La seccional ANEP JOVEN Y LA SECRETARIA DE JUVENTUD, en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LAS JUVENTUDES le invita a participar del foro “EL DESAFÍO DE LAS JUVENTUDES EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y EL MODELO DE SOCIEDAD QUE QUEREMOS”.
Compartimos el afiche de invitación y el link donde deberán inscribirse.
Además, les compartimos el Programa de actividades el cual será trasmitido por Facebook Live en: https://www.facebook.com/ANEP-Joven-847391385351291/
La dirigencia de ANEP pregunta: ¿Dónde estaba la Contraloría General de la República cuando durante diez años grandes empresas reportaron cero ganancias? Vea el video enviado a SURCOS por Roberto Zeledón:
Nuestros policías no son inmunes al COVID-19, también requieren de equipo de protección para evitar contagios.
Ellos y ellas también tienen familias con las cuales regresan después de sus labores.
Mensaje de Mainor Anchía y Jonathan Flores
Seccional ANEP-Fuerza Pública #Covid
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.
ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.
Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.
ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.
Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.
ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA
Tenemos que ser contundentes y dejar muy bien definida la posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al inminente acuerdo-préstamo conocido en la jerga de los mercados financieros internacionales como “stand-by”, que pretende firmar el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas políticas nada bueno traen para los pueblos que son obligados a asumirlas.
La pandemia del coronavirus covid-19 vino a aportar más dolor y más estrés social a la gran mayoría del pueblo costarricense, el cual ya sufría de alto desempleo e informalidad, alta carestía de la vida, alta evasión-elusión fiscales, alta concentración de la riqueza y alta exclusión socioeconómica, incluida alta depreciación del poder adquisitivo de los salarios.
Es inamisible y lo rechazamos tajantemente que el acuerdo “stand-by”, por un monto de 2 mil 250 millones de dólares, facilitados en tres tercios a lo largo de los próximos tres años, de 750 millones de dólares c/u, suponga un aumento de impuestos de carácter indirecto, como una eventual subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 15 % y hasta en una cifra superior.
Igualmente resulta inaceptable el planteamiento fondomonetarista de “venta de activos”, considerando que la práctica totalidad de las empresas públicas que todavía siguen siendo propiedad costarricense, son vitales para atenuar el acelerado deterioro de la inclusión social; y, por el contrario, revitalizadas y excluidas de ellas la politiquería, son pilares de la promoción del bien común de las generaciones presente y futura.
Es sumamente peligroso que el planteamiento sobre mayores recortes de gasto pueda incluir fondos destinados, precisamente, a evitar mayores niveles de exclusión social y económica; e, incluso, decisiones que puedan pulverizar la propia Seguridad Social del país y, particularmente, el servicio de Salud; ambos hoy en grave riesgo institucional y de estabilidad financiera.
Por otra parte, no se puede someter al país al flagelo del despido de cientos y cientos, hasta de miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, como ha sido la tónica en otros países que se someten a los dictados del FMI, como los de los acuerdos “stand-by”. En este apartado y al igual que en los anteriores, debemos formular una alerta roja a todas las agrupaciones civiles, profesionales y sindicales honestas que tienen mucha responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos por venir.
Sólo es comprensible que se pretenda imponerle al país un convenio tan perjudicial como el “stand by”, a partir de bases ideológicas formadas en el fundamentalismo fiscalista macroeconómico-neoliberal si, por ejemplo, las reservas internacionales en dólares que guarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), están llegando a los 9 mil millones de dólares, cantidad más que suficiente para sustituir esos 2.250 millones $ que vienen a ser como un humillante precio por la venta del país. Al BCCR le quedaría un 75 % de sus reservas. Y éste es tan solo un ejemplo de un abanico de alternativas para el manejo del déficit y de la deuda.
Mucho queda por decir, por plantear, por cuestionar y por demandar. En lo inmediato, el Gobierno de la República, habida cuenta del deterioro de su credibilidad y la pérdida de su propia legitimidad, debe impulsar un real diálogo social, sin exclusiones, para tratar este delicado asunto. Deben tener presente que el buen manejo de la pandemia no les da la autoridad política, suficiente y necesaria, como para comprometer el futuro del país en aras de un marco ideológico excluyente y voraz en cuanto al manejo del déficit fiscal y del endeudamiento público.
San José, lunes 15 de junio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Unas 150 mil personas trabajan como saloneros y saloneras. De estas, 110 mil se quedaron sin empleo por el cierre de restaurantes, bares y otros negocios gastronómicos debido a las medidas adoptadas para combatir el Covid-19. A este dato se suma que el 45% de estas personas desempleadas corresponde a mujeres jefas de hogar. Ante ello se ha organizado la campaña «Solidarios en Acción», mediante la cual, se solicita la donación de víveres para llevar a sus familias. El video muestra el llamado.
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Ante la dura situación que atraviesa el país por la emergencia sanitaria del COVID-19, los integrantes de la seccional ANEP-Concesionarios PIMA Cenada decidieron unirse para realizar un acto solidario con las personas afectadas por la pandemia. Por ello acordaron donaciones a familias de la Zona Sur, a migrantes y a personas en condición de indigencia
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La seccional de ANEP y SITRAHSAN realizarán un trabajo mancomunado en defensa de la liberación total del ROP, pues «representaría un alivio para las finanzas personales del trabajador».
Un comunicado recibido en SURCOS señala: «A nivel nacional, el impacto en el bienestar de social y como paliativo en la pandemia financiera, contribuirá también a disminuir los índices de inflación, deuda y morosidad, sin olvidar los intereses de deuda, contrario a la ‘descomunal’ deuda por préstamos que nos pretenden endosar ‘los cabezas calientes’ y que en mucho son promotores de la defensa de los intereses de los poderosos financieros. También hay que tomar en cuenta, que la entrega del ROP en un sólo tracto en estos momentos tan difíciles, para los trabajadores (as) representaría una inyección muy importante de recursos, que va a ayudar mucho en la reactivación económica, además de que muchos empleados, tanto públicos como privados, podrían cancelar préstamos, tarjetas y demás deudas que los asfixian, con lo que podrían mejorar sustancialmente su estabilidad financiera, podrían además tener mayor liquidez para consumir y por lo tanto, para dinamizar el contraído mercado interno».
«No se vale que un trabajador tenga pandemia financiera, tenga ahorros, recursos frescos y no pueda hacer uso de ellos para asegurarse un mejor bienestar económico, en beneficio de su familia, de su tranquilidad emocional y sobrevivir de la pandemia en salud», concluye.
Imagen ilustrativa.
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El secretario general adjunto de la ANEP, Walter Quesada, expone la forma como algunas fuerzas del país quieren “poner a pelear a los sectores laborales público y privado”. Asimismo, da los datos acerca de la afectación de los ingresos estatales que se produciría si se aplica el rebajo de los salarios del sector público que impulsa el empresariado. El dirigente llama la atención acerca de que “quienes impulsan esa medida contra el sector laboral representan a otro sector, en el cual, hay empresas que evaden o eluden los impuestos o no cancelan las cuotas de la CCSS”.
Le invitamos ver el video enviado a SURCOS por esta organización sindical:
La propuesta del Gobierno para otorgar un subsidio a 375 mil familias y por un monto de 200 mil colones mensuales, durante un trimestre, se queda cortísima. Están pensando en asistir, únicamente, a las personas trabajadoras que ya han perdido sus empleos producto de la pandemia del covid-19, o que han sido afectadas por reducción de jornada con rebaja salarial. ¡Esto está bien!, en principio.
Sin embargo, la gravedad de esta crisis obliga a pensar en todas las personas desempleadas que ya tenían tan grave condición social antes del estallido de la pandemia. ¿Cómo se van a quedar en casa con hambre? ¡Eso no es humano!
Hablamos de las 309 mil personas que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estaban ya desempleadas, el 12.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA). ¿Qué pasará con estas personas?
Por el contrario, la propuesta formulada por la ANEP, con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, establece la posibilidad de cubrir hasta un total de 660 mil personas-familias sin ingreso alguno o muy reducido; y, aun así, de seguro, más compatriotas estarán entrando a la miseria producto de esta crisis de salud y de economía.
La propuesta de la ANEP para establecer el Subsidio Social Solidario (SSS), se financiaría con la declaratoria de una moratoria en el pago de intereses de la deuda pública, por un lapso igual de tiempo, tres meses, inicialmente; que permitiría emplear con ese fin social los 5.500 millones de colones diarios que el Ministerio de Hacienda está erogando para honrar esos intereses, considerados abusivos y obscenos.
Hablamos de que habría un monto mensual de unos 165 mil millones de colones volcados en la economía del mercado interno con lo cual se obtiene un doble efecto: solidaridad social y reactivación económica.
Creemos que hoy en día, dado los acontecimientos mundiales y el parón de la economía planetaria, una moratoria como la que plantemos tiene espacio político a raíz de que las rigideces fiscales, dogmáticas y fundamentalistas, inspiradas en el neoliberalismo, están siendo barridas por la lógica de los acontecimientos; y en los mismos países-cuna de tales políticas macroeconómicas y fiscales, las mismas están haciéndose añicos.
La propuesta de ANEP, incluida dentro del documento 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19, mismas que -repetimos-, cuentan con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ya la conoce el Gobierno y estamos esperando, al menos, un “acuse de recibo”.
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