Esta semana en Lo que importa: ¿Cuál es el impacto de la intervención humana en el Refugio Nacional Gandoca Manzanillo?
La bióloga Lilliana Piedra, de la Universidad Nacional, nos comparte su análisis sobre cómo los megaproyectos hoteleros amenazan la biodiversidad del Caribe Sur. «Permitir un megaproyecto hotelero en el Caribe tendría un gran impacto negativo en la conservación de la biodiversidad… y no sabemos cuántos más», advierte la experta.
No se pierda la repetición este domingo a las 12:30 p.m.
Lo que importa se transmite los jueves a las 7:30 p.m., también los viernes a las 8:30 a.m por el Quince UCR.
CONCEVERDE presentó una denuncia hacia el alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría y al Concejo Municipal.
CONCEVERDE señala la negligencia municipal dado que en el 2023 se violenta el área protegida del Pozo La Meseta con obras constructivas. Esto se respalda con la Ley de aguas, que establece un área de protección de 200 metros, incluyendo pozos. Se cuenta con informes del AyA que dan mérito para realizar dicha denuncia.
El 6 de noviembre del 2023, Erick Campos, de la Dirección de Planificación Urbana y Territorial de la Municipalidad, recomendó no otorgar permisos para construcciones en la zona.
SENARA en el oficio-GG-0136-2024, del 6 de febrero del 2024, establece que se considera área protegida y debe de ser de protección por el recurso subterráneo, para prevenir el riesgo de contaminación. Estas recomendaciones por SENARA, en dicho oficio, son definitivas y de acatamiento obligatorio para instituciones públicas y privadas.
Por los motivos anteriormente mencionados la petitoria consta de 10 puntos, entre ellos se menciona, respetar lo indicado por La Ley de Aguas; prevenir la contaminación subterránea; evitar la infiltración de aguas contaminantes al área; exigir un sistema de manejo de aguas residuales; no otorgar los permisos de construcción dentro de los 200m establecidos y para las construcciones ya realizados, establecer un sistema adecuado para el desecho de residuos.
El Programa de radio Alternativas, bajo el lema “pensar libremente, para construir un país y un mundo integralmente mejores», transmitió un conversatorio sobre el Corredor Biológico Paso de las Lapas el pasado 8 de setiembre.
El panel de personas invitadas estuvo integrado por:
Luis Ángel Salazar Oses – exfuncionario SINAC y enlace de corredores Biológicos.
Karol Murillo – presidenta del Comité Local CBPL.
Guillermo Espinoza – administrador Parque Nacional La Cangreja.
Luis Alvarado – gestor ambiental Municipalidad de Puriscal.
Pablo Gordienko – gerente general Macaw Lodge.
Esteban Fernández – docente CTP La Gloria.
En cuanto a sus orígenes, existe un programa de corredores biológicos del SINAC que inició a finales de los años 90. En este sentido, el SINAC ha venido trabajando en la creación de estos corredores como un complemento de las áreas protegidas, las cuales fueron salvaguardando bosques muy importantes para la protección de los recursos hídricos, de especies y de ecosistemas.
Esta necesidad de proteger los ecosistemas surge a raíz de la predominancia de un modelo de desarrollo económico que prioriza la producción para la acumulación de capital sobre la importancia de las zonas de vida.
Ahora bien, los corredores biológicos pretenden fortalecer áreas protegidas y su conectividad estructural y funcional, mantener los servicios ecosistémicos, así como establecer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
El corredor biológico paso de las Lapas se encuentra entre dos áreas de conservación: el Área de Conservación Central (donde se encuentran territorios de Puriscal y de Turrubares), y el Área de Conservación Pacífico Central (el cual incluye el cantón de Garabito y manglares de Guacalillo). De esta forma, aproximadamente un 25% del territorio se encuentra protegido bajo alguna modalidad de protección.
Las lapas son una especie clave para la conservación del medio ambiente y para la sociedad costarricense porque posee un valor cultural y simbólico y, además, actúa como sombrilla para la protección de otras especies. Es un gran ejemplo de que sí es posible restaurar los daños humanos a la naturaleza.
Sin embargo, debido a que el corredor está integrado también por propiedades privadas, algunas de las mayores amenazas que enfrenta es la deforestación y la fragmentación del bosque, la degradación del suelo por cambios de uso inadecuado, la contaminación de fuentes de agua, la cacería ilegal y los incendios forestales.
Es fundamental, dentro del trabajo que realiza el Comité Local del Corredor Biológico, que las personas habitantes de las distintas zonas que abarca el corredor biológico de las Lapas puedan comprender la importancia de recuperar el territorio; no solo por su indudable riqueza natural que es patrimonio nacional y de la humanidad, sino también porque representa una fuente de oportunidades socioeconómicas y de modelos de vida más sustentables.
A pesar de que desde 1999 el turismo es la principal fuente de divisas del país, y gran parte de esta actividad se desarrolla alrededor de la vida silvestre, expertos de la Universidad Nacional (UNA), consideran que el país tiene grandes retos para su conservación, de lo contrario estaríamos acabando con la “gallina de los huevos de oro”.
En 51.100 km2 Costa Rica alberga el cinco por ciento de la biodiversidad mundial, dato que no contempla la riqueza de la fauna marina que habita en sus costas. La observación de ranas de ojos rojos, lapas, monos y dantas, ballenas y delfines, es solo una de las actividades que el país promueve para la atracción del turismo, y miles de extranjeros y nacionales, son cautivados por estas y otras especies en las visitas a parques nacionales y áreas protegidas.
Expertos de la Universidad Nacional (UNA), consideran que la falta de capacitación a guardaparques, la escasa educación ambiental y sensibilidad hacia estos recursos, falta de regulación y ejecución de la reglamentación vigente y el inevitable desarrollo urbano, podrían pasarle factura al país, y acabar poco a poco con la “gallina de los huevos de oro”.
Para Laura Porras, académica del Icomvis-UNA, uno de los principales desafíos se centra en la interacción entre la gente y los animales silvestres. “En los parques tenemos un rótulo que dice prohibido alimentar a los animales, pero tanto los visitantes como el sector turístico desarrollan esta práctica porque con ello los atraen y llevan la mejor foto”.
Según Grace Wong, también investigadora de dicho Instituto, el sector tiene contradicciones. “Un hotelero llama al Sinac porque hay un cocodrilo cerca de la playa y ellos consideran que es una amenaza para el turista, los funcionarios remueven el animal, pero resulta que este individuo era un controlador de poblaciones de mapaches, con el aumento de mapaches hay más personas mordidas por estos animales que se han acostumbrado a robar comida de los visitantes y el sector hotelero llama de nuevo porque los mapaches ponen en riesgo al turista. ¿son los animales responsables de este comportamiento?”.
De acuerdo con la investigadora hace falta la aplicación de la normativa legal, pero también es necesario educar a los visitantes para que comprendan que los animales silvestres no deben de recibir alimento de los turistas porque los afecta negativamente.
Tal es el caso del Parque Nacional Manuel Antonio que se ha visto en el ojo de la polémica por la cantidad de visitantes que ingresan. “Manuel Antonio es una zona protegida y tiene como prioridad conservar la biodiversidad que alberga, además, tiene la peculiaridad de proteger una subespecie endémica del país en un área bastante pequeña. Es importante mantener esa prioridad de conservación, se puede visitar claro que sí, para eso se hacen las zonificaciones de áreas de uso público pero esas zonificaciones tienen que aclarar cómo, cuándo y dónde pueden estar los turistas. Cabe resaltar que la mayoría de las interacciones las provoca la presencia de alimento de los turistas, y la necesidad de los asistentes de acercarse a la fauna para las fotografías, el contacto y ese tipo de cosas”, detalló Porras.
Para Eduardo Carrillo, académico jubilado de la UNA, quien por más de 35 años ha trabajado en estimar el estado de salud de los bosques a través de especies indicadoras como el jaguar y sus presas, existen suficientes políticas para la protección pero que no se ponen en práctica.
“El país hizo un gran esfuerzo en los 70 con la creación de las áreas protegidas, pero después de eso las abandonamos paulatinamente, los guardaparques no tienen la suficiente capacitación ni el equipo para trabajar, todos sabemos que hay extracción ilegal de oro en Corcovado, pero hacemos muy poco para resolver el problema. Políticas nos sobran, lo que hace falta es ponerlas en práctica”.
Carreteras asesinas
Por otra parte, la creación de infraestructura, aunque necesaria para el desarrollo económico, tiene su impacto en la vida silvestre. Joel Sáenz, director del Icomvis-UNA, fue uno de los pioneros en evaluar el impacto de carreteras construidas y en ampliación, en el futuro se plantea ver los impactos de los parques eólicos y represas, y de acuerdo con sus investigaciones, es urgente que el país norme este tipo de construcciones.
“En carreteras nacionales como la de la Ruta 32, Carara o la que atraviesa el Área de Conservación Guanacaste, puede haber entre 1000 y 3000 animales muertos por año, siendo este un dato conservador porque son producto de un muestreo en un tiempo específico; anfibios y reptiles son las principales víctimas, pero en 10 años hemos podido observar jaguares y pumas”.
Según Sáenz, es necesario que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), incluya una norma o disposición en el Manual de Carreteras para mitigar el impacto tanto en el diseño, como durante la construcción y funcionamiento de la infraestructura.
También es vida silvestre
Para Lilliana Piedra, investigadora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la conservación está más relacionada a una parte ética y moral del ser humano. “Si me limitan a acercarme a 20 metros de una ballena, quiero estar a cinco, esto no se arregla con una ley, yo coincido en que hace falta educación ambiental y una mayor sensibilización de que aquello no es un objeto, sino un ser vivo que al igual que yo merece respeto”.
De acuerdo con Piedra, en materia marítima existe además mucha inseguridad jurídica. “El Sinac maneja una parte, el Incopesca emite ciertas regulaciones, pero el control es del Servicio Nacional de Guardacostas, y hacer de estas entidades un engranaje es algo complejo. Los procesos de gestión y manejo están concentrados en la parte continental, eso limita a que haya buenas iniciativas para conservar los recursos pesqueros”.
Acciones como el pésimo manejo de aguas residuales, la deforestación en la zona continental, técnicas de producción agrícolas poco sostenibles, sobreexplotación pesquera y el manejo inadecuado de los desechos sólidos, asfixian, según Piedra, la vida marina.
Los investigadores coinciden en que el país no necesita de más leyes para la conservación de la vida silvestre, sino de una aplicación más efectiva de las mismas, de lo contrario, uno de los principales atractivos del país estaría en riesgo.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Vecinos de El Rosario en el cantón de Naranjo, solicitan información a la Municipalidad por proyecto que usará naciente de la comunidad
En Asamblea de la Asociación de Desarrollo del Rosario (25 de marzo 2023), vecinos de la comunidad aprobaron la moción de solicitar información acerca de un proyecto de vivienda que quiere utilizar la naciente La Estrella, de la comunidad de El Rosario. Entre otras cosas, demandan información clara, ya que la Municipalidad de Naranjo, en este momento, está administrando dicha naciente.
Junto a esto surgen dudas sobre cómo la Municipalidad pretende llevar a cabo la explotación del Tajo Gavilanes. Todo es reforzado por la situación crítica en que se encuentra El Rosario de distrito en peligrosidad de sequía, con peligrosidad de desertificación, según el estudio del Plan de Acción para la Adaptación Climática para el cantón de Naranjo, donde el distrito del Rosario está en color rojo.
La población alerta que la situación es grave, pues afecta directamente a nacientes, áreas protegidas y contamina la comunidad. Asimismo, señalan que se están haciendo denuncias, procesando recursos de amparo y que, ante cualquier eventualidad, seguirán informando sobre estos daños ambientales.
(Imagen de Superintendencia del Medio Ambiente, Chile)
Puerto Montt, Chile – Cristina Bianchi
Las áreas protegidas por el Estado chileno en el sur del país, destinadas a la conservación, sufren la presión industrial de la actividad de las salmoneras.
Estas industrias, con sus enormes inversiones han generado riqueza e impulsado el desarrollo, creando fuentes de trabajo, innovando tecnológicamente y últimamente buscando establecer condiciones de paridad de género en su personal.
Así lo demuestra el Encuentro de Mujeres en Tecnología e Innovación, iniciativa organizada por el Centro de Emprendimiento e Innovación COWO y Duoc UC, junto al apoyo de Corfo y la Municipalidad de Puerto Montt, realizado con ocasión del 8 de marzo.
Sin embargo, las organizaciones sociales y medioambientales exigen mayor regulación y una ley que retire las concesiones acuícolas de las áreas protegidas.
«La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha enfatizado que, en áreas marinas protegidas, las actividades de impacto, como la salmonicultura, son incompatibles con los objetivos de conservación para los que se creó el área y no debieran existir en su interior”, dice Maximiliano Bello, asesor ejecutivo de Políticas Públicas del Océano de la organización Mission Blue.
«De alrededor de 1.500 concesiones salmoneras, 415 están otorgadas al interior de áreas protegidas, aunque no todas estén operativas”, señala Juan Carlos Viveros, de la organización Defendamos Chiloé.
Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón de Chile (Intesal), ente técnico de la asociación gremial Salmón Chile, que reúne al 60% de la producción nacional con diez productores de salmón y representa a más de 50 empresas proveedoras, indica que de las 400 concesiones ubicadas en reservas, la mayoría están en el área de la Reserva para el Ciprés de las Guaitecas, región de Aysén.
En su opinión, «el objeto de conservación no presenta incompatibilidades con la salmonicultura. Esta reserva fue creada en la década de 1940, cuando quedó de manera ambigua la regulación del área marítima”. Ramírez señala que la superposición entre áreas protegidas y de acuicultura se dio porque estas últimas se establecieron en los años ´80, cuando no existían parques nacionales ni reservas marinas en zonas con concesiones acuícolas. Al declarar las reservas, «no incorporaban cuerpos de agua o su objeto de protección no presentaba incompatibilidad alguna”, observa el representante de Intesal.
Se trata de una polémica en curso, que está teniendo repercusiones. Las medidas reguladoras buscan favorecer la protección del medio ambiente, pero también intentan proteger el entusiasmo de las empresas inversoras. Compatibilizar desarrollo con preservación ambiental, el impulso de las empresas por invertir y crear fuentes de trabajo, la necesaria protección y conservación de los recursos pesqueros y marinos, son todos temas que capturan la atención ya que según cómo se resuelvan irán perfilando el futuro del sector.
“Las y los ticos son un pueblo anestesiado que camina detrás del cortejo fúnebre de su patria creyendo que es un carnaval”. Tatiana Lobo
Mientras con la política pública costarricense respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental se está dando el último paso a su extinción, todo indica que se cumple la sabia sentencia de la gran escritora Doña Tatiana Lobo -q.e.p.d.- en cuanto a que: “Las y los ticos son un pueblo anestesiado que camina detrás del cortejo fúnebre de su patria creyendo que es un carnaval”. En este caso, el carnaval del mercado financiero transnacional que comanda Rodrigo Chaves Robles, un habitante de nuestro Planeta, desarraigado y entrenado durante 27 años para estos y otros trágicos menesteres contra la Patria que lo vio nacer.
Sin embargo, debemos aclarar que, la violencia contra la Naturaleza y obviamente nuestra propia vida, impulsada con dichas políticas, no empezó con este gobierno. Los hechos nos demuestran una tendencia en dicha dirección con casos que, aunque parecieran aislados en ciertos períodos gubernamentales, con el paso de los años no sólo han resultado más frecuentes, sino, también acompañados de acciones contra el sistema normativo. Por ejemplo: Crucitas con sus acciones delictivas antes y después del fallo de los Tribunales de Justicia, la Trocha, el proyecto APMT, libre extensión de monocultivos, Decretos Ejecutivos como el No. 37803-2013, 41815-2019, 41851-2019, las Leyes N° 9610 del 17/10/2018, 9789 del 09/12/2019 y No. 10338 del 21/12/2022 etc.; y otras reformas desregulatorias de actividades impactantes del medio ambiente. Son éstas, únicamente algunas de las decisiones gubernamentales que, abrieron el camino para el golpe de timón en materia ambiental que se apresta a consolidar el gobierno actual. Y probablemente, ocurrirá una vez más a placer de los tres poderes de la República.
Si fuera como parece y se dice, de que en las últimas elecciones nacionales 2022, el electorado costarricense cansado de mentirosos, corruptos y mesiánicos; para conducir el país se decantó por un desconocido, no obstante, su pedigrí de macho y otras virtudes por las que todavía, según encuestas de opinión, ahora inclusive con mayor respaldo lo determina como su salvador. Más debe conocer el mundo que, al menos en asuntos ambientales, el trumpismo en América Latina no desapareció con Bolsonaro u otros. Pues la Costa Rica, protagónica por excelencia en los foros internacionales por su vocación proteccionista y conservadora de la naturaleza, signataria de la Declaración de Río y hasta hace poco promotora del Acuerdo de Escazú; a través de su gobierno Chaves Robles, ha decido honrar la línea de “las políticas ambientales” de Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro. Su caballo troyano es “reactivación económica, empleo e inversión extranjera”; es decir, la globalizada estrategia para la concentración de riqueza en unos pocos, y por ende, la gravísima inequidad cuyos elevados costos de la degradación ambiental los paga el resto de la humanidad, presente y futura.
Bajo ese embate, está la sentencia contra la Evaluación de Impacto Ambiental y todo el daño ambiental directo, acumulado y sinérgico que ello acarrea contra los recursos naturales que todavía quedan en este país; sentencia hecha pública durante la conferencia de prensa del pasado ocho de febrero 2023 por medio de una grotesca conferencia de prensa por parte del gobierno. Algunos medios de comunicación como Guanacastealaaltura, Delfino, la Extra y otros; se hicieron eco del anuncio. Por su parte, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha publicado al respecto las siguientes noticias:
1.”65% de Proyectos de Bajo Impacto Ambiental que Ingresan a SETENA ya no Requerirán Viabilidad. Fecha: 9/2/23”. (DECI 08-2023, 07 de febrero de 2023).
“Esta transformación histórica de la Setena, se da gracias a la firma de un Decreto suscrito hoy por el Poder Ejecutivo que pretende eliminar la duplicidad de requisitos en tramites a nivel de las instituciones. Además, se elimina el trámite de la Viabilidad Ambiental a los proyectos, de bajo, o muy bajo impacto ambiental, que hoy se solicita a través del formulario D2. “Solo en el año 2022, éstos representaron 1.644 expedientes que requirieron una revisión de SETENA, lo que se traduce en mayores costos para los ciudadanos y la institución.”
“El nuevo Reglamento General de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, fue firmado por el Poder Ejecutivo el 08 de febrero del presente año.
Dicho Reglamento entrará en vigencia a los 4 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Durante este periodo de transición, la Setena estará trabajando en la implementación del mismo en las plataformas digitales. Estaremos informando al respecto por los medios oficiales de la SETENA”.
El nuevo reglamento así informado oficialmente, responde al documento DAJ-D-030-2022, aún sin la numeración correspondiente como Decreto Ejecutivo, entendido esto por cuanto no ha sido todavía publicado en La Gaceta. No obstante, según lo comunica Setena, el mismo efectivamente especifica: Artículo 102. – Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia a los 4 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la Presidencia de la República. San José, el veintiuno de diciembre del dos mil veintidós.”
Pero algo más, una tercera noticia publicada por la misma institución aproximadamente cuatro meses antes de las anteriores indica:
Por medio de una revisión de sus procesos internos, contrastándose con la normativa vigente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Setena-MINAE) elimina 41 cuellos de botella a partir de ahora.
Gracias a este análisis, se están impactando 81 trámites, de los cuales 41 serán eliminados y 40 sufrirán mejoras con el objetivo de evitar solicitudes de aclaraciones a los usuarios, sin provocar ningún tipo de regresión ambiental.”
Según expresó el viceministro de Ambiente, Rafael Gutiérrez, la actualización se realiza acatando la Directriz presidencial de eliminar cuellos de botella y procesos burocráticos innecesarios, y la directriz de dejamos trabajar.
Por su parte Ulises Álvarez, secretario general de Setena, destacó que es un hito muy relevante el que “estemos hoy impactando 81 cuellos de botella, en los instrumentos D1+DJCA, PPGA y el EsIA y en especial, eliminando 40 de ellos”.
En un gráfico que incluye esta noticia del 2022, titulado: “Infografía No1. Estadísticas Cuellos Botella Setena”, se describe cómo acerca de los instrumentos de la evaluación de impacto ambiental D1, PPGA y EsIA; entre los análisis hechos para cada uno, se procedió con la eliminación de un número específico de “cuellos de botella” (2, 30 y 9 respectivamente) y consecuentemente como “Acciones de mejora” para cada uno, se establece “eliminar requisitos” y finalmente concluir que, de 81 impactados 41 fueron eliminados y 40 mejorados. Al pie de este gráfico se lee:
“El Formulario D1, deberá ser utilizado para las actividades, obras o proyectos (AOP) de categoría de bajo, moderado y alto IAP (B2, B1 y A), se le recuerda que toda la información ingresada se presenta bajo fe de juramento.”
Y entre tales noticias, conferencia de prensa y otras divulgaciones, de las incongruencias y falsedades con las que supuestamente nos informa el gobierno, es claro por ejemplo que, con el decreto en espera de publicación titulado: “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL”, no estamos ante una simple reforma de reglamentos y manuales. Sino ante una derogación del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” todavía vigente. El propio título es suficientemente revelador de los alcances de esta regresión que, como veremos trasciende la normativa reglamentaria. Al respecto contempla el nuevo decreto (DAJ-D-030-2022): “Artículo 101. – Derogaciones. I. Deróguese los Decretos Ejecutivos números 31849 –MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sus reformas”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 28 de junio de 2004 …”.
Aunque no sea todo, vale chequear por ejemplo acerca de lo siguiente:
El nuevo reglamento especifica que, fue dado en la presidencia el 21 de diciembre del 2022, mientras Setena, informa que la presidencia lo firmó el 8 de febrero 2023.
Se eliminaron requisitos técnicos de cada uno de los instrumentos de evaluación legalmente consolidados durante años; sin embargo, se aduce que el proceso que han llevado a cabo, no es regresivo.
Que los proyectos de bajo impacto ambiental con tramitación obligatoria del D2, ya no tendrán que tramitar Viabilidad Ambiental ante la Setena; pero esta reforma que eliminó dicho trámite, está en aplicación desde el año 2019.
Que también los proyectos de bajo impacto ambiental, ya no tendrán que presentarse ante la Setena; sin embargo, además de lo que ya se dijo antes, anotan que el formulario D1 deberá ser utilizado para esta categoría de proyectos.
Que para llevar a cabo estas “transformación de mejoramiento y modernización”, se cumplió rigurosamente con los procedimientos de información y participación pública, así como procedimientos técnicos. Sin embargo, dentro de lo que se ha dicho y aportado, además del lenguaje vulgar y ausencia de fundamentación verdaderamente científica y técnica, lo que más sobresale, es el mencionado análisis de decenas de eso que llaman cuellos de botella, una aparente estrategia para no llamar por su nombre a los requisitos técnicos.
Si hubiera consecuencia con esa reiteración de “cuellos de botella”, deberían más bien, reconocer de una vez por todas, los faltantes y deficiencias en la que por años han mantenido a la institución Setena. Pues, cumplir con eficacia y eficiencia su trascendental función técnica separada de la manipulación política y otros poderes fácticos, seguirá siendo hoy más que nunca su gran deuda con la Nación.
La eliminación de requisitos sobre la cual informan que actuaron, y por ende parece que ya está en aplicación, si bien el acento lo ponen sobre proyectos de bajo y muy bajo impacto ambiental, es de anotar que, lo firmado abarca también a los proyectos de mediano y alto impacto. Pues indican que, los primeros ascienden al 65 % de los expedientes que ingresan a la institución, y “Se reduce en un 32,9% los términos de referencia de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), adelgazándolos para que se presenten requisitos que sean solamente competencias de la EIA”.Por lo tanto, con tan fuerte eliminación y adelgazamiento de requisitos técnicos en el funcionamiento básico de Setena: ¿Qué hace o qué hará esta Institución, creada como un Órgano técnico con autonomía suficiente para cumplir cabalmente su función rectora en Evaluación de Impacto Ambiental según su importante estatus de desconcentración máxima; entendamos así un blindaje contra la intervención política y de grupos económicos acostumbrados a la intervención en los asuntos de Estado? Institución que, desde el año 2017 ocupa aproximadamente el 50% de una edificación estatal, de la que, según dicen, después de al menos 10 años de abandono, la remodelaron al costo aproximado de 2000 millones de colones; pero desde la pandemia permanece subutilizada; no obstante, paga cuantiosas sumas de dinero por vigilancia, aseo, mensajería y custodia de documentos (parte de su archivo) por parte de empresas privadas.
En conclusión, a pesar de que la Setena con las intervenciones políticas por parte de los gobiernos de turno y grupos económicamente poderosos (Cámaras empresariales), se volvió experta en “cuellos de botella”; esta nueva especialidad impuesta y autoimpuesta, es evidente que no la usa en favor de las funciones necesarias para cumplir con sus fines; fortaleciendo verdaderamente la democracia ambiental y el Estado de Derecho y Bienestar Social. Por lo tanto, incumple el protagonismo que le corresponde ante las autoridades superiores, en cuanto a las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente; pues retrotraerse 27 años en cuanto a legislación, evidencia hacer lo contrario de lo que le ordena la Ley (No.7554- Artículos 83,84).
Todo parece indicarnos que la suerte para el Ambiente de nuestro país está echada, ya que, junto a los desastres mal llamados naturales, actúan no sólo las prácticas más violentas contra la vida humana, lo cual parece preocupar a los gringos más que a las autoridades ticas, sino contra todas las especies vivientes y los ecosistemas de los cuales dependemos todos. A diario se dan alertas de este antropocentrismo moderno: agrietamientos y deslizamientos de infraestructuras de todo tipo, contaminación de acueductos y escasez de agua potable aún donde debería ser abundante, tráfico de especies animales y forestales, construcción de pozos ilegales, proliferación de vertederos, uso y abuso de agroquímicos, caza y tala ilegales, mutilación de áreas protegidas, aumento alarmante de denuncias ambientales, viabilidades ambientales irregulares, permisos y declaraciones ambientales de obras públicas y privadas que supuestamente no ocupan estudios previos de impacto ambiental, sobrexplotación de pesca, aumento de daños por eventos meteorológicos, etc. Pero no observamos acciones gubernamentales para el “control y seguimiento” efectivo de estos daños que ya afectan y se acumulan.
Por el contrario, se ha legalizado la mutilación de áreas protegidas específicas como reservas biológicas, humedales, áreas de protección de ríos y otras tantas están en la mira; pues la explotación de minerales e hidrocarburos es rentable para magnates que “generan empleos” a siervos de diferente estofa. En igual dirección, se ha resuelto viable la incineración de residuos sólidos, más un acápite especial, merece el archivo por el poder Legislativo del expediente 21.245 sobre el proyecto que, pretendía la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica. No obstante, representar una norma innovadora, la cual, auspiciada por la CEPAL y la ONU, ofrece a los Estados Parte una línea base a partir de la cual, avanzar en el cumplimiento de estándares mínimos en derechos humanos y ambiente. Pero la falaz campaña de desinformación contra dicho Acuerdo, orquestada por los mismos grupos empresariales del poder económico y político, llevaron al país a este indecoroso cambio de rumbo. Paradójicamente, el economista costarricense José Manuel Salazar Xirinachs, a partir del 03 de octubre 2022 es el titular de la Secretaría ejecutiva de la CEPAL, y según el Artículo 17 del Acuerdo de Escazú: “El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ejercerá las funciones de secretaría del presente Acuerdo”. Y por si hubiera duda, avanza en el mismo poder legislativo la reforma regresiva de la Ley Orgánica del Ambiente que, entre otros asuntos, permitirá cortarle los legales a la Setena. La cual, al pasarla de máxima a mínima desconcentración, más los requisitos técnicos eliminados vía decreto; quizás a lo que dará lugar, es a una pequeña oficina que como está previsto, pasará a la tutela del ministro de turno del MINAE. O algo similar a lo que existió, hace aproximadamente treinta años con nombre de Comisión de estudios de impacto ambiental (CONEIA). Esto es parte del “hito de la transformación histórica de la Setena” a que alude su secretario” y la “genial” iniciativa “Le dejamos trabajar”.
Gracias Karen Mogensen (Dinamarca) y Nicolás Wessberg (Suecia), impulsores de las áreas protegidas y los parques nacionales en Costa Rica. En este lugar vivieron y aquí fueron enterrados sus cuerpos. «Buen Vivir Costa Rica».
Puede ver el vídeo del santuario en el siguiente enlace.
Compartido con SURCOS por Édison Valverde Araya de Buen Vivir Costa Rica.
La Asociación Conservacionista Yiski denuncia la privatización de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de Costa Rica, esto se daría por el proyecto de ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental, conocido como Ley DUA.
El proyecto pretende usar terrenos patrimonio natural del estrado y áreas protegidas, de manera que se podría vender o ceder derechos sobre terrenos a favor de personas que afectarían la protección de las áreas.
“El entreguista y descarado audio es del exministro del Minae, Carlos Ml. Rodríguez de la oligarquía que siempre han pretendido vender a Costa Rica a quién sea, al mejor postor y que el sistema premia enviándolos a Estados Unidos con puestos claves para seguir como marionetas sirviendo al sistema de la línea esclavista, arrasando con todo lo que encuentren, desde el agua hasta el infinito si pueden (…)”, expresaron desde la Asociación.
En el audio de Carlos Rodríguez, expresa que de parte del ministerio de energía y el gobierno está la disponibilidad y los esfuerzos en Asamblea Legislativa para que se dé una titulación de tierras en áreas como Japdeva , Refugios de Vida Silvestre , zonas protectoras, reservas forestales , zona marítimo terrestre y zonas fronterizas. Además, expresa que la idea es simplificar los proyectos de ley en uno solo donde se autorice al INDER a dar títulos de propiedad en las áreas citadas.
Sobre este proyecto de ley, tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la República se han manifestado sobre sus inconsistencias, jurídica y ambientales.
Desde la perspectiva de la Asociación, el gobierno y el ministro de ambiente anterior, y lo más probable que la actual, han estado promoviendo dichos proyectos, siendo una muestra de los intereses que defienden.
Acorde con información difundida por semanario UNIVERSIDAD, la Contraloría señala que el proyecto carece de los estudios técnicos suficientes para justificarlo. (Para más información sobre la postura de la Contraloría General de la República puede acceder aquí.)
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.