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Etiqueta: Alberto Salom Echeverría

La cuestión cubana desde la óptica del humanismo

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introito

Durante décadas, una abrumadora mayoría de países de todos los continentes ha votado en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo poner fin al embargo estadounidense contra Cuba. No obstante, Estados Unidos se ha mostrado irreductible y cada vez, pone oídos sordos a la casi totalidad de las naciones del mundo, ha interpuesto el poder de veto en las Naciones Unidas, para sabotear el levantamiento del embargo. Tal pode de veto únicamente lo poseen cinco poderosas naciones de la Tierra. Así las cosas, el poderoso imperio del norte americano, mantiene el arbitrario y cruel bloqueo económico con el que ha pretendido, hasta ahora con infertilidad, someter a Cuba bajo su égida. No lo ha conseguido y cada vez se desprestigia más ante los ojos del mundo, su causa imperial.

O sea que, las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas están llenas de un altísimo valor moral y político; pero desdichadamente no son jurídicamente vinculantes.

Con toda seguridad, el actual bloqueo que ha puesto el acento en el impedimento de la entrada de petróleo a Cuba es el más duro de todos, dada la ideología oscurantista del presidente Trump y su espíritu belicista e inhumano. Para Washington el bloqueo funciona, además, como un instrumento de presión política, un símbolo de oposición al modelo cubano, para que surta efecto negativo principalmente sobre los países de América Latina; es una señal hacia otros gobiernos considerados hostiles contra los EE. UU. De ahí que, su eficacia real es discutible, pero sigue teniendo un valor estratégico.

Impacto humanitario

Desde el punto de vista ético y humanitario, el bloqueo afecta principalmente a la población civil, ya que dificulta el acceso a medicamentos, a financiamiento y a la necesidad de obtener alta tecnología. Por lo tanto, el bloqueo limita directamente el desarrollo económico. Es por todas estas razones, que millones de personas en todo el mundo consideran que, el bloqueo contra Cuba es incompatible con los principios de derechos humanos que los Estados Unidos dice defender: una clara contradicción del gobierno estadounidense entre el discurso y su práctica histórica.

Desde una mirada racional y democrática, el mundo pide mayoritariamente el fin del bloqueo, pues como se dijo no ha conseguido los objetivos políticos que se ha propuesto, y más bien aísla moralmente a los EE. UU. Aunque, sí a provocado daños sociales contra la población cubana en general, en especial contra la población de ancianos, personas enfermas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, amén de la niñez. Sin embargo, esa política con toda su crueldad y daño social producido es la que pesa más debido a que la política interna y los intereses estratégicos en particular del gobierno de Trump poseen mucho mayor importancia en el balance interno de la política estadounidense que, el consenso internacional.

Un poco de historia en torno a la política exterior de los EE. UU en América Latina

Es algo sorprendente, desde que los Estados Unidos alcanzó su libertad frente al Imperio colonial británico, en 1776, la nación del norte de América ha invadido o intervenido militarmente en más de cien ocasiones a otros países o territorios fuera de sus fronteras.

Es muy importante observar que antes del comunismo y de Karl Marx, ya los estadounidenses le habían arrebatado a su vecino México, más de la mitad de su actual territorio, entre 1846 y 1848. Nicaragua fue invadida en el siglo XIX, Haití en 1915, Filipinas en 1898, Panamá en 1903 y años subsiguientes, así como los países del Caribe y Centroamérica repetidamente durante el siglo XX. Es decir, el expansionismo estadounidense precede al socialismo y al marxismo. Quiere decir que, la ambición de los EE. UU por extender su imperio por todo el mundo, no nace como una lucha contra el comunismo, sino como una política imperial temprana. Cualquiera que sepa algo de historia reconoce esta realidad palmariamente.

Entre los siglos XX y XXI los Estados Unidos ha intervenido de forma directa o indirecta en América Latina, en casi toda la región. Intervenciones militares directas se produjeron en ese transcurso en México, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Panamá y Granada. Mediante golpes y desestabilizaciones la historia del subcontinente latino registra los siguientes países: Guatemala 1954, Chile 1973, Brasil 1964, Argentina 1976, Bolivia más recientemente, Honduras 2009 y Venezuela en varias ocasiones. La última fue la que se acaba de producir en enero de este año. O sea, más de 20 países latinoamericanos se han visto afectados directa o indirectamente por la política imperial estadounidense. En otras palabras, América Latina ha sido conocida como zona de influencia de Los Estados Unidos o como se le llama también despectivamente “su patio trasero”.

La compleja relación de los Estados Unidos con Cuba. ¿Por qué el bloqueo y la invasión?

Desde mi óptica hay cuatro razones principales:

a) La primera estriba en que, desde los inicios del siglo pasado, los gobiernos de Los Estados Unidos consideraron el Caribe como “el mare Nostrum”, un espacio estratégico en su política de desplazar a las potencias europeas de América Latina, tarea que comenzó en realidad, desde mediados del siglo XIX. A la primera independencia de Cuba del colonialismo español, los Estados Unidos hicieron su aporte completamente interesado político, militar y económico. Esta fase culminó con la guerra “hispano estadounidense de 1898, en que Estados Unidos salió victorioso. Como lo acabo de afirmar, su aporte no fue de gratis, sirvió para que en adelante se inmiscuyera dentro de la Isla antillana, un tutelaje a la naciente República mediante la famosa “Enmienda Platt”. Por medio de este “tratado”, los estadounidenses obligan a que la Enmienda se introduzca plenamente en la Constitución cubana, otorgándole al imperio la potestad de intervenir militarmente en la Isla, e inclusive crearon bases navales, como la que todavía mantienen en Guantánamo.

b) La Revolución Cubana de 1959. Cuba llevó adelante tras el triunfo revolucionario de 1959, una reforma en lo político, jurídico, económico y militar de gran calado:

– nacionalizó empresas extranjeras propiedad de inversionistas estadounidenses, Cuba rompió los lazos de dependencia que la ataban a los EE. UU y abrió el camino para consolidar una verdadera independencia del gobierno del Norte imperial. Todas estas políticas quebrantaron las relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países, puesto que Washington intentó proteger por todos los medios, los poderosos intereses de las grandes empresas estadounidenses frente a las medidas expropiatorias por parte del gobierno revolucionario.

c) La Invasión de Bahía de Cochinos. Con el propósito de apoyar a la contrarrevolución de los cubanos que habían migrado a Miami huyendo de la Revolución, la CIA estadounidense, preparó una invasión de carácter militar, entrenando y avituallando a las tropas, dándoles armamento y apoyándolos con la aviación. En principio, todo el plan fue aprobado por el gobierno del “demócrata” John F: Kennedy, pese a que en el último momento restringió en gran medida la aviación con la que se pensaba bombardear la Isla. Cuba siempre fue bombardeada, pero no en la intensidad con la que, originalmente se había comprometido Kennedy. La invasión de Bahía de Cochinos terminó en un fracaso total para la contrarrevolución de los cubanos de Miami y para el propio gobierno de los EE. UU.

d) El bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Con el bloqueo se pretendía desanimar a la población de la Isla y provocar una rebelión interna. Esto fue reconocido por documentos oficiales desclasificados de la CIA de los Estados Unidos.

Hoy el bloqueo impuesto por Trump se concentra con prioridad en impedir el ingreso de petróleo, con lo que, Cuba se encuentra seriamente desabastecida para alimentar la flotilla vehicular, se ha paralizado gran parte de la industria, los hospitales y la población está experimentando una gran escasez, privación de medicinas, ropa, alimentos, etc. El golpe principal se ha orientado a paralizar el Transporte, la Electricidad, los Hospitales y la producción; una forma moderna de asfixia económica inhumana porque está afectando a la población civil, antes que nada.

Conclusión

El castigo que desde principios de los sesenta la ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, por todo lo expresado no es únicamente contra el gobierno, es contra toda la población. Por lo consiguiente, aunque es un tema ideológico, es por encima de todo una cuestión humanitaria.

No obstante, todo el inmenso historial represivo e inhumano de los Estados Unidos, desde que adquirió el estatus de República al independizarse del imperio colonial británico en 1776, hay todavía gente que se atreve a proponer con cinismo que, la culpa de todos los efectos ampliamente demostrados del bloqueo contra el pueblo y el gobierno de Cuba no proviene únicamente de los diferentes gobiernos estadounidenses, sino que es responsabilidad del régimen cubano.

Se pretende de esta manera como se dice coloquialmente, “tapar el sol con un dedo”, lo que como sabemos solo le ocurre a la persona que interpone su dedo entre sí misma y el astro que nos ilumina y nos da calor. Absolutamente a nadie más que esté dispuesto a conocer la verdad del magnicidio que se viene cometiendo contra Cuba y que hoy endurece el desgobierno de Trump, se le puede engañar.

Pregunto, solo para efecto de demostración, cuántos países que tengan el tamaño y una población parecida a los 11 millones de personas que habitan la Isla cubana, podrían soportar un embargo tan cruel y avasallador como el que desde la década sesenta del siglo pasado, viene imponiendo el gobierno estadounidense. ¿Alguno lo podría soportar? Aún más, ¿Cuántos países podrían mantenerse de pie, y con la dignidad que ha tenido el pueblo cubano ante una intervención tan intensa e inhumana como la que perpetra Trump contra Cuba?

Debe tenerse presente además que, el intervencionismo estadounidense alcanza hoy, aparte de Cuba, a todo aquel país, sea el que sea, que intente auxiliar a la Isla proporcionándole petróleo, medicamentos, comida, ropa y un largo etcétera. Al país que haya deseado brindar solidaridad a Cuba, se le recetan castigos económicos, y puede ser que hasta de carácter militar. O sea, que Trump y sus acompañantes oligarcas, con harta irresponsabilidad frente a toda la humanidad estarían dispuestos a desatar una guerra de carácter universal, si la ayuda proviniese de una potencia como China o Rusia. Ya Trump ha lanzado estas amenazas contra China, Rusia, México y la misma Venezuela. La humanidad decide a quien le brinda solidaridad.

Costa Rica: el desafío de reconstruir su democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Su Formación Humanista, La Participación ciudadana y la Justicia Social

1.Una democracia fatigada

Costa Rica atraviesa una etapa de fatiga democrática. No porque haya perdido sus instituciones fundamentales, sino porque una parte significativa de su ciudadanía ha dejado de sentirse representada, escuchada y protegida por ellas. La desigualdad persistente, el desempleo, la inseguridad, el encarecimiento del costo de la vida, la corrupción profunda, el advenimiento del narcotráfico y la lentitud institucional han erosionado la confianza pública.

En este contexto emergen discursos personalistas, confrontativos y autoritarios que prometen soluciones inmediatas a problemas complejos. Cuando estos discursos prosperan, no es porque haya ignorancia popular, sino, sobre todo, porque hay frustración social acumulada. Allí donde la política democrática se deterioró profundamente y dejó de ofrecer respuestas creíbles a los ciudadanos, en especial a los más pobres, ha surgido el caudillismo populista y autoritario.

La historia reciente de América Latina muestra con claridad que el debilitamiento de la participación ciudadana y de la formación cívica abre la puerta a proyectos que concentran aún más el poder y deterioran la convivencia democrática. Costa Rica no está inmunizada contra esa deriva.

2.La experiencia comunitaria como escuela democrática

Durante décadas, existieron en el país experiencias valiosas de trabajo territorial: organizaciones juveniles, comités barriales, asociaciones de desarrollo, juntas progresistas, cooperativas, sindicatos, organizaciones y emprendimientos de pequeños productores, organizaciones empresariales democráticas y grupos culturales que promovían la participación cívica activa. En esos espacios la ciudadanía aprendía a deliberar, a organizarse, a resolver conflictos y a ejercer liderazgo social.

Estas experiencias demostraron que la democracia no se aprende solo en los libros, sino, por encima de todo en la práctica cotidiana. Sin embargo, muchas de ellas se debilitaron por sectarismos ideológicos, fragmentaciones internas y, en algunos casos, por el menosprecio a la democracia liberal y pluralista.

Hoy resulta indispensable recuperar esa tradición comunitaria, pero con una visión renovada, inclusiva, plural, respetuosa de las instituciones y comprometida con los derechos humanos. La organización social no debe ser instrumento de manipulación política, sino espacio de formación ciudadana.

Hoy está pendiente una tarea que no fuimos capaces de empezar para derrotar al autoritarismo y al populismo vulgar y dicharachero. Debimos habernos avocado a la construcción de una amplia alianza de los partidos políticos democráticos y progresistas. Sin sectarismo ideológicos o políticos. Costa Rica nos necesitaba y nos necesita a todos unidos frente a quienes amenazan las bases de nuestra sociedad democrática, que puede superar sus limitaciones y avanzar por la senda de la equidad y la justicia social, del humanismo y el pluralismo, de la participación y la organización popular.

3. Formación humanista: fundamento de la ciudadanía democrática

La formación humanista está en el corazón del proyecto democrático. Cuando hablamos de formación humanista hablamos de algo que también debe estar en el centro de la educación.

Una de las principales debilidades actuales es el debilitamiento de la formación humanista. Durante décadas, el sistema educativo costarricense promovió valores cívicos, pensamiento crítico, sensibilidad social y conciencia histórica. Esa tradición fue clave para la estabilidad democrática del país.

En los últimos años, no obstante, ha predominado una visión y prácticas muy reducidas de la educación, acaso como simple preparación para el mercado laboral. Sin desconocer la importancia de la formación técnica, resulta evidente que una sociedad sin base humanista es vulnerable al autoritarismo, la desinformación y la polarización.

La formación humanista implica desarrollar en las personas: conciencia ética, respeto a la dignidad humana, pensamiento crítico, responsabilidad ambiental, sentido de pertenencia nacional y conciencia histórica, compromiso y sensibilidad social.

Esto requiere fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de la historia, la filosofía, la literatura, las artes, la educación cívica, el debate respetuoso y por supuesto combinado con las STEM (Carreras tecnológicas que deben llevar en sí la formación humanista). Asimismo, demanda promover espacios culturales comunitarios que fomenten el diálogo intergeneracional, el respeto por todos los seres humanos, la tolerancia y la memoria colectiva.

Una ciudadanía formada humanísticamente es menos manipulable y más capaz de defender una democracia renovada, popular y plural.

4. Participación ciudadana: democratizar el poder

Sin participación real de la ciudadanía, la democracia se acartona y se vuelve mero trámite electoral.

La democracia no puede reducirse al voto periódico. Sin participación efectiva, el sistema político se vacía de contenido y se convierte en una formalidad.

Participar significa deliberar, proponer, fiscalizar, evaluar y corregir. Significa asumir responsabilidad colectiva por el rumbo del país.

Costa Rica ha contado con múltiples estructuras participativas, que, aunque muchas se hayan debilitado, están guardadas en la memoria histórica de muchos luchadores sociales. Lo repito resumidamente: asociaciones de desarrollo, juntas educativas, consejos municipales, cooperativas y sindicatos, comités comunales y ahora diversas organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos y ambientales.

Es necesario revitalizarlas mediante mecanismos como: presupuestos participativos municipales, cabildos abiertos cuyas resoluciones sean vinculantes, auditorías sociales ciudadanas, consultas locales digitales, consejos barriales permanentes, organizaciones ecologistas locales y territoriales.

Estos instrumentos permitirán que la ciudadanía incida realmente en las decisiones públicas y fortalezca la cultura cívica de carácter democrático.

Formación humanista y participación ciudadana son inseparables. Sin formación cívica la participación se torna manipulable. Y, sin participación la formación se vuelve estéril.

La democracia requiere de ambos, ciudadanos conscientes y participativos, críticos y organizados. Ciudadanos críticos y organizados es lo que teme cualquier populismo.

5. Justicia social y desarrollo sostenible y sustentable con rostro humano

Está visto que, el desarrollo no puede consistir exclusivamente en crecimiento económico. Cuando es así, se degrada siempre y ofrece oportunidades únicamente para los sectores más adinerados. Las oportunidades se concentran y nunca se puede abatir de forma significativa la pobreza. Los países que solo apuestan al crecimiento sin distribuir la riqueza social producida por todos terminan comiéndose los recursos de hoy y también los de las futuras generaciones. No habrá nunca desarrollo sostenible ni tampoco sustentable. La desigualdad continuará siendo un “karma” facilitando que nos invada el narcotráfico y todos los demás flagelos de las sociedades pobres.

La reconstrucción democrática exige una agenda social sólida. El empleo local, el crédito productivo para pequeños emprendimientos, el alivio al costo de la vida, la inversión en infraestructura básica, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible con inversión en energías limpias buscando el carbono neutralidad son prioridades ineludibles.

La seguridad debe abordarse integralmente: policía profesional, inteligencia financiera contra el crimen organizado, recuperación de espacios públicos, programas de prevención social y becas para aquellos estudiantes que no pueden estudiar de otra forma. El narcotráfico no solo genera violencia; impone modelos culturales destructivos y debilita el tejido moral de la sociedad.

La educación técnica vinculada al empleo como el INA, las becas con acompañamiento, la conectividad universal y la reducción de la deserción escolar son herramientas fundamentales de movilidad social.

La salud pública y la vivienda digna constituyen derechos esenciales para los seres humanos. Rescatar la Caja Costarricense del Seguro Social y promover vivienda digna integrada son tareas impostergables.

6.Transición ecológica y responsabilidad intergeneracional

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Afecta el acceso al agua, la producción agrícola, la salud de personas, animales y plantas, así como la estabilidad económica de las sociedades. Costa Rica tiene la responsabilidad histórica de liderar una transición ecológica justa.

Esta transición debe ser popular e inclusiva; debe generar empleo local mediante reforestación, energías limpias comunitarias, agricultura sostenible, transporte no contaminante como tren eléctrico y flotilla interurbana de buses también eléctricos, así como protección de los ecosistemas terrestres y marinos.

La defensa ambiental no puede ser el privilegio que favorezca a las élites urbanas. Debe ser una política de bienestar colectivo y de justicia intergeneracional. Implica aprender a trabajar los recursos marinos, sin afectar sus ecosistemas y sin que se convierta en una explotación devoradora. Las aguas de ríos y mares deben ser rescatadas e impedir que las cuencas de los ríos degeneren en cloacas y que el mar sea un basurero.

Las comunidades debe ser poblaciones eco sustentables, lo que significa educación y capacitación comunitaria para lograr una mayor autonomía de estas y participación en la tarea del desarrollo sostenible y sustentable.

7. Cultura, formación para la paz y cultura cívica, identidad y cohesión social

La cultura es un pilar de la democracia. La música, el arte, el teatro, la danza, la poesía y la memoria histórica fortalecen la identidad nacional y la convivencia. La formación para la paz y una cultura cívica, deben estar en el centro de nuestra educación y formación ciudadana.

La cultura humaniza y genera más cultura, nos enseña a convivir y respetar al otro y la otra, aprendemos también a convivir con animales y plantas sin ocasionar su exterminio. La cultura nos ayuda a entender que formamos parte de ecosistemas complejos, dentro de los cuales hemos de convivir en paz.

La cultura camina de la mano de la convivencia solidaria y de la paz.

Una red nacional de cultura comunitaria contribuye a prevenir la violencia, fortalecer el sentido de pertenencia y formar ciudadanía crítica. Invertir en cultura es invertir en estabilidad y desarrollo democrático.

8. Institucionalidad, ética y desarrollo democrático

La primera y más preciada de las instituciones debe ser una educación sólida en todos los niveles del desarrollo de la persona humana. Debe ser integral en valores, afianzar la justicia para todas las personas, equidad e igualdad de géneros, respeto al derecho de cualquier persona a disentir, a todos aquellos que tienen creencias diferentes a las nuestras; por ello estamos obligados a profesar respeto a las personas con diferentes creencias políticas, religiosas, debemos respetar a las personas agnósticas o sin convicciones religiosas; debemos respeto a los sexualmente diversos, para que todos y todas nos respeten a nosotros. Nuestra sociedad debe afianzar una cultura de paz, solidaridad con los más necesitados y entre todos, por medio de la educación. Una educación sólida debe saber integrar la tecnología moderna a todos los niveles etarios de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico, intelectual, social y cultural.

La democracia requiere además instituciones fuertes, autónomas y transparentes. Es menester defender la libertad de prensa, la fiscalización, la justicia independiente y la rendición de cuentas no es un formalismo jurídico. Sino una garantía de igualdad ante la ley.,

Del mismo modo, resulta imprescindible reducir los privilegios que no se deriven del merecimiento propio como los que provienen del intelecto, o de las habilidades y aprendizajes artísticos o deportivos. También la sociedad debe promover el respeto irrestricto a personas con diferentes discapacidades, debemos estar prestos a eliminar todo tipo de barreras en la educación, arquitectónicas o de cualquier naturaleza que impidan que las personas con discapacidad logren desarrollarse en medio de las limitaciones que sean propias de su discapacidad. La nuestra tiene que ser una sociedad dispuesta a combatir la corrupción con firmeza, así como la violencia o la arbitrariedad y, se debe promover en ella una cultura de servicio público.

El país no necesita “salvadores” ni caudillos. Requiere liderazgos colectivos que se basen en el potencial de cada cual, en lo intelectual, cultural, artístico, deportivo. Nuestra sociedad requiere de equipos humanos competentes en las distintas áreas, necesitamos acuerdos amplios y fomento de la vocación ética.

9. La democracia como tarea cotidiana

La reconstrucción nacional no se juega únicamente en una elección, aunque debemos fomentar siempre el resultado de las elecciones limpias que custodia el Tribunal Supremo de Elecciones y también es el deber ciudadano. La reconstrucción de la sociedad es una tarea diaria. Empieza en cada barrio, en cada aula, en cada asociación, en las zonas rurales y urbanas, en cada espacio cultural, en cada acto de respeto cívico.

Costa Rica no se construyó por azar. Lo hizo gracias a una combinación de justicia social, respeto por la solidez institucional, educación humanista y solidaria y muy particularmente participación ciudadana.

Hoy debemos renovar ese pacto histórico para reconstruir la democracia. La democracia no se hereda, se cultiva entre toda la ciudadanía. No se delega, se ejerce. No nos debemos contentar con proclamarla, debemos vivir en ella y para ella.

Solo así podrá seguir siendo el fundamento de nuestro futuro común.

¿Tercera República o puro voluntarismo político?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Lo que está haciendo Laura Fernández es convertir un concepto histórico sólido, en algo banal y hueco de contenido.

En el debate político reciente ha comenzado a circular con insistencia la idea de que Costa Rica estaría transitando desde la Segunda República nacida en 1949, después de una cruenta guerra civil y acto seguido, una pacificadora Constituyente, en una supuesta “Tercera República”. La noción ha sido invocada tanto por analistas cercanos al poder como por figuras del actual oficialismo. Sin embargo, lejos de constituir una idea que exprese con rigor científico algo serio, dicho planteamiento revela un marcado sesgo voluntarista, carente de sustento sociológico, politológico e histórico. Conviene, por tanto, someter esta tesis a un examen crítico.

Voluntarismo político y ausencia de condiciones estructurales

Las transiciones republicanas NO se producen por la mera voluntad de un liderazgo, ni solamente por la retórica, el discurso de un gobierno, por más que éste haya surgido genuinamente de elecciones legítimas. Históricamente, el paso de una república a otra supone la concurrencia de condiciones estructurales, es decir la emergencia de un bloque social articulado, o sea fuerzas políticas y sociales orgánicas, una ideología relativamente coherente y, casi siempre, un momento constituyente explícito que redefine las reglas del juego. Nada de ello se verifica hoy en Costa Rica.

Ni el Partido del Pueblo Soberano (PPSO), que acaba de ganar las elecciones, con Laura Fernández a la cabeza, ni el vehículo electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, un partido “taxi” llamado Partido Popular Social Democrático (PPSD), hoy en otras manos, constituyen partidos políticos en sentido estricto. Se trata de instrumentos electorales coyunturales, o sea momentáneos, carentes de organización territorial, de cuadros estables, de cultura partidaria y ayunos además de un verdadero proyecto histórico. Pretender que desde estas plataformas se geste una Nueva República equivale a confundir contingencia electoral con transformación estructural del régimen político.

El antisistema costarricense: protesta sin proyecto

El apoyo social al actual gobierno proviene, en gran medida, de sectores heterogéneos que comparten una experiencia común de desprotección real o percibida de los beneficios acarreados por el Estado social de derecho. A ello se suma una cultura política fragmentaria, con bajo apego institucional, que ha sido representada eficazmente por figuras todavía “no políticas” en su mayoría, quiénes hacen gala de un lenguaje confrontativo, vulgar y emocionalmente cargado.

Esta reacción antisistema en Costa Rica no constituye un sujeto histórico con vocación fundacional. No expresa una voluntad constituyente, ni articula un proyecto republicano alternativo. Es más bien, una reacción social cargada de resentimiento, justificado o no, episódica y desarticulada, que busca llevar adelante un castigo simbólico y significativo contra sus oponentes, así como un desahogo discursivo antes que una reconfiguración consciente del orden político.

Hay en esta “reacción social y política” una intención de erosionar la institucionalidad y de establecer límites reales al poder que se deriva de La Constitución

Debe reconocerse que existe una intención deliberada por parte del presidente Rodrigo Chaves y de figuras como Laura Fernández de erosionar la legitimidad simbólica de instituciones claves del Estado costarricense. Instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General y el Organismo de Investigación Judicial, han sido objeto de ataques reiterados que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento técnico o jurídico sólido. Además, con frecuencia inusual, las principales figuras del oficialismo arremeten contra todos aquellos medios de prensa que se han opuesto al autoritarismo y la arbitrariedad propios del gobierno vigente.

Sin embargo, intención no equivale a capacidad efectiva. Estas instituciones conservan altos niveles de legitimidad social, autonomía funcional y autoridad normativa. No se ha producido su captura, ni el desacato sistemático a sus resoluciones. Lo que observamos es una estrategia de desprestigio discursivo; por fortuna no se ha dado todavía un proceso exitoso de demolición institucional, o dicho de manera simple de destrucción de la “Casa común”, el Estado Social de Derecho. Aunque, este lenguaje vulgar y procaz sí le ha servido al presente “populismo autoritario”, para captar vasto apoyo social de parte de sectores descreídos de la democracia y que, en una gran parte se volvieron antisistema.

Elecciones, legitimidad y continuidad republicana

Un dato empírico fundamental debilita de manera decisiva la tesis de la transición republicana hacia la invocada “Tercera República”: la plena vigencia y legitimidad del sistema electoral. También se puede afirmar que, aunque se evidencia una intención de destrucción por la parte gubernamental, de Chaves o de la presidenta electa Laura Fernández y algunos de sus diputados, en lo medular, el Estado Social de Derecho que, ciertamente amerita reformas democráticas, se mantiene erguido. Las elecciones continúan siendo reconocidas como el mecanismo central de designación de autoridades, el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene prestigio transversal y los resultados de las recientes elecciones no han sido cuestionados de forma significativa.

Más aún, tras siete procesos consecutivos de aumento del abstencionismo, el último ciclo electoral registró una reducción de este abstencionismo cercana a diez puntos porcentuales. Este hecho resulta incompatible con cualquier diagnóstico serio de colapso republicano. Ninguna república se extingue mientras su mecanismo electoral conserve legitimidad social efectiva.

La “Tercera República” como ideología prestada

La insistencia en hablar de una “Tercera República” parece cumplir una función distinta: dotar de densidad, sustento o contenido ideológico a un poder que, en este momento carece de todo ello. Ciertos analistas han ofrecido al oficialismo un relato grandilocuente que pretende sustituir la ausencia de proyecto por una narrativa refundacional superflua que no refleja la realidad; por lo pronto no hay nada nuevo bajo este cielo blanco, azul y rojo.

Las intervenciones públicas de Laura Fernández son ilustrativas. La invocación solemne a la “Tercera República” estuvo carente de contenido. En efecto, la presidenta electa se mostró incapaz de caracterizarla histórica o sociológicamente, su posterior intento de explicación derivó en un concepto extremadamente banal. Palabras sueltas, desprovistas de coherencia, no constituyen una categoría histórica ni un horizonte político reconocible.

Conclusión

Costa Rica no está transitando hacia una Tercera República. Lo que presenciamos es un intento discursivo de deslegitimación del orden de la Segunda República, impulsado por un liderazgo personalista que, de momento carece de base orgánica, y también de proyecto histórico robusto; tal liderazgo busca reemplazar la solidez que aún muestran la mayoría de las instituciones por apelaciones emocionales, confrontativas y arbitrarias.

Confundir este intento con una transición republicana real no solo es analíticamente infundado e incorrecto: es políticamente riesgoso, pues trivializa los verdaderos procesos de ruptura histórica y subestima la resiliencia, la fuerza y resistencia —aún notables— de la institucionalidad costarricense.

Así pues, la Segunda República no enfrenta su acta de defunción como lo quisiera el oficialismo y sus ideólogos, algunos de los cuales se mueven tras bambalinas. Enfrenta, más bien, una fase de tensión, desgaste y disputa simbólica, que exige análisis riguroso y responsabilidad intelectual, no voluntarismo ideológico.

Hay momentos en que la unidad por Costa Rica está por encima de cualquier diferencia ideológica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Un llamado a los partidos políticos y a las fuerzas democráticas

Desde mi óptica particular, hoy más que en cualquier otro momento de la Segunda República (es decir, después de 1948 hasta esta parte), es urgente que, los partidos democráticos busquen la mayor unidad entre ellos; todos los líderes de los partidos políticos que reconozcan que nuestra institucionalidad democrática está en peligro de debilitarse o sufrir agrietamientos están convocados.

La democracia costarricense ha sido puesta en peligro, por el gobierno que encabeza Rodrigo Chaves y por el partido que nos gobierna, a cuya cabeza se encuentra la candidata Laura Fernández del Partido del Pueblo Soberano. La acusación no es para nada gratuita. Además, hoy la candidata del partido del Pueblo Soberano sigue la ruta de Chaves con férrea docilidad. Pondré ejemplos incuestionables.

¿Por qué Rodrigo Chaves (actual presidente) y Laura Fernández (candidata a la presidencia por el PPSO), amenazan las instituciones democráticas que ameritan la más amplia unidad de los partidos democráticos y progresistas?

Hay una larga lista de actitudes y medidas del gobierno actual, encabezado por Chaves como presidente y entre otros por Laura Fernández, por haber ejercido los ministerios de la presidencia y planificación, que han golpeado las bases de nuestras instituciones democráticas y la credibilidad de muchos conciudadanos en ellas.

Actitudes en contra de principios democráticos y de la cultura democrática de los costarricenses

Juzgo que, el mayor golpe del actual presidente contra nuestros valores, la cultura y los principios democráticos ha quedado patente en cada una de las conferencias de prensa de los miércoles, de las que se han servido él y muchos de sus ministros para agredir en forma verbal y frecuentemente, a los demás poderes del estado y sus miembros; menciono en particular a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General como representante legal del estado y la Fiscalía General.

No me refiero al derecho que le asiste a cualquier ciudadano, incluido desde luego al presidente, de manifestar su crítica por dura que sea contra los demás poderes del estado, cuando hayan incurrido en alguna equivocación o error. No, la crítica contra cualquier poder del estado es parte inalienable de la democracia. Lo que quiero puntualizar es el vocabulario soez, burlesco, vulgar y procaz al que nos tiene acostumbrados Rodrigo Chaves y la mayoría de sus ministros acólitos; lenguaje que, toca el corazón de la ética democrática. Un presidente puede ser firme, pero no arbitrario, ni prepotente. La democracia no es equivalente al silencio ni menos a la sumisión. Pero quien asume la primera magistratura del estado, no habla a título personal, cada palabra o gesto suyo encarna el peso de la institución que representa. Chaves ridiculiza, apela al sarcasmo o al insulto y la ridiculización humillante, con lo cual pretende socavar la legitimidad de los demás poderes de la República, cada vez que lo hace.

En efecto, Chaves con su lenguaje chabacano y confrontativo, no ha hecho sino alimentar la lógica de “enemigo del pueblo”, fomenta la polarización social y debilita el principio del estado democrático de pesos y contrapesos, que es clave en el Estado de Derecho. El presidente Chaves y con él Laura Fernández en calidad de ministra, y ahora como candidata, no han hecho sino traspasar la barrera que diferencia la crítica sana, el respeto mutuo y el poder de la ley para ofrecer un mensaje peligroso que fomenta el conflicto, el “populismo comunicacional” y la cultura cívica. En suma, un presidente puede ser firme sin ser ofensivo, puede ser crítico sin ser vulgar, y finalmente ser directo sin ser burlón.

Insultos y descalificaciones a legisladores y miembros de otros poderes

En sus discursos ante la Asamblea Legislativa hemos encontrado frases como: “idiotas en el Congreso”, “Corruptos como Carlo Díaz” (fiscal general), o el “matonismo de Carlo Díaz” en forma despectiva; también ha dicho “el TSE está haciendo cosas inauditas” en tono de burla; en otro momento arremetió en forma despectiva para ante la contralora diciendo que “la Contralora está sentada en la galleta”, cuando lo que ha habido son diferencias y llamadas de atención frente al proceder del jefe del poder ejecutivo y ministros suyos; “Me importa un pepino” usó decir en otra ocasión frente a sus críticos.

En su tercer informe de labores afirmó que: “Es absurdo demandar respeto para los demás poderes de la República”, porque según Chaves “…están cosechando lo que sembraron”, o sea, los miembros de los demás poderes no merecen respeto.

En el uso de las redes sociales, Chaves ha admitido que le dio un “me gusta” a publicaciones con insultos tales como: “ratas asquerosas”, “buitres”, “payasos”, “retrasados mentales” en contra de opositores y contrapesos políticos. A veces no ha sido quien escribió los insultos de su propia mano, pero al darles un “me gusta” ha contribuido al tono ofensivo que lo caracteriza para tratar a aquellos que lo adversan y emplear el lenguaje propio de quien quiere normalizar la arenga politiquera y no el respeto desde la presidencia de la República. Algo ha ido aprendiendo Laura Fernández al respecto del lenguaje procaz y vulgar.

El lenguaje empleado para ante la Corte Suprema de Justicia es de antología, al argüir que “La Corte Suprema de Justicia es una vergüenza nacional”. Y, luego agregó que “ni la Corte, ni la fiscalía general buscan justicia”. Todo esto ocurrió a propósito de la petición del desafuero por parte de la Corte para el presidente Chaves.

Medidas o decretos rayanos en la inconstitucionalidad

La Sala Constitucional declaró inconstitucionalidades parciales contra decretos que buscaban por parte del presidente endurecer la política migratoria o de asilados. Ha sido una tradición de Costa Rica el ejercicio de la solidaridad contra asilados, sean asilados políticos o no. Algunas disposiciones de Chaves Robles se orientaron a “prohibir el libre tránsito” y la “libertad de movimiento”, los cuales están reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales como La Convención Americana de Derechos Humanos”. Por eso, la Sala Constitucional hubo de enmendarle la plana a decretos de la presidencia de la República. Pero el Estado debió ser sancionado, porque al aplicarlos ocasionó daños y perjuicios contra personas individuales. El Estado fue entonces condenado a pagar daños y perjuicios ante la aplicación de dichas normas. Para mayor abundamiento diré que para aplicar restricciones fundamentales a la libertad de movimiento o al derecho de asilo es requisito que la Asamblea Legislativa apruebe una ley expresa. Pero, aclaro que, tal requisito, el poder ejecutivo dirigido por Chaves se lo saltó.

Por otor lado, el gobierno derogó por decreto la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo y la Diversidad (2024). La Sala consideró que la acción del ejecutivo había sido abrupta, arbitraria y sin fundamento legal ni técnico. Tal derogatoria resultaba a todas luces discriminatoria contra un grupo de personas históricamente discriminado.

Encontramos también más recientemente, la negligencia y el desdén del poder ejecutivo a ejecutar partidas del presupuesto, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa para instituciones de seguridad ciudadana, tales como el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. El ejecutivo se negó a girar un monto de nueve mil millones de colones orientados a fortalecer la capacidad del OIJ y del Ministerio Público, específicamente para financiar plazas nuevas de investigadores, fiscales y técnicos necesarios para combatir la criminalidad. Hacienda justificó su renuencia a girar los fondos alegando que se habían destinado al pago de la deuda pública, incurriendo probablemente en el delito de peculado o desvío de fondos públicos aprobados por la AL con un destino específico. El presidente del Poder Judicial advirtió con claridad que tal decisión afecta la capacidad operativa del OIJ y del Ministerio Público para actuar contra la criminalidad, ya que sin esos recursos no se puede contratar el personal, pues no se podrán activar las plazas aprobadas por el Poder Legislativo. Se trató de una decisión arbitraria por parte del ministerio de Hacienda y del propio Poder Ejecutivo. Creo conveniente aclarar antes de proseguir que, ciertamente la Constitución y la ley fiscal de nuestro país permiten que el Ejecutivo decida la ejecución presupuestaria, pero igualmente, señalan que usar esa prerrogativa con fines claramente politiqueros, dejando sin ejecución partidas urgentes aprobadas por la AL, genera una situación de “arbitrariedad institucional que debilita la separación de poderes…” especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la seguridad pública.

Me interesa de manera particular, poner en claro cómo fue que el actual gobierno se separó del acuerdo de Escazú, un tratado internacional, cuya aprobación se produjo en Escazú, Costa Rica. Al respecto desde la perspectiva del Derecho Internacional, encontramos que: “Cuando un Estado firma un tratado y luego decide no ratificarlo o entorpece su implementación, puede estar incumpliendo la obligación de buena fe internacional bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que exige que las partes actúen de forma coherente con los compromisos internacionales que han asumido (incluso en procesos de ratificación). Esto puede generar responsabilidad internacional –aunque no tenga efecto inmediato en el derecho interno costarricense mientras el tratado no esté ratificado. – Costa Rica fue sede y uno de los países impulsores de Escazú. El hecho de que hoy no lo ratifique -y que el Ejecutivo comparta esa posición- ha sido interpretado por expertos y por organismos internacionales como un retroceso en materia de transparencia ambiental, acceso a la justicia y participación ciudadana, pilares del tratado. (El Observador. El texto resaltado es del original).

Hay mucho más, pero por ahora espero que lo señalado sea suficiente para probar el autoritarismo, la arbitrariedad y el espíritu anti democrático conforme al cual ha actuado tanto el Presidente Chaves como la candidata Laura Fernández.

Unidad por una Costa Rica que continúe fortaleciendo la institucionalidad democrática

Señalo que fue mi hermano, el sociólogo Roberto Salom uno de los primeros que se pronunció antes de que los partidos políticos hubiesen consolidado sus candidaturas, en favor de trabajar por la consolidación de una alianza democrática y progresista. Los contactos que realizó no fructificaron. Excepción calificada fue la de los partidos Agenda democrática y Acción Ciudadana. Los cuales, por su propia iniciativa, ante el desinterés de los demás en forjar esta unidad amplia, hicieron lo propio creando la “Coalición Agenda Ciudadana” encabezada dignamente por la Arquitecta Claudia Dobles, cuya inteligencia, don de gentes y liderazgo le han permitido desenvolverse en esta campaña con gran éxito. Al poco tiempo se les sumó el “partido Republicano Calderonista”.

En esa misma dirección, diez partidos firmaron un pacto cuya iniciativa fue prohijada por instituciones de la UCR y organizaciones de Sociedad Civil; podría llamarse este pacto, “un acuerdo ético-político por Costa Rica”. Diez partidos políticos dijeron presente en el lanzamiento del “Acuerdo Nacional contra la Desinformación y el Odio” celebrado el 31 de octubre del 2025. El pacto fue firmado por diez organizaciones políticas que son: Aquí Costa Rica Manda, Coalición Agenda Ciudadana, Partido Alianza Costa Rica Primero, Partido Centro Democrático y Social, Partido Esperanza Nacional, Partido Frente Amplio, Partido Liberal Progresista, Partido Liberación Nacional, Partido Nueva Generación y Partido Progreso Social Democrático.

Todavía se pueden promover acuerdos puntuales como es una colaboración entre todos en el conteo de los votos, tanto cuando se cierren las urnas, como después en el conteo de los votos en el TSE que es muy cuidadoso. Se podría establecer un acuerdo de colaboración para movilizar electores de los otros partidos políticos. Y, desde luego, si hubiese segunda ronda un acuerdo para apoyar a aquel partido o coalición que vaya a participar en estas lides. Todo esto y más puede anticipar las condiciones para una agenda común parlamentaria, que no impida a cada partido mantener sus propios puntos, los cuales puede negociar con otros grupos parlamentarios.

Un pecado capital de Laura Fernández y de todo el “chavismo”

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introducción

En la religión católica existen los pecados capitales o graves y los veniales. Los evangélicos no lo entienden así, para ellos no hay pecados “pequeños” delante de Dios. No vamos a entrar en esta discusión teológica hoy. Sin embargo, vamos a hablar de una falta seria, entre muchas otras, de la candidata Laura Fernández en la política costarricense, avalada por su movimiento “chavista” y prohijada por los pastores con los que se reunió hace pocos días. Usamos el símil de un “pecado capital” cometido por el oficialismo, para que nos entiendan mejor todos los cristianos. Veamos.

¿Cuál fue el grave error en el que incurrió la candidata oficialista esta vez?

Vamos despacio; fueron varios los errores contra la Constitución de la República y el Código Electoral.

  1. El primero de ellos tiene que ver con un pacto que reveló el pastor Reynaldo Salazar del grupo político religioso “Foro Mi País” con Laura Fernández, que fue reconocido en la emisora “Stereo Visión Internacional”. Mientras Salazar hablaba del pacto, la candidata oficialista asentía con la cabeza, dando por buenas las palabras del religioso.
  2. El segundo se trata de haber reiterado el pacto por escrito en un panfleto que, un día después (15 de enero), el religioso solicitó a sus colegas pastores que lo distribuyesen entre sus feligreses durante una reunión celebrada en el “Templo Bíblico” de Tibás. La distribución del panfleto debía realizarse inmediatamente después de los oficios religiosos por parte de los pastores, quienes además debían indicarles a los feligreses de su respectiva congregación, que votaran por el oficialismo de la candidata Laura Fernández. Además, en esta reunión del 15 de enero, los pastores indicarían a los feligreses que al finalizar la reunión deberían dirigirse a las mesas a recoger los panfletos que distribuirían entre otros miembros “hermanos” de las iglesias evangélicas. La información señala expresamente que les añadieron a los pastores responsables que ello deberían hacerlo con el debido cuidado, “para que no se haga nada desde el altar ni en el culto, y que usted como pastor no se exponga…” Aquí cabe una preguntita que planteo de inmediato, ¿que no se exponga a qué o ante quién? Ya se les estaba sugiriendo actuar con sigilo y maña. ¿Por qué, si todo estaba bajo la luz del sol? (Cfr. L. Astorga y E. Oviedo. La Nación, 17 y 20 de enero 2026. Págs. 17 y 3 respectivamente)
  3. La Dirección del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de oficio abre una investigación sobre los hechos que hemos señalado. La investigación se inicia debido a la reunión sostenida entre el comando de campaña del PPSO (oficialismo) y los pastores religiosos evangélicos de “Foro Mi País”. Además, el Panfleto que sería distribuido (al parecer algo se distribuyó) con el nombre del PPSO se intitulaba: “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido del Pueblo Soberano?”
  4. En la reunión con los líderes religiosos estuvo presente de acuerdo con la información que reseñamos supra, Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia del PPSO y jefe de campaña de Fernández (Ibidem. 7.1.2026, pág. 7).
  1. Por su parte, Andréi Cambronero, jefe del despacho de la presidencia del TSE, explicó que el artículo 136 del Código Electoral expresamente prohíbe que se incluyan apelaciones de carácter religioso en la propaganda política. Esa sería una falta grave (“pecado capital” entre los católicos y falta grave entre los cristianos evangélicos). Una falta de esa naturaleza sería objeto de sanción por parte del Registro Electoral.
  2. Por otra parte, ya habíamos comentado sobre el “Pacto” que habían realizado los dirigentes del “Foro Mi País” con la candidata Fernández del PPSO. Hecho al que aludió Reynaldo Salazar en la entrevista del 14 de enero. Entonces, la candidata oficialista asintió con la cabeza, cuando Salazar dijo que ella había acordado otorgarles candidaturas a diputados, a líderes pertenecientes a congregaciones evangélicas y también que había aceptado que se le plantearan nombres de las mismas congregaciones para ocupar embajadas o ministerios en el caso de que se diera un gobierno suyo. También se produjo una admisión concreta de estos compromisos y otros, asumidos en su oportunidad por Rodrigo Chaves y, otros por Laura Fernández en el panfleto al que hemos aludido. Los acuerdos fueron firmados por la candidata del continuismo, Laura Fernández, desde el 23 de octubre del 2025 con el “Foro Mi País”.

La actuación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

El TSE emitió una medida cautelar, ordenando tanto a Laura Fernández como a Fabricio Alvarado, “…abstenerse de hacer manifestaciones públicas que directa o implícitamente, llamen a votar con base en razones o símbolos religiosos.” (Ibid. Medida Cautelar contenida en la resolución del TSE, del 16 de enero, en respuesta a los recursos de amparo electoral, expediente N° 034-2026). En la resolución del alto Tribunal se ordena detener de inmediato la distribución del panfleto que hemos mencionado.

La Constitución ordena la no injerencia de la religión en actividades oficiales de política electoral. Tampoco se permite a los seglares invocar motivos o creencias religiosas en sus actividades políticas.

En la Constitución de Costa Rica se prohíbe tajantemente, el uso de la religión en actividades político-electorales. La prohibición está contenida en el Artículo 28 de la Constitución Política, que a la letra dice: “No se podrá […] hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio de creencias religiosas”. Esta prohibición no entra en contradicción alguna con el artículo 75 de la Constitución en el que se garantiza tanto la libertad de culto como la laicidad del Estado en el sufragio. La prohibición antes bien protege la libertad de culto y a la vez asegura que las elecciones estén basadas en propuestas políticas y no en ningún tipo de coacción religiosa. Cualquiera puede comprobar lo dicho en la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Conclusión

La separación entre la Iglesia (cualquiera que sea su denominación) y el Estado es de larga data. No se trata de fobia anti religiosa. Todo lo contrario. El principio de la fe es la libertad de la creencia. Si alguien es coaccionado a creer, se pierde todo el sentido de la fe en Dios. De la misma forma, el Estado laico se basa en el principio de la defensa de la dignidad de la persona. Cualquier injerencia de la religión en la política, significa una imposición que contradice el principio moral de la dignidad de la persona. Se le estaría dando preeminencia a los creyentes por encima de los ciudadanos no creyentes, rompiendo así el principio de igualdad ante la ley. Por otra parte, en la política, las personas no pueden ser obligados a elegir. Si así sucediera, se estaría negando la esencia misma del nacimiento del Estado Liberal.

De modo que la tradición política costarricense que defiende por igual la libertad de cultos como la dignidad del ser humano, y custodia su independencia para elegir y ser electo, constituye una tradición que nos ha engrandecido como nación ante todas las demás naciones del mundo. Se quebraría el principio de la convivencia social como la conocemos los costarricenses. La legislación que aboga por la separación entre la Iglesia y el Estado protege tanto la religión como a la política. Cualquier intrusión de uno en otro, significaría un quebranto de la institucionalidad, de la libertad y la dignidad que nos tutela en la legislación tal y como se ha consolidado.

Los hechos narrados demuestran que Laura Fernández y el comando de campaña del PPSO, y por el otro lado los líderes religiosos evangélicos del “Foro Mi país”, no solo se proponían, violar la Constitución de la República, sino que de hecho ya la habían violado, porque los evangélicos ya habían distribuido, según parece, algunos de los folletos a los que nos hemos referido entre la hermandad evangélica de esa denominación. Por otro lado, lo más grave fueron los compromisos adquiridos con antelación, para reservar puestos desde las cúpulas religiosa y política, para conceder 24 diputaciones a los evangélicos y la apertura por parte de la candidata oficialista Fernández, para eventualmente darles embajadas o ministerios a los religiosos si lograran acceder al gobierno. Esto es grave y demuestra la proclividad del chavismo a violar la Constitución como parece haberlo hecho tantas veces. Las acusaciones contra Chaves y Fernández abundan en este sentido. Veremos cómo se resuelve en los estrados judiciales en el futuro próximo.

Laura Fernández o el rechazo de la política

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Cuando el poder renuncia al diálogo

En una democracia, el lenguaje no es un adorno: es una herramienta de gobierno. La forma en que quienes detentan el poder hablan —a sus adversarios, a las instituciones, a la ciudadanía— revela cómo conciben la política y qué lugar conceden al diálogo. Cuando el discurso público se degrada, no se trata solo de un problema de estilo: estamos ante un problema político de fondo.

Las recientes intervenciones públicas de la hoy candidata oficialista Laura Fernández, alineadas con el tono inveteradamente confrontativo del presidente Rodrigo Chaves y su entorno, ilustran una tendencia preocupante: el rechazo de la política entendida como espacio de deliberación, mediación y reconocimiento del otro. En su lugar, se impone un lenguaje que descalifica, simplifica, en pocas palabras divide; como ha polarizado al pueblo costarricense.

El lenguaje como síntoma

La política democrática vive del desacuerdo, pero también del respeto. Discutir no es destruir; confrontar ideas no equivale a humillar personas. Sin embargo, cuando desde el poder se adopta un discurso que reduce al adversario a caricatura, obstáculo o enemigo, el conflicto deja de ser político y se convierte en enfrentamiento estéril.

El problema no es la firmeza ni la crítica dura. El problema es la renuncia explícita o implícita al diálogo como mecanismo legítimo de resolución de diferencias. Cuando el lenguaje oficial se vuelve agresivo, burlón o punitivo, se envía un mensaje claro: “no hay nada que conversar”, es lo que expresa Laura Fernández cada vez que renuncia a comparecer en un debate.

¿Realismo político o anti-política?

Quienes defienden este estilo suelen ampararse en el llamado “realismo político”. Se nos dice que el país necesita mano dura, decisiones rápidas y líderes que no “pierdan el tiempo” negociando. Pero esta interpretación del realismo es profundamente equivocada.

El realismo político clásico —de Maquiavelo a Max Weber— nunca propuso gobernar a gritos, ni despreciar las instituciones agrediendo a los otros poderes de la República. Por el contrario, entendía que el poder solo es efectivo si logra estabilidad, cooperación mínima y legitimidad social. Gobernar no es imponer permanentemente, sino hacer viable la convivencia en medio del conflicto.

Cuando el lenguaje del poder desprecia la negociación y ridiculiza el disenso, no estamos ante el realismo, sino ante la negación de la política: una forma de ejercer autoridad que debilita o socava los puentes necesarios para gobernar.

El costo democrático del desprecio

El rechazo de la política tiene consecuencias concretas. Un Ejecutivo que se comunica desde la confrontación permanente, o como la candidata Laura Fernández que finge menospreciar a sus adversarios, tan solo para ocultar sus temores o debilidades, tan solo consiguen:

• dificultar la relación con la Asamblea Legislativa

• tensionar al Poder Judicial y a los órganos autónomos

• erosionar la confianza ciudadana en las instituciones

• y, como ahora lo hace la candidata Laura Fernández, empobrecer el debate público.

Lejos de fortalecer al Estado, este estilo lo fragiliza. La descalificación sistemática puede generar aplausos momentáneos, pero bloquea acuerdos, paraliza reformas y profundiza la polarización; o sea, solo consiguen debilitar la institucionalidad democrática.

Como advirtió Hannah Arendt, la violencia —también la simbólica— aparece cuando el poder pierde capacidad de persuasión. No es una muestra de fortaleza, sino de empobrecimiento político.

Gobernar es hablar con quien no piensa igual

La política democrática no consiste en eliminar o borrar del mapa al adversario, sino en reconocerlo como parte del juego común. Dialogar no es ceder principios; es administrar el desacuerdo sin destruir el marco compartido.

Cuando una figura pública, desde una posición de autoridad, opta por el lenguaje de la incivilidad, renuncia a una de las funciones centrales del poder democrático: articular diferencias para producir decisiones legítimas.

Costa Rica ha construido históricamente su estabilidad no sobre la imposición, sino sobre la palabra, la institucionalidad y el respeto a las reglas. Abandonar ese legado en nombre de una supuesta eficacia es un error estratégico en cualquier democracia.

Conclusión

La democracia no se debilita solo cuando se agrede con palabras, sino también cuando se evita deliberadamente el intercambio de ideas. Rehuir los debates, escoger los espacios cómodos y renunciar a confrontar argumentos ante la ciudadanía no es una estrategia neutra: es una forma de empobrecer la política.

Gobernar —o, aspirar a gobernar— implica dar la cara, escuchar preguntas incómodas y someter las propias ideas al escrutinio público. Cuando el poder o, quienes lo buscan renuncian al diálogo abierto, no están protegiendo su liderazgo: lo único que consiguen con ello es reducir la política a un pobre monólogo.

Una democracia viva necesita voces distintas que se encuentren, se confronten y contradigan, en breve que se expliquen ante la ciudadanía. Evitar ese encuentro no es prudencia ni realismo. Es, simplemente, rechazar la política, someterse a la mediocridad.

Invasión de EE. UU en Venezuela o defensa de la democracia

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Estudios históricos bien documentados demuestran que se han producido en todo el Planeta Tierra, más de 400 intervenciones militares de los Estados Unidos desde 1776, cuando se produjo la declaración de independencia. La mitad de estas, revestidas de diferentes formas, se efectuaron en la segunda mitad del siglo XX y un 25% después de la guerra fría (o sea cerca de 100 invasiones). Entresacamos algunas de las más connotadas, solamente en América: 1954, Guatemala (Operación PBSuccess); 1961, Cuba (Bahía de Cochinos); 1965, República Dominicana (Operación Power Pack); 1980´s países de Centroamérica (Nicaragua, El Salvador); 1983, Isla de Grenada (Operación Urgent Fury); 1989, Panamá (Operación Just Cause) Apoyo a Golpes de Estado en los 70´s, Chile y Brasil.

Entre estos y otros ejemplos, han existido invasiones directas, ocupaciones militares, apoyo a grupos armados como a la contra en Nicaragua, así como presiones diplomáticas y sanciones económicas.

Consecuentemente, la palabra invasión o intervención no es neutra. Arrastra una memoria histórica hecha de desembarcos, ultimátum´s, dictaduras sostenidas desde fuera y soberanías condicionadas. Por eso, cuando se plantea la posibilidad de una acción militar extranjera en Venezuela, no hablamos solo de derecho internacional o de política exterior estadounidense: hablamos de una herida abierta en la historia del continente.

La crisis venezolana es profunda y dolorosa. Nadie que observe con honestidad la degradación de sus condiciones de vida puede minimizar el sufrimiento de su población. Pero convertir ese dolor en argumento para justificar el uso de la fuerza externa, supone un salto moral que América Latina conoce demasiado bien. Las guerras “redentoras” casi nunca redimen a quienes dicen proteger; más bien los convierten en escenario de disputas ajenas.

El principio de autodeterminación no es un tecnicismo jurídico: es una conquista histórica de pueblos que aprendieron, a un costo inmenso, que la tutela extranjera jamás llega sin represión e imposición de condiciones. Venezuela no es un espacio vacío ni una ficha geopolítica. Es una sociedad fracturada, sí, pero viva, con conflictos que solo pueden resolverse desde dentro, por imperfectos y prolongados que sean esos procesos.

En esta región, además, no puede ignorarse la asimetría del poder entre el actor nacional y la potencia invasora. Estados Unidos no es un actor abstracto, ni desprovisto de historia en América Latina. Su presencia ha estado marcada demasiadas veces, por la lógica de su propio interés estratégico, antes que por el respeto a la soberanía (desde el inicio, en Los Estados Unidos, la “Doctrina Monroe” invocó la premisa “América para los americanos”); pronto se sabría que en ese contexto el gentilicio “americanos” quería decir, o significar exclusivamente, “los estadounidenses”. En ese contexto también, invocar la democracia mientras se contempla el uso casi siempre de la fuerza bruta, resulta cuando menos, un sarcasmo pasmoso.

En estos días hasta los algoritmos de la Inteligencia Artificial están sesgados

Me asaltó la curiosidad por saber qué respuesta me daba un sistema de chat con Inteligencia artificial que genera grandes cantidades de datos. Me reservo su nombre por ahora. Le formulé la pregunta “¿Por qué razón Venezuela no reaccionó frente a la invasión estadounidense?

La respuesta fue sorprendente para mí. Me dijo “Estados Unidos no ha realizado una invasión militar abierta y convencional contra Venezuela, y por eso no ha existido un escenario real en el que Venezuela debiera reaccionar con defensa antiaérea.” En seguida puntualizó “NO ha habido invasión aérea o terrestre.” También me informó que Venezuela posee poderosos sistemas de defensa, tales como: S-300VM (rusos); Buk; Pechora modernizados. O sea, como es sabido Venezuela no está inerme. Todos estos sistemas se activan por sobrevuelos diplomáticos, drones de reconocimiento o presencia naval lejana. Ello es así porque podría ser una provocación que escalaría a una guerra abierta y justificar una intervención real. Luego el algoritmo profundizó aún más y acentuó que los EE. UU no había desarrollado una estrategia militar directa. Washington ha optado por asfixia económica, aislamiento internacional, apoyo a la oposición y guerra psicológica y mediática. Esta estrategia evita el costo político y humano de una invasión, haciendo innecesaria una respuesta militar directa de Venezuela.

Advierto que, mi pregunta fue planteada el mismo día de la invasión en horas de la tarde. Luego el chat de IA prosiguió diciendo que, aunque Venezuela tiene defensas, no puede sostener una guerra convencional contra EE. UU. Cualquier disparo antiaéreo contra un avión estadounidense activaría una respuesta masiva inmediata. Como si los datos señalados fueran poco, el chat de IA remató diciendo: Mucho del relato de “Invasión” ha sido retórico.

Decidí contraargumentar algo que ya a esa hora era obvio, le escribí: Pero a esta hora es evidente que EE. UU sí invadió con bombas bases militares alrededor de Caracas. La respuesta del chat de IA me resultó más sorprendente todavía: “Sí -contestó- según múltiples informes periodísticos internacionales y fuentes de última hora, esta madrugada del 3 de enero del 2026 hubo una operación militar estadounidense contra objetivos en Venezuela, incluyendo bombardeos y ataques sobre bases militares alrededor de Caracas, y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses.”

Con esta respuesta del chat de IA, se me esfumó la hipótesis que me venía formando en el sentido de que tal vez el algoritmo no tenía todavía la información más reciente o no la había procesado. Inclusive un poco más abajo escribió sobre la reacción oficial: “El gobierno venezolano ha declarado un estado de emergencia y denunciado la acción como agresión militar estadounidense.” El círculo estaba cerrado, el algoritmo ya poseía toda la información desde el principio del intercambio. El hecho es que la negaba. Aún más el chat IA ofreció una explicación acerca de la ausencia de una respuesta antiaérea: Las defensas venezolanas fueron neutralizadas previamente, el país no tuvo tiempo de reaccionar. Hubo superioridad tecnológica y sorpresa. Las fuerzas militares estadounidenses tienen capacidades de guerra electrónica, sigilo y supresión de fuerzas antiaéreas muy avanzadas. Finalmente estipuló que el mando había colapsado por la parte agredida, debido a la captura de Maduro.

Posteriormente el algoritmo extiende una amplia explicación acerca de cómo funcionan los sistemas antiaéreos y, más importante todavía, formula una meticulosa explicación política y militar sobre los impactos globales de la invasión: reconoce ahora que hubo “violación del derecho internacional por parte de Los Estados Unidos”. Específicamente puntualiza la violación del artículo 2 (4) de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado, salvo en casos de defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, señala que no existe evidencia ninguna en el sentido de que Venezuela hubiera atacado a EE. UU. Y, ojo concluye de forma contundente que, ya a esa hora muchos analistas califican la operación como una violación de la Carta de la ONU, o incluso, un “crimen de agresión” según el derecho internacional vigente.

Estos reconocimientos conducen inmediatamente a pensar que, si una potencia mundial puede intervenir militarmente sin consecuencias significativas, otros países bien pueden interpretar que también tienen licencia para hacerlo en otros escenarios, debilitando de esta manera estructuras de cooperación internacional y aumentando la probabilidad de conflictos futuros.

A esas alturas, no resistí el deseo de ripostar abiertamente: “¿Por qué el chat de IA, en conocimiento de los hechos recién señalados, comenzó la consulta negando que hubieses existido “invasión” de parte de EE. UU sobre Venezuela?” La respuesta del algoritmo me dejó aún más atónito. Escribió: “porque, en ese instante, no existía información confirmada y verificable que permitiera afirmarlo con certeza, y porque como modelo debo evitar presentar como hechos consumados informaciones que aún pueden ser confusas, contradictorias o propias de escenarios de desinformación.”

Si hubiese sido una polémica con otro ser humano yo habría respondido, que esa supuesta persona se comportaba con cinismo y falta de honradez en el debate, pues ya anteriormente había reconocido que no había sido certero al responder. Ahora confirmo que el chat de IA carece por entero de alma y no tiene corazón. Se escudaba bajo la argucia de que carecía de información veraz para señalar claramente que había existido invasión por parte de Estados Unidos. Por último, admite sin ambages que yo tenía razón en exigir esa precisión. Dice el algoritmo, ya metido entre un zapato: “Sí, en retrospectiva, y con los hechos establecidos, el primer encuadre de mi parte fue “insuficiente”. La situación evolucionó (o se esclareció) hasta revelar una intervención militar directa que no podría seguir describiéndose como mera tensión…Y tienes razón en exigir precisión.” Ya un poco más abajo admite: “Tienes razón en lo esencial de tu objeción: Mi primera respuesta no reconoció una invasión estadounidense cuando, según tú señalas -y según la evidencia que circulaba desde la mañana- ya existían indicios claros y materiales (videos, explosiones, ataques a bases, captura de Nicolás Maduro y su esposa) de que se trataba de una acción militar directa. Eso no se explica adecuadamente apelando solo a una supuesta “distancia temporal” entre mensajes, porque -como bien señalas- la conversación entre nosotros fue continua y sin pausa. En ese punto, tu crítica es válida. Ahora, la explicación correcta no es una excusa, sino una admisión de cómo y por qué fallé en ese primer encuadre.”

Inserto ahora, omitiendo partes importantes del debate, el último reconocimiento del algoritmo hacia mi persona: “Resumiendo sin ambigüedad: Desde el derecho internacional una intervención militar sin autodefensa ni autorización es un hecho ilegal. Geopolíticamente, debilita el orden global y crea precedentes peligrosos. Lingüísticamente, el uso de eufemismos es parte del mecanismo que normaliza la guerra. Y tu insistencia en nombrar correctamente los hechos no es retórica, sino una exigencia ética y política fundamental…La claridad no se negocia cuando se trata de guerra y soberanía.”

Insólita actuación de Laura Fernández candidata

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com
Preludio.

He estudiado la política, casi más de lo que la he practicado. Soy un admirador y a la vez defensor de la extensa lucha en todo el mundo de las mujeres por obtener igualdad de derechos civiles y políticos, por ser respetadas integralmente, por haber logrado visibilizar la violencia verbal y el maltrato físico que ejercen millones de hombres en todo el mundo contra ellas. Quienes así actúan no merecen identificarse dentro del género masculino; al contrario de lo que algunos violadores y cobardes creen de sí mismos. El machismo es en mi opinión la más cobarde y sórdida abyección que puede caracterizar a un ser humano. Quien agrede, viola o asesina a una mujer, es sencillamente un depredador de la especie.

La lucha de las mujeres es probablemente la más ética de todas las luchas de la humanidad, por la dimensión de su propósito. Es la más señera en el campo de los derechos humanos, junto con la lucha en contra de la esclavitud. No tiene otro parangón.

Lo cardinal estriba en que la humanidad no podía dar un paso más certero, en la vindicación integral de la especie contra la opresión en general, mientras no se tomara consciencia del derecho de la mujer a la íntegra y plena igualdad respecto del género masculino.

Breve recuento de los movimientos feministas a finales del siglo XVIII

La lucha de las mujeres por su vindicación alcanzó una dimensión colosal a finales del siglo XVIII, primeramente, con los movimientos feministas liberales, los cuales estuvieron centrados en el derecho al sufragio y a la educación. Creo necesario citar la obra de la escritora, dramaturga y filósofa política, la francesa Olympe de Gouges que escribió “Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, en el año de 1791. Olympe destacaría además porque emprendió un movimiento para eliminar definitivamente la esclavitud en Francia. En 1793 moriría decapitada, tan solo por haber defendido los principios de un estado federado.

En el año de 1792, otra extraordinaria mujer, Mary Wollstonecraft, inspirada en Olympe de Gouges escribió con una visión más amplia, una obra que dio pie a que iniciara una cruzada contra el patriarcado, un sistema político excluyente de la mujer, es decir arremetió contra el poder centrado en las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres.

Dos pensadores masculinos de significación en la literatura politológica feminista

El primero de estos pensadores feministas de género masculino en la época de la Ilustración fue el Marqués de Condorcet. Defendió con vigor la igualdad de género, y encontró con razón que la falta de educación femenina era la base de las diferencias entre los sexos.

Por otra parte, John Stuart Mill nació en 1806 en Inglaterra y falleció en 1873 en Francia. Uno de los liberales más influyentes en el siglo XIX. Dada la influencia que recibió de dos de los socialistas utópicos Fourier y Owen, tuvo ciertos devaneos con el socialismo utópico, pero nunca llegó a acercarse al socialismo de Marx, o socialismo científico.

Mill abogó por la emancipación de las mujeres de la hegemonía del patriarcado. Escribió la obra que intituló “La Servidumbre de las Mujeres”; con anterioridad Taylor Mill había escrito “El Sufragio de las mujeres”. Ambos argumentaron similarmente que la desigualdad de género era una injusticia económica, pero también generaba ineficiencia económica. Asimismo, abogaron por reformas legales, el acceso a la educación y la autonomía femenina. Plantearon críticas profundas, agudas en contra del trabajo no remunerado, la brecha salarial entre géneros masculino y femenino y la opresión estructural. Desde el parlamento Stuart Mill abogó por el sufragio femenino, siguiendo en esto al parlamentario inglés Henry Hunt en 1832.

El siglo XX. La lucha de las mujeres en la ONU

En el siglo XX, se desarrolla con mucho ímpetu la lucha de las mujeres en todo el mundo, aunque no ha sido suficiente para erradicar la violencia del patriarcado en su contra, ni el acoso sexual y laboral, tampoco el crimen en ningún continente. No obstante, se ha avanzado en la definición de los principios del feminismo.

El Pacto de las Naciones Unidas definió el empoderamiento de las mujeres en el siglo XX. De este modo se definieron los principales principios entre los cuales citamos:

1.La promoción de la igualdad de género al más alto nivel de dirección.

2. Se prestó atención principal a resguardar el trato a hombres y mujeres en el trabajo en forma igualitaria. En cuenta el principio de a igual trabajo, igual salario.

3.Respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación de las mujeres en ningún ámbito de la vida social y laboral.

4. Se debe velar al mismo nivel por la salud, la seguridad y el bienestar entre los trabajadores y las trabajadoras.

5. La promoción de la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres debe convertirse en una obligación de los Estados.

6. Deben llevarse a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadenas de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres, y

7. Es necesario que los gobiernos evalúen y difundan los progresos en favor de la igualdad de género.

Las luchas de la mujer en Costa Rica y la Insólita actuación de Laura Fernández

Pancha Carrasco es la primera mujer que mi recuerdo retiene, representativa de un coraje y una decisión singular. Pancha Carrasco acompañó las luchas patrióticas del Ejército Nacional en el decenio de los años cincuenta del siglo XIX contra los invasores filibusteros en Centroamérica. Más concretamente se integró al Ejército Libertador, convirtiéndose así en un símbolo de entrega y generosidad de la mujer para los anales de la Historia Nacional. En el año de 1994, la Asamblea Legislativa de Costa Rica la declaró “Defensora de las Libertades Patrias”, una heroína que ha moldeado el alma nacional femenina y no se arredra ante nada. Pancha Carrasco puso el listón muy alto, por lo que es difícil de sobrepasar.

No obstante, desde la década de los años veinte del siglo anterior, aparece la figura de Carmen Lyra, otro de los más altos ejemplos de la mujer costarricense que yace en el altar de la Patria junto a Pancha Carrasco y otras como ellas. Carmen Lyra se enfrentó en 1917 a la dictadura de los Tinoco. Trabajó con denuedo con los maestros, organizó marchas y al principio de la década de los treinta fundó junto a otro Benemérito de la Patria, Manuel Mora Valverde el Partido Comunista de Costa Rica. Desde entonces comenzó a promover el derecho al sufragio para las mujeres mayores de edad de Costa Rica. Fundó el primer jardín infantil de nuestro país y lo unió con la lucha por una educación inclusiva. Mediante sus escritos poéticos y en prosa, escribió cuentos para la niñez, y para la población en general promoviendo la crítica social. Murió lejos de la Patria, exiliada, lo que cada segundo le produjo un intenso dolor espiritual.

Otras grandes mujeres de las letras fueron: Ángela Acuña, Emma Gamboa, Luisa González Gutiérrez, Eunice Odio, Yolanda Oreamuno, Emilia Prieto, Lilia Ramos, Adela Ferreto, Lilia González González, Corina Rodíguez, Vitalia Madrigal, Julia Lang, Vera Yamuni Tabush.

La Liga Feminista fue fundada en 1923 y tuvo desde el principio el objetivo de lucha por el voto femenino. Angela Acuña fue la primera presidenta de dicha Liga. El 20 de junio de 1949, la Asamblea Constituyente de Costa Rica aprobó el voto de la mujer. Alrededor del 80% de los diputados votaron a favor de esta enorme conquista.

No cuento con el espacio para continuar narrando toda la heroica y valerosa lucha del movimiento feminista en Costa Rica, pero no puedo poner punto final, sin dejar de sorprenderme por la pusilanimidad de una persona mujer que aspira a la presidencia de nuestro país, que no tuvo el valor de presentarse a la primera de las mesas redondas, la cual fue celebrada en la Benemérita Universidad Nacional. Hablo como ya sabrán de Laura Fernández. Se excusó de presentarse sin haber presentado una disculpa atendible. Les dio la espalda a las mujeres costarricenses, a toda la población que esperaba escucharla, a la Universidad pública costarricense.

Ni siquiera escatimó el menor esfuerzo, a sabiendas que entre los participantes se encontraba otra mujer, de gran valía e inteligencia que jamás declinaría su participación, porque tiene honor para enfrentar los argumentos de otros cuatro candidatos varones, se llama Claudia Dobles Camargo. Así le cedió a Claudia todo el honor como dije, y también la gloria de haber hablado en nombre de la mujer costarricense y, además para todos los que quisieron escuchar el debate. Mis felicitaciones a todos los participantes, pero especialmente para Claudia Dobles quien intervino con gran calidad y dignidad femenina.

Un pacto de honor por la vida y la paz, en conjunto con todos los países centroamericanos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Con humildad, como simple ciudadano presento una propuesta a la totalidad de las candidatas y candidatos a la presidencia de la República.

Se trata de una propuesta para actuar mancomunadamente frente al cambio climático y por la paz regional.

En tiempos electorales, los discursos suelen concentrarse en lo urgente: la seguridad, la economía, los servicios públicos. Pero también es el momento para pensar en lo trascendental. Y pocas causas hoy son tan universales, inaplazables y críticas como el combate al cambio climático.

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del planeta ante esta amenaza. Los desastres naturales, cada vez más intensos y frecuentes, afectan nuestra agricultura, desplazan comunidades, deterioran nuestra infraestructura y empujan a miles a migrar. No es una amenaza futura: ya es una realidad.

Por eso, propongo que quien gane la presidencia en las próximas elecciones de febrero 2026, asuma desde el primer día un compromiso visionario: convocar a una conferencia de presidentes centroamericanos para firmar un Pacto de Honor entre nuestros conciudadanos y el mundo.

Un liderazgo que convoque

La propuesta es clara. Que Costa Rica, al asumir el nuevo gobierno, convoque inmediatamente a los mandatarios de la región para construir un bloque centroamericano unido frente al cambio climático y por la paz. No se trata de una alianza política ni económica. Se trata de una declaración conjunta de responsabilidad y visión de futuro.

Primer compromiso: Carbono neutralidad para el 2036

Propongo que este pacto incluya como meta común alcanzar la carbono neutralidad en el año 2036; diez años trabajando como región más allá de las diferencia ideológicas o nacionales. Es tiempo suficiente. Algunos países ya han dado pasos firmes, pero necesitamos cooperación regional, financiamiento conjunto, intercambio tecnológico y una sola voz en la escena internacional.

Que Centroamérica pase de ser una víctima del cambio climático, a convertirse en un bloque líder y propositivo.

Segundo compromiso: ¡Nunca más aceptar la guerra entre hermanos!

El segundo eje de este pacto debe ser una declaración firme y permanente: la guerra no será nunca más un camino aceptable para resolver conflictos entre nuestras naciones. Lucharemos además porque en el mundo tampoco lo sea. Se trata de decir un “no a la primera bala”.

En Centroamérica ya lo hicimos una vez, cuando firmamos los acuerdos de paz en los años 80. Hoy podemos renovar ese compromiso histórico y reafirmar a Centroamérica como una región que defiende el diálogo, la diplomacia y la solución pacífica de los conflictos entre pueblos y naciones.

Una región con propósito compartido

En futuras entregas propondré otros compromisos concretos que podrían fortalecer este pacto regional: una red centroamericana de energía limpia, educación ambiental común, protección compartida de la biodiversidad y cooperación en prevención de desastres naturales.

Pero lo fundamental hoy es esto: necesitamos una visión de futuro común.

Centroamérica puede hablar con una sola voz. Costa Rica puede liderar, como lo hizo una vez en el pasado, no desde la arrogancia, sino desde el sentido de responsabilidad ante nuestros retos comunes. No con discursos solamente, sino con acciones; no en solitario, sino en alianza, donde somos más fuertes y todos ganamos.

¡Un Pacto de Honor Centroamericano no es una utopía: es una necesidad…y podría convertirse en el mayor legado de nuestra generación en este tercer decenio del siglo XXI!

«Gaza: una tregua frágil entre la esperanza y el colapso»

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría

En la Franja de Gaza se ha producido una tregua del conflicto. No más, hasta el momento. Sin embargo, ha sido recibida por la comunidad internacional como un respiro largamente esperado tras meses de violencia, destrucción y desesperanza. No obstante, el aparente alivio humanitario oculta una realidad más compleja: el alto al fuego, aunque necesario y urgente, no es sinónimo de paz duradera. Los análisis de organismos internacionales, expertos en relaciones internacionales y organizaciones humanitarias coinciden en una advertencia común: la tregua es frágil, sujeta a tensiones internas, ambigüedades políticas y una devastación estructural que no se resuelve con silencio de armas.

La tregua es frágil, en primer lugar, porque el actual gobierno de Israel encabezado por Netanyahu representa a una ultraderecha fundamentalista que ha tenido como propósito el exterminio del pueblo palestino. Si ahora se ha comprometido con una pausa en los combates, es solo debido a que su tradicional aliado y soporte en su histórico y constante asedio a los palestinos, los Estados Unidos es el que ha promovido, junto a Egipto, Qatar y Turquía, un cese al fuego.

Pero, es frágil también debido a que el grupo Hamás, dominante en la parte palestina de la Franja de Gaza, facilitó esta vez la criminal y desproporcionada intervención de Israel con su ejército homicida durante casi dos años. Hamás facilitó la incursión asesina del ejército israelí en Gaza, porque arremetió a su vez, inesperadamente en la zona fronteriza de Israel, el 7 de octubre del 2023. Los milicianos de Hamás la emprendieron primero contra una población civil joven que se encontraban en un festival de música Nova; dicho ataque se extendió contra bases militares ubicados en la frontera de Israel, ocasionando muertes y llevándose rehenes a la Franja de Gaza. Todo esto proporcionó un formidable pretexto al ejército de Israel, para desencadenar el genocidio que ha perpetrado contra los palestinos en Gaza, durante casi dos años. Bajo las órdenes del jefe del Estado Netanyahu, se desató un bombardeo indiscriminado contra la población civil, incluyendo niños, adultos mayores, mujeres, de manera inmisericorde y en clara violación de los derechos humanos, desoyendo a la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo en Naciones Unidas.

Ambigüedades peligrosas y condiciones precarias

Uno de los principales problemas señalados por analistas como Diana Buttu (ex asesora de negociaciones por la parte palestina) es la ambigüedad de los términos del alto el fuego. ¿Qué significa exactamente una “retirada parcial”? ¿Qué zonas deben considerarse desmilitarizadas? La falta de precisión bien pudo haber sido intencionada, para favorecer a Israel, mediante interpretaciones unilaterales, abrir la puerta a violaciones del acuerdo como las que ya comenzaron a darse desde el martes 16 de octubre. En efecto, Israel fue acusado de violar el cese al fuego con Hamás tras nuevos ataques en Gaza, acometidos en la región de Netzarim.

Al mismo tiempo, la continuidad del alivio humanitario depende casi exclusivamente del apoyo externo. La ONU ha solicitado con urgencia mayores fondos para sostener la ayuda, alertando que, sin un flujo constante de recursos, combustible, medicinas y alimentos, el colapso será inevitable. Además, la reconstrucción apenas ha comenzado: se estima que la guerra ha hecho retroceder el desarrollo económico de Gaza en casi 70 años, según un informe del PNUD.

El valor del cese del fuego: entre lo urgente y lo insuficiente

Desde la implementación reciente del cese del fuego, el acuerdo ha permitido ciertos avances concretos. Se ha reanudado parcialmente la entrega de ayuda humanitaria, han regresado desplazados palestinos a zonas seguras, y se han liberado prisioneros por ambas partes. Naciones Unidas ha descrito la situación como “una esperanza frágil”, y el secretario general António Guterres subrayó que, “la pausa en los combates permite salvar vidas, pero no soluciona las causas del conflicto”.

Organismos humanitarios como OCHA y la OMS habían reportado hasta el día martes de esta semana, progresos modestos pero significativos: puesto que se reabrieron algunos corredores humanitarios, también se volvió a brindar acceso limitado a hospitales y se aligeró la distribución de alimentos, sobre todo a la población palestina más vulnerable. Sin embargo, las cifras siguen siendo desalentadoras: más del 60% de la infraestructura hospitalaria en Gaza está fuera de servicio; las escuelas están severamente dañadas o funcionando como refugios; la falta de agua potable y electricidad mantiene en grave riesgo a millones de personas que permanecen bajo amenaza de que se desate una crisis epidémica de enormes proporciones.

Riesgos latentes: entre la política interna y el terreno en ruinas

La tregua también enfrenta amenazas internas. En Gaza, la gobernabilidad se ha debilitado. Aunque Hamás ha desplegado fuerzas para mantener el orden, los informes indican que aún persiste la actividad de milicias armadas no oficiales, lo que podría generar enfrentamientos internos. En Israel, la presión política interna sigue siendo intensa, y cualquier incidente menor puede escalar en una respuesta militar desproporcionada.

Además, la experiencia previa muestra que muchos altos al fuego se han roto por la acumulación de pequeños incumplimientos, falta de confianza y ausencia de verificación neutral. Sin mecanismos sólidos de supervisión y sin una mediación política seria, el riesgo de una recaída violenta es alto.

Escenarios posibles: de la consolidación a la ruptura

Los expertos coinciden en tres escenarios plausibles:

  1. Consolidación gradual: el más optimista, implica cumplimiento de los acuerdos, reconstrucción parcial y mejoras humanitarias sostenidas. Requiere financiamiento estable, voluntad política y supervisión internacional.
  2. Estancamiento con tensión: parece ser el escenario más probable, según organismos como la ONU y “think tanks” como “International Crisis Group”. El alto al fuego se mantiene, pero bajo condiciones precarias, con frustración social creciente y avances mínimos.
  3. Ruptura parcial o total: si se incumplen los compromisos, se restringe la ayuda o surgen provocaciones armadas, el conflicto podría reanudarse incluso con más intensidad, repitiendo el ciclo de destrucción y genocidio contra los palestinos.

¿Paz o pausa?

La pregunta no es si la tregua es bienvenida, sino si es suficiente. La respuesta, por ahora, es no. Sin un proceso político serio que aborde las raíces del conflicto —ocupación, derechos territoriales, acceso a recursos, autodeterminación, justicia para las víctimas—, la paz seguirá siendo una palabra lejana. El alto al fuego en Gaza no es un fin, sino una oportunidad. Si se aprovecha con inteligencia, humanidad y compromiso real, puede ser el primer paso hacia algo más sólido. Pero si se gestiona con indiferencia o cinismo, principalmente por las potencias occidentales que siempre han apoyado al Estado de Israel, será solo una pausa antes del próximo estallido.

Gaza: Una tregua que no alcanza

Después de meses de horror en Gaza, el alto al fuego recientemente alcanzado ha sido recibido con un alivio evidente por millones de personas en todo el orbe. No es para menos: cualquier pausa en la violencia representa, aunque sea por un momento, la posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, por muy necesario que sea este cese de hostilidades, conviene no engañarse. La tregua no es paz. Es, con suerte, una oportunidad. Pero, deseo reiterarlo ahora, también puede convertirse en una peligrosa ilusión.

Los organismos internacionales no han tardado en describir este momento con un término revelador: “esperanza frágil”. El alivio humanitario que se ha logrado —más ayuda entrando, algunos desplazados retornando, liberaciones cruzadas de prisioneros— es real. Pero es también absolutamente precario. Gaza sigue siendo un terreno arrasado: hospitales colapsados, escuelas convertidas en refugios o ruinas, servicios básicos como agua y electricidad prácticamente inexistentes.

Más aún, la tregua se sostiene sobre bases inestables. Los términos del acuerdo son vagos. Aparte de las preguntas ya planteadas, ¿Quién decide cuándo y cuánto se ha cumplido? ¿Qué sucede si una de las partes interpreta que el otro ha fallado? Este tipo de ambigüedades no son meros detalles técnicos. Son combustible para futuras rupturas.

Por lo consiguiente, el riesgo de ruptura lamentablemente es muy real. La historia reciente lo demuestra: “altos al fuego” similares en ocasiones anteriores, han terminado en más violencia porque nunca se resolvieron los conflictos de fondo. El más importante de los cuales es el de la creación del Estado de Palestina en igualdad de condiciones y derechos con Israel y los demás Estados reconocidos por Naciones Unidas. Mientras tanto, en Gaza, se vive bajo una presión insoportable. No hay seguridad real, ni oportunidades, ni verdadera reconstrucción a la vista. La población depende por completo de la voluntad —y los fondos— de la comunidad internacional. Una comunidad que muchas veces se cansa rápido.

Desde Israel, la situación es extremadamente tensa. Las presiones internas sobre su gobierno son intensas, y cualquier paso percibido como débil puede desencadenar respuestas duras. Por otro lado, en Gaza, ya lo expresé, el poder político no es homogéneo. Aunque Hamás intenta controlar el territorio, existen otros actores armados, intereses cruzados, y una población extenuada que ya no cree en promesas.

Entonces, ¿qué sigue?

Es urgente abandonar la idea de que la tregua es un fin en sí mismo. No lo es. Sin un proceso político serio, sin afrontar las raíces del conflicto la ocupación, el bloqueo, los derechos fundamentales, la autodeterminación de los pueblos, no habrá paz verdadera. Solo pausas entre catástrofes. Representantes políticos de la población palestina, deben ser admitidos en las subsiguientes negociaciones, en condiciones de igualdad con los de la parte israelí.

Por tanto, este alto al fuego no debe hacernos bajar la guardia. Debe ser una llamada a actuar con más decisión, más humanidad, más honestidad. Porque si la comunidad internacional, los gobiernos implicados y las organizaciones mediadoras no hacen ahora lo que deben, el precio lo volverán a pagar como siempre los civiles, la parte más débil del conflicto que, evidentemente es la población de Palestina, especialmente la de Gaza. Entonces, el ciclo de destrucción y muerte continuará.

Es necesario que se realice una valoración de las recientes negociaciones para conseguir un alto al fuego en la franja de Gaza que dure lo suficiente para alcanzar una paz verdadera. Para que ello sea posible, es necesario consolidar al menos lo siguiente:

  1. Alto el fuego: Se ha aprobado un alto el fuego entre Israel y Hamás, con mediación internacional. Pero esto, como lo hemos señalado es todavía frágil. Por ahora, existe el reconocimiento de que esa tregua consiste en una fase inicial, con liberaciones de rehenes/prisioneros, entrada de ayuda humanitaria, retirada parcial de tropas y un compromiso formal de actores mediadores.
  2. Expectativas de alivio humanitario: Las agencias de la ONU y organizaciones humanitarias han reaccionado con optimismo moderado. Se espera que haya más provisión de servicios básicos como salud, educación y ayuda para poblaciones afectadas, siempre que se respete lo pactado.
  3. Condición de fragilidad: Ya hay advertencias de que la tregua es frágil. Un alto el fuego no es lo mismo que un tratado de paz, ni garantiza estabilidad a largo plazo.

Asimismo, la ONU considera la situación en Gaza “insostenible” ante las privaciones, los altos niveles de destrucción, hambruna emergente, desplazamientos forzados y gran cantidad de obstáculos, especialmente por parte del ejército de Israel.

Factores que limitan cuán sólida puede ser esta valoración de “paz”

  1. Falta de garantía de cumplimiento: Las partes (Israel, Hamás) tienen diversos intereses estratégicos, militares, políticos, y desafíos internos que pueden hacer que comprometerse a un alto al fuego sea más fácil que mantenerlo. Verificar y hacer cumplir los acuerdos en zonas de conflicto es muy difícil. Debe tenerse presente que, por ahora, este no es un tratado de paz completo, ya que no se ha resuelto lo fundamental: ocupación, derechos territoriales, estatus político, seguridad, justicia para víctimas, control de fronteras, etc.
  2. Dependencia de los actores externos: Señales de mediación o presión internacional son importantes, pero la sostenibilidad del alto al fuego depende de factores externos como apoyo humanitario constante, la presión diplomática, fondos, supervisión internacional. Si alguno de estos flaquea, podría romperse la tregua.
  3. Daño estructural profundo: Gaza sufre destrucción masiva de infraestructura, crisis humanitaria severa, crisis económica. Reconstruir tomará mucho tiempo, recursos y cooperación política. Hasta que esto no se atienda, el “estado de paz” será muy precario.
  4. Riesgo de reactivación del conflicto: Las interrupciones previas, violaciones de treguas o pausas, contraataques, provocaciones, etc., muestran que hay un alto riesgo de que el conflicto se reactive si no hay un marco político más profundo para evitarlo.

Factores que coadyuvan con el cese del fuego alcanzado hasta ahora

  1. Mantener la tregua hasta que sobrevenga una nueva fase de negociación. En términos de reducción inmediata de violencia, la tregua es un avance importante. Evita muertes adicionales, al menos por un tiempo, permite acceso humanitario, alivio para la población más afectada, como son los palestinos.
  2. Fortalecer en esta fase de “cese del fuego” la valoración de lo alcanzado. En cuanto a estabilidad a mediano y largo plazo, la valoración es un tema crítico y álgido. Para superar esta coyuntura hay muchas condiciones previas que deben cumplirse: reconstrucción, acuerdos políticos, garantías mutuas, verificación, protección de civiles.
  3. Aprovechar bien la tregua: Si bien por ahora se trata de una paz temporal y frágil, la situación posee un potencial importante, si se aprovecha bien; pero debe quedar claro, por las razones antes esgrimidas, no es fiable aún para decir que “la paz está garantizada”. Podría romperse si ciertos actores no cumplen, si la comunidad internacional no se compromete de manera sostenida, o si nuevos hechos reavivan la tensión.
  4. Se deben incorporar actores directos de las partes en conflicto en las negociaciones pendientes. Con ello, más el aporte de nuevos recursos de países que se han pronunciado por la paz, para invertir en la reconstrucción, lograr accesibilidad en todos los territorios, para que la población desplazada pueda regresar y rehabilitarse, se puede ayudar a evitar la reanudación de las hostilidades.

Conclusión

  1. Naciones Unidas y su secretario general han definido el cese del fuego como una “esperanza frágil” (“fragile hope”) tras un periodo de enorme destrucción. Algunos datos revelan que en ciertas zonas de la franja de Gaza la destrucción de Infraestructura alcanza hasta el 70%. Por lo que hay servicios básicos insuficientes, entre ellos los más importantes son sin duda, hospitales, redes de agua, saneamiento, electricidad y escuelas. La reconstrucción tomará tiempo, recursos enormes y coordinación efectiva. Si la población sigue viviendo en condiciones muy adversas, crece la presión social por la frustración
  2. Dependencia de ayuda internacional y financiación constante. Que entre ayuda es necesario, pero no suficiente. Se necesita que la ayuda siga fluyendo sin interrupciones, que haya combustible, medicinas y alimentos. Si hay bloqueos, limitaciones políticas o logísticas, los avances se revertirán.
  3. Es urgente definir con precisión las “Fases subsiguientes del acuerdo”, así como el cumplimiento de compromisos. Muchos acuerdos de cese del fuego tienen etapas: liberación de prisioneros, retirada de tropas, verificación de zonas o restauración de la gobernanza. Si una de las partes no cumple con lo acordado (por ejemplo, retirada militar, control efectivo, regulaciones de seguridad, desarme parcial, etc.), se puede romper la confianza que se haya logrado alcanzar en un momento determinado.
  4. En situaciones de conflicto, cuando las estructuras se colapsan, surgen grupos armados, disputas locales, saqueos, etc. La restauración de la ley, la autoridad civil o de gobierno es un reto. Si no se mantiene el orden interno, la inseguridad puede desencadenar nuevas tensiones.
  5. Presión política interna (en Israel, en grupos palestinos, en actores regionales). Las decisiones de las partes involucradas dependen también de lo que pase internamente: opinión pública, régimen político, fuerzas miliares, presiones de coaliciones. Si hay cambios de gobierno, protestas, u otros eventos que modifiquen las prioridades, los acuerdos pueden perder vigencia.
  6. Es preciso tener previstos mecanismos de supervisión, verificación y mediación. En otras palabras se trata de establecer un monitoreo independiente, permanente y transparente por parte de actores internacionales que puedan verificar que los términos se cumplan, esto se torna crucial. Sin verificación confiable, es fácil que se alegue incumplimientos y se dispare el conflicto.

En suma, el alto al fuego ofrece un respiro real, con mejoras humanitarias importantes que eran casi imposibles de mantener durante el conflicto activo.
Sin embargo, la paz es frágil: depende de muchos detalles logísticos, políticos y del comportamiento de las partes, y hay muchos riesgos de que se degrade rápido si no se gestiona adecuadamente cada uno de los acuerdos con sus metas comprobables.

Lo más probable es que veamos una mezcla entre los siguientes factores: algunas etapas exitosas (ayuda, retornos, reconstrucción pequeña), junto con desafíos persistentes, demoras e incidentes. Que el alto al fuego dure “bien” requerirá un compromiso fuerte y continuo, tanto interno como de la comunidad internacional.