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Etiqueta: agua potable

Comunidades de Guadalupe y Tibás se solidarizan con Hatillo en lucha por el agua

Comunidades de Guadalupe y Tibás presentan comunicados en solidaridad con Hatillo en su lucha por el acceso al agua. Ambas comunidades denuncian la inoperancia de las autoridades responsables y la falta de soluciones concretas frente a la problemática del desabastecimiento de agua potable. Además, resaltan las consecuencias negativas que este problema tiene en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a la educación y las labores de cuidado, así como el impacto desigual que afecta especialmente a las comunidades de clase trabajadora. 


Comunicado Guadalupe por el agua

El día de hoy en horas de la mañana recibimos la noticia de la detención de al menos 9 personas, incluidos dos regidores municipales electos, mientras se manifestaban en la zona de Hatillo por su derecho al recurso hídrico. 

Como vecinas y vecinos de Guadalupe vivimos en carne propia los daños y efectos del desabastecimiento de agua en nuestras comunidades y también nos hemos organizado para defender nuestro derecho.

Denunciamos la inoperancia del AyA y el gobierno de Rodrigo Chaves para dar solución a este grave problema, así como las maniobras para evitar que las comunidades se organicen. 

Nos solidarizamos con las personas detenidas y exigimos que se elimine cualquier causa en su contra, pues su lucha por el agua es justa y también es nuestra lucha. Llamamos a que todas las comunidades nos organicemos para exigir nuestro derecho al agua.

Unidos por el Agua – Guadalupe

Martes 18 de marzo 2024


Comunicado Tibás por el agua

Desde el movimiento de personas vecinas de Tibás organizadas “Tibás por el agua”, denunciamos que:

  1. Las personas vecinas de Hatillo, al igual que nuestra comunidad, ha venido sufriendo graves problemas de abastecimiento de agua potable desde hace ya más de un mes (misma situación que vienen viviendo comunidades como Guadalupe, Moravia, La Carpio, Alajuelita, Tres Ríos, etc). Este faltante de agua ha llegado a afectar incluso el acceso a educación, teniendo varios centros educativos que suspender lecciones por la falta de agua. 
  2. El no tener acceso al agua, implica una afectación directa a las labores de cuido, mismas que mayoritariamente asumen las mujeres, de modo que se convierte en un elemento más para las brechas que ya de por sí socialmente existen para este sector, incluso incrementando la violencia de género frente al no cumplimiento de estas labores impuestas, esto sumado a la acumulación de carga laboral no remunerada.
  3. Ante esta situación, desde hace varias semanas la comunidad organizada de Hatillo se he venido manifestando para exigir acceso al derecho básico del agua, obteniendo constantes promesas que hasta el momento no se han cumplido.
  4. El día de hoy, lunes 18 de marzo en horas de la mañana, por órdenes de la fiscalía, la policía reprime la manifestación de estas personas organizadas, resultando nueve personas detenidas y trasladadas por flagrancia.
  5. Frente al incremento de la inseguridad y violencia resulta indignante e incomprensible que se destinen recursos policiales y judiciales para amedrentar personas por exigir su derecho a tener agua potable en sus hogares y quienes no estaban cometiendo ningún delito, mientras la delincuencia organizada transita libremente armada. Esto deja en entredicho la función de las fuerzas policiales y del Ministerio de seguridad pública, quien el día de hoy no pareciera demostrar que su labor es la protección de la ciudadanía, sino más bien la persecución de personas que simplemente luchan por derechos básicos, como el acceso a agua.  

Por lo tanto:

  1. Desde el movimiento “Tibás por agua” nos solidarizamos con las personas vecinas de Hatillo que han venido organizándose en pro de su derecho al agua y especialmente con las nueve personas detenidas el día de hoy.
  2. Exigimos la inmediata liberación sin cargos, ni represalias de las personas detenidas, así como una inmediata investigación sobre este proceder dudoso de parte del ministerio público de ordenar la detención de líderes comunales.
  3. Exigimos a las autoridades del AyA y al gobierno una solución inmediata al faltante de agua tanto en Hatillo como en las demás comunidades que venimos denunciando dicho faltante, siendo que aparte de constantes reuniones dónde se nos prometen acciones que nunca se llevan a cabo, no vemos voluntad real alguna de parte de las autoridades para solucionar un problema tan grave como el del acceso al agua. 
  4. Exigimos consecuencia, dado que, si por un lado la semana pasada se abrió una mesa de diálogo con las distintas comunidades afectadas, resulta inconsecuente que el día de hoy se le responda a la comunidad de Hatillo con represión y detenciones innecesarias. Esto nos genera una desconfianza total hacia dicho supuesto diálogo.
  5. Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas a unirnos y organizarnos en defensa del agua en las calles y no dejarnos amedrentar, siendo que además se hace evidente que el acceso al agua también es un tema de clase, en dónde son las comunidades de la clase trabajadora las que sufren del faltante de agua y no las de las clases con alto poder adquisitivo, lo que a su vez repercute en el acceso a educación, labores de cuido y trabajo.

Tibás por el agua

Martes 18 de marzo 2024

El derecho al agua es un derecho humano fundamental, como también lo es la protesta social

San José, lunes 18 de marzo de 2024

Denuncia pública a la opinión nacional e internacional

El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.

Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en  un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.

Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.

Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública.  En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el  pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.

Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.

Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.

Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual  el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.

Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.

¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!

LA DEMOCRACIA DE LA CALLE TAMBIÉN ES UN DERECHO

PROTESTAR ES UN DERECHO NO UN DELITO

Hatillo: agua y criminalización de la protesta social

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El pasado 18 de marzo del 2024, las comunidades de Hatillo continuaron sus manifestaciones en reclamo por las pésimas condiciones de suministro de agua potable que les viene afectando desde semanas atrás. De forma selectiva, las fuerzas policiales actuaron privando de libertad a las personas lideresas comunitarias, lo que demostró una estrategia de represión focalizada, con el fin de desarmar el movimiento e intimidar a las personas participantes.

Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:

  • Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
  • La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.

Les compartimos esta infografía para abrir este debate.

Detenidos por exigir agua en Hatillo

El martes 18 de marzo, un grupo de personas se unieron para demandar un correcto suministro de agua en Hatillo, y como respuesta institucional se empezaron a realizar arrestos hacia los líderes de dicha movilización. 

El video adjunto a esta nota evidencia los arrestos, donde el autor del video destaca la detención selectiva de personas, al ser a los líderes de la protesta a quienes están arrestando, además se reporta una agresión policial a una mujer durante el suceso.

Se reportan 12 personas detenidas, quienes se encuentran en la delegación de Barrio México, a la espera de ser trasladados al primer circuito judicial. Entre los detenidos se encuentran Jorge Arturo Zúñiga Carrasquilla, Valery Nicole Durán Vargas, David Contreras Mora, Harold Araya Coto, Jorge Sánchez Bogantes, Juan Carlos Redondo Araya, José Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas, y una mujer no identificada. 

Ante esto, el sindicato de trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA) solicitan una liberación inmediata a los ciudadanos de Hatillo que exigen agua en cantidad y calidad, e infraestructura para las comunidades, no “curtidas con cisternas”, como mencionan. 

El sindicato indica que el Presidente Ejecutivo del AyA brinda a empresarios luz verde para disponibilidades, pero no resuelve sobre el recurso para los habitantes. Ante esto demandan urgencia para un decreto que active infraestructura para las comunidades vulnerables, y la redistribución de agua de zonas adineradas a zonas con menos recursos. 

Indican que se esperaba un número mayor de detenidos, junto con el ingreso de patrullas a la delegación. De esta forma, llaman a la solidaridad con las personas detenidas ya que la protesta social es un derecho y no un delito.

Pronunciamiento Frente Nacional de Lucha

El Frente Nacional de Lucha (FNL) alza su voz a modo de protesta en contra de la detención de Jorge Arturo Zúñiga Carrasquilla, Valkyrie Nicole Durán Vargas, David Contreras Mora, Harold Araya Coto, Jorge Sánchez Bogantes, Juan Carlos Redondo Araya, Juan Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas y una mujer no identificada, el día de hoy, lunes 18 de marzo de 2024, que se da durante la manifestación de vecinos y vecinas de Hatillo, quienes reclamaban por el derecho humano al agua potable.

Esta detención se realiza, según declaraciones de Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, porque existe una denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de algunas de estas personas y el fiscal Álvaro Montoya ordenó su detención. Consideramos que esta es una detención sistemática y selectiva que recae sobre las personas líderes de este movimiento, dentro de quienes destacan miembros del recientemente electo Consejo Municipal del cantón San José, entre los cuales se encuentra David Contreras, regidor electo por el Partido Frente Amplio (FA). Además, después de estos hechos, la policía ha continuado amenazando a las personas manifestantes con realizar más detenciones.

Tres de las personas detenidas fueron trasladadas al Circuito Primero de Flagrancia y las demás personas permanecen detenidas en la Delegación de Barrio México, donde Sofía Guillén, diputada del FA, ha llegado a dar su apoyo, en la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas. En estas circunstancias, se evidencia el incumplimiento de los cuerpos policiales de Costa Rica para preservar y proteger la libertad, la dignidad y la vida de la población, y denunciamos la línea autoritaria de gobierno que intenta criminalizar y desmovilizar una protesta social que exige agua potable para los hogares. Esta criminalización tiene como fin continuar con el modelo de privatización de la salud, la educación, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, los seguros, etc., que son servicios y derechos vitales para que la población tenga una calidad de vida digna.  El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar las protestas, acorde a los estándares de derechos humanos, ya que estas están estrechamente vinculadas a la promoción y defensa de la democracia. La indignación de las personas manifestantes debe ser considerada como una demanda colectiva, para un cambio social en favor del cumplimiento del derecho constitucional al agua potable. Desde el FNL consideramos que esto es un ataque directo en contra del derecho a la protesta y censuramos la falta de cumplimiento de las obligaciones de respeto   y   de   garantía   frente a los derechos involucrados; desaprobamos la vulneración de los derechos a la libertad y la seguridad personal de quienes participaron en la manifestación.

El Frente Nacional de Lucha indagará el origen de la denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de las personas líderes del movimiento y los motivos específicos de específicos de su detención para denunciar nacional e internacionalmente las injusticias a partir de las cuales nos pretenden imponer un modelo de estado en el cual el agua no sea un derecho humano, sino un bien económico y donde las leyes sólo sirvan para el beneficio de unos cuantos grupos de poder.

No a la represión de las comunidades en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable

La Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA); organizaciones basadas en San José Costa Rica; manifestamos nuestro absoluto repudio a los hechos de represión y detención de dirigentes comunales y municipales en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable en la comunidad de Hatillo, al sur de San José, capital de Costa Rica.

Desde hace años estas comunidades vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares, situación que se ha ido agravando como consecuencia del cambio climático global, que ha hecho más extensa y severa la estación seca en nuestro país; pero sobre todo, debido a la desidia, al desinterés y a la incapacidad de las autoridades de gobierno, que no han tomado las previsiones necesarias para adaptar al país a esta nueva realidad; lo que ocasiona graves problemas no solo de aseo, higiene y salud para estas poblaciones, sino incluso dificultades para la preparación de los alimentos, para la obtención de agua para consumo humano y uso doméstico; así como también el cierre de las escuelas, violentando el derecho a la educación de miles de niños y niñas, por falta del vital líquido.

Nos Solidarizamos con estas comunidades en lucha y con todas aquellas poblaciones que levantan la voz por su legítimo derecho a contar con acceso a agua potable en condiciones de cantidad y calidad adecuadas.

Hacemos un vehemente llamado a las autoridades del gobierno de la República, a que cesen de inmediato la represión, a que liberen sin cargos a todas las personas detenidas, y al cese inmediato de la criminalización y judicialización de la protesta social pacífica y al uso del sistema legal como instrumentos de represión en contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y sociales.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones ambientalistas y comunitarias, así como a las distintas municipalidades del país a que se pronuncien y se movilicen contra estos hechos de represión.

San José, Costa Rica, a los 18 días del mes de marzo del 2024

Resumen Ejecutivo: Caso de la Asada Cipreses de Oreamuno 

El Frente Eco Cipreses compartió con SURCOS el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”, emitido el 23 de febrero del 2024, donde se hace un análisis de la situación de la Asada Cipreses de Oreamuno en Costa Rica, destacando varios problemas en su gestión del agua potable. Dicho documento es firmado por Vladimir Mesén Montenegro, de la UEN Gestión de Acueductos Rurales. 

La Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de Cipreses de Oreamuno, ubicada en la zona de Cartago y que abastece a más de 5 mil personas, ha sido objeto de análisis por parte de la Oficina Regional de Atención de Asadas (ORAC) Central Este. 

Según el informe PRE-J-2023-04471 del 17 de noviembre de 2023, solicitado por la Dirección de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Asadas de la Subgerencia de Sistemas Delegados, la ASADA se clasifica como un operador tipo C en desarrollo bajo, según los estándares del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Desde 2018, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han estado brindando asesoramiento, evaluación y supervisión a la ASADA, revelando deficiencias en su gestión. Esto ocurre en un contexto de escasez de agua crítica y limitaciones en la capacidad hidráulica del sistema de acueducto, resultando en racionamientos frecuentes para los usuarios y la incapacidad de brindar servicio a nuevos usuarios.

Para abordar esta situación, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han ofrecido acompañamiento y emitido órdenes al operador del servicio delegado para estabilizar el suministro de agua potable, siguiendo los reglamentos establecidos. Sin embargo, hasta la fecha, la ASADA de Cipreses no ha aceptado ni la asesoría ni las instrucciones de la Subgerencia de Sistemas Delegados.

Además, el caso de la ASADA de Cipreses ha generado denuncias en varias instituciones, incluyendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y el Ministerio de Salud.

El resumen ejecutivo revela las deficiencias en la gestión de la Junta Directiva de la ASADA de Cipreses, liderada por un empresario agroindustrial. Se destaca su enfoque prioritario en el uso agroindustrial y comercial del agua, descuidando el consumo humano. Se señala la falta de control de cultivos en áreas protegidas y la manipulación de válvulas para beneficiar a fincas productivas. Además, se evidencia la entrega irresponsable de nuevas disponibilidades de servicio sin respaldo técnico adecuado.

Ante estas irregularidades, la Junta Directiva del AyA ha intervenido, buscando asumir el sistema de acueducto y delegar su operación a otra ASADA, Santa Rosa de Oreamuno, mediante el Acuerdo 2021-124. Sin embargo, la ASADA de Cipreses ha contratado al expresidente ejecutivo del AyA como asesor legal, llevando a cabo una campaña interna para cuestionar la decisión del AyA y suspender temporalmente el retiro del convenio de delegación (Acuerdo 2022-287) a través de una «mesa técnica tripartita».

Esta mesa técnica produjo dos resultados principales: un balance hídrico que evidenció la crítica situación del acueducto y la necesidad de nuevas fuentes de agua, así como obras de mejora hidráulica que mostraron la falta de inversión de la ASADA en infraestructura. Sin embargo, la ASADA desestimó los resultados de este proceso y los estudios técnicos contratados, y durante dos años ha ignorado las solicitudes del AyA para realizar las obras necesarias.

La situación se ha agravado con la confirmación de la contaminación de las fuentes de la ASADA de Cipreses, lo que llevó al cierre por parte del Ministerio de Salud. A pesar de esto, la ASADA ha continuado una campaña de desinformación y no ha tomado medidas para controlar la agricultura intensiva en las áreas de protección.

La ASADA ha hecho un mal uso de los fondos públicos, realizando inversiones sin aprobación, como la contratación de personal sin los debidos atestados académicos, remodelación de oficinas administrativas, compra de equipos costosos y contratación de servicios profesionales sin respaldo

técnico. Además, ha empleado tácticas cuestionables, como el pago a periodistas para difundir información falsa y la contratación de abogados para atacar al AyA.La recomendación de la Subgerencia de Sistemas Delegados a la Administración Superior es retomar el acuerdo 2021-124. Se sugiere realizar una adenda para que el AyA asuma plenamente la operación del sistema de abastecimiento de agua potable y lleve a cabo todas las acciones institucionales necesarias para su adecuada gestión.

Se adjunta el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”.

Contaminación por clorotalonil: auditora interna de AyA solicita auditar a la subgerencia por incumplimiento de funciones

Solicitan intervención de ARESEP

Ante una carta enviada por el Frente Ecologista de Cipreses la auditora interna del AyA Karen Espinoza Vindas fue clara en decir “creo fundamental desde mi incorporación a la Auditoría Interna que se audite la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados, para analizar si cumplen con el bloque de legalidad, en cuanto asesorar, evaluar, capacitar, fiscalizar, acompañar e intervenir a las Asadas (ver oficio de respuesta).

El AyA debió intervenir desde 2021 la ASADA de Cipreses de Cartago por denuncias comprobadas de “(…) desabastecimiento del servicio de agua potable, otorgamiento de nuevas disponibilidades sin tener la capacidad hídrica, inadecuado uso de fondos públicos, donaciones, compra de bienes y donaciones de propiedades sin contar con criterio técnico del AyA (…) Informe Administrativo número GSD-UEN-GAR-2021-00641 del 15-2-2021).

Sin embargo, a tres años de esta decisión es parte de la “papa caliente” de la contaminación no solo de tres ASADAS si no de una inminente emergencia de contaminación de toda la Zona Norte de Cartago. Mientras esto pasa, la junta directiva y el AyA hacen un esfuerzo incesante por no hacer nada y pasarse la responsabilidad de abajo para arriba y viceversa. Cartas van y vienen, no así una solución permanente y sobre todo un diagnóstico real de la contaminación por agroquímicos en la zona de Cartago.

Para el Frente Ecológico, el AyA está en desacato ante la solicitud de los Magistrados de analizar el agua de la Zona Norte de Cartago de forma integral considerando la comprobada contaminación con agrotóxicos degradados del Clorotalonil. Tampoco ha cumplido con el Ministerio de Salud, la Controlaría General de la República y la Defensoría de los Habitantes que solicitaron hace meses estudios hidrogeológicos en Cipreses de Oreamuno.

La Sala Constitucional dictó hace casi dos años que: “… para solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno; y 2) investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona. En el ínterin, las autoridades supracitadas deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión…” (Exp: 22-015651-0007-CO)

Por otro lado las fuentes contaminadas siguen desprotegidas y siguen siendo fumigadas a vista y paciencia de todas las autoridades, ante esta situación tan prolongada y desesperante el Frente Ecológico está solicitando una intervención del intendente de aguas de ARESEP Marco Cordero a quien invitan a la comunidad para “comprender la desesperación que sentimos al ver que el AyA no ha tenido la capacidad (o la voluntad) de resolver este problema que se encuentra absolutamente documentado en todas sus aristas: financiero, ecológico y social y sobre el cual en tres ocasiones la Sala Constitucional nos ha dado la razón” (ver solicitud de intervención).

Además, cierran diciendo que “ya es momento que su representada intervenga el AyA” (…) y “ARESEP no puede hacerse de la vista gorda ante este problema”.

Documentación: https://drive.google.com/drive/folders/1gDynj9hRSJSyNX7W7VBaogpGs4wCy3KG?usp=sharing

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.

Solicitan intervenir ASADA de Cipreses en Cartago por desacato de las indicaciones del AYA

  • ASADA desobedece al AyA y quiere conectarse a fuentes clausuradas por contaminación fecal

  • AYA repartió agua en cisterna contaminada con deecgradados de clorotalonil

El 12 de febrero, el Frente Ecologista EcoCipreses hace nuevamente una solicitud de intervención a la ASADA de Cipreses en Cartago. En 2021 el AYA acordó intervenir “a efectos de garantizar el interés público que reviste la correcta prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a los habitantes de esta comunidad, así como garantizar el adecuado manejo de los fondos públicos que dicha Asociación administra.” (Acuerdo No. 2021-124, Junta Directiva AYA). Este acuerdo nunca se ejecutó y se profundizaron los problemas.

La ASADA de esta comunidad cuenta con cuatro fuentes de agua, de las cuales dos de ellas están clausuradas y tienen órdenes sanitarias por encontrarse cerca de tanques sépticos y poseen, además, antecedentes de presencia de coliformes fecales, mientras que las otras dos nacientes han sido contaminadas con diversos plaguicidas y además sus áreas de protección están siendo amenazadas debido a la agricultura y/o ganadería.

A pesar de esto, la ASADA no acata las indicaciones especificadas en los informes técnicos del AyA y continúa haciendo conexiones, pozos, comprando terrenos y elaborando proyectos, aún cuando el AyA les ordenó suspender disponibilidades de agua debido al déficit hídrico y el crecimiento poblacional de la zona. Sin embargo, intentan ejercer presión contra los criterios técnicos que protejan a la población.

La ASADA intenta presionar para seguir dando disponibilidades de agua, como lo expone el Frente EcoCipreses: “la ASADA insiste en conectar a la red de distribución de agua para consumo humano las conocidas fuentes de agua llamadas Edwin Coto y San Francisco de Asís, estas nacientes habían sido clausuradas dado que se pudo constatar la presencia de coliformes fecales”. Ante esto, la organización explica y además ha sido verificado que las nacientes no cuentan con la protección ambiental mínima y por eso han sido clausuradas.

Por otra parte, y sumándole a la problemática del acceso y contaminación del agua, el AyA repartió agua contaminada en cisterna, pues se ha dado a conocer de la aparición de degradados del agroquímico clorotalonil en comunidad aledaña de Santa Rosa, zonas de donde se han cargado las cisternas que abastecen a miles de personas de la zona de Oreamuno e incluso de Paraíso y Alvarado.

El Frente EcoCipreses comenta su preocupación ya que “la situación de contaminación del agua con agroquímicos en la Zona Norte de Cartago es más grave de lo que se creía, ya que el agua que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha estado transportando hace un año a la comunidad de Cipreses, es proveniente de una naciente que se creía limpia, resultó también contaminada con residuos del plaguicida clorotalonil”

Sin embargo, hace casi dos años después no se ha cumplido lo ordenado por la Sala Constitucional:

“… para solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno; y 2) investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona. En el ínterin, las autoridades supracitadas deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión…” (Exp: 22-015651-0007-CO)

Es por estas razones que el Frente Ecologista solicita una audiencia con la Junta Directiva del AyA para conocer si existe una ruta de trabajo para poder detectar y monitorear los plaguicidas presentes en el agua para consumo humano como, por ejemplo, los productos de degradación del Clorotalonil. Además, solicitan una intervención a la ASADA de Cipreses por el mal manejo de la situación que les afecta directamente.

Además, mencionan que “se debe hacer una auditoría financiera y una auditoría técnica considerando que la ASADA continúa ejecutando presupuesto sin el consentimiento del AyA. Considerando que nos están conectando a fuentes contaminadas con coliformes y haciendo proyectos desobedeciendo una y otra vez al AyA como ente rector o haciéndolo a sus espaldas” y por último solicitan a la Junta Directiva del AyA, que retome el acuerdo para asumir la ASADA de Cipreses y que el sistema sea trasladado a la Asada Santa Rosa de Oreamuno, adoptando el acuerdo N° 2021-124 de fecha 09 de marzo del 2021.

Informes:

Documentación que acompaña la solicitud de intervención y reunión: https://drive.google.com/drive/folders/1eRRiWd8Tct59gpsXOFJiMwRJ5GM4olkc?usp=sharing

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

ARESEP discrimina a la comunidad de Cipreses que sigue pagando por el servicio de agua “potable” contaminado

Queremos para nuestras comunidades el trato de San José con la contaminación por hidrocarburos”

La lucha por el problema de contaminación del agua en Cipreses de Oreamuno ha estado presente hace aproximadamente 3 años. Tras el conocimiento de que las nacientes estaban contaminadas con clorotalonil, la comunidad de Cipreses ha sido abastecida por cisternas desde hace más de un año, donde la tarifa y el cobro del servicio hídrico ha permanecido desde entonces a pesar de que se ha solicitado a la ARESEP la rebaja en el pago mensual (expediente OT-247-2023).

El pasado 10 de noviembre del 2023, la ARESEP convocó a una mesa de trabajo a la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, a la ASADA de Cipreses, al Frente EcoCipreses, al Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes, con el fin de tratar el tema de la contaminación del Acueducto de Cipreses.

Ante esto y en contraste con la situación de contaminación del agua por hidrocarburos en varias zonas de San José, el Frente EcoCipreses ha enviado una carta a la ARESEP solicitando el criterio técnico que justifica que los vecinos de Guadalupe en Goicochea sí fueron exentos del pago y se niegue la solicitud que anteriormente había realizado la comunidad de Cipreses. La carta en concreto dice que:

¿Cuál es el sustento técnico que justifica el hecho de que los vecinos del cantón de Goicoechea, Guadalupe hayan sido exentos al pago del servicio, mientras que la respuesta ante la misma solicitud para los vecinos del distrito de Cipreses fuera negativa? Con todo respeto consideramos que estamos siendo víctimas de una decisión arbitraria”.

El Frente EcoCipreses menciona que el problema que se presentó en la capital ha tomado espacio reciente, no mayor a hace una semana, mientras que en Cipreses ha sido una realidad desde hace varios años. Esta organización considera que los vecinos están “siendo víctimas de una decisión arbitraria, que impacta de forma negativa a toda una población en Cartago, que ha arrastrado una problemática por años, aunadas luchas y un sinfín de gestiones, y qué a pesar de ello, vemos como desde ayer (1 de febrero) sí se les aplicó a los vecinos de Goicoechea este beneficio, a pesar de que ambas poblaciones comparten la misma circunstancia respecto a la falta de acceso al recurso hídrico potable”.

Lo anterior hace referencia de que hay un comunicado de prensa donde se le ordena al prestador del servicio hídrico, que deje sin efecto el cobro total del servicio de acueducto para los abonados que son abastecidos por la Planta Potabilizadora de Agua en Guadalupe mientras que, en Cipreses, el cobro mes a mes no ha sido regulado o detenido y la solicitud a ARESEP ha sido negada.

Finalmente, la organización ecologista se pregunta: ¿Por qué importa más unas personas o lugares sobre otros? ¿Habrá una diferencia si el prestador del servicio es el AYA o una figura como ASADA? ¿Será la diferencia por las moléculas de clorotalonil son cancerígenas y las de xileno no? ¿Será que además de morirnos de algún tipo de cáncer tenemos que subsidiar la enfermedad?

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.