“Cuando unos pocos se apropian de aquello que no puede ser suyo más que haciendo que no sea de los otros e impidiendo que los otros puedan servirse de lo que tienen derecho, estamos ante la negación del Bien Común” – Ignacio Ellacuría
Ante el impulso de los aires de “cambio” propuestos por el gobierno entrante, y siguiendo las voces que solicitan el tiempo y prudencia para valorar las intenciones-acciones de este. Dejando este espacio de “oportunidad” vale la pena preguntarnos ¿Cuál es la sociedad dominante que sale de la pandemia en nuestro país?
Han pasado 40 años de aquellas intervenciones que realizó el padre Ignacio Ellacuría, en donde nos invitó a reflexionar sobre la violencia en sociedades divididas. Pasado este tiempo, resulta importante retomar el hilo de su pensamiento, y plantearnos una primera idea: la sociedad negadora.
Ellacuría nos recuerda que como opción radical y crítica se hace necesario volver nuestra mirada a la negación de la vida que es producto de las relaciones dominantes situadas en nuestros contextos históricos, es decir la gravedad de la violación o de la privación que puede padecer una determinada mayoría.
Esta negatividad, sólo puede ser sostenida en el tanto exista esa “positividad” que es asumida y disfrutada por una minoría de esa sociedad determinada, una minoría que cuenta con las formas y modos que niegan o impiden aquello que podría o debería ser y por otro lado es el sostén de esa realidad negadora (dimensiones clasistas, coloniales, racistas, patriarcales, etc.).
Nos quedamos por ahora en esta primera aproximación, y como ejercicio nos aventuramos a pensar en torno a esa sociedad que ha sido fortalecida y legitimada simbólicamente a través de los mecanismos electorales (no hay que olvidar que cuantitativamente el abstencionismo sigue siendo el que manda).
Basta observar y escuchar las políticas “estrella” que justifican el supuesto sentido de cambio de gobierno propuesto, les compartimos un breve resumen: los ecologistas como enemigos de la empresa privada, el carpetazo al Acuerdo de Escazú, desregulación de agroquímicos, exploración de gas natural, la urgencia de la ley de jornada 4/3, la misión de erradicar la “ideología de género” del sistema educativo y para sellar la jornada la revisión de la norma del aborto terapéutico.
Volvemos a nuestra pregunta ¿Qué forma de sociedad delinea lo anterior? Por un lado, el avance del neoextractivismo como actividad económica, pero también como política institucional, es importante señalar la persistencia de la impunidad de las violencias que sufren las recuperaciones en territorios indígenas, que sigue privilegiando un Estado racista y colonial, el apoyo al sector agroindustrial cuando legitima el discurso antiecologista y promueve la desregulación de la normativa ambiental, en este caso exploración de gas natural y la apertura a sustancias químicas.
En un segundo acto, privilegiando la posición de las cámaras industriales al refrendar la necesidad de desregular la jornada laboral, al impulsar la modificación de la jornada de 8 horas, por una de 12 horas en 4 días, esto no sólo perjudica en la desaparición “camuflada” de las horas extras, sino que sumerge a la persona trabajadora a una situación de desprotección y desgaste, ya que este tipo de jornadas representan una desventaja, ya que existe una desigualdad de hecho de la relación patrón-trabajador, y esto lleva que no sea una opción individual, sino de interés de la empresa, además erosiona las condiciones para aquellas personas que estudian, con familia o con personas a cargo, ni hablar de los espacios de recreación.
Sumado a todo esto, el frente abierto contra la mal llamada “ideología de género”, que no es más que una forma “sofisticada” de cuestionar y deslegitimar los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y de las diversidades sexuales. Inicialmente vemos esta ofensiva en dos dimensiones, una primera acción sobre el sistema educativo público, procurando el retiro de los planes de estudio de estos contenidos, y una segunda acción, la remoción de los tímidos avances presentes en la política y reglamentación del país, esto lo vemos en la solicitada “revisión” a la norma del aborto terapéutico.
Luego de esto, si tuviéramos que perfilar que tipo de sociedad negadora se configura a través de los relatos dominantes de este gobierno, podríamos señalar algunas características: neoextractivista, antiobrera y conservadora.
Ante este escenario, Ellacuría nos recordaba lo complejo que significa incidir en sociedades desiguales, en donde precisamente la política no está al servicio de la ampliación de los derechos de las personas, sino impulsada en la defensa de los intereses y privilegios de unos u otros grupos. Como un primer aporte, el padre Ignacio nos recordaba que la discusión y disputa de este escenario debe tener tres pies: en lo que tiene de verdadero-falso, justo-injusto y lo que tiene de ajustado o desajustado, desde la corporalidad, crítica y negación de esa mayoría que padece el poder.
En una próxima entrega, volveremos sobre esa sociedad que padece el poder, o cómo podríamos llamar la sociedad negada.
A partir de las declaraciones del nuevo gobierno de Costa Rica en torno a permitir la importación de moléculas «modernas», nos parece importante reflexionar sobre el contexto actual de la utilización de este tipo de sustancias en el país, para contribuir a la reflexión crítica sobre las prioridades que debe tener una política pública en torno a este tema.
Por esta razón, queremos invitarles a tomar en consideración algunas dimensiones para profundizar ¿cuál debería ser el enfoque de esta política productiva? Por ejemplo, debería primar un supuesto beneficio económico sobre los procedimientos de inscripción, o debería replantearse su regulación y uso.
Les compartimos algunas notas de prensa que nos ayudan a enriquecer los insumos para la reflexión.
Este 21 de abril del 2022, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hicieron un balance y una rendición de cuentas de la gestión de la administración Alvarado Quesada en el sector agropecuario.
Al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión de esta Administración, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que requiere el sector, en buena medida porque desde hace más de 3 décadas el sector dejó de ser prioridad en la política pública y el desarrollo económico del país, más allá del sector agroexportador que tiene su propia dinámica económica y empresarial.
Los sucesivos gobiernos cumplen con gestionar el sector, dejando de lado las soluciones tecnológicas, comerciales, financieras, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, del empleo y la valorización de la actividad de los micro y pequeños agricultores familiares que son los que producen los alimentos y conservan la biodiversidad vegetal.
En el informe de rendición de cuentas del Gobierno, se señalan aspectos como que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) destacó la publicación del decreto de fondo N° 43.469. para el registro de plaguicidas, aunque se reconoció la necesidad de llevar el proceso a internet.
El Instituto Nacional de Innovación y Transformación en Tecnología Agropecuaria (INTA) destacó la reciente creación de nuevas variedades de papa y yuca, que permiten incrementar la producción y entrar a nuevos mercados mundiales debido a las características del producto.
El Programa Integral de Mercados Agropecuarios (PIMA) recordó que es necesario avanzar en la modernización de los servicios que ofrece el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), también muy ligado a dar el paso en el mundo digital.
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) destacó dentro de sus logros el establecimiento de la metodología para definir la cantidad anual de licencias que se otorgarán para la pesca de atún en el Pacífico de Costa Rica.
El Consejo Nacional de Producción (CNP) mencionó que del 2018 al 2022 el número de productores que suplen de frutas y vegetales al sector público subió de 238 a 394.
También frente a la alta demanda de asistencia de las fincas que hay en todo el país, el área de Extensión agrícola ha llevado tecnología de punta a los territorios rurales.
Otro de los elementos que se destacó fue la inversión en infraestructura para evitar inundaciones en zona de producción agrícola, pues en las regiones Caribe y Brunca se invirtieron ¢3.469 millones para dicho fin y en las regiones Central, Central Occidente, Chorotega y Pacífico Central todavía se ejecutan trabajos por ¢2.339 millones.
Además, el MAG reconoce que la implementación del plan para desarrollar la producción de aguacate en el país es una de las tareas que queda pendiente para la próxima administración, así como la digitalización del proceso para registrar plaguicidas en Costa Rica. (ElObservador.cr,21-4-2022).
Para valorar los alcances de la gestión del Gobierno actual en el sector, es oportuno remitirnos al programa de Gobierno 2018-2022 del PAC para el sector agropecuario y pesquero, en donde se pueden visualizar acciones estratégicas para promover un cambio en el sector, que en el transcurso de la Administración Alvarado se desdibujaron o su aporte fue insuficiente para acometer las grandes transformaciones del sector.
Entre esas acciones, se encuentran propuestas para el desarrollo de una producción agropecuaria sostenible, con prácticas ecosostenibles, difusión de la producción orgánica y producción con menor uso de agroquímicos y menos contaminación de los recursos naturales.
– “Políticas de Producción Sostenibles y Ecoamigables. Diseñar políticas públicas que permitan el desarrollo de la producción agropecuaria sostenible y ecoamigable, de tal forma que se estimule el desarrollo de la producción con técnicas dirigidas al menor uso de agroquímicos y con mayores componentes orgánicos que busquen la menor contaminación del recurso natural (tierra, ríos, aire, mar), el producto, la persona productora y la persona consumidora.
– Prácticas Ecosostenibles. Promover las prácticas agropecuarias tendientes a transformar la producción convencional en producción ecosostenible y que sea difundible a todo el sector,
– Promoción de la Producción Orgánica urbana y rural. Impulsar la agricultura orgánica, aprovechando el marco legal existente así como los mercados de consumidores que procuran estos productos.
– Control de uso de agroquímicos. Dar mayor seguimiento al uso de agroquímicos, tal que no solo se revisen y actualicen las moléculas disponibles en el mercado, sino por medio de los agentes extensionistas, se logre dar seguimiento a las aplicaciones que se realizan en los campos.”
Propuestas para la consolidación de la producción sostenible y adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático para reducir las emisiones y las pérdidas.
– “Producción Sostenible y adaptada al Cambio Climático. Introducción de esquemas de producción bajos en emisiones que incorporen la gestión de riesgo y la adaptación para reducir las pérdidas asociadas al cambio climático y aumentar la productividad”.
Propuestas dirigidas a fortalecer la comercialización agroalimentaria para el mercado interno, impulso de mecanismos alternativos de comercio, diferenciación de productos, certificaciones de origen y ampliación del programa de abastecimiento institucional.
– “Comercialización de la producción agrícola. Incrementar el volumen de la producción agrícola comerciado en los mercados nacionales de diversa escala: ferias del agricultor, central mayorista y mercados regionales; mediante nuevas plataformas de comercialización como subastas, sello de producto nacional,
– Diferenciación de la Producción Nacional. Establecer un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan sellos de calidad, como denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
– Aseguramiento de Mercado Interno Agropecuario. Expansión del Programa de Abastecimiento Institucional se fortalecerá a los sectores productivos agropecuarios y se generarán políticas orientadas al aseguramiento del mercado interno al tiempo que se lleva eficiencia a los que proveen los productos y los servicios”.
Propuestas para el Impulso de los procesos de agroindustria y agregación de valor de la producción agropecuaria y pesquera en pequeña y gran escala.
– “Producción y Procesos de mayor Valor Agregado. Integración de los productores a la agroindustria y a los procesos de transformación del sector agroproductivo y pesquero”.
Propuestas para el apoyo a la agricultura familiar, su sistema de producción y sus recursos, así como al desarrollo de la empresariedad y el mejoramiento de su capacidad de gestión productiva y comercial.
– “Fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva familiar, artesanal y autóctona. Implementar una estrategia de extensión agropecuaria y rescate de especies nativas, orientada al suministro, investigación y desarrollo de productos en sistemas de producción familiar, comunal, artesanal y autóctona;
Formación Empresarial y Emprendedurismo. Diseñar un plan de formación cuyo objetivo sea la dotación de capacidades de los productores en la visión empresarial y ante todo, el estímulo del espíritu emprendedor que le motive a enfrentar los problemas de forma proactiva, de tal forma que pueda adaptarse al cambio constante de los mercados”.(PAC 2018, Creer y Crear la Costa Rica del siglo XXI, págs.45-50)
Con el propósito de efectuar un balance más amplio de los alcances de la gestión de la Administración 2018-2022 en el sector agropecuario, es posible confrontar las acciones ejecutadas con la perspectiva de la transformación productiva del sector referida en la participación del exMinistro de Agricultura, Felipe Arauz, en el reciente foro del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la UCR, al reconocer que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agroproductivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”
Agrega, “Tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria. Debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción.”. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, aumentar las ganancias y minimizar los impactos ambientales.” (Semanario Universidad.com,19-4-2022)
Dicho balance, puede valorarse también a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos al Fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, cuando propusieron como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible e incluyente, establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático.
Igualmente impulsar la agroindustria, la agregación de valor y la calidad de los productos agroalimentarios, mejorar el sistema de comercialización de estos productos, lo que incluía la reestructuración y modernización del CENADA, las ferias del agricultor y el programa de Abastecimiento Institucional, crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo, así como un sistema de seguro agrícola y gestión del riesgo agrícola y aprobar la ley marco de Seguridad y soberanía alimentaria.(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)
De acuerdo a dichos planteamientos, es evidente que los logros y avances del sector agropecuario señalados en el informe de resultados de la Administración Alvarado, resultan ser parciales, de limitada incidencia y aún distantes de las grandes transformaciones que demanda el sector.
El pasado mes setiembre de 2021, se presentó el Informe Técnico Caso ASADA Cipreses de Oreamuno por parte del AyA, en esta infografía les invitamos a reflexionar sobre las principales conclusiones y riesgos que representa la situación actual.
La infografía nos presenta 6 conclusiones las cuales son:
Se debe de verificar el caudal asignado de las nacientes.
Solo la naciente de San Francisco, presenta el caudal aforado estable. Las nacientes presentan condiciones de bajo caudal muy marcadas en al menos la mitad del año, por lo que la ASADA debería suplir este déficit con fuentes alternas.
Se evidencio la presencia de productos de degradación de agroquímicos en las pruebas de calidad del agua para la naciente de Plantón, además se evidencio la presencia de coliformes fecales y niveles de cloro residual por encima y debajo del reglamento de calidad del agua para mediciones puntuales dentro de la red de distribución.
Es necesario que se analice la demanda en la prestación del servicio, ya que ello tiene incidencia directa sobre el sistema de abastecimiento.
Es fundamental contar con estudios hidrogeológicos que determinen el radio de protección que se debe cumplir para cada una de las nacientes.
El balance hídrico modelado no es representativo de la realidad del acueducto del de la ASADA Cipreses.
Se evidenció una gestión administrativa y técnica deficiente:
Hay evidencia del riesgo del agotamiento de las naciones.
Hay una afectación negativa probada sobre la naciente de Plantón.
Sigue la ausencia de los estudios técnicos necesarios para determinar la condición de las nacientes para garantizar su protección.
Se dará a conocer información muy grave sobre la contaminación con agroquímicos en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno Cartago, por parte de la Organización Frente Eco Cipreses.
Se contará con la presencia de personas expertas para discutir y analizar la información que viene del sector académico.
Personas participantes:
Isabel Méndez y Fabián Pacheco en representación del Frente Eco-cipreses y vecinos de la comunidad.
Expertos invitados:
Fernando Ramírez. IRET-UNA
Yamileth Astorga. UCR
El espacio es facilitado y moderado por el Programa Kioscos Socio Ambientales de la UCR. Se transmitirá en vivo desde la página de Facebook del Programa Kioscos Socio Ambientales UCR:https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos
Para periodistas interesadas e interesados, favor notificarnos para suministrar enlace de la plataforma Zoom.
En un momento en que existe preocupación por el aumento de los precios de los productos importados como el petróleo, insumos agrícolas y algunos alimentos debido a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, pero también por el incremento de la inflación en varios países desarrollados, en nuestro país existe gran incertidumbre sobre el efecto de esos aumentos en los precios y en los costos de producción de algunas actividades como el transporte y la producción de alimentos.
Aunque aún no se ha precisado las dimensiones del crecimiento en los precios de los insumos agropecuarios, algunos productores ligados a organizaciones agrícolas como la Cámara de Agricultura, la Unión de Pequeños y Medianos Productores (UPANACIONAL) y sobre todo los agricultores que participan de las ferias del agricultor, han manifestado inquietud sobre el aumento del precio de los insumos sobre la producción agrícola actual y a lo largo de este año.
“En los meses siguientes, los precios de la papaya van a ser muy altos y la fruta va a escasear porque los agricultores ya no van a poder pagar los precios de los insumos que se utilizan para las fumigaciones que necesitan las plantas de papaya para mantenerse sanas y tener una buena cosecha”, así se expresaba Xinia una agricultora de San Carlos el fin de semana anterior en la feria del agricultor de Cartago, ante los problemas que están teniendo los agricultores con el aumento de los precios de los agroquímicos, pero no sólo para el cultivo de papaya, sino también para los demás productos que cultiva y vende en la feria, como la yuca, camote, plátano, maracuyá y ñampí.
La actividad agropecuaria, ha sido particularmente sensible al aumento de los precios de los insumos químicos importados (herbicidas, fertilizantes, fungicidas y semillas), por el alto consumo de estos productos por parte de las diferentes unidades de producción. En Costa Rica el uso de fertilizantes químicos es muy alto, ya que oscila entre un 95% en cultivos como chayote y tiquisque, a 90% en papa, 85% en frijol, 84% en arroz, cebolla y yuca, 80% en café, 70% en naranja, 64 en caña, 53% en plátano, 52% en mango, 46% en aguacate y 38% en palmito (INEC, Encuesta Nacional Agropecuaria 2020).
El aumento de los precios de los insumos se han comenzado a trasladar al incremento de los precios de los alimentos básicos, como ha ocurrido con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor de los primeros meses del 2022, en donde productos como la vainica, el limón ácido, el aguacate, la yuca y el tomate han tenido las mayores variaciones entre el 15 y el 30% con respecto al mes de diciembre anterior, además de que los productos aguacate, tomate, café y frijoles tuvieron la mayor variación entre los productos agrícolas incluidos en el IPC total en el mes de febrero. (INEC, IPC, marzo, 2022)
Decía la agricultora de San Carlos, que “se está poniendo en peligro la producción agroalimentaria y el acceso de la población a los alimentos, ya que los agricultores que venden en las ferias, además del aumento en los costos de los insumos, deben enfrentar el alto precio de la gasolina para sus vehículos de transporte, así como el pago del local en las ferias, el del parqueo de estos y hasta el pago de la limpieza del lugar de la feria que realiza la Municipalidad”.
Indica que a los agricultores en nuestro país con los aumentos de costos y el pago de servicios los tienen “arrinconados”, ya que los ingresos por las ventas son limitados e insuficientes para seguir produciendo la comida, mientras en otros países (como en Europa) a los agricultores los cuidan, los protegen y les dan facilidades para producir y vender sus productos.
La queja de esta agricultora ha sido una constante a lo largo de varias décadas por parte de los agricultores del país, quienes claman por apoyo y asistencia estatal para mejorar la actividad agropecuaria y la que contrariamente se ha visto reducida por el desmantelamiento institucional y presupuestario provocado por las reformas económicas de las últimas décadas.
A pesar de que se está celebrando el Decenio de la Agricultura Familiar, de que las últimos dos gobiernos manifestaron interés por el fortalecimiento de la actividad agropecuaria y de que el actual Ministro ha afirmado que el apoyo a los productores debe ser objeto de la política productiva para que se integren a la producción y al mercado en mejores condiciones, la producción campesina de alimentos para el mercado interno continúa teniendo dificultades para producir y comercializar sus productos.
El Ministro de Agricultura ha dicho, “hay muchos productores que por vocación se quedan en la producción. La producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”, igualmente en otros comentarios ha expresado el apoyo a la producción para el mercado interno y a la legítima preocupación por la seguridad alimentaria de la población. (Alterdescr.octubre,2020).
Al respecto la FAO en su pronunciamiento sobre los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina, afirma que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).
En el año 2014 un grupo de académicos de la Universidad Nacional elaboró una propuesta para el mejoramiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, sustentada en que esa actividad ha sido abandonada por los gobiernos desde la década de los 80s y en que la misma es una actividad estratégica amenazada por el descenso en las áreas productivas, por el bajo nivel tecnológico y los bajos rendimientos, mientras afirmaban que los agricultores que producen para el consumo interno, tiene escasa rentabilidad, problemas de precios y de mercados, situación que se mantiene hoy en día.
Este grupo proponía para revertir el deterioro de la producción agroalimentaria, acciones estratégicas tales como: establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias, fomentar la agroindustria, el valor agregado, la calidad e inocuidad de los productos, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional (PAI) y crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores y un sistema de cobertura del riesgo agrícola.(Grupo de Políticas Agrícolas,2014,12p.).
Esta propuesta que no fue acogida por las autoridades del Ministerio de Agricultura del momento, tenía como aspecto central la transformación de la actividad, hacia una agricultura más sostenible e incluyente y menos dependiente de los insumos importados, cometido en el que se ha avanzado muy poco y que en una coyuntura política como la actual, resulta ser muy oportuna y desafiante para los líderes y partidos políticos a comprometerse con la transformación pendiente hacia una Nueva Agricultura.
Nuestro Planeta, Hogar Común para la Humanidad, hoy como nunca antes, enfrenta una destrucción sin límites de sus Recursos Naturales, y por ende, el imperio de la potencias industriales que establecen medidas para proteger y ahorrar los propios, mientras explotan los de nuestros países en su favor. El Cambio Climático; es decir, la muerte de nuestro planeta, nos incumbe a todos. Esto exige nuestro compromiso, y la obligación que Ustedes como Políticos aspirantes a la Primera Magistratura, adquieren para garantizarnos un país ejemplar ambientalmente que nos permita, no en el papel sino en los hechos, el BUEN VIVIR.
La Comunidad “Buen Vivir Costa Rica”, presente y activa en todo el territorio nacional, interpela respetuosa y públicamente, a todas las personas aspirantes a ocupar la presidencia del país a partir de las próximas elecciones.
Con preocupación notamos un vacío de temas ambientales en sus discursos, entrevistas, mesas redondas, publicaciones firmadas por ustedes y apariciones públicas. Por esta razón llamamos su atención y los conminamos a incluir y opinar acerca de los asuntos relacionados con el deterioro y el maltrato de la Madre Tierra; maltrato que incide directamente en la calidad de vida de nuestro Pueblo. La población de Costa Rica tiene el legítimo derecho de conocer sus posiciones y propuestas al respecto.
Estos asuntos son iguales, o incluso, más relevantes que los ejes económicos y sociales. Hoy está en juego la vida humana, la vida de muchas especies y la vida del planeta Tierra en su conjunto.
El sistema económico acumulativo, la industria de sobreproducción y el uso abusivo e indiscriminado de los recursos naturales, va en contra de la armonía con la Madre Tierra.
En Costa Rica, una vez llegado al Poder, durante años se ha incumplido con la ejecución de las propuestas programáticas planteadas en los planes de gobierno; supuestamente en favor de la Madre Tierra. Por ejemplo, en la administración 1994-1998, se derogan 18 artículos del Reglamento a la Ley de hidrocarburos; y en la administración 2006-2010 se declaró «de interés nacional» la destrucción del ecosistema en Crucitas; además del dragado del Río San Juan, que siendo una Cuenca Binacional debió contar con el aval de Costa Rica por su impacto ambiental en nuestro territorio.
Entre los temas prioritarios planteamos:
*La protección del agua como Bien Demanial del Estado y derecho humano.
*El calentamiento global y la crisis climática.
*La exploración y explotación de gas y la minería a cielo abierto.
*El uso de transgénicos y la protección de las semillas criollas.
*El uso de agrovenenos que afectan la salud humana, del agua y de los suelos. *Los monocultivos de piña, banano, palma africana, cítricos, café, melón y sandía, entre otros.
*La ganadería extensiva.
*La generación de Energía Geotérmica en Parques Nacionales.
*La soberanía alimentaria y el uso diversificado de la tierra.
*Las regulaciones para el transporte con hidrocarburos, público y privado.
*La protección de los Parques Nacionales y la asignación de su presupuesto.
*Las zonas protegidas, amenazadas por las embotelladoras de agua.
*La ausencia de Planes Reguladores que produce un desarrollo inmobiliario descontrolado.
*La industria y el consumo excesivo de plástico.
*La ausencia de la Educación Ambiental en nuestro Sistema Educativo.
Todos los temas mencionados están entrelazados de muchas maneras.
Es indispensable conocer la trayectoria y la posición de las candidaturas sobre estos temas, más allá de lo consignado en los programas de su partido.
Agradecemos su atención.
*Carlos Manuel Muñoz (Naranjo)
*Claudio Enrique Monge (San Isidro de Heredia) *Edison Valverde (Pasoancho)
El Frente Ecocipreses presentó una denuncia llamada 1176-2020 “Caso de la naciente de Plantón”. La naciente de la ASADA de Cipreses, es destinada para el agua de consumo humano, sin embargo, actualmente se encuentra invadida de agricultura intensiva irrespetando las zonas de protección establecidas por ley. Los vecinos temen por la presencia de agroquímicos en el agua.
Luego de una visita de inspección por parte del Ministerio de Salud el Frente Ecocipreses reflexiona:
Se sigue irrespetando la Ley de Aguas y sembrando sobre la naciente.
Presencia de plaguicidas en el agua. Los tres se encuentran debajo del límite de reporte. No obstante, desde el Frente hacen un llamado a recordar que los resultados del análisis dependen del momento y pueden cambiar según lluvias y aplicaciones, por lo que la tolerancia es de cero a ante la presencia de químicos y sus efectos en la salud.
No se han presentado los estudios hidrogeológicos que AyA solicita a la ASADA.
Las municipalidades de Alvarado y Oreamuno no cumplen planes reguladores.
Información compartida con SURCOS por Luis Sanabria. Fuente: Observatorio de Bienes Comunes.
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.
Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.
María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.
La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.
En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.
Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.
Piña intrusa
De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, laSetenasoloteníaconocimientode358,5hectáreasensusregistros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.
Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significaqueesasplantacionesnopasaronporunaevaluacióndeimpactoambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.
En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).
“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.
La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.
Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.
Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.
Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).
Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.
Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).
No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.
En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.
Presiones al ecosistema
En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.
Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.
Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.
Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.
El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.
El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.
Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.
Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.
“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.
En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000millonesdedólarescadaaño. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.
Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.
De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.
Comunidades en conflicto
El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.
Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.
Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.
A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.
“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.
A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.
En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.
Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.
*El autor de este reportaje participó en el SpeedPitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.
