En el transcurso de los últimos meses, distintos sindicatos y organizaciones, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), y el Sindicato Nacional de Enfermería Afines han presentado denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República (CGR) contra la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntas adjudicaciones irregulares. Las acusaciones señalan que la junta favoreció contratos a cooperativas de salud mediante procesos que carecen de transparencia y con sobreprecios significativos.
Denuncias principales:
- ANEP: En mayo de 2024, ANEP presentó una denuncia ante la CGR, alertando sobre un sobreprecio en la adjudicación de la Licitación Mayor, que pretendía contratar los servicios de salud para 10 áreas de salud por un monto que excede los 210 mil millones de colones. Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, destacó que los precios adjudicados sobrepasan en un 60% las ofertas razonables, lo que podría haber sido suficiente para financiar 3 o 4 áreas de salud nuevas.
- UNDECA: Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, en septiembre de 2024 presentó otra denuncia relacionada con un contrato de 4.000 millones de colones mensuales, destinado a beneficiar a cuatro cooperativas y a la empresa ASEMECO por un periodo de 10 años. UNDECA sostiene que varios miembros de la junta directiva, incluida la presidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y María Isabel Camareno Camareno, tienen conflictos de interés, lo que cuestiona la legalidad del proceso. Esa acción de UNDECA se suma a denuncias presentadas en abril del 2024.
- SINAE AFINES: Lenin Hernández Navas, secretario general de SINAE AFINES, destacó los allanamientos realizados por la Fiscalía, señalando que las pruebas técnicas y legales presentadas respaldan la denuncia interpuesta en agosto de 2024. Según Hernández, este avance representa un paso importante en el proceso de investigación sobre las adjudicaciones irregulares en la CCSS.
Las denuncias se centran en la supuesta manipulación de informes técnicos y el establecimiento de un equipo técnico ad hoc para justificar los sobrecostos, lo cual ahora se investiga. Según ANEP, la junta directiva, liderada por Marta Esquivel, aprobó adjudicaciones a cooperativas con precios inflados sin considerar los criterios del Área de Costos de la CCSS. También se señala que la representante del sector estatal, María Isabel Camareno, participó en la decisión a pesar de su vínculo con el sector cooperativo, lo cual viola las leyes de contratación pública.
UNDECA, por su parte, destaca que la junta ignoró las advertencias de expertos que recomendaban declarar infructuosa la licitación debido a los costos elevados, y procedió con la adjudicación.
Actualmente, la Fiscalía y la CGR han iniciado investigaciones para esclarecer las denuncias. Tanto ANEP, como UNDECA y SINAE Afines exigen que se protejan los fondos públicos y que los funcionarios responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. Mientras tanto, las organizaciones sindicales se mantendrán vigilantes sobre el desarrollo de las investigaciones y continuarán denunciando actos que consideren perjudiciales para la seguridad social del país.