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Etiqueta: América Latina

¡Basta ya! de la farsa de Juan Guaidó en Venezuela

Lic. José A. Amesty R.

Recordemos que Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el 23 de enero del año 2019, se autoproclamó, en una plaza pública, Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo al Presidente electo constitucionalmente Nicolás Maduro Moros.

Posteriormente, e inicialmente fue reconocido por alrededor de 50 países, entre los cuales se encuentran: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Paraguay; el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y el Grupo de Lima.

Mencionando, además, que gracias a Donald Trump, a su apoyo, al “arriarlo”, pone de moda el término “autoproclamado”. La verdad ineludible, es que Guaidó fue y está avalado, financiado, apoyado por Donald Trump y los Estados Unidos de Norteamérica, como Imperio actual.

No obstante, y sin duda alguna, en el contexto de la Revolución Bolivariana, Juan Guaidó, es el usurpador no reconocido por la mayoría del pueblo venezolano. No fue ni siquiera candidato en mayo del 2018, cuando se celebraron las elecciones legítimas y legales en Venezuela, para escoger al Presidente, nadie lo eligió; fue un tipo que escogieron para interpretar el rol de líder “popular”.

Guaidó era prácticamente un desconocido en la escena política de Venezuela, cuando en una plaza pública y sin cumplir ninguno de los preceptos constitucionales, se auto juramentó como presidente encargado.

En términos más políticos, está al servicio de una operación intervencionista de recolonización desde el extranjero. Viola la Constitución venezolana, negociando la entrega de las riquezas a las transnacionales, a los privados; eliminando el control del Estado sobre el petróleo y el gas, aparte de subordinar las negociaciones a los Tribunales Internacionales, entre otras medidas.

En general, Guaidó no fue, en ningún momento, ni es presidente de Venezuela, está actuando al margen de las leyes constitucionales venezolanas, por lo tanto, puede ser enjuiciado por tal actitud.

Igualmente, para recordar que, entre las atribuciones, más importantes, del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela están: Cumplir y hacer cumplir la legislación de Venezuela. Nombrar y destituir al Vicepresidente Ejecutivo, así como nombrar y destituir a los ministros. Dirigir las relaciones exteriores de la República, celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución. Administrar la Hacienda Pública Nacional. Nombrar y destituir aquellos funcionarios cuya designación le atribuye la legislación. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Autorizar y ejecutar las extradiciones, liberación de presos, entre otras.

Nos preguntamos, Juan Guaidó, en su supuesto mandato, ¿ha ejercido o ejecutado alguna de estas atribuciones? Por supuesto que no.

Groseramente, si ha influenciado a varios de los países que lo apoyan, para desconocer, por ejemplo, a las autoridades diplomáticas en esos países, desconociendo y usurpando las tareas de las embajadas y consulados, así como los embajadores y cónsules.

Conocemos de los problemas, angustias, dificultades y tristezas, de muchos venezolanos/as, que estando fuera de su país, no pueden renovar o adquirir pasaporte nuevo, u otro documento, ante la inexistencia de autoridades legales, ya que el país por ejemplo (Costa Rica), no reconoce a las autoridades venezolanas, sino a las del usurpador Juan Guaidó.

En este sentido, es significativo, lo que señala el funcionario y miembro del partido de gobierno en Costa Rica, Partido Acción Ciudadana PAC, Federico Picado, “Creo que el Presidente Alvarado y el Canciller Solano, deben prepararse para repensar y replantear las relaciones con las autoridades legítimas de Venezuela. Con la derrota de Trump, desaparece Guaidó, y en consecuencia llega a su fin una política que fracasó, que no condujo a nada, que nuestro gobierno apadrinó, y que el único que pagó las consecuencias fue el venezolano de todos niveles y colores, pues las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Trump y Pompeo, y sus consecuencias internas humanas y materiales, no hicieron distinción alguna entre chavistas, opositores e independientes. El Presidente y el Canciller, no pueden seguir ignorando una realidad objetiva por razones ideológicas, a la espera de la mano piadosa del norte. Han desconocido la dinámica propia de un país, que ha soportado todas las agresiones posibles exceptuando la agresión e intervención militar directa del imperio. Creo que llegó la hora de tender la mano sin imponer condiciones y que gane espacios la política y la sensatez con relación al abordaje de la situación de Venezuela”.

Y es cierto, ante las elecciones parlamentarias en Venezuela, el 6 de diciembre, Guaidó ya no es ni diputado, ni mucho menos Presidente. Aún, pese al saboteo y la abstención, la Asamblea Nacional venezolana, está ahora en manos de una mayoría chavista, y los países que apoyaron la aventura de Guaidó, deben recapacitar, considerar y reconocer ahora, a los actuales diputados y diputadas, incluido a Nicolás Maduro Moros, como genuino y legítimo presidente electo constitucionalmente.

Es más bien, un inepto con acusaciones recientes de ser corrupto y ladrón de fondos, para su aventura política de “autoproclamado”. Se ha revelado, por la prensa, incluida la prensa opositora al gobierno bolivariano, ‎el súbito enriquecimiento de los familiares de Juan Guaidó, comprobado desde que el “presidente ‎interino” y sus colaboradores tienen acceso a los activos del Estado venezolano “confiscados” ‎por Estados Unidos. La prensa opositora también ha divulgado historias de supuesta complicidad, ‎entre altos funcionarios del gobierno y algunos diputados opositores.

Es abiertamente conocido, como una ficha a utilizar por USA, aunque ya va a ser desechado, según algunos partidarios de la oposición venezolana. Bufón del Imperio e incompetente.

Pasadas las elecciones parlamentarias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho, que su cargo ha quedado ratificado y «recontraratificado», por el amor, el voto y la pasión del pueblo bolivariano, luego del rotundo triunfo del chavismo en las elecciones legislativas, en las que no participó la oposición que representa el líder opositor Juan Guaidó.

Juan, por su parte, reiteró sus denuncias de fraude en las elecciones, alegando que no participó, porque los comicios no cuentan con las garantías suficientes para que sea un proceso transparente.

Como dice un dicho popular, son “pataleos de ahogado”, se aferra a un sillón presidencial ficticio, argumentando que el Gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo, pese a ser reconocido por más de 135 naciones, frente a 50 países que le brindaron a Guaidó su respaldo inicial.

Como ya intuimos, a partir del 5 de enero 2021, los gobiernos que lo apoyaron en enero de 2019, y no renovaron su confianza, al menos de manera pública, tendrán que dar un paso al frente y manifestarse al respecto, dichos apoyos o rechazos son vinculantes y de valor práctico.

Deseamos ya casi finalizando, destacar un elemento que alude al pernicioso y recurrente ataque sobre la acusación de la “dictadura de Maduro”. Cómo es posible, que luego de unas elecciones parlamentarias legales, constitucionales, con veedores internacionales, se permita que un impostor (Juan Guaidó), primero, llame “tirano”, “impostor”, “usurpador”, al Presidente que de verdad está ejerciendo (Nicolás Maduro); segundo, que éste último, permita, que el autoproclamado, pueda aparecer y circular en el país, ante la opinión pública; tercero, organizar una consulta popular, con unos supuestos 7.000 centros de recepción de votos, y finalmente, salir campante sin ser molestado por los agentes de seguridad del Estado o la policía política del “dictador” de turno.

¡Imagínense qué le habría ocurrido a quienes, durante algunas de las dictaduras acaecidas en América Latina, hubiesen instalado no 7.000 sino, 7 centros de recepción de votos para expresar su repudio al régimen! Habrían sido arrestados al instante, probablemente torturados hasta morir y desaparecidos sin dejar rastros.

Finalmente, el año 2020 ha sido para Juan Guaidó, el año de su máximo truco ilusionista y el de su caída que ya parece indetenible. La caída de la ilusión está sucediendo en estos momentos.

Parece inevitable que el invento Guaidó termine por apagarse. Su historia política, desde su reconocimiento en enero del 2019, por parte de Trump, es una sucesión de errores e incapacidades.

Su progresivo declive venía sucediendo sin demasiado impacto. Su incapacidad para proponer algo nuevo (o incluso repetir algo viejo) quedaba tapada por las casi semanales sanciones anunciadas por Estados Unidos, en el marco de un bloqueo férreo, persiguiendo barcos y navieras para que no comercie petróleo con Venezuela.

¿Hasta cuándo seguirá el respaldo a Guaidó? Lo que es seguro es que Guaidó no hizo lo que debía hacer, y deben existir otros planes en vista de sus fracasos. Como señalan los dichos populares: “a Guaidó, solo le queda una presidencia virtual en el país de Narnia”.

Corte Penal Internacional: de cara a la elección de jueces titulares

Nicolas Boeglin

En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.

En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).

En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:

«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.

The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.

It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.

Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).

Las elecciones del 2020 en breve

En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).

Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.

En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).

Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.

Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).

Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).

América Latina, mujeres y justicia internacional

Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).

En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).

En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:

– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).

A modo de conclusión

Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).

Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.

En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.

Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.

–Notas–

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

 

Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos

Boaventura de Sousa Santos

El texto Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos; es una obra elaborada por Boaventura de Sousa Santos junto a otros autores y autoras bajo el sello de CLACSO y está disponible en la plataforma digital para descarga gratis.  Este material pone en evidencia la situación de crisis que se vive a nivel mundial y que se ha atenuado con la pandemia del COVID-19, mediante este recurso lo que se propone es reflexionar y construir una alternativa progresista, abarca los siguientes apartados:

Capítulo 1. El nuevo interregno
Capítulo 2. La articulación entre fuerzas de izquierda: el caso portugués
Capítulo 3. Brasil: la fractura del desgaste de gobernar
Capítulo 4. Colombia: la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio
Capítulo 5. México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad
Capítulo 6. España: la fractura de la identidad nacional

Además, en el texto se incluyen otros ensayos sobre la realidad latinoamericana tales como:

Ecuador: del centro al fin del mundo
Evo Morales: el indio fuera de lugar
La nueva Guerra Fría y Venezuela
Soplan vientos favorables desde España
Las venas abiertas de Nicaragua
Carta abierta al presidente Iván Duque
Para alimentar la llama de la esperanza

El prólogo del texto está a cargo de Karina Batthyány (Secretaria Ejecutiva, CLACSO) y Nicolás Trotta (Ministro de Educación, Argentina); y expresa lo siguiente:

La pandemia del COVID-19 evidenció la imperiosa necesidad de construir una nueva alternativa progresista ante una crisis social y ambiental de una extraordinaria gravedad y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.

Frente a esta situación terminal, la tarea crucial y más urgente para los partidos y frentes políticos progresistas y las redes comunitarias y colectivos de cientistas sociales críticos consiste en construir horizontes allí donde hoy hay abismos. Si la ideología dominante postula que, ante el modelo de acumulación capitalista neoliberal no hay alternativas, nuestra tarea es fabricar bisagras políticas y conceptuales que articulen el pasado con el presente, enhebrando narrativas capaces de proyectar una nueva agenda social organizada en torno a, por lo menos, tres tareas: un trabajo de reconceptualización y profundización de la justicia social –que no es otra cosa que colocar por encima de los intereses sectoriales una política del bien común–; el reconocimiento y la sanción de nuevos derechos –especialmente dirigidos hacia grupos históricamente excluidos: las mujeres y las disidencias sexuales, las infancias y juventudes, las afrodescendencias, los pueblos originarios–, y una política orientada al cuidado y preservación del ambiente en el que vivimos –es decir, la casa de todos y todas–.

Los desafíos que estamos llamados a enfrentar tienen lugar en un momento histórico inédito cuyo principal actor venía desplegándose con toda su fuerza hasta la pandemia: las fuerzas neoliberales han hegemonizado la agenda global con el propósito excluyente de acelerar la concentración de la riqueza. Bajo los auspicios del capital financiero global, como nunca antes, un grupo reducido de personas ha concentrado un volumen de riqueza extraordinariamente grande; nunca antes, tampoco, las economías de los países estuvieron tan a merced de poderosos grupos financieros como lo están ahora, poniendo en jaque la soberanía política y la independencia económica, herramientas imprescindibles para el desarrollo sostenible de una sociedad.

Ante este escenario global, el mapa de América Latina se encuentra en un estado de reconfiguración permanente. En los dos últimos años se sucedieron de manera vertiginosa acontecimientos políticos que pueden ser hilados con la calma de quienes reconstruyen trozos del pasado, pero para quienes vivimos y palpitamos el ritmo diario de la gestión deben ser rápidamente enumerados: la victoria de Andrés Manuel López Obrador –poniéndole fin a un largo ciclo de gobiernos neoliberales en el país azteca–; el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hacia fines del 2019 –cuyo enorme desafío consiste en poner de pie un país devastado por las políticas neoliberales impulsadas por la coalición Cambiemos–; la libertad de Lula tras 19 meses de detención arbitraria, los estallidos sociales que irrumpieron en octubre en Ecuador y entre octubre y febrero de 2020 en Chile y que dieron lugar posteriormente al referéndum histórico que dejará atrás la Constitución pinochetista –dando cuenta de la enorme vitalidad de los movimientos populares en todo el continente–; el golpe de Estado en Bolivia y el triunfo por la vía democrática de los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca –que permitió el retorno tras el exilio a Evo Morales. Son algunas postales de nuestra historia reciente que invitan a la esperanza y nos recuerdan que la historia es tornadiza y no puede ser digitada por oscuros intereses desde los centros del poder.

Dicho sea de paso: no está en nuestro ADN político cultivar el pesimismo; quienes escribimos estas líneas venimos de tradiciones políticas y del pensamiento que se han forjado al calor de infatigables luchas por la construcción de sociedades más justas. Y no han sido pocas y pocos los que dejaron la vida en ello. Creemos que este momento reaccionario global debe enfrentarse con convicción e inteligencia, con una estrategia de integración política y una profunda creatividad. Las encrucijadas del presente demandan conciliar las bases y fundamentos de nuestras identidades políticas con la capacidad de maniobrar en un mundo convulsionado. Hay que aprender –y este es uno de los grandes méritos de este libro– que los problemas comunes que enfrentamos nos dejan aprendizajes globales que debemos identificar y estudiar, para no repetir errores.

Precisamente por eso, y en más de un sentido, este volumen constituye una pieza fundamental para la construcción colectiva de ese horizonte que ya ha comenzado a vislumbrarse. El conjunto de ensayos que reúne este nuevo libro de Boaventura de Sousa Santos es un texto imprescindible para comprender las características del interregno histórico en el que vivimos, analizar las fuentes de donde brotan las desigualdades que nos preocupan y –sobre todo– trazar una hoja de ruta y una estrategia para consolidar proyectos políticos que contribuyan a construir otros mundos posibles, más justos y más igualitarios.

Frente a ese desafío, ¿quién mejor que Boaventura de Sousa Santos para orientar la mirada y la imaginación hacia la construcción de escenarios sociales alternativos? El gran sociólogo portugués es una de las referencias mundiales en el campo de las ciencias sociales y las humanidades; fundador de las epistemologías del Sur, Boaventura de Sousa Santos ha construido una mirada sobre el presente que combina de un modo magistral el análisis incisivo con la capacidad (propia de los grandes maestros) de formular grandes ideas orientadoras, imprescindibles en estos tiempos.

De los libros se espera que sean capaces de contar buenas historias, una cierta cortesía compositiva, indispensable claridad y precisión argumental. Pero hay libros que, además, movilizan, inquietan, azuzan e instalan preguntas.  Izquierdas del mundo, ¡únanse! Es uno de esos textos.

En sus páginas se nos propone una lectura desde las nervaduras políticas del presente identificando las potencias que tienen los partidos y movimientos progresistas para construir nuevas hegemonías políticas frente al modelo geopolítico de dominación neoliberal.

En un libro clásico del pensamiento crítico, Raymond Williams afirmaba que el problema inicial siempre es la perspectiva desde donde se mira. Junto con situar un problema, hay que definir el punto de vista desde dónde abordarlo. Siguiendo al autor de Marxismo y literatura, ¿cuál es el enfoque que asume este nuevo ensayo del sociólogo portugués? El propio Boaventura de Sousa Santos responde a la pregunta: su perspectiva es la de quien se propone realizar un análisis no coyuntural del presente. A diferencia de los enfoques a los que nos tiene habituados –las lecturas de mediano y largo plazo– Boaventura calibra la mirada en el corto plazo para realizar desde allí un análisis de fondo tanto sobre las dificultades como sobre las enormes posibilidades que tienen las fuerzas progresistas y las izquierdas en el siglo XXI para desplegar una alternativa que reviva las tradiciones del internacionalismo progresista y le ofrezca a la humanidad rumbos acordes con los principios rectores de un humanismo crítico que coloque en el centro de sus reflexiones un nuevo contrato social y ambiental.

Si siempre es difícil contar el presente, Boaventura de Sousa Santos lee este tiempo histórico bajo el signo de un interregno. Entre la caída del Muro de Berlín treinta años atrás y la crisis financiera que se desató entre 2008 y 2011 tuvo lugar un tiempo que no ha terminado de configurarse y para el cual no ha aparecido aún su relevo. Una certeza: las ideas e intereses asociados a la “nueva normalidad” más que nombrar un “tiempo nuevo” buscan naturalizar las desigualdades preexistentes, agudizadas por la crisis desatada por la pandemia. Se sabe: la palabra “nueva” es la más vieja del diccionario.

Analizar coyunturas es mucho más que atisbar lo efímero. Es un ejercicio de interpretación de los tiempos y ritmos políticos, de las palpitaciones y de las oportunidades que abren las crisis y de cómo puede ser más apropiado y potente orientar los esfuerzos. Frente a realidades que cambian vertiginosa y permanentemente, leer entre coyunturas es construir oportunidades para la generación de alternativas. Al mismo tiempo, y lejos de ser un libro que lanza advertencias e identifica peligros, Izquierdas del mundo es una cantera de aprendizajes basados en acontecimientos que han tenido lugar en la historia reciente.

Las experiencias que aborda este volumen –a los casos de Brasil, Colombia, México, Portugal y España, hemos incorporado en esta nueva edición los de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela– cifran también una expectativa que podríamos pensar bajo el signo de un aura pedagógica: incrementar el interconocimiento de las fuerzas progresistas para desarrollar aprendizajes globales que permitan construir alternativas políticas plurales frente al modelo del pensamiento único reaccionario desplegado a escala global.

Partamos de la tesis que hace de andamio de este potente conjunto de ensayos: la principal fuerza histórica que recorre nuestro tiempo es el discurso neoliberal configurado como una fuerza transnacional poderosa y profundamente antidemocrática. Si una imagen caracteriza este tiempo es el de las democracias secuestradas por fuerzas antidemocráticas. Sutiles a veces, extremadamente alevosas en otros casos, nuestro tiempo se caracteriza por la enorme fragilidad y la amenaza permanente de la democracia como forma de vida. Frente a ello, uno de los modos de leer este tiempo que nos propone Boaventura de Sousa Santos es la tensión entre articulaciones y fracturas dentro de los partidos y grupos progresistas y de izquierda.

Dos notas, complementarias: los primeros cinco capítulos hacen referencia a procesos de crisis: las fracturas de las izquierdas en España, Colombia, México y Brasil, del que solo queda exceptuada la articulación del caso portugués. Pero Boaventura de Sousa Santos no piensa las fracturas como quiebres irreversibles sino como oportunidades para pensar nuestros puntos flacos, una vía de interpretación que habilita modos de leer las dinámicas como tramas abiertas, en permanente construcción.

Es indispensable identificar esos puntos débiles de las alternativas progresistas para trabajar allí donde se evidencian las dificultades. La tensión creativa y las divergencias constructivas son siempre bienvenidas y necesarias sobre todo cuando estamos frente a un tiempo y una crisis que nos demanda construir fuerzas y políticas de izquierda que desbordan la idea tradicional de partido.

Al mismo tiempo, Boaventura señala que estas grandes orientaciones deben ir acompañadas de una “sabiduría pragmática” que sepa construir alternativas reales para gobernar. La otra cuestión indispensable es partir de la identificación de una irreversible contradicción entre democracia y capitalismo. Si –como estamos convencidos y convencidas– el horizonte emancipador es la democracia, los derechos humanos y la dignidad, tres lecciones se desprenden de este nuevo libro de Boa (como afectuosamente lo llamamos sus amigos y amigas): el futuro es público; sin el Estado no se puede, pero solo con el Estado no alcanza, y el papel de los movimientos sociales es cada vez más vital.

Izquierdas del mundo, ¡únanse! invita –finalmente– a un modo de lectura no coyuntural de la coyuntura en estado de actualización permanente. Tal es así que, por primera vez, se incorporan a este libro un conjunto de ensayos que actualizan y amplían los problemas abordados en la primera edición. Un libro –nos atrevemos a decir– escrito para lectores y lectoras interesados en participar de las luchas por sociedades más justas y equitativas; sociedades que deberán ser –por definición–, anticoloniales, antipatriarcales, antineoliberales. No importan tanto los nombres de las tradiciones políticas en las que se inscriban para alcanzar ese fin; su diversidad hablará de la riqueza que el campo progresista tiene para alcanzar esas metas, su capacidad de articularse dará cuenta de la inteligencia con la que sepan moverse en un escenario reaccionario global.

Ensanchar la convocatoria a todas y todos los que deseen contribuir con una democracia que debe encolumnarse en la defensa de la humanidad y del ambiente a través de la radicalización de la democracia es el propósito fundamental de este volumen. Revolucionar la democracia y democratizar las revoluciones precisas de mapas que nos ayuden a armar los recorridos, a establecer prioridades, a identificar los problemas que no pueden esperar. Este libro nos habla de cómo alcanzar la indispensable convivencia dentro de la divergencia, la imprescindible construcción de equilibrios, el diálogo como ejercicio permanente, señales irrefutables no solo de que los partidos progresistas y de izquierdas tienen la capacidad de gobernar, sino

de que son la única alternativa viable frente a la crisis terminal que atravesamos.

Entre Buenos Aires y Montevideo,
noviembre de 2020

 

Imagen tomada de El País.

Compartido con SURCOS por Óscar Jara.

Perú y Guatemala: devoraron la honestidad

“Necesitamos una Nación
donde la corrupción
no sea una forma
consentida de gobernar”,
Javíer Díez Canseco.

Lic. José A. Amesty R.

En el transcurso de pocas semanas, han explotado dos naciones, una sudamericana y otra centroamericana, producto de los altos índices de corrupción, entre otras; en las altas, medias y bajas esferas de sus gobiernos, Perú y Guatemala. Lo irónico, es que sus presidentes, afirmaron alguna vez, en el caso de Alejandro Giammattei: “persigamos la maldita y asquerosa corrupción”; en el caso de Martín Vizcarra: “que se investigue todo, incluso aquellas denuncias que ya fueron archivadas”. Es obvio, que no pudieron, o se dejaron llevar por la descomposición social, política, económica, entre otras, aunque era su bandera política al llegar al gobierno. Echemos un vistazo a algunos datos, sobre la corrupción en estos dos países, aunque lo que da es vergüenza; sin extrañarnos, que haya nuevos casos prontamente, ya que al parecer los gobiernos de derecha en América Latina están echando aguas, y la corrupción los está engullendo. En el caso del presidente peruano Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso Nacional por “incapacidad moral permanente”, pero lo sarcástico es que ese Congreso Nacional, más de 60 de sus parlamentarios, tienen denuncias en la Fiscalía, algunos tienen sentencia probada, y están esperando la decisión del Congreso, para que se levante su inmunidad parlamentaria. Veamos que la moción de destitución del mandatario fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 necesarios, al cierre de una sesión plenaria de casi ocho horas. Entre quienes votaron por sacar al presidente estuvieron los legisladores del Fujimorismo, con una larga historia vinculada a la corrupción, y que saborearon su venganza, contra el hombre que les hizo perder su mayoría en el Parlamento, y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a prisión a su jefa Keiko Fujimori.

También votaron su destitución legisladores del ultranacionalista, Unión por el Perú, cuyos principales parlamentarios están acusados de corrupción, y que es dirigido desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano el expresidente Ollanta- en prisión desde 2004, por la muerte de cuatro policías, durante la toma de una comisaría en un frustrado intento de derrocar al expresidente Alejandro Toledo.

Asimismo, los legisladores de Podemos Perú, partido dirigido por un empresario que se ha hecho millonario con el negocio de universidades de baja calidad, y que fue detenido acusado de haber sobornado magistrados, para lograr la irregular inscripción de su partido, que responde a una secta evangélica.

Lo cierto es, que las denuncias de corrupción son un flagelo que ha afectado, al menos, a los últimos seis gobernantes peruanos: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el suicidado Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra; sin incluir los recientes Manuel Merino y Francisco Sagasti.

Lo cierto también es que, las entidades que conforman el Estado peruano, están, desde hace muchos años, en un proceso de degradación (de la clase dominante), que arrastra a toda la sociedad hacía su debacle e inviabilidad como país, cuya clase dirigente es incapaz de resolver, y quienes no se dan cuenta de este proceso de degradación social, que pone en jaque a todo su estrato social, pero que lastimosamente el pueblo peruano, aún herido por años de embrutecimiento, opresión y represión, sin dirección política alguna, no puede capitalizar a su favor, esta condición revolucionaria.

Un caso emblemático de corrupción en América Latina, y del cual no escapa Perú, son las denuncias, investigaciones y confesiones de ejecutivos del grupo empresarial Odebrecht, quien involucra a gobernantes, funcionarios y empresarios peruanos, ya que entre el 2005 y el 2014, efectuó sobornos por 29 millones de dólares, a cambio de los cuales obtuvo más de 143 millones de beneficio, fechas y cifras que figuran en un informe del Departamento de Justicia de EEUU, y que de acuerdo a las normas del país del norte, Odebrecht deberá pagar una multa de más de 3,5 mil millones de dólares, por haber entregado 788 millones de dólares, en sobornos para obtener contratos del sector público.

Algunos historiadores del Perú sitúan la corrupción desde una perspectiva ideológica de la corrupción (corrupción estructural), y cuya expresión mejor elaborada es: “ha robado, pero ha hecho obras”, refiriéndose a los mandatarios y funcionarios públicos peruanos.

En este sentido, la propia narración de la historia republicana peruana, a través de textos y no pocos tratados de historia, para la educación superior, ha contribuido con la ideología de la justificación del robo oficial, del soborno administrativo y de todo tipo de maniobras para apoderarse de millones del presupuesto nacional, en cada nivel gubernamental.

Claro, en las últimas décadas esta ideología, como percepción falseada de la realidad, se ha extendido y sofisticado en los procesos políticos electorales, desde las elecciones generales a la presidencia, hasta las regionales y municipales.

Hay, pues, entonces, según algunos historiadores, una corrupción de origen histórico, que ha ido conformado esa lacra ideológica de la corrupción. Pero la corrupción en el Perú no tiene solamente un origen histórico. Es la misma estructura económica y social imperante la que reproduce esa herencia histórica. El contenido patrimonialista del Estado, el carácter marcadamente privatizado de ese aparato de dominio de unas clases sobre otras dirige y promueve la tendencia a apropiarse de todo lo que sea posible en cuanto se asume una posición de poder.

Y en este sentido, para acabar con la corrupción, los cambios jurídicos no bastan, como lo propuso, en algún momento, el candidato a la presidencia Ollanta Humala, especialmente la no prescriptibilidad de los delitos de hurto en agravio del Estado, y la no aplicación de los privilegios penitenciarios a estos delincuentes de cuello y corbata.

Estas propuestas son importantes, pero insuficientes para terminar con el flagelo que corroe al viejo Estado peruano, que requiere una remoción total de su actual estructura económica y social.

Y qué decir de Guatemala y la corrupción. Iniciamos con un dato nada liviano, sucedido el año pasado, en relación a la descomposición de la sociedad guatemalteca.

Las autoridades de Guatemala impidieron el ingreso al país (2019) de un integrante, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Yilen Osorio, esta Comisión Anticorrupción, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas ONU, está investigando a varios integrantes del gobierno, incluido el presidente, Jimmy Morales, y su hermano (Samuel Morales), que niegan todo tipo de acusaciones. Osorio dirige una investigación por presunta corrupción, en la que estarían involucrados entre otros también el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.

Jimmy Morales, fue presidente de la República de Guatemala, entre el 14 de enero de 2016 y el 14 de enero de 2020, tras ser electo en las elecciones generales de 2015.

Por supuesto, activistas humanitarios y autoridades indígenas ancestrales, repudiaron la retención de Osorio, además una veintena de organizaciones y municipalidades indígenas, calificaron de “vergonzosa” esa decisión de retener al investigador colombiano.

La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, pidió ayer a la comunidad internacional condenar la retención del investigador de la CICIG.

En los últimos 11 años, la Comisión individualizó numerosos casos de corrupción que involucraron a más de 600 personas en Guatemala.

En resumen, Jimmy Morales, es considerado como el peor presidente de la Guatemala “democrática”, deja un país desolado por la desigualdad, el empobrecimiento y el pacto de corruptos.

Le sucede, Alejandro Giammattei, quien, según opinadores, no implicará mayores cambios para Guatemala, más que el aumento del autoritarismo, la represión y la continuidad del “pacto de corruptos”.

Con un 57,95% del electorado guatemalteco, obtuvo la victoria presidencial Giammattei, en medio de unas elecciones caracterizadas por el intervencionismo, el lawfare y el porcentaje más alto de abstencionismo en la historia, el 61,41%.

Llega al gobierno guatemalteco, con acusaciones en torno, primero, a la intromisión de la Corte de Constitucionalidad para eliminar de la contienda electoral a Thelma Aldana y a Zury Ríos, lo que posibilitó el camino electoral para Giammattei y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y segundo, Alejandro Giammattei es conocido por la masacre en el Pavón en 2006. Fue director del Centro Penal cuando se llevaron a cabo una serie de asesinatos, los cuales serían demostrados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, como parte de una política de limpieza social y mano dura.

Giammattei, durante la campaña electoral, se encontró rodeado por militares y por personas acusadas de corrupción. Además, en distintos momentos, Alejandro Giammattei alardeó sobre su tono autoritario y la mano dura es una de sus promesas de campaña.

Fue extraño, que, durante un viaje a Taiwán, los nombramientos de la rama securitaria, fueran hechos por los militares, sin su presencia.

A su vez, como si fuera poco, diversas carteras del Estado se encuentran en manos de ex asesores del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todo parece indicar que en Guatemala seguirá reinando el neoliberalismo blindado por el Ejército.

Una perla en su gestión es que se suma la impunidad como política de Estado, donde Jimmy Morales fue juramentado como parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Brindándole a Morales la inmunidad parlamentaria. De momento, por donde se vea, las expectativas sobre cambio en Guatemala son prácticamente nulas. Y ello es una mala noticia para quienes viven en Guatemala y en toda Centroamérica.

Finalmente, hemos conocido las últimas informaciones, que tras la aprobación del presupuesto neoliberal para 2021, manifestantes incendian el Congreso Nacional y exigen la renuncia del presidente Giammattei, cuyo presupuesto no prevé aumentos en las partidas de salud y educación, y tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.

El presupuesto de casi 12.800 millones de dólares, un 25% más abultado que el de este año 2020. La mayoría de los fondos, están dirigidos a infraestructuras para beneficiar al sector privado.

El 60% de la población, de casi 17 millones de habitantes de Guatemala, la mayoría indígenas, vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años. Además, varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.

Asimismo, el Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares, para atender la pandemia, aunque solo se concedieron menos del 15% de esos recursos, que no se usaron en temas de salud.

Los manifestantes llenaron la plaza central, frente al antiguo palacio de gobierno en la capital, portando banderas azul y blanco del país, y pancartas con lemas como “No más corrupción”, “Fuera Giammattei” y “Se metieron con la generación equivocada”.

“Populismo, es el término que utilizan las élites, cuando no entienden lo que está pasando”

Lic. José A. Amesty R.

Usualmente, los opositores a los gobiernos de izquierda, catalogan a sus líderes y gobiernos, como de populistas. Las palabras se ponen de moda, antes los populistas les llamaban demagogos o electoreros, como sinónimo.

Así, por ejemplo, Juan Domingo Perón de Argentina, Getulio Vargas de Brasil, según Jean François Prud’homme, investigador de El Colegio de México, fueron considerados populistas. Más adelante, Lázaro Cárdenas de México, Jorge Eliécer Gaitán (Colombia), Victor Paz Estenssoro (Bolivia), Víctor Raúl Haya de la Torre (Perú), Rómulo Betancourt (Venezuela), Carlos Ibáñez (Chile), Juan José Arévalo, Jacobo Arbenz (Guatemala), e incluso José María Velasco Ibarra, en Ecuador, entre otros.

A su vez, se comenzó a hablar de populismo con ciertos movimientos de campesinos en Rusia, al igual que de un partido populista en Estados Unidos: “era un partido que defendía los intereses de los pequeños granjeros en contra del capital bancario y financiero”.

También, Prud’homme explica que algunos califican al Cardenismo como populista, porque “el tipo peculiar de corporativismo que se instauró en México, donde la creación del Partido de la Revolución Mexicana, para algunos era un tipo específico de régimen populista de incluir a las masas a la vida política nacional: la CNC, la CTM”. La CNC era la Confederación Nacional Campesina y la CTM era la Confederación de Trabajadores de México.

El Cardenismo se usa como nombre de la corriente ideológica inaugurada por Lázaro Cárdenas; también se le llama así a la etapa en la que gobernó México de 1934 a 1940.

Cárdenas impulsó una organización mexicana de ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierras, asalariados y productores agrícolas fundada en agosto de 1938 en Guadalajara, e igualmente promovió, una reforma agraria que pretendía a la vez, promover un mercado interno de bienes y servicios, asegurar la paz social y facilitar la industrialización. El sector urbano tenía que beneficiarse de la productividad barata de la numerosa mano de obra en el campo.

Ahora, en todas las democracias, de este siglo, sean de izquierda o de derecha, siempre hay una cierta dosis de populismo. Por ejemplo, el populista de derecha, Donald Trump, quien tuvo un discurso anti inmigrante, trató de reducir el campo de intervención del Estado, así como limitó los derechos a la libertad de expresión.

Otros líderes populistas de derecha son: Viktor Orbán, primer ministro de Hungría; Jair Bolsonaro, mandatario de Brasil, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, entre otros. Aunque hay una discusión en relación a esto.

El populismo de izquierda, que busca tener políticas económicas más distributivas, trata de incluir a sectores de la población en la esfera pública, trata de otorgar ciertos derechos a esos grupos.

Como ejemplo, de líderes de izquierda populista, podemos mencionar a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de Venezuela, Evo Morales, de Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Ernesto y Cristina Kirchner en Argentina, Daniel Ortega de Nicaragua, en su momento Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, Lula da Silva en Brasil, entre otros. Aunque hay una discusión en relación a esto.

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador de México, responde a esta categoría-terminó así: si “ayudar a los pobres, apoyar a los adultos mayores, apoyar a los jóvenes, es ser populista que me apunten en la lista”.

Antes de definir qué es el populismo, veamos su posible origen: se cree que el origen del término populismo, surgió en Rusia en el siglo XIX, aproximadamente en la década de 1870, cuando se alzó un movimiento político bajo el nombre de Naródnichestvo, de cuya traducción derivó la palabra ‘populismo’. Dicho movimiento político ruso, se apoyó en la creencia de que, quienes se consideraban socialistas, debían aprender del pueblo antes de tomar el poder. Además, estaban en contra de los intelectuales.

Ahora, precisemos qué es el populismo, la definición clásica es: la tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Entendiendo que el término, es mucho más amplio y difícil de definir.

Otros lo entienden como la postura política que busca, a través de diversas estrategias, el apoyo y consentimiento de las clases populares.

Otros lo denominan, como aquellos fenómenos que atentan en contra de la democracia liberal.

Prud’homme, a quien ya mencionamos, la define como una manera de hacer política, donde se plantea una relación directa entre el líder y el pueblo, en la que frecuentemente el tipo de movilización, significa la inclusión en la vida política de sectores de la población, que habían sido marginados, y frecuentemente esa relación entre el líder y bases, el líder define quién es el pueblo y en un discurso antagónico define quiénes son los enemigos de ese pueblo.

Hoy en América Latina, como intuimos al inicio, no es más que un concepto de ataque a todo proyecto político, con raigambre social, con intenciones de reivindicación popular y cambio social, y se le llama así, como una forma de combatirlo, es usado específicamente contra los gobiernos democráticos, progresistas o de nueva izquierda en la región.

En resumen, el populismo es un término para descalificar a toda política o líder, que pretenda dar respuestas a los intereses de la sociedad, y particularmente a pobladores/as, trabajadores/as, indígenas, clases medias, contrariando los intereses particulares de élites empresariales o políticas.

Pero también, es una palabra engañadora, que trata de apartar a las “masas” de los liderazgos, que sí responden por ellas; que busca desvalorizar las políticas sociales de los gobiernos progresistas; que trata de acanallar el ciclo histórico que abrió la nueva izquierda en América Latina.

Como ejemplo de lo mencionado, deseamos mostrar cómo reflexiona el Papa Francisco en su tercera encíclica “Fratelli Tutti” (Hermanos Todos), el término populismo, habiendo dicho que es muy difícil definir y es muy amplio su abanico de comprensión.

El líder de la iglesia católica, se distancia de los populismos (y liberalismos), acusándolos ya que el “desprecio de los débiles, puede esconderse en formas populistas, que los utiliza demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos”.

Igualmente, desde su perspectiva, ambas ideologías dificultan la posibilidad de pensar un mundo abierto en donde todos tengan cabida. Asimismo, considera que el uso indiscriminado de términos como ‘populista’ ha servido para dividir a las sociedades modernas, donde ya no es posible emitir opinión alguna sin ser considerado como populista o no populista.

Para el papa, el sustantivo pueblo y el adjetivo popular, hacen referencia a fenómenos sociales que pretenden articular a las mayorías. No obstante, atribuyó que en muchos casos esa capacidad ha servido a ciertos líderes populares, “para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder”.

Como síntoma de la degradación de los liderazgos populares, Francisco destaca la aparición del inmediatismo, donde se “responde a exigencias populares en orden a garantizar votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo”.

Para finalizar, deseamos contraponer la visión populista del escritor Luis Antonio Espino, consultor en comunicación en México, quien señala que el triunfo de Joe Biden en EEUU, puede leerse como un dique de contención, para frenar el avance de los populismos en América Latina, proponiendo “lecciones” para enfrentarlo. Solo las mencionaremos brevemente, para propiciar el estudio y la lectura en torno al tema:

  • El populismo, no tiene el Monopolio de la Emoción, en la política.

Con frecuencia se piensa que los populistas poseen un don único, para activar las emociones de sus seguidores a través de narrativas efectivas. Esa claridad de propósito le ayudó al candidato a estructurar un mensaje central de alto poder emocional: la “batalla por el alma de Estados Unidos”.

  • La polarización no se derrota, con más polarización.

Durante las elecciones primarias, muchas voces decían que la única forma de ganarle a Trump era con un candidato que encendiera las pasiones de las bases duras del partido, tal como el presidente hace con los suyos. Su triunfo en estados tradicionalmente republicanos, como Georgia y Arizona, su desempeño competitivo en Texas y Florida, así como su capacidad para recuperar Pensilvania, Wisconsin y Michigan sugieren que, si los demócratas hubieran postulado a un candidato polarizador, se hubiera puesto en riesgo el voto moderado. Apostaron al centro y ganaron.

  • El carisma, no lo es todo.

El populismo es una forma personalista de hacer política que necesita de un líder carismático que encabece la lucha del “pueblo” contra las élites y que, al antagonizar con el establishment, genera sólidos vínculos afectivos con sus seguidores. Biden no es precisamente una explosión de carisma. Pero aún así logró imponerse al hechizo que Trump todavía mantiene sobre millones de estadounidenses. El carisma siempre ayuda, sin duda, pero no es sustituto para un mensaje claro, una organización eficaz para movilizar el voto y una buena compañera de fórmula, como lo es la hoy vicepresidenta electa, Kamala Harris.

  • Es la hora de las mujeres.

El contraste no podía ser más evidente: hombre viejo, blanco, enojado, primario, rudo y abusivo contra mujer joven, de ascendencia negra e india, inteligente y preparada, con carácter firme y que no se deja intimidar. El mensaje que se envió a millones de mujeres en Estados Unidos es que su hora de romper el techo de cristal ha llegado de la mano de una mujer fuerte que representa a las minorías.

  • Nunca es buen negocio pelearse con la prensa.

Día a día, documentaron la realidad del gobierno: abuso de poder, conflictos de interés, incompetencia, falsedades. gracias al trabajo diario de los medios, los votantes de Biden y los indecisos sí tuvieron toda la información y la evidencia que necesitaban para activarse y salir a votar. El costo de enemistarse tan profundamente con la prensa quedó claro cuando, el día que más las necesitó, las principales cadenas televisivas suspendieron la transmisión del mensaje del presidente denunciando un inexistente fraude electoral.

  • Las redes sociales ya son simplemente redes sociales.

En 2020, hubo menos drama en torno a las redes sociales, que poco a poco se van normalizando y convirtiendo en un medio más para transmitir el mensaje de las campañas a audiencias segmentadas. Hay una creciente y saludable toma de conciencia respecto a las redes que debe acelerarse con más educación digital.

  • El discurso de la decencia es poderoso.

Biden centró su discurso de campaña en una idea: no podemos permitir que nuestras pasiones políticas nos hagan abandonar nuestros valores básicos. No podemos permitir que, por “tener la razón”, no nos duelan los miles de muertos de la pandemia o las familias que han perdido sus ingresos. Hizo lo correcto, porque el populismo anestesia la empatía, apela a los peores impulsos tribales y nos hace ciegos al dolor ajeno, porque necesita que veamos a nuestros conciudadanos como enemigos para imponer su narrativa demagógica de “ellos” contra “nosotros”.

Sin duda alguna, parafraseando a Correa: Cuando los sectores poderosos, no entienden lo que está pasando, (en lenguaje venezolano: cuando lo maravilloso se hace cotidiano), lo llamamos populismo.

*Rafael Correa.

Ilustración de Joseph Ureña Rodríguez.

José Mujica: Recuperar y transformar los sistemas agroalimentarios de América Latina post covid-19

Discurso del Expresidente José Mujica en el Seminario ¿Cómo recuperar y transformar los Sistemas Agroalimentarios de América Latina post covid-19?, organizado por la FAO *

En nuestra América Latina, la Agricultura Familiar y el campesinado tienen un primer problema, hay que quererlo y darse cuenta de la importancia estratégica que tiene para la seguridad alimentaria, para el cuidado del medioambiente y para el porvenir de la propia humanidad.

La comida hay que producirla lo más cerca que se pueda de la cocina y hay que entender que hay que cuidar a los humanos que tienen esa posibilidad y esa aprehensión, pero nunca se va a generar voluntad política si no se quiere, la AF no tiene lobby y no tiene peso institucional y es específica en su problema y en sus debilidades.

No se puede saltar de la edad media a la agricultura robotizada, inteligente o vertical, hay que entenderla como es y hay que trabajar a partir de lo que es, mejorando escalón a escalón, pero eso implica voluntad política, creación de institucionalidad específica y especializada y la primera plaga que tiene que enfrentar la AF es la soledad.

No se puede pretender que familias aisladas puedan pelear con rentabilidad en el mundo de hoy y hay que luchar por el agrupamiento, la creación de empresas, cooperativas, comunidades o lo que fuera, porque en el campo “agrándate o vete” y entonces la política de agrupamiento me parece esencial, porque es el  primer escalón de la rentabilidad, es que tengan acceso a poder vender lo más directamente posible, sacarse de encima la intermediación, que se queda con la parte más importante de la rentabilidad.

Las ciudades tienen que generar lugares para la presencia de la AF, pero no se puede de a uno, se requiere organización humana en equipo, no se puede trabajar la tierra si mal se vende y eso hay que entenderlo, la primera rentabilidad está en aminorar los costos que tiene la intermediación para la AF en todos los aspectos y para eso se necesita voluntad política, se necesita crear una institucionalidad y una investigación a partir de lo que hay y de lo que existe en cada lugar, para irlo mejorando escalón a escalón.

La investigación no puede estar solo dedicada al complejo agroalimentario industrial, tiene que ser una investigación específica para la AF y lo propio un extensionismo que no se puede atender de a uno, se debe atender de a grupo y para esto hay que poner gente comprometida y hay que extraer los mejores cuadros de la propia AF para hacer este extensionismo.   Hoy si se quiere trabajar mejor la tierra, si se quiere hacerla sustentable, hay que tener en cuenta que la AF tiene que sacar partido de lo que tiene.

Es probable que la historia de la agricultura sea una fundación femenina, porque en todas las culturas se presenta frecuentemente a la agricultura como una diosa y por eso creo que la mejora implica trabajar no solo la tierra, trabajar en la cabeza de los agricultores.

Quiero señalar además que lo que viene es peligro, la inestabilidad del tiempo, las circunstancias del cambio climático, es una falta de imprevisión de las ciudades no cuidar a la AF.  Hay que batallar para para lograr voluntad política, hay ejemplos aterradores, en la Argentina hay una ley para la agricultura familiar aprobada hace unos dos gobiernos que está sin reglamentar, esto no le va a pasar a la agricultura industrial o a los complejos agroalimentarios, le pasa a la agricultura campesina y a la AF, porque no tiene quién la represente donde se toman las decisiones políticas y hay que tener conciencia de esa deuda.

En primer término, quiero señalar que hay que diversificar la AF, puede ser generadora de micro energía y hay que introducir masivamente la producción de energía para el uso del riego y de miles de actividades que acompañan.

El urbanismo tiene que abrir puertas a la presencia de la AF por su propia seguridad y hay que entender lo siguiente:  hasta cuándo van a crecer las ciudades monitoreadas y manejadas por el interés inmobiliario y si no fuera inteligente pensar en la medida de las ciudades, porque este es un problema que va a enfrentar el futuro de la humanidad, campos despoblados y ciudades atestadas dificultando todos los problemas de distribución y el urbanismo tiene que ver con esto.

Quiero señalar que hay partes de América donde el transporte es una herramienta que los poderes comunales tienen que enfrentar y hay que aprender de los propios campesinos que han logrado el milagro de sobrevivir en condiciones que son inexplicables y hay un mundo de sabiduría dispersa que hay que transformarlo en ciencia sencillamente para resembrarlo.

Quiero señalar además que es fundamental una especialización en la atención de los grupos de agricultores familiares y paralelamente la introducción de esa atención a toda la familia, la mujer tiene mucho que ver, si la mujer no participa tenemos la presencia de la soledad en la lucha campesina, es fundamental introducirla y recordar que existe un conjunto de técnicas que son maravillosas, están probadas y son viejas y hay que retomarlas y reaplicarlas a el trabajo con la maleza, distintas formas de regadío o al control de plagas, que necesitan la expansión del conocimiento especializado.

Creo además que la AF debe sacar parido de lo que tiene, mano de obra en general ociosa en el conjunto de la familia y lograr en un grupo humano un grado de diversificación que le permita en conjunto accesar directamente al mercado, con una producción diferenciada.

Los barrios más pudientes de las ciudades, ahí debe tener presencia de venta el agricultor familiar en condiciones específicas y especiales, les voy a relatar lo que pasa en mi barrio, en mi país, las cadenas de supermercados están pagando 28 o 30 pesos por el paquete de lechuga, que lo venden a 95 pesos y lo pagan a 90 o 120 días y eso precisamente es lo que evita la rentabilidad.

Este abuso que están significando las grandes cadenas de distribución, se va comiendo gran parte de la rentabilidad y del esfuerzo arriba de la tierra y hay que llamar las cosas por su nombre, si no hay voluntad política para enfrentar estos problemas, por más que hagamos y por más que favorezcamos con cuestiones indirectas a la AF, va a sucumbir por la intermediación y el costo fabuloso de la masa de recursos que se traen, por eso creo que el principal problema es de índole política, de políticas no partidarias.

Por eso voy a saldar con lo que dije al primero, hay que quererlo, solamente cuando se tiene sentimiento se puede generar racionalidad a favor de defender esta causa, pero quiero señalar que si Europa cuida su campiña, si Europa subsidia su producción interna, es porque aprendió que su seguridad alimentaria es un resorte fundamental para la estabilidad de un país, esta es una ley mundial, es una ley que hay que entenderla.

No se puede depender la alimentación de los pueblos pura y exclusivamente de recursos que se importan, hay que asegurar una masa de alimentación lo más cercana posible a los centros de consumo y esa es la razón de existencia de porqué hay que volcar políticas específicas, especializadas de defensa y multiplicación de la AF, desde los bancos de tierras, al extensionismo y a los Ministerios especializados en la materia.

La tecnología de investigación dedicada a esta circunstancia, por qué?, porque lo que no es posible o rentable para una gran empresa, suele ser posible y rentable para la microempresa, la escala de la tecnología es infinita y es variada, hay pueblos de los que mucho hay que aprender, asombra los resultados de la AF que tiene el pueblo japonés en condiciones dificilísimas y no son cosas del otro mundo, hay una máquina de arrancar yuyo prácticamente construida con alambres elásticos para usarla en el momento preciso.

Hay montones de ingenio, el problema es difundirlo, me quedé asombrado una vez en Brasil, un grupo indígena que tiene la capacidad de conservar la carne sin usar sal ni heladera y hacerla durar meses, utilizando algunos engendros de una hierba de la Amazonía, hay conocimiento que se debe transformar en ciencia, pero esto necesita que la Universidad vaya al campesinado y no esperar que el campesino vuelva a la Universidad, porque probablemente ya deje de ser campesino.

Entonces esta simbiosis, me parece que es una política de largo plazo, pero necesitamos antes que nada voluntad política, por eso he seguido el rumbo de la discusión y me parece formidable, pero tengan presente lo más formidable es conseguir voluntad política y la voluntad política es una dependencia, es una responsabilidad de quienes están en el Gobierno, pero para esto en primer término hay que entender la necesidad imperiosa que tiene la humanidad de cuidar a sus agricultores y sobre todo a sus agricultores familiares.

Porque las empresas se van a preocupar de la rentabilidad y está bien, así tiene que ser, pero a la larga los humanos también tenemos identidad, el campesino no es una forma de vida ni mejor ni peor, es una forma distinta y hay que entender sus claves, y para eso respetarlas, entenderlas y quererlas y darse cuenta que es tremendamente útil, sobre todo cuando las catástrofes y las necesidades nos acucian, cuando las reglas de intercambio se fracturan, cuando el comercio internacional tenga frenos por decisiones políticas que pueden tomar las potencias.

La única seguridad de alimentos, es lo que se produce cerca de casa y ese es el papel que tiene que cumplir la AF, entonces hay que tener un cuerpo de bomberos en una sociedad, porque no se sabe cuándo hay incendio, como hay que tener un club de capacidad médica para atender las enfermedades, hay que tener un grupo para atender la comida de la gente, esto es un problema de sentido común, el proteccionismo de la AF es ganar seguridad de vida en el correr del tiempo en un mundo cada vez ferozmente urbanizado.

Sabemos que la arquitectura contemporánea está pensando en los edificios verdes, que están pensando en la agricultura urbana, que están pensando en la agricultura vertical, en una cantidad de adelantos que son posibles, pero mientras tanto no desperdiciemos que nos va a salir más económico lo que tenemos al alcance de la mano, que es todavía la existencia de una masa de campesinos en nuestra América Latina.

 

* Enviado a SURCOS por German Masís.

Foro Acuerdo de Escazú y su importancia para América Latina y el Caribe

SURCOS recibió la siguiente información de parte de la Fundación Friedrich Ebert:

El Despacho de la Diputada Nielsen Pérez de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, con el apoyo de la Red-CR1 por el Acuerdo de Escazú, Legisladores por el Ambiente, 350.org LA y la Comisión Económica para América Latina CEPAL, le invitan al Foro Público: Acuerdo de Escazú y su importancia para América Latina y el Caribe, a realizarse el próximo viernes 20 de noviembre 2020 de 3 p.m. a 6 p.m. (hora de Costa Rica).

El Foro se dividirá en dos segmentos:

El Acuerdo de Escazú: ¿Es importante su ratificación para Costa Rica? (3 p.m. a 4:30 p.m.)

Acuerdo de Escazú y su importancia para América Latina y el Caribe (4:30 p.m. a 6 p.m.)

Para participar, por favor inscribirse en el siguiente enlace:
https://zoom.us/meeting/register/tJIqcu6grjorEtfcoxj5ACj1JR5t953XsnPj

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al seminario web.

O bien, puede seguir la transmisión en vivo por el Facebook Fundación Friedrich Ebert América Central.
https://www.facebook.com/FESAmericaCentral

Para más información escriba al correo: c.avila@fesamericacentral.org

1 La Red-CR por el Acuerdo de Escazú está conformada por el Sr. Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica (FN); la Sra. Irene Murillo, Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA); la Sra. Kyara Cascante, Joven Champion Escazú de la Iniciativa Acceso; la Sra. Patricia Madrigal, Exviceministra de Ambiente (MINAE) lideresa impulsora del Acuerdo de Escazú; el Sr. Rafael González, profesor e investigador de la Maestría en Derecho Ambiental y Director del Posgrado en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR); y el Sr. Marco Zamora, Coordinador del Proyecto Trasformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert en América Central.

 

Enviado por Carlos Ávila Rocha, asistente del Proyecto Transformación Social Ecológica, Fundación Friedrich Ebert.

Aprobación por el Senado de México del Acuerdo de Escazú: breves apuntes

Nicolas Boeglin (*)

El pasado jueves 5 de noviembre, se informó que el Senado mexicano aprobó el Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas y está muy completa nota publicada en Colombia): una noticia pasada por alto en gran parte de los medios de prensa, y que amerita algunas reflexiones.

Breve puesta en contexto

Como bien se sabe, desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año, está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe). Su nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«. Se considera que una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

Firmas y ratificaciones registradas

A la fecha del 9 de noviembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 24 firmas y 9 ratificaciones: las últimas firmas son la de Belice, registrada el 24 de setiembre del 2020 y la de Dominica (el mismo 26). La última ratificación registrada es la de Ecuador (mayo del 2020), la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Es de señalar que estos tres últimos Estados, así como Bolivia, depositaron oficialmente su instrumento de ratificación el mismo 26 de setiembre del 2019 en Nueva York, al cumplirse el primer año de la apertura a la firma de este instrumento: ello denota el esmero y el extremo cuido de sus respectivas autoridades políticas y diplomáticas con relación al cronograma a seguir para el trámite de aprobación y de ratificación de este tratado.

Este valioso instrumento regional que busca consolidar los derechos de las personas que defienden el ambiente, entrará en vigor 90 días después de recibir un total de once ratificaciones. Al momento de redactar este texto, ha sido ratificado por nueve Estados: el depósito formal del instrumento de ratificación de Argentina (cuyo congreso aprobó este tratado en setiembre del 2020) y de México es cuestión de semanas, por lo que muy pronto se precisará la fecha oficial de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Escazú en medio de ausencias y de fantasmas

Al cumplirse dos años desde que se abrió a la firma y ratificación el Acuerdo de Escazú, tuvimos la oportunidad de analizar el hecho que la falta de ratificación por parte de Costa Rica, Estado anfitrión de la última ronda de negociación, y la ausencia de la firma de Chile, Estado que conjuntamente con Costa Rica fue el principal promotor de esta iniciativa regional desde el 2014, son elementos a tomar en cuenta ante la verdadera campaña de desinformación y de descrédito gestada desde diversos sectores con relación al contenido del Acuerdo de Escazú (véase nota nuestra al respecto titulada «Escazú sin Costa Rica: a dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas«). Este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Siempre en Colombia, recientemente, el equipo de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia, sino en muy diversas latitudes del continente americano, en contra del Acuerdo de Escazú.

A modo de conclusión

Cabe precisar que el voto en el seno del Senado mexicano fue unánime en favor del Acuerdo de Escazú: un detalle de forma, pasado casi desapercibido, y que permite evidenciar (una nueva vez) la poca seriedad de varios de los antes mencionados razonamientos y su carácter fantasioso.

En cuanto a Costa Rica, en nuestra precitada nota, se indicaba que:

«Si conforme se van registrando nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, el argumento encontrado por la Sala Constitucional de Costa Rica no encuentra eco en ninguno otro Estado de América Latina y del Caribe, se podrá concluir que la “mezquindad” de su Poder Judicial es, vergonzosamente, la única en la región».

La reciente decisión tomada por el Senado mexicano confirma (nuevamente) que el argumento encontrado por el Poder Judicial en Costa Rica sigue siendo una verdadera extrañeza para el resto de las judicaturas de los Estados de la región, impidiendo a Costa Rica aparecer entre las primeras once ratificaciones del continente, y participar a la primera Conferencia de Estados Partes (COP) a realizarse en los meses venideros.

 

Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

(*) Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Enviado por el autor.

La importancia de hacer visible el Acuerdo de Escazú

10/11/2020. La Red por el Acuerdo de Escazú en Costa Rica busca visibilizar la importancia y la trascendencia del Acuerdo de Escazú mediante una campaña informativa en redes sociales.

El 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es: Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Encuentro: Hacia una América Latina libre de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y el Comité de Mujeres de la Subregión Centro América y México, realizará el próximo 11 de noviembre a las 09:00 horas, el Encuentro Subregional virtual “Hacia una América Latina libre de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo”, en el marco del proyecto FORSA que se está implementando en la región.

La actividad, tienen como propósito reflexionar sobre la política de la ISP en materia de violencia y problematizar la nueva normalidad; dar a conocer algunos conceptos sobre género y cuidado, y la lucha por erradicar la violencia de género en un contexto de crisis; debatir sobre las oportunidades y desafíos que representa para los sindicatos de los servicios públicos la ratificación del Convenio 190 de la OIT; y finalmente, compartir experiencias sindicales de las campañas contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que haya experimentado la subregión andina.

Participarán: Verónica Montufar, responsable mundial de la ISP en materia de Género (Ecuador); María Fernanda Villegas, del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA – Chile); Viviana García, especialista en género y Convenio 190 de la OIT (Argentina); y Nayareth Quevedo, Coordinadora del proyecto FORSA.

Puede seguir la actividad por el Facebook Live que se indica en el afiche.