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Etiqueta: agua potable

Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal exige a Gobierno y AyA que cumplan con los acuerdos

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El pasado mes de diciembre el Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal sostuvo una reunión con Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA y Mauricio Herrera, Ministro de Comunicación, en la cual se acordó que el 11 de enero del 2018 se reunirían de nuevo para abrir una mesa de diálogo y tomar acuerdos sobre el Proyecto de Ampliación del Acueducto Coco-Ocotal. El Comité les exigiría agua potable para los vecinos de los barrios y caseríos que pertenecen al distrito, estudios técnicos actualizados y permisos para empezar a negociar sobre los avances de las obras, ya que según esta comunidad, sin estos sería temerario tomar decisiones sobre los mantos acuíferos.

Asimismo, si el AYA y el Gobierno incumplen los acuerdos tomados el día 11 de enero, “nos queda claro que algo muy grave esconden y entonces tomaremos las calles para manifestarnos pacíficamente hasta que venga alguien de las autoridades competentes involucradas en el Proyecto de Ampliación del Acueducto Coco-Ocotal.

Acaba de terminar un buen invierno en el que llovió mucho y ya los ríos se han secado considerablemente; estos son signos de que algo anda mal”, manifestó Eunice Contreras, Presidenta del Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Información facilitada por Eunice Contreras, Presidenta del Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal.

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Comunicado agresión de la policía en Sardinal Guanacaste Costa Rica

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Comunicado agresion de la policia en Sardinal Guanacaste Costa Rica3

Al ser las 9:00 a.m. del día martes 05 de diciembre, policía con antimotines reprime manifestación pacífica que la comunidad de Sardinal realiza en defensa del agua.

Desde el día 30 de noviembre, el AyA se encuentra en el pozo de Sardinal de Guanacaste reanudando las obras para el acueducto El Coco-Ocotal, las cuales en este momento son ilegales debido a que no se encuentran todos los permisos adecuados, a pesar de esto y de la falta de respuesta a los cuestionamientos de la comunidad, el AyA decidió continuar con la construcción, acompañado de distintas unidades de la policía. Hoy, al ser las 9:00 a.m. mientras personas de la comunidad defienden su derecho al agua y buscan detener que la construcción continúe, la policía arremetió de manera violenta con gases lacrimógenos. Los gases fueron lanzados hasta en las casas de algunas personas vecinas. Esta clara agresión, ha afectado la salud de muchas personas, incluyendo niños y niñas.

Comunicado agresion de la policia en Sardinal Guanacaste Costa Rica2

¿Por qué se manifestaban pacíficamente en pueblo de sardinal? Porque decidieron no negociar el agua de su comunidad, desde hace años que los grandes hoteles y las empresas multimillonarias de la zona quieren que se construya este acueducto para lucrar con el agua. Pero desde que se reinició la construcción de las obras ha habido manifestaciones pacíficas en protesta de estas. EL PUEBLO DE SARDINAL SIGUE RESISTIENDO Y ESTO ENOJA AL AyA A LA POLICÍA Y AL GOBIERNO.

Ante esto:

  • Se exige de forma inmediata que se acaben los ataques y amenazas de la policía. Y que se responsabilicen por las afectaciones a los oficiales que las cometieron.
  • Se exige la respuesta de Yamileth Astorga (presidenta del AyA) ante los acontecimientos ya que este conflicto no debe estar mediado por la policía, que se detenga todo tipo de obras hasta que esto suceda.
  • La personas y organizaciones firmantes declaramos nuestra máxima solidaridad y apoyo a la comunidad de Sardinal en su resistencia, convocamos acciones de manera conjunta. Su lucha es nuestra lucha.

¡Agua para las comunidades, no para las transnacionales!

Firmantes: Colectivo Derecho a la Protesta Social; Colectivo A de Libertad; Frente de Resistencia Animal y de la Tierra; Coordinadora por la Liberación Animal; Colectivo Agua Libre; Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete; Bloque Verde; Frente Ecologista Universidad Nacional; Colectivo Lucharanga Feminista; Asociación de Estudiantes de Ciencias Ambientales, UNA; DIWO ambiental; Frente Ecologista Universitario, UCR; Asociación Comunidad por Vivienda y Vida Digna los Pinos; Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, UCR; Convergencia UCR; Asociación Costarricense de Derechos Humanos; Centro de Amigos para la Paz; Nuevo Partido Socialista; Servicio de Paz y Justicia; Colectiva Caminando; Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS); Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM); Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa; La Revolución de la Cuchara; Colectiva Respiral; Ditso; Asociación de Estudiantes del IDELA-UNA; Colectivo radial La Ofensiva; Asociación de ecología social (AESO); Foro del Aborto, Costa Rica; Organización Socialista; Organizate, UCR; Coronado por la Naturaleza; CEFEMINA; Pacto Mundial Consiente.

 

Enviado por Mauricio Álvarez y Daniel Soto Ortega.

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Diferentes movimientos exigen no aprobación en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo porque:

  1. Este nuevo proyecto mató la esencia de construcción participativa de la propuesta original de iniciativa popular (Expediente legislativo 17.742), que fue presentado con las firma de 150.000 personas con la consigna de contar con “un instrumento legal moderno que nos permitirá realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones”.
  2. En el proyecto negociado a escondidas del pueblo solo indica de manera general que habría “participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico” (Art. 2), pero eliminó el artículo 11 del proyecto original y redujo la participación a una “consulta pública” para que “la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones” (Art. 22). Se eliminaron también los mecanismos y la posibilidad de que desde las comunidades se pueda tomar parte en las decisiones sobre el uso del agua, dejando al reglamento de la nueva ley definir “los mecanismos para realizar dichas consultas” (Art. 22).
  3. La iniciativa era la expresión del pueblo soberano dándole un mandato a la Asamblea Legislativa para que lo votara en un plazo definitivo. En resumen, la propuesta de iniciativa popular, fue manoseada y cambiada en la Asamblea Legislativa para satisfacer intereses empresariales y privados, distintos a los que perseguíamos cuando firmamos.
  4. Para favorecer las plantaciones de monocultivos y agroindustria, incluyeron en los usos domésticos fincas ganaderas de hasta 35 hectáreas (Art.3, Inc. 35), lo cual crea el inminente peligro de que grandes extensiones puedan ser divididas para efectos de explotar el agua con fines lucrativos y privados de cualquier tipo amparados en este supuesto “uso doméstico”.
  5. Reduce las penas por contaminar el agua, pues en el proyecto de iniciativa popular se establecían multas de hasta 25 salarios base (hasta 20 millones de colones), pero el proyecto #20.212 establece un máximo de 7 salarios mínimos (Art. 118), lo cual resulta insignificante y más bien un estímulo para contaminar el agua. Además, en el Artículo 46, se dice que la contaminación debe demostrarse “mediante estudio técnico y científico”, lo cual ni siquiera ha podido hacer AyA en el caso de la contaminación de las piñeras, y para las personas y comunidades resultaría prácticamente imposible.
  6. El “castigo” que establece el Art. 29 de “reposición de cinco metros” en áreas de protección de agua taladas o dañadas, es más bien otro estímulo a la destrucción y agravaría la incompetencia del Estado para juzgar a quienes destruyen las áreas de protección de agua.
  7. Permite que otros “entes autorizados prestatarios de servicio público” (Art. 61) además del AyA, puedan desarrollar proyectos de “aprovechamiento de agua” dentro de las Áreas Silvestre Protegidas, incluidos Parques Nacionales y Reservas Biológicas, lo cual establecería un nefasto precedente, dado que por la vía de concesiones, por ejemplo a empresas y cooperativas con fines de lucro, se abriría espacio a la explotación privada, comercial y lucrativa en estas áreas.
  8. Elimina la protección de cuerpos de agua y manantiales intermitentes del proyecto original, reduce las potestades de los inspectores de agua (Art. 10), abre la posibilidad de “inscribir” (privatizar) las áreas de protección de nacientes de agua para consumo humano a nombre de privados (Art. 32).

¡Queremos una ley de agua participativa y de iniciativa popular!

Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo.

 

Bloqueverde,

FECON,

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica,

Indignados CR,

Plataforma de Integración Ciudadana,

Laboratorio Psicosocial,

Pacto Mundial Consciente,

Revolución de la Cuchara,

Comisión Pro Ríos del Cobas,

Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete,

Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus,

Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus,

Comité de defensa de los Ríos Chirripó,

Coeco Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica,

Comisión de Defensa de los Ríos Convento y Sonador,

Red de Coordinación en Biodiversidad,

Comité de Agua Longo Mai Abajo,

Asociación de Ecologista de Occidente,

Proal- Amigos del Pacuare,

Red de Coordinación en Biodiversidad,

Refugio de Vida Silvestre Longo Mai,

Unaproa,

Finca Amalur,

Asociación de Ecología Social,

Grupo Ecológico de Occidente (GEO),

Comité Cívico de Buenos Aires,

Ecolur compostaje doméstico,

Diwo Ambiental,

Frente Ecologista Universidad Nacional (FECUNA),

Confraternidad Guanacasteca,

Colectivo Unión Vital de Naranjo,

Centro Demostrativo de Sostenibilidad Ambiental,

Comisión para la defensa de la Zona protectora El Chayote,

Colectivo la legión Naranjo

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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Acceso a agua potable de río Banano mantiene preocupados a pobladores

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Pobladores preocupados por la normativa que ha sido violentada por la empresa San Rafael Ltda que ha continuado explotando una concesión minera vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA y que en oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar.

El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86.

Es así como se decide enviar una carta dirigida al Ministro del Ambiente y Energía, Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta, donde los pobladores manifiestan:

“Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable”.

Transcribimos la carta compartida con SURCOS.

 

Limón, 25 de setiembre de 2017

AEL-075-2017

 

Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta

Ministro del Ambiente y Energía

 

Ref: D1-7-86-SETENA Resolución N° 1764-2017-SETENA

“Informe Técnico Acuífero La Bomba”

Expediente 17-014705-0007-2017

 

Estimado señor Ministro:

 

El pasado mes de agosto, don Daniel Quesada Güell de la Asociación de Desarrollo de la Bomba, sostuvo un chat con el Dr. Allan Astorga Gättengs mediante el Facebook, en relación con la concesión 7-86, y esto fue lo que textualmente manifestó el experto sobre dicha concesión y su cuestionada operación:

“Estimado Daniel Quesada, me parece que hay una confusión aquí. El Estudio Ambiental que, efectivamente yo hice hace como 5 años, tenía el objetivo de mejorar la gestión ambiental del proyecto y evitar que se generaran daños. Pero eso, desafortunadamente, se convierte el «letra muerta» si el responsable del proyecto hace otra cosa, y, peor todavía, si las autoridades responsables de ejercer el control ambiental, NO hacen su tarea. ¡Pasa con frecuencia que se culpa al consultor por los daños que produce el desarrollador, pero son dos cosas diferentes! En este caso concreto del Río Banano, elaboré un dictamen técnico en el que expliqué que hay una fuerte sobre explotación del cauce del Río Banano y advertí de la situación públicamente. Creo que debe plantear su molestia (que la entiendo), por medio de una denuncia ante la SETENA y la DGM, u otras instancias que correspondan”. (Fin cita textual)

  • Aunado a lo anterior, oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar, con abundantes razones científicas y jurídicas, todos los reclamos que han planteado los pobladores en general. Los documentos son amplios, detallados y extensos, razón por la cual no vamos a citar textualmente las innumerables afirmaciones que respaldan nuestros asertos.
  • El ICAA demuestra con hechos reales, toda la normativa que ha sido violentada por la empresa Rafael Herrera Ltda. (Feluco Herrera), que ha continuado explotando una concesión minera generosamente vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA.
  • El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86 que está ampliamente vencida, siga operando como si nada, en perjuicio de la comunidad y el futuro de la provisión de agua potable para la ciudad de Limón.
  • El ICAA señala sin lugar a dudas, la importancia de la cuenca del río Banano para el futuro del abastecimiento de agua potable para la ciudad de Limón y señala en algunos casos, la imposibilidad y los problemas que han experimentado los funcionarios del ICAA para acceder a las fuentes de agua potable, debido a las labores extractivas de la empresa Feluco Herrera (vid oficio de la Dirección Región Huetar Atlántica SB-GSP-RHA-2014-0047 que entre otras cosas manifiesta: “10 pozos de AyA, para consumo humano, han sido testigos de los problemas de acceso al agua potable, debido a la extracción de material minero del cauce de ese río”.
  • El informe del ICAA pone en evidencia, técnica y científica, los daños causados al cauce del río a causa de la labor minera realizada por la empresa concesionaria y la aparente violación a la resolución de la Sala Constitucional, que permitía solamente labores de mantenimiento del cauce, para ir más allá en la labor extractiva que se ha realizado sin control aparente del MINAE y la SETENA, pues se desconocen los volúmenes de material extraído aunque los informes de la DGM-MINAE afirman temerariamente lo contrario, sin prueba alguna que los sustente.
  • El informe pone de relieve los requerimientos establecidos por el ICAA mediante oficio de la Gerencia General No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, que en su aspecto medular, establece el requisito sine qua non para la eventual prórroga de la concesión minera, la presentación a SETENA y su posterior aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual, a la fecha, no ha sido aprobado. Es decir, desde 2010 en que finalizó la última prórroga de la concesión minera 07-86 a la fecha, dicha concesión no se ha renovado o prorrogado, pero la empresa Rafael Herrera Ltda. ha continuado operando la extracción de materiales de forma absolutamente ilegal, con la aparente complacencia de la DGM–MINAE.

Para finalizar, citaremos en extenso nuevamente el oficio SB-GSP-RHA-2014-0047, referente a los graves daños causados por la explotación minera que realiza la empresa concesionaria, y que además lo hace de forma ilegal:

“1. El campo de pozos que AyA tiene en el sector de la Bomba en la zona de influencia hidrogeológica del Río Banano es parte del abastecimiento de agua potable para 91.206 Habitantes. De este campo de pozos actualmente están en operación 7 de ellos, otro adicional se tiene como reserva, además existían 2 pozos que eran explotados por el Instituto, sin embargo se perdieron como consecuencia de los movimientos laterales del Río Banano en el sector que es explotado en términos de Salud Pública, de este campo de pozos… 3-Adjunto le remito los oficios RHA-OM-2013-1593 y RHA-OM-2013-2581… Es claro que ante desarrollo de la explotación intensiva del lecho del río, la maquinaria y vagonetas que trasladan los materiales requieren de una superficie de rodamiento… 4-… para los efectos de esta Dirección Regional no se ha cumplido con los alcances del oficio G-2004-0183, lo que pone en riesgo esa fuente de abastecimiento de agua potable para los ciudadanos de la ciudad de Limón…” (los destacados no son del original).

CONCLUSIONES

El extenso oficio del ICAA de reiterada cita, demuestra legal, técnica y científicamente que la Concesión minera No.07-86 no solo está vencida y no ha sido prorrogada desde 2010, sino que la actividad extractiva minera que todavía sigue realizando ilegalmente la empresa concesionaria Rafael Herrera Ltda., está causando graves daños al cauce del río Banano y está amenazando directamente la cantidad y calidad del suministro de agua potable para la ciudad de Limón.

El acuerdo del ICAA declarando la cuenca del río Banano como “Zona de protección”, no solo tiene sustento legal sino que resulta un imperativo de su ley orgánica y de sus competencias, como cita el mismo señor Gerente General en su libelo al responder el Recurso de amparo No.14-019172-0007-CO y que reproducimos textual por su importancia:

“La importancia de dicha declaratoria ubica sustento también en el artículo 27 de la Ley de Aguas citada, al indicar que el abastecimiento de las poblaciones tiene preferencia absoluta sobre todos los demás usos posibles de las aguas públicas y su aplicación parte de los artículos 1º y 2º incisos c), f) y g) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Nº2726 del 14 de abril de 1961; que encomienda a AyA proteger los recursos de aguas públicas…”

Según este cuadro fáctico, parece que se incumple el principio precautorio, que impone realizar todas las acciones necesarias para garantizar la protección del ambiente, afectando así el equilibrio que debe garantizarse en esta materia a favor del ambiente.

Cuando se está en una situación de incertidumbre científica, este equilibrio impone inclinar la balanza a favor del ambiente, como lo ordena el principio “in dubio pro natura” estipulado en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.

Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable.

En consideración a todo lo expuesto en el “Informe Técnico Acuífero La Bomba”, solicitamos con todo respeto se analice, determine y ejerzan las acciones legales que procedan y le correspondan realizar, a fin de resolver a la brevedad posible el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por la señora Gabriela De San Román Aguilar, en calidad de Apoderada Especial, de la empresa Desarrolladora, contra la Resolución N° 1895-2016-SETENA del 12 de octubre de 2016, dentro del marco de sus competencias.

Le rogamos de la manera más atenta, se sirva informarnos oportunamente las medidas que de manera inmediata se ha servido tomar sobre este particular.

Solicitamos atentamente ser notificados de cualquier acuerdo y/o resolución relacionada con el presente asunto, a través del correo machore@gmail.com o al fax 2798-2645.

Aprovechamos para enviarles un cordial saludo,

 

Marco Levy Virgo

Presidente

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.cahuitainfo.com

Enviado por Marco Levy.

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Video busca crear conciencia acerca del acceso al agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Mediante un video realizado por UNICEF y difundido en redes sociales se quiere que las personas hagamos conciencia sobre al valor del agua y el privilegio que tenemos las personas que podemos acceder de primera mano a este recurso.

El video inicia con un muchacho que se encuentra vendiendo botellas en un lugar público y surge la pregunta: “¿Qué distancia recorrería para conseguir agua?” El joven ofrece agua a las personas y les indica que es agua proveniente de Somalia y que su precio para poder adquirirla es el equivalente a cierta cantidad de kilómetros (desde los 10 km hasta los 50 km), misma distancia que recorren las y los niños de Somalia para poder conseguirla, con el detalle que el agua viene con “ingredientes especiales”: Cólera, Polio y Tifoidea, Hepatitis A, enfermedades mortales.

El video culmina con “2.4 millones de niños en Somalia no disponen de agua potable”.

Enviado por Rafael López Alfaro.

La piña que se importa de Costa Rica está siendo denunciada por su impacto ambiental, social y económico en los territorios

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La piña costarricense esconde una serie de impactos que van desde la destrucción del bosque tropical a la violencia machista y laboral. La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica llegando a ocupar alrededor de 60 mil hectáreas. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen. Tanto así que se ha formado un Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera la cual lleva 10 años trabajando el tema.

Uno de los casos más preocupantes presentados por casos de contaminación de agua se dio en comunidades como El Cairo, Milano, Luisiana y La Francia del cantón de Siquirres, comunidades que son abastecidas por tres organizaciones comunitarias de acueductos (ASADAS) encargadas de abastecer de agua a 1.751 abonados, de fuentes provenientes de las cuencas de los ríos Peje y Destierro, afluentes del río Parismina. El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) desde el año 2003 documentó la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano con residuos de plaguicidas por el uso de bromacil y diurón y el fungicida triadimedón. Estas poblaciones reciben una cantidad reducida de agua potable semanalmente por porte de la institución nacional de Acueductos y Alcantarillados en una cisterna.

¿Sabemos cuánto le cuesta al país la actividad piñera? Lamentablemente es necesario investigar mucho más para responder esta pregunta con exactitud. Pero ya tenemos datos suficientes para decir, en lenguaje económico, cuánto cuesta aproximadamente al país producir piña. Importante mencionar que estos cálculos son realizados a partir de un escenario deseado donde las empresas piñeras tendrían que cumplir la ley nacional vigente, nada más.

Mediante la metodología de Análisis de Escenarios Objetivo (TSA por sus siglas en ingles) el Programa de Naciones Unidas para Pequeñas Donaciones (PNUD) en 2016 estimó los costos generados por los impactos sociales y ambientales de la actividad piñera en el país. Este documento es necesario complementarlo con otra investigación reciente generada por el mismo PNUD titulada: “Monitoreo de Cambio de Uso de Suelo del Paisajes Productivo” (MOCUP) donde demuestra mediante Sistemas de Información Geográfica que la pérdida de bosque por deforestación ilegal por parte de la industria piñera acede a 5.568 hectáreas. Esto en uno país en el que los bosques tienen un valor cultural y económico importante.

Según el TSA los costos asociados a la actividad que no pagan las empresas piñeras (externalidades) contemplan cuatro aspectos: perdida de cobertura forestal, perdida de bosque y biodiversidad, pérdida de calidad de agua y erosión se suelos.

 

  1. La pérdida de cobertura forestal se estima en 10 millones de euros por año
  2. La pérdida de bosque y biodiversidad suma un total de 12 millones de euros por pérdida de biodiversidad
  3. La pérdida de calidad de agua se ha registrado para este aspecto de 8 millones de euros al año
  4. Erosión de suelo llega a 1 millón de euros por año

 

Además de estas afectaciones ambientales, la mala gestión de los desechos de la piña ha afectado y sigue afectando a pequeñas familias ganaderas que tienen sus fincas en las cercanías ya que se genera una mosca que ataca fuertemente al ganado, disminuyendo su producción de leche, generando debilidad y hasta muerte. Esta situación ha obligado a varias familias a tener que vender sus tierras a las mismas compañías piñeras que siguen expandiéndose. En lugares donde se producían granos básicos y ganado para los mercados nacionales y locales, se está substituyendo por piña.

La mano de obra contratada en zonas fronterizas es mayoritariamente extranjera y bajo contratos temporales, sin pago de la seguridad social, en condiciones de trabajo abusivas y con persecución y despido a quienes se organicen en sindicatos.

Faltan datos aún para cuantificar el impacto sobre salud humana y animal, la explotación laboral y el desplazamiento de la economía campesina y la soberanía alimentaria. Organizaciones campesinas, ecologistas y de Economía Social Solidaria se han manifestado las últimas semanas para solicitar una moratoria ante la expansión piñera y controles eficientes del impacto ambiental y social de las piñeras existentes, como una forma casi desesperada ante los impactos que se están viviendo en las comunidades y ante la creciente demanda de piña de Costa Rica en los mercados internacionales. Las personas consumidoras deben de conocer el impacto de la producción de la piña y solidarizarse en las demandas que realizan las organizaciones de la sociedad civil denunciando y generando comunicados de apoyo. Ponemos nuestros contactos por si desean mayor información o expresar su solidaridad mediante cartas de sus organizaciones.

 

-Frente Nacional De Sectores Afectados por la Expansión Piñera

frenasappcr@gmail.com / FB: Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera

-Bloque Verde

bloqueverde@gmail.com / FB: Bloque Verde

-Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

ess.redcr@gmail.com / FB: Redess Costa Rica

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Alberto Hernández Porras, COKOMAL S.C. / Comisión Dinamizadora – RedESS.

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Agenda comunitaria, ecologista y popular ante la expansión piñera

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen.

Sólo durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó 29 Estudios de Impacto Ambiental, referentes a nuevos proyectos piñeros, los cuales suman 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta. Lo que demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación, ni fiscalización real. A esto, se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.

Como si fuera poco, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más consumo de agrotóxicos y solamente en materia de herbicidas, en la última década se han triplicado el volumen de herbicidas importados según datos de PROCOMER. Lo que agrava la contaminación de aguas superficiales muchas usadas para consumo humano que tiene costos en salud pública aún sin cuantificar, pero evidentes.

Gracias a las movilizaciones y a las denuncias del último mes en contra de la expansión piñera, el Gobierno ha tenido que romper el silencio en este tema y ofrecer a la ciudadanía alguna respuesta. Sin embargo ésta se ha sustentado en declaraciones apuradas, a partir de medidas que aún no se pueden poner en práctica y por tanto confunden a la población en general. Hablamos del anunciado decreto de prohibición del herbicida Bromacil, anunciado por el Poder Ejecutivo el mismo día de la movilización en defensa del Humedal Térraba Sierpe, el pasado 15 de mayo de 2017. Esta declaración apresurada no se ha materializado en la redacción ni en la firma del decreto, que se anunció a la prensa sin que fuera un hecho consumado y que sigue sin materializarse una semana después de dicho anuncio.

Por otra parte, el gobierno solicitó a la comisión plenaria de SETENA integrar una comisión que indague la viabilidad ambiental que dicha Secretaría ha otorgado a plantaciones piñeras durante el último año. En realidad lo que corresponde es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal en cada expediente y corrobore el apego a la legalidad de todas las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA para la producción de piña, durante todo el período de gobierno y no solamente durante el año anterior, ya que la medida está dejando por fuera la mayoría de los permisos otorgados por la actual administración. Asimismo esa indagatoria debería contar idealmente con participación comunitaria y de profesionales en auditoría, derecho y gestión ambiental: no avalamos la autorevisión interna de SETENA ni confiamos en que esa Secretaría ponga en evidencia los errores de procedimiento que ella misma ha cometido.

Otra de las medidas anunciadas es la suspensión del proyecto piñero de más de 500 hectáreas que amenaza el Humedal Térraba Sierpe declarado sitio Ramsar en 1995. Esta medida es un distractor ante la indignación que ha generado el caso, pues ya hay suficientes evidencias para permitir al MINAE anular la viabilidad ambiental y abrir el órgano correspondiente para sancionar a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular de este proyecto. Además este no es el único proyecto que amenaza este ecosistema, sino que es parte de un conjunto de proyectos en el área de Potrero Grande cuenca arriba, que en total sumarían 3000 hectáreas sembradas de piña en la zona y que también coinciden con sitios de importancia arqueológica por la presencia de vestigios tan importantes como las esferas de piedra.

Adicionalmente, existe la preocupación de una nueva expansión piñera sustentado en la creación de un acuerdo comercial con China para la venta de piña fresca y enlatada. Esta negociación realizada por Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, se hace de forma irresponsable ya que no toman en cuenta las advertencias que se han emitido desde Universidades públicas, organizaciones ecologistas y comunitarias sobre los serios impactos en agua, suelo, bosque y salud humana del monocultivo de la piña.

La exportación al país asiático se haría pasándole por encima a la legislación ambiental, a la evidencia de serias violaciones a los derechos laborales y sin ningún tipo de planificación.

Las organizaciones firmantes celebramos los acuerdos alcanzados en el marco de la heroica caminata de Jorge Castro y Mariana Paniagua desde Pavón de Los Chiles hasta San José, que apuntan a fortalecer la presencia y accionar del Estado en las comunidades afectadas por la expansión piñera, y consideramos que son un paso en la dirección correcta. Sin embargo la gravedad de esta situación no puede atenderse solamente garantizando la aplicación de la ley en casos específicos: ante un impacto extraordinario e irreversible es necesario valorar medidas extraordinarias.

Por estas razones las organizaciones abajo firmantes exigimos una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña, misma que está sustentada en la necesidad de contar con estudios e instrumentos técnicos y políticos de carácter nacional y regionales que aseguren una debida planificación territorial, donde se prevengan y se ataquen los impactos negativos de la siembra desordenada y a gran escala del monocultivo de piña. Una decisión de este tipo beneficiaría directamente la gestión local y nacional de los bienes comunes y respondería de manera directa a las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo permitiría tener una lectura más objetiva de la situación de violación a los derechos laborales y la toma de acuerdos en la dirección de tutelar los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria piñera. Finalmente, esta medida permitiría la continuidad de la producción y exportación de piña por parte de las empresas que se encuentran a derecho y están cumpliendo con la legislación ambiental y laboral, por lo que no afecta intereses consolidados y sí previene el crecimiento de las problemáticas relacionadas con la poca planificación y fiscalización de la actividad.

Hacemos un llamado a seguir las movilizaciones por una moratoria nacional a la expansión piñera,

La próxima cita es el lunes 5 de junio en todo el territorio nacional.

 

Suscribimos:

Alianza de Redes Ambientales (ARA)

Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)

ASADA de Pavón de Los Chiles

ASADA La Gamba, Golfito

Asociación Agro-orgánica Guanacasteca

Asociación de Estudiantes de Sociología, Universidad Nacional

Asociación de Piangueros de la Purruja, Golfito (APIAPU)

Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa RICA (APROCO) – Feria Orgánica El Trueque

Asociación de Protección, Gestión y Fomento de la Producción Agropecuaria de la Huetar Norte

Asociación Pro Cuenca Río Jabonal

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

CoecoCeiba-AT

Colectivo Eco-artístico y de Economía Solidaria

Colectivo de Estudiantes Autónomos El Quilombo, Universidad Nacional

Colectivo Ipís Ecológico

Colectivo Machete

Colectivo Río Urbano

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Ditsö Costa Rica

Diwo Ambientales

Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA (FUNDAOSA)

Grupo Acción Golfito

GuanaRed

Huertos Urbanos de Costa Rica

Indignados CR

Molinos Verdes de Moringa

Movimiento Patriótico Juanito Mora

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Plataforma de Integración Ciudadana

PROAL-Pacuare

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red Costarricense de Agricultura Ecológica (Red CAE)

Red de Coordinación en Biodiversidad

Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

Red de Plantas Medicinales de Costa Rica

Red Internacional de Forestería Análoga

UNOVIDA

¡Ya Basta!

 

Enviado por Presidencia FECON.

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Maniobra patronal en la piñera Finca Once para desaparecer a la UNT

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT)

Comunicado de Prensa

 

Como es común en todas las piñeras y plantaciones en general, los patronos realizan todo tipo de acciones, amenazas, ofrecimientos, asignación de los peores trabajos y hasta el despido, para impedir que las personas trabajadoras ejerzan libremente el derecho humano fundamental de organizarse en sindicato.

Estas prácticas anti sindicales y violatorias de la legislación laboral costarricense, así como la pasividad y hasta complacencia de las instituciones del Estado para con estos empresarios, han sido denunciadas en los mercados europeos por OXFAM Internacional y gracias a esta acción, las empresas piñeras han tendido que corregir algunas prácticas anti laborales muy evidentes, como la subcontratación de personal por medio de contratistas sin el pago de salario mínimo y mucho menos la cotización con la seguridad social; disponer de equipos con dotación de agua potable, letrinas y lugar más o menos aptos para la ingesta de alimentos.

Esto ha generado el enojo de los empresarios contra el sindicato y la gente organizada, y están echando mano de la figura de Comité Permanente como herramienta patronal para evitar el surgimiento y empoderamiento del sindicato, que es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender sus derechos.

Particularmente en FINCA ONCE, hoy martes 8 de noviembre, se convocó a todos los trabajadores para imponerles la conformación de un Comité Permanente, cuyos representantes son propuestos por el patrono y elegidos con su estricta vigilancia, por aquello de que algún trabajador se vaya a oponer a la matráfula. Valga decir que para curarse en salud y quitarse obstáculos del camino, la patronal envió a vacaciones a la dirigencia de la UNT, con el objetivo de evitar cualquier oposición a la constitución de este instrumento patronal.

No está de más recordar que esta herramienta que le facilita el Código de Trabajo a los patronos para desaparecer y proscribir al sindicato, que ha motivado infinidad de denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT; lamentablemente se mantiene incólume a pesar de la Reforma Procesal Laboral, lo que seguirá impidiendo el desarrollo de sindicatos en la empresa privada.

Como UNT preparamos una denuncia contra el representante legal de Finca Once por prácticas laborales desleales, esperando que los tribunales de trabajo hagan valer el derecho laboral costarricense.

 

Susan Quirós Díaz

Secretaria General

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.

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Acogido recurso de amparo presentado por organizaciones para exigir derechos de guardaparques

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo que un grupo de organizaciones y de personas físicas presentaron a la Sala Constitucional, expediente Nº 16-010216-0007-CO, el cual hace referencia a la violación de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua potable, a una vivienda digna, a la alimentación y a la educación de las y los guardaparques; y la transgresión del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de convenciones internacionales y de leyes nacionales relacionadas con la protección ambiental, por omisión y negligencia del Estado costarricense en la toma de medidas efectivas para proteger y desarrollar el sistema de parques nacionales y reservas equivalentes de Costa Rica.

A continuación la información sobre los recurrentes, los recurridos y la referencia.

Recurrentes:

Confederación De Trabajadores Rerum Novarum (CTRN); Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía (SITRAMINAE); Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON); Luis Diego Marín Schumacher, Eduardo Carrillo Jiménez, Olivier Thierry Chassot Labastrou, Guisselle Monge Arias y Mario Andrés Boza Loria.

Recurridos:

Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda, Ministro de Salud, Contralora General de La Republica y Director General del Servicio Civil.

La persona que desee enviar una coadyuvancia (mensaje de apoyo) a este recurso, pueden enviar un correo electrónico a la Sala Constitucional, a la dirección: informes-sc@poder-judicial.go.cr, indicando su nombre, cédula, vecindario y el número del Expediente de recurso, junto con un texto explicativo del por qué considera que nuestra áreas protegidas sufren de deterioro ambiental. Además si desea presentar una carta adjuntando pruebas, debe presentarla en el edificio de la Sala Constitucional (edificio oriental del Poder Judicial).

El correo electrónico o la carta debe llevar como asunto la la palabra “coadyuvancia”.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de yoguardaparque.wordpress.com

Información de Mario A. Boza.

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El Día Mundial de Guardaparques: 107 funcionarios muertos en un año

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Día Mundial de Guardaparques- conmemorado cada 31 julio– honra a los guardaparques de todo el mundo que han sido heridos o perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en los últimos 12 meses son 107 guardaparques fallecidos en diferente países del orbe, la mayoría asesinados por cazadores furtivos ( ver lista).

FECON denuncia que «a las y los guardaparques se les violentan sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua potable, a una vivienda digna, a la alimentación y a la educación. Además no se les suministra el equipo y los materiales necesarios para que protejan su vida de los peligros de su trabajo, haciéndolos más vulnerables a perder la vida en el cumplimiento de su deber”, afirmó Mauricio Álvarez Mora presidente de la Federación Ecologista.

Nuestro sistema de parques nacionales resguarda nuestra biodiversidad y es la principal atracción turística del país, representa uno de los bienes comunes más valiosos de Costa Rica, genera más de dos mil seiscientos millones de dólares al año, superando así las divisas que producen las exportaciones de piña, banano y café juntas. Además sus ingresos son constantes y no es para menos si representan uno de los principales atractivos para los dos millones y medio de turistas que nos visitan al año.

Sin embargo, a pesar de esta impresionante solvencia, resulta sorprendente que hoy faltan entre 1200 y 600 guardaparques como mínimo, lo cual hace que estos tesoros sean «saqueados» sin la menor regulación por caza, extracción de madera y minería ilegales. Por falta de guardaparques un 37,5% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y no son pocas las grandes áreas que cuentan con sólo uno o dos guardaparques, lo que equivale a que no haya protección, La falta de protección es particularmente seria en los Parques Nacionales Isla del Coco, Corcovado, Braulio Carrillo, La Amistad, Palo Verde y Carara.

Mientras los guardaparques que hacen cumplir su trabajo y defender el patrimonio natural se enfrentan un sistema judicial que se ahoga en las aguas de la impunidad ¿cómo justificar que el sistema favorezca a los victimarios de las tortugas y no a sus defensores? que es exactamente lo que ha sucedido con la condenatoria de un guardaparques Mauricio Steller a partir del testimonio de hueveros, dejando vulnerables a quienes defienden la Naturaleza en vez de protegerles. En Costa Rica se criminaliza su gestión en vez de estimularla y se deja en libertad a destructores del medio ambiente y asesinos, en lugar de hacerles pagar su deuda ( FECON, 25-8- 2015).

El caso de Steller no es el único. “Los oreros tiene más derechos que un guardaparques” así resumen los guardaparques la situación de Parque Nacional Corcovado, quienes recuerdan cuando hace algunos años una fiscal interpuso una medida cautelar a favor de los oreros dentro del Parque Nacional Corcovado y en contra de 14 guardaparques de manera que no pudieran patrullar armados y por tanto dejar “a la libre” a los oreros ( Ver más).

La FECON ha denunciado muchos casos donde corren riesgos y amenazas los guardaparques que hoy por suerte no integran esta terrible lista de 107 defensores de áreas protegidas que se recuerda el día de hoy, pero por el contexto y antecedentes en cualquier momento se puede ingresar en este fatídico listado ( Ver más).

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página oficial de FECON.

Información enviada a SURCOS Digital por FECON.

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