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Etiqueta: agua potable

COVID-19 Emergencia: Prioridades y perspectivas de la ISP

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

La ISP constata que el momento que vivimos requiere que todo el movimiento sindical se centre en dos frentes: un conjunto de acciones de emergencia inmediatas y específicas y una respuesta económica (compuesta por 8 puntos cada una)

a ISP se enfrenta a la crisis más grave que sus miembros han confrontado. Lxs trabajadorxs de la salud representan alrededor del 12% de la población infectada en todo el mundo, y el número de muertes es intolerable.

La falta de preparación de los sistemas de salud, incluida la escasez de personal, las agotadoras jornadas de trabajo y la falta de equipo de protección personal (PPE) están exponiendo a lxs trabajadorxs de la salud a peligros mortales que también socavan la capacidad de los sistemas de salud para responder a la emergencia.

La escasez crónica de ventiladores, camas en la UCI, camas de reanimación, equipos de pruebas, laboratorios y biólogos está impidiendo las posibilidades de salvar vidas y empeorará las ya peligrosas condiciones de trabajo del personal sanitario.

Además, los años de privatización de los establecimientos de salud han ejercido una presión aún mayor sobre los sistemas de salud pública, hasta que (algunos) gobiernos decidieron obligar a los proveedores privados a unirse a los hospitales públicos en su respuesta a la emergencia.

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

En este momento, el movimiento sindical debe centrarse en la respuesta inmediata a la emergencia:

1. Utilizar todos los medios para proporcionar EPP a todxs lxs trabajadorxs expuestxs a un alto riesgo de contagio (atención sanitaria, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, transporte, ambulancia, policía, bomberxs, prisiones y centros de detención, incluidos los campamentos de refugiadxs y de migrantes, dependientes y cajerxs, trabajadorxs de la producción esencial, etc.). Para lograr esto, los sindicatos deben pedir a los gobiernos que soliciten a las fábricas locales para que conviertan su actividad a la producción de estos bienes. La requisa también debe aplicarse a la producción de ventiladores, equipos de prueba y todos los equipos y dispositivos necesarios para que el sector de la salud pueda trabajar de manera eficiente.

2. Aumentar el número de camas en la UCI. Esto significa que debemos pedir a los gobiernos que requisen los hospitales y clínicas privadas para responder a las necesidades de la población.

3. Contratar, capacitar y equipar a enfermerxs y médicxs para aliviar la carga de trabajo del personal hospitalario actual y reducir el riesgo de contagio.

4. Suspender las patentes de los medicamentos que resulten necesarios para el tratamiento de COVID 19. Crear un consorcio/agencia a nivel mundial, bajo la OMS, para coordinar la investigación de una vacuna y evitar la explotación comercial.

5. Imponer el cierre de todas las actividades de fabricación y comerciales no esenciales.

6. Pedir a los gobiernos que apoyen a lxs trabajadorxs y los ingresos familiares, incluidos lxs trabajadorxs informales de todo tipo, y que garanticen licencias remuneradas. Del mismo modo, prestar apoyo para el cuidado de los niñxs a todxs lxs trabajadorxs que deban seguir trabajando. En la ISP creemos que debe haber una respuesta colectiva de los estados a una emergencia mundial con la inyección de recursos para apoyar los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, y que el sector privado debe contribuir de acuerdo con las directrices del gobierno.

7. Comprometerse con los organismos gubernamentales de desarrollo y las IFI para garantizar la inyección de recursos adecuados, sin condicionalidades, para apoyar la emergencia en los países en desarrollo, incluido el suministro a todxs de agua limpia y jabón para el lavado de manos.

8. Instar a la comunidad internacional a que proporcione una solución urgente, inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs, lxs que están atrapadxs en las fronteras y lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs migrantes y las personas desplazadas que viven en campamentos. Además de la situación humanitaria y de derechos humanos, que nos preocupa como sindicatos, existe el alto riesgo de que la concentración de miles de personas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud y a agua potable y saneamiento se convierta en una catástrofe de salud pública de una magnitud inimaginable.

Es necesario tomar medidas para hacer frente a los problemas derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La situación se ha visto agravada por la falta de preparación y por los cambios en el sistema económico mundial en los últimos 30 años. La profunda conmoción económica resultante puede crear muchas dificultades para lxs trabajadorxs y marcar el comienzo de otro ciclo de austeridad. Debemos prepararnos ahora para dar forma a la respuesta económica.

Este será el momento de decir que hay una emergencia mundial que necesita ser financiada, y que deben adoptarse medidas rápidas y radicales si queremos evitar la paralizante austeridad, la dislocación social y el extremismo político de derechas que siguió a la crisis financiera mundial. Lxs trabajadorxs ya están haciendo sacrificios y las pequeñas empresas también están sufriendo: es hora de que quienes se han beneficiado del sistema paguen ahora y contribuyan inmediatamente para reparar el daño que han hecho. Entre las cuestiones que deben abordarse podrían figurar las siguientes:

1. El alivio y la reestructuración de la deuda para las economías más vulnerables, de manera que no se vean obligadas a enfrentarse a crisis monetarias y de reembolso al mismo tiempo que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

2. Cambios en el sistema mundial de rescate de la deuda para garantizar que pueda producirse una reestructuración ordenada de la deuda, cuando sea necesario, que comparta la carga entre los acreedores y los deudores y no socave el crecimiento económico ni exacerbe las crisis sociales.

3. Eliminar los topes legislativos de deuda y gastos, como ocurre en Europa y el Brasil.

4. Exigir que los préstamos concedidos a los países (del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo o los acreedores privados) no contengan condicionalidades como la liberalización del mercado laboral, la privatización o las desgravaciones fiscales para los más ricos.

5. Implementar impuestos sobre la riqueza para asegurar que aquellos que han almacenado riqueza en el período previo a la crisis ahora contribuyan.

6. Aumentar los tipos de los impuestos de sociedades al 50% para los que obtengan beneficios excesivos, es decir, por encima del 5%. En un momento en el que las empresas están fracasando, los servicios públicos no tienen fondos suficientes y lxs trabajadorxs están haciendo sacrificios, las empresas que están obteniendo beneficios excesivos tienen la obligación moral y económica de contribuir a la recuperación. A diferencia de otros impuestos o gravámenes, un impuesto sobre el exceso de beneficios no puede hacer más vulnerables a las empresas en dificultades, ya que sólo se aplica sobre los beneficios ya generados, y a niveles excesivos. Las empresas en dificultades no pagarían más impuestos, pero se beneficiarían del estímulo fiscal proporcionado al garantizar que los beneficios excesivos se reorienten inmediatamente al estímulo fiscal.

7. Introducir inmediatamente un impuesto sobre los servicios digitales para que las empresas de tecnología que han obtenido beneficios masivos, que antes evitaban los impuestos y que almacenaban dinero en efectivo en paraísos fiscales (y que ahora obtienen aún más beneficios debido al confinamiento, es decir, Netflix, Amazon, etc.) paguen su parte justa de inmediato. Muchos países querían introducir esos impuestos, pero se les convenció de que esperaran a los resultados del proceso BEPS de la OCDE. El proceso BEPS no es ahora capaz de proporcionar una propuesta creíble, y ciertamente no en el plazo requerido para una reparación fiscal urgente. Se debería instar a todos los países a que los introduzcan inmediatamente como instrumento de recaudación de ingresos.

8. No se deberían tomar medidas de rescate financiero a ninguna empresa que no proporcione un CBCR público (informe país por país), ni a ninguna que opere a través de paraísos fiscales. La respuesta a la crisis financiera mundial y los recientes regalos fiscales en los EE.UU. muestran que sin estas medidas muchas empresas redirigirán estos beneficios a los accionistas, directores y gerentes y no los utilizarán para proteger el empleo y las condiciones de los empleados.

A largo plazo es necesario repensar profundamente el sistema económico mundial, incluyendo el sistema de producción y el papel de las cadenas de suministro mundiales, que fracasaron en esta crisis. También deberíamos reconsiderar el papel del gobierno en las políticas industriales, incluida la necesidad de producir internamente bienes que son esenciales para garantizar el interés y el bienestar públicos. Es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir en los sistemas de salud pública, la educación pública, el agua potable, el saneamiento y la protección social. Esto significará defender el argumento de que el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas multinacionales deben terminar.

Por eso creemos que debemos cambiar el discurso ahora mismo.

No queremos que lxs trabajadorxs de la salud que salvan vidas sean llamadxs héroes. ¡No son héroes! Son profesionales que reclaman y merecen respeto, dignidad, el derecho a ser protegidxs y el reconocimiento de salarios y condiciones de trabajo decentes.

Queremos dejar claro de una vez por todas quiénes son los que se benefician y cómo deben cambiarse las reglas del juego si queremos evitar desastres en el futuro y si queremos trabajar realmente por un mundo mejor y más justo para todxs.

No entender esto bajo estas circunstancias no es sólo un error, es irresponsable. Ya perdimos la oportunidad en 2008. No podemos perderla esta vez.

Como dijo el Papa Francisco, «pensamos que podíamos estar seguros en un mundo enfermo». La crisis mundial generada por COVID-19 demuestra que no estamos ni podemos estar seguros en un planeta enfermo.

Debemos reflejar las numerosas políticas que los gobiernos se ven obligados a adoptar ahora para ayudarnos a hacer frente a la crisis climática. Un enfoque estrecho en el empleo y la transición impulsada por las empresas seguramente condenará a la humanidad a una crisis sistémica y al fracaso del sistema.

Nadie puede afirmar ahora que los cambios rápidos en las políticas son imposibles o que las crisis futuras pueden ser mejor tratadas por los mercados. Pero la gente puede ignorar las advertencias y volver a los negocios como de costumbre. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto no suceda. Es asegurarnos de que el sufrimiento actual no sea en vano y utilizar las advertencias que ahora tenemos para convencer a la gente de que debemos construir una nueva economía radical y desarrollar políticas que pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez.
Fuente: https://publicservices.international/resources/news/covid-19-emergencia—prioridades-y-perspectivas-de-la-isp-?id=10694&lang=es

¡El agua muchas veces no es tan pura!

La cloración del agua en nuestro país se ha convertido en una obligación por parte del Ministerio de Salud. La preocupación radica en la contaminación de la misma y en las enfermedades ocasionadas a partir del consumo de ésta.

Pero ¿qué pasa con aquellas fuentes de agua que no se encuentran contaminadas? ¿Es necesario clorarlas?

En los pueblos rurales, nuestros antepasados por años han bebido el agua de sus nacientes sin ningún tipo de tratamiento, siendo inexistente algún problema de salud por ello. Tal es el caso de la comunidad de Los Criques, San Ramón. Como sus pobladores mencionan, su nombre “Criques” se debe a la abundante existencia de nacientes de agua, orgullosamente quienes abastecen con dicho recurso a las comunidades vecinas.

No obstante, en los últimos años su alegría se ha visto opacada. La actual regulación sobre la cloración del agua ha generado problemas de salud. Sin entrar en cuestionamientos acerca de la necesaria presencia o no de este elemento químico en el agua, queremos hacer énfasis en los métodos utilizados para realizar este proceso.

En este lugar el AYA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) cuenta con dos sistemas de captación del agua. El primero, un enorme tanque que abastece los pueblos de los alrededores, donde la cloración se realiza de una forma creemos correcta ya que el cloro se diluye en toda el agua.

Encontramos un segundo sistema, una naciente de la cual se desprende un tubo madre que permite que el agua llegue únicamente a los hogares de la comunidad de Los Criques. La cloración en este caso se lleva acabo de una forma muy diferente; no se realiza directamente en la captación debido a la posible afectación de especies por medio del rebalse del agua. Por esta razón, un pequeño tanque contiene el cloro y es depositado por medio de goteo en el tubo madre, llegando a los hogares sin diluir y presentando en determinadas horas picos muy altos de este elemento que lamentablemente la gente tiene que ingerir.

A partir del consumo de este líquido sin su debido proceso de cloración, se han presentado en muchas personas diarreas, malestares gástricos, alergias en la piel. Sin dejar de mencionar el aumento de casos de cáncer; no podemos asegurar que se deba a la cloración, sin embargo, estos síntomas deben servir de alerta a las autoridades competentes.

Consideramos importante realizar estudios y evaluar que tan necesario es cumplir una ley, que por un mal proceso de aplicación en lugar de proteger está afectando la salud de las personas.

 

 

Universidad de Costa Rica

Sede Occidente

Sistema de Educación General

Repertorio Problemas Ecológicos

Yuliana Arias Jiménez B50633

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ADI de Rey Curré habilita caminos, instala agua potable y construye servicios sanitarios en tierras recuperadas

Con el fin de proveerle mejores condiciones a su pueblo que se encuentra en pie de lucha por sus derechos territoriales, la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Rey Curré ha instalado un sistema de tuberías que les permitirá disfrutar de agua potable las 24 horas del día.

Del mismo modo ha construido varios servicios sanitarios con agua y drenajes, lo que permitirá tener un ambiente higiénico y mayor comodidad.

Esta inversión a la salud les permitirá reducir riesgos de contraer y propagar eventuales cuadros virales a causa de ambientes anti higiénicos.

Y para tener un excelente acceso a esta zona en donde están sus bases operacionales, la ADI ha habilitado los caminos con maquinaria y materiales, atendiendo a través de acciones su compromiso con la búsqueda permanente del pleno ejercicio a sus derechos ancestrales.

 

Enviado por Uriel Rojas.

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¿Cuánto vale un vaso de agua en Costa Rica?

Se ha preguntado usted ¿Cuánto vale un vaso de agua en Costa Rica? ¿Será que se paga igual por el agua potable procedente del tubo de nuestras casas y por el agua embotellada? Veamos los siguientes datos:

  • La tarifa para 1 metro cúbico de agua potable, brindado por una ASADA, a partir del Modelo Tarifario Meta 2017 de la ARESEP, es de 333 colones.
  • El precio comercial de 1 litro de agua embotellada en nuestro país, dependiendo de la marca y del comercio, es del orden de 675 colones.
  • Eso significa que, 1 litro de agua vale 0.333 colones y un vaso de agua potable que llega a nuestras casas, tan sólo 0.083 colones; es decir 8 céntimos de colón.
  • Por su parte, 1 litro de agua embotellada vale 675 colones y un vaso de agua tiene un costo de 168.75 colones.

*Recordemos que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros de agua. Se asume que de 1 litro de agua, salen 4 vasos.

De esta manera, cuando tomas un vaso de agua embotellada, pagas 2000 veces el costo de un vaso de agua potable que llega a nuestro hogar.

Cuanto vale un vaso de agua en Costa Rica

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por Luis Bernardo Villalobos.

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Proyecto de Ley para autorizar acueductos amenaza las Áreas Silvestres Protegidas

COMUNICADO DE PRENSA

San José, Costa Rica, 27 junio 2018

 

Ante la aprobación en primer debate en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley expediente N° 20 447 “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado”, que autoriza a entes prestatarias del servicio de agua potable a desarrollar infraestructura de acueductos dentro del Patrimonio Natural del Estado, incluyendo parques nacionales y reservas biológicas, los abajo firmantes, organizaciones y personas, manifestamos a la sociedad costarricense lo siguiente:

Considerando:

  • Que, por su gran valor biológico, ecológico, humano y paisajístico, es fundamental que los parques nacionales y las reservas biológicas mantengan su naturaleza esencial, como zonas para la conservación, donde, como lo señala nuestra legislación, solo se permitan actividades de ecoturismo, investigación y educación ambiental. Resulta vital que estas áreas no se abran a proyectos de infraestructura comercial, industrial o urbana. Con este proyecto de ley, se estaría creando un precedente sumamente peligroso, que cambiaría radicalmente la concepción y la visión de estos sitios, afectando con ello a todos los parques nacionales y reservas biológicas de nuestro país.
  • Que el grave precedente que se crea al otorgar permisos para proyectos de infraestructura de acueductos de gran escala dentro de los parques nacionales y reservas biológicas resulta altamente dañino y peligroso, por cuanto podría generar toda una cadena de proyectos de este tipo en esas áreas protegidas, con graves efectos ambientales acumulativos o sinérgicos en los mismos. Y aun peor, una vez roto el paradigma de los parques como sitios exclusivos para la conservación, sin duda se podrían generar permisos similares para otro tipo de desarrollos, como geotermia, hidroeléctricas, carreteras, gas natural, petróleo, minería, canal seco, pesca comercial, etc. Esto, marcaría sin duda el fin de nuestros parques nacionales y reservas biológicas, como los hemos conocido hasta ahora, como sitios para la conservación inalterada de nuestra biodiversidad, para beneficio, provecho y disfrute de todos los costarricenses.
  • Que existe, por parte de algunos sectores economicistas y productivistas, una fuerte corriente y presión por abrir las áreas protegidas, en especial los parques nacionales, al desarrollo de proyectos de infraestructura comercial e industrial. En ese sentido, existen propuestas de ley en la corriente legislativa, que buscan permitir explotación geotérmica y construcción de carreteras dentro de los parques nacionales.
  • Que existen áreas protegidas que han sido declarados Sitios Patrimonio Natural de la Humanidad, por parte de la UNESCO desde 1999, lo cual le confiere a estas áreas, condiciones y características especiales y al país, compromisos y acuerdos para su protección total. Un ejemplo de esto es el Área de Conservación Guanacaste (ACG), donde se ubican los Parques Nacionales Rincón de la Vieja y Santa Rosa. El proyecto de ley entraría en claro conflicto con los objetivos de conservación de estas declaratorias, llevando a Costa Rica a incumplir obligaciones internacionales y, causándole al país un serio desprestigio internacional.
  • Que el proyecto de ley en cuestión, autoriza a disminuir los parques nacionales y reservas biológicas desafectando y separando secciones de las mismas, sin ninguna consideración de las características ecológicas o biofísicas especiales de estas áreas.
  • Que la mayoría de la sociedad costarricense visualiza y desea que los parques nacionales sigan siendo sitios para observar y apreciar naturaleza y paisajes inalterados, y no represas, tomas de agua, tuberías de gran tamaño, desarenadores, plantas de tratamiento, desalinizadoras, caminos de acceso u otro tipo de estructuras artificiales, que sin duda implican corta de bosque y vegetación y que además causarían impactos ambientales significativos. El turismo que ingresa a nuestro país viene a ver naturaleza inalterada, no ese tipo de obras o estructuras.
  • Que el conocimiento científico que se tiene sobre estos sitios ecológicamente tan complejos y frágiles, sigue siendo aún limitado y debería privar ante todo el principio precautorio. Por el contrario, los promotores cifran erróneamente en los estudios ecológicos y ambientales, la supuesta no afectación a estas áreas protegidas.
  • Que los parques nacionales y otras reservas equivalentes, han sido establecidos para proteger nuestra extraordinaria diversidad biológica, lo que incluye la fauna silvestre. Es en estos lugares protegidos donde la fauna tiene acceso al agua que necesita, lo cual podría afectarse o eliminarse completamente, si se permite que sea captada para otros propósitos. Esta situación se haría particularmente grave en las áreas protegidas del Pacífico Seco, en las cuales, con base en los modelos climáticos existentes, el agua se haría aún más escasa.
  • Que el ecoturismo es de vital importancia para la economía del país. Con base en datos oficiales del ICT y del Banco Central, en el 2017, para un 45,3% de los turistas su motivo principal de la visita fue la observación de la flora y la fauna, y los ingresos de divisas por concepto de turismo fueron de US$ 3.873 millones. Con base en estos datos podemos estimar que nuestros parques y reservas contribuyeron con casi US $2000 millones a la economía del país y con la generación de unos 50.000 empleos directos.
  • Que la coyuntura política y económica actual en nuestro país tiende a priorizar los aspectos económico-productivos por encima de los ambientales, lo que hace que una apertura de este tipo en áreas ecológicamente sensibles, resulte en estos momentos aún mucho más peligrosa y riesgosa.
  • Que los parques nacionales y reservas biológicas por su importancia ecológica son inalienables, imprescindibles e inembargables, por mandatos del ordenamiento jurídico ambiental costarricense, artículo 50 de la Constitución Política, y asimismo por los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Que dichos tratados obligan al país a formular las medidas necesarias para la protección de estas áreas protegidas, lo que podría estarse incumpliendo al aprobar legislación que permita abrir estas zonas al desarrollo de proyectos de infraestructura energética de gran escala.
  • Que, en lugar de aperturas genéricas y generalizadas de todas las áreas silvestres protegidas para proyectos de acueductos, debería analizarse cada caso por separado, buscándose las soluciones específicas para cada situación. Existen opciones fuera de las ASP, algunas de estas podrían ser: perforación de pozos fuera de las ASP, trasvase de aguas de otras microcuencas o sub-cuencas o, en caso de que las condiciones lo permitan, aprovechamientos de ríos o quebradas de sitios cercanos, expropiando a finqueros, en vez de afectar parques o reservas biológicas.
  • Que el proyecto de ley carece de estudios que justifiquen porque es procedente desafectar parques nacionales y reservas biológicas, cuando por otro lado se está presentando una situación generalizada de fugas en las tuberías de AyA, lo que violenta el criterio de tutela científica en el manejo ambiental.
  • Que además de los parques nacionales y reservas biológicas, existen también otras categorías de manejo como las reservas forestales, refugios de vida silvestre, zonas protectoras y humedales, algunas de propiedad estatal, que contienen gran riqueza y diversidad biológica, y que serían también gravemente afectadas con este proyecto de ley.

Por lo tanto:

Las organizaciones y personas abajo firmantes nos oponemos categóricamente al proyecto de ley expediente 20 447. Consideramos que se comete un enorme error al promoverlo, por lo que hacemos un llamado ferviente a los diputados y diputadas para no aprobar esa propuesta. Estamos dispuestos a llevar esta batalla a las instancias legales, institucionales y políticas que sean necesarias, tanto nacionales como internacionales, a fin de detener la destrucción de nuestros parques nacionales y reservas equivalentes.

Aclaramos que no estamos en contra del principio del acceso al agua para consumo humano en cantidad y calidad suficiente, sino en la afectación y precedente que se crea con este proyecto de ley. Abogamos por la búsqueda y aplicación de otras opciones, como las señaladas en esta nota. Consideramos también que el agua se debe considerar como un derecho de todo ser viviente, no solamente de los humanos.

Instamos al Gobierno y a los diputados, a no promover ni aprobar reformas legales genéricas para abrir los parques nacionales al desarrollo de proyectos de infraestructura comercial o industrial de gran escala, en este caso, para obras de acueductos.

Instamos a la sociedad costarricense a oponerse categóricamente a este proyecto de ley y a defender por todos los medios esa enorme riqueza natural que son los parques nacionales y reservas biológicas, patrimonio de todos los costarricenses, tanto de las actuales como de las futuras generaciones.

 

****

Organizaciones firmantes

 

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía (SITRAMINAE)

Firma responsable: Roberto Molina,

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)

Firma responsable: Henry Picado

Fundación Promar

Firma responsable: Javier Rodríguez Fonseca

Asociación ABAAnimal

Firma responsable: Juan Carlos Peralta Víquez

Sea Shepherd Costa Rica

 Firma responsable: Jorge Serendero Hülssner

 For The Oceans Foundation

Firma responsable: Marcela Aguilar Bruno

The Leatherback Trust.

Firma responsable: Elizabeth Solano Pacheco, cédula 1-0810-0765

Preserve Planet

Firma responsable: Luis Diego Marín Schumacher, cédula: 1-753-303

Personas firmantes

Mario Boza Loría

Álvaro Sagot Rodríguez

Rolando Portilla Pastor

 

Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta enviada al Presidente Carlos Alvarado con respecto a la amenaza sobre los Parques Nacionales y Reservas Biológicas de nuestro país:

#2 Nota Presidente Carlos Alvarado (Versión 4)

 

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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Frente por la Vida: Carta al Presidente Alvarado en solicitud de veto Proyecto Ley AGUA contra Áreas Silvestres Protegidas

Reciba cordiales saludos de las organizaciones que integramos el FRENTE POR LA VIDA.

Por este medio le solicitamos encarecidamente que ejerza su poder de veto para frenar el Expediente N° 20447 “LEY PARA AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONEXAS EN EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”, aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa.

Dado que con esta ley se autoriza con tan sólo un decreto de interés, cualquier tipo de explotación de agua potable dentro de todas las de Áreas Silvestres Protegidas, es nuestro criterio que este proyecto es una iniciativa altamente dañina y peligrosa, pues permite al AyA, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, intervenir, afectar e inclusive destruir áreas silvestres protegidas por leyes ambientales, como lo son nuestros Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Humedales RAMSAR, las cuales actualmente están oportuna y sabiamente protegidas por diversas leyes.

Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta completa.

Solicitud de veto Proyecto 20447 v4

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por María Elena Fournier.

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UNA: Se crea Comité de Agua en Isla Caballo

Cerca de 300 personas claman por agua potable, y electrificación para su comunidad: Isla Caballo

UNA Se crea Comite de Agua en Isla Caballo2

Aquí, las mujeres no tenemos trabajo porque nos falta el agua, aquí todas las mujeres que somos madres pasamos las peores penurias, para poder asear y dar de comer a nuestros hijos, aquí los adultos mayores necesitan el agua. Todos necesitamos el agua potable que tanto nos están negando. Pero tenemos que seguir caminando aunque nos agotemos, porque debemos luchar por los derechos que tenemos como personas”.

Así, lo expresó Eulalia Peralta, el pasado 1 de junio en el salón de la iglesia evangélica, donde cerca de 80 personas representantes de la comunidad, se reunieron para participar de la capacitación organizada por el Programa de Desarrollo Integral de las Comunidades Rurales Costeras del Golfo de Nicoya (PDICRC).

Dicha actividad contó con la participación de la académica Lic. Catalina Carrillo, y estudiantes de la Universidad Nacional que colaboran en este programa.

Por su parte, los habitantes expusieron, a través de las diferentes actividades las cualidades que deben tener los representantes del nuevo comité de agua: “La lucha es de todos, pero las personas que nos representarán tienen que ser personas muy responsables, así como tener una gran ilusión y compromiso para asumir esta función tan importante para nuestras familias”, expresó Angel Rojas de la Comunidad Isla Caballo.

La académica Catalina Carrillo explicó que: entre las tareas prioritarias que asumen los nuevos integrantes del Comité está la coordinación de los procesos entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Puntarenas, así como la organización y gestión entre la comunidad, las organizaciones comunales, y las ASADAS: “Las distintas actividades de capacitación que emprendan las personas de la comunidad son muy importantes, para la solución del abastecimiento del agua potable y otras problemáticas sociales que tienen los habitantes de Isla Caballo”, expresó Carrillo.

Felipe Torres quien es oriundo de la comunidad desde hace setenta años, explicó que la población ronda en unas trescientas personas de las cuales existen sesenta y cinco familias quienes no cuentan con agua potable desde hace varios años.

Aunado, a lo anterior Torres agregó que: “Esta situación la vivimos desde hace varios años, ya que los pozos que teníamos desde los primeros habitantes se fueron contaminando y cerrando. Esta situación entre otros problemas con la recolección de la basura, y la falta de electrificación para algunas familias”, dijo.

El nuevo Comité de Agua quedó conformado por: Patricia Morales Soto (Presidenta), Michael Rojas Peralta (Vicepresidente), María Fernanda Morales Soto (Secretaria), Sobeida Torres (Tesorería), José Darío Rojas Peralta (Fiscal), Carlos Alberto Alvarez Peralta (Vocal 1), Adrían Rojas Álvarez (Vocal 2).

Por Ana Cecilia Espinoza C.

 

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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UNA y sociedad civil defienden calidad del agua potable

  • El acuífero Potrero-Caimital, ubicado en el cantón de Nicoya, es la principal fuente de agua para consumo humano para los poblados de Nicoya y Hojancha
  • Fuerzas vivas de Guanacaste unieron esfuerzos con la UNA para impulsar la creación de un modelo de gestión de calidad de las aguas de consumo humano en la microcuenca Potrero-Caimital

 

Una alerta emitida hace tres años por el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara), sobre el peligro de contaminación por agroquímicos en la microcuenca Potrero-Caimital, así como la actividad pecuaria en zonas de recarga del acuífero y la sequía que asotó Guanacaste motivó a que fuezas vivas de la región unieran esfuerzos con la Universidad Nacional (UNA), para impulsar la creación de un modelo de gestión de calidad de las aguas de consumo humano en la microcuenca Potrero-Caimital.

Ante este panorama, el Campus Nicoya, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret), el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec) y el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible (Cemede) de la UNA, en alianza estratégica con la Municipalidad de Nicoya, la Comsion de Ambiente del Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI) y otros actores dieron pie al proyecto académico: Gestión participativa de la calidad del agua en la microcuenca Potrero Caimital (Gepa), coordinado por Rigoberto Rodríguez, investigador del Campus Nicoya de la UNA.

Rodríguez comentó que el acuífero Potrero-Caimital, ubicado en el cantón de Nicoya, es la principal fuente de agua para los poblados de Nicoya y parte de Hojancha, por lo que es primordial crear un modelo de gestión de calidad de las aguas para consumo humano en esa microcuenca.

“La estrategia de trabajo es el abordaje conjunto, mediante coordinación y participación de todos los actores, quienes analizarán resultados particulares (por ejempo de zonas más propensas a contaminación) y plantearán las acciones que deben ser incluidas en un plan de gestión de la micro cuenca”.

Asimismo, expresó que se identificaron varias actividades agropecuarias, las cuales representarían peligros potenciales al encontrarse muy cerca de los puntos de captación de agua.

Plan de monitoreo

Agregó que los principales resultados de este acompañamiento se materializarán en un plan de monitoreo de la calidad de las aguas, el cual se definirá de manera participativa entre los actores, que incluye la municipalidad, asadas, instituciones, investigadores-extensionistas.

Además, la participación estudiantil, el fortalecimiento de alianzas entre la academia con los diversos sectores de la sociedad y la sistematización de los resultados, así como en la publicación de artículos científicos.

El área de estudio está compuesta de dos microcuencas: el río Potrero, que corre hacia al noroeste, es afluente del río Grande de Nicoya el cual aguas abajo cambia su nombre por río Morote y drenan hacia el Golfo de Nicoya; y el río Caimital que corre hacia al suroeste, en dirección contraria al río Potrero, y aguas abajo cambia su nombre por río Gamalotal, afluente del río Quirimán que luego cambia su nombre por río Nosara, antes de desembocar en el océano Pacífico.

Trabajo en equipo

Rodríguez detalló que el Iret y el Cemede cuentan con experiencia investigativa en la microcuenca Potrero-Caimital, adquirida a través de la ejecución conjunta de los proyectos Presiones Ambientales y Calizas del Agua de la Cuenca del Río Morote (2002-2004) y Vigilancia del uso de plaguicidas en actividades agropecuarias, con énfasis en el herbicida 2,4-D, por peligro de contaminación de aguas subterráneas y superficiales en la Península de Nicoya durante el periodo (2010-2012)-.

En este último proyecto se contó también con la participación del Senara y del personal de las oficinas cantonales de AyA, el Sinac, el MAG, las Cámaras de arroceros, ganaderos y cañeros, así como las asadas.

Resaltó que en la microcuenca existen gran cantidad de quebradas tanto permanentes como intermitentes, estás son afluentes de los cuatro ríos principales de la microcuenca: el río Curime, que se une al río Potrero, y el río Caimital, que aguas abajo cambia de nombre por río Gamalotal.

“Los ríos presentes en el área de estudio están expuestos a la contaminación, no solo por las actividades relacionadas con la agricultura, sino también debido a las fuentes de origen humano y animal, haciéndolos vulnerables para el consumo humano”.

 

Johnny Núñez Zúñiga

Periodista-UNA

 

***Mayor Información con: Msc. Rigoberto Rodríguez (8321-9879) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3464).

 

Imagen tomada de: http://www.hoyenelcampus.una.ac.cr

Enviado por UNA Comunicación.

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