Conversatorio Geopolítica y crimen organizado a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.
La arremetida del crimen organizado en la región latinoamericana cobraría la vida de miles de personas, producto de la ampliación de las zonas de influencia de los carteles de la droga, la tecnificación de las operaciones de estos grupos y el aprovechamiento de la ubicación geográfica para acceder a diversos mercados.
Estas fueron las conclusiones más relevantes del conversatorio Geopolítica del crimen organizado, a cargo del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
La magnitud es tal que Galo Cruz, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, indicó, con base en estadísticas del Banco Mundial, que uno de cada tres crímenes que se cometerían en el mundo ocurrirían en América Latina. Esto, a pesar de que la región concentra apenas el 9% de la población mundial.
La conjunción de varios factores explicaría este panorama sombrío. Uno de ellos tiene relación con el hecho de que grupos de delincuencia organizada, vinculados con la producción y comercialización de drogas en el mundo, desarrollan sus operaciones en este lado del planeta.
Mientras que Colombia, Perú y Venezuela encabezan la lista de países productores de la hoja de coca, Centroamérica se ha convertido en una plataforma para el tráfico de estupefacientes. Por su parte, México vive un empoderamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, cuyos tentáculos se han expandido a naciones como Ecuador, que años atrás gozaba de altos niveles de seguridad.
En el caso colombiano, la producción de coca alcanza las 1.738 toneladas métricas en un área sembrada de 230 mil hectáreas, mientras que en Perú, la cifra representa las 869 toneladas métricas, en un área de 95.008 hectáreas, de acuerdo con cifras aportadas por el académico Cruz, según reportes de la fundación Insight Crime.
Detrás de este fenómeno influyen las decisiones políticas que se adoptan por parte de los países productores. En Colombia, por ejemplo, el actual gobierno redujo hasta 10 veces la cantidad de terrenos donde se han erradicado los cultivos, en comparación con la anterior administración de Juan Manuel Santos.
También existe permisividad en esta lucha, al punto de que en la región del Amazonas se esté llevando a cabo una “narcodeforestación”, según manifestó José Luis Castillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, con impacto no solo a nivel de seguridad, sino también ambiental.
Mientras que del lado de la oferta se extienden las operaciones, del lado de la demanda, la situación tiende a agravarse en países de Europa y en Estados Unidos, donde el consumo de drogas sintéticas, como el fentanilo, generaron hasta 100 mil muertes en el 2023. “Es apocalíptico lo que estamos viviendo con el tema de las drogas y su consumo”, agregó el docente Galo Cruz.
Al tratar de asegurase los mercados potenciales para la venta de estupefacientes, se producen choques entre las diferentes organizaciones, lo que desencadena en venganzas, ajustes de cuentas y fallecimientos de víctimas colaterales. Costa Rica no escapa a esta realidad y los datos así lo muestran: el año anterior, tres personas perdieron la vida cada 24 horas, producto de hechos violentos.
Geografía y empoderamiento
Justo cuando en el país se llevó a cabo, la semana anterior, el evento Inmersos en el Cambio, relacionado con la protección de mares y océanos, durante el conversatorio se dio a conocer que hasta un 80% del tráfico de drogas en América Latina se realiza vía marítima. El restante 20% aprovecha las vías terrestres.
“La posición geoestratégica de la región le es favorable al crimen organizado. De ahí nace un nuevo concepto: el geocrimen, que hace referencia a la incidencia criminal aprovechando la geografía en que nos ubicamos, y donde tenemos conexiones portuarias con otros continentes”, explicó José Luis Castillo.
Solo de Ecuador se exportaron 300 toneladas de cocaína en el 2024, con destino a Europa, aprovechando la cercanía con países productores y con la instalación de organizaciones que han adquirido un empoderamiento y una escala empresarial. “Estas organizaciones se han sofisticado a grados impresionantes; son estructuradas estables y con jerarquías definidas. Podemos llamarlas de ‘alta intensidad’ porque tienen la capacidad de desestabilizar a Estados y es ahí donde se debe actuar con prontitud”, agregó Cruz.
Ese nivel de empoderamiento genera que mafias como el cártel de Sinaloa reclute miembros de su grupo para que viajen a China, donde realizan pasantías para aprender a elaborar fentanilo. En octubre del año anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho empresas chinas de facilitar la producción y comercialización de este opioide.
Para el experto, casos como el ecuatoriano representan una situación donde a las autoridades se les escapó de las manos el control de la seguridad. Esto vino acompañado de la falta de atención de las alertas que organismos de inteligencia venían advirtiendo sobre el avance del crimen organizado y la ambigüedad en la implementación de políticas preventivas.
Rediseñar el futuro
El aumento de la violencia y la penetración de la delincuencia organizada suponen un reto de abordaje para los países. Los expertos señalaron algunas estrategias que podrían implementarse, entre ellas, una mayor cooperación en inteligencia entre los países de la región, que permita afrontar de manera conjunta este flagelo. Asimismo, un esfuerzo para recuperar los espacios geográficos marítimos y cerrar los canales de influencia que aprovechan estos grupos delictivos.
El uso de las nuevas tecnologías debe acompañar esta estrategia, sostuvieron Cruz y Castillo. Por ejemplo, llamaron la atención que en el ciberespacio se ha abierto un nuevo frente de batalla, porque ahí se almacena información que, en manos de las autoridades, pueden contribuir a la lucha frontal contra el narcotráfico. Descentralizar la labor de los gobiernos locales, reimponer el control del Estado y promover el eje social por medio de programas de recuperación desde las comunidades, son otras de las medidas que propusieron.
El día miércoles 6 de junio de 2024 se llevará a cabo un foro abierto en el marco del curso “Ambiente y ecosistemas culturales desde América Latina” de la Maestría en Estudios Latinoamericanos IDELA-UNA, en celebración del Día Mundial del Ambiente.
Contará con invitadas especiales como Weny Bagama, delegada del Congreso General Ngäbe-Bugle y lideresa del Movimiento 10 de abril (Panamá); Clara Junger, de Solidaridad y Educación (FASE)- Oilwatch de Brasil y Maria Elena Foronda de la Fundación Natura de la Perú, Ex – senadora del Congreso. Modera: Mauricio Alvarez M, docente IDELA.
La actividad se realizará a las 17:00 horas (CRC) en transmisión en vivo por la plataforma Facebook.
Esta semana, 10 países de América Latina realizaron sesiones de trabajo
Costa Rica se convirtió, esta semana, en la sede internacional para el abordaje integral sobre los avances y desafíos de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, en la cual participan miembros de 10 países de América Latina.
En los últimos años, los países de la región han intensificado el uso de la respuesta penal para hacer frente a problemas sociales complejos, lo cual ha traído como consecuencia un uso excesivo de la fuerza y otras situaciones en materia de detención, así como el surgimiento de acontecimientos de violencia intracarcelaria, hasta la adopción de políticas de seguridad para el manejo de los movimientos migratorios, hechos que han elevado los riesgos para la existencia de casos de tortura y malos tratos.
Esteban Vargas, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Costa Rica, con sede en la Defensoría de los Habitantes, dijo que este es un espacio muy provechoso para armonizar procesos relacionados con inspecciones, registros y otros instrumentos, para que en América Latina, los países tengan las recomendaciones necesarias que les permitan prevenir este tipo de hechos de tortura.
Aparte de Costa Rica, los países que tienen una representación en esta sesión de trabajo internacional son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Este evento es organizado y auspiciado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), una Organización No Gubernamental con sede Suiza, líder en la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura.
Debemos recordar que recientemente el Tribunal Constitucional de Costa Rica resolvió un habeas corpus presentado por una persona detenida en la provincia de Guanacaste, y en la cual el órgano jurisdiccional logró acreditar que hubo tortura, a raíz de las acciones de oficiales de la Fuerza Pública.
El delito de tortura en Costa Rica está tipificado en el artículo 381 bis del Código Penal, y debe entenderse como: un acto intencional de producir a una persona dolor y sufrimiento, físico o mental, con el fin de obtener de ella (o de terceros) información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Ana Lorena Cartín, mujer costarricense, química de profesión, pero con una visión política de la vida llevó a cabo proyectos “desde abajo” -como solía mencionar-, falleció el jueves 21 de marzo de 2024. El Grupo de Trabajo de CLACSO “Violencias en Centroamérica” lamenta profundamente su fallecimiento.
Su labor como directora de Radio Noticias del Continente (RNC), fue fundamental para las luchas de los pueblos de Nuestra América, en particular en el Cono Sur, y en Centroamérica. RNC contó con la presencia de estudiantes costarricenses y exiliados del Cono Sur, principalmente de Argentina.
Su principal misión fue romper el cerco mediático que cubría a los gobiernos dictatoriales de Argentina, Chile, Uruguay y también los de Centroamérica, región del continente que se encontraba en una férrea lucha. En Nicaragua, en 1979 justo triunfaba la revolución sandinista, en El Salvador, el FMLN continuaba su lucha contra la junta militar y en Guatemala las distintas organizaciones guerrilleras hacían lo propio. A esas luchas se sumó RNC, evidenciando las violaciones a derechos humanos y llegó a transmitir la última homilía de Monseñor Romero, la cual, fue escuchada en varias partes del continente. Como recordaba hace poco, “nosotros lo transmitimos todo”.
A sus 31 años, Ana Lorena dirigió RNC, se enfrentó a la injerencia de la dictadura argentina en Costa Rica que solicitó información de ella para lograr el cierre de la radio. Tres años después de su apertura y ante el intento de concluir las transmisiones y cuatro ataques con armas y bombas, la red de solidaridad con la radio vino de países como México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Ecuador y también de la a Federación Latinoamericana de Periodistas protestó ante el presidente de Costa Rica. En 1981, Ana comentó lo siguiente:
“En esta encrucijada para la libertad de prensa en Costa Rica y en nuestro castigado continente latinoamericano reitero mi señalamiento sobre la arbitrariedad que implicaría cerrar un medio de información, con el pretexto que sea, y dejar impunes a los terroristas que llevaron a cabo ataques armados contra RNC, a los infiltrado en los cuerpos de seguridad estatales que atentaron contra la seguridad de la empresa y de sus trabajadores, a los cómplices de las dictaduras que con lujo de recursos se dedicaron a insultar a la emisora y a lo que es mucho peor, a engañar al pueblo de Costa Rica con una concertada serie de tergiversaciones”.
Nos unimos a sus seres queridos en esta profunda pérdida y desde el Grupo de Trabajo de CLACSO “Violencias en Centroamérica”, la recordamos como una mujer solidaria con las luchas de América Latina.
En este video que compartimos, Miguel Sobrado aborda los desafíos que enfrenta América Latina en el contexto actual. Discute la riqueza de la región, y la contrasta con la falta de oportunidades que obliga a muchas personas a emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones. De la misma forma, analiza los cambios necesarios tanto a nivel mundial como dentro de los países latinoamericanos para fomentar la inclusión y garantizar educación y oportunidades para todas las personas.
Se hace hincapié en la importancia de la colaboración y el trabajo conjunto para construir un futuro más próspero y equitativo en la región.
En una producción de Prisma Latinoamérica, se realizó “A voz interior que limita o avanço dos excluídos na América Latina”, la cual su traducción sería: “La voz interior que limita el avance de los excluidos en América Latina”.
En esta producción, se abordan temas como el ambiente familiar, el cual determina la posición social de las personas, que en consecuencia crean una configuración de voces internas que estimulan o frenan el desempeño de las personas.
Ahora bien, son muchos los estudios que demuestran cómo operan los prejuicios racistas y clasistas, donde se puede estudiar también cómo se genera la ineficiencia y dependencia social, percibiendo el debilitamiento del autoestima y donde se generan “techos sociales”.
El pasado viernes 22 de marzo, en conmemoración del Día Mundial del Agua, se llevó a cabo la conferencia virtual «Día Mundial del Agua: Retos y Estrategias para América Latina». La transmisión en vivo tuvo lugar desde las 9:30 am hasta las 11 am a través de Facebook Live, en la página de Redesdelagua.
La conferencia reunió a destacados expertos y profesionales del sector hídrico para analizar los desafíos y las estrategias necesarias para garantizar la gestión sostenible del agua en América Latina. El evento contó con la participación de Mónica Olvera, Yalkiria Pineda, Nathalie Seguin, Ana María Acevedo y Jorge Mora, quienes aportaron su experiencia y conocimientos en el tema.
Durante la conferencia, se abordaron diversos aspectos relacionados con la importancia del agua como recurso vital, los retos que enfrenta la región latinoamericana en cuanto a su disponibilidad y calidad, así como las estrategias y acciones necesarias para promover su uso responsable y eficiente.
Los ponentes compartieron ejemplos de buenas prácticas, experiencias exitosas y propuestas innovadoras para enfrentar los desafíos actuales en materia de agua, haciendo énfasis en la necesidad de una gestión integrada y participativa que involucre a todos los sectores de la sociedad.
En el vídeo que compartimos el sociólogo Miguel Sobrado nos habla sobre los cambios históricos que ha pasado Latinoamérica debido al narcotráfico, este se publicó el día 26 de febrero y fue transmitido por medio del canal de YouTube de Prisma Latinoamérica.
Las imágenes vistas en Ecuador, en enero pasado, en que un grupo de encapuchados armados se tomaron un canal de televisión fueron impactantes, sin la menor duda. Los grupos criminales, vinculados al narcotráfico, siguen en aumento en Ecuador y en tantos de nuestros países de América Latina impulsados por el rentable negocio de la droga que se consume, en su gran mayoría, en los Estados Unidos y Europa.
Paralelamente, durante la última década, Ecuador nuevamente está siendo tomado por el gobierno de los mismos Estados Unidos que bajo la bandera del narcotráfico ahora, incluso, ha anunciado un nuevo plan de seguridad de cinco años para Ecuador.
Es necesario recordar que la fuerte presencia militar de Estados Unidos en Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína a nivel mundial, y su lucha contra el narcotráfico, dirigida por el Comando Sur y otras agencias, ha sido un rotundo fracaso en esos países y lo seguirá siendo también en Ecuador.
Mientras en los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas a nivel mundial, no erradiquen las causas profundas que originan la demanda y no se desmonte la red de corrupción y tráfico que existe en los mismos EEUU -la que permite que la droga se comercialice- el negocio de la droga no podrá ser derrotado y los grupos criminales, al contrario, seguirán en aumento convirtiendo nuestras naciones en “estados fallidos” y excelentes compradores de sistemas y armas del Complejo Militar Industrial estadounidense. Buen negocio para ellos, por donde se les mire.
Entonces la agenda de militarización que Estados Unidos está imponiendo en nuestro continente cada vez más sólo servirá para el control geopolítico de nuestras naciones, mantener la dependencia, e intentar alinearnos con sus políticas guerreristas.
Recapitulemos. A los pocos días de los hechos de violencia en Ecuador, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), la General Laura Richardson, y el Asesor Presidencial Especial para las Américas, Christopher Dodd, visitaron el país y se reunieron con el Presidente Daniel Noboa.
“Esta visita –señaló INFOBAE– es una muestra del apoyo de Estados Unidos al Ecuador tras el aumento de la violencia. Además de la entrega de equipamiento y financiamiento para las fuerzas del orden, los Estados Unidos han explicado que han previsto un plan de seguridad para Ecuador con duración de cinco años con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones”.
El apoyo estadounidense al gobierno ecuatoriano, de acuerdo a una nota de la Embajada de EEUU en Ecuador, busca “profundizar la cooperación bilateral, incluso en materia de seguridad, cooperación antidroga, migración y desarrollo económico”.
En concreto, el gobierno estadounidense ha facilitado a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas, más de un millón de dólares en equipamiento de seguridad, incluyendo ambulancias y vehículos de apoyo logístico para la defensa. También, en materia de cooperación, el FBI aumentará su personal en Ecuador en apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General. También el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU desplegará personal para apoyar el entrenamiento de la policía y la fiscalía; y la USAID aumentará el apoyo a sus programas de seguridad municipal, incluido el apoyo a las comunicaciones de crisis. En dos palabras: Más intervención.
Involucrar a Ecuador en la guerra
Llamó la atención que la ayuda de EEUU a Ecuador, en enero pasado, llegará en el avión ucraniano Antonov An-124 al aeropuerto de Guayaquil.
Este hecho es muy inusual. Un avión de un tercer país, más todavía de un país en guerra, como es Ucrania, trae el cargamento de EEUU a Ecuador.
Esto podría ser coherente en el escenario que muy posiblemente el verdadero motivo de la segunda visita a Ecuador de la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, no fue en primer lugar la situación crítica que se vivía en Ecuador sino concretar la entrega de armas y equipamiento militar ruso, del que dispone Ecuador, anunciadas por el Presidente Daniel Noboa, al gobierno estadounidense a cambio de 200 millones de dólares en equipamiento militar “moderno” de EEUU.
Esto explicaría el porqué de la presencia del avión ucraniano Antonov An-124 en Guayaquil. Qué mejor que enviar a Ucrania el armamento ruso directamente en un avión ucraniano y con esto saltarse las autorizaciones que posiblemente debe pedir al Congreso estadounidense cada vez más renuente a seguir brindando apoyo militar a Ucrania.
Recordemos que la generala Laura Richardson dijo, en un evento organizado por el think tank estadounidense Atlantic Council, en enero de 2023, que “Rusia tiene aliados en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros seis países tienen equipamiento militar ruso. Estados Unidos está tratando de que esos seis países donen el equipamiento militar ruso a Ucrania y reemplazarlo con armamento estadounidense”.
Con esto, lamentablemente, Ecuador será el primer país de América Latina que sigue las órdenes y deseos del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de enviar armas destinadas al conflicto armado que se desarrolla en Ucrania pasando por alto la neutralidad estratégica que nuestros países debieran tener de no involucrarse militarmente en ninguna guerra.
Con esto Ecuador, pasa por alto el principio que América Latina y El Caribe es concebida como Zona de Paz violando el espíritu de la Proclama del 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que este año cumple 10 años desde que se firmará en la reunión en La Habana, Cuba, y que aboga, entre otros compromisos, para que “las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación”.
La militarización en Ecuador
No es nueva la injerencia de Estados Unidos en Ecuador. De acuerdo al sitio defensa.com ya el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en agosto de 2023, entregó donaciones por 3,1 millones dólares a las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
De acuerdo al medio especializado, 1,1 millones de dólares fue para equipo militar; 1,3 millones de dólares para el Centro de Mantenimiento Fluvial para la Brigada de Selva 19 “Napo”; y 747.000 dólares para equipos de comunicación para la Brigada de Infantería de Marina San Lorenzo.
En septiembre de 2022, una nota de la Agencia EFE informaba que “Estados Unidos donó a Ecuador equipos militares por valor de 730.000 dólares para el control de una zona amazónica cercana a su frontera norte con Colombia, según informó en un comunicado la Embajada estadounidense en Quito”.
En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional” busca el intercambio de datos e información lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera.
En el contexto de la firma del “memorando de entendimiento”, la embajada estadounidense en Quito señaló que “los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima” agregando que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar, y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador”.
El artículo “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, indica que “en el periodo 2021-2022 la asistencia militar de EEUU para Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región”.
Principales receptores de asistencia militar EE. UU. en América Latina y el Caribe (millones de dólares):
Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones P-3 Orion desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la Isla San Cristóbal ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos para combatir el narcotráfico.
El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo entonces que “Galápagos es un portaaviones natural” a modo de justificar la decisión.
A todo lo anterior, Ecuador repuso sus envíos de militares para entrenarse en los EEUU en la sucesora de la Escuela de las Américas que desde el 2001 se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés).
Recordemos que el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador 2010, titulado “Sin Verdad, no hay Justicia”, entre sus recomendaciones señala la importancia de: “Exhortar a los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno y Policía para que no se autorice a miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a que asistan a cursos de formación o capacitación en escuelas o instituciones que tengan antecedentes en la enseñanza de prácticas contrarias a los derechos humanos. De manera particular, por su historial en la formación de militares y policías en América Latina vinculados en violaciones de derechos humanos: el Instituto de Cooperación para Seguridad Occidental (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), antes conocido como la Escuela de las Américas (United States Army School of the Americas, USARSA)”.
Recordemos que el 2012, el presidente de entonces, Rafael Correa había decidido retirar a las tropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC por las consecuencias nefastas que ha tenido el entrenamiento militar estadounidense para América Latina. Así mismo, Correa tuvo la valentía el 2009 de no renovar el Acuerdo con EEUU del uso militar de la base aérea de Manta.
Actualmente, Ecuador también participa del entrenamiento a policías, fiscales y jueces que brindan los Estados Unidos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) ubicada en El Salvador. Aunque algunos crean que Bukele es un anti imperialista, por algunos discursos populistas, El Salvador de Bukele está completamente al servicio de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.
La ILEA ha sido señalada como un instrumento ideológico de los Estados Unidos al servicio de la guerra sucia, la judicialización y criminalización de la protesta social, y la guerra jurídica, también conocida como “lawfare”, contra opositores a Washington y de las políticas neoliberales.
Privilegios e inmunidad
A todo lo anterior, en enero pasado el medio digital Primicias tituló que “Militares de Estados Unidos tendrán inmunidad y libre movilidad en Ecuador”.
El medio señala que la Corte Constitucional revisó tres acuerdos entre Ecuador y EEUU, firmados durante el gobierno de Guillermo Lasso, y, el 11 de enero pasado, les dio luz verde.
Se trata de los acuerdos: Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, y Asistencia en Interceptación Aérea.
El “Estatuto de las Fuerzas” permitirá que los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas estadounidenses, empresas y firmas y sus empleados “podrán estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para «visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias».
La jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, durante su visita 2022 a Ecuador. Foto: Southcom.
“Con el acuerdo firmado –señala el medio digital Primicias- Ecuador acepta que este personal estadounidense tenga «privilegios, exenciones e inmunidades» equivalentes a los que tiene el personal diplomático”. De otra forma, se indica que “Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal, dentro de territorio ecuatoriano”.
Sobre el acuerdo sobre actividades marítimas, se indica que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ecuador “podrán entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio ecuatoriano” e “incluye la utilización del espectro radioeléctrico, para sus sistemas de comunicaciones, sin costo alguno”.
En otras palabras, con estos acuerdos se da un manto de legalidad a las operaciones militares que ya Estados Unidos ha venido desarrollando en Ecuador desde hace años. En otras palabras, Ecuador nuevamente se ha convertido en una gran base militar estadounidense, en un punto de avanzada para sus operaciones en la región.
Es lamentable que el Estado de Ecuador se siga militarizando de acuerdo a las políticas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos que sigue adelante con su estrategia para que las Fuerzas Armadas y de Seguridad de América Latina sean dependientes y obedientes de los Estados Unidos dejando a un lado nuestro derecho a tener plena soberanía y completa independencia.
* Pablo Ruiz es periodista, editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz (www.derechoalapaz.org) y coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.
Miguel Sobrado y Juan José Rojas , Catedrático Universidad Autónoma de Chapingo
Nuestra América, en este momento de cambios acelerados en el panorama mundial, está viviendo intensos procesos de transformación que, en algunos casos resultan difusos y hasta regresivos y, en otros, se trata de experiencias alentadoras de autogestión social y de fortalecimiento institucional que es preciso complementar. En cualquier caso, es imprescindible abordar tales fenómenos como expresiones de un todo continental, y saber aprender de ellos liberándonos de valoraciones y esquemas del siglo XX que han mutado en nuestra época, adquiriendo por su aplicación práctica una connotación muy alejada de su significado inicial.
Empecemos por analizar en lo profundo el caso de Milei en la Argentina donde la mayoría de los votantes, más que otorgarles un respaldo a sus propuestas, votaron con desesperación contra un sistema clientelista manejado por “punteros” que, en vez de crear ciudadanía, negociaban los votos de los “rebaños locales” ante los políticos depredadores. Así, un país de los más ricos del continente, que llegó a perfilarse incluso como potencia regional, pasó a un estado de postración con una tasa de pobreza que rebasaba el 40% y una inflación superior al 100%. Bajo este contexto, tanto tirios como troyanos, responsables del desastre, no ofrecían una alternativa creíble para los electores.
De tal forma que cuando apareció el espectáculo de Milei con una sierra ofreciendo acabar de raíz con estos males cerrando instituciones y dolarizando la economía, la mayoría electoral desesperada se cobijó en sus brazos sin analizar las consecuencias que tendría para ellos mismos la aplicación de su programa económico.
Dicho en otras palabras, votaron contra el clientelismo y los privilegios de grupos enquistados en el gobierno para servirse de su posición y no para servir a la población que es el verdadero y único cliente que financia sus salarios. Partidos que, en nombre de las necesidades reales de los trabajadores, al llegar al poder, a menudo, les daban la espalda con grandes negociados para sus dirigentes y hasta los maltratan en las ventanillas y en la calidad del servicio. Por eso, por su práctica oportunista, los eslóganes populistas perdieron credibilidad y terminaron siendo rechazados como palabras gastadas.
Por otra parte, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al margen de los canales del viejo sistema clientelista instaurado por el PRI desde el siglo pasado y pese a la existencia de conflictos serios de violencia en algunos estados y municipios, ha sabido cumplir con las expectativas de la población trasladando los recursos que antes eran saqueados por los presidentes y ministros y la red de funcionarios que se servían en cascada de sus privilegios, a los ancianos con pensiones débiles o carentes de pensión, así como a estudiantes de escasos recursos económicos para que no abandonen sus estudios. Con estos recursos, sin recurrir a nuevos endeudamientos, ha recuperado las empresas petroleras y energéticas y ha impulsado la construcción de grandes obras de infraestructura que contribuyen a la ampliación del mercado nacional. Todo ello, le ha permitido conseguir logros políticos importantes que han acrecentado su autoridad y prestigio. Con sus locuciones mañaneras ha logrado un gran éxito, como ejemplo continental, al neutralizar a los medios tradicionales al servicio de la oligarquía. El prestigio de su gobierno es tal que, a unos meses de cumplirse el sexenio, su partido Morena tiene una posición privilegiada frente a las nuevas elecciones.
No obstante, algunos de sus proyectos estratégicos, como el tren maya y el corredor interoceánico, han provocado afectaciones graves al medio ambiente; la inseguridad pública persiste y se torna incontrolable en diversos puntos del territorio nacional; pero, quizás, su déficit principal se manifiesta en el escaso fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales han sido desplazadas de la agenda pública por un estatismo asfixiante. El balance global arroja así un panorama de claro-oscuros que amerita ser reforzado en sus aspectos positivos mediante un ejercicio autocrítico y un replanteamiento de los ejes centrales en los que debe basarse el proceso de transformación.
Bukele, en El Salvador, ha logrado con energía, frente al terror de las maras, restituir la autoridad del Estado y la seguridad de la ciudadanía. Un primer paso muy importante, que debe complementarse con una política educativa y de capacitación empresarial que les abra nuevos horizontes a los jóvenes. De igual forma, debe insistirse en que el restablecimiento del orden público no debe implicar el sacrificio de los derechos humanos y mucho menos convertirse en una justificación para alentar la concentración del poder en pocas manos y la legitimación de prácticas autoritarias que pongan en entredicho el régimen democrático.
Lula en Brasil, ha retomado con firmeza las riendas del Estado, deterioradas severamente por la administración de Bolsonaro y, apartándose de las prácticas clientelares, está incorporando a los excluidos, a través de los poderes locales, en la formulación e implementación de políticas sociales redistributivas e integradoras. Junto con ello, las inversiones públicas en los sectores industriales y agrarios, bajo una perspectiva de largo alcance, están modificando el perfil de la economía brasileña y desatando su potencialidad a fin de desempeñar un papel cada vez más protagónico en el nuevo mundo multipolar.
Petro en Colombia se ha enfrascado en la paz total, en un contexto donde sus iniciativas son saboteadas, tanto en el parlamento y en el ámbito del poder judicial, como por las acciones bélicas impulsadas por los grupos de interés enemigos de la paz. Sin duda, está avanzando, aunque lentamente, en otras reformas que le pueden dar dividendos políticos que fortalezcan su autoridad, como la reforma educativa, la de salud y la de pensiones.
En Chile, Gabriel Boric, ha sufrido, en parte por su maximalismo, lo embates de una derecha que ha saboteado la reforma constitucional y que tiene suficiente fuerza en el parlamento para postergar sus iniciativas que podrían enriquecer su autoridad y capacidad de maniobra y avance.
En suma, tal como se puede apreciar en este ligero esbozo, en los diferentes países de América Latina hay material suficiente para aprender de lo que está sucediendo en nuestro continente, pero aún hace falta dejar de lado la visión fragmentada por país y los conceptos que identifican como progresistas a estructuras “populares” clientelistas, manipuladas por intereses corruptos de grupo. En su lugar hay que impulsar una estrategia política acumulativa del cambio que forme ciudadanos educados y capacitados alrededor de organizaciones autónomas, de tipo comunal, asociativo y solidario.
