Un grupo de afectados por las quiebras financieras de Aldesa, la SAFI del Banco de Costa Rica (BCR) y la reciente disolución de Coopeservidores han alzado su voz de protesta en un documento dirigido a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. En el comunicado, denuncian la negligencia y falta de acción de las entidades de supervisión financiera del país, particularmente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Los afectados señalan que, en el caso de Aldesa, las autoridades de supervisión financiera no actuaron a tiempo a pesar de los antecedentes que debieron haber activado alarmas. Además, critican que el presidente de CONASSIF, Luis Carlos Delgado Murillo, se haya abstenido de intervenir en el caso por motivos personales, lo que según ellos, agravó la situación y profundizó las pérdidas de los ahorrantes.

Ante denuncias presentadas contra funcionarios de la SUGEVAL por incumplimiento de deberes, los responsables evitaron consecuencias penales mediante una conciliación que los afectados consideran insuficiente y que deja un mal precedente. Aunque la superintendente de SUGEVAL en ese momento, María Lucía Fernández Garita, finalizó su periodo en 2022, los firmantes critican que otros funcionarios clave continúan en sus cargos sin enfrentar ningún proceso disciplinario, lo que consideran una muestra de la impunidad en el sistema de supervisión.

Los casos de la SAFI del BCR y Coopeservidores son mencionados como ejemplos adicionales de la ineficacia de las entidades de supervisión. En el caso de la SAFI del BCR, los sobreprecios pagados por inmuebles y las malas inversiones provocaron pérdidas significativas para muchos inversionistas, especialmente adultos mayores que dependían de estos fondos como su única fuente de ingresos. Por otro lado, la disolución de Coopeservidores, bajo la supervisión tardía de la SUGEF, expuso fallas similares en la fiscalización, afectando a miles de asociados y dejando a muchos sin empleo ni claridad sobre el estado de sus inversiones.

Los firmantes del documento acusan a las autoridades de haber creado un sistema financiero y de supervisión ineficaz que, lejos de proteger a los ahorrantes, ha generado un falso sentido de confianza. Sostienen que este sistema ha sumado burocracia, altos salarios y una cultura de irresponsabilidad que ha dejado a los inversionistas en un estado de indefensión total. Mencionan una larga lista de quiebras financieras en los últimos 30 años y exigen que se tomen medidas contundentes contra los responsables de la supervisión, advirtiendo que la confianza y estabilidad del sistema financiero están en peligro.

El grupo de afectados, que incluye a decenas de personas y asociaciones, insta a las autoridades a actuar de inmediato y evitar que se repita otro colapso financiero en el futuro.

SURCOS comparte la carta enviada a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.