«El como fiscal no toca al capital. Aquí están los verdaderos grupos responsables del déficit fiscal.
La clase trabajadora no es la responsable del déficit fiscal».
Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de http://dfiscal.blogspot.com
Enviado por Marcos Chinchilla Montes.
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Con suma preocupación, gran expectativa y en una especie de alerta roja, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), esperamos los anuncios de “contención del gasto” que hará la señora Ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya, durante su forzada comparecencia en la Asamblea Legislativa, los próximos días 30 y 31 de mayo; comparecencia que se da producto de una insana presión de los partidos Liberación y Restauración, envalentonados ahora por su control político de la fundamental comisión legislativa de Hacendarios.
El extremismo recortista de corte neoliberal con relación al vilipendiado e ideológicamente satanizado gasto público, tiene en la dupleta parlamentaria Liberación-Restauración, un feroz bloque que alarma a cualquier cantidad de sectores, sociales y laborales, por la profunda irresponsabilidad, la gran irreflexión y la soberbia política que están imponiendo para avanzar en el nefasto propósito de la estrategia del todo mercado-nada Estado.
Hacemos pública nuestras alarmas, nos ponemos en alerta roja, con relación de la eventualidad de que este enfermizo y patológico afán del recorte presupuestario por el recorte mismo, afecte programas sociales como los CEN-CINAI; la atención a la población infantil y adolescente en abandono y vulnerabilidad (PANI); a los comedores escolares (MEP); a la creciente población farmacodependiente, especialmente la juvenil (IAFA); a los programas de atención a la pobreza y puente al desarrollo (IMAS-Asignaciones Familiares); las becas (FONABE), entre otros.
Con perplejidad observamos la posición parlamentaria de la fracción legislativa del Partido Restauración Nacional (PRN), asumiendo este tipo de posiciones extremistas de imponer una política recortista irreflexiva de contención del caso, sin reparar en que el grueso de su población votante en las pasadas elecciones presidenciales y diputadiles, de una manera u otra, ocupa y/o depende de la intervención de la política pública estatal a través de los programas sociales mencionados y otros de similar naturaleza.
Por otra parte, la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), parece destinada a ejecutar un liquidacionismo total de lo poco que le quedaba de idealismo socialdemócrata, como para elaborar la lápida definitiva a su existencia misma, luego de los desastrosos resultados electorales producto de dos derrotas presidenciales consecutivas. Este obsesividad recortista de contención del gasto per se, es una posición política antípoda a la que siempre mantuvieron las grandes figuras históricas del PLN, como don José Figueres Ferrer (don Pepe), don Rodrigo Facio Brenes, don Daniel Oduber Quirós y don Rodrigo Carazo Odio.
La situación que nos pone en alerta roja se ve completamente dramatizada por los draconianos y fundamentalistas recortes fiscalistas que presupone la no menos extremista “regla fiscal”, y su instrumento jurídico gemelo, la autorización legal discrecional para que el Ministerio de Hacienda decida cuánto presupuesto transferirá de lo que son obligaciones hasta la fecha obligatorias. Ambas aberraciones contra las políticas públicas sociales están comprendidas en el detestado proyecto de ley 20.580, “combo fiscal”.
ANEP hace un vehemente llamado a las diferentes organizaciones, fuerzas, sectores y personas que podrían verse radicalmente afectados por estas políticas abusivas de contención de la inversión en desarrollo y en la Democracia misma que representa la política pública de este tipo de programas y gasto sociales, para que enciendan sus propias alarmas y alertas y se dispongan a la defensa activa, a todo nivel, de la existencia de los indicados programas sociales y otros de similar naturaleza.
San José, jueves 24 de mayo de 2016.
Comunicado de Prensa
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.anep.or.cr
Enviado por ANEP.
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Prensa APSE – 07 de abril de 2018
El Encuentro de Organizaciones Sociales celebrado este sábado 07 de abril de 2018 en el auditorio de APSE en San José, acordó tomar medidas en conjunto para unificar esfuerzos en rechazo al proyecto de ley 20.580, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
Representantes de decenas de organizaciones sociales, tales como APSE, SITRAJUD, FEUNED, ASDEICE, FIT-ICE, ACPF, ACOPROF, APER, SINTAF, ADEM, CTRN, SINAPRO, ANEP, SINPAE, MUSADE, CAP, SITRASEP, SITRAPSE, PRT y activistas independientes, se reunieron para compartir criterio acerca de esta iniciativa de ley. Los asistentes a este encuentro coincidieron en manifestar su oposición a este proyecto de ley, que combina en un mismo texto reformas fiscales, de empleo público, y la muy grave regla fiscal, que podría provocar el congelamiento de salarios y pensiones.
El espacio permitió a los distintos colectivos sociales, intercambiar información y criterios sobre este tema tan álgido, la cual será preparada para ser compartida en redes sociales y espacios divulgativos de las mismas organizaciones.
Ante estas amenazas a la clase trabajadora, el Encuentro de Organizaciones Sociales señaló como una de las principales prioridades en su acción, la realización de una gran campaña informativa, dirigida no solo a afiliados a las organizaciones presentes, sino también enfocada en la necesidad de informar al pueblo costarricense, a las personas que trabajan en el sector privado, a las madres de familia y a los estudiantes, sobre las implicaciones negativas que significaría este proyecto de ley, y la forma en que afectará negativamente la economía de sus familias y los ingresos obtenidos por su trabajo diario.
Ante esta coyuntura política, el Encuentro de Organizaciones Sociales acordó algunas acciones concretas, como primera etapa de una hoja de ruta para afrontar el proyecto de ley 20.580, que consisten en las siguientes medidas:
– Desarrollar una gran campaña informativa, clara y puntual donde se explique a la clase trabajadora y al pueblo costarricense, sobre los efectos perjudiciales de la reforma fiscal, la aplicación del IVA; el aumento de los topes de renta, la regla fiscal y los efectos contra el salario y los ingresos familiares de estas medidas. Esta campaña incluye el volanteo masivo en comunidades, centros de salud, centros educativos y otros espacios públicos donde se pueda hacer llegar esta información a las personas trabajadoras y sus familias,
– Iniciar conversaciones con diferentes actores políticos, diputados y otros grupos de influencia, para hacerlos conscientes de la oposición del movimiento social a este proyecto de ley, y que consideren los criterios por los cuales las personas trabajadoras y las organizaciones sociales rechazamos el proyecto 20.580
– Realizar acciones de presión y manifestación en las barras legislativas y otros espacios políticos, donde se visibilice la oposición rotunda de las organizaciones sociales a esta iniciativa de ley, y que permita visualizar al pueblo costarricense la existencia de un grupo unido que se opone a este proyecto
– Conformar una comisión ejecutora de estos acuerdos, que dará seguimiento a los mismos y servirá como comisión de enlace entre las distintas organizaciones reunidas este día
– Invitar a otras organizaciones sindicales, sociales, ambientales, de mujeres, estudiantiles, y confederaciones, para integrarse a este llamado a la unidad de las fuerzas sociales, y coordinar acciones conjuntas en este sentido.
Se conformó la comisión ejecutora de acuerdo, que sesionará el lunes 09 de abril a partir de las 5:00 p.m, para concretar los primeros acuerdos tomados, y dar inicio a la gran campaña informativa sobre los efectos nocivos del proyecto de ley 20.580, que será el primer paso del movimiento social y sindical en el proceso de oposición a esta iniciativa.
Imágenes tomadas de www.apse.cr
Enviado por Luis Alberto Soto.
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Las 13 personas candidatas a la Presidencia de la República, sin excepción alguna, recibieron en las últimas horas una respetuosa invitación de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de parte del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA; invitación que plantea las siguientes dos alternativas:
UNO: Si en las elecciones del domingo 4 de febrero, sin necesidad de una segunda ronda electoral, se define quien será el próximo Presidente de la República, en su calidad de Presidente electo, se espera que honre la invitación que ya fue cursada con bastante antelación a esa fecha.
DOS: Si dichos comicios no definen una persona ganadora porque ninguna alcanzó el 40 % de los votos válidos emitidos en esa elección y, por tanto, hay necesidad de unas segundas votaciones en el domingo 1 de abril, se espera que las dos candidaturas finalistas, honren la indicada invitación.
La actividad se ha programado para el día viernes 23 de marzo en un lugar todavía no definido pero que debe reunir condiciones de un ambiente agradable y espacioso.
Las personas asistentes al evento son representantes sindicales de base, líderes y liderezas en sus respectivos ámbitos de trabajo y procedentes de diversos lugares del país.
La actividad se convoca bajo el propósito siguiente:
“El desafío del sindicalismo sociopolítico ante las nuevas autoridades políticas del país: principales planteamientos obreros ante la imperiosa necesidad del Diálogo Social para la generación de acuerdos nacionales en pro del bien común, la real inclusión social, la lucha contra la creciente desigualdad y el impulso a una democracia efectivamente participativa”.
Las candidaturas presidenciales invitadas, ya sea la que hubiese quedado como Presidente electo, o las dos que vayan a segunda ronda, recibirán un ideario básico de carácter propositivo, formulado desde la perspectiva obrero-social, en torno a temas de enorme sensibilidad para el bienestar presente y de futuro mediato e inmediato de la clase trabajadora del país, gran parte de la cual se identifica con, expresa por medio de y se aglutina de manera organizativa en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA:
El déficit fiscal y la transformación tributaria estructural, el endeudamiento público, el empleo público, la Caja y el sistema de pensiones IVM, la sostenibilidad del seguro de Riesgos del Trabajo, la política salarial y el salario mínimo, la informalidad y el desempleo, el desafío del empleo juvenil, la Libertad Sindical y el respeto a la ley de la Reforma Procesal Laboral el tema de la apertura eléctrica y las tarifas de la electricidad, energías limpias y el papel venidero de la refinadora nacional de propiedad pública, la soberanía y la seguridad alimentarias, la seguridad ciudadana integralmente conceptuada, el desarrollo con inclusión social y a favor del empleo en la provincia de Limón, la comunicación masiva vía el espectro radioeléctrico de propiedad pública y la democratización de la información, el agua como derecho humano fundamental, las medidas más urgentes contra la corrupción, el futuro del régimen municipal…; son temas relevantes (aunque no todos), sobre los cuales la corriente sindical PATRIA JUSTA ha elaborado posición-país.
Si las personas candidatas presidenciales invitadas aceptan esta invitación, en una o en otra alternativa mencionadas, se les garantiza un trato sumamente respetuoso, acorde a la posición política que están ostentando, pues el auditorio está compuesto con personas dirigentes sindicales de gran responsabilidad y de notable seriedad.
Se esperaría para próximas horas y antes de las elecciones del próximo domingo 4 de febrero, que cada una de las 13 personas candidatas presidenciales respondan a la invitación que les ha sido cursada; y, por supuesto, convenir interpartes las condiciones de participación, de uso de la palabra y/o de intercambio de pareceres.
La actividad siempre se realizará, aunque las ilustres personas candidatas presidenciales, en uno o en otro caso, declinen esta invitación.
San José, domingo 21 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Enviado por ANEP.
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Comunicado de Prensa
ANEP-UPINS
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Primero el Diario Extra y La Nación después, dieron cuenta a la opinión pública nacional que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio de su Junta Directiva y de su Director Financiero, el señor Gustavo Picado Chacón, que contrataron a la firma privada Oceánica el seguro de bienes patrimoniales de la institución, conocido como TODO RIESGO para cubrir poco más de $ 2.000 millones en infraestructura de la CCSS.
Al respecto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), integrantes ambas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, manifestamos:
La Ley de la República No. 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, establece en su artículo 7 que: “El Estado ejercerá la actividad aseguradora por medio del INS y las sociedades anónimas que se establezcan entre bancos públicos y el INS. En virtud del principio de unicidad del Estado, tanto el Gobierno Central como las demás instituciones del Sector Público, reconocen al INS como la única empresa de seguros del Estado. Para ello, el Estado contratará directamente con el INS todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades, siempre que el INS ofrezca condiciones más favorables considerando prima, deducible, cobertura y exclusiones, así como la calidad del respaldo financiero y respaldo de reaseguro”.
Es claro que, aunque la prima que cobrada el INS era un poco mayor (entendemos que un monto cercano a $ 259.000 que lo que cobro Oceánica); los demás elementos reglados por la Ley NO podían ser desconocidos por los altos funcionarios técnicos de la CCSS que recomiendan a la Junta Directiva contratar con otra aseguradora desconocida en el medio.
La calidad del respaldo financiero del INS respecto a Oceánica y la calidad del respaldo de reaseguros, sencillamente no son comparables. Pero aun así, con argumentos tan risibles, como que:
Los señores de la CCSS, encabezados por su Director Financiero, Gustavo Picado Chacón, pese a las implicaciones económicas, jurídicas, y propiamente del riesgo en juego que conlleva esta contratación, recomiendan y avalan contratar con Oceánica. Y la Junta de la CCSS lo aprueba. ¡Esto es lo peor!
Resaltamos también que el propio auditor interno de la CCSS, el señor Jorge Arturo Hernandez, manifestó su oposición a esta contratación con Oceánica. ¡No lo escucharon en Junta Directiva de la Caja!
Para que los y las costarricenses tengan un claro ejemplo:
Si sucediera un evento, similar al del Hospital de Puntarenas como hace unos años, y hubiese que indemnizar a la CCSS, digamos con $ 15 millones, por los daños; el INS asume dicha responsabilidad y paga en un período corto y como corresponde. La pregunta es: ¿tendríamos la misma seguridad con esta otra compañía cuyo respaldo financiero local es infinitamente menor al del INS y no se sabe que reaseguradores utiliza? La afectación para los usuarios de la CCSS es evidente.
El asunto está en que NO podemos esperar a que se sucedan siniestros y a ver si paga o no paga. ¡Con el INS eso jamás sucedería! Es nuestra aseguradora. Y los más importantes: el INS cuenta con LA GARANTIA DEL ESTADO DE COSTA RICA, pero Oceánica NO tiene dicho respaldo. Y esto, señores y señoras, en estas sumas aseguradas es determinante. Pese ello la CCSS se fue con Oceánica.
PROCESO DE CONTRATACIÓN
Nos llama la atención que la CCSS abre un proceso de contratación de seguros, entendemos que por primera vez pues, históricamente, venía contratando con el INS de forma continua. En las valoraciones de criterios para elegir el elemento determinante fue el precio; NO las garantías ni respaldos financieros, ni trayectoria. Tampoco lo fue lo que el Art. 7 de la ley de seguros citada señala. Curiosa y presuntamente, nos parece todo esto como el clásico compadre hablado. Eso deberá ser investigado a profundidad.
Pesó más una diferencia de $ 259.000,00 (doscientos cincuenta y nueve mil dólares) en un contrato de $ 2.000 (dos mil millones de dólares) cuya prima anual cobrada por el INS fue de $ 2.135.731 y Oceánica de $ 1.876.591. Todavía el Director Financiero de la CCSS dice que “hubo un importante ahorro”. ¡Por favor señores, sean más serios y no se burlen de los costarricenses!
Insistimos y creemos que hubo mala fe de los técnicos de la CCSS al no contratar con el INS, bajo el pírrico argumento de que era más cara y que el plazo de vigencia de la oferta venía en días naturales y no hábiles. ¡Qué poca seriedad!
Es posible que “legalmente” todo esté correcto. Pero, y adónde quedó lo que presuntamente habría sido inmoralmente incorrecto, amañado, compadrado y, sobre todo, malintencionado del concurso; que no previno variables de valoración usualmente acostumbradas como: RESPALDO Y FORTALEZA FINANCIERO, GARANTIAS DE CAPITAL, REASEGUROS, EXPERIENCIA, ETC. De haberlo hecho, sin duda nunca hubiesen contratado a una aseguradora de tercera categoría y poner en riesgo el patrimonio de la CCSS.
Recemos para que no suceda ningún evento catastrófico antes del 31 de octubre del 2018, fecha en que vence este nefasto contrato CCSS-Oceánica.
CEMENTAZO, OCEÁNICA, JCB Y TEMAS AFINES
Es probable que los técnicos de la CCSS, encabezados por su Director Financiero, Sr. Gustavo Picado Chacón, vivan en otro país que no es el nuestro. Esto lo decimos porque pareciera que no notaron que alrededor de esta aseguradora, Oceánica, pesan un sin numero de cuestionamientos en torno al tema del “Cementazo” por emitir garantías a favor de las empresas del Sr. Juan Carlos Bolaños Rojas (Grupo JCB), en un caso que se investiga en la Asamblea Legislativa, La Fiscalía General de la República, la Procuraduría de la Ética, entre otros.
Esta affair de una desconocida compañía de seguros que incursiona en importantes contrataciones públicas con la CCSS, bancos públicos y privados , llama poderosamente la atención en momentos en que todos nos cuestionamos los llamados tráficos de influencias en la esfera pública, mismos que hoy tienen al país de cabeza y a los partidos políticos tradicionales en coma. No hablamos del proceso de elecciones, que es el espejo de toda esta inmundicia que “hiede” a podredumbre. ¿Será este contrato de la CCSS con Oceánica un capítulo más de esta peste de tráfico de influencias? Veremos…
RESPALDO AL INS
Como organizaciones sindicales responsables, respaldamos al INS en este tema en particular y creemos que casos como estos NO pueden suceder a futuro. El INS es la aseguradora de los y las costarricenses, cuenta con la garantía del Estado y las leyes son claras respecto a la contratación de todas las entidades públicas con el INS. ¿O es que ahora se volvió un botín los seguros del Estado con compañías privadas? ¡Estamos informados y estaremos alertas!
DEBER DE LA JUNTA DIRECTIVA CCSS DE EXPLICAR LO SUCEDIDO
ANEP y UPINS, con el aval del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, solicitarán a la CCSS rendir las explicaciones de este nuevo desastre. Valoraremos llevar al Ministerio Público este asunto, una vez conocida la respuesta de la Junta Directiva de la Caja.
San José, jueves 21 de diciembre de 2017.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP): Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS): José Luis Soto Rodríguez, Secretario General
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por SIPROCNP.
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Comunicado de prensa ANEP
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra y aplaude la valiente posición que ha anunciado la Defensoría de los Habitantes de la República, de oponerse a una errada decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), de dejar sin regulación de ningún tipo las tarifas de los servicios de telefonía celular y de internet móvil, especialmente.
Creemos que la pretensión de la SUTEL significa, simbólicamente, que ésta entidad se dispara en el pie toda vez que se supone que la esencia de su quehacer es la regulación, a fin de que la población consumidora de los servicios de telecomunicaciones, en todas sus modalidades, no quede indefensa; considerando que la tal competencia es una quimera ante el dominio del mercado, esencialmente, por parte de dos monstruosas transnacionales.
La SUTEL quiere lavarse las manos y dejar a los consumidores en total indefensión, toda vez que las tendencias monopólicas y duopólicas son las que se ven posicionarse con fuerza en tiempos futuros, si es que la sociedad no logra frenar la conjura plutocrática que pretende la exclusión definitiva de este mercado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), negándosele
el acceso a nuevas fuentes de financiamiento que le permitan fortalecerse ante el poder duopólico de las transnacionales de telecomunicaciones implantadas en el país, luego de que fuera impuesto en Costa Rica el TLC con Estados Unidos, hace ya diez años.
¡Cierren la SUTEL! Ésta debería ser la consigna fundamental ante la quimera del “mercado en competencia” en materia de telecomunicaciones.
Si a la SUTEL le faltan agallas para defender a la población consumidora al respecto, si le tiene miedo a esos pulpos corporativos del capital transnacional; y, todavía peor, si ya no tiene fervor regulador, entonces es mejor que la cierren pues de por sí, resulta carísimo su mantenimiento dado que es uno de los privilegiados segmentos de la Administración Pública con salarios de lujo para su alta cúpula político-tecnocrática y gerencial.
San José, viernes 8 de setiembre de 2016.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
*Imagen con fines ilustrativos tomada de ThingLink.
Enviado por ANEP.
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Una vez más tenemos que condenar, enérgicamente, la reedición de la enfermiza tesis neoliberal de que el salario que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público (específicamente sus pluses y sus anualidades), que pretende culpabilizar, satanizándoles ante la sociedad, a quienes laboran para el sector Público, de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, del grave problema del déficit fiscal, del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.
Tampoco es culpable la clase trabajadora asalariada del sector Público, como tampoco lo es la del sector privado, por la injusta estructura tributaria costarricense, perversamente regresiva, la cual hace que quienes ganan menos, proporcionalmente hablando, pagan más; mientras que los que ganan más, pagan menos o no pagan del todo, eludiendo y/o evadiendo sus reales obligaciones tributarias.
Hacemos un vehemente llamado a todas las conciencias laborales del sector Público, así como a los diversos grupos y gremios que les representan, para que nos pronunciemos con energía y procedamos a rechazar con vehemencia, la resucitación política del detestado Expediente Legislativo No. 19.506, cargado de un odio visceral contra todos los derechos conquistados por la clase trabajadora del sector Público a lo largo de muchas décadas.
Lo que corresponde es dar los primeros pasos de corte estratégico para que esa injusta estructura tributaria nacional pase a ser progresiva: que paguen más los que más tienen.
Lo que corresponde es un proceso nacional de diálogo político-social para evitar que nuestro país caiga en el precipicio de la quiebra del Estado y que pasemos a vivir dolorosas e irreconciliables experiencias tipo Grecia, tipo Portugal.
Lo que corresponde es abandonar el fundamentalismo neoliberal cargado de odio patológico contra el sector Público, contra los empleados públicos y contra las empleadas públicas, contra sus organizaciones sindicales; y, por el contrario, establecer una fuerte estrategia nacional para combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, superior a los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB); y/o, entrarle a los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones determinando la derogatoria de, al menos, la mitad de la mismas.
Lo que corresponde es auscultar la naturaleza del endeudamiento nacional y una reingeniería de la deuda para atenuar, en alguna medida, el abultado y exorbitante pago anual de intereses que supera ya los 3 puntos porcentuales PIB.
Reiteramos con contundente vehemencia: quienes laboran para el sector Público, no son los responsables de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, no son los responsables del grave problema del déficit fiscal, no son responsables del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.
Hacemos un vehemente llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, así como a todas las organizaciones sindicales, gremiales, profesionales que les representan, para que unamos esfuerzos y procedamos a la movilización necesaria en aras de cerrarle, nuevamente, el paso al expediente 19.506 y similares, y, por otra parte; exigir las legislaciones necesarias del cambio estructural tributario hacia la progresividad.
San José, lunes 7 de agosto de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.anep.or.cr
Enviado por ANEP.
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Comunicado de Prensa
Emitimos por esta vía las primeras impresiones oficiales emanadas desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al preocupante anuncio presidencial de que el Gobierno de la República está enfrentando serios problemas de liquidez para honrar la enorme cantidad de compromisos financieros que implica su operación diaria; tratando el mandatario Luis Guillermo Solís Rivera de “tranquilizarnos” en cuanto a que, ante la falta de plata contante y sonante que está enfrentando la Administración Central del Estado, las prioridades fundamentales para pagar “puntualmente”, mes a mes, serán:
EL RESTO: ¿El pago de los servicios de luz, de agua, de teléfonos que se ocupan en las oficinas públicas del Estado central? ¿El pago de la cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en los seguros de enfermedad-maternidad y de IVM? ¿El pago del aporte estatal a los seguros sociales de la Caja? ¿Los recursos mínimos para funcionar en una serie de servicios públicos ya, de por sí, totalmente precarizados pero profundamente esenciales, como los policiales? ¿Se generará la paralización total de su prestación? ¿El pago puntual a proveedores que, a su vez, deben pagar salarios a sus propios trabajadores?… Etc., etc.
¡No podemos “tranquilizarnos”! ¡Nadie puede “tranquilizarse”! ¿Cómo es que llegamos a esto?
La esencia del problema radica en la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense, caracterizada por una radicalmente injusta regresividad, según lo catalogan así cualquier cantidad de especialistas en la materia, tanto nacionales como internacionales, quienes vienen señalando este problema hace ya mucho tiempo.
En palabras sencillas, esa injusta regresividad hace que estén pagando-tributando más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen; mientras los que más tienen, pagan menos o no pagan del todo (eluden, evaden, roban impuestos).
En tal sentido, “hay que darle vuelta a la tortilla”: que paguen más los que, proporcionalmente hablando, ganan más, concentran más, acumulan más…; sancionando severísimamente, como se hace en los Estados Unidos, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Esto es transformar el carácter del sistema tributario costarricense para que se vuelva progresivo. A esto le hemos llamado en ANEP, una Transformación Tributaria Estructural, así en mayúsculas.
En palabras ticas, nadie ha resumido mejor esto, en toda nuestra historia republicana como nación independiente, que el ex Presidente de la República don Alfredo González Flores (1877-1962), el vigésimo presidente de la historia de nuestro país, declarado Benemérito de la Patria, con su famosa frase célebre: “Que el rico pague como rico y el pobre como pobre”.
La profunda e injusta regresividad del sistema tributario costarricense tiene cualquier cantidad de ejemplos. Fijémonos en estos dos:
En el 2012 se reportó que ochenta megaempresas costarricenses con ingresos equivalentes a la mitad del presupuesto nacional, no pagaron ni un cinco de impuesto a las utilidades. Hacienda dijo que iba a investigar lo sucedido. En el 2015 fue la Contraloría la que alertó sobre 93 grandes contribuyentes que declararon cero impuesto de utilidades, a pesar de declarar en conjunto ingresos brutos por ¢3,0 billones y de activos totales por ¢6,7 billones, en promedio, por año.
Acometer esta tarea, la de la Transformación Tributaria Estructural, implica la construcción de un poderoso polo de sectores políticos, político-partidistas, sindicales y sociales, dispuestos a evitar, por todas las formas posibles, que suframos el inmenso dolor de pueblos como el de Grecia o como el de Portugal; acometiendo tareas de adopción de legislación tributaria urgente y justa, con la movilización social que, también, resulta urgente.
Cuatro planteamentos desde la visión de sindicalismo sociopolítico
Hemos insistido a lo largo de muchos meses en una serie de planteamientos en torno al problema fiscal-tributario del país. Conviene reiterar algunos, ahora con más vehemencia y potencia en estos momentos:
UNO: Las personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas no son responsables del déficit fiscal. Quienes laboran para el Estado y quienes lo hacen para el sector Privado, son pagadoras puntuales de sus impuestos, especialmente los dos más importantes. El de ventas, al momento mismo de la compra; el de renta, cuando corresponde, es deducido, “implacablemente”, de planilla. La clase trabajadora no roba impuestos. Los excesos y abusos en materia de Empleo Público y en pensiones, aunque los hay, son los menos, pueden ser corregidos; pero, aunque fuera así (y es necesario que sean corregidos), no impactarán nada en materia de déficit fiscal. Los ataques al empleo público han sido, fundamentalmente, de carácter ideológico.
DOS. Si la deuda pública nacional está superando ya el 50 % con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), y si su pago y el de los intereses es prioridad fundamentalísima ante los problemas de liquidez que afronta el Gobierno según el anuncio presidencial, corresponde ejercer una especie de auditoría ciudadana de la deuda: ¿Quiénes son los acreedores del país?, ¿quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros?, ¿cuál es la deuda de corto, de mediano, de largo plazo?, ¿en qué períodos gubernamentales se fue generando esa deuda?, ¿es posible renegociar plazos, pago de intereses, condonaciones…?, ¿cuáles son los sectores financieros que viven de los intereses de la deuda y que no tendrían interés alguno en que se resuelva el problema del déficit? Etc. Etc.
TRES: Si el déficit fiscal está cerca de llegar o superar la “barrera psicológica” impuesta por los mercados financieros neoliberales, del 6 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), deberíamos considerar estos dos aspectos centrales.
A: ¿Cuál es el porcentaje de déficit fiscal con el cual podríamos vivir como sociedad y cuál es la cifra con la cual no podríamos vivir como sociedad, considerando que el país siempre ha vivido con déficit y seguirá viviendo con déficit y que el déficit cero no es posible? ¿Podríamos construir un acuerdo sociopolítico entre sectores y fuerzas sanas para que, por ejemplo, aceptemos vivir con un 3 % y arreglar el otro 3 %?
B: ¿Pueden los economistas que piensan primero en el ser humano antes que el mercado, diseñar una nueva metodología para reconceptualizar eso del déficit fiscal, de modo tal que se comprenda y se contabilice la estructura financiera total del Estado y no solamente el 40 % de la misma, que es la que revisa anualmente la Asamblea Legislativa al tramitarse eso que erróneamente se denomina presupuesto “nacional”?
CUATRO: Uno de los cambios tributarios más urgente es la modificación al impuesto sobre la renta, de forma tal que, por ejemplo, se instaure la renta global o universal. El más “cómodo” cambio tributario es que el transforma en impuesto al valor agregado (IVA), el actual impuesto sobre las ventas, el más injusto de todos los impuestos pues se cobra sin discriminar capacidad de ingreso de las personas y de las familias, por eso, treparlo del 13 al 15 % genera oposición rotunda de nuestra parte.
La clase trabajadora, tanto la del sector público como la del privado, ¡no da más!
Una clase trabajadora con salarios prácticamente congelados, así impuesto por la política macroeconómica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su enfermiza obsesividad por una quimérica e imposible “inflación cero”, mientras seguimos viviendo en uno de los países más caros de la América Latina;
Una clase trabajadora altamente endeudada por las tarjetas de crédito y por los créditos personales, financieros, hipotecarios: miles y miles de sus integrantes son víctimas de escasa o nula liquidez.
Una clase trabajadora con salarios mínimos realmente bajos, en contraste con los que devenga la alta cúpula político-tecnocrática del Estado, con salarios realmente lujosos y abusivos.
Una clase trabajadora a la que ahora castigaron injustamente con una reducción del 1 % en sus salarios para dizque darle sostenibilidad al sistema de pensiones de la Caja, el IVM-CCSS; mientras el festín de las pensiones de lujo con cargo al presupuesto “nacional”, muestra una de las más duras caras de la desigualdad.
Una clase trabajadora que está llegando a tener al 50 % de sus integrantes en la informalidad y en el desempleo, al margen de la Seguridad Social…
Finalmente, reiteramos que este panorama impone la construcción de una articulación de conciencias cívicas inspiradas en una visión de mundo nutrida con los mejores valores de la socialdemocracia real, de los mejores valores del humanismo cristiano (especialmente, los contenidos del mensaje social del papa Francisco), de los mejores valores de la izquierda progresista costarricense, para enfrentar tal gigantesco reto de la Transformación Tributaria Estructural; así como el accionar unitario de organizaciones sindicales que puedan combinar sus tareas corporativo-gremiales con su responsabilidad para con el bienestar general de la clase trabajadora, impulsando la movilización obrera, social y ciudadana que será necesario para enfrentar los poderosos sectores político-económicos que han venido frenando esa Transformación Tributaria Estructural en perjuicio de las grandes mayorías.
En lo inmediatísimo estamos trasladando estas primeras impresiones de la ANEP a cada una de las organizaciones hermanas en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA para que sus respectivas juntas directivas las consideren a fin de que, con la urgencia del caso, definan sus propias posiciones para la mayor conjunción de esfuerzos al respecto de la situación planteada.
San José, miércoles 2 de agosto de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador PATRIA JUSTA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
Fundada el 19 de agosto de 1958
COSTA RICA
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por ANEP.
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Enviado por ANEP.
Comunicado de Prensa
ANEP-PATRIA JUSTA
¿Se equivocó la UCR? ¿Está fundamentado su estudio sobre el IVM-CCSS en premisas erróneas? ¿Infló la UCR datos para fortalecer la especie de que el IVM está en riesgo real de quiebra inminente?…
Hemos tenido acceso al documento NOTA TÉCNICA preparado por la Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza; en el cual se presentan delicadas consideraciones cuestionadoras sobre el “Estudio actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte administrador por la Caja Costarricense de Seguro Social (con corte al 31 de diciembre del 2015)”, elaborado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Como bien es sabido, el estudio de la UCR ha sido el estandarte estrella de los directivos de la Caja que han estado en contra del pueblo trabajador, para imponerle a éste, de manera injusta, un aumento de un 1 % en su aporte obrero para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuyo primer tracto, de un 0.50 %, se estará rebajando a todas las personas asalariadas del país, tanto del sector Público como del Privado en este mes de julio. Ese estudio de la UCR ha sido como “el coco” con que han pretendido asustar a la ciudadanía laboral del país.
La OIT, desde Ginebra, Suiza, lugar en el cual se encuentra su sede mundial, sometió a análisis la metodología y los resultados del estudio de la UCR sobre las pensiones IVM, puntualizando que “…el modelo UCR aplica una densidad de cotización a todo el conjunto de la población afiliada, generando una sobreestimación considerable en la acumulación de derechos”.
La OIT puntualiza que el modelo demográfico de la UCR empleado para su estudio genera dos consecuencias fundamentales:
“Sobreestimación considerable de las generaciones de afiliados y por tanto de la afiliación total”.
“Sobreestimación considerable de las probabilidades de acceso a pensiones para la población afiliada”.
Dice este impresionante documento técnico de la OIT, elaborado desde Suiza, que “… el modelo UCR se basa en una estructura distinta, donde solo existen dos poblaciones, no afiliados y afiliados. El modelo simula cotizantes, pero solo para calcular las cotizaciones, y no para evaluar la adquisición de derechos a jubilación. Ambas decisiones son técnicamente incorrectas”.
De manera contundente, la OIT indica sobre el estudio de la UCR: “El principal hallazgo de este trabajo se refiere a la existencia de serios problemas metodológicos en términos de la modelización, que se manifiestan en una tendencia explosiva del gasto del Régimen IVM en el mediano y largo plazo. Estos problemas explican las grandes diferencias que existen entre los resultados de las proyecciones del trabajo de la UCR, con respecto a los resultados generados por el modelo actuarial de la CCSS, así como con respecto a otras proyecciones, incluidas las de la OIT”.
Este demoledor informe técnico de la OIT es de este mismísimo mes de julio y deja en total descalificación la prédica oficial de la Caja para castigar al pueblo trabajador imponiéndole un injusto aumento de su cuota obrera.
La ANEP ha tenido acceso a este documento hoy domingo 9 de julio y, por tanto, estamos compartiendo con la ciudadanía trabajadora estos primeros comentarios que se consignan en el presente comunicado de prensa.
ANEP espera analizarlo mejor en próximas horas con el grupo de especialistas que nos han colaborado para un posicionamiento obrero crítico, sólido, responsable y propositivo, sobre la real verdad de las finanzas actuales y futuras, inmediatas, mediatas y de largo plazo, del más importante sistema de pensiones del país, el IVM-CCSS. Por tanto, ANEP valora ampliar sus comentarios sobre este crucial documento ante la prensa del país que así lo considere relevante.
Sin duda alguna se abre una nueva perspectiva para la discusión nacional sobre este delicado asunto de tanta sensibilidad. Todos en este país apreciamos y respetamos la solidez profesional y rigurosidad académica de los estudios elaborados por la Universidad de Costa Rica (UCR), en las más diversas disciplinas del saber y del conocimiento. Por estas y otras razones la UCR puede exhibir un consolidado prestigio y credibilidad.
Sin embargo, esta NOTA TÉCNICA que sale desde la misma sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, a través de su Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social, abre una perspectiva de análisis insospechada hasta ahora pues al estudio de la UCR le ha salido un severísimo cuestionamiento de enorme solidez profesional y rigurosidad técnica, también.
La diferencia es que estamos hablando de los expertos mundiales en la materia que laboran para la OIT. Y esto no es de despreciar. ¡Hay algo malo en todo esto y el perjudicado es el pueblo trabajador!
ANEP estima que este crucial estudio de la OIT en materia de IVM-CCSS impone un imperativo ético a la actual junta directiva de la Caja que es revertir el acuerdo de rebajar el 1 % de incremento en la cuota obrera para, al menos, detener su segunda aplicación, la de enero 2018, pues la primera, de 0.50 % injustamente ya está en tramitación.
ANEP, junto a sus organizaciones colegas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, se reunirá este miércoles 12 de julio, a las 5 de la tarde, en la Casa Presidencial, con el propio señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; quien nos atenderá, precisamente, para darle nuestra visión sobre IVM-CCSS. Sin duda alguna este nuevo elemento de la NOTA TÉCNICA de la OIT será abordado con el mandatario.
ANEP propondrá a sus contrapartes de PATRIA JUSTA que consideremos la incorporación a la mesa de diálogo IVM-CCSS, toda vez que las condiciones iniciales de nuestro rechazo para estar en la misma, planteadas desde el 21 de marzo anterior, podrían tener una transformación radical a la luz de este nuevo documento de la OIT y, por tanto, darle mayor peso a la posición obrera.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por ANEP.
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La necesidad del actual Gobierno de la República para tener ingresos frescos en las arcas públicas, vinculando iniciativas de ley en materia de impuestos con reformas salariales en el empleo público nada bueno augura, ni dentro ni fuera del parlamento, pues se trata de una mezcla tóxica generadora de un gran estrés sociopolítico de potencial confrontacional, al menos en algunos casos. Veamos, seguidamente, cuáles son las “nuevas” iniciativas que impulsará el Gobierno en este período electoral ya en desarrollo a fin de obtener aprobación a su peculiar paquete de impuestos.
Si bien es cierto el detestado Expediente Legislativo No. 19.506 está en una especie de coma político inducido, otras iniciativas conexas que el Gobierno del Presidente Solís Rivera piensa impulsar en los próximos días, nos obligan a la más estricta vigilancia y alertas sindicales.
Desde la perspectiva de la ANEP iniciativas de ley como ponerle límite a las remuneraciones totales en la función pública para que ningún salario supere los 5.3 o los 5.5 millones de colones mensuales, son necesarias y contarían con gran respaldo popular.
Eso sí, sin excepciones de ningún tipo como esa de que hay que excluir los salariazos de aquellas entidades en “regímenes en competencia”; o que pretenda dejar por fuera sistemas salariales con nombres y apellidos propios los cuales, como en el caso de la salud pública costarricense, hace que existan abusivos salarios que ni los países nórdicos con sus avanzados sistemas de Seguridad Social pagan.
Así las cosas, los expedientes legislativos números 19.156, presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); o el 19.883, promovido por el Frente Amplio, merecen ser vistos con seria responsabilidad sindical sin rechazos dogmáticos ad portas.
En este tipo de regulación deberían comprenderse los casos salariales del propio Presidente de la República, de los ministros y de los viceministros de Estado.
Por su parte, un expediente de cuidado para la clase trabajadora asalariada del sector público en sus niveles medio y bajo (salarialmente hablando), es el que promueve directamente el presente Gobierno, vía Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Expediente Legislativo No. 19.787.
Las anualidades solamente se reconocerán en aquellos casos de calificaciones de muy bueno y de excelente. En ANEP pensamos que la promoción de la excelencia en la prestación de los servicios públicos merece el más fuerte apoyo de todas las organizaciones sindicales y gremiales responsables, con visión-país y que no estén raptadas por un corporativismo gremial abusivo y miope.
Sin embargo, debe analizarse con gran cuidado y sigilo la metodología de la evaluación del desempeño para descontaminarla de ingredientes subjetivos (“sacaclavos”), de la politiquería y de incluso pedidos de favores sexuales no otorgados.
Bien es sabido que en no pocos casos el poder de los mandos medios se impone y darles una especie de cheque en blanco para manejar, a su antojo, parámetros de evaluación de calificaciones de muy bueno y de excelente sin la debida posibilidad de defensa del servidor en escrutinio, puede ser muy peligroso y hasta potenciar un eventual despido.
Esta iniciativa de Mideplan, Expediente Legislativo No. 19.787, será sometida por parte de la ANEP al más fuerte y minucioso escrutinio.
Como suele suceder con los proyectos de empleo público generados desde el extremismo político ubicado a la derecha del poder del capital, la iniciativa “libertaria” (Expediente Legislativo No. 20.224), para que solamente reciba reconocimiento por anualidad una quinta parte de la clase trabajadora del sector Público, “huele a lirio” no más de entrada. No nos merece mayor esfuerzo en comentarla.
Por otra parte, el nuevo intento de la distinguida señora diputada doña Sandra Pizsk Feinzilber en materia de empleo público y para ver cómo algo de esto queda con su sello personal, nos plantea la iniciativa legislativa No. 20.349, “ley reguladora del pago por restricción” que no variaría el reconocimiento de un 55 % para licenciados y de un 20 % para bachilleres en materia de dedicación exclusiva; y, en cuanto a prohibición, ésta no puede dársele a quienes no sean licenciados, manteniendo el actual 65 % para quienes sí lo son y un 30 % para bachilleres. Lo novedoso sería imponer un sobresueldo de 30 % por concepto de dedicación exclusiva solamente para profesores universitarios.
La nueva iniciativa de la diputada Piszk Feinzilber pareciera inocua si la comparamos con la detestada 19.506; sin embargo, ésta nueva, la 20.349, merece la más incisiva auscultación para buscar en qué artículo, frase, procedimiento y/o lugar está la trampa a fin de que esos pluses, dedicación exclusiva y prohibición, los reciba el menor número posible; o, si hay en ella otras cosas que de manera endodérmicamente semántica tienen dobles propósitos políticos como ocurrió cuando desenmascaramos los verdaderos contenidos del Expediente Legislativo. 19.506.
Luego de tantos y tantos días, semanas y meses de confrontar, hasta derrotarla completamente, la perversa tesis neoliberal de que el déficit fiscal se debe a los salarios de los empleados públicos, tenemos que recalcar que es una mezcla tóxica vincular empleo público e impuestos, por más “light” que parezcan en la superficie iniciativas legislativas para regular algo del empleo público.
Las transformaciones tributarias estructurales urgentes que ocupa la sociedad costarricense de hoy en nada tienen que ver con cambios en el sistema de salarios del sector público, a no ser los que se ocupan para parar los excesos que vienen ocurriendo en ciertas partes de la más alta estructura político-gerencial de la máxima cúpula estatal del país en todas sus modalidades.
ANEP procederá con debida urgencia y responsabilidad al análisis puntual de estas iniciativas que sobre empleo público anuncia el Gobierno querer negociar con los diferentes partidos (y fracciones de éstos), en los próximos días para ver si consigue apoyo su peculiar propuesta de paquete de impuestos.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
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