En la Zona Sur, las y los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades defensoras del agua, se unirán en la «Jornada Popular de Lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur», la cual se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre, dando inicio con una concentración a las 8:30 a.m. en el Parque de Palmar Sur.
Invitan:
Coordinadora de Lucha Sur Sur; Movimiento Ríos Vivos; Pueblo Bribri de Salitre; Recuperadores de Tierras Indígenas Bröran; Consejo de Cultura de Boruca; Consejo Indígena Regional Pacífico Sur; Consejo de Mayores Iriria Jtéchö Wákpa; ASADA de Abrojo Montezuma; OLCASUR; COOTRAOSA; Comité de Lucha por la Tierra de Finca Changuena; Comité de Lucha por la Tierra de Palmar Sur; Ditsö.
Celebran foro para celebrar 20 años de la Escuela de Salud Pública
Kátheryn Salazar Zeledón, Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información
Una de las conclusiones de este foro organizado por la Escuela de Salud Pública es que las bases de una política de sostenibilidad financiera para la CCSS incluye una ampliación de la cobertura contributiva, asignación de recursos e inversión estratégica, y mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios (foto Archivo ODI).
El corazón de la salud del país se divide en la sostenibilidad financiera de la seguridad social y el acceso al agua apta para el consumo humano, así lo considera el Dr. Mauricio Vargas Fuentes, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR),
Es por esto que para el 20º aniversario de esta Unidad Académica invitaron al gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Lic. Gustavo Picado Chacón, y a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), M.Sc Yamileth Astorga Espeleta, para hablar de los retos y posibilidades de acción de estas instituciones dentro del sector salud.
El Lic. Picado Chacón aseguró que la CCSS se encuentra en una situación de equilibrio económico y explicó que se habla de estabilidad cuando hay equilibro financiero por un periodo, es decir, cuando se puede garantizar a largo plazo las prestaciones actuales.
Asimismo, manifestó que el tema de la sostenibilidad financiera es una discusión que se da en muchos países, porque existe una creciente preocupación sobre cómo mantener el sistema de salud que cada día se encarece más.
Ante esto, el Lic. Picado Chacón agregó que uno de los elementos que van a presionar la sostenibilidad financiera del seguro de salud, a corto y mediano plazo, es la atención de adultos mayores que consumirá el 30% del presupuesto para el año 2050. Así es como, en ese mismo año el 40.7% de los egresos del 56,8% de las instancias será consumido por esta población.
En el tema de las enfermedades crónicas, en el año 2020 el número de casos de cáncer aumentara en un 48.2% respecto al actual, lo que ocasionara que el monto que se gasta en medicamentos, que actualmente es del 8%, sufra un incremento; a esto se le debe sumar el aumento en los costos de la tecnología médica.
El Lic. Gustavo Picado Chacón hizo hincapié en que un sector público bien remunerado en salarios favorece al Seguro Social, pues así obtiene más recursos (foto Laura Rodríguez).
“La prestación de servicios de salud se caracteriza porque debe ser eficiente, oportuna y de calidad; lo cual pasa por la técnica, el protocolo y las normas. Por esta razón aunque la Caja está en una mejor situación financiera que en el 2011, no es suficiente para satisfacer todas las necesidades y brechas en infraestructura, equipamiento y personal”, argumentó el Lic. Picado Chacón.
Inversión pública
El gerente financiero de la CCSS indicó que el 7.6% del gasto público se invierte en los servicios de salud, monto que supera el gasto promedio en los países de América Latina que es del 4%; del mismo modo, acotó que tienen claro que el resultado de la buena salud de las personas no depende sólo de la CCSS, pues tiene que ver con el acceso y la calidad el agua, la electrificación, los hábitos y la educación; es así como con $714 el país logra lo que otros realizan con $2800.
Otro de los datos expuestos por el Gerente Financiero de la CCSS es que en el año 2013, del total de consultas médicas hechas en el país el 37% consultó por vía privada y el 58% acudió a la Caja.
De las personas que acudieron a los servicios de la Caja, el 75% son parte del decil más pobre y el 43% son parte del más rico. Respecto a la consulta que se da en centros privados, el Lic. Picado Chacón destacó que el 4% de las personas más pobres fueron quienes accedieron a este servicio, “no es un mérito que esta parte de la población tenga que consultar en lo privado, por lo que es un llamado de atención para la institución”, indicó.
Cuando se habla del porcentaje de hospitalizaciones, el 96.9% de los casos son atendidos por la CCSS y 3% por hospitales privados, en donde sólo las personas que ocupan el sexto decil más rico tienen la posibilidad de pagar por estos servicios.
Dos aspectos medulares de la realidad costarricense, el seguro social y el agua, fueron abordados durante uno de los foros en conmemoración del vigésimo aniversario de la Escuela de Salud Pública (foto Laura Rodríguez).
Cargas sociales
“En términos reales las cargas sociales ya no crecen como antes por la baja actividad productiva”, comentó el Lic. Picado Chacón, ya que la tasa de contribuciones está creciendo a una tasa muy inferior a las que crecían hace algunos años, por ejemplo: en 1997 el 86% de los ingresos eran contribuciones y hoy en día es apenas el 78%.
Asimismo, explicó que aunque el sector público es solamente el 20% de los asalariados, es el grupo que aporta el 47% de las cuotas, “el que los empleados públicos ganen más tiene su beneficio para la Caja”, mencionó el Lic. Picado Chacón, y agregó que cuando hay crisis económica la institución tiene la capacidad de defenderse porque depende del empleo público, de la empresa privada formal y las transferencias del gobierno, las cuales han aumentado desde el 2012 hasta la fecha en un 9%.
El Gerente Financiero anunció que para el 2016 las inversiones en equipamiento, infraestructura y mantenimiento de las áreas de salud tendrán un aumento de 3.7 veces, con lo que el próximo año se tendrá la relación histórica más alta entre inversiones, contribuciones e inversiones respecto al gasto total, “el próximo año el presupuesto total de la institución será de 3.2 billones de colones, más o menos 6 mil millones de dólares, lo cual equivale a una tasa de crecimiento de un 8%”, detalló.
El Lic. Picado Chacón cerró su intervención dejando claro la necesidad del diálogo social para mantener la sostenibilidad y mencionó que los tres ejes para el desarrollo de una política de sostenibilidad financiera de la CCSS son: ampliar la cobertura contributiva, asignación de recursos e inversiones estratégicas y mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios de salud.
Acceso al agua
Este foro llamado Retos y posibilidades de acción en la Salud Publica costarricense se llevó a cabo el 22 de setiembre en el Auditorio del Edificio de Educación Continua de la UCR; aparecen en primer plano la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta y el Dr. Mauricio Vargas Fuentes (foto Laura Rodríguez).
La presidenta ejecutiva del AyA, M.Sc Yamileth Astorga Espeleta, manifestó que actualmente el país tiene menos lluvias y las pocas fuentes de agua que hay están contaminadas, “tenemos que buscar el recurso hídrico más lejos y antes de tener seguridad de que el agua es apta para el abastecimiento poblacional debemos analizarla, ya no con los parámetros básicos, sino que ahora tenemos que estudiar metales pesados, pesticidas y antibióticos que están presentes ahí”, señaló.
La M.Sc. Astorga Espeleta afirmó que lo más básico es tener sostenibilidad de fuentes de agua y para esto es necesario la planificación y ordenamiento del territorio; acto seguido comentó el caso que se está dando en Limón, en donde casi todas las fuentes de agua analizadas aparecieron alteradas debido a los contaminantes que generan las actividades agrícolas de la zona.
La única cuenca con agua limpia es la del río Banano, dijo la M.Sc. Astorga Espeleta, sin embargo una empresa privada está extrayendo piedras del río para construir la base del nuevo puerto de Limón. Ante esta situación tomaron la decisión de proteger ese río y asegurar el servicio público de abastecimiento de agua.
“Si tuviéramos la oportunidad de hacerlo en todo el país y de conservar la fuente, ahí estaríamos asegurando el servicio más básico que garantiza la salud de la población, protegerlo para las demás poblaciones que van a vivir, eso es sostenibilidad”, acotó la M.Sc. Astorga Espeleta, quien añadió que la idea es hacer algo similar en Guanacaste y en el Valle Central, en donde las municipalidades han quedado debiendo en planificación territorial.
La Presidenta Ejecutiva del AyA explicó que los distribuidores de agua privados son prohibidos, “en el caso de las ASADAS (Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados) en materia de servicios de abastecimiento, cuando es comunal se va al AyA y se pide autorización para la delegación del servicio”. Actualmente hay 1500 acueductos comunales en donde se ocasionan conflictos entre comunidades cuando se contamina una fuente y se presenta el escenario de compartir el agua.
“Las personas se sienten dueñas del agua, cuando es un bien público. Las comunidades se apropian de la fuente y no la comparten con otras aunque haya suficiente agua para satisfacer la demanda”, resaltó la M.Sc. Astorga Espeleta. En Bagaces y Cañas no solo existe el problema de afectación de la sequía, precisó la jerarca, pues hay que sumarle la contaminación por arsénico, situación que se presenta desde el 2010 y que ha dejado un déficit de agua de hasta 60 mililitros por segundo.
Asimismo, indicó que se están llevando procesos sociales de gestión del agua en diferentes partes del país, por ejemplo en Guanacaste, donde hay un proyecto de búsqueda de arreglos para el acueducto, “cuando uno hace participes a las personas de la comunidad, se empiezan a encontrar soluciones”, concluyó.
Desechos peligrosos en las colillas afectan fuentes de agua y suelos
Kátheryn Salazar Zeledón, Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información
En la década de los años 50 fue ideado el filtro como una forma de volver más amigable el cigarrillo e inclusive hasta la publicidad lo presentaba como saludable para las y los fumadores (foto Archivo ODI).
Debido a la mala disposición de las colillas de cigarro y los efectos adversos que generan al ambiente y a la salud, la Asociación de Estudiantes de Salud Ambiental (AESSA) realizó un foro acerca de la contaminación ambiental que generan las colillas de cigarro y su impacto en la salud de las personas.
La Licda. Kathya Elizondo Orozco de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA UCR), comentó que las colillas son desechos peligrosos que contienen componentes como cadmio, un metal pesado tóxico constituyente de las baterías, el cual se adhiere a las partículas del suelo y daña los pulmones al respirarlo en altas concentraciones.
Además está presente el arsénico, un veneno que disminuye los glóbulos blancos y rojos en las personas y que al ser depositadas las colillas en el ambiente termina en los sedimentos del agua, acumulándose en las especies marinas. Asimismo, contiene nicotina que en altas concentraciones es un insecticida, razón por la que se prohíbe su uso actualmente.
La lista no termina allí pues se suman el tolueno, un solvente industrial utilizado para disolver sustancias químicas; el monóxido de carbono, que una vez dentro del organismo se llega a unir con la hemoglobina y sustituye el oxígeno; así como otros componentes tales como el gas butano, metano, metanol, ácido acético, amoniaco, acido esteárico, alquitrán, etc.
Contaminación de fuentes de agua
Según mencionó Elizondo Orozco, estudios realizados por la organización Ocean Conservancy en el 2011, una sola colilla de cigarro contamina ocho litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua potable. “Esto se debe a que la mayoría de los filtros son de acetato de celulosa, un polímero que puede tardar hasta 25 años en degradarse”, acotó.
A esta actividad acudieron (en orden usual) la M.Sc. Viviana Monge Víquez del IAFA, el estudiante de Salud Ambiental Christiam Álvarez Vega y la Licda. Kathya Elizondo Orozco de UGA UCR (foto Rafael León).
La experta de UGA UCR mencionó que las colillas son el residuo solido más común: “se producen 767 millones de kilogramos de desechos al año en el país, lo que equivale a 4,5 trillones a nivel mundial”, señaló.
Estos componentes son una amenaza para ecosistemas marinos, recalcó Elizondo Orozco, pues las sustancias que se desprenden son sumamente tóxicas para los microorganismos. Además vuelven las superficies impermeables, por lo que pierden fertilidad y disminuye la actividad biológica en el suelo hasta el punto de la desertificación; todo esto a causa de la mala disposición de las colillas que generalmente se tiran al piso y son arrastradas a las alcantarillas.
Otra de las participantes en el foro, la M.Sc. Viviana Monge Víquez del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), comentó que losfiltros del cigarro fueron creados a mediados del Siglo XX como una “cortina” para ocultar los peligros del fumado y para convencer a las personas de que son seguros aunque no filtren en realidad todas las sustancias dañinas para la salud.
“Los filtros tienen 15 mil fibras de acetato, estas fibras se desprenden y los fumadores lo pueden inhalar, aún no se ha determinado su impacto en la salud, por lo que es un gran tema de investigación”. Además, Monge Víquez resaltó que aunque los filtros no contribuyen a proteger la salud y pese a la contaminación que generan, no se retiran del mercado por cuestiones de marketing; “las colillas son el objeto número uno en recolección de desechos, superando a las bolsas y botellas plásticas” comentó.
Focos de concentración de colillas
El foro Tabaco y Ambiente, organizado por la Asociación de Estudiantes de Salud Ambiental (AESSA) se desarrolló el pasado 11 de setiembre en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR (foto Rafael León).
En el 2014, dos años después de la publicación de la Ley General 9028 sobre Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, la Junta Directiva de la AESSA identificó la generación de focos de concentración de colillas dentro y alrededor del Campus Universitario Rodrigo Facio.
Ante esta situación decidieron investigar esta problemática y realizaron un proyecto de recolección donde juntaron 3000 colillas de cigarro. Luego de haber detectado los puntos de concentración de colillas decidieron hacer una segunda recolecta en mayo del 2015, esta vez con el apoyo de distintas instancias de la UCR y con la colaboración de 40 voluntarios.
Es así como luego de cuatro días de trabajo reunieron 6129 colillas dentro del campus y 8053 en el perímetro de la Universidad. De los 23 puntos de recolección determinaron que la zona de los cajeros automáticos y la Facultad de Letras fueron los puntos con mayor contaminación, seguidos de los alrededores del Edificio Saprissa, la rampa de salida de la Facultad de Microbiología y la Oficina de Registro e Información.
Tres meses después de haber obtenido estos resultados realizaron una tercera recolecta en los puntos de alta concentración y se encontró una reducción de la presencia de colillas del 50%.
Christiam Álvarez Vega comentó al respecto que dicha reducción puede deberse a factores externos como la época lluviosa y el tiempo de permanencia de las colillas, así como la dificultad de tener menos voluntarios, entre otros factores.
Asimismo Álvarez Vega explicó que las personas conocen las consecuencias del fumado, pero no toman conciencia de que la colilla de cigarro es un residuo sólido que tiene un impacto en el ambiente y que al final vuelve a repercutir en la salud de las personas debido al ciclo de vida de este desecho.
Lo que sigue es transformar esta iniciativa en un proyecto interdisciplinario e interinstitucional de investigación, subrayó Álvarez Vega, en el que se pueda medir el impacto real por la concentración de colillas, analizar los metales pesados encontrados, estudiar mecanismos de recolección y tecnologías de tratamiento, así como realizar capacitaciones y un plan piloto gestionado junto al Ministerio de Salud.
La Federación de ASADAS del cantón de Aserrí realizó el pasado sábado 5 de setiembre, una Asamblea General en la comunidad de Tarbaca, en la cual, además de hacer la elección de su Junta Directiva, se abrió espacio para la vinculación de más comunidades a esta organización.
Esta Federación, que lleva alrededor de 6 años de haberse conformado, está integrada por diferentes asociaciones administradoras de acueductos rurales (ASADAS) del cantón de Aserrí. Sus objetivos principales son impulsar de forma conjunta el fortalecimiento de todas las ASADAS y defender el recurso hídrico del cantón.
La Federación busca crear un puente entre las ASADAS y las instituciones públicas que tienen que ver con el tema del recurso hídrico como el AyA, el MINAE, la Municipalidad, el Ministerio de Salud, entre otras.
Este año, la Asociación Voces Nuestras facilitó un proceso de acompañamiento en materia de comunicación a este espacio Federativo, con el fin de apoyar estratégicamente sus mecanismos de comunicación interna y externa. Dicho proceso se enmarcó dentro de la revitalización que la Federación ha impulsado en los últimos meses, para fortalecer su articulación con todas las ASADAS.
Según la Federación, el trabajo conjunto les permite a las ASADAS tener mayores posibilidades de gestionar capacitaciones e intercambiar información sobre la buena administración de una ASADA, así como compartir conocimientos y experiencias para apoyarse en su trabajo.
El sistema de recirculación de agua que impulsó el Layafa permitirá el ahorro de hasta 32 mil litros de agua por semana en la Facultad de Farmacia (foto Rafael León).
Con la creatividad y compromiso de sus colaboradores, tres unidades de la Universidad de Costa Rica (UCR) han demostrado que es posible hacer pequeños y grandes cambios que contribuyan al ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida.
Éstas son la Sede del Atlántico, el Centro de Investigación en Nutrición Animal (Cina) y el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (Layafa), los cuales recibieron un reconocimiento por parte de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), por sus iniciativas para la gestión de residuos y el ahorro de agua.
La entrega de los reconocimientos se realizó el 21 de agosto en el lanzamiento oficial del “Galardón Ambiental UCR”, una estrategia que busca promover y reconocer las buenas prácticas relacionadas con la protección del medio ambiente en todas las unidades de la UCR.
La Dra. Jeimy Blanco Barrantes, directora del Layafa, recibió el reconocimiento de manos de la Ing. Gerlin Salazar, coordinadora de la UGA (foto Laura Rodríguez).
La Ing. Gerlin Salazar Vargas, coordinadora de la UGA, manifestó que con el Galardón Ambiental se quiere hacer un rescate de todas estas iniciativas que son autogestionadas y automotivadas por el compromiso personal de las unidades y las personas que las conforman.
El técnico de laboratorio del Cina, Alexander Jiménez, destacó que se ahorran casi 20 mil litros de agua mensuales que pueden usarse para consumo humano u otros fines (foto César Parral).
El sistema cuenta con un tanque subterráneo de tres metros cúbicos, una bomba de hidromática, cuyo costo fue de ¢165.000, y tuberías paralelas que actualmente alimentan el 80% de los equipos que funcionan con agua para realizar análisis químicos certificados.
El sistema permite ahorrar 4.500 litros de agua por semana, es decir casi 20 mil litros por mes, que en tres años representan 720 mil litros de este preciado líquido. Desde que inició el proyecto, el consumo de agua potable para enfriamiento disminuyó a cero.
Al respecto, Alexander Jiménez, Técnico de Laboratorio del Cina quien impulsó esta iniciativa, recuerda que “teníamos que hacer algo porque estábamos analizando, haciendo cosas buenas pero al mismo tiempo estábamos despilfarrando, de ahí viene la iniciativa de hacer algo”. El funcionario recalcó que los análisis que allí realizan y los resultados siguen siendo de mucha calidad y amigables con el ambiente.
Alexander Jiménez y el director del Cina, Johnny Villalobos, recibieron el reconocimiento en el acto que se realizó en el auditorio de la Biblioteca de Salud (foto Laura Rodríguez).
Miles de litros se ahorrán
En el acto se dio a conocer una nueva iniciativa para el ahorro de agua que consiste en un sencillo sistema de recirculación, que costó ¢ 250.000, con el cual se podrían ahorrar hasta 32 mil litros de agua potable por semana en la Facultad de Farmacia, gracias a la gestión que realizó el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (Layafa).
Según explicó la Dra. Jeimy Blanco Barrantes, directora del Layafa, en dicha facultad hay un tanque de 800 litros de agua destilada que se utiliza principalmente en los laboratorios para actividades docentes y se llena hasta dos veces por semana en periodo lectivo. Layafa determinó que por cada litro de agua destilada consumida se desperdiciaban 20 litros de agua potable, solamente enfriando las resistencias del equipo.
La M.Sc. Lolita Durán Umaña y el director de la Sede del Atlántico, Dr. Alex Murillo Fernández, recibieron el reconocimiento por su compromiso ambiental (foto Laura Rodríguez).
Para reducir el consumo instalaron un sistema de recirculación de agua que empezó a funcionar hace un mes. Éste consiste en un tanque con un pequeña bomba de bajo consumo, con la cual se recolecta y recircula el agua que se utiliza en el proceso de enfriamiento de las resistencias.
La Dra. Blanco señaló que en este laboratorio han adoptado otras medidas en beneficio del ambiente como la aplicación de la firma digital de informes, el manejo adecuado de los reactivos y clasificación de los residuos, “es un orgullo tener este reconocimiento nos incentiva a seguir trabajando y tratar de extrapolar estas iniciativas a toda la facultad y también a otras unidades de la Universidad”.
Experiencia en gestión ambiental
En la Sede del Atlántico se realiza la separación y manejo adecuado de los residuos (foto cortesía UGA).
En este homenaje se reconoció la perseverancia y compromiso de la Sede del Atlántico con la gestión ambiental, especialmente en el manejo de residuos sólidos, que viene realizándose exitosamente desde hace más de 12 años, bajo la coordinación de la Comisión de Gestión Ambiental de la sede.
En esta sede se maneja adecuadamente los residuos, tanto los ordinarios como los orgánicos de sus fincas. En todas las aulas cuentan con recipientes separadores, han desarrollado su propia rotulación y se ofrece inducción a los nuevos estudiantes sobre la separación de los residuos.
Actualmente, se realiza una evaluación de indicadores socio-ambientales para determinar el consumo de electricidad, agua y otros insumos y trabajan en la medición de la huella de carbono por medio de proyectos de investigación y proyectos de tesis que realizan sus estudiantes.
La coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental de la sede, M.Sc. Lolita Durán Umaña, asegura que “La Sede del Atlántico se ha convertido en un referente a nivel de la comunidad de Turrialba”. Por ello, procuran trasferir el conocimiento a las comunidades mediante el Trabajo Comunal Universitario y mediante alianzas con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Municipalidad Turrialba.
Los representantes de estas tres unidades recibieron un certificado de reconocimiento por sus iniciativas que sirven de ejemplo para otras unidades de la Universidad de Costa Rica que deseen participar en el programa de “Galardón Ambiental UCR”.
Diputados y diputadas de las Fracciones del PAC y del Frente Amplio enviaron una nota a Luis Guillermo Solís realizándole una solicitud puntual: que no firme el reglamento que permitiría el negocio de la incineración de residuos en Costa Rica.
¿Por qué se opone el movimiento ambientalistas y otros sectores? En el mundo los impactos de la incineración son denunciados por convertir los residuos en contaminación del aire, el suelo y las aguas con nuevas sustancias resultantes de la combustión de desechos, en muchos casos incluso más contaminantes que el material de residuo inicial. Costa Rica requiere otro modelo de gestión.
Según se señaló en la misiva, la firma de dicho reglamento corresponde al incumplimiento de una promesa de campaña, pues en el PACto Ambiental del actual Gobierno, se adquirió el compromiso de ir, casa por casa, urbanización por urbanización, promoviendo una cultura de reducción del consumo, de reciclaje, de recuperación y de reutilización de los residuos sólidos ordinarios.
Sin embargo toda promesa anterior se diluyó ante el apoyo gubernamental a la incineración que es por naturaleza incompatible con la recuperación, reciclaje y compostaje que valoricen los materiales que descartamos y por tanto desincentiva la reducción de generación de residuos.
El diputado ecologista, Edgardo Araya, manifestó que se debe cumplir con la Ley de Gestión Integrada de Residuos Sólidos promoviendo las iniciativas de valorización de los residuos, que tanto trabajo genera a través de pequeños emprendimientos. Araya señaló que el Presidente de la República debe abstraerse de la presión que le hace un grupo de alcaldes y ocuparse de asegurar el cumplimiento de la Ley vigente desde hace cinco años.
Por su parte, el diputado Franklin Corella y la diputada Laura Garro, de la bancada oficialista, han venido insistiendo en que se debe posponer esta actividad y cumplir los compromisos de campaña. La petición también fue respaldada por los diputados oficialistas: Víctor Hugo Morales Zapata, Javier Cambronero Arguedas y Emilia Molina Cruz.
En la corriente legislativa se cuenta con el proyecto de ley tramitado bajo el expediente Nº 19573, que propone una reforma a la Ley de Residuos, buscando prohibir la transformación térmica de residuos de manera definitiva, que cuenta con el aval de grupos ecologistas, encabezados por el Movimiento Hacia Basura Cero y de cientos de personas que se dedican a la recuperación y reciclaje de desechos, por lo que encuentran en la gestión de residuos su fuente principal de ingresos para la subsistencia.
La UCR capacita a agricultores en buenas prácticas para la aplicación de plaguicidas y la posterior limpieza de sus equipos y desecho de residuos (foto Archivo ODI).
Investigadores de diferentes centros e institutos de la UCR aportan conocimientos y nuevas alternativas para reducir el uso de pesticidas y plaguicidas en el sector agrícola, los cuales afectan la salud humana y el ambiente.
En Costa Rica el uso de estos productos químicos para el control de plagas en los cultivos está bastante extendido. Son utilizados, tanto por los grandes productores de frutas para exportación como la piña y el banano, como entre los pequeños productores de hortalizas y tubérculos como la papa, zanahoria y cebolla, entre muchos otros.
En el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) se estudia y determinan los residuos de más de 150 plaguicidas de distintas familias presentes en el agua, frutas, vegetales, granos, suelos y sedimentos, gracias a que cuentan con equipo de alta tecnología, capaz de detectar concentraciones muy bajas de estos productos.
En el país los plaguicidas son un mal necesario, asegura el químico Mario Masís Mora, coordinador del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas. En su opinión, el mayor problema es que persisten prácticas inadecuadas en su aplicación y en el desecho de residuos que generan contaminación ambiental al acumularse en los suelos y en los ríos.
Con el propósito de aportar una alternativa para degradar los sobrantes de plaguicidas, los investigadores del Laboratorio de Biorremediación del CICA trabajan en el establecimiento de un método completamente natural que consiste en la neutralización de aguas contaminadas con altas cargas de plaguicidas, con el fin de evitar la contaminación de espacios acuíferos, y por lo tanto, de animales y personas. Este método conocido como biobeds utiliza una mezcla rica en microorganismos que permiten descomponer los materiales tóxicos utilizados como plaguicidas.
En todos los proyectos que desarrolla el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) se incluyen capacitaciones orientadas a la promoción de buenas prácticas agrícolas y reducción de la contaminación, en las que participan agricultores, comunidades y organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
En la UCR otros centros de investigación y unidades también trabajan en el tema de los plaguicidas, aportando alternativas desde diferentes áreas del conocimiento.
En el Laboratorio de Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) formularon productos de base natural para el control de plagas como una alternativa a los agroquímicos. Este Laboratorio desarrolla biofertilizantes, además de una amplia gama de microorganismos que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Además, han establecido alianzas con el sector empresarial para distribuir estos productos entre los agricultores de todo el país.
En conjunto, el CICA y el Centro de Investigaciones Agronómicas desarrollaron un proyecto para contribuir al manejo y uso adecuado de los insecticidas nematicidas en la agricultura en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Corbana. El proyecto busca entender las implicaciones que conlleva la pérdida de eficacia de los insecticidas nematicidas, que los vuelve incapaces de controlar las plagas de nemátodos, lo cual genera importantes pérdidas en las cosechas y empuja a los productores a aplicar mayores dosis provocando una mayor contaminación del ambiente.
En el proyecto se determinó el tipo y tamaño de las poblaciones de nemátodos presentes en fincas productoras de papa en Cartago y de banano en Limón, se analizaron los residuos de plaguicidas en los suelos y se capacitó a agricultores y personal del MAG sobre el uso y manejo adecuado de estos productos para el control de plagas.
Por otra parte, desde el Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBI) se promueve una red de investigación sobre la toxicidad acumulativa de plaguicidas insecticidas y otros agroquímicos que afectan la salud humana y animal. Esta iniciativa responde a la preocupación por el aumento en el número de casos de enfermedad renal crónica en el país, que podrían estar relacionados con la acumulación de plaguicidas.
Cofraternidad compartió con SURCOS Digital la información circulada por Gadi Amit, en la que se resalta un cuadro de un estudio hecho sobre la distribución en volumen de aprovechamiento de agua según los diferentes tipos de actividades, así como la distribución en número de concesiones de agua según la actividad.
Una de las argumentaciones que Gadi nos expone, es el hecho de que hay que poner atención al volumen de aguas concesionadas y no al número de concesiones, ya que existen muchas concesiones para uso humano (ASADAS y similares); sin embargo, el volumen del agua concesionada para tal fin es mínimo, no así el volumen para actividades de riego y agroindustriales, el cual se vuelve mayoritario, siendo éste el mayor inconveniente.
Por este motivo, se deben buscar nuevas soluciones para que el aprovechamiento de este recurso para el consumo de las comunidades no se vea afectado, sin menospreciar el volumen utilizado para fines agrícolas; cabe mencionar como posible solución, la aplicación de métodos modernos de riego, aspersión o riego por goteo.
*La fuente de la información es: Gestión urbana y fortalecimiento municipal (programa 1284/oc-cr unidad.- j. Brenes – 2008.
La Universidad de Costa Rica, por medio de la Sede del Pacífico, facilitó la creación de una red interinstitucional para la toma de decisiones
La UCR brinda apoyo técnico y académico a una red interinstitucional y comunal para ordenar la cuenca del río Barranca, de la cual dependen más de 65 000 habitantes de los cantones de San Ramón, Naranjo, Esparza, Puntarenas y Montes de Oro (foto Anel Kenjekeeva).
Patricia Blanco Picado,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Cerca de 65000 habitantes de cinco cantones del Pacífico Central se beneficiarán con un plan de manejo integral de la cuenca del río Barranca, que impulsan instituciones públicas y organizaciones comunales ante los crecientes problemas ambientales, económicos y sociales en esta cuenca.
Con el propósito de apoyar esta iniciativa, el 29 de mayo pasado se creó una red en la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica (UCR), con la participación de representantes de instituciones estatales, municipalidades, diputados y líderes de organizaciones comunales. La UCR facilita y brinda el acompañamiento técnico y académico para la toma de decisiones de las instituciones involucradas.
“Se requiere la intervención institucional y política para lograr cambios. Hay acciones comunales que carecen de respaldo académico y técnico, entonces no trascienden”, aseguró la profesora de la Sede del Pacífico, Mag. Stefany Fórester Delgado.
Fórester explicó que la formación de la red tiene como principal objetivo “articular acciones, estrategias y propuestas comunales, políticas, institucionales y locales orientadas al manejo sostenible de la cuenca del Barranca”.
Los botaderos a cielo abierto de desechos sólidos dominan el paisaje en las márgenes del río en la parte baja de la cuenca (foto Anel Kenjekeeva).
Líderes comunales de Juanito Mora, Guadalupe, Los Ángeles, Manuel Mora, Riojalandia y Barranca, poblaciones cercanas al margen del río, dijeron que desde hace varias décadas vienen luchando por la protección del mismo.
“Nosotros pegamos gritos, brincamos, alegamos. Pero ellos no hacen nada. Queremos saber en dónde está el compromiso de las instituciones que no resuelven”, cuestionó Enith Cortés Araya, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Guadalupe y Los Ángeles.
Por su parte, funcionarios de los ministerios del Ambiente y Energía y de Educación Pública expusieron propuestas para el ordenamiento de la cuenca y la incorporación del tema ambiental al currículo de los centros educativos de la zona.
La diputada Karla Prendas Matarrita, del Partido Liberación Nacional, afirmó que presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para darle respaldo legal a los esfuerzos de ordenamiento de las actividades que se desarrollan dentro de la cuenca.
La sobreexplotación de los materiales del río, como piedra y arena, es una actividad que requiere mayor control y la intervención urgente de las instituciones del Estado, destacaron líderes comunales (foto Anel Kenjekeeva).
Para la legisladora puntarenense es urgente la intervención para establecer controles de las concesiones a las empresas extractoras de materiales del río, que se encuentran sobre todo en la parte baja de la cuenca.
“Se están dando concesiones para una explotación desmedida, hay gente que no está bajo la ley y que está haciendo cosas que los pobladores de la zona sabemos que es una barbaridad”, expresó.
Según Prendas, “el apoyo técnico de la Universidad de Costa Rica es vital para darle sostenibilidad y credibilidad a este proceso sobre un tema básico como es el agua”.
Problema ambiental
La diputada por Puntarenas, Karla Prendas, propuso un proyecto de ley para regular las actividades que se desarrollan dentro de la cuenca del río Barranca. La acompañan la Licda. Fulvia Wolf, del Ministerio del Ambiente y Energía, y el biólogo Henry Arias Guido, del Ministerio de Educación (foto Anel Kenjekeeva).
Tras un recorrido por varios kilómetros a lo largo del curso inferior del río Barranca, funcionarios de las instituciones observaron los problemas ambientales y sociales presentes en esa área.
La profesora de la UCR explicó que la parte baja de la cuenca, muy cerca de la ciudad de Puntarenas, es la que presenta mayor impacto y cantidad de población en condiciones de vulnerabilidad.
“Si bien la cuenca la integran cinco cantones, Esparza y Puntarenas son los que tienen más problemas, ya que presentan la mayor cantidad de población que ejerce presión sobre la cuenca”, argumentó. Los otros cantones que conforman la cuenca son: Naranjo, San Ramón y Montes de Oro.
El otorgamiento desordenado de concesiones para la explotación de los recursos del río es otro factor causante de daños ambientales. Según Forester, en un área de 10 kilómetros hay cerca de cuatro concesiones a empresas que extraen piedra y arena.
Además, la falta de tratamiento de residuos sólidos, el vertido de las aguas residuales sin tratamiento de más de 1600 casas de la comunidad Manuel Mora, residuos de agroquímicos, deforestación y alteración del paisaje natural forman parte de los efectos ante la ausencia de planificación, indicó Fórester.
El dirigente ambiental José Manuel Maffio hizo un recuento de las luchas comunales en defensa del agua. Recordó que desde el año 2000 han presentado denuncias sobre la contaminación del río y del estero de Puntarenas, sin que haya habido respuesta institucional.
El nuevo sistema de aprovechamiento de agua llovida incluye el uso de tanques de 5 mil litros (foto Laura Rodríguez).
Nidia Burgos Quirós,
Periodista Vicerrectoría de Investigación
La Oficina de Suministros (OSUM), de la Universidad de Costa Rica (UCR), obtuvo la segunda estrella del Programa Bandera Azul Ecológica, gracias a sus esfuerzos por mantener y mejorar sus condiciones de sostenibilidad y por su interés de ir aún más allá con el establecimiento de mecanismos para lograr una mayor reducción del uso del agua.
Esta oficina, la primera unidad administrativa en obtener al día de hoy este galardón nacional, logró una calificación del 100% en el informe presentado a la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica, así como una valoración muy positiva del Plan de Gestión de Riesgo, requisito extra para obtener esta segunda estrella.
Según explicó la MBA Vanessa Jaubert Pazzani, Coordinadora del Programa Bandera Azul Ecológica en la OSUM, esta dependencia se preocupó durante el último año por mantener y mejorar los 10 parámetros que se exigen para obtener el galardón mencionado. Estos son el uso de combustibles fósiles, agua, tratamiento de aguas residuales, energía eléctrica, gestión de residuos, contaminantes atmosféricos, compras sostenibles, educación ambiental, compensación y el mantener el comité local.
Mediante tubería se aprovecha el agua llovida en el uso de los inodoros de la OSUM (foto Laura Rodríguez).
Específicamente durante el 2014 la Oficina de Suministros se preocupó por disminuir aún más el uso del agua mediante la construcción de un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia para su uso en los inodoros, que incluye dos tanques de 5 mil litros cada uno. También se implementó un tanque de 250 litros con microorganismos eficientes para contribuir a la limpieza de las aguas negras del tanque séptico, según explicó el Lic. Sergio Campos Loaiza, miembro del comité local.
Así mismo, se logró un control mayor en el consumo de los combustibles fósiles de la flotilla de automóviles de la oficina, el desarrollo de una idea de contratación administrativa más integrada con la sostenibilidad y, sobre todo, el aumento de la conciencia ambiental por parte de la mayoría de funcionarios de la OSUM para poder alcanzar el objetivo de la Bandera Azul Ecológica con la segunda estrella.
“Así, se logró demostrar una reducción muy importante en el consumo del agua, de la electricidad, de los combustibles fósiles y del compromiso ambiental en general”, manifestó el Lic. Campos.
El cambio de la loza sanitaria, por sistemas de ahorro de agua fue parte de la inversión que se realizó en la OSUM (foto Laura Rodríguez).
Por su parte, Gabriela Morales, miembro del comité destacó el compromiso del personal de la OSUM con el proyecto.
“La parte de la continuidad y no de tener un proyecto por un año si no por un estilo de vida es una de las partes más difíciles, sin embargo existe la conciencia de que el proyecto no es solamente por un galardón si no por una experiencia de ver resultados y saber que estamos teniendo un impacto en la oficina e incluso en el ámbito nacional”, recalcó Morales.
Otro elemento que adiciona la MBA Jaubert se refiere al tema de la educación ambiental, la cual lograron al participar en diferentes ferias, donde tuvieron la oportunidad de informar sobre los logros de la oficina en este campo.
Gabriela Morales, Sergio Campos y Jeffrey Di Marco, se mostraron complacidos con los logros obtenidos al implementar este proyecto (foto Laura Rodríguez).
Para el próximo año se prevé obtener una tercera estrella, lo cual esperan lograr manteniendo y mejorando sus parámetros ambientales, pero también tratando de impactar en algún proyecto del ámbito nacional, como podría ser la recolección de residuos sólidos en las playas, adelantó la MBA Jaubert.
Al respecto, el Ing. Jeffrey Di Marco Fernández, Director de la OSUM, expresó que la participación en el Programa de Bandera Azul Ecológica es un esfuerzo que debe ser mantenido y que sirve de parámetro para otras unidades administrativas que puedan proponerse a lograr este galardón.
“Aunado a las políticas universitarias en cuanto al ambiente, el hecho de que la OSUM sea la única que tenga en este momento este galardón, se constituye en una motivación especial para el personal el seguir manteniéndolo”, dijo Di Marco.
La Oficina de Suministros celebró recientemente su sexagésimo quinto aniversario con una serie de logros importantes, especialmente en el campo ambiental y en la modernización de los sistemas de compras.
