Palabra de Mujer y Era Verde presentan “Día Mundial del Ambiente: 05/06/2021”, una conmemoración a las personas defensoras de la naturaleza que han sido asesinadas en Costa Rica.
El video presenta representaciones artísticas y posicionamientos en relación con el Acuerdo de Escazú. También en el video se puede apreciar los desafíos que se han tenido que afrontar desde este movimiento para garantizar acceso a la información y justicia para las personas que han sido asesinadas en la lucha.
El día jueves 6 de mayo del 2021, un representante de CONCEVERDE escribió a una representante del SINAC para presentar una nota en la cual le presentaron su inconformidad con respecto al informe No. SINAC-ACC-OH-1364-2020, el cual coadyuvó para que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara denuncia conocida bajo el Expediente No. 087-19-03-TAA.
Se recibió una respuesta de la señora María Elena Fournier Solano, de Yisky, ese mismo día, en la cual indicó que apoyan en todos sus alcances, la disconformidad sobre la situación descrita, y agregó que, con sólo echar un vistazo a las fotos y la denuncia interpuesta, parece de toda lógica que ha habido un daño socioambiental. También indica que parece muy obvio el daño, pero que no se quiere ver la dimensión de este acto al intervenir el cauce natural de un río y que puede significar un problema serio en ese mismo sitio.
María Elena resalto que como señala uno de los 10 principios de la defensa, protección y conservación del agua que propone la activista mundial Dra. Maude Barlow, que lideró el movimiento ante las Naciones Unidas, para que se declarara el acceso, calidad y cantidad del agua como un Derecho Humano (y que, desde la UNED, están promoviendo con el Proyecto “Ambiente y Arte” bajo su propia coordinación) y para el caso que se expone especialmente resaltó los principios No. 2, el No. 5 y en especial el No. 8 y el No. 9.
El día 10 de mayo el señor Rafael Gutiérrez indicó a su vez que este tema fue respondido por la Oficina de Heredia y se indica que las denuncias están presentadas en las instancias judiciales respectivas. José Francisco de CONCEVERDE respondió que él conocía que fue respondido por la Oficina de Heredia, pero recalcó que el objetivo de la protesta es en contra del Informe de Gira ACC-OH-1183-2020, el cual llevó a que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara una denuncia, en tanto ese informe se sustenta en una gira de inspección realizada un año y medio después de haberse denunciado los hechos ante el SINAC Heredia y el Tribunal Ambiental Administrativo, informe del SINAC que no señala e informa sobre todos los hechos, al señalarse que sólo se llevó a cabo una “recava”, y por tanto “ NO PROCEDE REALIZAR NINGUNA PROPUESTA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE DAÑO AMBIENTAL”.
En el informe se omiten hechos como dejar sin agua el río a causa de apresamientos, muros de gaviones, construcción de caminos dentro del río, movimientos de piedras etc.… José Francisco señala que la omisión de las personas que redactaron el informe o del SINAC, no hizo más que ayudar a que el responsable de cometer los hechos saliera librado ante la instancia administrativa (TAA). Añade que es preocupante para los que han denunciado los hechos realizados sobre el Río Tibás y su zona de protección, que sea con base en el INFORME DE GIRA ACC-OH-1183-2020 u otro igual de omiso y complaciente con el responsable de los hechos, que la Fiscalía valla a resolver.
Se propone una reunión con las personas interesadas, para explicar con una línea del tiempo y los insumos correspondientes ambos casos que se atendieron en el Río Tibás. José Francisco de CONCEVERDE agradece por la disposición de tener una reunión. E indica, que en su condición de quien presentó la queja y/o inconformidad con el informe de gira ACC-OH-1183-2020, que se le informe bien cuál sería el objetivo de la reunión y quienes participarían por parte del MINAE/SINAC.
Añade que como uno de los denunciantes ante la oficina de la denuncia por los hechos en el Río Tibás llevados a cabo en la finca de sociedad supuestamente representada por Fabio Rojas, solicitó en caso de existir otro u otros “informes de gira” que no sean el ACC-OH-1183-2020, que se le envíe copia de los mismos por el correo electrónico.
Luego de un tiempo de haber solicitado informe de gira sobre el caso del Río Tibás, derivado de inspección en la finca de en Emeral And Sons Projects S.R.L cuyo representante supuestamente es el señor Fabio Rojas, no recibió ningún informe. No obstante, indica que ha obtenido por otros medios el informe solicitado, el cual es el INFORME DE GIRA SINAC-ACC-OH-310 del 26 de marzo del 2019.
Del informe de marras, es claro que sólo investigaron movimientos de tierras dentro de la finca, por lo que indica que echaron de menos que no se fuera a investigar todos los hechos denunciados por el suscrito y otras personas, como fueron tala en área de protección del Río Tibás, actividades u obras dentro del mismo río, como apresamientos con tierra y piedras, construcción de caminos dentro del lecho, Consta en el informe (copia textual):
“En el recorrido por la finca en el sector que colinda con el Río Tibás, se puede observar que hubo un movimiento de tierra dentro del área de protección de dicho río. Que de acuerdo con el propietario es por un asunto de protección por crecidas del río en épocas de lluvias fuertes
(…)
Además del movimiento de tierra, se puede apreciar una esquiva de árboles de especies variadas, los cuales fueron cortados mediante el certificado de origen N°31635, el cual consta en el expediente VC-VC05-CO-PF-070-2018 de esta oficina.
También se le solicito retirar los troncos de madera a otro sitio fuera de la zona de protección.”
Dentro de áreas de protección de los ríos no se puede llevar a cabo eliminación de árboles, aun con un certificado de origen, por lo que José Francisco indica que se imagina que al citar tal hecho, se quisieron referir a talas llevadas a cabo fuera de esa área; entonces surge la duda del por qué no se evidenció o sobre la tala en el área de protección, donde era evidente que se había vulnerado esa zona con talas, y que cuando fueron, todavía estaban los troncos dentro de dicha área; y también cuestiona, cuál fue la razón para solicitar al representante de la dueña de la finca, que retiraran los árboles dentro de la zona de protección. También surge la duda del por qué omitieron informar de manera contundente sobre las obras llevadas a cabo dentro del cauce del río, actividades que, por su tamaño, no pudo ser posible que no las vieran, además de estar en la zona que hicieron la inspección.
Adjunto se encuentran una serie de imágenes bajadas de Google Earth donde se aprecia el cambio que tuvo el área de protección del Río Tibás a partir de diciembre del 2018, fecha aproximada donde comenzaron a llevarse a cabo las obras de movimientos de tierra, talas en área de protección del Río Tibás y actividades dentro del lecho del mismo río.
En esta ocasión nos acompaña el Dr. Fernando Cruz presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica con quien conversamos sobre la situación de la Participación Ambiental en Costa Rica.
Desde la Declaración de Río de 1992 la Participación Ambiental ha atravesado períodos de apoyo y otros de retrocesos ¿Cuál es la condición actual en Costa Rica? ¿Cuáles desafíos podemos identificar? y ¿Cómo afecta esto la democratización de nuestras sociedades? Estas son algunas de las cuestiones que abordamos en esta entrevista.
Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con el fin de profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.
El «Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe», conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigencia el 22 de abril del 2021 sin la ratificación de Costa Rica
El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento de este tipo en la región que incluye disposiciones específicas para la protección y promoción de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El Consejo Universitario y la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) instan a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República a aprobar y ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es un convenio internacional sobre derechos humanos y medio ambiente que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Dicho acuerdo entró en vigencia el pasado 22 de abril de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra y ha sido ratificado por 12 de los 24 Estados de América Latina y del Caribe que lo suscribieron (ver firmas y ratificaciones). Sin embargo, a pesar de que Costa Rica fue uno de los países proponentes del acuerdo y lo firmó desde el 4 de marzo de 2018, el Gobierno de la República aún no lo ha ratificado y está pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
El Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado en la sesión ordinaria del jueves 6 de mayo, reafirmó el compromiso de esta casa de estudios con el medio ambiente, hizo un llamado al Gobierno sobre la importancia de ratificar el acuerdo e instó a la Asamblea Legislativa para que, a la mayor brevedad, se apruebe dicho acuerdo, el cual se tramita bajo el Expediente legislativo N.° 21.245.
En su pronunciamiento, el Órgano Colegiado señala que “el Estado costarricense tiene la obligación constitucional de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; de igual manera, la ciudadanía tiene el deber de exigir el cumplimiento de ese mandato (artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica).”
Por su parte, Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, dirigió una misiva, el viernes 7 de mayo, a las y los señores diputados de la Asamblea Legislativa en la cual les solicita de la manera más urgente la ratificación del Acuerdo de Escazú, en coherencia con los ideales de conservación ambiental, la defensa de los derechos humanos y el compromiso con el desarrollo de las generaciones actuales y venideras de Costa Rica y el mundo.
Según la ONG Global Witness, América Latina es la región más peligrosa para defender el ambiente. Solamente en 2019 los países latinoamericanos sumaron 148 de las 212 personas asesinadas por motivos ambientales.
El rector señaló que “este acuerdo tiene un impacto clave en la democracia ambiental de nuestros países, al garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto, sin duda, tiene implicaciones primordiales en el fortalecimiento del desarrollo sostenible, la cooperación internacional y el multilateralismo en la región”.
El Dr. Gutiérrez resaltó que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe. Además, es el primer instrumento de este tipo en la región que incluye disposiciones específicas para la protección y promoción de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Tanto el rector como expertos en derecho internacional y derecho ambiental de la Universidad de Costa Rica han manifestado que este es un acuerdo de mínimos sobre la temática abordada por el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que trata sobre las denominadas garantías procesales en temas ambientales. La legislación costarricense ya contempla muchos de estos aspectos e incluso los aborda desde una perspectiva más amplia, lo cual ha reconocido al país su liderazgo en esta materia.
Si desea conocer más detalles sobre el este acuerdo, sus implicaciones jurídicas y alcances para el Estado costarricense consulte el siguiente apartado: #VozExpertaAcuerdodeEscazú.
Otros recursos para entender el tema
Foro «La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», convocado por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Facultad de Derecho. (Video disponible en este enlace).
Chequeo realizado por Doble Check, programa de las Emisoras de la Universidad de Costa Rica. «UCAEPP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú». (Lea el artículo en este enlace).
Programa Era Verde de Canal 15 UCR- ¿Qué pasa con el Acuerdo de Escazú? | Especial Día de la Tierra | 22 abril 2021. (Video disponible en YouTube).
Programa radial Desayunos de Radio Universidad dedicó su emisión al tema el pasado 30 de abril. (Escuche el pódcast).
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El Estado como garante de la Salud Pública y vigilante de que la actividad humana hacia el Ecosistema debe atender los perjuicios del plaguicida etropofós.
Interrogamos a las autoridades sobre las medidas tomadas después de conocerse las conclusiones del Estudio realizado por la UCR.
Se ha escrito mucho y se tenido acceso a información sobre el excesivo uso de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes en Costa Rica, que ya por mucho tiempo han sido la preocupación de quienes estudian los factores de riesgo creados por esas prácticas inconvenientes para el ambiente y por ende para la salud.
Hace poco tiempo, en setiembre de 2020 se dio a conocer un estudio realizado por los científicos de la Universidad de Costa Rica sobre las consecuencias ambientales del uso de un insecticida, por cierto de frecuente utilización, en las plantaciones de banano. Se dice que su utilización podría estar cambiando el cerebro de los peces en ríos cercanos a las plantaciones y volviéndolos más vulnerables a los depredadores naturales de esas especies.
En las conclusiones de la investigación realizada publicadas en la revista Scientific Reports se mostró que en ciertas dosis, este químico afecta el sistema nervioso de los peces, los cuales se vuelven más vulnerables porque ya no podrían huir con la misma agilidad cuando son atacados por sus depredadores.
La investigación se llevo a cabo en una especie nativa de Costa Rica conocida como sardinita de río la cual es abundante en las vertientes del Caribe y del Pacífico.
El plaguicida estudiado se llama etropofós, nombre genérico, y que en altas dosis es capaz de aniquilar a los peces en las cercanías de las plantaciones. Pero en una pequeña dosis puede causar una disminución de hasta un 51% en la hormona colinesterasa en la sardinita y bajos niveles de esa hormona están relacionados con contracción muscular, parálisis y fallas respiratorias en peces.
La autora principal de la investigación fue la científica Natalia Sandoval de la Universidad de Costa Rica. El investigador de Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional aseguró que esto podría tener importantes impactos a nivel de ecosistema al escapar el plaguicida hacia los causes de los ríos cercanos a las plantaciones, afectando la población de peces.
En la noticia publicada por el periódico La Nación el viernes 13 de setiembre se afirma que el insecticida etoprofós es muy utilizado en nuestro país particularmente en las plantaciones de banano, a pesar de tener una alta toxicidad ya bien conocida. Y que la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encontró que su exposición en cabras y gallinas les generó aminoácidos radioactivos en hígado y riñones.
Dejar pasar esta información y no hacer nada es la peor actuación que podemos mostrar como país que resguarda el ecosistema y la salud de nuestra población y de nuestro ambiente, que incluye naturalmente a todas las especies vivas que en él habitan.
Nos gustaría preguntar a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a las del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, qué piensan hacer al respecto.
Este ultimo ministerio tiene como misión emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la promoción del uso de las fuentes de energía renovables para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los planes y programas ministeriales y en el Plan Nacional de Desarrollo en el país.
Particularmente me gustaría saber si la actual titular de ese Ministerio la Dra Andrea Meza Murillo ha leído la publicación del Estudio de Investigación y ha dado instrucciones a sus subalternos para enfrentar esta grave contradicción entre ambiente y producción; y si ha coordinado con el Ministro de Agricultura la acción que deberá tomarse para solucionar esta de forma radical.
El compromiso ambiental de la UCR toma mayor fuerza en este 2021 y se extenderá hasta el 2025 de acuerdo a las nuevas políticas institucionales.
«Luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad no sólo ayuda a la naturaleza, sino también a la salud humana». Naciones Unidas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La evidencia científica ha demostrado que las actividades del ser humano son las principales responsables de afectar el equilibrio del planeta, y las consecuencias de ello, las estamos viviendo a través de eventos climáticos con efectos cada vez más catastróficos. Científicos y organismos internacionales han advertido que un cambio resulta impostergable.
Mediante la declaratoria del 2021 como “Año de la Protección Ambiental y la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático Antropogénico” dada por el Consejo Universitario, la institución busca contribuir a la protección del ambiente, a la conservación de la naturaleza y a la generación de acciones que permitan vincular el quehacer universitario con actividades orientadas al desarrollo sostenible social, biológico y físico en el país.
La declaratoria reconoce que «Universidad de Costa Rica ha sido protagonista en grandes luchas a nivel nacional en pro del planeta y de la sostenibilidad; sin embargo, en la Institución es necesario fortalecer los esfuerzos que realizan todas las unidades académicas y oficinas administrativas para la conservación de los recursos naturales y su sostenibilidad, mediante procesos de sensibilización y la promoción de una cultura ecologista».
Por eso, la Universidad de Costa Rica dedica grandes sus esfuerzos durante este año 2021 para impulsar una fuerte gestión ambiental que permee el quehacer universitario en todo el país y a fortalecer la acción universitaria para combatir los efectos del cambio antropogénico desde diferentes flancos: la gestión, la docencia, la acción social y la investigación, así como la cooperación a nivel nacional e internacional.
Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019 advirtió la necesidad de crear compromisos, políticas y acciones que reduzcan las emisiones 7,6% cada año entre 2020 y 2030. Sólo así podremos limitar el calentamiento global a 1,5 °C. que establecen los compromisos del Acuerdo de París para prevenir los efectos más graves del cambio climático.
Compromiso con el ambiente
El compromiso se extiende más allá del 2021, ya que para el quinquenio 2021-2025, la institución incorporó en sus Políticas Institucionales un eje de Compromiso con el Ambiente con políticas específicas que marcan una ruta clara para todo el quehacer institucional en materia de gestión, docencia, investigación y acción social.
La institución implementará un plan estratégico para la descarbonización que busca la meta de la carbono neutralidad. Ya se cuenta con avances importantes para calcular la huella, reducir las emisiones y generar acciones de para aumentar la captura de carbono como la siembra de árboles en los campus y otros espacios.
Para ello, se está impulsando el proyecto de vivero institucional en la finca ubicada en Santa Ana para producir 2.000 árboles de especies nativas al año que sirvan para aumentar la cobertura verde en los campus y donar a otras instituciones como la municipalidad de Montes de Oca, con la cual se tiene un convenio para proporcionar 250 árboles al año.
Uno de los nuevos ejes de la política ambiental es el dedicado a la alimentación sostenible, en este apartado unidades como la Escuela de Nutrición, el Centro de Investigaciones en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial (CIEDA) junto con la Oficina de Servicios Generales empezaron a unir esfuerzos para luchar contra la pérdida y desperdicio de alimentos, implementando acciones en investigación, docencia, divulgación y gestión.
Entre el 2017 y el 2020 la UCR ha plantado 1.400 árboles, que se ubicaron en las diversas sedes y recintos. El compromiso institucional es que por cada árbol cortado se siembran tres nativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Universidad como referente nacional
La institución tiene un largo camino recorrido en esta dirección ya que investigaciones elaboradas por científicos de la UCR han demostrado los efectos de la acción humana sobre el ambiente como por el ejemplo, el cambio de coloración en especies silvestres como el mono congo, la presencia de microplásticos en los océanos o la contaminación de las aguas por el uso excesivo de agroquímicos en zonas piñeras.
La UCR cuenta con la competencia, los recursos y el talento humano para plantear soluciones a éstos y otros problemas ambientales. La incidencia universitaria depende, a su vez, de una buena acogida por parte del Gobierno que permita aportar a ese nivel, pero también se puede trabajar con instancias públicas y privadas, reconoció el rector Dr. Gustavo Gutierrez.
Entre los aportes recientes de la UCR a nivel país se encuentran: el apoyo del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) en el Plan Nacional de Compostaje, que también forma parte del Plan de Acción para la Gestión Integral de Residuos, el cual busca tener una Costa Rica libre de materia orgánica en los rellenos sanitarios para el 2030 y generar mayor conciencia sobre el adecuado manejo.
Los aportes de la UCR también han formado parte del Plan Nacional de Descarbonización, donde expertos del Observatorio del Agua y Cambio Global de la Escuela de Geografía aportaron un balance hídrico anual que permitirá planificar la gestión del agua a futuro, con miras al logro de la meta nacional de cero emisiones para el año 2050.
Apoyo de la Rectoría
“La propuesta nuestra es que la Universidad de Costa Rica se convierta en un referente nacional en materia de gestión ambiental, pero primero lo tenemos que lograr en nuestra institución, tener la garantía de que lo hicimos bien” señaló el rector, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Además detalló que a partir de ahí también se pretende establecer una ruta para atender las necesidades del país en el sector productivo, la industria y el sector agroalimentario nacional.
Para avanzar en esta dirección, el rector ha anunciado que se hará una convocatoria universitaria para integrar esfuerzos de las unidades académicas, sedes, recintos, fincas experimentales, centros e institutos de investigación que trabajan sobre temáticas relacionadas con el medio ambiente para establecer un frente común.
El jerarca asegura que habrá participación estudiantil en todos los procesos de toma de decisiones y en la ejecución de esas decisiones, para lo cual se busca incorporar un representante estudiantil en la UGA. Así mismo, planteó que todas las acciones serán ejecutadas en conjunto por docentes, estudiantes y personal administrativo.
Entre sus primeras acciones, el rector anunció el traslado de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Vicerrectoría de Administración a la Rectoría para desde allí implementar los planes de gestión ambiental de toda la Universidad.
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Con el propósito de contribuir con la búsqueda e implementación de acciones públicas que desde el Estado y el sector privado se puedan discutir para encontrar las soluciones necesarias a la crisis actual y a la que se avecina en los próximos años, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) dio a conocer un conjunto de recomendaciones para la reactivación económica y social del país, en el marco de la pandemia sanitaria del SARS COV 2.
Las iniciativas se presentaron esta mañana en conferencia de prensa, por parte de los investigadores, Pablo Chaverri, Enrique Capella y Rafel Arias. Además de Tomás Marino, presidente del Consejo Universitario y Francisco González, rector de la UNA y actual presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
En concreto, la propuesta de reactivación económica para un desarrollo integral “UNA visión con justicia social, equidad y solidaridad” plantea varias recomendaciones en las áreas económica, social, territorial, educativa, artística, cultural, ambiental y de salud. A continuación, un resumen de cada una de ellas.
Economía: Diseñar e implementar una estrategia firme y sostenida de reactivación económica y un agresivo programa de desarrollo de obra pública en infraestructura, tanto física como social, mediante la figura de concesión de obra pública. Entre algunos de los proyectos más importantes se encuentran: el proyecto del tren metropolitano, el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria, puertos y carreteras regionales, escuelas, colegios, hospitales y clínicas de salud regionales. También, identificar actividades productivas dinámicas con capacidad de crecimiento, articulación y encadenamientos productivos para el desarrollo de clústeres y de otros esquemas territoriales de fomento y atracción a la inversión con encadenamientos productivos, sociales y fiscales.
Social: Los entes rectores y las instituciones que conforman el sector social deben ser garantes de una política social efectiva para la ampliación de las oportunidades de empleo productivo y reducción de la pobreza y desigualdad. Asimismo, es necesario hacer eficiente la coordinación interinstitucional del sector social, principalmente en las regiones y territorios fuera de la GAM, mediante la reducción de las duplicidades o procedimientos que no permiten la flexibilidad de las instituciones, la transparencia y legitimidad de su quehacer, con el fin de mejorar la inversión social y los mecanismos redistributivos de ingresos para reducir la pobreza y la desigualdad.
Territorial: Las posibilidades y oportunidades que el país posee para impulsar un proceso de transformación productiva con carácter territorial son muy amplias, por cuanto se cuenta con una amplia dotación de factores y capacidades competitivas en las distintas regiones, para generar economías de aglomeración en torno a actividades económicas para mejorar los mercados regional, nacional e internacional. En la Gran Área Metropolitana, así como en los demás territorios, se recomienda fortalecer la gobernanza regional con participación ciudadana para una gestión más eficiente y eficaz de los recursos, que permita la oferta y el acceso a bienes y servicios de calidad. En cuanto a recomendaciones sectoriales, se aconseja la identificación de actividades productivas dinamizadoras del desarrollo regional y nacional, que potencien el empleo productivo en las regiones. Entre estas, se ha identificado el potencial del sector de energías limpias y actividades conexas. Asimismo, el país tiene potencial en actividades de agronegocios, logística de transportes y almacenamiento, desarrollo portuario, turismo diversificado, desarrollo inmobiliario y actividades relacionadas con la bioeconomía, en los distintos territorios.
Educación: En este eje se recomienda replantear la asignación del presupuesto nacional a partir del valor agregado de los distintos sectores económicos. En este caso, se propone partir de la consideración de la educación, el arte y la cultura como actividades con un gran potencial de valor agregado que Costa Rica no ha sabido aprovechar a plenitud. Por lo anterior, se busca realizar una redistribución a partir del valor agregado y la prospectiva de desarrollo futuro del país, que no debe ser entendido sin el papel clave de la educación, el arte y la cultura. A la vez, se recomienda un enfoque de economía positiva que aumente la cobertura de imposición sobre la riqueza, particularmente sobre el gasto suntuario o la posesión onerosa, y no sobre el capital de trabajo ni la renta de consumo, ya que estos dos reactivan la economía.
Arte y cultura: Debe existir una declaratoria nacional, oficial, pública e institucional, mediante una política pública que reconozca la economía naranja como un paradigma orientador y generador de desarrollo, sustentado en un modelo de desarrollo más equitativo e integral en la formación del ser humano. De igual forma, reformar la Ley y Reglamento del Sistema de Banca de Desarrollo, para que este se adapte e incluya de forma explícita, dentro de este marco normativo, el acceso a estos recursos por parte de los emprendimientos artísticos y culturales, así como el acceso al financiamiento para capital de trabajo y al fondo de avales.
Ambiente: El país puede aprovechar la infraestructura física e institucional para desarrollar clusters que articulen actividades agrícolas dinámicas con el suministro de insumos, maquinaria y equipo, transporte y almacenamiento, investigación y mejoramiento de especies y variedades y capacitación técnica, infraestructura de riego y tecnología sostenible de manejo de la comercialización nacional e internacional. A su vez, se deben promover las alianzas público-privadas con protagonismo universitario y de los sectores productivos para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se vincule al estudiante con sectores productivos, se fomenten convenios marco entre sectores y se generen proyectos productivos financiados de forma conjunta.
Salud: En este último eje, los expertos de la UNA recomiendan crear impuestos a bebidas azucaradas, comidas rápidas y bebidas alcohólicas para financiar el seguro de salud o programas de prevención y promoción, o de atención primaria, así como potenciar las capacidades productivas del país en la industria médica, ampliando el parque industrial en la fabricación de dispositivos médicos, con investigación y desarrollo de nuevos dispositivos o productos médicos. Aprovechar al máximo las alianzas y convenios internacionales con instituciones globales o regionales, que se suman y potencian a las capacidades existentes, para prevenir las enfermedades y optimizar los costos por tratamientos.
Con el depósito de los instrumentos de ratificación de México y Argentina hoy ante la ONU se alcanzó el número de Estados Parte necesarios, por lo que el Acuerdo Regional entrará en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró hoy la pronta entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, y destacó el compromiso de la región con la protección del desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Con el depósito de los instrumentos de ratificación de los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hoy 22 de enero de 2021 se alcanzó el número de Estados Parte necesario para la entrada en vigor del Acuerdo. Según establece el artículo 22 del tratado, una vez cumplidos los requisitos establecidos, el tratado entrará en vigor a los 90 días, es decir, el 22 de abril de 2021, fecha coincidente con el Día Internacional de la Madre Tierra.
“Hoy América Latina y el Caribe celebra su compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En estos momentos en que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca porque refuerza la cultura del diálogo y la concertación para avanzar en las transformaciones necesarias que aseguren que la recuperación se enmarque en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en la Ceremonia de Depósito del Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México, que fue encabezada por Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de ese país.
Durante su intervención, Alicia Bárcena destacó que hoy, 22 de enero de 2021, es un día histórico para América Latina y el Caribe.
“¡Para mí es un día histórico! Hoy es un día de fiesta, porque se celebra un paso adelante en la implementación del Acuerdo de Escazú, cuya negociación fue inclusiva, participativa y transparente. Esto es muy esperanzador”, afirmó la máxima representante de la CEPAL.
Destacó que el Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, los que dan la vida por la vida.
Alicia Bárcena reconoció el fuerte compromiso de los gobiernos de México y Argentina que hoy se convirtieron en Estados Parte del Acuerdo, y destacó a los otros 10 países que lo ratificaron anteriormente y que hicieron posible que el Acuerdo de Escazú entre en vigor el próximo 22 de abril: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
Asimismo, manifestó su convicción de que más países de la región se sumarán al tratado prontamente.
“Soy optimista. América Latina y el Caribe es una región rica cultural, social y ambientalmente. Su patrimonio natural es extenso y son muchas las oportunidades para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que traiga un mayor bienestar a nuestros pueblos”, subrayó Alicia Bárcena.
La Subsecretaria Martha Delgado, en tanto, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la implementación del tratado y destacó que Acuerdo Regional es una gran herramienta para dar voz a las juventudes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las comunidades vulnerables.
“Es un derecho que los ambientalistas hemos perseguido durante años”, subrayó.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región de América Latina y el Caribe, el único acuerdo vinculante adoptado hasta la fecha derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
14/01/2021. Desde FECON, denunciamos que la captura de tiburón martillo vuelve a estar en la mira de los depredadores del mar. A través de una maniobra jurídica el MAG e INCOPESCA tratan de reducir el problema de fondo que implicaría de la eventual explotación de una especie en peligro de extinción como el tiburón martillo, a la realización de una consulta por demás viciada.
El tema se puso en la mesa desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, enemigo de los tiburones, cuando pretendió abrirse la captura “regulada” de tiburón martillo mediante un Decreto Ejecutivo que imponía como autoridad científica para aprobar permisos de comercialización-exportación a INCOPESCA. Dicho decreto fue impugnado por grupos ecologistas con el respaldo de la Sala I, que impidió su entrada en vigencia.
Sin embargo, la sed de carne de algunos comerciantes de baja racionalidad vuelve a poner las instituciones a su servicio para establecer otra vez la reglamentación vía Decreto, en la que incluyen especies amenazadas de extinción en las listas comerciables, dándole autoridad científica a INCOPESCA, a pesar de su evidente interés en la comercialización de especies marinas más que en conservar, además de sus ampliamente reconocidas limitaciones y negativas para desarrollar estudios científicos.
El gobierno llevó adelante una supuesta consulta entre el 16 de diciembre y el 7 de enero como estrategia para evadir manifestaciones de carácter científico. La organización MarViva ha denunciado que esta táctica ha impedido pronunciarse a las universidades y al Colegio de Biólogos respecto a un tema científico claramente de su incumbencia. La Ministra de Ambiente Andrea Meza criticó que sólo se publicará en el Sistema de Control Previo del Ministerio de Economía y que no se convocará a autoridades a ambiente a audiencia.
En peligro de extinción
El tiburón martillo es una especie cuya población decayó drásticamente en años por su captura para mercados asiáticos que demandaron sus aletas, al punto de llegar a declararse en peligro de extinción con los parámetros utilizados de UICN, que se ha referido a una caída de hasta el 90% de la población.
El SINAC prohibió su pesca y comercialización en el país desde el año 2015, luego de que Costa Rica liderara su inclusión en 2013 en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
La Federación Ecologista (FECON) se une a la exigencia de los grupos defensores del mar para que sea el SINAC quien tenga rectoría para la aplicación del Convenio CITES, protegiendo las especies amenazadas y que sea un Comité Científico Especializado con participación de las Universidades Públicas el que fiscalice medidas estrictas contra la pretendida continuidad de la comercialización.
La finca 1 y la finca 3 son los primeros espacios que se abren para el disfrute de la comunidad universitaria y las comunidades vecinas
A partir de este viernes 15 de enero, la comunidad universitaria y los vecinos de la UCR podrán volver a disfrutar, junto con sus burbujas y mascotas, del ejercicio y la recreación en los espacios al aire libre que ofrece el campus universitario, siempre y cuando acaten los lineamientos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19.
El campus Rodrigo Facio (finca 1) y las Instalaciones Deportivas (finca 3) estarán abiertos de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Los días sábados y domingos, el horario será de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Se permitirán únicamente las actividades individuales o con su burbuja familiar.
Las personas que ingresen al campus podrán realizar actividades físicas como ejercicios de estiramiento y relajación, andar en bicicleta y caminar o trotar en la milla universitaria. Para desarrollar esta última práctica, deben utilizar el carril derecho para ir en el sentido de oeste a este, y el izquierdo para deslizarse en el sentido de este a oeste, mantener el distanciamiento mínimo de 1,8 metros con personas de otras burbujas y evitar causar aglomeraciones.
Para hacer uso de las instalaciones, cada persona deberá cumplir responsablemente con los protocolos de lavado de manos, uso de mascarilla y técnica correcta de tos y estornudo. Además, quienes ingresen con mascotas también están en la obligación de recoger los excrementos de sus animales.
Los visitantes deberán respetar las zonas que se mantienen cerradas, como los circuitos biosaludables (máquinas para hacer ejercicio) y canchas deportivas. Asimismo, los espacios diseñados específicamente para la práctica del deporte (los gimnasios, las canchas deportivas, el frontón y las piscinas) se mantienen cerrados para el púbico general, ya que su uso está sujeto a protocolos y procedimientos diferenciados que son definidos por el Ministerio del Deporte.
Un respiro para el cantón
Después de 10 meses desde que las instalaciones universitarias se cerraron, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, la apertura de la finca 1 y la finca 3 viene a dar un respiro a los habitantes del cantón de Montes de Oca para la práctica del ejercicio y la recreación. Según señaló el rector, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, esta decisión responde a una necesidad de la salud física y mental de la población y a una exigencia de un grupo de vecinas de Montes de Oca.
Mediante un mensaje audiovisual dirigido a la comunidad universitaria y comunidades vecinas, el jerarca anunció la apertura de las fincas 1 y 3. «Este será un primer paso hacia una apertura gradual de todos nuestros diferentes espacios, a lo largo y ancho del país», dijo. Adicionalmente, manifestó su entusiasmo: “Yo quiero ver a la gente andando en bicicleta, quiero ver a la gente correr, caminar, con perros, con chiquitos”.
Siempre que se respeten las burbujas sociales, las personas pueden usar las áreas verdes, bancas para descanso y otro tipo de mobiliario urbano que esté habilitado.
En este documento, de acatamiento obligatorio, elaborado por la Oficina de Bienestar y Salud (OBS) y aprobado por el Centro Coordinador Institucional de Operaciones (CCIO), se establecen las medidas para llevar a cabo en forma gradual y segura las actividades y servicios en la Universidad de Costa Rica, y para minimizar el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19.
Apertura controlada
El CCIO advierte que la apertura de estos espacios está sujeta a las alertas cantonales vigentes en cada lugar donde se ubican las instalaciones universitarias, de acuerdo con el Modelo de Gestión Compartida “Costa Rica trabaja y se cuida” y la Directriz MS-DM-6958-2020. Además, requiere de una adecuada coordinación con la Municipalidad correspondiente.
Por lo tanto, en cada sede o recinto, se debe generar un protocolo específico para cada uno de estos espacios, en el cual se indiquen las fases y la gradualidad de la apertura, los horarios y si estos son reducidos y/o diferenciados. En tal documento también se deben contemplar las medidas de higiene, desinfección, distanciamiento y logística, así como los responsables de cada una de estas actividades y de su supervisión.
Un esfuerzo conjunto entre la comunidad y la Universidad
En la Sede Rodrigo Facio, la apertura del campus se realiza bajo un minucioso proceso de análisis y supervisión a cargo del CCIO, con el apoyo de la Oficina de Bienestar y Salud como instancia técnica encargada de la vigilancia de la salud. El objetivo es observar el efecto que vaya teniendo la apertura, tanto en la comunidad universitaria como en la comunidad circundante, según detalló Freddy Brenes, miembro de CCIO.
Brenes resalta que el protocolo debe aplicarse estrictamente para garantizar la continuidad de las actividades y contribuir a la salud mental. «La única forma de lograr una apertura gradual y segura es con el compromiso de todas las personas de la comunidad universitaria y de las comunidades aledañas, con la responsabilidad de cumplir con las medidas de salud y seguridad en el uso de estos espacios», acotó el experto.
Para lograr un proceso de apertura exitoso, la Oficina de Servicios Generales (OSG), con el apoyo de la Oficina de Divulgación e Información (ODI), está reforzando el sistema de rótulos con instrucciones para los usuarios. Estos se ubicarán en las diferentes entradas al campus y agujas de acceso vehicular. Igualmente, se trabaja en el establecimiento de las estaciones de higienización de manos alrededor de la Universidad.
Se les solicita a las personas visitantes acatar en todo momento las indicaciones del personal de Seguridad y Tránsito. La atención extrahospitalaria de emergencias estará disponible desde las 7:00 a. m. hasta el cierre de las instalaciones del campus, por medio del teléfono 2511-4911.
Dé seguimiento a los protocolos y a otros documentos relacionados con la operación de la Universidad de Costa Rica en el contexto de la pandemia: https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html.
Apertura de las instalaciones de la UCR, 2021 A partir del viernes 15 de enero, la comunidad universitaria y los vecinos de la UCR podrán volver a disfrutar, junto con sus burbujas y mascotas, del ejercicio y la recreación en los espacios al aire libre que ofrece el campus universitario, siempre y cuando acaten los lineamientos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19.
Lineamientos de apertura
El horario de apertura para realizar actividades recreativas es de lunes a viernes, de las 6:00 a las 18:00 horas, y sábados y domingos, de las 6:00 a las 16:00 horas.
Para efectos de atención médica de emergencias, si se llegaran a presentar, el horario de atención sería a partir de las 7:00 horas hasta el cierre de las instalaciones.
Se pueden usar las áreas verdes, bancas para descanso y otro tipo de mobiliario urbano, manteniendo siempre un distanciamiento mínimo de 1,8 metros con personas de otras burbujas.
Si viene a pasear a las mascotas, a realizar una caminata recreativa o a utilizar las zonas verdes, debe utilizar la mascarilla todo el tiempo que esté dentro de las instalaciones.
Se permite únicamente la realización de actividades individuales o con su burbuja familiar. Cualquier tipo de actividad en grupo no está autorizada.
No puede utilizar los circuitos biosaludables (máquinas para realizar ejercicios).
Si trae mascotas, debe portar una bolsa para recoger los residuos sólidos.
Debe respetar las indicaciones del personal de Seguridad y Tránsito institucional.
Las personas con síntomas de resfrío, gripe o problemas respiratorios no deben ingresar a las instalaciones.
No se permite hacer uso de las canchas deportivas.
Atienda las indicaciones señaladas en los rótulos informativos.
Evite tocar objetos en la vía universitaria.
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
