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Etiqueta: Aldesa

Escándalos financieros en Costa Rica: Aldesa, Coopeservidores, BCR SAFI y DESYFIN – por Sergio Ortiz Pérez

En los últimos años, el sector financiero costarricense ha sido golpeado por una serie de escándalos que han afectado a inversionistas, cooperativas y entidades financieras. Entre los casos más sonados están Aldesa, Coopeservidores, BCR SAFI y, recientemente, DESYFIN. Aunque cada uno de estos casos tiene un origen diferente, todos comparten un final similar: quiebras financieras que han dejado a miles de inversionistas sin sus ahorros.

Sobre este tema Sergio Ortiz Pérez expone: 

Aldesa: inversiones desaparecidas.

Uno de los primeros grandes golpes fue el caso de Aldesa. La empresa captó millones de dólares en inversiones que luego destinó a la adquisición de inmuebles. Sin embargo, estos proyectos no se desarrollaron y, en su lugar, Aldesa se sobre endeudó, generando la desaparición de más de 350 millones de dólares, que aparentemente terminaron en paraísos fiscales. La intervención judicial no fue suficiente para evitar que miles de inversionistas perdieran su dinero.

BCR SAFI: inversión cuestionada.

Otro caso relevante es el de BCR SAFI, cuestionado por la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico. La entidad pagó 70 millones de dólares por el inmueble, aunque el valor oficial del mismo, según la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), era de apenas 28 millones. La diferencia en los avalúos generó dudas sobre la transparencia de la operación y las gestiones dentro del Banco de Costa Rica.

Coopeservidores: fondos desviados.

En el caso de Coopeservidores, desde 2020 se detectó la desviación de fondos hacia la cooperativa COPA Fénix, que supuestamente brindaba servicios de cobro a clientes morosos. Esta mala práctica llevó a la pérdida progresiva del patrimonio de Coopeservidores, afectando la capacidad de la cooperativa para responder a sus acreedores, es decir, los ahorrantes e inversionistas.

DESYFIN: maquillaje financiero.

El caso más reciente es el de DESYFIN. La financiera fue intervenida judicialmente tras detectarse que sus administradores maquillaban los estados financieros, presentando datos incorrectos. Este engaño indujo a error a muchos ciudadanos y sociedades que invirtieron sus ahorros, sin saber que la situación financiera de DESYFIN era insostenible.

¿Dónde están los supervisores?

Estas situaciones han generado un fuerte cuestionamiento sobre el rol de las entidades supervisoras del sistema financiero costarricense, como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). A pesar de contar con presupuestos millonarios, estas entidades no detectaron a tiempo los problemas que afectaban a las entidades financieras mencionadas, lo que llevó a la pérdida de ahorros de muchos costarricenses.

La figura de Rocío Aguilar.

Uno de los personajes más cuestionados es Rocío Aguilar, actual superintendente de la SUGEF y también de la SUPEN. Su gestión ha sido criticada por la falta de acción oportuna para prevenir las quiebras financieras. A pesar de los escándalos, sigue en su puesto, sostenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), presidido por Laura Suárez Zamora.

¿Qué sigue para DESYFIN y los inversionistas?

El futuro de DESYFIN sigue el mismo camino que Coopeservidores: la resolución o disolución de la financiera. Con los activos que queden, se tratará de cubrir las deudas, aunque es probable que muchos inversionistas pierdan gran parte de sus ahorros. Este ciclo de quiebras pone en evidencia la fragilidad del sistema financiero costarricense y la necesidad urgente de una supervisión más rigurosa.

Para más detalles sobre este tema, te invitamos a ver el siguiente video de Sergio Ortiz Pérez:

Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón.

Afectados por quiebras financieras alzan la voz ante fallas en la supervisión del sistema financiero costarricense

Un grupo de afectados por las quiebras financieras de Aldesa, la SAFI del Banco de Costa Rica (BCR) y la reciente disolución de Coopeservidores han alzado su voz de protesta en un documento dirigido a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. En el comunicado, denuncian la negligencia y falta de acción de las entidades de supervisión financiera del país, particularmente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Los afectados señalan que, en el caso de Aldesa, las autoridades de supervisión financiera no actuaron a tiempo a pesar de los antecedentes que debieron haber activado alarmas. Además, critican que el presidente de CONASSIF, Luis Carlos Delgado Murillo, se haya abstenido de intervenir en el caso por motivos personales, lo que según ellos, agravó la situación y profundizó las pérdidas de los ahorrantes.

Ante denuncias presentadas contra funcionarios de la SUGEVAL por incumplimiento de deberes, los responsables evitaron consecuencias penales mediante una conciliación que los afectados consideran insuficiente y que deja un mal precedente. Aunque la superintendente de SUGEVAL en ese momento, María Lucía Fernández Garita, finalizó su periodo en 2022, los firmantes critican que otros funcionarios clave continúan en sus cargos sin enfrentar ningún proceso disciplinario, lo que consideran una muestra de la impunidad en el sistema de supervisión.

Los casos de la SAFI del BCR y Coopeservidores son mencionados como ejemplos adicionales de la ineficacia de las entidades de supervisión. En el caso de la SAFI del BCR, los sobreprecios pagados por inmuebles y las malas inversiones provocaron pérdidas significativas para muchos inversionistas, especialmente adultos mayores que dependían de estos fondos como su única fuente de ingresos. Por otro lado, la disolución de Coopeservidores, bajo la supervisión tardía de la SUGEF, expuso fallas similares en la fiscalización, afectando a miles de asociados y dejando a muchos sin empleo ni claridad sobre el estado de sus inversiones.

Los firmantes del documento acusan a las autoridades de haber creado un sistema financiero y de supervisión ineficaz que, lejos de proteger a los ahorrantes, ha generado un falso sentido de confianza. Sostienen que este sistema ha sumado burocracia, altos salarios y una cultura de irresponsabilidad que ha dejado a los inversionistas en un estado de indefensión total. Mencionan una larga lista de quiebras financieras en los últimos 30 años y exigen que se tomen medidas contundentes contra los responsables de la supervisión, advirtiendo que la confianza y estabilidad del sistema financiero están en peligro.

El grupo de afectados, que incluye a decenas de personas y asociaciones, insta a las autoridades a actuar de inmediato y evitar que se repita otro colapso financiero en el futuro.

SURCOS comparte la carta enviada a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.

Fernando Zamora pedirá al Banco Central y a la SUGEF explicación sobre qué pasó con fondo para auxiliar a ahorrantes de entidades quebradas

El abogado constitucionalista Fernando Zamora hace denuncia de lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Costa Rica, explicando que en la década de 1980 el gobierno estadounidense le entregó al Banco Central una cantidad de dinero de 16,000,000 de colones con el objetivo de auxiliar a los ahorrantes en caso de quiebras financieras como la que ocurrió en Copemex, Aldesa o Coopeservidores.

Se explica también que dicho dinero fue dado ilegalmente en custodia del Banco Central con el propósito de generar intereses, capitalizarlo y que el fondo creciera. Según la investigación periodista del Semanario Universidad, el Banco Central le entregó fondos millonarios a una entidad bancaria privada para que siguiera manejando el dinero del fondo. Por su parte, el señor abogado expresa que desde su experiencia profesional, no entiende cómo se realizó esa transferencia de dinero a un ente privado si se trataba de fondos públicos en razón de que fue entregado por el gobierno estadounidense a un ente público, el Banco Central, y con un fin público: el de auxiliar a los ahorrantes. 

Han pasado más de 40 años desde la entrega del dinero por lo que a día de hoy ya habría generado muchos intereses, pero según la información del Semanario Universidad, no hay información suficiente. De tal manera, se establecerá la denuncia en los órganos competentes y se avisará de cualquier eventualidad en el caso. Se les invita a ver el vídeo en el que se explica dicha situación en el siguiente enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2024/08/Fernando-Zamora-denuncia.mp4

ANEP pide, la separación inmediata de Rocío Aguilar Montoya de sus altos cargos en SUGEF y SUPEN

En esta mañana del miércoles 10 de julio, en las afueras del Banco Central de Costa Rica, ANEP entregó una carta dirigida al presidente del Banco Central de Costa Rica, Don Roger Madrigal López, a la honorable Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y a la señora Laura Suárez Zamora, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión de entidades del sistema financiero (CONASSIF).

En la carta ANEP pide que se separe inmediatamente a Rocío Aguilar Montoya de los cargos importantes que ostenta, esto por las grandes fallas que ha tenido y el gran dolor causado en su gestión de supervisión financiera, donde la intervención que ya tenía en casos tan notorios y divulgados como el caso de ALDESA y el caso Coopeservidores, donde el mismo Ministerio de Hacienda tuvo el hueco fiscal.

Por último, se mencionó que ya no genera o nunca ha generado la debida confianza en el sistema financiero de Costa Rica.

ANEP denuncia ante la Fiscalía de Probidad a Rocío Aguilar Montoya y solicita la separación cautelar de sus cargos

En una declaración de la ANEP se informa que se ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Probidad y Transparencia del Ministerio Público la suspensión de Rocío Aguilar Montoya de sus cargos de Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y Superintendente de Pensiones (SUPEN), y además, de su cargo en el  Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Esto, debido a su implicación en varias controversias financieras de alto perfil.

Se destaca en la declaración la preocupación por las acciones de Aguilar Montoya en casos sensibles como el de Aldesa, los rendimientos del ROP transferidos al exterior, y más recientemente, los problemas relacionados con Coopeservidores. Estas situaciones, según se indica, ponen en riesgo la confianza pública en el sistema financiero, afectando directamente a pequeños ahorradores, trabajadores pensionados y empleados del sector público.

La declaración enfatiza la gravedad de las acusaciones contra Aguilar Montoya y su impacto potencialmente perjudicial en la estabilidad y credibilidad del sistema financiero nacional. Se invita a la comunidad a estar atenta para más detalles sobre la denuncia; se solicita también expresiones de apoyo en este proceso.

Esta petición de suspensión refleja un movimiento significativo necesario por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para abordar presuntas irregularidades dentro del sistema financiero. Se subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y privados.

La sociedad al revés

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Hace pocos días se informó del revuelo que produjo la protesta de los médicos especialistas en la Caja. La prensa monta un escándalo porque les aumentaron un 10,47% de salario.

Antier La Nación dice, citando el estudio actuarial de la Caja, que, con el aumento, un médico especialista con salario global que ganaba ¢1.420.694 pasará a ganar un salario de ¢1.833.006 y un médico general pasará de ¢1.267.887 a ¢1.404.182.

Parece increíble que un médico especialista con 8 años o más de estudios reciba un salario tan bajo. Y nos quejamos de que quieran emigrar a la empresa privada.

Mientras tanto, el gerente general de Coopeservidores ganaba según información de 2017 más de ¢12 millones y la alta gerencia de esa empresa era la más costosa del sistema cooperativo financiero.

Los gerentes de los bancos ganaban hasta hace muy poco tiempo salarios superiores a los ¢10 millones por mes.

Según informaba Delfino, en 2021 el salario promedio de los superintendentes era de ¢9.5 millones.

Vean la diferencia: mientras un médico especialista con salario global recibe ¢1.8 millones, un superintendente gana más de ¢7 millones. Mientras el primero salva vidas, el segundo no sirve para casi nada.

Llama la atención la frivolidad, superficialidad, ligereza y ausencia de solidaridad que ha mostrado la SUGEF en el proceso de intervención de Coopeservidores, sin comprensión alguna acerca de que miles de personas han perdido los ahorros de su vida y serán condenados a vivir con mayores necesidades.

La SUGEF no sirvió para lo que existe, sea para prevenir y salvaguardar los intereses de los ahorrantes e inversionistas, muchos de ellos asociaciones solidaristas cuyos ahorros son las prestaciones de miles de trabajadores y trabajadoras.

¿Qué responsabilidad le cabe a la llamada alta gerencia de SUGEF y el CONASIF? No les pagamos los contribuyentes multimillonarios salarios para que vayan a hacer la autopsia de una institución financiera, sino para salvaguardar los intereses de cada ahorrante del sistema. Evidentemente hay una responsabilidad por faltar a su deber de debida vigilancia e incumplimiento de deberes ya que esa cooperativa, como se ha demostrado, desde hace muchos años venía mostrando índices y conductas irregulares.

Igual ocurrió con Aldesa y la Sugeval.

Mientras el país mantiene una estructura bancaria y supervisora con salarios multimillonarios, los usuarios de la Caja deben sufrir con las largas filas de espera por -entre otras causas- la falta de especialistas.

Una sociedad orientada hacia el bien común reconocería salarialmente principalmente a las profesiones que brindan bienestar a sus habitantes, como los médicos, los maestros y profesores, los recolectores de basura o los agricultores y menos a la casta bancaria nacional, por ejemplo.

Los salarios de estos trabajadores son muy bajos y los de los que no le producen casi nada al país, muy altos. Paradojas de una sociedad capitalista.

Caso Aldesa y caso Coopeservidores

En el programa «Desde la Otra Acera» de la APSE, Flora Fernández expone su situación en relación con el caso Aldesa. Durante su intervención, se mencionan casos similares que no recibieron la atención adecuada. También se espera que Rocío Aguilar, en el mismo programa, haga comentarios sobre la percepción de que «en Costa Rica en ninguna parte la plata está segura».

Entre las críticas expresadas, se destaca la falta de regulación efectiva en el sistema financiero. Además, se menciona la existencia de nepotismo y la protección de grupos dentro de instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones y posiblemente también en el ámbito de relaciones exteriores. Se sugiere que los nombramientos en estas áreas a menudo se basan en favores políticos, lo que resulta en la permanencia de funcionarios considerados inconvenientes pero vinculados a círculos políticos.

Se critica también la falta de intervención efectiva por parte de CONAPAM en asuntos relacionados con adultos mayores afectados por el caso Aldesa. Se menciona específicamente que en la semana anterior al programa, falleció la víctima número 101 relacionada con este caso, destacando el impacto severo que ha tenido en esta población durante los últimos cinco años.

Eduardo Ulibarri Bilbao funge como un acusado en el caso Aldesa

Por Sofía Jiménez Murillo

En la siguiente información compartida con SURCOS por Flora Fernández Amón, se notifica sobre el periodista Eduardo Ulibarri Bilbao como uno de los imputados en el caso Aldesa. Al respecto, se informa que a Ulibarri se le allanó su casa de habitación en 2019 como parte de las medidas de investigación por las denuncias que se habían presentado en aquel entonces.

El Sr. Ulibarri no se disculpó por el daño que el caso Aldesa provocó a las personas afectadas, entre estas, personas de la tercera edad y trabajadores. No obstante, bajo su profesión periodística, sigue publicando columnas de opinión dónde discute sobre la ética y la transparencia, promueve la democracia y la libertad de prensa en los eventos a donde es invitado y bloquea, en redes sociales, a aquellas personas que comenten su relación con el caso Aldesa.

Fuente: El despojo de Aldesa sigue impune

“¡Díganme qué pasó con mi denuncia!” Flora Fernández Amón a CONASSIF y SUGEVAL sobre caso ALDESA

Flora Fernández Amón envió una “carta abierta a la opinión pública y ahorrantes en Costa Rica”. La nota está dirigida a los correos electrónicos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).

En su escrito Flora Fernández Amón señala:

“Tras el colapso de Aldesa el 8 de marzo del 2018, corrí a denunciar el 1° de abril (3 semanas después), con documentos en mano, todo lo actuado por Aldesa y el Corredor que ellos nos asignaron. Esos documentos que Aldesa nos hizo firmar, revelaban claramente que lejos de proteger nuestros intereses -que era la obligación que tenían tanto el Puesto de Bolsa regulado como los asesores financieros a cambio de las jugosas ganancias y comisiones que recibían- lo que hicieron fue despojarnos impunemente de los ahorros y los pusieron a responder por inversiones alocadas, sin ton ni son, en inventos carentes de contenido y la seriedad que debía tener un respetable Puesto de Bolsa supuestamente regulado y supervisado por la SUGEVAL.

En ese momento confiábamos en que la SUGEVAL y todo el sistema de supervisión financiera creado con el propósito de proteger al ciudadano, echaría a andar a todos sus recursos y con prontitud iban a atender la denuncia. ¡Nada más alejado de la realidad! Todo el sistema funciona para proteger a las entidades que debe regular y dejar al ciudadano totalmente desamparado, e incluso, cuando se interesa en figurar como parte, le restringen su participación a una coadyuvancia, subordinado a lo que solicite SUGEVAL, impidiéndole el acceso al expediente para que pueda gestionar. Pero eso no es lo más grave. Es que el tiempo pasa y no hacen absolutamente nada. Creíamos que el poder judicial era lento, y pese a lo voluminoso del caso es una liebre a la par de Conassif – Sugeval.

No exagero: el 30 de noviembre del año anterior (3 años y 8 meses después de presentada la denuncia) y hoy hace un año, Sugeval me informa que tienen la resolución para elevarla a Conassif con la apelación que había hecho Aldesa, eso significa que Aldesa conocía la resolución mientras yo no, pero la elevaban a Conassif. Apelé la misma en las estrechas 24 horas que me dieron para hacerlo, convencida en que finalmente las entidades de supervisión habían decidido hacer algo.

Tras varios meses -y como ha sido la costumbre en todo lo que rodea este pernicioso caso- rechazaron mi apelación por ser coadyuvante y no poder disentir de lo que había decidido la SUGEVAL, con argumentos de dudosa seriedad y calidad, convirtiéndome en una invitada de piedra al proceso, no obstante ser mi patrimonio el que se había esfumado, y el paso de tortuga continuó esta vez en Conassif, al extremo que al día de hoy 30 de noviembre, 2023 seguimos sin saber en qué quedó nuestra denuncia, si multaron a los corredores (que por cierto no tienen impedimento de trabajar en otros puestos de bolsa y de hecho sabemos que algunos lo hacen) para seguir dañando a los inversionistas de buena fe.

Con buena razón varias veces hemos solicitado que cierren Conassif, que para efectos prácticos, al igual que SUGEVAL no protege a los inversionistas y encierren a los corruptos.

Hoy exijo: ¡Díganme qué pasó con mi denuncia!

Y es que la arrogancia y prepotencia en el sistema financiero, ha llegado a niveles nunca antes vistos. La Superintendente de SUGEF llega al extremo de negarse a entregar datos vitales que ocupa el BCCR y que tanto el FMI como OCDE estiman necesarios. Ella alega que son “datos sensibles”, pero da la casualidad de que SUGEF no está facultada a manejar información sensible. Entonces se martiriza la señora Aguilar diciendo que “si tiene que ir a la cárcel por no entregar la información, lo hará”. Yo más bien me pregunto ¿A quién está protegiendo ahora? Además, sabiendo lo saturado que está el poder judicial, más aún cuando de tocar élites se trata, no la van a encarcelar -antes se congela el noveno círculo del infierno a que ella vaya a prisión-, pero ¡Vaya lealtad la que muestra ante quienes la respaldan!

Mientras tanto, algo nunca antes visto: BCCR y Conassif se enfrentan… ¿Quién ganará el pulso?

A comprar palomitas para seguir la novela… porque todo lo que hemos visto en esas torres de marfil donde ricos y famosos reciben remuneraciones desproporcionadas que pagamos con impuestos, aunque no cumplan con sus deberes, nos deja una interrogante difícil de contestar y que recuerda la fábula de una tortuga montada en lo más alto de un poste: ¿Cómo llegaron a esas alturas? Más aún ¿Qué les mantiene ahí?

Bueno, la verdad es inexplicable el halo de virtudes y bondades que poseen y claro para mortales como yo, sin amos a quien deba responder, eso es demasiado difícil de comprender.

Nos tienen por esclavos del sistema, ignorando que, de acuerdo con la Constitución, son simples depositarios del poder, no sus dueños y que los integrantes del pueblo, eso que llaman soberano, para ellos no existe.

Nos ven como entes de segunda que solo tenemos obligaciones, las cumplimos y esas no generan derecho alguno, porque el sistema está hecho para que seamos sus rehenes permanentes, ya que ni siquiera nos conceden la condición de parte, ni acceso al expediente en los procedimientos donde presentamos denuncias. Tributamos puntualmente pagamos “el rescate”, pero no hay forma que nos liberen. Se creen tan seguros, que dan por sentado que ni siquiera al berreo tenemos derecho.

Pero como el berreo no me lo quita nadie y la ineficiencia del sistema de supervisión financiera es tan apabullante, excepto para los regulados a quienes favorece, donde el escandaloso caso Aldesa lo comprueba, nuevamente momento esa incesante gota de agua perforará y quebrará la inerte piedra donde se sienten muy firmes.

Tengan claro señorones de Conassif: si algo he aprendido es a no callar, aunque tengo claro que si digo algo, no responden y si callo tampoco. Bonita forma de dar servicio a la ciudadanía ¿o no es así? Olvidaba la imperecedera respuesta de los mediocres para no hacer nada “tomamos nota de su queja” y no hacen nada.

Las voces mansas me dirán: ¡Cuidado! no vaya a decir algo porque la pueden perjudicar ¿Cómo que me pueden perjudicar? ¡Ya lo hicieron! Mamá me diría: “m’hijita; ¡Lo que no ha de ser bien vengado, que sea bien disimulado!” Si ella estuviese viva le respondería: «no es de venganza, sino sed de justicia de lo que tengo» y es tan grande esa sed, que no hay forma posible de saciarla, por esa razón no me puedo quedar quieta.

Es más, ojalá se atrevan «a hacerme algún daño adicional» para mover con más fuerza las frondosas ramas de la élite que ‘supervisa y fiscaliza» a ver si empiezan a caer inútiles perchados con sus garras que solo saben cobrar y no cumplir con sus deberes, pero lo único que han demostrado es ser una pila de ineptos…

Acaso Conassif no se dio cuenta como seis funcionarios que incumplieron con sus deberes de vigilancia de ALDESA fueron denunciados por la fiscalía y lo que hicieron fue correr a la Procuraduría General de la República, donde reconocieron que no habían cumplido pero consiguieron una conciliación pagando sólo ₡2.895.854,88 colones y 200 horas de servicio social (achará esas horas en instituciones de bien como son los bomberos y el Inamu, recibiendo servicio de gente inservible, porque si devengando sueldazos hicieron todo mal, de gratis los daños han de haber sido peores). Pero además, queda claro que el pago que realizaron lo único que demostró es que solamente querían escurrirse de la responsabilidad, porque como dice el refrán: “quien nada debe, nada teme”. Eso sí, cuando vengan los juicios contenciosos que muchos afectados interpusieron, quiero ver a Conassif apurado viendo a ver cómo paga.

Pero todavía queda algo que debe hacer Conassif: la sanción administrativa por parte de las entidades de supervisión, ¿Por qué no han despedido a esos inútiles? ¡Cómo es que aun varios de ellos siguen vegetando en SUGEVAL bajo la complaciente y tierna mirada del alcahuete padre protector llamado Conassif! ¡Abran un procedimiento y despídanlos, den al menos una muestra de que hacen algo!

Si todos los aludidos tuviesen una pizca de decencia y dignidad, habrían renunciado, pero si esta queja existe y hoy levanto la voz, es precisamente porque la vergüenza, la dignidad y, la rectitud hace rato se fueron de paseo. Pero el país está vivo, somos las fuerzas vivas del país que no nos resignamos a ver cómo se está desangrando el ahorro nacional y la misma, la superintendente de Pensiones usa el eufemismo de llamarle a las pérdidas millonarias del ROP minusvalías.

Ni qué decir de las atrocidades que suceden con las SAFIs de Fondos Inmobiliarios y de Desarrollo (Renta y Plusvalía), que ofrecen productos mal estructurados, sin mayor viabilidad financiera, y a veces ni operativa. Principalmente sirven para pagar rentas de capital del 12% sobre los alquileres brutos, sin posibilidad de deducir gasto alguno, y otro 15% sobre los rendimientos. En tanto que las SAFIs tienen aseguradas comisiones sobre los avalúos, garantizándose una comisión al menor esfuerzo que pueden variar a su antojo, ya que, para efectos prácticos, los recursos de los inversionistas se encuentran secuestrados, por cuanto las participaciones no tienen liquidez, al no ser competitivos los rendimientos. Por lo anterior, no sería raro que en estos meses se liquide un fondo de inversión por ejercicio del derecho de receso de inversionistas cansados de no recibir rendimientos. Aparte de lo anterior, facilitan graves irregularidades como las sucedidas en la SAFI del BCR con la compra del Parque Empresarial del Pacífico; unas bodegas en la Uruca con sobreprecios obscenos y la también cuestionada venta de lo que se consideraba el mejor activo que tenía. Nada sucedió a los responsables de ese desastre. ¿Y las súper-indecencias? ni cuenta se dieron de lo que acontecía, pues funcionan como un simple archivo redondo.

El Caso de Capital Five ya viene en camino y muchas otras empresas que funcionan al margen de la ley vendrán a demostrar que pese al pretexto que para que no se repitieran las quiebras de las financieras en 1987, crearon el costoso sistema de supervisión financiero, pero hoy vemos que no ponen a nadie en cintura, es inoperante y no hay forma que cumpla con sus deberes. Ni qué decir de la hostil página web…

Un año antes del colapso de Aldesa, en este informe del FMI: https://www.conassif.fi.cr/wp-content/uploads/2019/12/cr1880s-CostaRicaFianciaSectorReview.pdf que está en de la página del Conassif, claramente advirtieron las vulnerabilidades del sistema de supervisión, de la cual tengo copia impresa y digital por aquello que algún pirata cibernético intente borrarla. La pregunta obligada es: ¿Qué han hecho hasta la fecha para atender esas recomendaciones? ¡Díganlo públicamente, no se limiten a “tomar nota” Hagan algo, pónganle el cascabel al gato, que no les de Navidad para actuar, ya la Fiscalía está dando el ejemplo con expedientes mucho más grandes y delicados comparado con las denuncias en Sugeval ¡Cuánto habría apoyado la acusación de la Fiscalía si Conassif hubiese actuado de inmediato señalando los responsables oportunamente y enriquecieran el expediente!

Copia de esta carta abierta estará en redes para el público en general, la van a recibir los más de 600 afectados del caso Aldesa, como las 33 asociaciones solidaristas, que representan a 27,550 trabajadores que no recibieron el mínimo apoyo del Movimiento Solidarista, cuyo silencio fue tan elocuente, que no deja espacio a la duda: hubo complicidad con la Corporación Aldesa. También va con fotografías de todas las personas de entidades de supervisión para que sepan quienes les hicieron el terrible daño que padecen al haberse hecho de la vista gorda y permitieron que fuesen despojados de sus ahorros de una vida. También estará en video en redes, para que la gente que confía, pues confiaban en que el sistema funcionaba, sepan que no hay dinero seguro en Costa Rica y que pero en realidad no les respondió como creyeron lo hacía y por lo visto, todo sigue igual de mal o peor…

Flora Fernández Amón,

Céd. 105230903

Puede descargar de este enlace el documento en formato PDF que está circulando en redes y grupos.