En la sede del ANEP el presidente de la seccional Ricardo Moreno Niño y el secretario general Albino Vargas Barrantes, mencionan el gran trabajo investigativo y analítico que se ha realizado para firmar el documento que va dirigido a la Asamblea Legislativa, la oposición al proyecto de ley que elimina la ley del 10% para saloneros, proyecto de la diputada Carolina Delgado.
Invitamos a ver el video en donde se realiza la firma y se habla con mayor detalle.
Ante el comunicado a la opinión pública emitido por el Presidente Ejecutivo del SINART, Fernando Sandí Chacón, la seccional ANEP-INART, manifiesta lo siguiente:
Con profunda preocupación hemos leído el comunicado en el que el señor Sandí Chacón deja ver que el futuro del SINART será definido en una reunión “crucial” que sostendrán en la Contraloría General de la República (CGR), con la contralora, Marta Acosta, en la que pretenden la resolución de dos temas pendientes ante el ente contralor.
El primero tiene que ver con un pronunciamiento emitido por la CGR, en el que los ingresos que percibía el SINART por concepto del 10% de los presupuestos de publicidad de las entidades estatales, fueron suspendidos en su aplicación.
El segundo tema tiene que ver con la aprobación de los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario de la República, en el que se asignan a la institución, mil millones de colones, con los que la administración del SINART pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración, a nuestro criterio, desde su génesis viciado de nulidad.
Pretende ahora el señor Sandí justificar su mala gestión al frente de la institución, alegando que, de no aprobarse los recursos de dicho presupuesto extraordinario, el SINART está en franco peligro de cierre, ya que se ha vuelto insostenible.
Pero qué fácil resulta ahora venir a decir que la institución es económicamente inviable cuando desde el inicio de su gestión no ha habido un plan claro para hacer del SINART, el grupo de medios de comunicación que establece la ley 8346.
Qué fácil resulta ahora aplicar una despiadada medida que podría dejar sin trabajo a doscientas familias costarricenses.
Qué fácil es ahora pedir recursos para despedir trabajadores, pero nunca hizo lo necesario para poner al Sinart a producir y generar sus propios recursos, con los mecanismos que claramente están establecidos para tal fin en la ley 8346.
Nos preguntamos: ¿por qué en vez de pedir mil millones de colones para aplicar un plan de despidos, no se pidieron esos recursos para poner al Canal 13, la Radio Nacional y los medios digitales con los que cuenta el SINART para renovar la programación y mejorar la cobertura? pues es muy fácil, simplemente porque ha demostrado el señor Sandí que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.
¡No señor Sandí! El SINART no es como crear el mall Oxígeno, logro del que se ha jactado hasta el cansancio. El SINART es muy diferente y obedece a otros intereses que, en definitiva, usted ha demostrado desconocer totalmente.
El SINART, en efecto, está en crisis, pero esa crisis la ha generado el señor Sandí por su demostrada incapacidad para hacer del SINART la institución que debe ser, y todo por su ego que no le permite ver más allá de sus narices, un ego y un orgullo que lejos de construir, ha destruido lo poco que quedaba de esta querida institución después de la catástrofe que le significaron dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Jamás pudo usted señor Sandí, comprender que el SINART es una institución que nació para servir a la educación y la cultura del pueblo costarricense, y la administró, si es que así se puede llamar su desastrosa gestión, de manera tal que la postró en una parálisis que la tiene en coma, y después de tal desplante, ahora solo pretende los recursos para dar el tiro de gracia.
Hoy, por la dignidad y el derecho de las personas trabajadoras del SINART, le pedimos vehementemente, si es que aún le queda un poco de vergüenza, renuncie, y llévese con usted a las personas que, junto a usted, han hecho este desastre.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presenta una denuncia ante la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, señalando un posible conflicto de interés de los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y Erick Méndez Monge, quienes forman parte de la sociedad responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel y han sido nombrados interventores del CENDEISSS. ANEP solicita su remoción, la anulación de sus actos y una investigación exhaustiva.
A continuación, presentamos el documento de denuncia formal enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):
LA VERDADERA DEMOCRACIA ES LA DEL PLENO RESPETO A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS
San José, 11 de septiembre de 2024.
S.G. 21-25-3176-24
Licenciada
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Presidenta Ejecutiva
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
ASUNTO: Denuncia.
Estimada señora:
Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Como es de conocimiento público, la organización que representamos ha venido generando una serie de gestiones en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante la Fiscalía, Contraloría General, auditoría interna, Defensoría, entre otras instituciones.
Así las cosas y siendo público y notorio que los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge, forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel, y que estos, a su vez, han sido nombrados por su autoridad como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente, conflicto de interés que impone a todas luces ser puesto a derecho, considerando que:
Los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge (este último por extensión); forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health consultors novel, según consta en el Registro de la Propiedad.
Los funcionarios Dominique Guillén Femenias, Gerick Jiménez Pastor y Erick Méndez Monge, hasta donde entendemos, han sido nombrados como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente conflicto de interés.
Ese presumible cuadro fáctico que en principio podría conducir a la consolidación de un escenario de conflicto de interés, encuentra asidero en la siguiente prueba documental:
Sesión No. 9335 del 18 de mayo del 2023.
Oficio SJD-CJD-0002-2023 del 10 de mayo de 2023.
Oficio GG-CENDEISSS-0325-2023, con fecha del 15 de mayo del 2023,
Oficio INTERVENCIÓN-CENDEISSS-0014-2023, del 5 de junio y
Sesión No. 9347 del 19 de junio del 2023, en la cual la Junta Directiva de la CCSS, ratifica como interventores a Doctora Dominique Guillén Femenias y al Doctor Gerick Jiménez Pastor.
Los hechos supra evidencian un posible conflicto de interés de orden administrativo y ético, ya que al constituirse en interventores del CENDEISSS, sus funciones rozan con las funciones que tiene el área de bioética de esa unidad, pues ahí, entre otras cosas, se tramitan asuntos relativos a la aprobación de proyectos de investigación biomédica.
El Doctor Gerick Jiménez Pastor, es funcionario de la Dirección de Farmacoepidemiología, dependencia donde se tramitan aprobaciones de medicamentos.
Ambos casos al parecer presentan una relación con el quehacer institucional y a su vez no es descartable que formen parte de las presuntas actividades de la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo nombre, es ahora de manejo público.
Ante tales circunstancias y siendo que existe documentación probatoria sobre el presunto conflicto de interés, estamos formalizando ante su autoridad la presente denuncia relacionada con los tres funcionarios supra, solicitándole en el marco de la ética, transparencia, la asertividad y la rendición de cuentas, que caracteriza a la ANEP, lo siguiente:
La remoción de los funcionarios Guillén, Jiménez y Méndez, de todo tipo de funciones relacionadas con las actividades registradas por la empresa constituida por ellos.
Anular todos los actos realizados por estos en su condición de interventores del CENDEISSS, y,
Ordenar las investigaciones pertinentes que determinen las sanciones correspondientes para estos funcionarios de tan alto nivel, por este presunto grado de conflicto de interés según las leyes aplicables.
Sin otro particular, se suscribe,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
cc.: Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
cc.: Licda. Vilma Campos Gómez, Gerente General, CCSS.
El viernes 23 de agosto se llevó a cabo un acto histórico en el Ministerio de Hacienda: la firma de un acuerdo de unidad sindical entre los gremios y sindicatos del ministerio.
El acuerdo tiene como objetivo principal luchar, promover y lograr una convención colectiva de trabajo que mejore las condiciones de empleo y trabajo de todo el personal del Ministerio de Hacienda.
Este proyecto también busca dignificar al Ministerio de Hacienda ante el país, resaltando una fuerza laboral unificada, organizada, decente, honesta y transparente.
Los representantes de varias organizaciones firmaron el acuerdo, incluyendo:
Sindicato de la Dirección General de Hacienda.
Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda (SINDHAC).
Seccional del Ministerio de Hacienda de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN).
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Lo importante del documento es:
Firma de un acuerdo de unidad sindical: El documento destaca la firma de un acuerdo histórico entre varios sindicatos y gremios del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de unificar esfuerzos en la lucha por una convención colectiva de trabajo.
Mejora de condiciones laborales: El acuerdo tiene como propósito principal mejorar las condiciones de empleo y trabajo de todo el personal del Ministerio de Hacienda, un grupo estratégico para la vida económica y política del país.
Dignificación del ministerio: El proyecto busca dignificar la imagen del Ministerio de Hacienda ante el país, resaltando la importancia de una fuerza laboral unificada, organizada y ética.
Fecha: 28 y 29 de agosto Hora de salida: 9:00 am Lugar de salida: Parque de la Merced Destino: Asamblea Legislativa
La ANEP te invita a unirte a esta importante movilización para exigir nuestros derechos y hacer oír nuestra voz.
Puntos a tratar:
No más congelamiento salarial.
Pensión adelantada para nuestros policías.
Salida de la Ley del Marco de Empleo Público.
Escala salarial sin desigualdades.
Profesionalización integral para todos.
Juntos somos más fuertes Participan: Policía de fronteras, Fuerza pública, PCD, Policía de vigilancia aérea, Policía de tránsito, Policía de migración, Policía fiscal.
¡Tu presencia es fundamental!
La manifestación permite a los trabajadores, especialmente los cuerpos policiales y de seguridad, expresar colectivamente su descontento ante políticas que consideran injustas, como el congelamiento salarial o la Ley del Marco de Empleo Público y desigualdades salariales.
La manifestación del 28 y 29 de agosto es una herramienta poderosa para defender los derechos e influir en políticas y fortalecer la solidaridad entre los trabajadores.
CGR también investiga luego de la denuncia interpuesta por ANEP
Estudios arrojan un sobre precio de ¢170 mil millones
Por medio de una medida cautelar, presentada este lunes 12 de agosto, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), la ANEP, pretende frenar la adjudicación otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de 10 áreas de salud a cooperativas para su administración.
La acción de la ANEP obedece a que hay un sobrepago excesivo para el desarrollo de este negocio, que rondaría los ¢170 mil millones.
“La pretensión que se busca con la medida cautelar es la suspensión de la adjudicación de los EBAIS en virtud de la urgencia y de la gravedad que implica esa resolución tomada por la Junta Directiva de la CCSS. Por el gran riesgo de carácter económico es que se les está pidiendo al Tribunal Contencioso la suspensión de dicha adjudicación”, manifestó Rodrigo Rosales Arce, Asesor Legal externo de la ANEP.
Semanas atrás desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se denunció como, aparentemente, directivos de la CCSS pretendían modificar ciertos informes que beneficiarán la escogencia de las cooperativas
El pasado 10 de julio, la Contraloría General de la República, indicó que dio curso a la denuncia presentada por la ANEP, para identificar el supuesto favorecimiento de las cooperativas y el sobreprecio que este generaría para la institución y la Hacienda Pública.
La ANEP ha identificado aparentes irregularidades en la adjudicación de los EBAIS a cooperativas y una asociación, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Entre las principales, se destacan:
Sobreprecios: Se ha reportado un aumento del 60% en los costos de los servicios adjudicados, sin que se haya justificado adecuadamente el incremento en la cobertura de atención y en nuevos servicios. Este incremento en términos absolutos estaba determinado por más de 200 mil millones de colones, sin embargo, por descuentos realizados por los oferentes posterior a la declaración de excesividad de precios se disminuyó a 170 mil millones.
El posible daño a la hacienda pública y la Seguridad Social se podrían dejar de construir más de 300 EBAIS o financiar medicamentos de alta importancia para los pacientes, así como el uso en otras prioridades institucionales. Es un monto tan cuantioso que inclusive podría financiar la construcción de un hospital como Cartago o Limón.
Tráfico de influencias: Se han presentado denuncias que sugieren la existencia de posible tráfico de influencias en el proceso de adjudicación por la aparente manipulación de los criterios con la creación de grupos o el uso de información de una unidad que no es la competente para fundamentar una decisión de alta relevancia, lo que podría haber afectado la transparencia de este.
Decisiones sin quórum: La Junta Directiva de la CCSS, tomó la decisión de adjudicar la administración de 138 EBAIS, en una sesión extraordinaria donde no contaban con el quórum estructural necesario, lo que plantea dudas sobre la legalidad del proceso.
Recomendaciones ignoradas: A pesar de advertencias de Gerencia Financiera, la Dirección Financiero Contable, el Área de Contabilidad de Costos sobre los sobreprecios, así como la recomendación de la Junta de Adquisiciones de declarar la infructuosidad, sin existir una justificación técnica y financiera contundente, la Junta Directiva de la CCSS procedió con la adjudicación.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ha comenzado a investigar estas denuncias, junto con la Contraloría General de la República, lo que indica la seriedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer el proceso, así como las posibles implicaciones financieras que se podrían generar a los costarricenses por pagar un sobreprecio sin que se traduzca en mejoras sustanciales de los servicios.
La ANEP irá hasta las últimas consecuencias y pide a las instancias a las que ya se denunció celeridad y que se sienten las acciones correctivas pertinentes, cuando se encuentren a los responsables.
La seccional ANEP-Municipalidad de Tibás impulsa ante las autoridades municipales del cantón una propuesta de reajuste salarial del 3%.
El presidente de la Seccional de ANEP de la Municipalidad de Tibás, el señor Henry Varela Carmona señala: “Este viernes 09 de agosto a las 3:30pm llevamos una propuesta salarial del 3% para empezar las negociaciones importantes por el bienestar económico de las familias de la Municipalidad de Tibás. Esperando que estas sean de bienestar y las llevemos a buen puerto. Desde más o menos el 2022 no tenemos aumento salarial…esto viene en base al conocimiento que nos hace la ANEP, el estudio que hace la ANEP, en base a los aumentos en los últimos años donde ha habido un deterioro”.
Desde la seccional ya se han realizado todos los estudios de factibilidad correspondientes para solicitar dicho reajuste.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) anuncia una huelga el 28 de agosto de 2024, y en las regiones el 29 de agosto, en protesta contra el congelamiento salarial.
Advierten que, si no se actúa, en 2025 se enfrentarán al sexto año consecutivo sin un reajuste salarial.
Durante la huelga, las oficinas estarán cerradas, e invitan a unirse a la protesta. Le invitamos a ver el video de ANEP con el llamado a huelga.
Es importante recordar que el 04 de agosto se conmemora en Costa Rica, la memoria de muchos líderes y lideresas sindicales, que gracias a sus esfuerzos y luchas, consiguieron muchas de las garantías sociales que gozamos hoy en día.
Estas personas luchadoras son los trabajadores y trabajadoras de las bananeras. Todos los trabajadores del sector bananero son contribuyentes del Estado de Derecho en el que hoy vivimos. La lucha que se llevó a cabo el 04 de agosto de 1934 en la comunidad de “26 Millas”, en donde el congreso de Trabajadores del Atlántico aprobó un documento que contenía peticiones y la decisión de iniciar una huelga por parte de los trabajadores de las bananeras, es un antecedente primordial en la historia de las garantías sociales del país.
Este hito se marcó cuando se entregaron las peticiones al administrador de la United Fruit Company y Carlos Luis Fallas (CALUFA) dio inicio a la huelga.
El pasado 04 de agosto, pasaron 90 años desde que se hizo la gran huelga del sector bananero, en la cuál acudieron 10 mil trabajadores y trabajadoras. Este día conmemora la lucha por la exigencia de mejores condiciones laborales, las cuales en la época eran: suero antiofídico en las bananeras, el pago quincenal y en efectivo de las horas laboradas, un pago que cumpliera el salario mínimo y dispensadores médicos entre otros.
Por otro lado, también es importante brindar homenaje a quienes lucharon por nuestros derechos como: la Columna Liniers 1943, en donde trabajadores de las bananeras marcharon a la capital para apoyar a Manuel Mora Valverde en el congreso de diputados, para apoyar la promulgación de las Garantías Sociales.
Así mismo, se hace una mención a Los Mártires del Codo del Diablo, asesinados por la Junta de Gobierno de José Figueres Ferrer.
Finalmente, le invitamos a descargar el PDF para leer la nota completa publicada por SITRAP y ANEP.
–Solicita que se reajuste el monto de la pensión mínima de IVM de ¢153.191,74 a ¢155.995,13 a partir de enero de 2024 y de forma retroactiva
–Además, solicita que se reajusten en general los montos de las pensiones del IVM en un 3,09% de manera retroactiva a partir de julio de 2024
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó por medio de una carta dirigida a la Gerencia de Pensiones del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), un reajuste por costo de vida a las pensiones, además de un pago retroactivo por perdida de valor adquisitivo de las mismas.
En la carta enviada el martes 5 de agosto, se solicita que se reajuste el monto de la pensión mínima de IVM de ¢153.191,74 a ¢155.995,13 a partir de enero de 2024 y que se cancelen las diferencias retroactivas a todos los pensionados que la reciben, en caso de que la CCSS no lo haya hecho.
La solicitud de la ANEP tiene fundamento en que, hasta el año 2018 la CCSS realizaba reajustes de las pensiones por pérdida de valor adquisitivo cada seis meses; sin embargo, de manera unilateral e inconsulta, las autoridades de la CCSS dejaron de aplicar dicha práctica a partir de dicho año, a pesar de que dicha decisión violenta los artículos 1 y 2 de la Ley N° 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”, el principio de progresividad de los derechos humanos (https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37023.pdf) consagrado en el artículo 26 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)” y el principio de suficiencia recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en “R202 – Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202)”(https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524).
Desde la ANEP, se cuestiona que, la CCSS no hizo el reajuste de 1,44% a los montos de las pensiones que correspondía aplicar el 31 de diciembre de 2018, sino que hizo un reajuste tardío de 2,01% en mayo de 2019. A partir de esa fecha, la CCSS dejó de hacer reajustes por costo de vida a los montos de las pensiones durante más de dos años. Fue hasta en junio de 2021 y diciembre de 2021 que la CCSS volvió a realizar dos reajustes por costo de vida; sin embargo, luego de su aplicación quedó una pérdida de valor adquisitivo de un 2,89% en los montos de las pensiones.
Así mismo, en la carta se indica que, “en junio de 2022, la CCSS dejó de realizar un reajuste de un 7,35% por pérdida de poder adquisitivo de los montos de las pensiones, lo que acumuló una pérdida de valor adquisitivo de un 10,45% en los montos de las pensiones. Pasaron casi dos años sin que la CCSS recuperara el valor adquisitivo de las pensiones; fue hasta finales del año 2023 que hizo un reajuste tardío e insuficiente de un 5,99%, quedando una pérdida de poder adquisitivo sin recuperar de un 2,88% así como la pérdida no reconocida de pagos retroactivos de dicho reajuste, desde junio de 2022 hasta setiembre de 2023.”
A la fecha actual, la CCSS no ha realizado ningún reajuste por costo de vida, a pesar de que a julio de 2022 la pérdida de valor adquisitivo de los montos de las pensiones es de un 3,09%, como puede verse en el Cuadro N° 1.
Otro de los argumentos del sindicato para las solicitudes a la Gerencia de Pensiones, es que, en enero de 2024, el salario mínimo de un obrero no calificado tuvo un reajuste de un 1,83% con respecto al salario mínimo del año anterior, estableciéndolo en ¢358.609,50 mensuales (https://www.mtss.go.cr/prensa/comunicados/2023/octubre/cp_039_2023.html).
De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de IVM esto significa que, a partir de enero de 2024, la CCSS debió reajustar el monto de la pensión mínima en esa misma cantidad, es decir, un 1,83%. Esto se debe a que la Base Mínima Contributiva (BMC) es el 87 % del salario mínimo, lo cual determina una BMC de ¢311.990 a partir de enero de 2024, con lo cual, a partir de enero de 2024 el monto de la pensión mínima debió aumentarse de ¢153.191,74 a ¢155.995,13; es decir, un reajuste de ¢2.803,40 mensuales. “Esto si es que la CCSS no sale con otro domingo siete, para dejar de hacer dicho reajuste”, indica la carta.
La ANEP, también está solicitando, el suministro del monto de la base mínima contributiva de IVM y del monto de la pensión mínima de IVM vigentes en los meses de diciembre de 2023 a julio de 2024.
Cuadro N° 1. Pérdida de valor de los montos de las pensiones de IVM
Fuente: Elaboración propia usando datos de la CCSS y del IPC publicando por el BCCR.
