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Etiqueta: ANEP

Representantes laborales municipales se manifestarán en la Asamblea Legislativa en la mañana de este lunes 22 febrero

Comunicado de ANEP:

• Fuerte oposición en la institucionalidad municipal costarricense a ser incluida en la Ley Marco de Empleo Público

Cerca de 50 representaciones obrero-laborales de igual número de municipalidades del país, se manifestarán mañana lunes 22 de febrero, en las afueras de la Asamblea Legislativa, a partir de las 9 de la mañana.

Se trata de dirigentes sindicales de base que representan a igual número de juntas directivas de las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en igual número de gobiernos locales.

Igualmente, otras 15 representaciones municipales de base, aunque no asistirán por diversas razones, indicaron adhesión rotunda a este movimiento y a la causa que lo inspira.

En el evento se dejará constancia explícita de la más rotunda oposición al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, en lo específico, exigirán la exclusión del régimen municipal del mismo.

Fuerte respaldo a este planteamiento se manifiesta en la práctica totalidad de la institucionalidad del sistema municipal costarricense.

Abrumadora mayoría de alcaldes, de alcaldesas, de concejos municipales, han venido expresando su crítica y oposición a lo que se considera un nuevo ataque del Gobierno Central de la República por controlar la acción político-ejecutiva y financiera de las municipalidades.

Aparte del mundo obrero municipal, entidades como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), manifiestan claro oposición al indicado proyecto de ley, pues atenta, como nunca antes había ocurrido, a la autonomía constitucional del régimen municipal.

Los gobiernos locales no dependen de las finanzas del Gobierno Central-Ministerio de Hacienda para funcionar pues son autosuficientes.

Además, como reiteradamente lo ha demostrado la ANEP y ya nadie lo refuta, los salarios de las personas trabajadoras asalariadas estatales no son responsables del déficit fiscal; mucho menos, la clase trabajadora asalariada de las municipalidades.

En la actividad, se leerá un nuevo manifiesto del mundo obrero municipal sindicalizado en la ANEP; y se espera, que varias personas diputadas de la República, salgan de sus despachos, para que dialoguen con los y las visitantes.

La actividad abre paso a nuevas acciones contra la nefasta Ley Marco de Empleo Público en el plano local y en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal.

San José, domingo 21 de febrero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Acontecimiento obrero-histórico para la ANEP: choferes de autobús reciben capacitación sindical

El día miércoles 10 de febrero se presentó un acontecimiento muy importante para la ANEP, ya que se presentaron con licencia sindical y goce de salario, 5 trabajadores del servicio de transporte, específicamente choferes de autobús y 1 chequeador de la misma línea autobusera Tapachula para conformar la primera Junta Directiva de la seccional ANEP-TAPACHULA, lo que se considera un acontecimiento histórico.

Albino Vargas, quien es el secretario general de la ANEP, manifiesta un gran reconocimiento a la empresa TAPACHULA, que ha hecho un gran esfuerzo para respetar la libertad sindical y los convenios internacionales en materia de libertad sindical que Costa Rica tiene suscritos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, destaca la importancia de que esta empresa ha empezado a respetar los derechos humanos del personal colaborador, algo que deberían según Vargas deberían imitar otras empresas autobuseras.

María Laura Sánchez Rojas, quien es la coordinadora de la unidad de capacitación y formación político-sindical de la ANEP, es la encargada de brindar la capacitación sindical a estas 6 personas. Ligia Solís Solís, directiva Nacional de la ANEP es la encargada de cumplir funciones de asesora sindical de esta seccional de choferes de autobús. En el video se remarca la importancia que tiene este acontecimiento en la historia de la ANEP y en general para el movimiento sindical costarricense.

Adjuntamos el video completo:

 

Compartido con SURCOS por Albino Vargas.

ANEP solicita al Banco Central y al Ministerio de Hacienda explicaciones sobre el pago abusivo de los intereses de la deuda pública

SURCOS comparte el comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):

  • El pueblo costarricense debe conocer a quiénes se les debe tanto dinero, quiénes son los que se han hecho “ricos” con el pago de intereses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó, esta mañana, a las máximas autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda información detallada sobre el pago de los intereses de la deuda pública, la cual en los últimos años ha crecido considerablemente.

La ANEP, desde hace mucho tiempo, ha insistido en la necesidad de atacar el abusivo pago de intereses de la deuda pública ya que desde el 2016, este rubro ha pasado a ser el agravante del déficit fiscal. De acuerdo con datos obtenidos en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el pago de intereses representó en el año 2020 un 4,8% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el déficit primario, que fue de un 3,5% del PIB.

Una de las críticas más fuerte contemplada en el documento enviado por la ANEP, tiene que ver con la pasividad con la que las autoridades han manejado el tema de los intereses de la deuda pública costarricense, así como la poca contención o acciones presentadas para evitar estas cifras tan alarmantes.

Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de prácticamente de 195.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 680 millones de colones ¡al día! (4.680.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!

Para nuestra organización, las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.

En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5 %, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75 % ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?

Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.

Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?

Para la ANEP, es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.

Ante el escenario descrito anteriormente la ANEP ha solicitado a las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Hacienda la siguiente información respecto a la deuda pública

a) Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.

b) Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.

c) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.

d) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.

e) Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.

f) Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.

g) Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.

h) Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.

i) Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.

j) Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.

k) Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.

l) Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.

m) Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.

n) Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en el documento enviado.

Compartimos el documento completo enviado a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica.

ANEP: Municipalistas firmes en oponerse a nueva violación a su autonomía

SURCOS comparte el comunicado de prensa enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):

  • Personal municipal asume reto institucional histórico

  • ANEP arranca proceso organizativo contra el proyecto de Empleo Público en municipalidades

Esta semana da inicio un proceso de sensibilización y de organización en las bases de, prácticamente, la totalidad de los municipios de Costa Rica, promovido por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto, con cada una de sus seccionales en todos los gobiernos locales.

El objetivo es que cada persona diputada de la Asamblea Legislativa constate el repudio que genera la inclusión de las municipalidades en el proyecto de Empleo Público; el cual contiene una nueva violación a la autonomía constitucional del régimen municipal, misma que ya había sido violentada desde la tramitación y aprobación impuesta con la Ley del Combo Fiscal, número 9635, en diciembre del 2018.

La idea central es dar a conocer un manifiesto a todas las comunidades en los respectivos cantones; al país en cuanto tal; y por supuesto a las autoridades legislativas de la República.

El régimen municipal debe ser fortalecido, especialmente, en momentos en los cuales la aceleración de las desigualdades y el nuevo impulso que se le da a la exclusión socioeconómica, requieren de los gobiernos locales una agresiva política social para evitar que se incremente la pobreza y la exclusión en los cantones del país.

Una de las principales actividades previstas en esta ofensiva de sensibilización y de organización de la ANEP para salvar la autonomía de las municipalidades, es la presencia en el propio parlamento de las delegaciones sindicales de las municipalidades de Costa Rica, en los próximos días; para mostrar el sentir generalizado de repudio a los diputados y a las diputadas que insisten en violar la autonomía municipal con el nefasto proyecto de Empleo Público.

La ANEP en conjunto con sus seccionales, impulsará la realización de un gran movimiento laboral de las municipalidades costarricense, con carácter histórico, luego de que se dé la manifestación de delegaciones municipales como indicamos anteriormente.

La posibilidad de un gran movimiento nacional municipal contra el proyecto de Empleo Público, incluye realizar diferentes coordinaciones con la finalidad de potenciar más la lucha social general de repudio al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, la ANEP hace un vehemente llamado a cada alcalde y alcaldesa, a  los regidores y las regidoras de los concejos municipales; así como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que junten voluntades, coordinen esfuerzos y compartan con  su personal y comunidades todas aquellas manifestaciones posibles de repudio al intento más grave de los últimos tiempos en contra de la autonomía municipal que representa el proyecto de Empleo Público.

San José, lunes 25 de enero 2021
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.

ANEP: Condenamos la nueva intentona desesperada e ilegal del Gobierno que pretende gravar con impuestos el FCL y el ROP

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):

Condenamos la nueva intentona desesperada, ilegal e inconstitucional del Gobierno Alvarado Quesada que pretende gravar con impuestos el FCL y el ROP

Ante la arremetida inmisericorde de características meramente ideológicas por parte del Gobierno PAC del Presidente Carlos Alvarado contra la clase trabajadora costarricense y sus derechos laborales, no queda más que condenar la nueva “genialidad” en contra de derechos y regímenes laborales protegidos por la Constitución Política y por las leyes laborales; nos referimos al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), regímenes además establecidos en la Ley de Protección al Trabajador.

Primero hay que decir, que los recursos de los trabajadores que devienen de la Ley de Protección al Trabajador, son aportes patronales que tienen su origen en las prestaciones laborales de los trabajadores tanto del sector privado como del sector público; estas prestaciones laborales, más comúnmente conocidas como cesantía laboral, son una indemnización por años laborados, y como tal estos fondos no tienen carácter salarial y por lo tanto no deberían ser gravados con ningún tipo de impuesto.

Pero, además no le ha bastado a este gobierno y a sus acólitos en la Asamblea Legislativa (PLN-PUSC-PAC-Restauración Nacional y similares), con afectar a la toda la población costarricense con la serie de impuestos directos e indirectos que un día sí y otro también nos recetan, y ni que decir del nefasto impacto que vino a generar en las economías de los trabajadores la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por lo anterior reiteramos nuestro rechazo y condena a esta voracidad del Gobierno, en su intento de gravar con más impuestos, los fondos de pensiones complementarias y el FCL, situación que además afectaría sin lugar a dudas las pensiones que otorga la Caja del Seguro Social, pues estas también podrían quedar sujetas a pagar renta. Todo bajo el prurito de su nefasta e inmoral negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

ANEP denuncia acción político-ideológica contra empleo público

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el cual hace referencia a las notas periodísticas Abogado intervino en Ley de empleo público a solicitud de “gente amiga de los diputados” y Gobierno y diputados gestan nuevo texto para Empleo Público: convenciones en disputa del Semanario Universidad:

  • Empleo Público: “cocinan” texto final del Proyecto 21.336 a escondidas y al margen de la institucionalidad parlamentaria
  • Diputada Zoila Rosa Volio “cantó” lo que para ANEP son inmorales y antiéticas “sesiones de trabajo”, en las cuales recibieron “línea” para golpear aún más a las 330 mil familias trabajadoras del empleo público.
  • Expresidente Oscar Arias Sánchez se mete en Proyecto de Empleo Público por interpósita mano
  • Abogado constitucionalista, promotor de la reelección presidencial y columnista de la prensa de odio, es el cerebro intelectual del más grande ataque laboral de la época de la “segunda república”
  • Semanario Universidad destapa las maniobras políticas-extraparlamentarias contra la institucionalidad constitucional del empleo público.

La diputada “independiente” Zoila Rosa Volio Pacheco “cantó”, en declaraciones a Semanario Universidad, que hubo “cuatro o cinco reuniones muy intensas, de largas horas negociando…”, nuevos contenidos, que a juicio de ANEP, son de corte anti-obrero e inconstitucionales, para introducir al nefasto Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, profundizando su carácter totalitario en materia de las relaciones futuras del personal de todos los servicios públicos con su patrono Estado.

Indicó la mencionada legisladora que esas “cuatro o cinco reuniones muy intensas…”, de las que nadie supo nada y que, evidentemente, se realizaron al margen de la institucionalidad parlamentaria (pues no fueron nunca sesiones legislativas públicas, en el seno de la Comisión de Gobierno y Administración que venía tramitando dicho proyecto); se dieron por iniciativa de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Pilar Garrido Gonzalo; así como por parte del legislador gobiernista Víctor Morales Mora, presidente de la indicada comisión.

En esas “cuatro o cinco reuniones muy intensas…”, verdadero conciliábulo (reunión de personas para tratar algo que se quiere mantener oculto), participaron por parte del PLN, los diputados Luis Fernando Chacón Monge y David Gourzong Cerdas, así como su colega de bancada parlamentaria, Silvia Hernández Sánchez. También estuvieron participando la diputada de Restauración Nacional, Mileidy Alvarado Arias; el diputado del PUSC, Pablo Heriberto Abarca Mora; así como el legislador de Nueva República, Jonathan Prendas Rodríguez.

En esas reuniones secretas, prácticamente planificadas para que estas personas diputadas recibieran lineamientos ideológicos en contra de las 330 mil personas trabajadoras asalariadas empleados públicas; participó como “asesor” el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle.

Nos indica la nota de Semanario Universidad, titulada “Abogado intervino en Ley de empleo público a solicitud de “gente amiga de los diputados”, que Rubén Hernández Valle fue magistrado suplente de la Sala Constitucional, de 1991 a 1993; y, además, que fue él quien interpuso las acciones de inconstitucionalidad que le permitieron a Óscar Arias Sánchez ocupar la Presidencia de la República, por segunda vez (2006-2010).

En los últimos meses, Hernández Valle escribe artículos de opinión que le publica la corporación mediática emblema del periodismo de odio, en los cuales ha planteado su visión totalitaria del empleo público, dentro de la cual aboga por la eliminación del principio constitucional de la negociación colectiva.

El indicado abogado admite el carácter secreto de esas “cuatro o cinco reuniones muy intensas…”, al margen de la institucionalidad parlamentaria con estas declaraciones a Semanario Universidad: “A mí lo que me pidieron fue ir a una reunión. Un grupo de personas me pidieron ir a una reunión, un grupo de gente amiga de los diputados, y llegaron diputados de todos los partidos. Eso fue algo privado, me pidieron que fuera a eso y yo tengo que respetar la voluntad de ellos. Ya le dije que no, me pidieron que no revelaran los nombres, ellos me lo pidieron, es una cuestión privada. No le voy a decir nada más sobre eso. Ahí me quedo, le digo que no puedo decirle”.

Como ya lo mencionamos, Semanario Universidad destapa estas reuniones secretas, confirmadas por la “cantada” de la diputada Zoila Rosa Volio Pacheco.

En este oscuro proceso de secretismo contra la clase trabajadora asalariada del sector público, se destaca la intervención del diputado liberacionista Wagner Jiménez Zúñiga, quien admitió que fue a solicitud de su asesor, Miguel Guillén, que se le abrió las puertas al abogado Hernández Valle para que éste introdujera sus perversas ideas contra el empleo público.

Tenemos entendido que el señor Guillén representa a Óscar Arias Sánchez, en el Directorio Político del Partido Liberación Nacional (PLN).  Se sabe que, del exmandatario, el abogado forma parte de su círculo de amigos. Para ANEP, en consecuencia, queda claro que dicho expresidente está involucrado en la línea ideológica antiobrera del proyecto de empleo público, vía interpósita mano.

Con los dos reportajes de Semanario Universidad, conocidos vía digital en la tarde de este viernes 8 de enero de 2021; para la ANEP, aparte de reafirmar que el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es inconstitucional por los cuatro costados; queda claro que se ha estado tramitando al margen de la institucionalidad parlamentaria; que está viciado por ser espurio su proceso legislativo altamente contaminado por la oscuridad de esos pactos políticos muy típicos de la clase política tradicional; que han sido burlados y desechados, completamente, los planteamientos sindicales formulados responsablemente en defensa de la constitucionalidad del empleo público y planteados, con transparencia total, ante la Comisión de Gobierno y Administración; que las demás personas legisladoras que no fueron incluidas en el pacto político de las  “cuatro o cinco reuniones muy intensas…, han sido pisoteadas en su dignidad y en su soberanía como representantes populares electos para legislar en transparencia, pues ahora se les “torcerán los brazos” para que voten lo que le es afín a los criterios de Óscar Arias Sánchez, por ejemplo.

Las personas trabajadoras asalariadas del empleo público, así como sus respectivas familias, tienen la palabra.

Los reportajes de Semanario Universidad son Gobierno y diputados gestan nuevo texto para Empleo Público: convenciones en disputa; y, Abogado intervino en Ley de empleo público a solicitud de “gente amiga de los diputados”.

San José, viernes 8 de enero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

Comunicado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) compartido por SURCOS:

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

– ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares
– Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico
– Condenamos la criminalización del Empleo Público

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.

Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.

Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.

Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.

Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!

San José, miércoles 06 de enero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

CSJMP-ANEP rechaza integrar Consejo Consultivo Económico Social

SURCOS comparte la carta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dirigida al ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez:

San José, miércoles 16 de diciembre de 2020.

Honorable señor
Marcelo Prieto Jiménez
Ministro
Ministerio de la Presidencia

¡URGENTE! S.G. 17-21-2524-20
Dirección electrónica: joselyne.sanchez@presidencia.go.cr
ASUNTO: CSJMP-ANEP rechaza integrar Consejo Consultivo Económico Social

Estimado señor:

Con relación a su nota DM-1595-2020, fechada 14 de diciembre de 2020, en la cual se comunica a la corriente sindical en la cual militamos del “…acto de creación del Consejo Consultivo Económico Social”, previsto para este mismo día 16 de diciembre, a las 5 de la tarde, en el Teatro Nacional; agregándose que el decreto ejecutivo que se firmará con tal finalidad “…contempla una representación de la Central Social Juanito Mora”; nos permitimos indicarle lo siguiente:

Realizadas las consultas del caso entre las personas compañeras dirigentes de la Central Social Juanito Mora Porras (siglas CSJMP-ANEP), y con la urgencia debida por cuanto su carta se recibió hace tan sólo unas horas; comunicamos que rechazamos su invitación, por considerar que la Mesa de Dialogo Multisectorial del Gobierno de la República, de la cual surgió la propuesta de la creación de ese consejo, resultó en un verdadero fiasco, una tomadura de pelo, una real engañifa; quedando en evidencia la acción que a las espaldas de los grupos y de las personas que se “embarcaron” en esa experiencia, fueron burladas en su buena fe (aunque hubo otros que se prestaron al juego), nada más y nada menos que por el propio señor Carlos Alvarado Quesada. Afortunadamente, nosotros no caímos en esa especie de emboscada política, a la que fueron conducidos quienes creyeron en el desacreditado gobierno del cual usted es integrante, de que habría una especie de “solución nacional” a los graves problemas del país de amplio conocimiento público, sin tener que sujetarnos a convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La idea de la creación del Consejo Consultivo Económico Social es sana para democracias que no han sido infectadas por lo desnaturalización que sufren sus poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando se dan procesos políticos paralelos, en la sombra y a oscuras, como sucedió en el Diálogo Multisectorial del Gobierno.

Para la corriente sindical CSJSMP-ANEP, aceptar integrar ese Consejo en las actuales condiciones de la democracia costarricense, sería darle un respaldo político a que situaciones como las que narró la ciudadana doña Patricia Mora Castellanos, en su carta de renuncia: “Estoy señalando un acto simbólico que da cuenta de la impertinente y vergonzosa intromisión de los grupos empresariales en el ámbito soberano del Poder Ejecutivo. Estoy narrando un acto concreto que demuestra lo que hemos venido observando con enorme preocupación y que he denunciado en las sesiones del Consejo de Gobierno en reiteradas ocasiones: la práctica recurrente de despreciar el valor de la representación democrática, de imponer intereses corporativos en las decisiones de Estado, a espaldas de la población, intromisiones que se traducen en desigualdad, en privilegios para algunos y pobreza, violencia y exclusión para otros y otras.

Y en cuanto a lo que sucede en el Poder Legislativo, el diputado don Luis Ramón Carranza Cascante, recientemente y en el propio plenario, manifestó: “Siento vergüenza que hoy aquí una empresa haya hecho lobby suficiente para sacar la cerveza del proyecto. Daniel, tus propios compañeros te han traicionado y eso es vergonzoso y hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”. Cualquier buena idea que pudiera surgir del Consejo y con destino parlamentario, está expuesta a la barbaridad antidemocrática que denunció el mencionado diputado.

Así las cosas, estamos más que convencidos de que los grandes poderes económico- empresariales que se mueven al interior de su Gobierno y “que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”, bloquearán, vetarán, sabotearán, desnaturalizarán, etc.; cualquier decisión, por tímida que sea, que se adoptase en ese consejo y que les afectara sus egoístas intereses corporativos. En ese juego de falso diálogo, no queremos matricularnos; indicándole que nos quedan muchos argumentos adicionales para hacer evidente lo endeble que es “la convicción y el espíritu democrático” que dice usted que caracteriza a su Gobierno.

Con todo respeto,
Albino Vargas Barrantes
Presidente CSJMP-ANEP
Secretario General ANEP

 

Compartido con SURCOS por Albino Vargas.

ANEP – Declaración pública

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Declara ante sus miles de personas trabajadoras asalariadas afiliadas de los sectores Público y Privado, así como ante las personas y organizaciones socio-políticas que ven con simpatía y con esperanza nuestro quehacer; así como también ante la comunidad de los movimientos sociales y sindicales internacionales de los cuales formamos parte,

  1. Que mantendremos nuestra línea y posición política de total independencia con respecto a partidos políticos, gobiernos de turno y sector empleador.
  2. Que no somos organización sindical gobiernista ni pro-patronal, pues nos mantenemos con férrea lealtad a los principios universales y eternos de la clase trabajadora, teniendo claridad acerca de la serie de transformaciones y de amenazas que la asechan hoy en día; invocando los conceptos de la política de Trabajo Decente promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en nuestro quehacer sindical de base de todos los días.
  3. Que poseemos un amplio ideario-país construido durante los últimos años, lo cual nos garantiza tener un criterio sólido sobre los problemas nacionales, gracias a una militancia sindical activa y propositiva; teniendo el honor de recibir los aportes de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses de sólida trayectoria moral y ética, con procedencias filosófico, ideológicas y políticas diversas; inspiradas todas en la promoción del bien común y la integración social.
  4. Que preferimos optar por la legitimidad y la legitimación que nos da una militancia leal y consecuente con nuestros objetivos estratégicos de total reivindicación obrera; mas no la procedente de las esferas político-ejecutivas de la hegemonía neoliberal dominante.
  5. Que optamos por ser parte de la construcción y del surgimiento de una nueva hegemonía, que emerja desde las bases y entrañas mismas del pueblo trabajador y productor, explotado y estrujado, por un modelo económico propiciador de la exclusión socioeconómica, de la concentración de la riqueza y de la desigualdad, con cuyos operadores político-ejecutivo no hay nada que negociar.
  6. Que, de cara a la llegada de la conmemoración de los 200 años de la independencia política del país con respecto a España, nos proponemos propiciar el reforzamiento de los valores y principios que animan nuestro accionar socio-político, cimentando aún más la lucha sin cuartel por el pleno Humanismo, la verdadera Justicia Social y el total respeto a los Derechos Humanos.
  7. Que no compartimos que desde los sectores sociales y, específicamente, desde los sindicales, se legitimen las líneas político-ideológicas del fundamentalismo neoliberal anti-Estado, emitiendo “cheques en blanco” para avalar cruzadas extremistas recortistas irracionales del gasto y de la inversión públicas, cuando está sobradamente demostrado que el déficit tiene raíces estructurales que no son las del salario devengado por las personas trabajadoras estatales.
  8. Que reafirmamos nuestro compromiso de lucha inclaudicable en defensa de la institucionalidad pública que nos fuera heredada para la promoción del bien común y de la integridad social; institucionalidad pública que, mediando transformaciones necesarias, es hoy día mucho más vital y estratégica que nunca antes, ante el avance de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria, de la exclusión y de la corrupción.
  9. Que, precisamente, alertamos a todas las personas trabajadoras estatales, así como a sus familias, que todos sus derechos seguirán bajo ataque artero, pues anunciado ha sido que las amenazas al empleo público, a la integridad salarial, a los derechos constitucionales a la Negociación Colectiva (Derecho Humano universalmente reconocido), están dentro de la “otra agenda”, pactada en la sombra por el gobierno de Alvarado con los sectores del alto corporativismo empresarial.
  10. Que las transformaciones estructurales que ocupa nuestro país para establecer una justicia social real y efectiva con democracia verdadera, solamente será posible si potenciamos la más amplia movilización popular bajo los conceptos socio-políticos de la Democracia de La Calle; mediando una organización local múltiple y activa que incline la balanza hacia el lado de la gente, no del capital financiero-neoliberal, controlador hoy en día de, prácticamente, todos los aspectos de nuestras propias vidas.

San José, lunes 23 de noviembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Proyecto de empleo público: entre el autoritarismo-totalitarista y la democracia participativa

ANEP reitera su oposición al texto actual y exhorta a que la comisión legislativa no lo dictamine
Ejecutarían varias reformas constitucionales de facto que, finalmente, ¡fracasarán!

Comunicado de Prensa ANEP

La Comisión de Gobierno y Administración, desoyendo los más responsables y especializados criterios de doctrina jurisprudencial y laboral en materia de empleo público, se alista para darle dictamen de mayoría al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, previéndose una votación de 5 a 4 este martes venidero, día 10 de noviembre de 2020.

Ante esta circunstancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reitera su total rechazo a dicho texto, por varias razones que ya hemos venido dando con argumentación sólida, legal y profesional; mismas que han sido despreciadas por las diputaciones más extremistas de dicho foro legislativo.

Este proyecto 21.336 contiene graves violaciones a los principales postulados de la todavía vigente Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, especialmente en cuanto a la separación y la independencia de poderes. Será el Ejecutivo el que impondrá su visión y su política de empleo, de recursos humanos y salarial a los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial; agregándose el dictado centralista en la materia al que se considera el “cuarto” poder: el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). ¡He aquí una reforma constitucional de facto!

Este proyecto 21.336, castra, de raíz, la filosofía que animó la emisión de la Constitución Política de 1949, cual fue evitar la centralización del poder del Estado, estableciendo regímenes institucionales de autonomía, como el de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el municipal y el de las universidades públicas. Fue, precisamente, esa centralización de poder la que, entre otras razones, dio origen al enfrentamiento armado entre costarricenses, en 1948, cuando murieron unos 3 mil compatriotas de ambos bandos. ¡He aquí otra reforma constitucional de facto!

La anulación del papel institucional de la Dirección General de Servicio Civil, “departamentalizándolo” como dependencia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), es un serio retroceso en cuanto al proceso de selección y reclutamiento del empleo público. Tal potestad queda nulificada, políticamente hablando, al decidirse en cada ministerio o ente estatal, bajo la égida de Mideplan, contrataciones a nivel “local”. Esto será un paso firme a la repartición cuatrienal de puestos de trabajo, precisamente por la altísima vulnerabilidad en que este proyecto deja la ya casi inexistente estabilidad laboral en el empleo público. ¡Otra reforma constitucional de facto!

Como indicamos, la poca estabilidad laboral en el empleo público que aún queda, llegará a su mínima expresión, dado que serán las jefaturas del personal subalterno a ellas, en todos los niveles de la jerarquía institucional, las que decidirán las calificaciones-evaluación del desempeño de las personas trabajadoras que dirigen en la función cotidiana; abriéndose así un peligroso sendero de trueque inmoral para conservar el empleo ante acoso laboral de diverso orden, solicitudes de favores sexuales, adhesiones partidarias por coyunturas electorales, celos por mejor capacidad del dirigido ante quien lo dirige, etc. Una evaluación del desempeño subjetivizada al máximo, sabiéndose que dos calificaciones consecutivas de menos de 70 % generarán despido inmisericorde, sin responsabilidad patronal alguna. Estamos de cara a un peligroso retorno al escenario pre- constituyente de 1949, en materia de asignación y de estabilidad en el empleo público.

Sin duda alguna, no se trata de una simple reforma legal en materia de empleo público. Hay un profundo fondo en todo esto y es la concepción del papel del Estado en la sociedad que anima a los promotores ideológicos y políticos de esta legislación, dentro de los cuales hay personas y grupos que no tienen escaño legislativo alguno pero que pesan, fuertemente, en la actual Asamblea Legislativa.

Podemos definir que el escenario político que se vive en el seno de la Comisión de Gobierno y Administración, tratándose del destino final en la misma al proyecto Ley Marco de Empleo Público, no es más que la definición de un rumbo peligroso para el país, cual es el del fomento del autoritarismo totalitario, en contra de la mismísima Carta Magna de 1949, la cual plantea la Democracia Participativa en su artículo 9. Por cierto, el pasado 7 de noviembre, la Constitución Política de Costa Rica cumplió 71 años de vigencia.

Si el germen nocivo del autoritarismo totalitario todavía no carcome, de manera definitiva, los principios fundacionales de la Segunda República y su Constitución Política de 1949, este proyecto 21.336 está destinado a ser declarado inconstitucional; aunque es nuestro deseo que la necesaria legitimidad de la Democracia de la Calle se exprese con toda su fuerza, en rechazo de esta perversa legislación anti-obrera y en favor de una real negociación, más que necesaria.

Comunicado de Prensa
Albino Vargas Barrantes,
Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de ANEP
San José, domingo 8 de noviembre de 2020