiento del 700% en la producción de piña en los últimos 15 años y la industria aporta 1.300 millones de dólares a la economía nacional. Los costos de establecimiento de una hectárea de piña tecnificada se encuentran cercanos a los $50 millones, siendo la semilla certificada el rubro más alto con el 52% del total, seguido por los equipos y herramientas con un 15%. Para la producción de banano, las áreas clave son la región del Atlántico, específicamente Limón, y algunas áreas del Caribe, con 40. 000 trabajadores y trabajadoras directas. El área bananera de Costa Rica alcanzó 43.013 hectáreas en producción. En promedio en Costa Rica se utiliza casi un trabajador directo por hectárea de plantación según estimaciones. Los precios de ventas oficiales se establecen por Fairtrade para el banano orgánico y convencional respectivamente para el tipo de caja 22XU 18,14 kg. El costo para producir una caja de banano en el sistema de producción convencional es 3,94 dólares y se vende a 16 euros por caja.

En resumen, la competitividad del banano costarricense se basa en la explotación de la mano de obra y el dumping social de las condiciones de vida y trabajo de miles de costarricenses y trabajadores indígenas y migrantes.

Documento compartido con SURCOS por el Instituto Sindical de Formación Política para América Central.

Unidad sindical por derechos de las personas trabajadoras agroindustriales y la libertad sindical

El viernes 18 de julio en la casa del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) ubicada en Siquirres, se reunieron 11 organizaciones sindicales con el propósito de formar una alianza para luchar en contra de las políticas y proyectos que impulsan las empresas agroindustriales y multinacionales en perjuicio de los derechos humanos y sindicales de las personas trabajadoras. 

Es importante mencionar que con la ayuda de la Fundación Friedrich Ebert, se estipularon y acordaron algunos puntos iniciales y claves para comenzar con la definición de la agenda. Estos puntos son: pase al INS, salud ocupacional, debida diligencia y salario digno.

En esta actividad participó la federación UAS y la sectorial Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines Costa Rica, Centroamérica (FENTRAGH). Además, el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines de Costa Rica (SITRAPA), el Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica  (SINTRAPYBCR), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) y del Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte y Afines (SCITA).

IDESUR se propone apoyar el fortalecimiento de alternativas productivas y comerciales de la Zona Sur

Nombre de la Organización

Nuevas Ideas para el Desarrollo Sostenible de la zona Sur, IDESUR

Generalidades

Nuevas Ideas es una Organización privada de Desarrollo (ONG) sin fines de lucro, conformada por un grupo interdisciplinario de profesionales comprometidos con el desarrollo de la zona Sur y con amplia experiencia en instituciones públicas, universidades y organizaciones de desarrollo. Fue creada en marzo del 2024 y tiene su sede en Pérez Zeledón.

Objetivo

Apoyar el fortalecimiento de alternativas productivas y comerciales y el acceso a recursos y capacidades de los productores locales y sus organizaciones, para el mejoramiento de los ingresos, el empleo y medios de vida de la población de la zona Sur del país.

Estrategia

1.En conjunto con las organizaciones locales, identificar las necesidades y potencialidades de los productores y las organizaciones de los territorios rurales y definir pequeñas estrategias de desarrollo productivo.

2. Facilitar diagnósticos participativos de las condiciones organizativas y productivas locales y apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de base.

3. Identificar y apoyar la elaboración y ejecución de iniciativas y proyectos de desarrollo local y brindar un acompañamiento integral a éstas.

4. Asesoría in situ en el manejo de las unidades de producción agrícola y en el impulso de alternativas de procesamiento agroindustrial y agregación de valor.

5. Impulsar la producción y el comercio agroalimentario local para mejorar los sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria de la población.

6. Formación y capacitación en aspectos técnicos, comerciales y empresariales y asesoría en la implementación de planes de desarrollo empresarial.

7. Asesoría en la elaboración de inventarios de recursos turísticos y de planes y rutas de turismo rural y agroturismo.

8. Facilitar relaciones con entidades de cooperación y financiamiento nacionales e internacionales para procurar el acceso a recursos de las organizaciones de la zona Sur.

Representación:

Jorge Fallas Bogarín, presidente.

Documento de Trabajo: TRAYECTOS DE LOS EXTRACTIVISMOS ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Observatorio de Bienes Comunes

Los extractivismos están entramados desde muy diversas dimensiones a lo largo de América Latina y el Caribe. Normalmente los reconocemos como la explotación minera, petrolera, la ganadería intensiva o la agroindustria. La tendencia que observamos es que cada vez se expanden hasta alcanzar los rincones más alejados en búsqueda de maximizar sus ganancias.

En primera instancia, estas actividades extractivas se presentan narrativas y justificaciones a través de los beneficios económicos y éxitos tecnológicos
que supone se articulan a su implementación.

A pesar de los trayectos históricos que unen nuestros territorios con estas actividades extractivas, entra las dudas sobre sus aportes económicos, y es
evidente el cambio del paisaje y el trastorno de las relaciones comunitarias.

Además, siguen siendo presentes las denuncias por sus impactos ambientales, centrados en la degradación y contaminación de la naturaleza, vinculadas directamente a sus prácticas extractivas y productivas.

Este documento pretende, invitar a repensar el momento actual de los extractivismos, problematizando esas promesas de bienestar ante las formas y modos que adquiere en nuestras sociedades.

Pueden decargar el documento aquí.

Agroindustria, relaciones de trabajo demasiado violentas

Foto: Giorgio Trucchi

Gerardo Iglesias

La semana pasada, Vladimir de la Cruz, historiador, político, profesor universitario amigo y colaborador de la Rel UITA, participó de la segunda asamblea ordinaria de nuestra afiliada el Sindicato de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (SintrapybCR).

“Hace años que sigo al profesor Vladimir. He escuchado sus programas ‘Un viaje por la Historia. Los primeros sindicatos’, leído muchos artículos, pero no lo conocía personalmente. Así que imagínate, para mí es una gran satisfacción conocerlo personalmente y que haya estado en nuestra asamblea”, comentó emocionado Steve Rodríguez, secretario general del Sindicato.

En su exposición Vladimir rescató historia y memoria del movimiento obrero costarricense con énfasis en el sector bananero.

En este video, el reconocido catedrático analiza la dramática situación en que viven miles de trabajadores y trabajadoras del sector agroindustrial, al tiempo que hace un llamado a los diferentes actores de la sociedad, para que actúen con firmeza y beligerancia ante las violaciones sistemáticas a los derechos laborales, sindicales y humanos en las plantaciones del país.

Video: Giorgio Trucchi

Fuente: https://www.rel-uita.org/costa-rica/agroindustria-relaciones-de-trabajo-demasiado-violentas/

Graves amenazas contra dirigente sindical

Foto: Rel UITA

Con Steve Rodríguez

La empresa Frutas Selectas del Trópico S.A., subsidiaria del consorcio agroindustrial guatemalteco Grupo Hame, posee dos fincas bananeras (San Gerardo y La Flor) en la provincia de Puntarenas. El Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr) ha venido denunciando graves violaciones laborales y de seguridad.

Giorgio Trucchi

Luis Arnulfo Gómez Moraga se desempeña como capataz en la planta empacadora. Al ser testigo de tantas violaciones de los derechos de trabajadores y trabajadoras, Gómez decidió acudir al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Después de varias inspecciones, las autoridades pudieron comprobar la veracidad de las denuncias y actuaron judicialmente en contra de la empresa.

Ante la reacción amenazante de la patronal, Gómez Moraga decidió acudir a la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh), que lo remitió al Sintrapybcr.

“Empezamos a trabajar y creamos las condiciones para que varios trabajadores se afiliaran y constituyeran una seccional de nuestra organización. A los dos días de su afiliación, todos estaban despedidos”, manifestó a La Rel, Steve Rodríguez, secretario general del Sintrapybcr.

El dirigente sindical explicó que la empresa adujo motivaciones totalmente falsas para justificar el despido de unas 16 personas, incluyendo a Gómez Moraga.

“La empresa los despide porque no quiere que se siente un precedente y que, a través de la seccional, se sindicalicen más trabajadores. Fue en este momento que comenzaron las amenazas”, explicó Rodríguez.

Según el dirigente sindical, a Gómez Moraga fueron a amenazarlo de muerte hasta su hogar.

“En dos ocasiones fue interceptado por desconocidos en moto que le dijeron que dejara de defender a los trabajadores.

En otra ocasión –continuó Rodríguez– fue uno de los abogados de la empresa que llegó hasta su casa para convencerlo a aceptar el despido, recordándole que debía pensar en el bienestar y la seguridad de él y de su familia”.

Ante esta situación, el sindicato decidió presentar formal denuncia para resguardar la seguridad del trabajador.

Asimismo, fueron presentadas las demandas judiciales para la reinstalación de los trabajadores despedidos, y al menos 17 denuncias por varios incumplimientos cometidos por la empresa.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/graves-amenazas-contra-dirigente-sindical/

La Política para el Sector Agropecuario 2023-2032: propuestas insuficientes y escasas soluciones

German Masís Morales

Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.

En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)

Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.

Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.

Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.

Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.

La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.

Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.

En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.

“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.

“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.

La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.

No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.

Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.

Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.

Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales.  Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.

Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.

La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales.   La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.

Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1.   (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”

El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años

Entre los principales desafíos del sector se plantean:

-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.

-Aumento de la competitividad y productividad.

-Producción sostenible y adaptación del cambio climático

-Tecnificación agroproductiva.

-Estímulo a una comercialización eficiente.

-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales

En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.

Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.

Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.

La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.

El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.

El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos.  En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.

El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.

Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.

El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)

De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.  

En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.

Un siglo de explotación laboral y una continuidad de diversas formas modernas de trabajo forzoso en la agroindustria costarricense

Información compartida con SURCOS por Maikol Hernández Arias

Durante más de cien años los trabajadores agrícolas han sido sometidos a condiciones de trabajo inaceptables por parte de las compañías extranjeras que en complicidad con el Estado costarricense, se apropiaron de las mejores tierras del país. ¿Por qué hoy prevalecen condiciones de trabajo semejantes a las de hace un siglo? ¿Por cuáles razones, después de tantos avances en instrumentos internacionales de derechos humanos, la realidad laboral sigue siendo muy semejante a la de un siglo atrás?

El 16 de noviembre de 2020, Costa Rica ha depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, convirtiéndose en el 47° país que ratifica el Protocolo a nivel mundial y el quinto a nivel de la región de América Latina y el Caribe.

Por otra parte, ha pasado más de un siglo del Convenio 11 de la OIT sobre el derecho de asociación sindical de los trabajadores agrícolas, y a pesar de ello, no ha sido posible que estos puedan organizarse en sindicatos. Fueron las administraciones a partir de la década de los años ochenta las responsables de la desarticulación del sindicalismo agrícola y la eliminación de toda forma de negociación colectiva. Esta fue sustituida por organizaciones solidaristas y comités empresariales de trabajadores denominados comités permanentes. Estos últimos en supuesta representación de los trabajadores sustituyen a los sindicatos y firman arreglos directos. Las empresas transnacionales no permiten la negociación colectiva y apenas dejan existir algunos sindicatos para dar la apariencia que permiten la libertad sindical.

A pesar de la ratificación de los Convenios de OIT, números 11, 87 y 98 sobre libertad sindical y el Convenio 30 y su protocolo, no existen políticas eficaces para acabar con las formas de trabajo forzoso, prevalece la explotación de los trabajadores con mayor repercusión en migrantes, mujeres y niños y otros grupos vulnerables. 

El Protocolo requiere que los Estados adopten medidas efectivas para prevenir y combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el trabajo doméstico forzoso, o la trata de personas, y para proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas, tales como una indemnización. Sin embargo, el acceso a la justicia está muy limitado, resulta oneroso y esto se agrava cuando se trata de poblaciones en situación de pobreza y marginalidad, como lo es la mayoría de los trabajadores agrícolas del país.

El trabajo asalariado ha estado concentrado desde finales del siglo XIX en los productos agrícolas de exportación, especialmente banano, café, caña de azúcar y más recientemente palma aceitera, piñas y otras frutas tropicales. Así se formó el proletariado agrícola que ha trabajado para los latifundios y empresas transnacionales que se fueron apropiando de las mejores tierras del país y construyeron sus propios enclaves sin fiscalización estatal. 

En las zonas de enclaves agroindustriales, las personas tienen imposibilidad de acceder a la educación formal superior y a la formación profesional, debido a la inexistencia de las instituciones públicas en estas regiones.  Situación que provoca que los niveles educativos sean bajos y de esta forma garantiza el relevo generacional de mano de obra en condición de vulnerabilidad. Aprovechando su condición de únicos empleadores en las comunidades, los jóvenes solamente tienen la oportunidad laboral en la agroindustria. Esta es una realidad perversa. 

Las plantaciones afectan además la agricultura de producción de alimentos de los costarricenses, fueron cosechados con trabajo familiar de un sector de campesinos pobres, que muchas veces no cuentan con los medios para impulsar empresas agrícolas exitosas. Muchos de ellos ocupan mano de obra temporal en cosecha, y los propios miembros de la familia incluidos los niños y las niñas.

En el café, estos campesinos, con la orientación del Estado logran organizarse en cooperativas y vincularse al comercio internacional, conformando una clase media campesina. Los avances educativos y sanitarios promovidos por el Estado costarricense le permitirán junto al café, construir condiciones de vida y trabajo diferenciadas de los asalariados agrícolas.

Los trabajadores ocupados en las empresas agroindustriales donde la explotación capitalista impuso las condiciones de trabajo, un siglo después se encuentran en condiciones de miseria, sin posibilidad de tener acceso a la tierra y menos aún de aprovechar el desarrollo logrado por el país en materia de salud, educación y condiciones de vida.

Si los comparamos con otros sectores económicos, los trabajadores agrícolas están débilmente protegidos por las leyes laborales nacionales. En algunos casos esto se debe a que el alcance de la legislación es muy limitado para orientar las relaciones laborales, en donde prevalecen prácticas históricas de explotación y trabajo forzoso, que supone la explotación del trabajo de las mujeres, niños y niñas, población migrante y trabajadores indígenas.

En Costa Rica la legislación de protección simplemente no se cumple y las instituciones estatales son omisas o carecen de políticas públicas eficaces, porque prevalece la protección de estas empresas transnacionales, sus negocios, sobre los derechos laborales, la salud y el medio ambiente.

Además, la aplicación de la legislación, en general, es una problemática en las zonas rurales, donde los trabajadores, muchos de ellos migrantes, no están familiarizados con los detalles de la ley. Incluso cuando existe una legislación específica sobre jornadas de trabajo, salarios y formas de pago, contratación y alojamiento, mientras que la inspección y la aplicación tiende a ser débiles o inexistentes. 

En el caso de las mujeres, la explotación se agrava por las distintas formas de violencia a que son sometidas. La mayor parte de las asalariadas agrícolas se caracteriza por la mala calidad de los empleos que se les ofrece, lo cual, redunda en los altos niveles de pobreza que persisten entre los trabajadores agrícolas.

Las mujeres no se encuentran en ningún puesto de mando. En la práctica realizan las mismas labores pesadas al igual que los demás trabajadores. Las líneas de ascenso no existen. No se regula en los acuerdos directos nada que tenga que ver con igualdad de género.

En este contexto se da mucha agresión sexual y contra el derecho a la intimidad de las trabajadoras. Los servicios sanitarios no están diferenciados ni existen en el campo. Las mujeres deben realizar sus necesidades fisiológicas en zanjas en condiciones humanamente inaceptables.

En cuanto a la salud laboral no se toman previsiones por su condición de mujeres. Deben trabajar con la misma intensidad que se les exige a sus compañeros de trabajo pues el pago es a destajo, el monto del pago depende del cumplimiento de la tarea asignada.

Sus empleos son mal remunerados y los salarios no les permiten satisfacer sus necesidades mínimas, a pesar de cumplir con extensas jornadas de trabajo. No obstante, estas condiciones, sus aportes son fundamentales para superar la pobreza del hogar. 

En estos escenarios se trabaja para comer y no para vivir, reproduce al mismo tiempo una mano de obra que desde muy joven se engancha en el mismo estilo de vida, con los mismos patrones culturales y con un futuro de limitaciones fácilmente pronosticable. Aparte en la importante población migrante en la agricultura, muchas son víctimas de explotación y trata de personas.

Las tarifas salariales fijadas a las labores por destajo las imponen las empresas sin que medie tutela del Estado o el Consejo Nacional de Salarios. Las fórmulas utilizadas para fijar estas tarifas son desconocidas por los trabajadores y por el mismo gobierno. Situación que coloca a los trabajadores en estado de indefensión, ya que deben ejecutarlas al ritmo e intensidad que unilateralmente le imponga el patrono. Desde nuestro punto de vista, el salario a destajo es el principal riesgo de trabajo, ya que arrastra a los trabajadores a realizar sobre esfuerzos, exponerse a riesgos y desgastarse físicamente de forma acelerada.

Podemos afirmar que el poder de las transnacionales agroindustriales no permite ningún nivel de inspección o control por parte del Estado costarricense y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la administración de justicia, tampoco constituyen un límite para su violación de los derechos laborales y el trabajo forzoso, y por tanto realizan sus infracciones a las leyes y normas constitucionales con absoluta impunidad. Esto quedó demostrado durante la reciente pandemia de COVID-19 donde muchas empresas agroindustriales propiedad de transnacionales no permitieron el ingreso de autoridades de salud.

Así, por ejemplo, persiste el trabajo infantil, les retienen documentos a los trabajadores migrantes y los hacinan en cuartuchos, les cobran el transporte hasta la finca donde ese día laboran. También deben comprar su alimentación o prepararla en lugares insalubres. 

Los trabajadores y trabajadoras están por su cuenta sin una participación activa del Estado en materia de control de la salud laboral. Adolecen de agua potable y hasta se les sanciona por exigirla, trabajan largas jornadas bajo el sol, siendo personas iletradas riegan venenos, los trabajadores indígenas de las bananeras suscriben sus contratos de trabajo en idioma español aún y cuando no lean este idioma. No podemos omitir en este documento, la forma indiscriminada con que se vierten los agrotóxicos en la tierra, se contaminan los ríos, se talan los bosques, se enferman los vecinos, sufren los animales y se afectan de forma indirecta a los pequeños agricultores de las comunidades quienes padecen los efectos de plagas y reducción de tierra. 

El Estado es un gran ausente. El acceso a la salud, a la justicia y la inexistencia de controles en materia de inspección de trabajo para que se pague la seguridad social afecta gravemente las condiciones de trabajo que resultan indignas. Frente a todo esto los trabajadores y trabajadoras se les niega el acceso a la justicia, no solo porque para plantear una demanda laboral requieren contratar la asistencia legal de un profesional, lo que resulta costoso o significa disponer de la mitad de los que se le vaya a indemnizar, sino porque los juzgados están muchas veces a distancias importantes de los lugares donde se ubican las empresas. Esto afecta las denuncias administrativas y judiciales de riesgo de trabajo facilitando la impunidad empresarial.

Más grave aún, persisten condiciones favorables a la trata de personas por las migraciones descontroladas y la inacción del Estado y sus autoridades. Muchas de estas empresas están ubicadas a ambos lados de la frontera con Nicaragua y Panamá, y miles de trabajadores deambulan sin que existan estrictos controles fronterizos porque rigen las normas de libre circulación sin requisitos que exigen estos enclaves territoriales donde se siembran los monocultivos.

Todo esto sucede en un país donde las leyes, tratados y convenios internacionales, son letra muerta, mientras los trabajadores no pueden organizarse libremente en sindicatos. Mientras los sindicatos no operen con libertad en la agroindustria costarricense, seguirá imponiéndose la esclavitud y la violación a los derechos humanos.

El señor y la señora, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAGH) y Dania Bando Castillo, secretaria general adjunta, en el marco de la reunión sindical con Tomoya Obokata, Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, alzan la voz sobre las empresas agroindrustriales multinacionales y los mecanismos que utilizan estas para violentar los derechos humanos de los trabajadores, la forma en que estos afectan a las comunidades y el impedimento de la libertad sindical, esto ultimo es relevante pues sin libertad sindical no hay forma de revertir o luchar contra las nuevas formas de esclavitud en Costa Rica, según lo dicho por los representantes de la FENTRAGH. 

Otros temas que se presentaron en la reunión fueron los de trabajadores migrantes, indígenas y el trabajo infantil en las agroindustrias. El tema de los migrantes es complejo pues estas poblaciones son invisibilizadas, y se les niega todo tipo de derecho laboral. La discriminación en la población indígena se presenta por medio de contratos en español, idioma que no manejan. 

Costa Rica en la COP27: ¿Maquillando la agroindustria?

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 14 de noviembre en el marco de la COP27, la delegación de Costa Rica realizó la presentación de una propuesta para potenciar los bienes de exportaciones basados en una agricultura resiliente, a partir de los agro paisajes. ¿Qué quiere decir todo esto?

Queremos problematizar la propuesta presentada por el gobierno de Costa Rica, ya que presenta algunas tensiones importantes que viene arrastrando eso que llamamos la agroindustria, y que al día de hoy sigue siendo responsable de importantes impactos socioambientales relacionados no sólo a la deforestación, sino también al uso de agroquímicos que afectan la salud de los ecosistemas.

Les compartimos también el artículo publicado por Bloque Verde que también expone las contradicciones de esta propuesta. Titulado «Franz Tattenbach promete en la COP27 algo que en Costa Rica no existe: “piña libre de deforestación”» Publicado a través de Surcos Digital.

¿Estaremos de cara a otra estrategia de maquillaje verde? Les compartimos nuestras inquietudes:

Costa Rica en la COP27: ¿Maquillando la agroindustria? Artículo de opinión Observatorio

Agroindustria ¿de qué hablamos? consulte aquí.

¿Qué es el maquillaje verde? consulte aquí.

Un país inundado de veneno

Clemens Ruepert | Foto: Giorgio Trucchi

Con Clemens Ruepert

Un reciente estudio del agrónomo Elidier Vargas Castro, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que Costa Rica usa muchos más agrotóxicos, en su mayoría considerados de alta peligrosidad, que los países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Giorgio Trucchi

Según el estudio publicado el año pasado que retoma datos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Costa Rica emplea en promedio cantidades que oscilan entre 10 y 11,5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (ia/ha).

En países como Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, miembros del OCDE, o Ecuador, Honduras y Guatemala, que tienen características similares en cuanto a condiciones agrícolas, el uso promedio es de 2 kilogramos.

Una situación que se vuelve aún más alarmante si consideramos que el PNUD señala que el uso real promedio en Costa Rica durante el período 2012-2020 ha sido superior a los 34 kg de ia/ha, con rangos que oscilan entre 24,6 y 47,1 kg1.

Agrotóxicos altamente peligrosos

El 93 por ciento de estos ingredientes activos son considerados altamente peligrosos. Al menos 80 de ellos están asociados a efectos agudos para el ser humano. Casi la mitad son prohibidos en la Unión Europea y más de dos tercios son asociados con cáncer.

También hay unas 119 moléculas que están relacionadas con afectaciones sobre animales, en especial las abejas, y ecosistemas. Más del 60 por ciento están prohibidas en Europa.

Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, Etoprofos, Diazinón y 2,4-D son los agrotóxicos más utilizados y con más productos registrados en Costa Rica.

Se estima que, entre 2012 y 2020, la aplicación promedio anual de ingredientes activos en agricultura fue de 18,3 mil toneladas.

Según el estudio, los principales afectados resultan ser las trabajadoras y los trabajadores agrícolas y la población rural en general (exposición promedio de 74 kg/ia por persona), seguido por los cuerpos de agua superficiales y los alimentos.

En 2020, el banano es el cultivo donde se dio el mayor uso de agrotóxicos, seguido por piña, arroz, café y caña de azúcar2.

Esta situación acarrea también costos económicos para el Estado costarricense, que deja de percibir entre 22 y 36 millones de dólares al año por las exenciones de impuestos a los agrotóxicos. A esto hay que agregarles al menos otros 9 millones por afectaciones a la salud.

Un falso paradigma

“En Costa Rica hay un doble discurso sobre medio ambiente y naturaleza que es terrible”, dijo a La Rel Clemens Ruepert, investigador y químico ambiental del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA).

“Hay una gran expansión agrícola para la producción de monocultivos agroindustrial, en especial de banano, piña y caña de azúcar, que conlleva el masivo uso de agrotóxicos y una creciente pérdida de biodiversidad”, agregó el experto.

Esta situación, analizó Ruepert, se profundiza a raíz del falso paradigma de que estas prácticas son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

“Hay suficientes datos que demuestran todo lo contrario. Además, hay costos enormes que el Estado debe sostener por la contaminación ambiental y los efectos sobre el ser humano y animales”.

Si a esta grave problemática ambiental le sumamos la falta, casi absoluta, de respeto a los derechos laborales y sindicales de miles de personas que trabajan en las plantaciones, el escenario se asemeja, cada vez más, a una verdadera bomba de tiempo.

La bomba ya está explotando, lamentablemente quienes tienen grandes intereses en este sector de la agroindustria, incluyendo a las autoridades públicas, emplean estrategias para aparentar todo lo contrario”, advirtió Ruepert.

Para el catedrático es clave que las organizaciones sociales, populares, sindicales vayan articulando espacios, esfuerzos y acciones, involucrando a más gente, multiplicando la información y la capacitación de sus miembros y afiliados.

“Es la única forma para que haya un cambio. Es la misma lucha y hay que hacerla todos juntos”, concluyó.

Foto: Giorgio Trucchi

1 Esto se debe a una diferencia de cálculos. El SFE toma en cuenta el total de área sembrada a nivel nacional (agricultura y pasto), mientras que el PNUD sólo el área de cultivos
2 Fuente consultada Semanario Universidad

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/un-pais-inundado-de-veneno/