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Las claves del triunfo chavista: fragmentación democrática y unificación de la derecha

Escrito en 03/02/2026. Publicado en Elecciones.

Jorge Mora Portuguez, M.Sc.

Las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica dejaron un resultado que, aunque jurídicamente es incuestionable, merece una lectura más profunda. La victoria de Laura Fernández y del Partido Pueblo Soberano se alcanzó con cerca del 48.3 % de los votos válidamente emitidos.

Sin embargo, cuando se observa el panorama completo del padrón electoral; 3,731,788 personas inscritas, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones; la realidad es otra: el nuevo gobierno cuenta con el respaldo directo de apenas el 31.9% del total de electores; y sus diputaciones con el 28,8%. Es decir, se trata de una victoria institucional y jurídicamente clara y legítima, de la que no cabe duda alguna; pero con una legitimidad social y política más bien moderada.

Este resultado no puede interpretarse como una adhesión mayoritaria de la sociedad costarricense al proyecto político de extrema derecha que representa el chavismo. Por el contrario, responde fundamentalmente a una estrategia que logró lo que durante años parecía imposible: absorber a prácticamente todo el espectro conservador, fundamentalista religioso y de derecha radical en una sola opción electoral; que atrajo a los sectores sociales históricamente más vulnerables y excluidos.

El Partido Pueblo Soberano absorbió y desplazó a fuerzas que hasta hace poco dominaban el centro derecha y la derecha política: Nueva República, el Partido Liberal Progresista, la Unidad Socialcristiana, Unidos Podemos y otras agrupaciones menores que juntas llegaron apenas al 8.07% de los votos válidos. La dispersión histórica del voto conservador desapareció y se concentró en un proyecto común, permitiendo alcanzar una mayoría relativa contundente entre quienes sí acudieron a las urnas.

Mientras tanto, el bloque democrático, progresista y de centro mostró una profunda fragmentación. Aproximadamente un 43.2 % de los votos válidamente emitidos se dispersó entre el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, la coalición Agenda Ciudadana (que obtuvieron 1,080,000 votos) y otras fuerzas menores.

En total un 58.7% de los votos válidos fue para partidos de oposición (1,350,000 votos) mientras que Pueblo Soberano obtuvo el 48.3% (1,190,000 votos). Esta división resultó determinante. En conjunto, estas fuerzas de oposición representaron una porción significativa del electorado, pero al competir separadas facilitaron el triunfo de una derecha cohesionada. La historia electoral es clara: cuando un bloque político se unifica y su adversario se fragmenta, la victoria del primero se vuelve altamente probable, incluso sin contar con mayoría social.

A este escenario se suma un tercer actor cada vez más relevante: el abstencionismo. Cerca del 30 % del padrón electoral decidió no participar. Se trata de una población marcada por la apatía, la desconfianza en la política o la sensación de que ningún proyecto representa realmente sus intereses. Este sector, al margen del proceso democrático, termina siendo funcional a que proyectos políticos que no necesariamente son mayoritarios controlen el poder institucional del país. Esta población proviene principalmente de esos mismos sectores excluidos e históricamente marginados que nutrieron al chavismo en estas elecciones, pero que no pudieron ser enganchados por este, ni tampoco por las fuerzas democráticas.

Otro elemento revelador de estas elecciones es su dimensión territorial. Laura Fernández superó el 50 % de los votos en 44 cantones del país. De ellos, solo uno corresponde a un centro urbano: Alajuela Centro. Los otros 43 son cantones rurales, periféricos y de las regiones históricamente más excluidas: las zonas costeras, la Zona Norte y comunidades alejadas del centro económico del país. A estos se sumaron otros cantones y poblaciones con menor índice de desarrollo y mayores niveles de pobreza y exclusión.

Este patrón no es casual. En muchas democracias contemporáneas, los proyectos de extrema derecha han logrado arraigo precisamente en territorios golpeados por la desigualdad, el abandono estatal y la falta de oportunidades. Allí donde el Estado ha llegado menos, el discurso autoritario y el fundamentalismo religioso encuentran terreno fértil.

Las lecciones políticas que deja este proceso son claras.

Primero, el nuevo gobierno no representa a una mayoría social absoluta, sino a un proyecto político que supo concentrar el voto, absorbiendo y unificando a las derechas; lo que fue clave para su triunfo.

Segundo, la fragmentación del campo democrático, de centro y progresista resultó decisiva para la derrota. Así como la ausencia de un proyecto político que resultara atractivo a la población.

Tercero, el abstencionismo sigue siendo un problema estructural de la democracia costarricense.

Cuarto, las regiones excluidas del país se han convertido en el principal escenario de disputa política, con predominio, por el momento, del proyecto de extrema derecha que representa el chavismo.

Todo esto evidencia la necesidad de que las fuerzas democráticas, progresistas y de centro superen la lógica de la división y apuesten por alianzas amplias, acuerdos programáticos y coaliciones que permitan enfrentar con mayor éxito a la extrema derecha en los próximos procesos electorales.

Pero estas alianzas no pueden limitarse a pactos electorales entre dirigencias y partidos. Deben ir acompañadas de la construcción de un proyecto político que atraiga nuevamente a la población, de un discurso y una narrativa que convenzan; y de un trabajo sostenido con los movimientos sociales y populares; en las comunidades, especialmente en los territorios rurales y periféricos que hoy se sienten abandonados. Es allí donde debe reconstruirse la confianza en la democracia, con presencia institucional, políticas sociales reales y propuestas que respondan a las necesidades cotidianas de la población.

Las elecciones municipales del 2028 serán clave para que los partidos democráticos rectifiquen sus estrategias y recuperen en los territorios el terreno perdido y logren consolidar proyectos reales dirigidos al bienestar del mayor número, especialmente en las áreas rurales y periféricas donde hoy la extrema derecha concentra su fuerza.

Las elecciones de 2026 no marcan un giro mayoritario del país hacia la extrema derecha. Revelan, más bien, una combinación peligrosa: una derecha estratégicamente unificada bajo un proyecto político y con una narrativa que convence y atrae a los sectores históricamente excluidos y decepcionados; una oposición democrática fragmentada, sin narrativa y sin proyecto político alternativo; y una ciudadanía distante y apática del proceso político.

El desafío para Costa Rica es enorme. O las fuerzas democráticas logran articular unidad, presencia territorial y un proyecto inclusivo capaz de reconectar con la ciudadanía, o el proyecto autoritario de la extrema derecha se consolidará, ganando poder aún con apoyos sociales minoritarios, pero políticamente bien organizados.

Costarricenses atacaron “fotocopias” políticas

Escrito en 03/02/2026. Publicado en Elecciones.

Rafael A. Ugalde Q.*

Comienzo aclarando el asunto de ver la “barrida” del oficialismo en las elecciones del pasado 1 de febrero, en seis de las siete provincias del país, como una especie de castigo durísimo contra las “fotocopias” de un ideario “original” de la “derecha” más recalcitrante para Europa y nuestra región, según el experto puertorriqueño en “descolonización” y catedrático universitario, Ramón Grosfoguel.

Él sostiene que ciertas posiciones políticas, consideradas por amplios sectores de votantes en Europa Occidental y Nuestra América como “reformistas”, “socialistas” “progresismo” o simplemente “izquierda”, por carecer de una posición firme frente al fascismo y a favor de los procesos soberanos, terminan contribuyendo con la instalación de gobiernos de mano dura, denominados de “derecha” pura. Constátese en: “Las derechas del Siglo XXI” (https://www.youtube.com/watch?v=L2mUGSadX18) y “Venezuela negocia con el imperio, flexibilidad táctica sin ingenuidad”, ver: (https://www.youtube.com/watch?v=gMJFXNnaW2c).

Grosfoguel, académico de la Universidad de California, respetado tanto en el viejo continente como en Latinoamérica, tiene múltiples conferencias y entrevistas grabadas en la internet, utiliza el símil para distinguir el relato político “original”, puro y sin ambigüedades de la extrema derecha, comparado con quienes dicen adversar esas posiciones, pero terminan coincidiendo dentro capitalismo con estos planteamientos fascistas, como si fuera una mala “fotocopia” de aquel “original”.

Estas “fotocopias” en ocasiones, nos dice el analista, nos pueden parecer de “avanzada”, como parte de un discurso que interpretamos distinto a las opciones conservadoras, pero no es más que la cara de una misma moneda, contra los pueblos que buscan su independencia, frente a un “imperio”, según él, en declive frente a un Nuevo Orden Mundial.

Desde esta perspectiva, él explica como movimientos ondulantes dentro de los ámbitos “progresistas” o de “izquierda” tradicional en Honduras, Ecuador, Bolivia o Argentina, al carecer de una debida articulación de sus trabajadores y no tener, por lo tanto, casi ninguna capacidad táctica para enfrentar las embestidas imperiales, terminan entregando los gobiernos a proyecto políticos y económicos “originales” de la derecha pura y dura.

En el caso costarricense durante las 24 o 48 horas antes de las elecciones del pasado domingo 1 de febrero, no hubo necesidad de la intromisión directa de la Casa Blanca a favor de los defensores de su proyecto para su “patio trasero”, como sí ocurrió en los comicios pasados en Argentina, Bolivia y Honduras, cuando con amenazas dobló las manos a los sufragantes.

Después de 73 años consecutivos desde 1949 que nuestro “oficialismo” o la llamada “oposición” se repartieron los principales cargos políticos, emerge inesperadamente en 2022 un personaje que hace de la confrontación pública su forma de llegar a amplios sectores que se sentían sin voz.

Esto deberían abrumar a nuestra militancia en los sindicatos, partidos a favor de la transformación social, organizaciones estudiantiles etc. Su casi 60 % de popularidad al termino del gobierno, debería ser tema de preocupación para los lideres populares, en cuanto sí ha habido trabajo cualitativo en las bases, o nos hemos conformado como trabajadores, obreros, pensionados etc., con hacer bulla y ruido cada cierto tiempo para que nos tomen como opositores. Perdonen, pero no nos engañemos reduciendo el problema a un simple estereotipo de simple “populismo”.

Cuatro organizaciones tendrán diputados en el congreso 2026-2030. (F. Fabián Hernández Mena, Semanario Universidad).

El abultado triunfo de este oficialismo el pasado 1 de febrero debería además a empujarnos a una crítica a fondo, en relación de cómo sociedad, qué nos dejaron aquellos ajustes estructurales e imposiciones del Fondo Internacional, pues por el contexto de las palabras dichas por la presidenta electa, sus efectos devastadores seguirán vigentes y se profundizarán al menos hasta 2030.

Ya los perdedores aceptaron la derrota. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, aceptó que su organización no pudo frente a la representante del oficialismo ganador en seis de las siete provincias, por amplios márgenes, por sí había dudas.

Ramos, quien logró remontar un 9% en la intención de voto en las encuestas, alcanzó a movilizar a su gente del alicaído partido, alcanzando un 33,4% de los sufragios, una vez escrutadas las mesas receptoras de votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así, los verdiblancos, que en estas elecciones se jugaban la vida para no correr la misma suerte de los liberales de Elí Feinzaig, Nueva República de Fabricio Alvarado, el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo y el antiguo Partido Acción Ciudadana (PAC), que quiso revivir viejos tiempos camuflado en una coalición, el “oficialismo” terminó con ellos.

Ramos y sus seguidores, sacudidos por divisiones internas y señalado su partido como promotor de la llamada “red de cuido”, a última hora, convence a sus simpatizantes – especialmente empleados estatales de la Gran Área Metropolitana– a revertir la baja intención de voto que daban las encuestadoras a su aspirante. Y lo logra muy parcialmente.

Aunque brincó de un 9% en las intenciones de voto hasta el 33,44% de sufragios escrutados oficialmente, solo mantuvo la provincia de Cartago como bastión histórico del liberacionismo, perdiendo las restantes seis provincias por “goleada”, frente un oficialismo intratable en las mesas receptoras de votos.

Significaría que los verdiblancos tendrán que conformarse con dos diputados menos, pasando de 19 a 17 legisladores, contra una mayoría simple de 31 congresistas, que permitirá a la derecha “original” aprobar importantes leyes ordinarias, ante la ausencia de una unidad real y viable como país alternativo, apuntando a reconquistar articuladamente la verdadera soberanía como nación, tener relaciones con todos los países del orbe, respetar la autodeterminación de los pueblos, el Derecho Internacional como instrumento de paz y dialogo civilizatorio y desarrollar nuestra innovación tecnológica y la robótica, priorizando el conocimiento para servicio de las necesidades nacionales en la agricultura, nuestra oceanografía, ambiente, la ciencia local y la formación humanística, sin imponer la educación exclusiva a disposición de la actividad maquiladora.

Ramos sacó del bache histórico a su franquicia gracias al voto principalmente de empleados públicos del Gran Área Metropolitana, convirtiéndose en la segunda fuerza más votada después de Pueblo Soberano que no supo ni le interesó “desinflar” la campaña del miedo, en torno a una “dictadura” en el país, al estilo de Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Tanto la derecha “original”, antisocialista, injerencista y atrincherada en Zapote, así como el grueso de la prensa y las “fotocopias” que dicen adversar el “chavismo”, convencieron a los votantes que peligraba la existencia de la Segunda República, la “democracia”, la libertad, etc., que no es otra cosa que el ejercicio del poder por la minoría conocida desde 76 años.

Es decir, la Segunda República ya es innecesaria, porque después de más de 40 años de golpear parejo a los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, la salud, la educación, oficializar la ausencia de justicia pronta y cumplida, eliminar los salarios dignos etc., la existencia de lo que habían dejado de Estado Social, a la luz de la cruel economía de mercado, estorba.

“Prometo ser oposición constructiva, sin permitir cosas indebidas», afirmó Ramos cuando conoció de primera mano que el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya era irreversible y daba a Fernández como ganadora presidencial, sin necesidad de balotaje el próximo mes de abril.

Se diluían así las esperanzas de los tres o cuatro contrincantes mejor colocados en la tabla de clasificación del TSE de jugársela en una segunda vuelta para sacar, según ellos, el “continuismo” del poder.

La provincia de Puntarenas, entre las más deprimidas del país, por falta de empleo, se sumó a la fiesta democrática el pasado domingo, contribuyendo con la presidenta electa con el 63,44% de sus votos (F. BBC News Mundo).

Fernández, en su discurso por la victoria, sostuvo que la llamada Segunda República había llegado a su fin la noche del 1 de febrero y se disponía a seguir adelante el plan económico iniciado por su mentor, Rodrigo Chaves, por lo que abogó a cerrar fila a favor del progreso social y económico del país, dijo.

Sin embargo, para el historiador y analista local, Oscar Barrantes, todo parece indicar que las contradicciones sociales y económicas, así como el proceso de vasallaje nacional, crecerá más que nunca, hasta 2030.

En una apretada reflexión hecha pública el pasado 2 de febrero sobre lo ocurrido el domingo anterior, sostiene que con la elección de Fernández se vecina “una agudización del sometimiento de la oligarquía financiera y el lumpen politiquero”.

Sobre todo -agrega- “de todas las franquicias electoreras, Oenegés, fundaciones por la Paz, centros de estudios, fracciones del barco capital, etc.”, sirviendo al Imperio, el injerencismo y la intervención directa estadounidense.

“Se agravarán las desigualdades sociales y políticas en el país. Se incrementará la persecución política y judicialización de la protesta y la lucha social popular.” Según él, con Fernández como presidenta, habrá mayor presencia militar del Comando Sur en nuestro país y, uso del territorio nacional como plataforma de agresión y guerra híbrida contra los proyectos revolucionarios en el Caribe, Centro y Latinoamérica.

No descarta una escalada de la confrontación social y política. Es posible, puntualiza, un Estado de excepción y maniobras de constituyente hacia un régimen nazi-sionista.

Paradójicamente, un ambiente como el contextualizado por Barrantes, llevaría desde ahora cuatro años de lucha por el empoderamiento horizontal de las bases populares, en busca de su participación todos los días en la vida activa del país y no cada vez que convoque el TSE.

Es pedir mucho. No ignoro que la impresora es nueva.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Entre institucionalidad cultural y derechos laborales: así abordan el cine los planes de gobierno

Escrito en 27/01/2026. Publicado en Elecciones.

Un documento comparativo elaborado a partir de la guía del cineasta y docente Alejandro Ferlini Cartín analiza las propuestas —o la ausencia de ellas— sobre cine, producción audiovisual y artes audiovisuales en los planes de gobierno de las principales candidaturas presidenciales para las elecciones de 2026. El ejercicio permite identificar con claridad cuáles partidos presentan planteamientos concretos, cuáles se limitan a menciones generales y cuáles no incorporan el tema en absoluto.

Según el análisis, solo un reducido número de candidaturas reconoce explícitamente la política pública audiovisual existente o propone acciones específicas para el sector. El Frente Amplio (Ariel Robles) presenta la propuesta más clara y específica, con respaldo explícito a la Ley de Cinematografía y Audiovisual, el fortalecimiento del Centro de Cine y la continuidad de fondos públicos para producción, formación y exhibición. El PUSC (Juan Carlos Hidalgo) incluye el cine dentro de una política cultural amplia vinculada a la economía creativa, aunque sin instrumentos exclusivos. El Partido de los Trabajadores (David Hernández) introduce un enfoque distinto, abordando el audiovisual desde los derechos laborales, el reconocimiento del trabajo cultural y el acceso democrático, aun cuando no detalla herramientas específicas solo para cine.

En contraste, otras candidaturas presentan propuestas parciales o generales. El PLP (Eli Feinzaig) y Avanza (José Aguilar) mencionan la cultura y las actividades artísticas, pero sin políticas, financiamiento ni institucionalidad concreta para el audiovisual. El PLN (Álvaro Ramos) aborda la cultura de manera transversal, sin diferenciación para cine o artes audiovisuales. Finalmente, Agenda Ciudadana (Claudia Dobles), Pueblo Soberano (Laura Fernández) y Nueva República (Fabricio Alvarado) no presentan propuestas públicas identificables relacionadas con cine, producción audiovisual o políticas culturales.

El documento concluye que el cine y el audiovisual no ocupan un lugar prioritario en la mayoría de los planes de gobierno, pese a contar ya con una base institucional respaldada por legislación y fondos públicos. Destacan dos enfoques claramente diferenciados: uno que concibe el audiovisual como parte de la institucionalidad cultural y la economía creativa, y otro que lo entiende desde los derechos laborales y el acceso democrático a la cultura. La ausencia de propuestas claras en varios programas abre, según el análisis, una oportunidad para que el sector audiovisual incida activamente en el debate electoral y posicione el cine como industria cultural, expresión artística y herramienta de proyección internacional.

Cine y audiovisual en los planes de gobierno – Elecciones 2026

Resumen comparativo

Partido / Candidatura	¿Incluye propuestas sobre cine y audiovisual?	Enfoque principal	Nivel de concreción
Frente Amplio – Ariel Robles	Sí	Institucionalidad cultural, continuidad de políticas públicas, financiamiento	Alto
PUSC – Juan Carlos Hidalgo	Sí	Economía creativa y política cultural amplia	Medio
Partido de los Trabajadores – David Hernández	Sí	Derechos laborales, acceso democrático a la cultura	Medio
PLN – Álvaro Ramos	Parcial	Cultura tratada de forma transversal, sin foco audiovisual	Bajo
PLP – Eli Feinzaig	Parcial	Cultura general, sin instrumentos específicos	Bajo
Avanza – José Aguilar	Parcial	Mención genérica a cultura y artes	Bajo
Agenda Ciudadana – Claudia Dobles	No	—	Nulo
Pueblo Soberano – Laura Fernández	No	—	Nulo
Nueva República – Fabricio Alvarado	No	—	Nulo

Claves que se desprenden de la comparación

Solo una candidatura presenta una política audiovisual claramente definida y vinculada a la institucionalidad existente.
Dos programas incorporan el tema de manera indirecta, ya sea desde la economía creativa o desde los derechos laborales.
La mayoría de los planes no contempla propuestas concretas para el cine y el audiovisual, pese a tratarse de un sector con legislación, instituciones y fondos ya existentes.
Se identifican dos enfoques diferenciados:
- Cine como política cultural e industria creativa.
- Cine como trabajo cultural, derecho y acceso democrático.

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

Escrito en 21/01/2026. Publicado en Elecciones.

German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.

Semillas y Saberes: seguridad y soberanía alimentaria ante elecciones 2026 – este jueves 20

Escrito en 20/11/2025. Publicado en Alimentación.

Este jueves 20 de noviembre a las 11:00 a.m., la emisora 870 UCR transmitirá en vivo una nueva edición del espacio Semillas y Saberes, dedicado en esta ocasión a ofrecer un recuento actualizado sobre la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional en Costa Rica, un tema clave en el contexto electoral de 2026.

La conversación buscará plantear qué deberían conocer las personas candidatas a la Presidencia de la República y sus partidos, y qué compromisos deberían asumir en sus planes de gobierno para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, suficiente y saludable para toda la población.

El programa contará con la participación de dos especialistas ampliamente reconocidas en este campo:

Marianela Zúñiga Escobar, coordinadora de la CISAN-UCR e integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, quien aportará un análisis técnico sobre los desafíos estructurales, brechas territoriales, situación de los sistemas alimentarios y aspectos críticos sobre soberanía alimentaria.
Karen Chacón Araya, investigadora del Programa Estado de la Nación, quien presentará hallazgos recientes sobre desempeño nacional en seguridad alimentaria, vulnerabilidades socioeconómicas y los factores que deben ser atendidos con urgencia desde la política pública de cara a un año electoral.
La conducción estará a cargo de Marcela Dumani Echandi.

La transmisión será por:

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Señal 870 AM
radios.ucr.ac.cr

El programa está dirigido al público general, especialmente a quienes buscan información rigurosa y actualizada para orientar el debate público y la toma de decisiones en el proceso electoral de 2026.

Taller virtual del OPNA UCR: ¿Cómo interpretar las elecciones de 2026?

Escrito en 14/11/2025. Publicado en Elecciones, Portada.

El Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica invita a toda la ciudadanía a participar en el taller “¿Cómo interpretar las elecciones de 2026? Taller de Análisis del Proceso Electoral”, una actividad formativa especialmente relevante en el actual contexto político del país.

El taller será impartido por el equipo del OPNA y ofrecerá herramientas analíticas para comprender a profundidad el proceso electoral costarricense, los factores que influyen en la toma de decisiones electorales, las dinámicas de competencia política y los elementos clave que marcarán el rumbo de las elecciones nacionales de 2026.

La invitación fue compartida a SURCOS por el politólogo Rotsay Rosales, quien destacó la pertinencia de esta actividad para los públicos interesados en comprender la coyuntura decisiva que vive Costa Rica.

Datos de la actividad

Fechas: 20 y 21 de noviembre
Hora: 7:00 p.m.
Modalidad: Virtual sincrónica
Costo: Gratuito
Abierto al público

Para registrarse, las personas pueden escanear el código QR que aparece en la imagen o acceder mediante el enlace compartido en redes sociales del OPNA.

Organizan

Observatorio de Política Nacional (OPNA) – UCR
Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica