Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Ha concluido la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales desarrollada en México por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Bajo el lema “Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe” se desarrollaron actividades académicas, editoriales y culturales de toda naturaleza, en un momento clave para reposicionar el rol de las ciencias sociales críticas y reflexivas en un mundo en transición.
En su Asamblea Ordinaria se reflexionó acerca de la necesidad de incentivar el diálogo inter y multidisciplinario en especial con otras disciplinas y saberes como el arte y la cultura. En otros momentos, en esta columna hemos defendido el potencial de las artes como vehículo movilizador y transformador social. El camino está trazado.
Un resultado no esperado de la Conferencia, que movilizó al menos reacciones y pronunciamientos diversos, fue la situación experimentada por varias académicas y académicos que quisieron participar y que no les fue posible, como resultado de políticas migratorias restrictivas implementadas por las autoridades mexicanas.
Destaca en particular la situación vivida por académicos, académicas y congresistas provenientes de Cuba, Colombia, Brasil, Bolivia y Centroamérica, quienes fueron objeto de malos tratos, violencia e intimidación no más arribando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Incluso a muchos de ellos les fueron aplicados figuras como la detención y la deportación hacía sus países de origen.
Un pronunciamiento firmado por instancias como el Grupo de Trabajo CLACSO Fronteras: movilidades, identidades y comercios, Migraciones Sur-Sur, Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migraciones, Exilio y Repatriación/UNAM señaló este hecho, denunciando la arbitrariedad de las autoridades migratorias mexicanas y recordando además que precisamente este contexto pospandémico ha develado la complejidad adquirida por las movilidades humanas a escala regional.
Ciertamente, contrario a la expectativa de una desaceleración de los procesos migratorios como consecuencia del cierre de fronteras a partir de la emergencia sanitaria, el pronunciamiento citado indica cómo se profundizaron las situaciones y se ampliaron los perfiles migratorios (migrantes deportados, migrantes varados, migrantes de tránsito, migrantes en espera, solicitantes de refugio, migrantes con intención de retorno y migrantes encarcelados) develando la complejidad, el riesgo y la vulneración de los derechos para las personas involucradas a todo nivel.
Al tiempo que la Conferencia se llevaba a cabo y se sucedían estas incidencias en carne propia para personas académicas y congresistas, dos hechos hacían constatar la necesidad de seguir profundizando el abordaje sobre estos temas a nivel global y regional.
El primero de ellos, la formación de un nuevo corredor humanitario con más de 10.000 personas originado al sur de México, cuyo destino final sigue siendo Estados Unidos. El grupo fue disuelto días después, pero muestra la potencia de estas formas de lucha migrante, al decir de la colega mexicana Amarela Varela, y su rol político en medio de la despolitización de los movimientos sociales regionales.
El segundo hecho es una constatación empírica: el aumento de los desplazamientos forzados a nivel global, cuya cifra alcanza ya a más de 100 millones de personas. Esto fue indicado en un informe reciente publicado por la Oficina para las personas Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) que precisó el carácter expansivo de los desplazamientos forzados de personas en todo el mundo.
La tensión evidente entre control migratorio y protección de derechos aboga ahora más que nunca por nuevas formas de abordaje del tema. Personalmente hemos optado por el arte, específicamente la literatura, como un camino posible para procurar la sensibilización. Esperamos contribuir en esa dirección.
El Observatorio para la Acción Contra el Racismo le invita el próximo miércoles 06 de julio a las 4:00 p.m. a la conferencia magistral llamada “Mestizaje y racismo en América Latina”, a cargo de la Dra. Mónica Moreno Figueroa, Associate Professor de la Universidad de Cambridge quien visitará la Universidad de Costa Rica durante la primera semana de julio de 2022.
La conferencia contará con un espacio presencial en la Sala de Audiovisuales de Facultad de Ciencias Sociales en el 1er piso, y también con transmisión virtual por medio del Canal WebTV de la Facultad de Ciencias Sociales y por medio de las redes sociales: @ObcraUCR y el Centro de Investigaciones Antropológicas: @cianucr.
En un reciente informe de Naciones Unidas, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, analiza los efectos económicos y financieros del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, en América Latina y el Caribe.
Según Bárcena, el conflicto ocurre en un contexto de alta incertidumbre a nivel global asociada a diversos factores, entre los que destaca: el desigual ritmo de vacunación contra el COVID-19 y las nuevas variantes del virus, las presiones inflacionarias y la dificultad presente para mantener el estímulo fiscal, las tensiones comerciales y los riesgos en el sector inmobiliario de China, las disrupciones en las cadenas de suministro y la alza en los fletes, así como, los eventos extremos debido al cambio climático.
De acuerdo con el informe, este conflicto tiene un impacto en las economías de América Latina y el Caribe a través de los canales de transmisión de los efectos circunstanciales, principalmente el canal comercial (con efectos directos e indirectos), el canal de precios de las materias primas (incluidos los términos de intercambio y los problemas de inflación) y el canal financiero.
Los precios de productos básicos agrícolas y alimentos, la (in)seguridad alimentaria, la inflación, el desempleo y la pobreza son algunos de los efectos mencionados por la CEPAL como adversos, al contexto de incertidumbre y volatilidad que sufre hoy la Región.
Dicho informe fue presentado en el Diálogo de Alto Nivel “Escenarios ante el conflicto en Ucrania”, organizado por el Consejo Económico y Social (CES) de la República Argentina el 23 de marzo de 2022.
“Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales”. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica.Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra«, edición del 28/04/2022
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
Del 20 al 22 de abril del 2022, se reunió en Santiago de Chile la primera reunión de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (o «COP1» por las siglas en inglés de «Conference of Parties«).
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica, después de un largo proceso de negociación que duró 5 años, 7 meses y 7 días.
Su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe» (véase acta final de la novena ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).
Una Mesa Directiva creada en el 2018 y que culminó su tarea en el 2022
En esta última acta, se precisa que la Mesa Directiva del Comité de Negociación permanecerá integrada hasta la realización de la primera Conferencia de las Partes: esta Mesa Directiva está compuesta por Chile y Costa Rica, como copresidentes, así como por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes, Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto ) señalaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
¿Una Mesa Directica co-presidida por dos Estados que cuatro años después de su adopción, siguen sin haber ratificado el Acuerdo de Escazú (y uno de los dos no lo firmó sino hasta el 18 de marzo del 2022)? Así como se oye: es (lamentablemente) el espectáculo – algo peculiar – que ofrecen a la región (y al mundo) Chile y Costa Rica. Con relación a la región Caribe, cabe añadir que Trinidad y Tobago, al igual que Chile – hasta el 18 de marzo pasado – tampoco ha firmado el texto.
Este instrumento regional innovador desde muchos aspectos (Nota 1) ha sido firmado, a la fecha por 24 Estados de América Latina y del Caribe, de los 33 que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL): de estos 24 Estados que lo han firmado, 12 ya lo han ratificado, siendo los últimos en hacerlo Argentina y México en enero del 2021. Chile recientemente (marzo del 2022) inició su proceso de adhesión a este tratado regional; Costa Rica en cambio, sigue planteando interrogantes muy válidas (Nota 2). Con lo cual, de la precitada Mesa Directiva existente hasta esta primera COP, únicamente tres Estados son Estados Parte: Argentina, México y San Vicente y las Granadinas.
Para completar el panorama sobre firmas, ratificaciones o futuras adhesiones, permanece sin registrarse tan siquiera la firma la de los siguientes Estados: Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago así como Venezuela.
Esta cita en la capital chilena, a la que participaron los 12 Estados que ya son Estados Parte al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firma y ratificaciones), coincidió con las celebraciones del Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril) y vino acompañada de una lista de eventos paralelos organizados desde la academia y la sociedad civil extremadamente variados y muy diversos: de alguna manera, la capital de Chile se vistió de verde y de esperanza, y ello después de muchos años.
Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de nota del GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas): un grupo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
Una celebración para entidades muy diversas
Como bien se sabe, el Acuerdo de Escazú se adoptó en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato).
En el marco de las celebraciones observadas en Chile los días 20-22 de abril del 2022, los «Legisladores por el Ambiente» circularon un fuerte llamado a sus colegas en América Latina que aún no han logrado aprobar dicho instrumento, entre muchas iniciativas de muy diversa índole que incluyen las de varias ONGs y coordinadoras de comunidades indígenas (véase documentos sobre las mismas que circularon en la sección Insumos del público).
Las delegaciones de Costa Rica y de Chile, al igual que las de Colombia y Perú, participaron a la cita en calidad de Estados observadores, invitados a presenciar el evento: sobre la participación de Colombia, a través de su embajador en Santiago de Chile – una persona muy conocida por manifestantes, organizaciones sociales y familiares de muertos y heridos en protestas en Colombia del 2019 así como ONG en favor de Escazú (Nota 3) – remitimos a nuestros estimables lectores a esta interesante nota publicada en la prensa colombiana (El Tiempo, edición del 23/04/2022). Días después de publicada esta nota, el Comisario de la Unión Europea (UE) en Asuntos Ambientales en persona, durante su visita a Colombia, indicó (véase nota de El Espectador del 28/04/2022) que:
«A escala continental, creo que el Acuerdo de Escazú es un gran paso adelante para América Latina y el Caribe en el ámbito de las políticas medioambientales y de derechos humanos. Prestaremos todo nuestro apoyo a los proyectos que faciliten su aplicación. Y por cierto, esperamos que el Congreso colombiano lo ratifique lo antes posible«.
Es muy factible que, de mantenerse el indignante nivel de violencia contra la integridad física y la vida de líderes comunitarios, campesinos, ecologistas e indígenas que alzan la voz en algunos Estados de América Latina (empezando por Colombia), la UE recurra en el futuro a condicionar algunas de sus acciones en el continente americano al grado de cumplimiento del Acuerdo de Escazú. No se sabe aún qué efecto podría incluso también llegar a tener sobre las importaciones de ciertos productos o frutas tropicales por parte de la UE, el hecho que sus principales cámaras productoras se opongan a un tratado regional que busca proteger los derechos de quienes defienden el ambiente.
Hay que recordar que el Acuerdo de Escazú de 2018 sigue de muy cerca en cuanto a su contenido y a su estructura interna la Convención de Aarhus, adoptada para el continente europeo en 1998 (y que dicho sea de paso nunca ahuyentó a la inversión extranjera ni afectó negativamente a las economías europeas), con tres pilares principales: el primer pilar de Aarhus establece un conjunto de normas y requisitos para la divulgación por parte del Estado de información ambiental; el segundo pilar busca establecer un marco legal para la participación ciudadana en la toma de decisiones de carácter ambiental; y un último pilar trata del derecho a recurrir a la justicia en materia ambiental, en particular cuando se observa el incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el primer y segundo pilar (Nota 4).
Como punto de detalle sobre Colombia, a muy escasos días después de concluida esta primera COP, un primer avance fue registrado en su Senado, con relación a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase nota del ElEspectador del 26/04/2022). La coincidencia de esta decisión con la presencia del alto emisario de la UE puede recordar para algunos observadores el hecho que durante la COP26 celebrada en Glasgow, el Presidente de Colombia «radicó» con carácter urgente el Acuerdo de Escazú al Congreso para luego desentenderse de su suerte (véase nota de prensa de ElTiempo, edición del 1/11/2021).
Los defensores del ambiente en el centro de la atención
Esta primera cita formal del Acuerdo de Escazú reafirmó la importancia de las disposiciones que buscan proteger a los defensores del ambiente en América Latina y en el Caribe: como se ha escrito y divulgado desde su adopción, el Acuerdo de Escazú es pionero en el mundo (y se distingue de Aarhus) al ser el primer instrumento internacional en toda la historia del derecho internacional de los derechos humanos que contiene una disposición (Artículo 9) que busca proteger a los defensores del ambiente. Esta disposición específica se debe a una iniciativa conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú, que configuró lo que finalmente se convirtió en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú aprobado en el 2018 (véase la nota oficial presentada por este grupo de Estados a las demás delegaciones durante el proceso de negociación).
Muy recientemente en el sitio del programa DLR del Departamento de Estado de Estados Unidos (véase enlace) que financia acciones diversas en materia de derechos humanos y gobernanza, se pudo leer que.
«In 2020, Global Witness and its partners documented 227 murders of land and environmental defenders around the world, making it the deadliest year on record for advocates seeking justice in environment matters. Nearly three quarters of these killings (165) took place in Latin America, with Colombia, Mexico, Brazil, and countries in Central America accounting for most of them. Available data also reveals the disproportionate number of attacks targeting indigenous peoples who often live in remote locations and have limited access to resources to seek justice and redress. Additionally, women environmental defenders face intersecting and reinforcing forms of discrimination and violence rooted in misogynist gender norms and socioeconomic and political marginalization, which create additional barriers to participation in decisions impacting their communities«.
En esta COP celebrada en Santiago de Chile, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteraron de manera conjunta, la urgente necesidad de proteger a los defensores del ambiente y de implementar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase comunicado conjunto, pocamente divulgado en medios de prensa) al señalar que:
«En ese contexto, cabe reafirmar que el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
La titular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas externó en la clausura del evento que:
«El Acuerdo de Escazú es sin duda un hito porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de nuestra oficina, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra y el medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe» (véase comunicado final de la CEPAL)
La protección de los defensores del ambiente fue también objeto de un proyecto de decisión (véase texto integral de la Conferencia de las Partes, en el que se lee (punto resolutivo 4) que:
«Invita a las Partes y a todos los países de la región a incrementar sus esfuerzos para desarrollar y reforzar todas las medidas necesarias a nivel nacional, para garantizar los derechos de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales«.
Desde ya esta invitación está hecha, y no solamente a los Estados Parte, sino a los demás que aún no lo son. Desde esta perspectiva, cabe destacar la adopción en Perú hace un año, el 22 de abril del 2021, del Decreto Supremo 004-2021 (véase texto) del Ministerio de Justicia que establece un mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los defensores ambientales (véase al respecto nota de Actualidad Ambiental): una primera iniciativa de un Estado que aún no es Estado Parte (Perú ha firmado el acuerdo, su aprobación en el congreso siendo archivada debido a presiones de varios sectores, incluyendo militares), y que ya instaura una política pública acorde con los objetivos de Escazú, que amerita ser afianzada y replicada en varias latitudes del continente americano.
Resulta también oportuno mencionar que un Estado que sí es Parte al Acuerdo de Escazú como Nicaragua, registra una serie de asesinatos de líderes comunitarios e indígenas Mayagnas (véase nota de La Vanguardia del 19/03/2022, este informe de la FIDH del 2021 y este reportaje muy completo de diciembe del 2021 del medio digital Divergentes titulado «Viaje al infierno de los Mayagnas. «¡Aquí un cerdo vale más que uno de nosotros!» «) sin que a la fecha se conozca de una sola iniciativa estatal para frenarlos e investigarlos.
En setiembre del 2021, en un Estado que sí es Parte al Acuerdo de Escazú, el Senado de México decidió declarar como «Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales» el 17 de julio (véase nota de prensa de LaJornada del 30/09/2021 y Decreto reciente en este 2022).
Los demás denominados «proyectos de decisión» de esta primera COP organizada en Chile se encuentran todos disponibles desde ya en este enlace oficial de la CEPAL.
De algunos detalles de interés sobre los Estados Parte
La Conferencia de las Partes (o «COP») reunió a los delegados de los siguientes Estados: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Grenadinas, Santa Lucía y Uruguay, siendo este último el Estado que presidió esta primera COP.
En esta entrevista realizada por el medio Diálogo Chino (y publicada en la edición del 27/04/022) se pueden conocer las primeras impresiones del diplomático uruguayo que fungió como Presidente de esta primera COP del Acuerdo de Escazú.
Cabe señalar que algunos Estados Parte iniciaron con propuestas bastante sorprendentes: las ONG bolivianas debieron hacer ver a sus autoridades que limitar la participación de la sociedad civil en el marco de esta cumbre era todo menos una idea oportuna y aceptable (véase comunicado reproducido en esta nota del medio digital Servindi).
Por el momento, el Acuerdo de Escazú adolece en la COP de la participación formal como Estados Parte de los dos Estados que lo promovieron durante la fase previa de la negociación que culminó en marzo del 2018 con la adopción del texto final del tratado: Chile y Costa Rica. Una ausencia que ya tuvimos ocasión de analizar (Nota 5) y que merece una actualización.
El caso de Chile: una muy pronta rectificación
Como se recordará, el pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile firmó el Acuerdo de Escazú, dando así inicio a una campaña en pro de una pronta aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile. En su discurso (véase texto), el Presidente de Chile afirmó que:
«este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental y requiere un compromiso de todas y todos. Tenemos el desafío de construir un nuevo modelo de desarrollo que nos permita vivir en un ambiente sano, desarrollarnos de manera sustentable, conservar nuestra biodiversidad, frenar la degradación de las tierras, adaptarnos al cambio climático, y construir un país en el cual nuestras niñas y niños puedan crecer seguros y felices«
En una ceremonia muy emotiva, la máxima autoridad chilena indicó también que «Nos hemos demorado más de la cuenta«, permitiendo así a Chile enmendar un craso error de lectura de su antecesor en el cargo: el cual se empecinó en presentar «argumentos» indefendibles e insostenibles para no firmar este importante instrumento internacional regional. Las dos cámaras de Chile están a partir de esta fecha ambas abocadas a tramitar una pronta aprobación de manera que Chile rectifique cuanto antes la total incoherencia de la administración anterior.
Esta magnífica jornada en el Palacio de la Moneda en Santiago permitió ir cerrando el triste paréntesis para los derechos humanos y el ambiente que significó para Chile el período (2018-2022), e ir abriendo una nueva etapa que reafirme su indiscutible liderazgo en la región en materia ambiental y en materia de derechos humanos. En el caso del Acuerdo de Escazú, desde la academia y la sociedad civil intensos esfuerzo fueron llevados a cabo para intentar contrarrestar la campaña de desinformación promovida por sectores políticos y empresariales chilenos (Nota 6).
Como punto de detalle quedando por esclarecer en Chile, no está de más precisar el siguiente episodio: ante las fuertes críticas del sector social y académico en Chile contra las «razones» esgrimidas (de forma ligera y evasiva) por sus autoridades desde el 2018 para no firmar el Acuerdo de Escazú, en septiembre del 2020 un «documento» (véase el texto completo) sin firma, ni indicación de los departamentos del que procede, ni tampoco número de consecutivo, ni mayores detalles que toda buena administración pública incluye en cualquiera de sus oficios, fue divulgado por las autoridades chilenas, enlistando las «razones» que impedían, según ellas, a Chile firmar el texto y añadiendo nuevas que nunca habían mencionado antes. En lugar de la firma, en la parte final, nuestros lectores observarán que aparece simplemente la mención «Ministerio del Medioambiente – Ministerio de Relaciones Exteriores«. ¿Quién lo redactó? ¿Quién ideó y ordenó semejante originalidad para presentar argumentos insostenibles e impresentables ante la opinión pública? Es todo un misterio a la fecha en Chile.
El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones
Con relación al otro Estado que co-lideró con Chile las negociaciones del Acuerdo de Escazú durante 5 años, 7 meses y 7 días, Costa Rica, tenemos una situación bastante diferente: a un Poder Ejecutivo poco congruente y comprometido con el Acuerdo de Escazú, y a un Poder Judicial empecinado en complicar innecesariamente su aprobación, hay que añadir a un Poder Legislativo en el que sus actuales congresistas (que iniciaron labores en mayo del 2018 hasta el próximo mes de mayo) se han visto presionados por las cúpulas empresariales costarricenses, que desde el 2020 se oponen frontalmente al Acuerdo de Escazú con base en supuestos «argumentos«.
Recientemente (25 de febrero del 2022) la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú (véase eltexto de la carta) indicando que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y concluyendo su misiva solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país«.
Al respecto, cabe destacar que diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» (en abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR, y en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica) con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado. Al parecer enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos sectores en Costa Rica. Algunos juristas costarricenses se han abocado a descifrar y a explicar el alcance de estos verdaderos «mitos» y de lo que denominan «falacias» que han circulado en algunos sectores alrededor del Acuerdo de Escazú (Nota 7).
Tomando en consideración el antes mencionado programa del Departamento de Estado de Estados Unidos, sus directores podrían también incluir un rubro específico de capacitaciones sobre el Acuerdo de Escazú para los círculos económicos y políticos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Estados Unidos en América Latina: contribuyendo así útilmente a mejorar la protección de los defensores ambientales en la región. En Costa Rica, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM) también se ha opuesto a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase esta nota de prensa de La República del 24 del abril del 2021).
Un documental de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2021 titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú» retrata de manera bastante completa la posición de estas cámaras y de algunas de sus fichas políticas (véase video); este video fue completado por otro sobre los defensores del ambiente titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales» que también se recomienda (véase video) y que incluye una entrevista a un líder indígena asesinado en el 2020 en Costa Rica y a una lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en la región de Guácimo. En el 2019, un muy completo reportaje publicado en el medio costarricense Delfino.cr, cuya lectura se recomienda, evidenció los alcances de los efectos negativos de la piña en Costa Rica (sobre los que las autoridades y muchos medios de prensa costarricences omiten convenientemente referirse). Por alguna razón que no nos queda muy clara, estos dos videos que fueron producidos en agosto del 2021 desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR – y que incluyen una entrevista al mismo Rector – siguen aguardando (aún) ser difundidos desde las redes institucionales de la UCR.
En cuanto al resultado electoral en Costa Rica del pasado mes de abril del 2022, este indica que las posibilidades de ver pronto el Acuerdo de Escazú aprobado se han ido desvaneciendo. En días recientes, un muy completo artículo publicado en el medio digital Divergentes (edición del 19/04/2022) sobre Costa Rica y el Acuerdo de Escazú (cuya lectura recomendamos) hizo ver la gran deuda que Costa Rica acumula con relación a otro sector, cuyas legítimas reivindicaciones pasaron totalmente ignoradas por ambos contendores durante la segunda vuelta electoral: las comunidades indígenas costarricenses.
El 4 de marzo del 2022, fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumplió 4 años en medio de un silencio bastante notorio, tanto en medios de prensa como en otros espacios, indicábamos que Costa Rica estaba aún a tiempo de reconsiderar el hecho que no es Estado Parte al Acuerdo de Escazú.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Un importante evento se realizó por parte de la misma CEPAL en Costa Rica el 8 de marzo del 2022 sobre el Acuerdo de Escazú: se asoció para la ocasión al BCIE, al BID, al BIE, al Banco Mundial y a la OCDE en aras de explicar los alcances del Acuerdo de Escazú a los delegados de América Latina y del Caribe presentes a la cita, incluyendo a representantes de cámaras empresariales costarricenses (véase enlace con invitación y programa detallado). Sobre el Banco Mundial, referimos a su comunicado celebrando la entrada en vigor en el 2021 del Acuerdo de Escazú (véase texto). Por alguna razón que, desde nuestro punto de vista ameritaría ser explicada y conocida – o al menos investigada -, tanto el comunicado de prensa de CEPAL como el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica sobre esta importante reunión celebrada el 8 de marzo del 2022 pasaron totalmente desapercibidos en los principales medios de prensa costarricenses.
Sobre silencios y preguntas lanzadas al aire sin respuestas en Costa Rica
Más allá de los silencios que pareciera lograrse a veces obtener en el espectro mediático costarricense, recientemente, desde el medio digital también costarricense de Delfino.cr, nos permitimos externar algunas preguntas sencillas a diversas cámaras empresariales costarricenses y a su fichas políticas: preguntas que, a la fecha, no nos han querido contestar. Al parecer la discusión y el debate no son la tónica de algunos en Costa Rica. Se las volvimos a externar en ese mismo medio más recientemente (Nota 8).
Lo que llama la atención es que al no conocerse de ninguna cámara empresarial que haya desdicho o matizado públicamente las aseveraciones en contra del Acuerdo de Escazú hechas por varias de sus influyentes homólogas, pareciera que estamos ante algo más que una simple tónica, y que ameritaría (también) ser investigado. No está de más señalar que las autoridades costarricenses a cargo del ambiente, del comercio exterior y de la economía tampoco han sentido desde el 2018 necesidad alguna de desdecirlas, en particular sobre los supuestos «efectos negativos» para la inversión extranjera y la economía que acaerría la aprobación del Acuerdo de Escazú.
En un artículo publicado el pasado 18 de marzo en Costa Rica, fecha en las que se conmemora también, en Costa Rica, la muerte de Sergio Rojas, líder indígena asesinado en Salitre el 18 de marzo del 2019, señalábamos que:
«Para quienes, en Costa Rica, pero también en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Paraguay y en Perú siguen dudando del Acuerdo de Escazú, podrán observar que a partir de mañana no sale huyendo de Chile la inversión extranjera, ni se crea inseguridad jurídica, ni la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental invade el derecho penal chileno poniendo en entredicho el principio de inocencia y el Estado e Derecho. Nada de esto que prevén las cámaras empresariales que va a ocurrir si Costa Rica ratifica el Acuerdo de Escazú se observó en ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: ni en Argentina, ni en Bolivia, como tampoco en Ecuador, ni tampoco en México, y mucho menos en Panamá«.
¿Primeros efectos de la COP?
Como indicado anteriormente, a muy escasos días después de concluida esta primera COP, en Colombia se registró una decisión en su Senado, con relación a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase nota del ElEspectador del 26/04/2022). ¿Efecto directo o simple maniobra política de cara a la visita en Colombia del funcionario de la UE en materia ambiental con mayor rango dentro de la estructura de la UE? Planteamos simplemente la duda.
En Costa Rica en cambio, no se ha observado ninguna iniciativa por parte de sus legisladores salientes (lo fueron hasta el 30 de abril del 2022) con relación al Acuerdo de Escazú. Las nuevas autoridades ambientales electas, cuya designación ha provocado fuertes reservas en el sector ecologista (véase nota del Semanario Universidad del 22/04/2022) al parecer, ya están tensando (innecesariamente) las relaciones con varias agrupaciones ecologistas por algunas de sus declaraciones (véase nota de SurcosDigital del 26/04/2022). Con relación a noticias de agencias internacionales, este cable de la agencia española EFE ilustra desde su mismo título la total inconsistencia que exhibe Costa Rica ante el resto de la comunidad internacional.
Más generalmente, con relación a Costa Rica pero también a los demás Estados en Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), en Suramérica (Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela) y en el Caribe (Bahamas, Barbados, Cuba, Haití, República Dominicana así como Trinidad y Tobago) que mantienen aún sus distancias con el Acuerdo de Escazú, pese a observar en algunos de ellos cómo se intimida y se elimina físicamente a líderes de pequeñas comunidades campesinas o indígenas que alzan la voz, hacemos nuestras las reflexiones de un valioso artículo escrito por dos juristas chilenas titulado «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú» en las que señalan, con una claridad meridiana que no puede dejar indiferente a nadie, que:
«Con justa razón se ha destacado que el Acuerdo de Escazú es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Gracias a esta doble dimensión, los compromisos que los Estados han asumido en favor de un desarrollo sostenible —así como aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos— se ven reforzados gracias a nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y sostenibilidad. Sin duda, en la región más desigual del mundo y de mayores ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú goza aún de una mayor justificación» (Nota 9).
A modo de conclusión
Es muy probable que la ausencia de Chile y de Costa Rica entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú haya influido en otras latitudes, al ofrecer a sus principales detractores un argumento tan inesperado como sorprendente para muchos. Un falta de visión política en ambos Estados, cuyos efectos trascienden las fronteras de sus respectivos territorios, dejando en situación de total indefensión a muchos defensores del ambiente que viven una realidad mucho más dura y crítica que la que pueden vivir los defensores del ambiente en Costa Rica y en Chile.
No obstante, Chile en este 2022 parece estar a las puertas de enmendar este error y ello es de celebrar. No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena. Le deseamos desde ya muchos éxitos en sus nuevas funciones en la administración del Presidente Gabriel Boric, cuyo emotivo y comprometido discurso en esta primera COP (véase texto) no pasó desapercibido: estamos seguros que Chile será el próximo Estado en aprobar este innovador tratado regional.
El pasado 3 de mayo del 2022 , el primer pasó se dió en esta dirección en Chile (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo que reproduce un cable de la agencia de noticias EFE). En cambio, este 4 de mayo la agencia de noticias alemana DW (véase nota) reportó lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como previsible, va en la dirección exactamente opuesta.
– – Notas – –
Nota 1: Sobre el Acuerdo de Escazú, dos muy recientes obras colectivas de universidades de Colombia y de Argentina merecen particular mención al lograr un análisis pormenorizado de su contenido y de algunas de sus principales disposiciones. La primera es: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L, TORRES V. (editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, CEPAL /Universidad del Rosario de Colombia, 2021 (298 páginas), texto completo disponible aquí. La segunda es: NAPOLI A., PRIEUR M., SOZZO G. (editores), Acuerdo de Escazú : hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Universidad del Litoral (Argentina), Colección Ciencia y Tecnología, 2020, 330 páginas, texto completo disponible aquí. Una bibliografía sobre Escazú (tesis, artículos) en diversos idiomas preparada por GNHRE (a la fecha de octubre del 2021) está también disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «¿Escazú sin Costa Rica? Así como lo oye, por más extraño suene«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 8 de mayo del 2021, disponible aquí.
Nota 3: El ahora diplomático Guillermo Botero fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y los movimientos sociales negociaron con las autoridades colombianas las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles que se mantenían muy movilizadas a nivel nacional: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación. Entre muchos esfuerzos para contarrestarla, el talentoso equipo de comunicadores de LaPulla en Colombia realizó un video de gran calidad, que busca explicar y responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos y económicos colombianos opuestos al Acuerdo de Escazú, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacerse los congresistas» (disponibleaquí).
Nota 4: Sobre las relaciones entre Aarhus (1998) y Escazú (2018), véase JIMENEZ GUANIPA H., «El Acuerdo de Escazú y el Convenio de Aarhus en el marco de la democracia ambiental«, Ideas Verdes, Heinrich Böll Stiftung / Colombia, diciembre del 2020, texto disponible aquí. Sobre la probable interacción entre Aarhus y Escazú antes de la aprobación final en el 2018 del texto de Escazú, véase DELZANGLES H. «L’accès à la justice dans le projet de convention sur l’information, la participation et l’accès à la justice en Amérique du sud et aux Caraïbes : analyse comparée avec l’article 9 de la Convention d’Aarhus», in BÉTAILLE J. (directeur), Le droit d´accès a la justice en matière d´environnement», Toulouse, Presses de l´Université de Toulouse Capitole,2018, pp.79-90, texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita como los demás a… ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 6: Véase en particular DURAN V. & NALEGACH C., «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú«, Perspectivas, Cuadernos de Derecho Ambiental, Noviembre del 2020, texto disponible en este enlace de la Universidad de Chile, que concluyen señalando que: «Estimamos se produce un giro inédito que marca una incongruencia respecto de dos de los tres principios de la Política Exterior chilena, de la “promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos” así como el de la “responsabilidad de cooperar” ante las graves situaciones que como el cambio climático, las epidemias, y la degradación del medio ambiente, requieren una acción conjunta. A nivel interno, Chile pierde la oportunidad de trazar una agenda para mejorar en los derechos de acceso de manera progresiva y sin retrocesos, así como la oportunidad de aprender de los países vecinos y de las buenas experiencias. A nivel internacional, Chile pierde toda credibilidad con los países comprometidos con estos derechos y se torna aún más complejo al continuar su presidencia en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático«.
Nota 7: Véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviebre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos«, Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: primera COP1 (sin Costa Rica)«, Delfino.cr, edición del 20 de abril del 2022, disponible aquí.
Nota 9: Véase ASTROZA P. & NALEGACH C., «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú«, Fundación Carolina, Serie Documentos de Trabajo, Número 40, 2020, p. 28. Texto completo disponible aquí.
Una versión en inglés de este mismo texto se encuentra disponible en este enlace. A version in English of this text is available here.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
A partir del anuncio del acuerdo para la creación un impuesto mínimo global sobre corporaciones anunciado por la OCDE/G20 a fines de 2021, la ISP quiere discutir y presentar desde una perspectiva sindical: lo qué es ese acuerdo inédito, qué significa en términos de justicia fiscal para las distintas realidades nacionales latinoamericanas, los próximos pasos de implementación y como el movimiento sindical puede incidir al largo de ese proceso.
En esta tercera cápsula, Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR (Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica), discute sobre la relevancia que tiene el conflicto armado actual entre Rusia y Ucrania, también conocido como la Guerra del Dombás, sobre los mercados y la política internacional.
El conflicto tiene un trasfondo histórico en la geopolítica y los mercados internacionales, donde los Estados Unidos buscan retomar la hegemonía que tenían sobre los mercados asiáticos y europeos. Por consecuencia, se está afectando el mercado y las relaciones entre China y los países europeos. Los cambios económicos, en particular el precio del petróleo, tienen efecto sobre las tasas de inflación y migración, pero sus efectos se pueden observar alrededor del mundo, incluyendo en América Latina.
Este 25 de marzo se le invita a participar en la reunión “Desafíos y oportunidades que conforman América Latina para cumplir con los ODS conectados con la política y la gestión del agua”. Este evento forma parte de las actividades conjuntas que realizan la red Waterlat-Gobacit, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas (Contaguas).
La reunión se realizará en el siguiente horario
Centroamérica 14 hrs
México, Panamá, Colombia, Perú: 15 hrs
República Dominicana y Bolivia: 16 hrs
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17 hrs
Por medio de Facebook ISP- Interamericas o en los canales de YouTube de la red Waterlat y ISP.
Si desea participar en la reunión por favor inscribirse en el siguiente enlace:
La ley del mercado está en pleno desarrollo, lo de las quiebras de algún sector del empresariado gasolinero lo pone en blanco y negro en tiquicia y es efecto visible a la luz de la coyuntura geopolítica mundial, junto con la inflación que apenas inicia su posible carrera galopante, mientras no se vislumbran reales medidas anticíclicas, como una compensación de los salarios de toda la PEA nacional, esto en razón claro esta de la rigidez dogmática de la regla fiscal introducida en la ley 9635, norma grotesca que se cae a pedazos (lleva al menos 16 reformas), siendo evidente la necesidad de otra regla fiscal.
El reacomodo de fuerzas en el nuevo tiempo y espacio geopolítico mundial en desarrollo presenta riesgos y oportunidades para los actores sociopolíticos y provoca una nueva especie de relacionamiento entre los centros de poder post guerra fría y los Estados.
Este elemento genera un cambio de rumbo y nuevas actitudes y aptitudes humanas dentro de los grupos de poder a nivel de actores económicos y financieros globales y sin duda repercute en sectores, regiones, lo cual cambia las reglas del juego de quienes juegan esta partida de ajedrez en esta obra de una nueva redistribución del poder mundial.
Este fenómeno en pleno desarrollo coloca a América Latina en un contexto complejo y ante las repercusiones de las medidas unilaterales (no sanciones, pues no surgen de la ONU y violentan el derecho internacional), de EEUU y OTAN, contra la Federación Rusa, se han activado efectos e impactos que tendrán distintas tonalidades, sabores e intensidades en el corto, mediano y largo plazo.
Curioso resulta ver el abordaje actual de EEUU en lo militar, el cual podría estar siendo cauteloso ante su retraso tecno-militar y su estado de situación política, económica, social y financiera (inflación del 7.5% y con tendencia al alza, lo mismo que la zona euro), interna actual, que es dicho sea de paso diametralmente distinta a otros momentos donde el destino manifiesto tenía posiblemente más potencia.
Por tanto, el desenlace de este caso Rusia-Ucrania, podría dar un viraje que potencie un empujón fuerte para un nuevo mapa geopolítico global y un mundo más multicéntrico, dadas las debilidades estructurales endémicas de los EEUU y las visibles de la OTAN en lo militar y otras esferas, teniendo claro que también tienen fortalezas, las cuales serán utilizadas en el campo de la negociación política en franco desarrollo.
De igual forma desde hace años atrás hemos presenciado el proceso de claro avance del bloque Rusia-China que tendrá efectos reales en unos 10 años, y otros países euroasiáticos y del medio oriente, que están conformando ese nuevo mapa geopolítico de pesos y contrapesos supra.
Todo esto desnuda también las debilidades internas de EEUU y la OTAN en su decisión actual (con posible mal cálculo en el tiempo político), que parece generó la decisión de Putin en el plano militar (que es lo mismo que exigía John F. Kennedy con la crisis de los misiles en Cuba), sin dejar de decir que en el plano económico y financiero posiblemente hayan tenido previamente su propia previsión y que parece tuvieron una lectura errónea del estado de situación real de Rusia.
Sin duda alguna, esto pone a jugar a América Latina en las grandes ligas y en particular a países como Venezuela, México, Cuba, entre otros, en razón del petróleo tan cercano y de menor costo de traslado, ya que al no tener EEUU, el petróleo Ruso, o el gas ruso la OTAN, todo en razón de las medidas unilaterales de Biden, que no sigue hoy día al pie la OTAN, evidenciando fisuras (disparo en el pie), tanto EEUU, como la Unión Europea requieren un plan B que implica flexibilizaciones políticas temporales.
De hecho, ya hemos asistido a reuniones oficiales, diplomáticas y más visibles, calificadas por el propio Nicolás Maduro como respetuosas y que han tenido lugar en Caracas entre el Gobierno oficial de Venezuela (reconocido por Biden), y la delegación de EEUU.
En fin, debemos ver la actual situación con luz larga, pues si la vemos con la corta podríamos tomar e inducir a yerros peores para el país (lo cual incluye lo electoral entre Chaves y Figueres), pero peor aún, generar mayor afectación a las futuras generaciones y este es y debe ser entre otros temas parte de la agenda de los movimientos sociales y en particular de la dirigencia sindical costarricense.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical SIFUPCR 27 de enero
Sin pretender la más mínima profundidad y desde una modesta mirada, nos parece que una mezcla de inteligencia emocional y social, de tolerancia, perseverancia, flexibilidad táctica y estratégica, trabajo de base, trabajo intelectual y académico comprometido, junto a una política de alianzas real, ecléctica, diversa y plural, dan como fruto concreto un triunfo popular a las fuerzas progresistas de honduras, tras 12 años de trabajo disciplinado, que no dudamos pondrán un freno al saqueo.
No parece caber duda de que los resultados y la ventaja numérica del triunfo en las urnas de la ahora juramentada Iris Xiomara Castro Sarmiento, son el resultado de un vínculo programático con sectores sociales, que además refleja un enfoque altamente progresista, que se ve reflejado en el discurso de toma de poder de hoy en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, abarrotado por al menos unos veintidosmil seres humanos.
La visible algarabía popular y el contenido político del discurso proclamado coloca de relieve una aspiración de proceso nada fácil que impone atiempar decisiones de corto plazo que como vimos buscan impactar, pero que deben conllevar el enfoque estructural y estratégico, ya que, al día de hoy nuestro vecino país, alcanza un 74% de pobreza, solo para hacer una cita aislada.
Queda claro que este triunfo se inserta dentro de la nueva etapa en desarrollo del progresismo en américa latina y que contrasta con los sectores oligárquicos internos y externos, que sin duda mantienen feudos de poder en la estructura sistémica, sin descartar algunos posibles caballos de Troya, que esperamos sean minoría en el Ejecutivo de ese país, entendiendo además la conformación del legislativo, pero teniendo la esperanza de que 12 años de trabajo hayan logrado consolidar una base social plural, pero que soñamos tenga la confluencia de privilegiar acciones para las mayorías pobres.
Es decir, si realmente Honduras y sus renovados liderazgos apuestan ante esa batalla ganada (no guerra), a cambios estructurales, pero sobre todo aspiran a un proyecto que dé los primeros pasos seguros hacia una nueva subjetividad popular que coloque desde diversos espacios valores humanistas, con contenidos distintos a los del capitalismo salvaje, veremos posiblemente como el reto emprendido se va consolidando, aunque entendemos plenamente el elemento geopolítico regional y mundial que es parte del contexto.
Visto esto así, superficialmente, lo acaecido en Honduras, no es algo menor y no nos debe caber duda que de esos procesos y de la nueva etapa de progresismo debemos hacer lectura en función de la situación actual por la que atraviesa el país, esto en términos de lo que está en juego para el próximo mes y los escenarios políticos que están por consolidarse pronto.
Asi las cosas, el punto que aspiramos establecer para el caso de Costa Rica, aspira a que pongamos la luz larga posterior a la etapa que sigue post proceso electoral. Es decir, más allá de lo que pase el 06 de febrero 2022, el cómo quede dibujado el nuevo mapa político nacional, debe imponer una alianza para la resistencia social y este es el reto político mayor en caso de consolidarse la profundización del modelo de desarrollo que tiene al país dentro del top 10 de desigualdad del continente.
Ahora bien, los desenlaces post 06 de febrero, pueden establecer diversos escenarios, por un lado, si se consolida una ventana de oportunidad política en Zapote y en el Congreso, esa obligación que indicamos de imponernos una tarea política de unidad básica, con una agenda progresista, resulta ser de repente más fácil, pero igualmente más necesaria.
Caso contrario, es decir, si los poderes fácticos (los que el pueblo no atina a descifrar por diversas razones), y sus marionetas sistémicas enquistadas como cáncer en la institucionalidad, logran consolidar sus objetivos, ayudados por el distorsionador poder mediático que opera como un imperio controlador de los sueños y sentidos, la responsabilidad histórica de unificarse es mayor, pues la patria se hundirá más en la pobreza, la exclusión, la acumulación de la riqueza, el flagelo del hurto de impuestos, la corrupción y muchas cosas más.
En tal sentido, los seres humanos dirigenciales visibles en el conglomerado socio-sindical y otros y otras dirigencias intersectoriales del país, que igualmente son desconocidos gigantes, tendrán nuevamente la oportunidad de empezar a construir la resistencia para la reversión del modelo antihumano de desarrollo nacional y en caso de no lograr nuevamente ponerse de acuerdo, tendrán una alícuota de responsabilidad con relación al derrotero que prosiga el país, después de febrero y abril 2022.
La minería y las prácticas extractivistas se encuentran a la orden del día en muchos países de América Latina, esto genera una gran preocupación porque los más afectados resultan ser las pequeñas comunidades rurales, que a mediano o largo plazo presentan problemas ambientales, algunos de carácter irreversible, problemas en la salud pública debido a la contaminación de aguas o subsuelo y problemas socioeconómicos causado por los bajos salarios a los se ven obligados cientos y miles de trabajadores.
Este tipo de prácticas son permitidas por las autoridades gubernamentales, quienes generan políticas públicas en beneficio de grandes empresas transnacionales, mediante la creación de leyes, sin consultar previamente a las comunidades, con proyectos que poseen pocos o nulos estudios de viabilidad. Incluso con contratos acompañados de prórrogas con largos plazos, con pagos exorbitantes en caso de finiquitar un acuerdo o bien, con la permisibilidad de las instituciones para que las empresas operen al margen de la ley.
Siguiendo este tema, se encuentra la preocupante situación en Panamá, que en el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de ese país señaló que el contrato entre la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) y el gobierno era inconstitucional; no fue hasta diciembre del 2021 que se publicó en la Gaceta Oficial dicha sentencia. Esta maniobra implica un futuro incierto para las comunidades y el medio ambiente que se señala en el siguiente comunicado realizado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales que puede descargar a continuación.
