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Etiqueta: ANEP

ANEP – Sobre IVM-CCSS: Planteamiento entregado con ocasión de la concentración del lunes 22 de mayo de 2017

Escrito en . Publicado en Trabajo.

San José, lunes 22 de mayo de 2017.

  1. G. 13-17-2299-17

Honorables señores y señoras

Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Honorables señores y señoras

Integrantes mesa de diálogo social sobre futuro del régimen de pensiones de

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

 

Desde el pasado 21 de marzo y en el marco del proceso sociopolítico conocido como Colectivo Sindical PATRIA JUSTA planteamos que un real y verdadero diálogo social sobre el futuro del régimen de pensiones IVM exigía dos consideraciones fundamentales para un esfuerzo provechoso, potencialmente exitoso y de imperiosa transparencia:

1) Que se quitase la imposición de la rebaja salarial generalizada del 1 %, derogando el acuerdo de la directiva de la Caja; y, 2) la convocatoria con real papel protagónico y decisorio de otros importantes actores de la sociedad costarricense.

Al día de hoy, el primer aspecto se mantiene inconmovible pese al ya más que evidente rechazo generalizado socialmente hablando y hasta con burla de las apelaciones presidenciales al respecto. Con relación el segundo aspecto, esa participación multisectorial se ha materializado a medias, hasta hace pocas horas y mediando una presión y denuncia externas, fundamentalmente, no por convicción de la directiva de la Caja; sin embargo, la esencia del carácter espectador pasivo se mantiene.

En tal sentido y como corriente sindical hemos decidido no sentarnos en la mesa de ese peculiar esquema de diálogo social, pues todo permanece igual como cuando lo denunciamos por vez primera, repetimos, el pasado 21 de marzo.

Luego del 21 de marzo y como ya es de amplio conocimiento ciudadano, emergió con gran fuerza y solidez argumental la serie de planteamientos formulados por un grupo interdisciplinario de carácter cívico y de reconocida solvencia ética, moral, experta y profesional, el cual ha hecho fuerte denuncia pública de una especie de aparente “mala praxis” en el manejo de las finanzas de IVM-CCSS, luego del 2007; generándose un desbalance, un “hueco financiero” del orden de, conservadoramente hablando, de un millón de millones de colones, un billón (1.000.000.000.000), que le ha puesto en serios aprietos al punto de anticipar otro tipo de cambios que se hubiesen necesitado hasta el año 2043, con base en los acuerdos de la anterior reforma de IVM, socialmente acordada en el año 2005, si no hubiese ocurrido esa especie de mala praxis financiera.

Esta circunstancia, invisibilizada y negada tácticamente por las autoridades políticas de la CCSS, va aparejada con la incomprensible e inexplicable tardanza en la tramitación de una denuncia-acusación interpuesta en el Ministerio Público hace ya 5 años (bajo el Expediente Nº 12-000046-0621-PE), en contra de una serie de jerarcas de la CCSS que podrían tener mucho que explicar y dar rendición pública de cuentas acerca de sus decisiones sobre las finanzas de IVM al punto de haber generado tal hoyo en sus arcas; grave situación que implica sacrificar las finanzas familiares del pueblo trabajador, precarias hoy en día, producto de la política gubernamental de salarios congelados.

Es propicia la ocasión para recordar los nombres de las personas que están denunciadas ante el Ministerio Público y a efectos de que éste le explicara al pueblo trabajador las razones de esa tardanza de 5 años en el trámite de la indicada denuncia:

Lic. Manuel Enrique Ugarte Brenes.

Lic. Iván Guardia Rodríguez

Lic. Gustavo Picado Chacón

Lic. Carlos Montoya Murillo

Ing. Dinorah Garro Herrera

Lic. José Luis Quesada Martínez

Lic. Roy Retana Mora

Lic. Álvaro Vega Rojas

Lic. Christian Hernández Chacón

Lic. José Alberto Acuña Ulate

Lic. Luis Guillermo López Vargas

Licda. Sara González Castillo

Dra. Ileana Balmaceda Arias

Vistas así las cosas, de manera pública y por esta vía, manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: Ratificar lo que pública e incansablemente venimos planteando, nuestra rotunda oposición a que sea el pueblo trabajador asalariado, con empleo formal (sectores Privado y Público), o sin él (trabajadores independientes, cuentapropistas y desempleados), el que tenga que pagar las consecuencias de una mala gestión en las finanzas del régimen de pensiones IVM-CCSS.

SEGUNDO: Derogación del injusto acuerdo adoptado por esa honorable Junta Directiva, adoptado en total opacidad en diciembre del año pasado, de aplicar a partir de este próximo 1 de junio, una rebaja salarial generalizada del 1 %, precisamente pretendiendo para poner a pagar a los que nada tienen que ver con la crisis financiera de IVM, por un lado; y por otro, mantener en total impunidad a los responsables de la misma, algunos de los cuales siguen ostentando posiciones privilegiadas en la institución y/o manteniendo los mismos puestos en los que estaban cuando tomaron esas malas decisiones.

TERCERO: Participación real y efectiva, con voz y con voto, en la mesa de diálogo de sectores que ya fueron convocados a la misma pero en condición de convidados de piedra y ubicados en una especie de “gradería de sol”, como espectadores pasivos pues lo seguirán siendo pese a una tenue modificación de tal estatus que se adoptó en las últimas horas. Hablamos de la Iglesia Católica, de la Defensoría de los Habitantes de la República, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), del Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor (Conapam), entre otros. Falta en esa mesa, entre otros, vocería actora de los trabajadores y de los productores agrícolas, de las personas trabajadoras desempleadas y de quienes están en la lucha diaria por la sobrevivencia desarrollando actividades en el sector informal de la economía.

CUARTO: Proponemos cinco grandes ámbitos de toma de decisiones político-técnicas para no golpear todavía más los bolsillos de la estrujada, financieramente hablando, clase trabajadora y en vista de la emergencia de la sostenibilidad del IVM en el corto plazo.

  • CUARTO-A: La tramitación del proyecto de ley conocido como “Pensión Consumo”, actualmente en la corriente legislativa y en la agenda de la comisión parlamentaria de Hacendarios.
  • CUARTO B: Establecimiento de un tasa temporal, de carácter progresista y de naturaleza progresiva, a las transacciones financiero-bancarias; del 0,02, 0,025, ó del 0.03 % y por un plazo predeterminado en la ley que lo establezca, que excluya el pago por tarjeta, el retiro de dinero por los cajeros y la operación bancaria por teléfono celular. Todos aportaríamos para salvar al IVM y en el caso del salario obrero ese aporte podría representar hasta un 90 % menos de lo que pretenden extraerle con el 1 % de su salario total.
  • CUARTO C: De los 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado pierde, anualmente, por el sistema de exenciones y exoneraciones actualmente vigente, habilitar por 3 años cobro impositivo de, al menos, 2 puntos PIB por esta vía que podría allegarle a IVM, 1 billón 800 mil millones de colones en ese lapso, que es casi el doble del hueco que presentan sus finanzas en este momento producto de la ya denunciada mala praxis financiera. Esto es políticamente y técnicamente viable pues el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya última delegación de visita en el país se reunió con la ANEP, reconoce que en Costa Rica el 50 % de todas las exenciones-exoneraciones privilegia al 20 % de la población más rica del país.
  • CUARTO D: Considerar la vinculación estratégica entre el sistema financiero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), con el del primer pilar, el clásico IVM, de forma tal que haya un fortalecimiento de éste sin que la persona pierda un solo centavo de lo que le corresponderá por el ROP al momento de la jubilación.
  • CUARTO E: Revisión profunda del proceso de transferencia ordenado por el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, de dineros de las empresas públicas estatales para el fortalecimiento de IMV; cuantificando lo transferido, lo que está pendiente o en mora y ampliando el esquema legal obligatorio para tal finalidad, con proyectos que ya están en la actual corriente legislativa al respecto.

QUINTO: Proponemos impulsar cambios estructurales profundos en el esquema gubernativo de la Caja para, por un lado, controlar el poder omnímodo que ostenta el aparato tecnocrático-burocrático de la alta jerarquía de la institución que se da el lujo de imponerse a la voluntad popular expresada en las urnas electorales; y, por otro, darle escaños de representación real en su directiva a sectores como las personas adultas mayores, las desempleadas y las que están en el mercado informal.

Tómese en cuenta que solamente quienes están en el mercado laboral formal tienen, en los actuales momento, voz y voto en la directiva de la Caja.

Finalmente es preciso puntualizar que, en términos generales, la clase trabajadora ha sido empobrecida por la actual gestión gubernativa en el plano macroeconómico por las siguientes circunstancias, lo que refuerza todavía más nuestra oposición rotunda a la rebaja salarial generalizada del 1 % para IVM. Veamos.

UNO. Jamás se distribuyó, vía política salarial y en una forma un poco más justa, los beneficios del crecimiento económico que el país mostró en los primeros años de esta administración y producto de un manejo adecuado de varias de las más notables variables macroeconómicas, según se reconoce desde varias posiciones político-ideológicas.

DOS. Pese a datos oficiales de inflación cero o ligeramente superior a cero, no hubo ajustes salariales semestrales por costo de vida que superaran ese indicador medidor de costo de vida, de forma tal que se pudiese ampliar un poco más el poder adquisitivo, de compra, del salario; considerando que Costa Rica es uno de los países latinoamericanos que más alto tiene su costo de vida.

TRES. Pasará a la historia la presente administración como la que eliminó los ajustes semestrales al salario mínimo, ahora éste será solamente revisado una vez al año. Esto es sumamente grave si consideramos que una tercera parte de la población trabajadora que cubre el mismo, tiene violaciones en cuanto a su aplicación real.

CUARTO. En el caso del sector Público, los puestos más desvalorizados del Gobierno Central y entes adscritos, víctimas de 35 años de enganche salarial médico y aunque éste fue modificado parcialmente por la presente gestión gubernativa, el perjuicio sigue existiendo. Por un lado, los puestos liberados jamás fueron resarcidos en su pérdida salarial acumulada por tanto tiempo de enganche (policías, oficinistas, técnicos y otros); por otro, los puestos de carácter profesional siguen enganchados y, por tanto, no pueden tener reajustes realmente justo por el impacto casi cuádruple en el esquema salarial médico.

QUINTO. La clase trabajadora prácticamente en su totalidad y en sus diversas modalidades, está altamente endeudada por diversos mecanismos. Una reducción en su liquidez salarial mensual del 1 % tiene considerables efectos negativos en las ya golpeadas finanzas familiares de quienes están en las más bajas escalas salariales. Por otro lado, solamente en tarjetas de crédito el endeudamiento ya superó el 1,1 millón de millones de colones, superando la barrera de los 3 puntos porcentuales PIB.

Como habrán visto, sobran razones para la lucha que hemos venido sosteniendo, al igual que otras corrientes sindicales que se han venido manifestando en tal sentido, contra la grave injusta que representa esa rebaja salarial generalizada del 1 %, pues ya solamente carece de ética y de moral, sino que profundiza un pernicioso esquema de desigualdad y de impunidad que está golpeando la naturaleza misma del sistema de la Democracia.

Por otra parte, resulta evidente que la decisión de la Junta Directiva de CCSS de cargar exclusivamente a los trabajadores asalariados el peso de cubrir el faltante de ingresos del régimen IVM, carece de justificación real y objetiva. Más inconsistente se torna esa decisión al valorar que ese sacrificio que se impone a los trabajadores asalariados no solucionará los problemas del régimen. Más bien este sector tendrá mayores afectaciones en el futuro, tal como lo muestran algunas manifestaciones contenidas en actas de Junta Directiva. Copiamos a continuación este extracto del Acta No. 8868, de 13 de octubre de 2016 (páginas 51 y 52), donde se hace constar por el propio Gerente de Pensiones de la CCSS que el aumento del 1 % en la cotización obrera no garantizará la sostenibilidad futura del régimen IVM. Veamos:

“Anota el Director Gutiérrez Jiménez que la Gerencia de Pensiones, le puede presentar a esta Junta Directiva, los argumentos en una semana porque ya los tiene. Le preocupa que lo que se está discutiendo hoy, es exactamente lo que se habló hace un año, en cuanto a su publicación, políticas y diálogo, entre otros. Todos esos aspectos continúan siendo válidos, pero hay que hacerlo. Por ese aspecto, le preguntó a don Jaime Barrantes, si creía que para no tomar intereses de la Reserva, era importante elevar el 1% al sector laboral y su respuesta fue categórica, respondió que sí, y más comprometedor para el Régimen, porque aún ese aumento en la cotización del 1%, no garantiza la sostenibilidad del Régimen de IVM y es la parte que más le preocupa”. (El destacado en negrita es nuestro).

Nos preocupa sobremanera la naturaleza de la intenciones reales del diálogo social que se viene promoviendo, toda vez que si nos atenemos a estos criterios de la propia señora Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, a final de cuenta lo que se busca es consenso para elevar la edad de jubilación, una vez alcanzado el aumento del 1 % en la cuota obrera. Así se lee en el Acta No. 8803, de la sesión correspondiente al 1 de octubre de 2015 (página 39). Veamos:

“Indica la doctora Sáenz que le parece muy bien el planteamiento de don Rolando, y tal vez en el tema del aumento de la contribución en un 1%, en vez de que se produzca un diálogo que se consulte, porque le parece que el diálogo está más relacionado con las medidas de largo plazo, es decir, con elevar la edad de retiro”. (El destacado en negrita y el subrayado es nuestro).

Destacamos, de manera respetuosa, la delicada circunstancia de que las nueve personas integrantes legítimas de la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), están inmersas en la encrucijada más relevante de toda la historia de esta institución pilar de la Democracia costarricense; y, por tanto, las transformaciones en agenda requieren de abordajes integrales y lo más ampliamente compartidos, en un clima de paz y de tranquilidad. Para ello es vital modificar esa decisión de la rebaja salarial generalizada del 1 % que, como hemos reiteradamente apuntado, incrementa el escenario de desigualdad social que está golpeando la cohesión y la integración social costarricenses.

Por otra parte y finalmente, resaltamos que en estos momentos históricos dejamos expresión manifiesta y abierta de un nuevo llamado, vehemente llamado, a la unidad sindical en la acción de todas las corrientes que venimos reivindicando esta noble lucha; unidad sindical en la acción que es más que imperiosa ante la ausencia de pronunciamientos a favor de la clase trabajadora de otras entidades que bajo sus propios esquemas jurídicos de organización social, tienen en sus membrecías a importantes segmentos de esa clase trabajadora pero que, inexplicablemente, callan y, más bien, parecen haberse matriculado con estas políticas de empobrecimiento salarial y de potenciación de la desigualdad.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

Lea también:

Concentración-manifestación de ANEP contra rebaja salarial del 1%

 

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Enviado a SURCOS por Secretaría General ANEP.

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Concentración-manifestación de ANEP contra rebaja salarial del 1%

Escrito en . Publicado en Trabajo.

  • Contra la rebaja salarial generalizada del 1 % pensiones IVM-CCSS y contra el abusivo sistema de las pensiones de lujo: 367 pensiones de más 5 millones con cargo al Presupuesto Nacional
  • IVM-CCSS: Existen alternativas para no golpear a la clase trabajadora

 

Tal y como había sido anunciado, el pasado lunes 22 de mayo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), realizó la concentración-manifestación que había convocado frente a la sede central de la Caja en la Avenida Segunda, con dos propósitos fundamentales:

PRIMERO: Rechazar la inminente rebaja salarial generalizada del 1 % impuesta por la Caja y que afectará a todos los salarios de todas las personas trabajadoras del país, tanto del sector público como del privado. Y hasta las aseguradas de manera independiente pues a éstas se les aumentará la cotización en un 1 %. Rechazamos que se le cobre a la clase trabajadora una especie de mala praxis financiera en el régimen IVM que podría alcanzar la espantosa cantidad, conservadoramente hablando, de 1 billón de colones (un millón de millones de colones).

SEGUNDO: Protestar, enérgicamente, contra el abusivo sistema de pensiones privilegiadas, las de lujo, que dramatizan los dolorosos niveles a los que ha llegado la desigualdad en Costa Rica. La clase trabajadora está muy golpeada y muy herida en su sensibilidad obrera al enterarse de:

UNO: La concesión de una pensión de, prácticamente, 10 millones de colones en el Poder Judicial;

DOS: De constatar la rebeldía jurídica (vía interposición de recursos en la Sala Cuarta) contra una disposición legislativa que obliga a los pensiones de lujo del sistema “Hacienda-diputados”, con pensiones de casi 8 millones de colones, a aportar 2 millones como “contribución solidaria”, quedándoles una de 6 millones. ¡Cómo si esta cifra no fuera ya de por sí sumamente alta para una pensión!

Los datos que manejamos en ANEP nos indican que si hacemos un listado de las pensiones más altas con cargo al Presupuesto Nacional de la República y juntamos ese listado con las más altas tramitadas vía Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), tendremos lo siguiente: 3 pensiones superan los 11 millones de colones; 7 casos superan los 10 millones de colones; 5 están por encima de los 9 millones de colones mensuales; 20 pensiones de más de 8 millones al mes; 29 de más de 7 millones mensuales; y 113 superan la cifra de 6 millones de colones al mes; y, 190 por encima de los 5 millones de colones. En total, 367 pensiones de más de 5 millones de colones con cargo al Presupuesto Nacional.

Definitivamente, este es un retrato cruel de la desigualdad en materia de pensiones en Costa Rica.

Por otra parte, la ANEP maneja un listado de unos 140 casos de altas pensiones con cargo al Presupuesto Nacional cuyos beneficiarios presentaron recursos de amparo contra la nueva legislación que les pone límites pues pretenden que les sigan aumentando 30 % al año, haya o no inflación, heredar la pensión a hijas solteras y cuando faltan su cónyuge siga recibiendo 100 % de pensión.

La ANEP estima que a como van las cosas en la Caja (subir la cotización para la pensión, elevar la edad para la jubilación y reducir el monto a recibir), pensionarse por IVM es ¡empobrecerse! Por el contrario, con las pensiones de lujo, es… ¡enriquecerse!

Efectivamente, si la Caja logra consolidar su abusiva decisión de imponer esa rebaja salarial del 1 %, será esta la primera medida que le abre paso a las otras dos que están pensadas para empobrecer más a la gente trabajadora, vía IVM: subir la edad hasta los 70 años; y, reducir el monto a percibir a un 40 %.

La ANEP entregará este lunes un documento que contiene una propuesta de ámbitos de intervención político-técnica para considerar medidas alternativas a la rebaja salarial generalizada del 1 % que todo el mundo rechaza.

Además, ANEP enfatiza en el razonamiento que, junto con el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, le llevó a negarse a estar en la mesa de diálogo que sobre el futuro de IVM-CCSS ha impuesto la Caja. Y en ese documento se explican las razones por las cuales se confronta tan fuertemente la decisión de esa rebaja salarial del 1 %.

La ANEP es consciente de que se requiere una gran unidad sindical en la acción, conjuntando todos los esfuerzos de la diversidad sindical existe en el país, para hacer cambiar esa soberbia decisión de la Caja. Se aprovechará la concentración para realizar un llamado en tal sentido.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

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ANEP: ¿Por qué el IVM está en crisis?

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Las malas decisiones a lo interno de la CCSS llevaron a la situación actual del IVM, y peor aún, que los responsables de esto siguen al frente de este importante régimen de todos los costarricenses.

Información y análisis brindados por Juliana Martínez, Jorge Herrera y fuentes oficiales.

Vea el video ingresando en el siguiente enlace:

https://www.anep.cr/article/por-que-el-ivm-esta-en-crisis-aqui-se-lo-explicamo/

 

Enviado a SURCOS por ANEP.

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ANEP: razones del fracaso del Proyecto Contra el Empleo Público

Escrito en . Publicado en Trabajo.

  • Expediente legislativo 19.506

 

Se impone el debate de ideas, el real diálogo social

y la construcción de soluciones

para la integración social, no para la exclusión.

“El que se enoja pierde”:

El insulto, la rabieta y el enojo iracundo

no conducen a nada bueno.

La actitud de «chiquito malcriado»

no les luce para nada, doña Sandra y don Ottón.

Fue desarmado el chantaje neoliberal:

“¿Quieren impuestos?…

Entonces, ¡paguen peaje!: el proyecto 19.506”.

“Ni compadre hablado”…

“Ni miedo a los sindicatos”:

Al descalificar argumentos

se han descalificado a sí mismos.

 

Durante bastantes meses estuvimos denunciando que los sectores neoliberales más duros del país, a través de connotadas vocerías diputadiles, como la del ahora precandidato presidencial liberacionista, don Antonio Álvarez Desanti, estuvieron formulando un chantaje político, en la penumbra primero y descaradamente después, al indicar que la única manera de aprobar incrementos en los impuestos (ventas y renta), dada la gran necesidad fiscal planteada por el actual gobierno, era que primero fuera aprobado el expediente legislativo 19.506, al que nosotros hemos denominado como “ley contra el empleo público”. Tal chantaje político, ahora desmontado, se resume en esta frase: “¿No hay empleo público?… Entonces, ¡tampoco hay impuestos!”.

Tales sectores neoliberales y sus vocerías parlamentarias, con el apoyo de connotados latifundios mediáticos, quisieron utilizar a los empleados públicos como “carne de cañón”, jugando con sus derechos, con sus salarios, con sus responsabilidades familiares y financieras, vía expediente legislativo 19.506; para (entre otras motivaciones ocultas), que siguiera la fiesta, la fiesta orgiástica del robo de impuestos, de la evasión fiscal, de la elusión tributaria; en fin, que continuara impune la corrupción tipo “papeles de Panamá” con el apoyo de honorables bufetes. Poderosa razón ésta… Pero hubo una más profunda…

¡No se enoje, doña Sandra Piszk! ¡No se enoje, don Ottón Solís! Ustedes perdieron el debate de las ideas. El expediente 19.506 fue contaminado con antisindicalismo, con disposiciones legales atentatorias de Derechos Humanos universalmente reconocidos; con normativa violatoria de los tratados internacionales firmados por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con inconstitucionalidades latentes y manifiestas…

Este nefasto proyecto 19.506 dejó de ser una “inocente y sencilla iniciativa” para quitar unos “poquitos” pluses salariales, para mostrar su verdadera faz, al punto de conseguir el compromiso de 32 señores diputados y señoras diputadas de impedir que al mismo se le aplicase la vía rápida.

Como esto se trata de ideas, no de rabietas ni de enojos de «chiquito malcriado», planteamos únicamente cuatro preguntas claves dentro del conjunto de interrogantes que podemos formular al desenmascarar esta intentona antisindical hoy fallida:

1) ¿Por qué le metieron disposiciones para distorsionar el marco de relaciones laborales en el sector privado de la economía, especialmente ahora que entrará en vigencia la Reforma Procesal Laboral?

2) ¿Por qué eliminar la posibilidad de la negociación salarial a nivel municipal, si las municipalidades no tiene relación alguna con el déficit fiscal?

3) ¿Por qué atacaron a mansalva los principios constitucionales y legales que fundamentan la negociación colectiva entre patronos y trabajadores?

4) ¿Por qué hicieron importantes exclusiones gremiales de empleo público (afortunadas, por supuesto), si de lo que se trataba era de “disminuir” el crecimiento del gasto público y “reducir” el déficit fiscal?…

Muchas, pero muchas más argumentaciones, vía cuestionamientos, podemos exhibir para demostrar que el proyecto por ustedes tan ardorosamente defendido y hoy fracasado, fue una intentona político-ideológica de corte antidemocrático-sindical; porque si la hubiesen formulado de forma transparente y diáfana la perderían, mediando eso sí un debate coherente y respetuoso en el marco de los Derechos Humanos. No lo hubo en el trámite parlamentario del 19.506 y eso les llevó al fracaso de su iniciativa para “ordenar” el empleo público.

Porque la verdadera realidad es que estamos tratando de esto: ¿Cuánta es la real disposición de Costa Rica, de sus políticos, de sus gobernantes, para propiciar la convivencia civilizada con fundamento en los Derechos Humanos; esos de los que tanto nos ufanamos ante el mundo de proclamar y de respetar?

El Sindicalismo, la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva tienen rango de Derechos Humanos universalmente reconocidos. Pero los sectores político-hegemónicos tradicionales, los que disfrutan de la fiesta concentradora de la riqueza y por los cuales ustedes abogan, siguen siendo tan reacios como toda la vida para comprender que Libertad Sindical y Derechos Humanos van de la mano.

Actuar en contra de estos postulados y principios universales y nacionalmente incluidos en la legislación y en la jurisprudencia, es mostrar una proclividad antidemocrática.

La discusión fiscal-tributaria es de otra naturaleza. Si bien incluye el tema del empleo público, cuyo sistema salarial no guarda relación con el déficit fiscal; es una discusión más integral y más profunda pues no solamente pasa por la naturaleza del sistema tributario, sino que va más allá: el modelo de Estado para fomentar una sociedad realmente inclusiva y transparentemente justa.

El error estratégico que llevó a la sepultura el expediente legislativo 19.506 fue envenenarlo con antisindicalismo que es lo mismo que antidemocracia.

La rabieta de ustedes dos, esa actitud de «chiquito malcriado» que para nada les luce, doña Sandra y don Ottón, no deja espacio para concluir otra cosa a partir de la defensa a ultranza que han realizado del expediente legislativo 19.506; por demás y ya más que evidente, sin espacio político alguno.

Ustedes saben mejor que uno ese adagio fundamental de la política que indica algo así como “la política es el arte de lo posible, no de lo deseable”. Como dice el conocido costarriqueñismo, ¡“manda la parada” que ustedes, toda sus vidas en política, no lo comprendan!. Nada que ver en lo que a nosotros respecta con “miedo a los sindicatos”, con “compadre hablado”. Ofenden ustedes la inteligencia de la clase trabajadora y se descalificaron a sí mismos con estos comentarios de «chiquito malcriado».

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ANEP

 

Imagen con fines ilustrativos.

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ANEP: Pre-condiciones necesarias para la discusión de pensiones

Escrito en . Publicado en Trabajo.

PRIMERO: Consideramos que la Dirección Actuarial de la institución debe ser objeto de una cuidadosa transformación profesional.

SEGUNDO: La Junta Directiva de la CCSS debe tomar acuerdo en la dirección de que los fondos del régimen de IVM y los del SEM (Seguridad y Maternidad) deben separar su administración, tal y como resulta concluyente del estudio realizado por la Universidad de Costa Rica (UCR).

TERCERO: La sociedad costarricense, y particularmente los depositarios del fondo de jubilación de IVM, deben ser informados de previo a la discusión de cualquier medida respecto a las decisiones tomadas por parte de la alta cúpula gerencial sobre inversiones realizadas entre los años 2011-2012 pues, presuntamente, se utilizaron fondos del seguro de pensiones IVM para gastos y operaciones ordinarios del seguro de salud SEM, situación que incluso fue objeto de denuncia penal ante el Ministerio Público .

CUARTO: Iniciar el debate conociendo cuál ha sido el avance de lo acordado en el año 2005 en lo relativo a fortalecimiento del sistema de inspección de la institución para el control de la evasión morosidad y sub-declaración.

QUINTO: Revisión del carácter filosófico de la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) (segundo pilar), concretamente tomando en cuenta que éste fue creado para salir en defensa del IVM (primer pilar) si se presentaban problemas financieros o de desfinanciamiento. En este particular, se debe conocer el informe de auditoría de la institución.

SEXTO: Revisión de la Ley de Protección al Trabajador (LPT) del año 2000, en su artículo 78, para auscultar la naturaleza de su incumplimiento y las necesarias medidas a tomar para que el mismo se siga dando.

SÉTIMO: Conocer la política actual y futura de inversiones que aplica la institución aseguradora con fondos de IVM y propuestas para traer recurso frescos al IVM.

Nuestra posición define claramente que antes de realizar cualquier variante paramétrica en edad, cuotas o cotización obrera, la discusión debe pasar por un riguroso análisis de los aspectos NO PARAMÉTRICOS como los apuntados, que deben emprenderse para garantizar la sostenibilidad futura del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

San José, martes 3 de enero de 2017.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional ANEP

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

ANEP

Fundada el 19 de agosto de 1958

COSTA RICA

ANEP es integrante de:

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Internacional de Servicios Públicos (ISP)

Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA)

Red global “Nuestro mundo no está en venta”

¡Somos ANEP! ¡Somos Usted!

 

*Imagen tomada de www.anep.or.cr

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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PATRIA JUSTA-ANEP-CSJMP hacen llamado a la solidaridad ante Huracán Otto

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Comunicado

 

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), hacemos un llamado público a todas las organizaciones de base (seccionales y filiales) que componen esta corriente sindical nacional, para que se impulse al máximo en el seno de todas las comunidades obrero-laborales que representamos, la máxima acción social solidaria para con los y para con las costarricenses que en estos momentos están viviendo el drama de las consecuencias del paso del huracán Otto por nuestro país.

Por lo general y casi siempre ocurre que en este tipo de eventos, quienes más sufren, quienes más dolor sienten, quienes más pérdidas enfrentan son personas integrantes de los grupos laborales y obreros de nuestra sociedad. “Los y las de abajo” son quienes en abrumadora mayoría resultan con graves afectaciones ante estas situaciones de desastre colectivo producto de los embates de la Naturaleza.

Corresponde a los grandes segmentos laborales y sociales de la población acudir en ayuda solidaria para con sus iguales de clase, dando un poquito de lo poco que tienen con grandes dificultades, en medio de las grandes carencias y de la apretazón económica que se vive producto de una sociedad que erróneamente está transitando por el camino de la desigualdad sistemática.

El donativo de una botella de agua embotellada, de una bolsa de arroz, de una de frijoles y/o una de azúcar; un sobre de macarrones y/o de sopa; una botella de aceite; así como artículos básicos de aseo personal (una pastilla de jabón de baño, un tubito de pasta de dientes, un rollo de papel higiénico, un paquete de toallas sanitarias, un paquetito de pañales desechables); se convierte en un profundo acto de solidaridad obrera, de Humanismo Cristiano, de identificación con el dolor de quien sufre, de quien es como uno, del otro que es igual a nosotros.

Y para quienes disponen de un poquito más y pensaban entregarse a la locura consumista del tal “viernes negro”, respetuosamente les pedimos: bajen la intensidad del arrastre que les genera la mercadotecnia de la publicidad intoxicante: ¡compren un poquito menos para donar un poquito más!

En la corriente sindical que representamos tenemos plena credibilidad en los comités locales de la Cruz Roja Costarricense, como los sitios más idóneos de acopio de nuestro solidario aporte obrero.

Es muy fácil acercarse a estos establecimientos y entregar el donativo que vayamos a dar cuya cuantía no importa, pero que va cargado de un gigantesco desprendimiento y de una carga humanitaria que expresa en ese sencillo acto la eterna ordenanza bíblica de amor al prójimo.

San José, viernes 25 de noviembre de 2016.

Firma responsable:

Albino Vargas Barrantes

 

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ANEP: ¡14 billones es la deuda pública del Gobierno Central!

Escrito en . Publicado en Trabajo.

  • Empleo público e impuestos son una mezcla tóxica
  • Cada tico está “debiendo” 3.111.111 colones en estos momentos y solamente por la deuda del Gobierno Central…y la deuda sigue creciendo.
  • Reiteramos: el déficit fiscal no se debe a los salarios públicos

 

Una y otra vez, y otra vez más, incansablemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su tesis fundamental en esto del déficit fiscal y empleo público: los salarios que devenga la clase trabajadora asalariada del Estado no son los responsables del déficit fiscal. ¡Nada que ver! ¡Punto!

ANEP ajusta ya poco más de dos año analizando el tema: investigando, estudiando, leyendo, consultando, analizando para ser tan contundentes. Las razones del déficit fiscal son otras, ¡no los salarios públicos!

Por el contrario, los necesarios cambios que requiere el sistema tributario costarricense son modificaciones en materia de impuestos para que se le dé vuelta a la tortilla: poner a pagar más a quienes más tienen y que son los que más evaden sus responsabilidades tributario-fiscales.

En tal sentido, rechazamos tajantemente que en la Asamblea Legislativa se impongan nexos indecentemente políticos de mezclar cambios, completamente inaceptables, en materia de salarios del empleo público, para facilitar la discusión (y eventual aprobación parlamentaria) sobre los impuestos de ventas (transformándolo a impuesto al valor agregado -IVA-), y renta.

Empleo público e impuestos es una mezcla tóxica que solamente conduce al desastre social. Continuar por esta vía, hace que el tema del empleo público se convierta, radicalmente, en un asunto de corte ideológico, estrictamente; y, por tanto, opaca, obstaculiza, bloquea, discusiones puntuales de empleo público que ameritan abordajes particulares, de corte abusivo, como pueden serlo los “salariazos” que se devengan en algunas partes de la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado.

Además, el espantoso endeudamiento del país exige esa discusión sobre los cambios estructurales que ocupa el sistema tributario costarricense, aparte de que se va imponiendo la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda, planteamiento que recientemente hemos decidido promover, contando ahora con el apoyo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al respecto.

La ciudadanía debe exigir explicaciones de cómo es que hemos llegado hasta aquí: al terminar agosto pasado, solamente la deuda del Gobierno Central, ascendió a 14 billones de colones: 14.000.000.000.000.00. Repetimos, solamente la del Gobierno Central sin contar la deuda de instituciones fuera de este ámbito del Estado. Los datos provienen de la unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

Cada costarricense, bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y con base en una población promedio de 4.5 millones de ticos y de ticas, está debiendo, en estos momentos, es decir per cápita, 3.111.111 colones. Y mañana será más, y pasado mañana será más…

Para peores, cada vez hay más y más costarricenses en condiciones económicamente difíciles y sin ninguna responsabilidad por ese alto nivel de endeudamiento-país.

Nuevamente insistimos en la imperiosa necesidad de que los empleados públicos y las empleadas públicas, incluidos los de las municipalidades, mantengan una vigilia política constante de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues se está jugando con su futuro salarial-social y familiar; y, a la vez, estén en total disposición para movilizarse de manera contundente apenas se les convoque.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

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ANEP: lucha por la defensa del empleo público, contra la evasión y el fraude fiscal

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, oficialmente y por esta vía, con base en el Acuerdo Firme adoptado en su Sesión No 2050, de carácter ordinario, celebrada el pasado viernes 26 de agosto de 2016, convoca a toda su distinguida membresía a la Asamblea General Nacional Extraordinaria, en seguimiento de los acuerdos tomados en el Concejo Consultivo Nacional de la ANEP, celebrado el pasado viernes 29 de julio de 2016.

Punto único: Lucha por la Defensa del Empleo Público, contra la Evasión y el Fraude Fiscal: Aporte Extraordinario.

De conformidad con los artículos 15 y 16 de los estatutos vigentes de la ANEP, se señala como fecha de primera convocatoria de esta Asamblea General Nacional Extraordinaria, las 9 horas del día Sábado 17 de setiembre de 2016, en la sede de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), sita en la Calle 20 Norte, San José, a los 25 metros al sur de la sede Central de ANEP.

En caso de no reunir el quórum requerido, las personas asistentes fijarán una segunda convocatoria para dentro de los siguientes treinta minutos del mismo día, debiendo reunir un quórum de la mitad más una de las personas afiliadas.

De persistir la falta de quórum, las personas asistentes citarán a una tercera convocatoria, para dentro de los siguientes treinta minutos del mismo día y, en esta, hará quórum el número de personas afiliadas que concurran.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

 

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ANEP invita a diputada a vivir realidad del servicio público y le sugiere 12 posibilidades

Escrito en . Publicado en Trabajo.

  • Empleo público y pluses salariales: reto público de la ANEP a la honorable diputada Rosibel Ramos Madrigal
  • Ni “canillera” ni “pendejada”: solamente justicia y equidad. El matonismo político no conduce a la paz

 

La diputada socialcristiana Rosibel Ramos Madrigal, presidenta de la comisión parlamentaria de Asuntos Hacendarios, destaca (junto a su colega legislativo de similar ideología, Otto Guevara Guth), como parte del conjunto de las figuras políticas de mayor virulencia que se han venido manifestando en la actual Asamblea Legislativa, en contra del Empleo Público y en contra de la clase trabajadora asalariada del Estado.

En una pose de matonismo político, muy característica del pensamiento neoliberal, la indicada legisladora la arremetió contra aquellos colegas suyos en el seno del bloque opositor al Gobierno, que pudieran pensar diferente a ella en el debate parlamentario sobre el empleo público que ya empezó.

Los términos por ella empleados, “canillera” y “pendejada”, para catalogar eventuales posiciones distintas a la suya en materia de empleo público en el seno del grupo parlamentario de la oposición, expresan conceptos intimidatorios que se utilizan cuando no se tienen los argumentos suficientes para sostener una determinada tesis.

En tal sentido, la legisladora Ramos Madrigal no se diferencia mucho de quienes emplearon términos de agresión verbal inaceptables que se pronunciaron días atrás en las barras legislativas contra congresistas de signo neoliberal como lo es ella.

Así que la ANEP, de manera pública y respetuosa, reta a la diputada Rosibel Ramos Madrigal para que saque un poquito de tiempo de su apretada agenda (eso sí, tramitando el debido permiso) y realice, aunque sea por algunos instantes, las siguientes tareas de servicio público ejecutadas por empleados públicos cargados de “privilegios” por los pluses salariales que reciben.

En caso cada caso, le recomendamos preguntar por el salario total (base más pluses) que devengan esas personas empleadas públicas y cuántos años de servicio acumulan para haber llegado a tener tal nivel salarial.

Para la ANEP será un gran honor acompañarle a cada visita, con nuestros personeros y dirigentes respectivos, a fin de facilitar su importante presencia. Eso sí, si ella lo tiene a bien.

De seguido le presentamos doce sugerencias para que conozca, más integralmente, el fondo del problema del empleo público. Hay muchas más situaciones como las que se ejemplifican a continuación. Si aparte de las citadas, puede haber otras de su interés, háganoslo saber. ¡Aquí van las primeras!:

PRIMERO: Móntese en una radio patrulla de la Fuerza Pública y acompañe a los policías en un recorrido por un barrio marginal capitalino cargado de pobreza, droga, crimen organizado, niñez en riesgo, gente desempleada y viviendas destartaladas. Luego del recorrido, ellos le compartirán un poquito de la alimentación que reciben en la delegación policial de pertenencia.

SEGUNDO: Visite La Reforma, súbase a un fortín, acompañe al policía penitenciario por un ratito como vigía y ojalá no le den ganas de ir al servicio en ese momento. O bien, pase unas dos horas en un módulo de reclusión de la cárcel de San Sebastián, en total hacinamiento, para ayudar a atender la dinámica de los privados de libertad en una mañana cualquiera.

TERCERO: Acompañe a un policía migratorio en algún puesto fronterizo y ayúdele unos minutos en tareas administrativas porque ahora este oficial debe hacer las dos tareas por un único salario. Usted puede trasladarse en avioneta o helicóptero para que no gaste mucho de su valioso tiempo.

CUARTO: En ese mismo medio de transporte, vaya a un parque nacional o área protegida y colabore con el oficial guardaparques en una persecución, aunque sea cortita, a un cazador furtivo. Mejor no le pedimos que ayude a enfrentar una situación con el narco de las muchas que se dan en el área verde del país.

QUINTO: Acompañe a un oficial de tránsito en una carretera de alto volumen vehicular, ojalá a hora pico y ayúdele, al menos, a llenar la boleta por infracción o una colisión que le toque presenciar. Ya no los mandan en pareja por falta de efectivos.

SEXTO: Coordine para que le participen de un operativo policial de defraudación fiscal y aunque sea por unos instantes, sea testigo de lo que es robo de impuestos en tiempo real, en concreción concreta y cómo hace falta más personal.

SÉTIMO: Podría visitar, por ejemplo, el CEN-CINAI de Los Cuadros de Guadalupe, ayudándole un ratito a la servidora que cuida los chiquitos de las madres solas jefas de hogar que se dejan en ese centro de servicio público. Tal vez en su visita usted podría ayudar a repartir el almuercito de los güilitas.

OCTAVO: Acompañe a un trabajador de AyA a efectuar una corta de agua, a una familia pobre o que está en problemas para pagar el recibo; ojalá no le toque a ir a una barriada típica del fenómeno de exclusión social. La gente se enoja mucho cuando le cortan el agua y la emprende contra los trabajadores.

NOVENO: Acompañe a un asistente de pacientes en un hospital metropolitano de la Caja, a asear a los enfermos, a darles el baño personal en su propia cama de convalecencia, en la pura mañanita y porque esa persona no puede moverse.

DECIMO: Haga un pequeño recorrido junto a un camión recolector de basura, con los empleados municipales que luego de varios años de exposición a la intemperie, en especial ahora que por el cambio climático la exposición a los rayos solares es más peligrosa, esperan recibir una cesantía compensatoria de una pensión que les quedará bajita.

ONCEAVO: En avioneta puede usted trasladarse a un poblado de la zona atlántica y acompañe al personal de campo del Ministerio de Salud, a un recorrido de combate al dengue, al zika, a la chikungunya.

DOCEAVO: Talvez le interese estar cerca de un operativo delicado de combate al tráfico de drogas, ahora que el país está inundado por la actividad del narcotráfico. Los oficiales de la Policía de Control de Drogas, con seguridad, le compartirán la naturaleza peligrosa de su tarea.

En esto de los pluses salariales en el empleo público, las generalizaciones son tremendamente injustas. Todos estos meses, desde que ella llegó a la curul parlamentaria, miles y miles de empleados públicos han sido víctimas de una cruel campaña político-mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico, culpabilizándoles del déficit fiscal, lo cual no es cierto. En cada uno de los doce casos mencionados (y los muchos más que no podemos citar ahora), los servidores públicos con pagadores de impuestos rigurosos y responsables, no se los roban. Los pluses salariales que devengan no tienen ninguna característica de privilegio.

Quedamos en espera de la respuesta de la diputada Rosibel Ramos Madrigal.

San José, viernes 16 de setiembre de 2016.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

 

**Lea también:

https://surcosdigital.com/anep-lucha-por-la-defensa-del-empleo-publico-contra-la-evasion-y-el-fraude-fiscal/

 

Imagen tomada de: http://www.anep.or.cr/

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ANEP: ¡Celebramos aprobación proyecto contra el fraude fiscal!

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado de Prensa

 

  • ¿Se negoció algo a cambio, en materia de empleo público? ¿Vía rápida?
  • Casi un millón 500 mil votos están expectantes al respecto
  • Ahora hay que fortalecerla administración tributaria
  • Cobro judicial de Hacienda está en estado calamitoso

 

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego con el apoyo directo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, ajusta ya bastante tiempo mediando fuertes esfuerzos, analizando documentos y estudios rigurosos, formulando serios planteamientos, valientes denuncias e impulsando movilizaciones, acerca de la gravedad del problema nacional de la evasión fiscal, del fraude tributario y del robo de impuestos, cuya proporción en Costa Rica ha alcanzado los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), superando el promedio latinoamericano cifrado por la CEPAL, de Naciones Unidas, en un 6.7 %.

Particularmente, hemos dado sustento sumamente consistente a nuestro planteamiento central en la materia, de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público; celebrando hoy que la tesis de la ANEP al respecto, fue acogida y asumida por todos los sindicatos del sector Público y de todas las corrientes sindicales que en su seno se mueven; con las que tenemos coincidencias como con las que mantenemos diferencias.

Se ha venido enfrentando así una durísima campaña político-mediática de varios meses de duración, con fuertes contenidos de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público; campaña virulenta enormemente injusta jamás vista en la historia del sector Público desde la promulgación de la actual Constitución Política, en 1949.

La aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal nos viene a dar la razón, en parte, en tal sentido, es decir, que el déficit fiscal no se debe a los salarios del empleo público. Celebramos esa aprobación y, particularmente, felicitamos a las señoras diputadas y a los señores diputados que desde las sensibilidades del progresismo político en materia de justicia social, desde un principio fueron consecuentes con este tipo de iniciativas de ley.

Lo que no se puede ocultar, pese a los esfuerzos intra y extraparlamentarios al respecto, es el papel jugado en este tema y en esta coyuntura, por las corrientes sindicales realmente responsables, seriamente propositivas y estudiosas de estas difíciles cuestiones tributario-fiscales. En la ANEP estamos orgullosos de haber dado nuestro aporte al respecto, el cual y de manera sobrada, está sumamente documentado.

Por supuesto que dada la magnitud del robo de impuestos en el país, hubiésemos deseado una ley contra el fraude tributario sumamente drástica e implacable, bajo la premisa de que evadir responsabilidades tributarias es un crimen contra toda la sociedad.

Por ejemplo, el registro de accionistas debió quedar ubicado en el Ministerio de Hacienda. Además, no debió establecerse exención alguna al respecto, pues los defraudadores “profesionales” y patológicamente propensos a ello, pueden dividir su capital en un sinnúmero de sociedades anónimas de 15 % o menos de patrimonio, para eludir reportarse ante tal registro.

A pesar de esto, hay un avance histórico que puede ser realmente concreto si, por ejemplo, se fortalece a toda la gestión tributaria en contratación de más personal especializado y asistencia técnica al mismo, en mayor innovación tecnológica de punta, en asignaciones presupuestarias verdaderamente sustanciosas. Bien dice el refrán de que “hecha la ley, hecha la trampa” y los ladrones de impuestos, más sus compinches asesores de todo tipo, se las han de ingeniar para burlarla.

Es resaltable que con el proyecto aprobado podría acabarse con la insana práctica de cierto profesionalismo tributario de inventarse toda clase de triquiñuelas y artilugios jurídicos, mediando incluso leguleyadas con membrete de bufete “prestigioso”, para legalizar el robo de impuestos. Que de ahora en adelante este tipo de profesionales mañosos pueden ser responsabilizados al respecto, representa un avance importante en materia de justicia tributaria.

Particularmente, a la ANEP la preocupa y según se nos ha informado al respecto, el actual estado calamitoso, sumamente precario, de la parte de la gestión tributaria que tiene que ver con el cobro judicial. Si con la nueva ley los controles a la morosidad fiscal se han de incrementar y habrá más posibilidades de detectarle y de combatirle, el departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda debe, estratégicamente conceptuado, fortalecerse al máximo. Hacemos un vehemente llamado al Gobierno en tal sentido.

Finalmente, considerando el alto nivel confrontativo que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad en esta tríada en conflicto de empleo público, fraude fiscal y justicia tributaria, tenemos que tener en consideración la circunstancia de que la aprobación del proyecto en mención pudiera haber sido objeto de algún tipo de negociación oculta,informal, en materia de empleo público.

Todo el mundo sabe que en la Asamblea Legislativa se mueven los asuntos de muy distintas formas y desde los más diversos ángulos y ámbitos; y, en ocasiones, lo que realmente sucederá no se definió en condiciones de total transparencia.

En ANEP nos preocupa, en grado sumo, que así como fue pactado darle vía rápida en el trámite parlamentario a la aprobación legislativa de esta necesaria ley contra el fraude fiscal; de igual forma se haya dado ya, o se esté “cocinando” en estos momentos, un pacto completamente impresentable, vía rápida parlamentaria también, para la institucionalización de la precarización del empleo público, con base en los más añorados deseos del capital neoliberal y su hegemonía financiero-bancaria.

Emplazamos, de manera vehemente, al propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, para que nos hable al respecto, con la mayor sinceridad y con total transparencia.

Una vez más debemos insistir en la imperiosa necesidad de que todos los gremios, asociaciones laborales de todo tipo, sindicatos del sector Público y hasta los colegios profesionales, concertemos una acción mancomunada para enfrentar, de manera realmente sólida, la batalla final del empleo público.

Por otra parte, esas agrupaciones político-partidistas que ya están haciendo cálculos electorales de cara al 2018, tanto las que están ahora representadas en la actual Asamblea Legislativa, como las que están fuera de la misma, deben pensar que, a final de cuentas, hay cerca 1 millón 500 mil votos relacionados con el Sector Público (los trabajadores y sus familias, promedialmente hablando); grupos de familias costarricenses que están completamente pendientes de cómo se ha venido jugando, en todos estos meses, con su estabilidad laboral, con su sustento familiar, con sus responsabilidades en materia de endeudamientos, al hacérseles responsables por algo que nunca generaron: el déficit fiscal y, por tanto, bajo amenaza de rebajarles el salario y precarizarles su empleo.

En ANEP pensamos que estamos ya ante un escenario tan intenso que los 330 mil empleados públicos, sus familias y la diversidad de las agrupaciones que les representan, se plantarán con contundente firmeza en su propia autodefensa y en la institucionalidad republicana que representan los diferentes servicios públicos para los cuales laboran.

San José, viernes 9 de setiembre de 2016.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

 

*Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

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