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Etiqueta: ANEP

ANEP solicita al Presidente detener entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público

  • En próximos días se presentará una Acción de Inconstitucionalidad.

  • Ley Marco de Empleo Público no garantiza una sana Reforma del Estado.

La Secretaría General de la ANEP envió una carta a la Presidencia de la República a fin de que, por parte del mandatario, Rodrigo Chaves Robles, se gestione detener la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, lo cual está prevista para el 10 de marzo.

La preocupación surge ya que en 40 días calendario entraría a regir la Ley, pero de momento son un misterio puntos como la reglamentación, aplicación o la serie de dispositivos operativos para su entrada en vigencia, entre otros factores. Es por esto que desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se le solicita al Presidente detenerla.

Asimismo, se le recordó a don Rodrigo cuando afirmó en campaña electoral que la Ley Marco de Empleo Público era un adefesio y que habría que revisarla bien.

Desde nuestra organización, y que siempre nos opusimos a la misma, existe un rotundo rechazo a su entrada en vigencia, ya que generará un desastre de gestión institucional y multi-institucional dentro de la Administración Pública.

Sumado a nuestros análisis jurídicos y políticos, está el criterio de la Contraloría General de la República (CGR) , la cual, señaló en un informe la cantidad de irregularidades que hallaron en el estudio del presunto proceso de reglamentación.

Por tal motivo, en días próximos la ANEP presentará una Acción de Inconstitucionalidad para que desde la Sala Cuarta se ordene que no entre en vigencia la LMEP, puesto que está plagada de roces con la Constitución y además, la ley no es una necesidad nacional.

ANEP: Derechos humanos es bandera fundamental contra la desigualdad

75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
1948 – 10 de diciembre – 1975

ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO

01- Ley Marco de Empleo Público (LMEP): Acciones diversas (individuales y/o colectivas, y sectoriales), en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Consideración de eventuales movilizaciones de diverso orden.

02- Defensa del Salario Escolar: Nada que discutir en lo jurídico. Preparación para la movilización general en su defensa.

03- Congelamiento salarial en el sector Público: A) Abrir proceso en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional en el marco de la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Convencidos completamente de que el actual congelamiento salarial es violatorio de Derechos Humanos. B) Impulso a procesos sectoriales-gremiales de severa precarización y pauperización salarial, en los ámbitos necesarios (político-jurídicos y de movilización).

04- Gestión colectiva problema de interinatos prolongados: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Especialmente, casos de CCSS, MEP, M. Salud.

05- Gestión colectiva problema violación abrupta requisitos ya cumplidos de pensión IVM-CCSS: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Y, paralelamente, reforzar el proceso para garantizar una pensión realmente digna para quienes ya la reciben. Por otra parte, el acceso libre a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), es objetivo fundamental de atención permanente. (Este apartado incluye al Sector Privado).

06- Gestión nacional para definiciones constitucionales en espera: ley 9635 (combo fiscal) y ley anti-huelgas (9808) Eventual apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).

07- Gestión política de diverso orden para que Costa Rica respete la Opinión Consultiva OC-27/21, Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

ÁMBITO DEL SECTOR PRIVADO

08- Retorno a la fijación semestral por costo de vida en el salario mínimo.

09- Establecimiento-fijación de un nuevo monto salario mínimo en Costa Rica.

10- Impulso para recalificación salarial de labores privadas en sectores banano-piña, choferes de autobús, seguridad privada.

11- Acceso pleno y directo a atención médica por accidentes laborales (“pase al INS”).

12- Fortalecimiento oposición al proyecto-ley jornadas 4/3.

13- Fortalecimiento acción intersindical para el proceso “debida diligencia” comercio internacional bananero-piñero.

14- Seguimiento de e incidencia para su implementación de las recomendaciones de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre las sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

15- Defensa integral de todos los derechos laborales, económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política, en el Código de Trabajo y en los tratados internacionales en la materia.

16- Destacamos el concepto Sociopolítico de la Política de Trabajo Decente, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada en Costa Rica como Política de Estado; resaltando el valor estratégico de la política pública de Salud Ocupacional. En forma paralela, impulso para la emisión de legislación pendiente, nacional e internacional, en materia de acoso laboral en el empleo.

17- Reafirmación de nuestra acción militante en defensa de las empresas públicas, pilares del Estado Social de Derecho, proveedoras de servicios públicos estratégico-universales, de y/o recursos para el desarrollo socioeconómico nacional y regional; por ejemplo, el INS, el ICE, Correos, FANAL, CNP, Recope, Japdeva, entre otras. Además, entidades institucionales vitales para la integración social: JPS, INA, entre otras.

18- Defensa de la Constitucionalidad y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Específicamente: a) Sostenibilidad financiera. b) Fuerte acción sindical contra la corrupción en todos los niveles. C) Férrea oposición a la tercerización de servicios, fuente de corrupción, tráfico de influencias, precarización laboral y hasta de evasión fiscal.

19- Alianza con sector ecologista-Defensa A y A – Agua: Derecho Humano Fundamental, libre de clorotalonil y cualquier otro tipo de contaminante del agua que amenace la vida – Defensa del patrimonio ecológico nacional.

20- Defensa del Régimen Municipal – Institucionalización plena con sentido estratégico de la figura jurídica Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

21- Sostenibilidad financiera de IVM-CCSS: continuación proceso político-judicial; de impulso a nuestra propuesta de una intervención multisectorial por ser problema nacional; y, de formulación-visibilización de nuestras propuestas para su fortalecimiento.

22- Lucha presupuestaria: programas sociales, de Salud, de Seguridad, de Educación y U’ públicas, claves para la paz y para la Democracia. Particularmente, hacemos énfasis en la necesidad del fortalecimiento estratégico, integralmente hablando, de la Seguridad Ciudadana y, en lo específico de los diferentes cuerpos policiales, es tarea vital de la lucha social; tanto como aportar a la superación de la grave crisis del sistema educativo público en sus niveles fundamentales, para lo cual haremos énfasis en nuestro planteamiento de 10 ejes y 100 propuestas para el rescate de Educación costarricense.

23- Justicia Tributaria-Transformación Tributaria Estructural-Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Formulación de iniciativas novedosas, transgresoras, acerca de qué hacer con el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública y de la deuda pública en cuanto tal.

24- Abrir proceso litigante en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) con relación a los abusos hegemónico-ideológicos del ajuste fiscal extremista, que golpea el respeto pleno a los Derechos Humanos económicos, sociales y culturales.

25- Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritiva: Rechazo absoluto a la Alianza del Pacífico-Fortalecimiento institucional de entidades públicas del sector agropecuario. Este planteamiento guarda relación con el problema del alto costo de la vida en, al menos, la alimentación básica inherente a la supervivencia del pueblo trabajador.

Acuerdo Unánime y Firme de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP

Sesión No. 2250 (de carácter ordinario)

Viernes 13 de enero de 2023

ANEP condena, fuertemente, perverso papel del FMI el cual está carente de autoridad moral

La regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social.

Gobierno debe seguir con sus planes de flexibilizar la regla fiscal.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima que resulta urgente para la preservación de la misma estabilidad democrática del país, una fuerte flexibilización del perverso mecanismo neoliberal, de corte extremista, conocido como la regla fiscal; gran necesidad nacional habida cuenta de la grave y ya constatada desigualdad en que se encuentra la sociedad costarricense de la actualidad.

ANEP deja en evidencia que la tesis del actual Gobierno de la República al respecto, en cuanto a que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla, es totalmente correcta; y, por tanto, expresamos una enérgica condena al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está amenazando al país si lo hace.

El FMI es una entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

La cara visible del tenebroso FMI para el caso de Costa Rica, la señora Marcela Goretti, debería ser llevada a visitar los barrios de las zonas costeras del país, cargados de miseria, de exclusión y de violencia, para que ella constatara la gravedad y la maldad de los informes que ella emite contra nuestro país.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal.

Ni en el caso actual de las entidades ya sometidas a la regla fiscal, ni en este, cuenta el FMI con autoridad moral alguna como para venirnos a decir a los y a las costarricenses cómo debemos re-ordenarnos para evitar que el crecimiento de la desigualdad ponga en peligro la misma estabilidad democrática del país.

Creemos, adicionalmente, que en la actual Asamblea Legislativa hay conciencias diputadiles decentes como para comprender que la flexibilización de la regla fiscal es un asunto de corte patriótico-social, más allá de las controversias entre Gobierno y oposición que hemos visto en estos días.

Haciendo los retoques correspondientes, esperamos que la flexibilización de la regla fiscal sirva para fortalecer la estabilidad democrática de Costa Rica y para aportar en cerrarle el paso al avance de la desigualdad social y de la exclusión económica.

Aumento y fortalecimiento del sindicalismo en el sector agrícola

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) compartió un vídeo sobre un aumento en las filas sindicales de trabajadoras y trabajadores de plantaciones, bajo la idea que por medio de la lucha se obtienen mejores condiciones laborales y para sus correspondientes familias.

Compartieron además el éxito que tuvo la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) en donde se escogió la junta directiva que estará a cargo durante los próximos años, junto con la presentación de una balance de las acciones realizadas en períodos pasados, nacional e internacionalmente. Adicional a esto, presentaron la “ruta a seguir” u objetivos por parte del Sindicato para abordar las problemáticas en contra de los y las trabajadoras.

Algunos de los miembros compartieron con alegría el fortalecimiento y crecimiento del movimiento sindical en territorios del país a razón de políticas públicas, proyectos de ley y acciones que van en contra de la clase trabajadora de las plantaciones.

En la Asamblea se realizaron también actividades recreativas para los menores de edad presentes y una rifa. 

Finalmente, la ANEP compartió con alegría los logros del SITRAP, y plantean trabajar conjuntamente a fin de seguir fortaleciendo el movimiento sindical costarricense, y continuar velando por los derechos de los y las trabajadoras. 

Reinstalan a dirigente sindical tras ser despedido sin el debido proceso

El Juzgado de Trabajo de Puntarenas ordenó la reinstalación en su puesto de trabajo de un dirigente sindical, quien se desempeñaba como guarda de seguridad en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.

El abogado encargado del caso, el señor Pablo Quiros Picado, explicó que en el caso del afiliado de la ANEP de apellido Miranda, la Alcaldía violentó el debido proceso para ejecutar el despido el pasado 29 de agosto.

Puede ver la explicación completa del proceso en el siguiente video:

Posición oficial de ANEP sobre proyecto de ley que pretende aumentar la vida útil de los autobuses

1. ANEP, rotundamente, se opone a la aprobación legislativa del Expediente Legislativa No. 22.530, de manera oficial denominado “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid 19”. Esta denominación es un verdadero y repudiable eufemismo, ideado para manipular y engañar a la opinión pública.

2. ANEP estima que este proyecto incrementará el riesgo de accidentes de las personas usuarias de estos buses, a los que, popularmente, el pueblo conoce como chatarra; del mismo modo que la vida del chofer corre idéntico riesgo.

3. ANEP cree que prácticamente, hay un proceso de concentración de las líneas de autobuses, a vista y paciencia de todas las autoridades correspondientes, en contra de la ley, razón por la cual estamos de cara a una doble manipulación con este proyecto de ley, argumentando, falsamente, que es para proteger a los “pequeños” empresarios de bus.

4. ANEP estima que el sector del empresariado autobusero goza de un escandaloso padrinazgo político, respaldando candidaturas presidenciales y diputadiles de diverso signo en función de la protección de sus propios intereses egoístas. 

5. ANEP cree que el proyecto de ley en controversia, que tiene tanto respaldo legislativo, da mucho que pensar en tal sentido. El gran empresariado autobusero nacional tiene una deteriorada imagen pública y escasa credibilidad.

6. ANEP cree que el estado de indefensión de las personas usuarias del transporte público modalidad autobús, ya es total. Con este proyecto, tal situación de indefensión llegará a grados superlativos.

7. ANEP estima que, por buses viejos, el aseguramiento es más caro y las indemnizaciones por accidente tienen a disminuir. Además, el mayor costo de aseguramiento es motivo para utilizar encarecimiento de la tarifa.

8. ANEP estima que el Consejo de Transporte Publico (CTP) debe ser cerrado y diseñarse una nueva modalidad, con fuerte y transparente participación usuaria en materia de fiscalización del servicio de buses.

9. ANEP, como organización sindical que vela por los intereses laborales de los choferes de autobús, sabe de despidos abusivos alegando mal manejo de la rampa para las personas con discapacidad, pero es que la misma rampa no funciona.

10. ANEP, que no responde a intereses de ningún partido político, felicita a la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio por su lucha en defensa de los Derechos Humanos de las personas usuarias de los servicios de autobús y, particularmente, de las personas usuarias con discapacidad.

Comunicado oficial de ANEP.

Conferencia de prensa: https://fb.watch/hyYxGoR0Gu/

Trabajadores del Gobierno Central podrán solicitar pago adeudado por reajuste salarial del 2019

La Caja Costarricense del Seguro Social anunció que procederá con el pago del reajuste salarial por costo de vida adeudado a todos sus trabajadores, en una lucha de la cual ANEP fue parte, y ahora con base en esta lucha, nuestra organización velará y activará todo su conocimiento político-legal para que, con esos mismos fundamentos jurídicos, sea reconocido en todo el Gobierno Central. 

Para más información, compartimos el siguiente video:

ANEP denuncia penalmente aparente tortura contra detenidos en el Centro de Aprehensión de Migración en Heredia

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.

Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.

En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, esta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído”, indica la denuncia.

En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”

También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión”.

Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aún así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.

La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”

Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.

Artículo 338.
-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.

Artículo 123 bis.

Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.

Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.

Para más información en: https://anep.cr/anep-denuncia-penalmente-aparente-tortura-contra-detenidos-en-el-centro-de-aprehension-de-migracion-en-heredia/

Denuncias contra Rainforest Alliance por violentar los derechos laborales de los trabajadores en plantaciones bananeras y piñeras en Costa Rica

SURCOS comparte la siguiente información 

Organizaciones sindicales denuncian negligencia e inoperancia de la certificadora Rainforest Alliance.

  • A pesar de las reiteradas denuncias, continúa certificando a empresas productoras de banano y piña que violentan derechos humanos, contraviniendo lo establecido en sus propias cláusulas de certificación.
  • Certificadora no cumple con la responsabilidad de brindar información adecuada y precisa ante consumidores y entes de control de los gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Desde SITRAP, ANEP y COSIBA-CR, organizaciones que tenemos décadas trabajando por el respeto de los derechos laborales en plantaciones bananeras y piñeras de Costa Rica, presentamos el siguiente comunicado, a modo de denuncia pública, debido a la reiterada negligencia e inoperancia de la certificadora Rainforest Alliance (RA), la cual ha ignorado, una y otra vez, nuestras sistemáticas denuncias de violaciones a derechos laborales en diversas empresas bananeras y piñeras, a las cuales continúa certificando, muy a pesar de que las denuncias que hemos presentado contravienen las cláusulas de certificación establecidas por la propia certificadora.

Asimismo, en el comunicado de los sindicatos SITRAP, ANEP y COSIBACR, se indica:

“Que las empresas cuenten con la certificación Rainforest Alliance no significa ninguna garantía en cuanto a la mejora de los derechos laborales, la salud ocupacional, el respeto al medioambiente, el respeto a la libertad sindical y a la negociación de convenciones colectivas.”

“Que se deben crear normas o políticas vinculantes en los supermercados y/o en países consumidores de banano y piña para que se exija al productor y exportador, el cumplimiento de la libertad sindical, la negociación colectiva.”

“Que los sindicatos suscribientes de este comunicado solicitamos el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos para dar a conocer las violaciones a los derechos laborales que se están dando en las empresas bananeras y piñeras.”

Se adjunta el comunicado público de los sindicatos. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=492231362885182&id=100062949684754&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f