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Etiqueta: amenazas

Guatemala. ¿Golpe tras golpe, hacia dónde va?

Mg. José A. Amesty Rivera

Recordemos que el pasado 20 de agosto 2023, se celebraron elecciones presidenciales, en segunda vuelta, en Guatemala. La contienda electoral dio como vencedor a Bernardo Arévalo, sociólogo y diputado de 64 años, del partido Semilla.

Antes, ya había amenazas hacia el partido Semilla de Arévalo, de ser suspendido; y antes que el presidente electo fuera investido como presidente, ya hay amenazas de golpe de estado.

Según Fátima Najarro, en su artículo «Qué es un golpe de Estado en Guatemala y cuántos ha habido en el país«, definamos golpe de estado: «En un sistema político, un golpe de Estado se refiere a la inconformidad de un grupo con poder al respecto de la persona quien está en el ejercicio del poder. Este grupo actúa para lograr un cambio de régimen por la fuerza».

Najarro, citando al abogado constituyente Aquiles Faillace, este señala: «esa fuerza por la que se concreta el golpe de Estado puede ser de dos tipos. Si es un levantamiento de la ciudadanía, en este caso se le llama revolución, o bien por el uso de fuerza de los grupos militares». «El objetivo del uso del golpe de Estado puede ser un cambio de modelo político, cambio de forma de gobierno o bien desconocer a los contrapesos que existen en un gobierno democrático, como las cortes y el Congreso».

Y es que, en los últimos cien años de historia guatemalteca, en este país se han sucedido los siguientes golpes de estado: «La revolución de 1944: con esta se dio fin al régimen militar de Jorge Ubico que fue sustituido por Federico Ponce Vaides dando paso a que Juan José Arévalo Bermejo fuera electo. En 1954 fue removido de la presidencia Jacobo Árbenz a la fuerza quedando al frente el militar Carlos Castillo Armas. En 1963 Enrique Peralta Azurdia fue el jefe de estado de facto luego de derrocar a José Miguel Ydígoras Fuentes. En 1982 fue removido del poder Romeo Lucas García por parte de Efraín Ríos Montt. En 1983 Ríos Montt fue sustituido por Óscar Mejía Víctores, solo fue relevado del cargo porque el régimen se mantuvo. En 1993 ocurrió el conocido autogolpe de Estado fallido de Jorge Serrano Elías. En esta ocasión, Serrano disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y las dos Procuradurías, es decir, los contrapesos», señala Najarro.

Volviendo a las denuncias contra el partido Semilla, según la periodista Daniela Camacho, en artículo «Pobre Guatemala«, «Antes de las elecciones de segunda vuelta, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, (quien ordenó suspender la personería jurídica del partido Semilla), advirtió que podría suspender al partido y emitir órdenes de arresto para algunos de sus miembros por supuestas irregularidades en la recolección de las firmas ¡de 2017! para la creación del Movimiento».

Así mismo, la periodista Victoria Korn, en el artículo «Guatemala: Arévalo se enfrenta a una nueva asonada del Pacto de Corruptos«, indica que, «el Ministerio Público guatemalteco investiga actualmente al Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en el proceso para ser autorizado como partido político al haber supuestamente falsificado la firma a por lo menos 5.000 ciudadanos e incluir personas que ya habían fallecido, además de pagar a otras para que dieran su firma».

«El golpe más reciente que recibió el Partido Semilla fue en el Congreso donde a su bancada la despojaron del título de ‘bloque legislativo’, y en su lugar le fue impuesto el de ‘independiente’. En la práctica, los diputados de Semilla quedaron excluidos de participar de todas las comisiones de trabajo del Congreso, de las juntas de jefes de bancada Pacto de Corruptos: Rondan dudas sobre el futuro de los decretos y de las comisiones de Derechos Humanos. «Así, los diputados de Semilla se perderán de las discusiones legislativas, como el plan de presupuesto para el año 2024 que le atañe a la nueva Administración y que está por presentarse, y solo les será permitido votar cuando haya plenaria parlamentaria. Los analistas coinciden en que los directivos del Congreso no tenían atribuciones para tomar dicha decisión. La directiva es presidida por Shirley Rivera, del partido Vamos, que comanda el presidente Giammatei».

Finalmente señala Korn, «Al ser inhabilitado, Movimiento Semilla no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados. Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso ni tener asesores pagados».

En fin, es todo un mecanismo golpista supuestamente «legal», que enfrenta el presidente electo, toda una nueva forma de golpe de estado no militar.

Actualmente, según Prensa Latina artículo «Guatemala: Presidente electo denuncia golpe de Estado en curso«, el presidente Arévalo, ha denunciado la existencia de golpe de estado contra el orden constitucional y la democracia, señalando que hay un grupo de políticos y funcionarios corruptos que no aceptan los resultados de la contienda electoral, señalando junto a la vicepresidenta electa Karin Herrera, específicamente a la Fiscal General Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Rafael Curruchiche y al juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana, incluyendo además a “la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos».

A su vez, el presidente señala que, «quien ejerce golpe de Estado va contra la ley del país. La Constitución establece en el artículo 186, Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República que: “El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.

La periodista Daniela Pacheco añade, «La situación que incluye hasta intentos para atentar contra la vida de Arévalo, y la de su vicepresidenta, Karin Herrera, es tensionante y muy preocupante. Hasta la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), llamó la atención sobre la suspensión del partido Semilla a la que calificó como un abuso».

Concluye Pacheco: «Hay un cáncer terminal en Guatemala y Bernardo Arévalo prometió extirparlo. No se ha posesionado y las élites ya le quieren quitar el quirófano, las enfermeras, la anestesia y las herramientas para operar. Luego, la culpa de que se muera el paciente es sólo del bendito médico».

Por otro lado, el compañero indígena quechua Ollantay Itzamná, activista y defensor de los derechos humanos, abogado, teólogo y antropólogo, ya había indicado antes de las elecciones en Guatemala, en su artículo: ¿Qué cambiará en Guatemala con las elecciones presidenciales de 2023?, que, «Gane quien gane, el sistema neoliberal, engarzado con la industria del narcotráfico, continuará despojando los territorios con más violencia que antes. Ninguno de los dos partidos políticos (Semilla y UNE Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres), pone en cuestión la vigencia del sistema neoliberal en Guatemala».

«Si gana Bernardo Arévalo, es probable, por la influencia de la juventud sensible que le rodea, que intente realizar algunas reformas simbólicas o cosméticas en las instituciones estatales o en las políticas públicas. Pero, de ser posible, dichas reformas serán mínimas, puesto que el Congreso de la República y la economía lícita e ilícita están controlados por el denominado “pacto de corruptos”. «En ese hipotético contexto, a Arévalo no le quedará más que arrimarse lo más que pueda a la Embajada norteamericana (de no hacerlo, podría tener el mismo final que Jacobo Árbenz u Otto Pérez). Pero, la Embajada no le permitirá a Arévalo acercarse a los actores sociopolíticos antineoliberales o anti imperiales que con seguridad seguirán en las comunidades y en las calles de Guatemala. El sector indígena-campesino-popular financiado por las migajas de la USAID no podrá defender a Arévalo de los ataques de la oligarquía».

«Si gana Sandra Torres, está igual tendrá el respaldo de la Embajada gringa, además de la oligarquía lícita e ilícita del país. El aparato estatal continuará su acelerado proceso de entropía (autodestrucción) ocupado por el crimen organizado. Pero, las condiciones de vida de la gente seguirán empeorando. Y las resistencias al despojo y al saqueo neoliberal desde los territorios continuarán creciendo. Con el partido Semilla es probable que el Estado criollo racista se oxigene o intente revitalizarse, pero con seguridad será para el beneficio de los de siempre, y sobre las cenizas de los pueblos. Así como ocurrió en los dos siglos de República».

«En resumen, la esperanza transformadora para las grandes mayorías no está en ninguna de las dos opciones. En 2027, la guatemalticidad continuará buscando la promesa de los cambios estructurales, y ojalá con algunas lecciones aprendidas. Porque no creo que estos pueblos hayan nacido condenados al eterno placebo».

A su vez, Itzamná artículo «Guatemala en contexto electoral 2023«, afirmaba: «Si ya el proceso electoral, y los resultados de la primera vuelta, estaban cuestionadas y deslegitimadas por la arbitrariedad y la disputa política entre el sistema judicial (Corte Suprema de Justicia) y los jueces electorales (TSE), además del silencio complaciente del gobierno de Alejandro Giammattei, la emotiva atmósfera electoral construida para la segunda vuelta afianzó la incertidumbre y la desvirtuación de lo que, según estándares internacionales, se entiende por proceso electoral democrático».

Entre las cuestiones más importantes ausentes en la atmósfera electoral de Semilla-Arévalo están la:

Corrupción. El electorado, aparte de la promesa del partido Semilla que indica que traerá de vuelta a jueces y fiscales refugiados en el exterior para reformar el sistema judicial, no conoce cómo y en qué consiste específicamente la prometida “lucha contra la corrupción”. La UNE, partido cuya candidata a la presidencia, Sandra Torres, ya estuvo detenida por “asociación ilícita”, simplemente calla sobre esta cuestión coyunturalmente sensible para el país.

El Narcotráfico. Desde diferentes comunidades y municipios se hicieron reiteradas denuncias públicas en las redes socio digitales de la compra o pago por voto de hasta Q.1,500 (equivalente a $200.00) por parte de candidatos locales y departamentales. Además, políticos con serias denuncias de narcotráfico fungieron como candidatos para alcaldes y diputados. Pero, estas y otras variables que determinaron las elecciones de la primera vuelta no fueron, ni son materia de debate electoral.

El Neoliberalismo. Sorprendentemente el sistema neoliberal vigente en Guatemala, con consecuencias dolorosas para los pueblos y para el propio país, no fue, ni es materia del debate electoral. La única organización política que cuestionó el sistema neoliberal, mediante su propuesta de revisión de los contratos de privatización, fue el partido de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP.

La Desigualdad socioeconómica. En 2015, cuando surgió la “euforia de lucha contra la corrupción”, el 59% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza. En 2022, el 63% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza multidimensional. La hambruna, como consecuencia de la disminución de los medios de vida y de los impactos del cambio climático arrecia en el país. Aunque las remesas económicas de migrantes (que representan más del 20% del Producto Interno Bruto) atenúan aparentemente esta realidad.

La Plurinacionalidad silenciada. Otra tara republicana que tiende a renaturalizarse en este contexto electoral es el racismo y el despojo colonial de los territorios de pueblos indígenas. Ni Semilla, ni la UNE, contemplan en sus programas de gobierno el desafío de reconocer e implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas como son: derecho a la consulta previa, derecho al territorio, derecho al autogobierno, entre otros. Y, para sorpresa de propios y extraños, hasta las organizaciones indígenas, que en algún momento se proclamaron como “plurinacionales”, ahora, llaman al voto para Semilla, sin valorar quizás los fines geopolíticos o anti plurinacionales que están detrás de ambas propuestas políticas. De esta manera, el próximo 20 de agosto, Guatemala decidirá por más neoliberalismo, mayor racismo, y continuado despojo de los territorios indígenas.

Todo lo último, a raíz de algunos sectores de izquierda en América Latina, que creen que el partido Semilla de Arévalo es de orientación progresista, cuando en realidad es definido como: de ideología socialdemócrata, ecologista, y con miembros de distintas afiliaciones políticas.

Cuba denuncia actos de hostilidad contra el equipo Cuba incitados por las autoridades de Miami

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

El 19 de marzo de 2023, durante el juego semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol entre los equipos Cuba y los Estados Unidos, celebrado en el estadio LoanDepot Park de la ciudad de Miami, Florida, se produjeron lamentables y peligrosos incidentes en contra del equipo cubano que participó en certamen, que Cuba denuncia de forma enérgica.

Fue un juego difícil. El equipo cubano fue allí a defender dignamente sus colores, tras haber llegado a la etapa semifinal por méritos ganados en el terreno. Enfrentó a un conjunto reconocido por su superioridad técnica y que resultó claramente ganador. La conducta del equipo estadounidense y su dirección fueron respetuosas y conforme al espíritu deportivo que debe prevalecer en estos eventos. Su triunfo es merecido.

Pero el equipo cubano tuvo que enfrentar allí también una agresividad vil y organizada, que contrastó con los múltiples mensajes de respaldo, reconocimiento y solidaridad que recibió de muchísimas personas en los Estados Unidos, en su mayoría cubanos o descendientes de cubanos, una buena parte de ellos de la propia ciudad de Miami.

Con el claro propósito de desestabilizar a nuestros jugadores, se realizaron actos reiterados de diversa naturaleza contra ellos, contra la delegación que los acompañó y contra los seguidores de la escuadra cubana en el estadio. Estos incluyeron agresiones directas, amenazas, uso de lenguaje ofensivo y vulgar, ataques lesivos a la moral del equipo de Cuba y otros incidentes dirigidos a menoscabar el ánimo de los atletas y perjudicar el espectáculo. Se trató de sucesos contrarios a la concepción de este tipo de eventos deportivos.

No se hicieron cumplir las reglas de orden y conducta establecidas por el estadio, en lo que hubo aparente complicidad de ciertos representantes y personal de esa instalación deportiva y de autoridades locales, en particular, de los encargados del orden y la seguridad.

Se lanzaron objetos contra los peloteros y sus familiares, entre los que se encontraban mujeres, niños y ancianos, así como contra miembros de la delegación y representantes de la prensa cubana, y también contra espectadores que apoyaban al equipo de Cuba. Supuestos espectadores ingresaron en tres ocasiones al terreno durante el partido e interrumpieron el juego, lo que puso en peligro la seguridad y estabilidad de los jugadores del equipo cubano. Se profirieron reiteradas ofensas y amenazas a los atletas, en alta voz, cuando a estos le correspondía su turno al bateo o cuando se preparaban para entrar en el juego, como le ocurrió al lanzador cubano Frank Abel Álvarez mientras calentaba en el bullpen, lo cual atenta contra las reglas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y cualquier noción de deporte limpio. Se mostraron constantemente carteles con consignas políticas, lenguaje obsceno y vulgar, irrespetuosos hacia atletas y público en general, que interfirieron en el disfrute del juego. De la misma forma, se utilizó ropa con frases e imágenes ofensivas, de contenido político, no permitidas por las reglas de la instalación deportiva.

Igualmente, se violó repetidamente el Código de Conducta para Huéspedes establecido para el estadio, a partir del consumo de bebidas alcohólicas de manera irresponsable y la violación de los asientos asignados.

En la mayoría de las ocasiones en que representantes de la delegación cubana o de las Grandes Ligas de Béisbol se dirigieron a agentes de la policía para denunciar las transgresiones antes descritas, estos no actuaron sobre los transgresores.

Todas estas acciones eran causas suficientes para la expulsión inmediata, citación, arresto u otras consecuencias legales, que en esta ocasión no se produjeron. Estos hechos desnaturalizaron un evento de profundas raíces culturales para ambos países.

El Ministerio denuncia la complicidad demostrada por las autoridades locales, que permitieron y crearon las condiciones para que estos actos tuvieran lugar, de manera abierta y con impunidad. Al mismo tiempo, denuncia enérgicamente la incitación por parte de políticos locales y figuras que ostentan cargos públicos a la indisciplina, la agresión y el asedio a los deportistas. La tolerancia de las fuerzas del orden, violando sus obligaciones, estimuló la comisión de sucesivas agresiones.

Estos mismos sectores fueron los que en 2018 sabotearon el acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas de Béisbol, que habría sido beneficioso para todas las partes involucradas y hubiese contribuido a poner fin al trato discriminatorio al que se somete a los atletas cubanos.

El Gobierno de Cuba alertó con suficiente tiempo al Gobierno de los Estados Unidos, por los canales diplomáticos, sobre las amenazas públicas y abiertas que se concebían para empañar la participación del equipo cubano en el segmento del campeonato que tendría lugar en la ciudad de Miami y acerca de la trayectoria corrupta e irresponsable de las autoridades de esa ciudad.

El Equipo Cuba no participó en el evento en condiciones de igualdad.  Desde mucho antes del inicio del campeonato, el conjunto cubano tuvo que enfrentar un complejo y discriminatorio proceso en el que las autoridades de las Grandes Ligas del Béisbol debieron solicitar y recibir, con demora, la autorización de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este proceso incluyó un permiso especial para que Cuba participara en el evento, otro posterior para que se incorporaran jugadores cubanos del circuito de las Grandes Ligas y otro aún más tarde para concretar su integración temprana con el resto del equipo. Los permisos otorgados prohibieron explícitamente a varios de los integrantes del equipo a viajar a Cuba con sus compañeros al terminar el certamen. Todo ello puso en peligro la participación cubana en el Clásico de Béisbol e implicó desventajas extraordinarias.

Los atletas cubanos han participado en eventos deportivos en múltiples ciudades de los Estados Unidos y otros países sin enfrentar este clima de agresividad que parece singular de la ciudad de Miami. Cuba no renunciará al derecho de competir en igualdad de condiciones en territorio estadounidense. En contraste, Cuba continuará honrando sus compromisos como anfitrión en todos los certámenes internacionales que se celebren en nuestro país, en los que siempre se ha respetado y acogido con entusiasmo a los atletas de todo el mundo, incluyendo a los de los Estados Unidos.

Hechos como los anteriormente denunciados, ratifican, una vez más, que la ciudad de Miami no reúne las condiciones mínimas para ser sede de un evento internacional y que sus autoridades tienen una responsabilidad fundamental en esta despreciable realidad.

Cuba agradece a la numerosa afición y a todos aquellos que dentro y fuera del estadio en Miami acogieron con alegría y espíritu deportivo la participación de Cuba en el Clásico y su clasificación para las semifinales con un equipo de cubanos residentes en Cuba y en el exterior. Muchos se acercaron al equipo para ofrecer su apoyo y solidaridad. 

El pueblo de Cuba vivió días de emoción siguiendo al equipo desde los primeros juegos y sufrió también como propio el vejamen protagonizado por sectores extremistas que agredieron al equipo y se ensañaron con aquellos que hicieron realidad, en el Team Asere, el sueño de un equipo Cuba con participación de jugadores cubanos de las Grandes Ligas y de ligas de otros países. Cuba seguirá abierta a reeditar esta experiencia.

Por encima del odio, siempre prevalecerá el amor a Cuba y el amor al deporte.

La Habana, 22 de marzo de 2023

(Cubaminrex)

Foto: Prensa Latina

Graves amenazas contra dirigente sindical

Foto: Rel UITA

Con Steve Rodríguez

La empresa Frutas Selectas del Trópico S.A., subsidiaria del consorcio agroindustrial guatemalteco Grupo Hame, posee dos fincas bananeras (San Gerardo y La Flor) en la provincia de Puntarenas. El Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr) ha venido denunciando graves violaciones laborales y de seguridad.

Giorgio Trucchi

Luis Arnulfo Gómez Moraga se desempeña como capataz en la planta empacadora. Al ser testigo de tantas violaciones de los derechos de trabajadores y trabajadoras, Gómez decidió acudir al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Después de varias inspecciones, las autoridades pudieron comprobar la veracidad de las denuncias y actuaron judicialmente en contra de la empresa.

Ante la reacción amenazante de la patronal, Gómez Moraga decidió acudir a la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh), que lo remitió al Sintrapybcr.

“Empezamos a trabajar y creamos las condiciones para que varios trabajadores se afiliaran y constituyeran una seccional de nuestra organización. A los dos días de su afiliación, todos estaban despedidos”, manifestó a La Rel, Steve Rodríguez, secretario general del Sintrapybcr.

El dirigente sindical explicó que la empresa adujo motivaciones totalmente falsas para justificar el despido de unas 16 personas, incluyendo a Gómez Moraga.

“La empresa los despide porque no quiere que se siente un precedente y que, a través de la seccional, se sindicalicen más trabajadores. Fue en este momento que comenzaron las amenazas”, explicó Rodríguez.

Según el dirigente sindical, a Gómez Moraga fueron a amenazarlo de muerte hasta su hogar.

“En dos ocasiones fue interceptado por desconocidos en moto que le dijeron que dejara de defender a los trabajadores.

En otra ocasión –continuó Rodríguez– fue uno de los abogados de la empresa que llegó hasta su casa para convencerlo a aceptar el despido, recordándole que debía pensar en el bienestar y la seguridad de él y de su familia”.

Ante esta situación, el sindicato decidió presentar formal denuncia para resguardar la seguridad del trabajador.

Asimismo, fueron presentadas las demandas judiciales para la reinstalación de los trabajadores despedidos, y al menos 17 denuncias por varios incumplimientos cometidos por la empresa.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/graves-amenazas-contra-dirigente-sindical/

Alerta – riesgo a la vida e integridad física de defensores de la tierra-territorio y DDHH

SURCOS comparte la siguiente información:

Reiteramos la invitación a personas, organizaciones y colectiv@s, dentro y fuera de Costa Rica, a suscribir este comunicado público con la alerta ante las amenazas dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vignet.

Fecha de cierre de recolección de firmas: 13 dic 2022.
https://bit.ly/3UEXyOK


COMUNICADO PÚBLICO

ALERTA SOBRE RIESGO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE DEFENSORES DE LA TIERRA-TERRITORIO Y DE DERECHOS HUMANOS

  • Las amenazas han sido dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vigtnet.
  • El contexto ampliado, involucra al ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez. Quién además de ser denunciado pública y judicialmente ha sido apoyado en algunas acciones por la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA).

Martes 6 de diciembre del 2022. Nosotras y nosotros que pertenecemos al “Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok”, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el riesgo inminente que corren las vidas e integridad física de : 1) la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak, recuperadora de tierra-territorio en el Territorio Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) y; 2) el defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, que apoya a la CLSS y es interlocutor entre esta instancia y el Estado de Costa Rica.

La alerta y nuestra profunda preocupación se originan a partir de las numerosas denuncias que se han realizado a la situación de tensión, agresión y violencia racista que se vive en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) . Este contexto surgió tras la respuesta violenta del ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez, ante la recuperación del terreno que ocupaba y del cual obtenía beneficios de forma ilegal desde que lo adquirió -también por medios ilegales- en 2012; un poco más de dos décadas desde la vigencia de la Ley Indígena de 1977 en Costa Rica y que convierten a Pérez no sólo ocupante ilegal sino de mala fe y, por tanto, no es sujeto de indemnización.

Las agresiones han sido múltiples y profundamente violentas desde que la familia Sandí Morales decidió hacer valer su derecho al acceso y disfrute de la tierra-territorio en abril del 2021. Derecho consagrado en: 1) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 2) la Ley Indígena de 1977; 3) el marco constitucional costarricense y; 4) el fallo No 20222024725 del miércoles 19 de octubre del 2022, de la Sala Constitucional, en el que se reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas. Las agresiones por parte de Luis Ángel Pérez y sus peones han ido desde el hostigamiento y acoso constante, insultos racistas, hasta las amenazas de muerte, amenazas agravadas (con arma en mano) y escaló con disparos al cuerpo de las personas recuperadoras el pasado 04 de noviembre; día en el que la familia Sandí Morales pudo completar el proceso de recuperación y la expulsión definitiva del ocupante ilegal y sus peones.

Esta situación se agrava, todavía más, ante los hechos denunciados el pasado miércoles 30 de noviembre del 2022 por la familia Bribri -del Clan Duri Wak- Sandí Morales y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Ambas partes, recibieron información sobre la filtración y difusión de imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón sobre los hechos que tuvieron lugar durante los días 4 y 5 de noviembre -del año en curso- en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). Días en los que, como se mencionó anteriormente, la familia Sandí pudo completar el proceso de recuperación de tierra-territorio.

Estas imágenes, fueron difundidas de forma masiva por medio del grupo de Whatsapp «GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet , de quien se muestra su rostro e información personal. Estas imágenes fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de whatsapp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet.

Según la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ésta es la segunda ocasión en la que un informe de investigación judicial es filtrado. La primera vez fue durante los días 21 y 22 de enero del 2021 cuando el medio de comunicación CrHoy.com filtró información del caso por el homicidio por razones políticas del líder Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwák; expediente judicial 19-0000178-0990-PE.

Estas filtraciones no sólo levantan sospechas de que en el Poder Judicial se encuentran intereses coludidos a favor de los ocupantes ilegales y terratenientes sino que también inciden en el debido proceso, en el buen desarrollo de las investigaciones y pesquisas judiciales correspondientes.

Además, como si esto fuera poco, pone en riesgo a las personas que pertenecen a los Pueblos Originarios y no que están implicadas. Quienes son las mismas personas que tras más de 12 años de resistencia, han sobrevivido a la violencia racista con la que responden los ocupantes ilegales a los procesos de recuperación de tierra-territorio. Violencia, por mucho, mortífera y que al día de hoy logró acabar con la vida de los líderes Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak y del Territorio Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera Brörán de Térraba.

Es importante recordar que la familia Sandí Morales ha recibido ataques donde les han quemado su casa y destruido cultivos; y que desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se emitieron las Alertas Tempranas los días 10, 16 y 22 de noviembre del año en curso, sobre posible contratación de servicios de sicariato y agresiones contra la familia Sandí Morales.

Así insistimos: los hechos hablan por sí mismos y el riesgo a la vida y a la integridad física de la familia Bribri Rivera Sandí Morales y de Gustavo Oreamuno Vignet es real, preocupante y urgente de atender. Ante las constantes amenazas y ataques al honor de Gustavo Oreamuno Vignet, esta persona interpuso las respectivas denuncias judiciales por amenazas contra personas afines a los intereses de los ocupantes ilegales de Territorios Indígenas, denuncias que se tramitan ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas en los expedientes #20-006343-0042-PE y #21-0000003-1214-PE.

Ante ello, las organizaciones y personas solidarias y firmantes de este comunicado EXIGIMOS:

1- Que a la brevedad se brinde un informe sobre la filtración de las fotografías de estos documentos que en teoría corresponden a un expediente propio de una investigación y compendio de información exclusivo del Organismo de Investigación Judicial. Además, que se lleven hasta las últimas consecuencias administrativas y judiciales a las personas implicadas.

2- Que la Fuerza Pública se haga presente en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) de forma inmediata y permanente y que garantice la integridad física y vida de la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak.

3- Responsabilizamos al Estado costarricense ante cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad física, psicológica, emocional y la vida tanto de la familia Sandí Morales como la de Gustavo Oreamuno Vignet. Ello ante la actitud complaciente de las autoridades competentes por no velar el cumplimiento de la ley indigena, hacer cumplir la declaración de nulidad de la Sala constitucional ante la compraventa de tierras en territorios indígenas posterior a 1977 y el cumplimiento pleno de las medidas cautelares que organismos internacionales han impuesto como medida de protección a las personas recuperadoras.

Suscribimos este comunicado público:
– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
– Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha.
– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.
– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Asociación Voces Nuestras.
– Frente Tierra.
– La Juventud Vanguardista Costarricense.
– Sociedad Juglar Pacaqua.
– Mujeres por Costa Rica.
– Asociación de Escritoras Costarricenses.
– Buen Vivir Costa Rica.
– Confluencia Solidaria.
– Partido Vanguardia Popular.
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
– Bloque de Vivienda.
– Confederación Unitaria de Trabajadores.
– Fundación Pedagógica Nuestramérica.
– Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe.

Alerta temprana: amenazas contra las recuperaciones del territorio de China Kichá

En horas de la tarde, las personas recuperadoras cabécares de China Kichá conocieron de amenazas en su contra

Miércoles 9 de noviembre del 2022. Según información recibida por las y los recuperadores cabécares de China Kicha, las personas ex ocupantes ilegales responderán a las 5 recuperaciones de tierra-territorio que fueron alcanzadas por el Pueblo Cabécar desde el sábado 5 de noviembre al día de hoy. Entre las amenazas se encuentran la posibilidad de que en las próximas horas (noche o madrugada) irán contra las nuevas recuperaciones en China Kichá. 

El contexto ampliado refiere a que desde el sábado anterior inició una oleada de recuperaciones de tierra-territorio en el Territorio Cabécar de China Kichá. El día de hoy fueron realizadas tres en total: 1) Köe Diglé, ocupada ilegalmente por José Naranjo con el funcionamiento de la empresa Inversiones Agrícolas Navas; 2) en ese mismo terreno, el ex ocupante ilegal de la recuperación Sa Ka Duwé Senaglö de apellido Badilla contaba con un pequeño terreno, que fue recuperado junto a Koé Diglé y; 3) Nama Jú, ocupada ilegalmente por Joaquín Delgado y su empresa de Tres Jotas. Ante ello, los ex ocupantes ilegales pretenden accionar de forma violenta en su contra. 

Es importante señalar que el ganado de Badilla aún se encuentra dentro de Koë Diglé, situación que puede contribuir a un factor de riesgo en contra de las y los recuperadores cabécares. También se encuentra dentro de Nama Jú el ganado de Tres Jotas. Únicamente fue posible que el ganado de Naranjo fuera retirado el día de hoy, desde las 2 p.m.

Así, en este contexto, las y los recuperadores cabécares de China Kicha: 

– Exigimos la presencia policial en el Territorio de forma inmediata y permanente. 

– Solicitamos a la Mesa Interinstitucional sobre el tema indígena, creada por el Gobierno de Chaves, se haga presente en el Territorio Cabécar de China Kichá.

Solicitamos a las organizaciones, colectivos y personas solidarias a que estén pendientes del clima de tensión que se vive en el Territorio Cabécar de China Kichá. Ahora es cuando la solidaridad se hace más necesaria. 

Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado costarricense, único responsable en que los Pueblos Originarios accionemos procesos de recuperación de tierra-territorio, procesos que ya llevan más de 12 años. 

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! 

– Recuperadores y recuperadoras cabécares de China Kichá. 

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Costa Rica y pueblos indígenas: informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 28 de septiembre del 2022, se dio a conocer el informe realizado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita  in situ en Costa Rica a finales del año 2021. 

El informe está desde ya disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas en este enlace. El delegado oficial de Costa Rica indicó en su intervención (véase comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas del 28 de septiembre del 2022) que:

» Costa Rica reaffirmed its unwavering commitment to the protection of all under its jurisdiction, and their exercise of their human rights, without discrimination. Costa Rica worked to eliminate discrimination, and had accepted and analysed international recommendations, strengthening mechanisms for dialogue and interaction with indigenous peoples, leading to a better understanding of the impediments to their socio-economic development and exercise of their rights.  Their land rights should be respected, as one of the main causes of violence was the lack of certainty in the property system«.

Sobre algunas recomendaciones hechas a Costa Rica

Más allá de las cosas que se oyen a veces por parte de un delegado costarricense en Ginebra, se sugiere la lectura integral y detallada del informe como tal, el cual contiene una gran cantidad de datos recopilados durante su visita por este experto de Naciones Unidas. Las conclusiones ubicadas en la parte final revisten gran interés para sectores sociales y deberían de poder propiciar una reflexión en el seno de algunas entidades estatales. 

En la parte conclusiva, se lee por parte del Relator Especial que:

«91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».

Entre las numerosas recomendaciones hechas al Estado costarricense, y que interesan a una multitud de entidades estatales, se lee, en el párrafo 98, que el Relator recomienda a Costa Rica:

«f) Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los ataques, incluidas las amenazas contra los líderes indígenas; 

g) Garantizar la investigación administrativa y judicial, el juzgamiento y la sanción de los responsables del supuesto abuso de la fuerza por parte de la policía en marzo de 2020 contra las personas indígenas recuperadoras de tierra en China Kichá; 

h) Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a: 

    i) Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes;

     ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública; 

i) Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

El instrumento internacional al que refiere el Relator en este punto i) es más conocido como Acuerdo de Escazú, el cual fue suscrito en Costa Rica en marzo del 2018. Este tratado fue recientemente objeto de una nueva ratificación en este 2022 (Chile), luego de Argentina y México (que lo ratificaron en el 2021). Tuvimos la oportunidad de analizar la cada vez mas incómoda situación que le significa a Costa Rica cada nueva adhesión a este acuerdo regional de vanguardia, adoptado en suelo costarricense: véase nuestra breve nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú:  Chile oficialmente es Estado Parte número 13.  Algunas reflexiones desde Costa Rica«. Se trata de una nueva excitativa hecha a Costa Rica, de muchas ya realizadas desde el ámbito internacional, y que de ser seguida, le permitiría a Costa Rica ser más consistente y coherente con la imagen internacional que proyecta al mundo en materia de derechos humanos.

Sobre la disculpa oficial recomendada en su informe por el Relator Especial

Cabe recordar que las acciones violentas que sufren los líderes indígenas en Costa Rica, y el hecho que dos de ellos perdieran la vida en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019 y Jerhy Rivera, febrero del 2020) sin que a la fecha las autoridades de justicia hayan sancionado a los responsables de estos dos graves hechos, colocan a Costa Rica en una situación bastante insólita, en particular desde una perspectiva internacional de derechos humanos (Nota 1).  

Al tiempo que persiste un indignante clima de impunidad que tiene un efecto intimidador para muchas comunidades indígenas costarricenses: desde esta perspectiva, la «disculpa pública» recomendada  en el punto h) ii) del precitado párrafo 98 por el Relator de Naciones Unidas al Estado costarricense cobra mucha mayor relevancia. 

Otra disculpa, por la denominada «arrastrada» vivida en el edificio de la Asamblea Legislativa en el 2010 por integrantes de varias comunidades indígenas costarricenses, podría también facilitar el proceso de diálogo (véase nuestra breve nota publicada al conmemorarse 10  años de este triste episodio que marcó y sigue marcando profundamente a las comunidades indígenas costarricenses). 

Finalmente, en el 2020, al analizar el trámite dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una petición de indígenas térrabas con relación al proyecto hidroeléctrico El Diquis, habíamos escrito en una breve nota (véase enlace) que:

«Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase la nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho de que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura y al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, lo cual puede ahora entrar a ser valorado por la CIDH«.

A ese respecto, un informe anterior del 2011 elaborado por otro experto de Naciones Unidas titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica» (véase enlace) puso de manifiesto las carencias del Estado costarricense a la hora, esta vez, de llevar a cabo un megaproyecto que impacte negativamente a poblaciones indígenas costarricenses.

A modo conclusivo

Este nuevo informe de Naciones Unidas viene a detallar de manera muy completa la situación de total vulnerabilidad e indefensión de muchas comunidades indígenas en Costa Rica. Se da a conocer después de que, en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara una histórica sentencia contra Argentina (véase sentencia del caso Lahka Honhat): la cual viene a completar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969  y expandir los alcances de la jurisprudencia en la materia de forma notable (Nota 2). El ex Presidente de esta jurisdicción regional no dudó en escribir en su voto razonado que se trata de un verdadero «hito»:

«El caso Lhaka Honhat representa un hito en la jurisprudencia interamericana fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, constituye la primera ocasión en que el Tribunal Interamericano se pronuncia de manera autónoma sobre DESCA que atañen a pueblos y comunidades indígenas. En segundo término, a diferencia de los precedentes que había tenido la oportunidad de conocer, la Sentencia declara la vulneración de cuatro DESCA que pueden ser derivados y protegidos por el artículo 26 del Pacto de San José —derecho a la identidad cultural, en lo atinente a participar en la vida cultural, derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación, y derecho al agua—7 . En tercer lugar, las reparaciones ordenadas están centradas de manera diferenciada, tratando de restituir la violación de cada uno de los derechos sociales, culturales y ambientales declarados violados en la Sentencia»  (véase párrafo 4 de su voto, disponible después del texto de la sentencia, pagina 2)

Como bien se sabe, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limita al Estado incriminado en un caso concreto, sino que interpela a los otros Estados del hemisferio americano y los invita a paliar las insuficiencias y las lagunas en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales: no paliarlas constituye una invitación velada al litigio internacional ante los órganos del sistema interamericano.

Haciendo a un lado el sistema interamericano de derechos humanos, es de esperar que estas nuevas recomendaciones proviniendo de Naciones Unidas sean ampliamente difundidas y conocidas por muy diversos sectores en Costa Rica. 

Y que, en algún momento, logren inspirar a decisores políticos sobre la urgente necesidad de ir paulatinamente remediando la grave situación que sufren las comunidades indígenas costarricenses. La profunda desconfianza con las que muchas de ellas viven a diario constituye un obstáculo que debe superarse poco a poco: en ese sentido, este informe de Naciones Unidas ofrece valiosas  pautas y herramientas al Estado costarricense.

Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil y el movimiento social en favor de los derechos de estas comunidades pueden activar los diversos mecanismos internacionales en aras de forzar al Estado costarricense a cumplir con las diversas obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido, sin extender su beneficio a las comunidades indígenas, tal y como lo detalla de manera contundente este informe.

–Notas–

Nota 1: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran nunca más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera.

Nota 2: La paciencia y la perseverancia de las comunidades afectadas son dignas de resaltar en el presente caso: esta sentencia culmina un reclamo de 36 años impulsado por varias comunidades indígenas de la provincia de Salta en Argentina, cuyo objetivo era obtener el título de su propiedad territorial. Las comunidades indígenas en 1992 conformaron la “Asociación Lhaka Honhat” e iniciaron su reclamo por los territorios ancestrales en 1984. Posteriormente, en el 1998, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH dictaminó su informe sobre el fondo en el año 2012, emitiendo una serie de recomendaciones a Argentina. Frente al incumplimiento de sus recomendaciones, la CIDH sometió el caso a la Corte IDH en febrero de 2018, la cual dio a conocer su sentencia en el 2020.

 

Imagen ilustrativa. Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.

ADI de Térraba amenaza con invadir Finca San Andrés

Comunicado*

Alerta Temprana
Territorio Ancestral Brörán de Térraba.

A los Pueblos hermanos
Al Estado de Costa Rica

Lunes 26 de setiembre de 2022. Desde hace una semana aproximadamente, las familias Brörán del terreno recuperado, conocido como Finca San Andrés han estado escuchando y recibiendo información de fuentes locales y cantonales y se han enterado de reuniones de miembros de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Brörán de Térraba (Costa Rica), en las que se ha estado comentando y planificando por parte de la ADI, allegados y finqueros la intención de invadir Finca San Andrés.

Una de las reuniones se realizó en la casa de Demecio Flores Valderramos, conocido como Mecho Flores, persona no indígena que vive cerca de San Andrés y que desde hace años ha estado hostigando y tratando de hacer negocios con esas tierras.

Desde agosto de 2022, nuevamente Genaro Gutiérrez Reyes es el presidente de la ADI, él y su familia han manejado de forma irregular la ADI de Térraba desde hace 3 décadas y ha sido denunciado pública y judicialmente por múltiples hechos de corrupción, además, siempre ha defendido los intereses de personas no indígenas que ocupan de forma ilegal el Territorio Brörán de Térraba y otros Territorios de la zona sur de Costa Rica.

Uno de estos hechos fue la entrega y venta de las tierras de Finca Volcancito a personas no indígenas por parte de la ADI en los años 2006 y 2007; actualmente Rigoberto Montero Badilla, aliado de Genaro Gutiérrez ha vendido y continúa vendiendo terrenos de Finca Volcancito, finca comprada con recursos públicos; todo esto con la participación y complicidad de la ADI.

En el año 2015 y ante los actos de corrupción de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba (ADI), que ya habían entregado parte de los terrenos y bienes comunes de Finca San Andrés a empresas y personas no indígenas y teniendo como antecedente lo de Finca Volcancito; un grupo de más de 30 familias decidieron tomar posesión de las 350 hectáreas de Finca San Andrés, amparados en el derecho humano a la tierra, el bloque de constitucionalidad y la legislación nacional e internacional.

Desde entonces, la ADI ha puesto todo tipo de obstáculos para que estas familias puedan tener acceso a bonos de vivienda, servicios de electricidad y agua potable; además las han hostigado y amenazado constantemente, en este sentido, vari@s parceler@s fueron denunciados por la ADI por el supuesto delito de usurpación Exp. 16-200119-0634-PE, causa que fue desestimada, ya que se comprobó que todas las personas denunciadas pertenecen al Pueblo Brörán de Térraba.

En esta causa participó como testigo Jonathan Espinoza, dando un testimonio falso contra las y los parceleros; Espinoza es una persona no indígena que respalda a quienes ocupan ilegalmente los Territorios Indígenas y actualmente apoya el trabajo de la ADI de Térraba.

Ante estas amenazas demandamos del Estado de Costa Rica;

  1. Que el Ejecutivo tome las medidas preventivas necesarias para garantizar la vida e integridad física, psicológica y territorial de las familias Brörán de Finca San Andrés; medidas que deberán ser construidas y acordadas en conjunto.
  2. Que la totalidad de Finca San Andrés sea entregada de forma inmediata a las familias que las habitan y cultivan.
  3. Que todas las instancias del Ejecutivo reconozcan a estas familias como legítimos dueños de estas tierras para todos los trámites pertinentes y para cualquier proceso relacionado al Plan RTI, procesos de expropiación, declaración de poseedores de buena fe o desalojos administrativos, gobernanza y consulta e intercedan para que las instituciones autónomas también las reconozcan.
  4. Que se investigue la venta y/o otros actos irregulares en los que ha incurrido la ADI de Térraba y Rigoberto Montero Badilla con respecto a Finca Volcancito.

Para cualquier comunicación: cfincasanandres@gmail.com

coordinadoraluchass@gmail.com

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Parceler@s de Finca San Andrés.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

* Fuente: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/606304880984914/

EEUU, criminal compulsivo

Lic. José A. Amesty Rivera

Julio 2022

Deseamos iniciar esta reflexión, con la máxima de Simón Bolívar, que reza: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”. Simón Bolívar, 05 de agosto de 1829. Carta al coronel Patricio Campbell redactada en Guayaquil, Ecuador.

De ella enfatizamos la expresión “plagar” (infestar) y “miserias” (desgracias). La primera, sin duda, dos siglos después, las acciones de EEUU se han convertido en la principal causa de muerte de los pueblos que desean ser libres. La segunda expresión denota, amenazas, desgracias, desventuras.

Estas desgracias y amenazas, se han traducido en la historia de América Latina y el mundo, en muertes. El Center for Research on Globalization, ha publicado un estudio de James A. Lucas, donde se muestran la cantidad de muertes por guerras, golpes de Estado y otras operaciones subversivas de EEUU, por ejemplo:

El profesor Michel Chossudovsky, director del “Center for Research on Globalization”, nos recuerda ‎que, siendo aliados de EEUU en la Segunda Guerra Mundial, Rusia y China, pagaron el más alto precio en vidas humanas por la ‎victoria sobre el Eje nazi fascista: 26 millones de soviéticos y 20 millones de chinos murieron en la ‎Segunda Guerra Mundial, mientras que EEUU perdía solo algo más de 400 000 vidas. ‎

Se agrega, según el estudio de Lucas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (en 1945) hasta hoy, se estima que esa cifra se sitúa entre 20 y 30 millones de muertos, esto es, cerca del doble de muertos en la Primera Guerra ‎Mundial.

“Pero además de los muertos, hay que contabilizar los heridos, que a menudo quedaron mutilados ‎y físicamente impedidos por el resto de sus vidas. Algunos expertos calculan que por ‎cada persona muerta en guerra, hay otras 4/5 personas heridas. Eso significa que el número de personas ‎heridas en las guerras estadounidenses pasan de los cien millones”.

El estudio agrega, a esos estimados, una cantidad indeterminada de muertes, probablemente millones, provocadas desde 1945 hasta nuestros días, por los efectos indirectos de ‎las guerras (hambrunas, epidemias, migraciones forzosas, esclavismo y explotación), daños al ‎medioambiente, sustracción de recursos a las necesidades vitales de las poblaciones para ‎dedicarlos a cubrir los gastos militares. ‎

En otro orden de ideas, “el estudio documenta las guerras y golpes de Estado que EEUU ha realizado en más de ‎‎30 países de Asia, África, Europa y Latinoamérica y revela que las fuerzas armadas de ‎EEUU son directamente responsables de la muerte de 10 a 15 millones de personas, ‎muertes provocadas por las guerras más grandes, las de Corea y Vietnam y las dos guerras ‎contra Irak. Entre otros 10 y 14 millones de personas han muerto en las guerras que ‎EEUU ha estimulado y librado a través de fuerzas aliadas, entrenadas y dirigidas por los ‎estadounidenses, en Afganistán, Siria, Angola, el Congo, Sudán, Guatemala y tantos otros países”.

“La agresión de EEUU contra Vietnam, guerra que se extendió a Cambodia y Laos, dejó una ‎cantidad de muertes que se estima en 7,8 millones, además de una enorme cantidad de heridos y ‎daños genéticos a varias generaciones debido a la dioxina que EEUU regaba con aviones ‎en esos países”. ‎

“En los años 1980, la CIA organizó la guerra por intermediarios en Afganistán, donde esa agencia de inteligencia estadounidense entrenó y ‎armó, con la cooperación de Osama Bin Laden y de Pakistán, más de 100 000 muyahidines para ‎luchar contra las tropas soviéticas (que apoyaban al gobierno afgano legítimo y progresista)”.

“El más sangriento de los golpes de Estado fue el que la CIA organizó, en 1956, en Indonesia. ‎La CIA entregó a los escuadrones de la muerte indonesios los nombres de los primeros ‎‎5 000 comunistas que debían eliminar físicamente. Se estima que el número de personas ‎asesinadas está entre medio millón y 3 millones de personas”.

Para seguir recalcando lo anterior, el sitio web El Destape, revela una investigación del Cline Center de la Universidad de Illinois, quien señala que “desde 1982 hasta 2019, Estados Unidos participó en 350 intentos de golpe de Estado, de los cuales 150 fueron exitosos”.

El estudio analiza, a su vez, “el período en el que John Bolton ejerció el cargo de asesor en Seguridad Nacional y cruzó esa línea temporal con los golpes de Estado, en los que Washington tuvo participación. La primera conclusión, a la que llegó el analista Philip Bump, es que de los 350 golpes que intentó Estados Unidos, 191 ocurrieron mientras Bolton ocupaba algún cargo en el Gobierno”.

Finalmente, “el periodista de The Washington Post armó entonces una lista que va desde la invasión de Afganistán a los intentos de hacer un golpe en Venezuela bajo la administración de Trump. En octubre de 1989, hubo un intento de derrocar al dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Fue destituido del poder luego de una invasión estadounidense en diciembre. En 1992, un golpe de estado en Afganistán condujo de manera similar a la destitución del líder del país, un aliado de mucho tiempo de la Unión Soviética. También hubo intentos de golpe en varios otros países mientras Bolton sirvió bajo el presidente George W Bush, incluidos Filipinas, Azerbaiyán, Bangladesh y Rumania, donde el secretario general Nicolae Ceausescu fue derrocado”.

“Además de la invasión de Afganistán, el golpe más significativo, según el estudio de Cline Center fue la destitución en marzo de 2004 de Jean-Bertrand Aristide como presidente de Haití, bajo el gobierno de Bush. “En 2018, Bolton se convirtió en el tercer asesor de seguridad nacional de Trump. Fue durante este período que intentaron más de una vez sacar del poder al líder venezolano Nicolás Maduro, sin éxito”.

Para finalizar esta ola de crímenes, asesinatos y homicidios, deseamos ver la opinión del abogado Rolando Prudencio Briancon, en su escrito, “El imperialismo yanqui en su fase terminal prepara una escalada de Guerras de Poder”, quien enfatiza que, “según documentos exclusivos y entrevistas con más de una docena de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores, desde 2018 a 2020, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo actividades de contraterrorismo en 85 países; tal como revela investigaciones realizadas por la Universidad de Brown. Estas operaciones incluyen ataques aéreos y con drones, combates en tierra y los llamados programas de la “Sección 127e”, en los que las fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. planifican y controlan las misiones de los ejércitos aliados”.

“Una declaración de Joseph Votel, un general retirado del Ejército de EE. UU., quien dirigió tanto el Comando de Operaciones Especiales como el Comando Central de EE.UU., confirmó la existencia de estas operaciones no reveladas anteriormente en: Egipto, El Líbano, Siria, y Yemen, describiéndolas como esfuerzos de “contraterrorismo” de EE.UU. Además, fue implementado en Túnez otro programa de la serie 127e, cuyo nombre en código es Obsidian Tower que nunca ha sido reconocido por el Pentágono”.

Agregando, además, estas “operaciones consideradas Guerras de Poder es la que precisamente EE.UU., ha está ejecutando a través del reclutamiento de miembros de Daesh en Siria, para enviarlos a luchar en Ucrania contra Rusia”.

“Estas Guerras de Poder, previamente las preparan, como en el caso de Rusia, considerada una “amenaza” y China un “desafío” rodeándolas por bases norteamericanas. Según el viceministro de defensa ruso, Anatoli Antonóv afirmó que alrededor de unas 400 bases militares estadounidenses. Una similar estrategia ha empleado contra la China, que bajo el concepto de la OTAN de: “desafío sistémico”, la ha rodeado también, usando a Taiwán como punta de lanza”.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen ilustrativa.

Por las vidas de personas defensoras ambientales: ¡Acuerdo de Escazú ya!

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

Hoy día de la tierra entra en vigor el Acuerdo de Escazú y mientras en la región celebran en nuestro país están amenazadas de muerte 12 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro[1].

Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.

Estas intimidaciones son parte de los 88 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado[2], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia, cuyo hecho crucial fue el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera, en febrero del 2020. Toda una guerra de lenta y cruel intensidad. 

Un contexto similar se dio en el año 2019, antes y después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.

La pandemia ha sido la principal causa de que, tanto el año pasado como este, no se concretaran ninguna de las otras amenazas de muerte, pues la acción del gobierno es “dejar hacer, dejar pasar” al estilo progresista. Es decir, hacer que se hace y darle largas; o sea, legitimar y estar del lado de quien aplica la violencia.

Esa misma ambigüedad raya en cinismo pues se trata de vidas de defensoras y defensores indígenas y activistas. Similar inacción ha demostrado el Estado con la negociación y aprobación del Acuerdo de Escazú. Por un lado está el discurso “verde”, donde en el papel aguanta lo que le pongan; y por otro lado está la realidad, donde el Gobierno lo trata como moneda de cambio y es caja de resonancia de los horrores que han dicho las cámaras empresariales contra dicho Acuerdo. El Gobierno lo ha dejado engavetado y a la suerte del juego legislativo-electoral, donde puede pasar cualquier cosa.

Mientras, se ha perdido un valioso tiempo de vida o muerte. Por ejemplo, este año Pablo Sibas, líder histórico del movimiento indígena, fue amenazado nuevamente. En redes sociales le dijeron: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces para q respeten lo ajeno a todo cerdito le llega su hora”, “Hay que eliminar a Pablo sibar vividor, estafado, ladrón, sinvergüenza muerto de Amber, parásito invivible, pero ya la muerte lo anda Rondando muy SERCA tarde o temprano dejará de joder” (citado textualmente).

Sibas ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha sido atacado en diversas ocasiones, de la misma forma en que sucedió con Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y otras personas indígenas.

“Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias están en peligro, que en nuestras propias tierras y casas estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibas.

En mayo de 2012, Sibas sufrió dos ataques físicos: uno donde recibió golpes, patadas y hasta mordiscos; y otro una semana después, en el que lo persiguieron por la carretera, lo insultaron y lo intentaron herir con un cuchillo.

El año pasado, en los hechos que culminaron con el lamentable asesinato de Jehry Rivera, el día antes del crimen Sibas se salvó de ser la víctima de la misma turba, que con machetes “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”[3].

“Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial. Uno días después, personas no identificadas incendiaron la finca de Sibas. Semanas antes del ataque, había recibido varias amenazas de muerte en las redes sociales. Se le informó de que se habían contratado sicarios para matarlo a él y a varios otros líderes indígenas. Esa misma amenaza fue reiterada meses después por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada una recompensa por su asesinato También ha sido objeto de una campaña de difamación por medios de comunicación local y nacional, si bien debería gozar con medidas de protección y ha interpuesto las denuncias oficiales, la protección policial es esporádica y su vida corre mucho peligro”[4].

En este contexto, donde hay claramente un modus operandi de la violencia y sus perpetradores, de las formas, de las estrategias utilizadas, de los mecanismos, no existen leyes ni fuero en la legislación actual de nuestro país para resguardar la vida de las personas defensoras. A las personas indígenas el sistema solo les ofrece utilizar el programa de protección de testigos, teniendo que abandonar su hogar y su territorio, mientras los perpetradores frescos y libres dentro de los territorios indígenas.

Está claro que el acuerdo de Escazú crea jurisprudencia, reconocimiento y condiciones para personar defensoras pues en su artículo 9 dice que se “garantizará un entorno seguro y propicio”, “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover derechos” y “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.

El gobierno es responsable de este manejo vacilante del Acuerdo de Escazú, que ha generado el espacio para que el lobby empresarial y transnacional, que ha retomado los argumentos más retorcidos de las derechas latinoamericanas, donde resucitaron y maquillaron los manuales de la guerra fría, rayando en el ridículo.

Ahora, en medio del peor ambiente electoral y después de secuestrar ocho meses la agenda legislativa para hipotecar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la división de poderes, la Constitución Política y la institucionalidad democrática, veremos el destino de este importante Acuerdo. Le corresponde el turno a la Asamblea legislativa, de donde brotaron tantos precandidatos como moho después de la lluvia. Esperemos que todos quieran figurar y, aunque sea por oportunismo se pongan a favor del necesario Acuerdo.

[1] Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021. https://surcosdigital.com/pueblos-originarios-de-costa-rica-continuan-luchando-y-exigiendo-justicia-a-dos-anos-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz/

[2]     Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021, Disponible en http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Recuentoagresiones2020.pdf

[3]https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose

[4]https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar

 

Imagen ilustrativa.

(*) Proyecto ED-3526 Diálogo de Saberes y Geografía, docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

Las palabras de don Carlos Alvarado Q.

Isabel Ducca D.

Hace dos años, cuando asesinaron a Sergio Rojas Ortiz con quince disparos en su casa de habitación, el presidente de la República expresó:

“Desde el Gobierno de la República condenamos y repudiamos, en todos sus extremos, este acto de violencia contra la vida de este líder indígena.  Este es un día trágico para el Pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el Pueblo Bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad” [i].

El caso sobre el homicidio estuvo a punto de cerrarse por petición de la fiscalía. Un medio de comunicación dio a conocer información “secreta”, con lo que se invalidan pruebas y testimonios.  La familia lucha, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.  Mientras, los asesinos celebraron con otro homicidio el primer aniversario de la muerte de Sergio Rojas; en el año 2020, le tocó el turno a Jehry Rivera Rivera, cuya familia también trabaja, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.

La impunidad reina en todos los territorios indígenas, no solo en Salitre.  Un día sí y otro también, llegan alertas de incendios, agresiones y amenazas de muerte por parte de personas no indígenas contra indígenas que decidieron recuperar lo que les pertenece por historia, ley nacional e internacional y humanidad.

El 16 de marzo, se lee en la página oficial de FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas):

“Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 a. m. del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.

La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca que ha pertenecido ancestralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtchö Wakpa Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021”.[ii]

Hasta donde sabemos, posiblemente hay más, están amenazadas de muerte tres mujeres recuperadoras de tierra: Doris Ríos Ríos, Mariana Delgado Morales y Clarita Quiel Torres.  Las tres habitan en diferentes territorios. ¿Qué están haciendo las instancias competentes para protegerlas?  Por lo que ellas narran, cuando tienen posibilidades de dar sus testimonios, nada; no reciben ninguna protección estatal.

Por otro lado, el 14 de marzo, circuló un audio de Pablo Sibar Sibar, dirigente de FRENAPI, en el cual expone las razones de la lucha, las amenazas que recibe continuamente y la solicitud expresa a don Carlos Alvarado para que intervenga y busque no solo solución al conflicto sino, también, protección a las personas que, como él, están amenazadas.  Es enfático al afirmar:

“No nos pidan que suspendamos las recuperaciones. Tengo cuarenta años de lucha. Y, en esos cuarenta años, siempre nos dijeron que tuviéramos paciencia y que el Gobierno arreglaría. Hoy, le toca a usted, señor presidente”.[iii]

Don Pablo Sibar es muy modesto al decir que son cuarenta años de lucha; en realidad, son 500 años de resistencia al despojo y al etnocidio.

Quizás, don Carlos Alvarado no recuerda sus promesas; han sido tantas; además, debe estar muy ocupado escuchando a los diseñadores de horizontes positivos que le encantan, cual sirenas mitológicas, con los paraísos fiscales donde habitan, sin conflicto, los grandes evasores. ¿Quién sabe?


[i] Jerez, M. (2019, marzo 19).  (Vídeo) Carlos Alvarado: «Este es un día trágico para todo Costa Rica». AmPRENSA. https://amprensa.com/2019/03/video-carlos-alvarado-este-es-un-dia-tragico-para-todo-costa-rica/

[ii] FRENAPI. (2021, marzo 16). ACCIÓN URGENTE. ALERTA TEMPRANA. Frente Nacional de Pueblos Indígenas.   

https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688

[iii] Sibar, P. (2021, marzo 14). Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida. Surcos digital. https://surcosdigital.com/pablo-sibar-envia-audio-al-presidente-alvarado-ante-amenazas-a-su-vida/

 

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