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Etiqueta: áreas protegidas

Un nuevo capítulo en el «manual»

Por: Bernardo Archer Moore
Adulto mayor

Cahuita

Bernardo Archer Moore

Actualmente se está redactando un nuevo capítulo del Manual para la Autodestrucción de Instituciones y Organizaciones Locales Creadas para el Desarrollo Autónomo del Caribe.

Hoy se analiza la gestión compartida (ADIC/SINAC) del Parque Nacional Cahuita.

Análisis preliminar de los hechos

  1. Despido de personal local de la cogestión:

Este análisis no puede realizarse sin considerar la falta de oportunidades de empleo en la ciudad de Cahuita, y que el despido constituye la sanción más severa en la relación empleador-empleado.

Desde una perspectiva legal, laboral y administrativa en Costa Rica, la representación del empleador del personal contratado bajo el esquema derivado del Acuerdo Marco ADIC-SINAC de 2017 depende de quién realizó la contratación, bajo qué marco legal y utilizando qué recursos.

El acuerdo establece que las autoridades responsables eran:

El director ejecutivo del SINAC y el presidente de la ADIC.

Sin embargo, el acuerdo por sí solo no creó una nueva entidad jurídica independiente denominada “Consejo Local” con capacidad autónoma de empleador.

Por lo tanto, legalmente, como parece haber ocurrido:

El personal fue contratado directamente por la ADIC.

En ese caso:

La ADIC sería el empleador real, aunque el trabajo se realice dentro del Parque Nacional Cahuita.

Esto implica que:

  • Los salarios.
  • Las contribuciones a la seguridad social (CCSS).
  • La rescisión de contratos (despidos), y
  • Las responsabilidades laborales recaen sobre la Asociación de Desarrollo Integral Cahuita (ADIC).

NOTA:

¿Están conscientes mis compañeros afiliados de la ADIC sobre esa realidad oculta y silenciosa?

Esta responsabilidad institucional se consolida particularmente si:

■ La ADIC firmó los contratos.

■ Realiza los pagos de salarios.

■ Administra las donaciones o registra a los trabajadores ante el Fondo Costarricense de Seguridad Social (CCSS).

  1. El problema jurídico tras el vencimiento del acuerdo de cogestión en 2019:

Aquí reside el punto más delicado.

Si el acuerdo:

Venció en 2019 y no se renovó formalmente, cualquier relación laboral posterior podría entrar en un terreno de incertidumbre jurídica respecto a:

○ La condición de empleador.

○ La gestión de los recursos económicos y materiales.

○ La capacidad de contratación. Y…

○ El derecho a despedir empleados.

Especialmente porque el “Consejo Local” continuó operando de facto, pero sin un instrumento legal válido que le delegara funciones específicas.

  1. El Consejo Local: una entidad sin personalidad jurídica propia.

El Decreto 40110-MINAE creó un mecanismo de gobernanza participativa, pero no creó:

  • Una entidad autónoma con personalidad jurídica propia
  • Poseedora de bienes propios, ni la capacidad de actuar como empleador independiente.

Por lo tanto, en principio, el “Consejo Local” no sería el empleador legal en sí mismo, a menos que existiera:

Otro instrumento legal, un fideicomiso, una asociación paralela, o una entidad administrativa específica; lo cual se desconoce su existencia.

  1. En un posible conflicto laboral, los jueces suelen analizar:

■ ¿Quién pagó el salario?

■ ¿Quién dio las órdenes?

■ ¿Quién firmó los contratos?

■ ¿Quién ocupó un puesto subordinado?

■ ¿Quién reportó al CCSS (Fondo Costarricense de Seguridad Social)?

■ ¿Quién ejerció la autoridad disciplinaria?

En la legislación laboral costarricense prevalece el principio de “primacía de la realidad”.

Es decir, quien actuó efectivamente como empleador tiene más peso que su designación oficial.

Por lo tanto, debe quedar claro que el despido de un empleado no es algo que deba tomarse a la ligera. Se trata de una decisión de último recurso que afecta a la familia del empleado.

En este caso particular, existe una demanda pendiente sobre la titularidad legal de la fuente de ingresos: las donaciones de los visitantes.

Desde una perspectiva general, como comunidad, nuestra situación es definitivamente peor hoy que hace una semana.

Mientras tanto, el Gobierno ha avanzado hacia su objetivo de tomar el control total del Parque Nacional de Cahuita.

Costa Rica ante el cambio climático: entre la excepcionalidad y sus límites

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Costa Rica ha sido durante décadas presentada —y celebrada— como una excepción en el contexto centroamericano: un país pequeño que, a contracorriente de las tendencias regionales, apostó a partir de la segunda mitad del siglo XX, por la conservación de la naturaleza, la institucionalidad ambiental y un modelo energético relativamente limpio. Esta imagen no es una simple construcción discursiva: descansa sobre decisiones históricas concretas, políticas públicas sostenidas y sustentables, con resultados verificables. Sin embargo, en el contexto contemporáneo de la crisis climática, y un desarrollo extractivo y neoliberal, esa excepcionalidad aparece cada vez más menguada, con lo que se ha producido un equilibrio inestable, atravesado por tensiones estructurales que cuestionan su alcance y su sostenibilidad.

I. La construcción de una excepcionalidad: políticas, instituciones y territorio

El origen de esta trayectoria singular puede situarse en la segunda mitad del siglo XX, cuando Costa Rica comenzó a institucionalizar la protección de sus recursos naturales. La aprobación de la Ley Forestal de 1969 y la creación del sistema de parques nacionales en los años setenta marcaron un punto de inflexión, impulsado por figuras como Mario Boza Loría y Álvaro Ugalde Víquez.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha expresado que, Costa Rica es uno de los pocos países tropicales que ha logrado revertir la deforestación a gran escala mediante políticas públicas sostenidas.

Esta afirmación sintetiza uno de los pilares del modelo costarricense, al menos en la segunda mitad del siglo anterior. En efecto, la cobertura forestal, que había caído a cerca del 25% en los años ochenta, supera hoy el 50%, gracias a políticas como el Pago por Servicios Ambientales (Banco Mundial, 2008).

El entramado institucional se consolidó originalmente mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al cual se le asignó la tarea de administrar más de una cuarta parte del territorio nacional bajo diversas categorías de protección.

Ejemplos emblemáticos de este proceso son la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, el Parque Nacional Braulio Carrillo y el Parque Nacional Corcovado, que han adquirido reconocimiento internacional tanto por su biodiversidad como por su papel en el desarrollo del ecoturismo. No obstante, en las dos décadas y media que llevamos del siglo XXI, la labor del SINAC se debilitó sustancialmente, dejando mucho que desear respecto de sus objetivos originales.

A este conjunto se suma un logro ampliamente documentado:

“Costa Rica genera casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas” (Agencia Internacional de Energía, 2023).

Este desempeño refuerza la percepción de una transición energética exitosa. Sin embargo, es aquí donde emerge la paradoja.

II. Una excepcionalidad sectorial: avances reales, límites estructurales

La fortaleza del modelo costarricense consistió en las últimas tres décadas del siglo pasado, en su capacidad para producir resultados concretos, pero concentrados en sectores específicos. No obstante, estos avances no se tradujeron automáticamente en una transformación integral del sistema económico.

Como lo advirtió el mismo Banco Mundial: el crecimiento económico de Costa Rica ha estado acompañado, por un lado, por el aumento en la demanda energética, pero por el otro, se sustentó en el uso de combustibles fósiles, especialmente en el transporte.

En efecto, el sector transporte se ha convertido en el principal emisor de gases de efecto invernadero del país. La expansión del parque vehicular y la falta de sistemas integrados de transporte público han limitado el impacto positivo de la matriz eléctrica limpia. A ello contribuyó decisivamente la eliminación del tren eléctrico, con el objeto de hacer una concesión a los transportistas durante la administración de José María Figueres (1994-1998).

Este fenómeno se vincula con el crecimiento urbano desordenado, particularmente en la Gran Área Metropolitana. Estudios del Programa Estado de la Nación han señalado que, la expansión urbana ha ocurrido sin una adecuada planificación territorial, generando presiones sobre los recursos naturales y aumentando la desigualdad espacial, principalmente rural-urbana.

Así, la excepcionalidad costarricense retrocedió, revelándose como parcial: fuerte en ciertos ámbitos, pero muy limitada en otros.

III. Presiones sobre la biodiversidad: entre la protección y la erosión

A pesar de la solidez que alcanzó en un inicio el sistema de áreas protegidas, hoy, la conservación enfrenta desafíos crecientes; persisten dinámicas de tala ilegal, una expansión agrícola desordenada, acompañada de la ocupación de zonas de amortiguamiento. Concretamente, esas ocupaciones pueden incluir, expansión de la agricultura o la ganadería, construcción de viviendas o urbanizaciones, apertura de caminos, tala y extracción de madera, actividades turísticas desordenadas o, invasiones de tierras donde se han establecido asentamientos humanos.

Con ello, se crea un grave desafío para los espacios naturales protegidos, porque en lugar de reducirse los impactos humanos desordenados, se ocupan intensivamente, por lo cual el parque o reserva termina sufriendo efectos tales como: pérdida de biodiversidad, fragmentación del bosque, contaminación de ríos, presión sobre la fauna silvestre, aumento de incendios y cacería y erosión y degradación de los suelos.

En las zonas costeras, la presión del turismo ha impactado ecosistemas clave como los manglares. La misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha afirmado que los ecosistemas costeros en Centroamérica, incluidos los manglares, están bajo creciente presión por el desarrollo turístico y urbano. Costa Rica es en este sentido un ejemplo muy connotado de como el turismo ha amenazado y diezmado el desarrollo sostenible del agro costarricense, espoleando la concentración de la riqueza y un crecimiento anárquico y desordenado.

La fauna silvestre también enfrenta amenazas. La fragmentación del hábitat y la infraestructura vial han incrementado la mortalidad por atropello de animales silvestres, especialmente en corredores biológicos. Casos como las rutas que atraviesan el Parque Nacional Braulio Carrillo evidencian la dificultad de armonizar desarrollo e integridad ecológica.

IV. Cambio climático y nuevas vulnerabilidades

El cambio climático introduce una dimensión crítica. Costa Rica, pese a sus avances, es altamente vulnerable a eventos extremos.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha señalado que, Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático debido a su exposición a eventos extremos y su limitada capacidad adaptativa.

En Costa Rica, esto se traduce en sequías más intensas en el Pacífico norte —especialmente en Guanacaste— y lluvias más extremas en el Caribe y el sur.

Además, fenómenos como El Niño y La Niña amplifican estas variaciones. Según el IPCC, existe creciente evidencia de que el calentamiento global altera la variabilidad climática asociada al ENSO y amplifica algunos de sus impactos regionales. En efecto, la variabilidad climática asociada a ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) se intensifica en un contexto de calentamiento global. Así, en Centroamérica estas “oscilaciones del sur” o ENSO (por sus siglas en inglés) aluden a las variaciones de presión atmosférica entre el Pacífico oriental y occidental, estudiadas originalmente por el meteorólogo Gilbert Walker. (Cfr. Climate Change 2021: the physical Science Basis. Grupo de trabajo I del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2021)

En consecuencia, estas condiciones favorecen incendios forestales en zonas secas, muchas veces asociados a prácticas agrícolas y sequías prolongadas, así como procesos de degradación ambiental que, en regiones como Guanacaste, se aproximan a formas incipientes de desertificación.

V. ¿Un modelo post-extractivo? Tensiones contemporáneas

Aunque Costa Rica había proyectado una imagen de sostenibilidad, mantiene actividades intensivas en recursos naturales; de tal manera que, la agroindustria y el turismo continúan ejerciendo presión sobre los ecosistemas.

Más aún, el debate reciente sobre la posible exploración de hidrocarburos revela tensiones estructurales. Como advierte la OCDE (parafraseando):

Costa Rica enfrenta crecientes presiones económicas, urbanas y climáticas que desafían la sostenibilidad de sus logros ambientales. (Cfr. OCDE Environmental Performance Reviews: Costa Rica, 2023. Evaluaciones del Desempeño Ambiental, CR 2023). La OCDE misma recomienda que el país debe mejorar la articulación entre sostenibilidad ambiental, infraestructura y desarrollo económico.

Esto plantea una pregunta central: ¿ha superado realmente el país el modelo extractivista y neoliberal o simplemente le ha introducido un “maquillaje” superficial?

VI. Costa Rica en el contexto centroamericano: convergencias y divergencias

Comparada con Guatemala, Honduras o Nicaragua, Costa Rica presenta ventajas claras en cobertura forestal e institucionalidad ambiental.

Sin embargo, comparte con la región:

• alta vulnerabilidad climática

• presión sobre recursos naturales

• desigualdades territoriales

En este sentido, la CEPAL ha señalado que, los países centroamericanos enfrentan desafíos comunes en la gestión sostenible de sus recursos naturales en un contexto de cambio climático.

De modo que, Costa Rica aparece menos como una excepción absoluta y más como un caso avanzado dentro de una problemática regional compartida.

VII. Conclusión: una excepcionalidad en disputa

La imagen de Costa Rica como “país verde” tiene fundamentos reales, pero resulta insuficiente para describir su complejidad actual.

Sus logros son innegables. Pero también lo son sus contradicciones.

Podríamos sintetizar afirmando que, Costa Rica representó hasta cierto punto, una excepcionalidad histórica respecto de los países centroamericanos en conservación y energía limpia en la segunda mitad del siglo XX, pero, no logró una ruptura estructural con el modelo extractivista y neoliberal de crecimiento económico dominante. De modo que, su experiencia revela tanto las posibilidades, como fundamentalmente, los límites de una transición ecológica en el mundo contemporáneo.

Bibliografía breve

• Banco Mundial (2008). Payment for Environmental Services in Costa Rica (Stefano Pagiola).

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informes sobre desarrollo humano y sostenibilidad.

• Agencia Internacional de Energía (2023). Costa Rica Energy Profile.

• Programa Estado de la Nación. Informes anuales.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Informes ambientales regionales.

• Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (AR6).

• OCDE. Environmental Performance Reviews: Costa Rica.

Gandoca-Manzanillo: una disputa por el Estado de derecho ambiental

El conflicto en torno al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) no es un episodio aislado ni reciente. Se trata de un proceso acumulativo en el que convergen denuncias ciudadanas, cuestionamientos técnicos, actuaciones administrativas controvertidas y resoluciones institucionales que, lejos de cerrar el tema, han abierto nuevas interrogantes.

Las cartas enviadas por el ciudadano Marco Levy durante 2026, así como las respuestas oficiales emitidas por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), evidencian un punto central: la controversia ya no es únicamente ambiental. Es institucional.

Un territorio bajo tensión

El REGAMA fue creado para proteger ecosistemas costeros y marino-costeros de alto valor ecológico, incluyendo humedales, manglares, bosque tropical húmedo y hábitats críticos para especies amenazadas. Su importancia es estratégica tanto para la biodiversidad como para la seguridad climática y la resiliencia costera.

Sin embargo, durante los últimos años se han denunciado:

  • Cambios en límites del refugio.

  • Permisos de construcción en zonas sensibles.

  • Intervenciones sobre humedales.

  • Interpretaciones jurídicas que favorecen intereses privados.

Las cartas de Levy insisten en que ciertas actuaciones administrativas podrían estar debilitando el régimen de protección original del área.

El eje del debate: legalidad vs. discrecionalidad

El núcleo del conflicto gira en torno a tres preguntas fundamentales:

  1. ¿Se están aplicando correctamente las normas ambientales vigentes?

  2. ¿Las actuaciones administrativas respetan el principio de no regresión ambiental?

  3. ¿Existe coherencia entre el mandato legal de protección y las decisiones concretas tomadas en el territorio?

Las respuestas oficiales de SINAC tienden a sostener que las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad vigente. No obstante, las observaciones ciudadanas apuntan a posibles contradicciones entre la finalidad del refugio y algunas autorizaciones otorgadas.

En otras palabras: la discusión no es solamente técnica; es jurídica y ética.

Más allá de Gandoca: lo que está en juego

El caso Gandoca-Manzanillo se ha convertido en un referente nacional porque pone a prueba:

  • La solidez del sistema de áreas protegidas.

  • La independencia técnica de las autoridades ambientales.

  • La capacidad del Estado para resistir presiones económicas en territorios de alto valor inmobiliario.

  • La vigencia real del principio precautorio.

Cuando un refugio de vida silvestre entra en disputa, lo que se discute no es únicamente un expediente administrativo. Se discute el modelo de desarrollo y la prioridad que el país otorga a su patrimonio natural.

Una disputa abierta

Las cartas enviadas durante 2026 muestran que el debate está lejos de cerrarse. Más bien, se encuentra en una fase de mayor escrutinio público.

En este contexto, la vigilancia ciudadana ha sido un componente clave. Sin ella, muchos de estos temas permanecerían invisibles.

El caso Gandoca exige transparencia, trazabilidad documental y claridad institucional. Porque en materia ambiental, la opacidad casi siempre favorece la degradación.

Municipalidad de San Rafael de Heredia aprueba traspaso de finca en Cerro Chompipe para su protección absoluta

CONCEVERDE

El Concejo Municipal de San Rafael de Heredia aprobó el traspaso de aproximadamente 155 hectáreas del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cumpliendo con la obligación legal de proteger terrenos declarados inalienables desde el 30 de julio de 1888 por la Ley 65. Esta norma histórica buscó detener la deforestación y garantizar el recurso hídrico para el Valle Central, estableciendo la protección absoluta de los terrenos de las montañas heredianas, incluyendo la finca del Cerro Chompipe, que registralmente está a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

El proceso de traspaso ha estado marcado por la resistencia del alcalde Jorge Arias Santamaría, quien se ha negado reiteradamente a ejecutar el traspaso, pese a dos resoluciones de la Sala Constitucional y normativa jurídica, que obligan al MINAE, a recuperar los terrenos de la zona inalienable, aun los que están a nombre de municipalidades.

La organización ambiental CONCEVERDE celebra la decisión de los cinco regidores que respaldaron la moción; sin embargo, denuncia la postura de los regidores del partido del alcalde, Auténtico Rafaeleño, quienes al rechazarla terminan avalando los planes del jerarca de la administración municipal, de impulsar en el Cerro Chompipe un proyecto con fines económicos, más que de protección, encubierto bajo la figura de monumento natural. Esta iniciativa contradice el mandato de protección absoluta y amenaza un patrimonio natural que nuestros antepasados impulsaron con visión y sabiduría desde el siglo XIX.

El Cerro Chompipe no es un terreno disponible para negocios ni proyectos turísticos: es un bien inalienable, parte del patrimonio natural del Estado, y su destino está claramente definido por la ley y la historia. La negativa del alcalde y sus aliados representa un retroceso grave frente a la lucha por la defensa del agua y los bosques heredianos.

En los siguientes enlaces, se pueden visualizar, algunas de las gestiones realizadas para el traspaso de la finca del Cerro Chompipe:

https://drive.google.com/file/d/116kqQE416-tl1wR9cnf-s4eZhUV4NJoD/view?usp=sharing

https://surcosdigital.com/colectivo-conceverde-exige-respuestas-a-municipalidad-de-san-rafael-por-realizar-actividades-no-permitidas-en-cerro-chompipe/

https://surcosdigital.com/conceverde-solicita-al-alcalde-de-san-rafael-de-heredia-cumplir-con-traspaso-de-finca-que-forma-parte-del-patrimonio-natural-del-estado/

https://surcosdigital.com/demandan-acciones-del-minae-para-recuperar-finca-estatal-en-zona-protegida-del-cerro-chompipe/

Yiski cuestiona falta de fiscalización en tala dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

La Asociación Conservacionista Yiski alertó nuevamente sobre la corta intensiva de árboles y cobertura boscosa que se realiza en el tramo de la Ruta 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo (sector Zurquí). Según denuncia su presidenta, María Elena Fournier, la intervención continúa ejecutándose bajo el argumento de “derecho de vía”, pero sin controles técnicos visibles, sin información pública clara y en sectores donde no hay evidencia de deslizamientos o emergencias viales que justifiquen una remoción de tal magnitud.

En su comunicación más reciente, Fournier señala que la situación avanza “demasiado rápido” y que se han cortado árboles en zonas que no presentan riesgo evidente, lo que podría generar afectaciones irreversibles en un ecosistema reconocido por su biodiversidad y sensibilidad ecológica.

La denuncia formal fue registrada ante el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), bajo el número 33035, y remitida además al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach; a la Auditoría del SINAC; y al Área de Conservación Central (ACC). En la presentación, Fournier solicita aclarar quién está fiscalizando los trabajos y bajo qué criterios técnicos se autorizó la intervención en un área protegida donde la legislación exige supervisión estricta.

Preocupación por limitaciones al acceso a información pública

En los correos dirigidos al MINAE y al SINAC, Fournier cuestiona que el sistema SITADA no permite solicitar información urgente, pues únicamente está diseñado para registrar denuncias. Subraya que la ciudadanía tiene derecho a recibir información completa, oportuna y verificable sobre decisiones que afectan bienes de dominio público, especialmente cuando se trata de un parque nacional.

Señala además que las respuestas institucionales insisten en redirigir todo trámite al SITADA, sin atender de manera directa la consulta central: quién supervisa la tala y bajo qué justificación técnica se está realizando.

Impactos en el ecosistema del Zurquí

De acuerdo con los antecedentes aportados por Yiski y especialistas en derecho ambiental, esta intervención se suma a presiones acumuladas sobre el ecosistema:

  • ruido constante y tránsito pesado,
  • contaminación por combustibles,
  • iluminación artificial continua,
  • ausencia de pasos de fauna,
  • disminución de especies sensibles, como ranas de cristal,
  • interrupción de corredores biológicos utilizados por aves, mamíferos y otros organismos que se desplazan sin tocar el suelo.

El profesor de Derecho Internacional Público Nicolas Boeglin recordó en el documento anterior que cortar árboles sin prever medidas de conectividad, como puentes de lianas, afecta directamente la movilidad de especies que dependen de la continuidad del dosel forestal.

Solicitudes planteadas a las autoridades

La Asociación Conservacionista Yiski insiste en tres puntos fundamentales:

  1. Detener temporalmente la corta hasta contar con un análisis técnico verificable.
  2. Aclarar quién dirige y fiscaliza la intervención en el derecho de vía.
  3. Garantizar la protección del ecosistema del Zurquí, conforme a la normativa de áreas silvestres protegidas.

La organización advierte que continuará recurriendo a los mecanismos institucionales disponibles, incluyendo acciones constitucionales, si la información solicitada no es entregada dentro de los plazos legales.

Denuncian tala indiscriminada en el “derecho de vía” del Parque Nacional Braulio Carrillo

La Asociación Conservacionista Yiski -junto con otras personas especialistas en derecho ambiental- alertó sobre una corta intensiva de árboles y cobertura boscosa en la Ruta 32, en el tramo que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo (Zurquí). La intervención estaría siendo realizada bajo el criterio de “derecho de vía”, pero —según denuncian— se estaría aplicando sin controles adecuados, sin criterios técnicos claros y en zonas que no corresponden a deslizamientos ni emergencias viales.

La denuncia fue dirigida al presidente Rodrigo Chaves, al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, al Área de Conservación Central (ACC), al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al ministro de Obras Públicas y Transportes, Pablo Camacho, solicitando explicaciones urgentes y una fiscalización inmediata.

¿Qué se está denunciando?

Según expone María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, en su comunicación oficial:

  • La corta observada la semana pasada incluye árboles de todo tamaño, en sectores donde no existe justificación por deslizamientos.
  • La intervención se estaría realizando sin supervisión visible, sin límites claros y sin presencia de funcionarios que garanticen criterios técnicos o ambientales.
  • Se califica la acción como abuso de autoridad y falta de conciencia ambiental, debido al impacto directo sobre uno de los ecosistemas más biodiversos del país.

Impactos señalados sobre el ecosistema del Zurquí

En el texto se advierte que esta corta se suma a una serie de presiones acumuladas sobre la zona:

  • Contaminación por combustibles fósiles.
  • Ruido excesivo por parte de transportistas.
  • Iluminación artificial continua.
  • Ausencia de pasos de fauna aéreos y subterráneos.
  • Reducción visible en la presencia de especies sensibles, como las ranas de cristal.

Según Fournier, estas presiones, sumadas a una tala indiscriminada en la zona boscosa, profundizan la afectación sobre anfibios, aves y fauna que depende de la conectividad del bosque.

El profesor de Derecho Internacional Público Nicolas Boeglin reforzó la preocupación señalando que:

  • Muchas especies del Parque Nacional Braulio Carrillo se movilizan sin tocar el suelo, utilizando las ramas frondosas que cruzan sobre la carretera como corredores naturales.
  • Cortar estos árboles sin prever puentes de lianas u otras estructuras de conectividad biológica implica romper los corredores y poner en riesgo a numerosas especies.
  • Boeglin cuestiona que las autoridades actúen sin considerar las obligaciones ambientales y recuerda que la Sala Constitucional ya ha establecido criterios claros sobre la protección del área en sentencias previas.

Petición urgente

  • Detener de inmediato la tala hasta contar con un análisis técnico verificable.
  • Explicar quién dirige y fiscaliza la intervención en el derecho de vía.
  • Asegurar la protección del ecosistema del Zurquí, conforme a la legislación de áreas silvestres protegidas.

La carta de María Elena Fournier concluye insistiendo en que la situación requiere atención inmediata para evitar daños irreversibles en un parque nacional reconocido por su extraordinaria biodiversidad.

Costa Rica: un país saludable y amigable

Álvaro Vega Sánchez

Convertirnos en uno de los países más saludables y amigables de América Latina es una apuesta atrevida, pero viable. Hemos probado, en década pasadas, que esa aspiración no es ninguna quimera. Nuestros visionarios líderes políticos, sociales y religiosos crearon el cimiento legal e institucional que apuntaba a esa meta.

Por una parte, desde la década de 1940, se creó una legislación de avanzada en materia de salud pública universal y la respectiva institucionalidad, que le brindó el soporte requerido para alcanzar logros encomiables en materia de salud. Una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha sabido brindar servicios universales de calidad, así como una institución de educación superior pública, la Universidad de Costa Rica, que ha preparado a médicos y trabajadores de la salud al más alto nivel profesional, ético y humanista. Las altas calificaciones de los médicos graduados en esta institución, es una prueba contundente de los niveles de profesionalización y competencia alcanzados hasta hoy.

Por otra parte, en el marco de la Junta Fundadora de la Segunda República, se elevó a rango constitucional la abolición del ejército en 1949, y Costa Rica se convirtió así en el primer país desmilitarizado de América Latina y el segundo en el mundo. Asimismo, Costa Rica es la sede de la Universidad para la Paz, creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980. También se estableció la Ley de Neutralidad en 1986. Y el país fue protagonista en la solución del conflicto bélico en Centroamérica en las décadas de 1980-1990.

Cabe destacar también, que el país tiene una trayectoria de solidaridad y hospitalidad con inmigrantes, por motivos políticos y económicos, de muchos países suramericanos y centroamericanos, particularmente con una amplia población que ha emigrado del país vecino Nicaragua. En este aspecto, ha contribuido significativamente a propiciar una convivencia pacífica, inclusiva y afectiva de alcance continental.

Y en materia de cuido y protección de la naturaleza desde hace rato nos convertimos en uno de los países más amigables con la madre tierra, lo que nos ha deparado reconocimientos internacionales. Somos un país “ecológicamente rico”, y esa riqueza la hemos convertido en patrimonio de la humanidad. También visionarios estadistas costarricenses y visitantes extranjeros que hicieron de nuestro país su casa, más bien su jardín, nos han legado el país del 25% de su territorio convertido en áreas protegidas, como parques nacionales.

Hoy, cuando la violencia se intensifica en sus diversas manifestaciones: violencia económica, simbólica, ecológica, política, criminal y social, así como los conflictos bélicos en diversas regiones del mundo, sería un acierto que nuestro pequeño país pudiera levantar la bandera de la convivencia amistosa, pacífica y saludable. Un faro de esperanza en tiempos donde los muros del odio, la avaricia y la frivolidad nos conducen a sociedades violentas, desiguales, insalubres e insostenibles.

A ver si los candidatos y candidatas a presidente para el próximo período de gobierno (2026-2030) asumen este desafío y se comprometen a fortalecer y actualizar la legislación y la institucionalidad en materia de salud y de seguridad públicas, y la promoción de una verdadera cultura de paz, que nos convierta en el mediano plazo en uno de los países más amigables y saludables de América Latina.

Parque Nacional Cahuita: (Co-manejo en debate)

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

El Parque Nacional Cahuita (Sector Playa Blanca) es un símbolo de historia y resistencia. Su modelo de co-manejo, compartido entre el SINAC y la comunidad organizada de Cahuita (ADIC), se formalizó en abril de 2017 mediante un Convenio Marco de Cooperación, bajo el Decreto Ejecutivo N.º 40110-MINAE.

Ese convenio, con plazo de dos años, venció en abril de 2019 y nunca fue renovado. Aquí nace la controversia: ¿Qué pasa con la administración comunitaria sin un convenio vigente?

Lo que sigue vigente:

A.) La ADIC mantiene su lugar como miembro permanente del Consejo Local, con legitimidad en la representación comunitaria.

B.) El modelo de gobernanza compartida continúa reconocido por ley y reglamento.

Lo que caducó:

C.) La habilitación legal para que la ADIC administre donaciones o ejecute proyectos con recursos públicos.

D.) La transferencia de fondos sin convenio vigente carece de sustento legal y puede generar responsabilidades administrativas.

El punto de disputa:

Las donaciones de visitantes:
Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Procuraduría General de la República (PGR) sostienen que constituyen fondos públicos.

Por su parte, la ADIC considera que no lo son, y ha actuado de acuerdo a su tesis.

Nota: Este tema aún no tiene Resolución Judicial Definitiva.

¿Qué significa esto hoy?

Según los citados órganos estatales, el SINAC puede recibir las donaciones en el Fondo de Parques Nacionales, pero no debería transferirlas a la ADIC, sin un nuevo instrumento reglamentario.

Si la comunidad gestiona esos fondos sin convenio, su actuación podría calificarse como ‘gestión de hecho’, con riesgo de nulidad. Y quizás de allí surgieron los Allanamientos y Demandas Penales en curso.

POSIBLES SOLUCIONES:

1. Un Acuerdo de continuidad del Convenio de Comanejo expirado en febrero 2019, avalado por la Contraloría, que dé cobertura legal mientras se negocia una solución de fondo (Un Nuevo Convenio). Sin ello la disputa y demandas penales continuarán.

2. Un nuevo convenio marco entre SINAC y ADIC, que sea claro en responsabilidades y control de fondos.

3 Una reforma reglamentaria permanente (sin fecha de caducidad), que destine un porcentaje fijo de las donaciones al desarrollo comunitario, en reconocimiento a la naturaleza histórica, ancestral y cultural de esa área costera de Cahuita.

En resumen:

La participación política de la comunidad sigue en pie, pero su capacidad de gestionar recursos financieros está suspendida, por disposición de la CGR y PGR.

Para garantizar legalidad y justicia, urge un nuevo acuerdo que combine transparencia, participación y reconocimiento histórico.

El Consejo de Cahuita no es solo un asunto administrativo: Es una lucha por memoria, derechos y futuro comunitario.

Cahuita 09/09/2025

¡Pongamos un ascensor para llegar a la cima del Chirripó!

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo y ecologista, Asoc. PROAL/JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC

Los parques nacionales son áreas de conservación de biobiversidad por cuyas condiciones únicas y frágiles están protegidos y no deben ser alterados. Mantener el 26% del territorio nacional con distintos niveles de protección resulta cada día más difícil; empezando por el desfinanciamiento estatal. A modo de ejemplo para ver el abismo entre discurso verde y realidad, en el 2025 el presupuesto del Ministerio de Ambiente, MINAE, fue de ¢59.092,0 millones, 1,6% menos que 2024. Los gastos corrientes que incluyen salarios y contribuciones sociales de los y las funcionarias se redujeron ¢1.555,3 millones en 2025 con respecto de 2024. El MINAE no pelea contra esto, si no que ayuda a disminuir y hasta anular sus competencias y capacidades, como lo hizo con el proyecto de ley 23.213 para su supuesto “fortalecimiento”, que lo que buscaba deliberadamente era mutilar el ministerio.

Ese debilitamiento a veces incluye chambonadas como la de “instalar una escalinata en los últimos metros de acceso a la cumbre del cerro Chirripó”. Esto es del todo inadmisible porque pretende alterar o intervenir un sitio cuyas características propias limitan el acceso. No todas las personas podemos llegar a todo lado, y esto no es discriminación de ningún tipo. Los ecosistemas nos ponen sus propias limitaciones, y eso es “natural”. Si queremos facilitar el ingreso a éstos, los cambios nunca deben impactarlos severamente; este es un principio elemental e ineludible de la conservación.

En el Chirripó, ciertamente el último tramo de subida a la cima es difícil. Hay personas que llegan a la base y no suben, otras lo intentan y no lo logran, otras suben de “4 patas”, y todo eso es parte de la aventura. Pero igual, se disfrutan otros sitios como Laguna Ditkevi, Valle de los Conejos, Valle de las Morrenas, Crestones, Sabana de los leones, etc., todos en lo alto del parque. Incluso Ventisqueros es muy difícil para algunas personas y no por eso debemos ponerle un pasamanos o una cortina metálica. No todas las personas llegamos a todo lado, ni seremos los hermanos Messner escalando la montaña Nanga Parbat.

Hace tiempo detuvimos la “mágica” idea de construir un teleférico en el Parque Nacional Chirripó que justificaban diciendo que era para dar acceso a más gente. Ningún argumento se sostenía porque no hay forma de justificar una alteración de alto impacto en un ecosistema tan frágil como este parque. Nunca presentaron ningún estudio técnico y, sin embargo, la Municipalidad de Pérez Zeledón lo aprobó. Con ese teleférico de más de 15 kilómetros ya el parque estaría desbordado de todo tipo de turistas y de seguro ya venderían comidas rápidas y gaseosas en la cima del Chirripó.

Los senderos en el Chirripó permanentemente se erosionan; tanto los tres principales de llegada como los de la cima. Pero, darles mantenimiento en lo que corresponde es muy diferente a alterarlos con construcciones que desvirtúan la naturaleza del parque en sí. Esto sólo puede estar asociado con el posible aumento de visitantes y los negocios que, eventualmente, mejoren para las empresas concesionarias que operan los servicios dentro del parque (ya de por sí abundan las quejas por el acaparamiento y reventa de entradas y costos exorbitantes para muchos bolsillos). Nada justifica el tipo de “facilidades” que pretende el ministro. Eso estimularía que más gente vaya y por tanto que aumente la presión sobre los ecosistemas. En terrenos escarpados como la cima del Chirripó, toda la fila Urán y en otros sitios similares, siempre se van a presentar cambios/erosión por agua, viento y movimientos de suelos. Esas son sus cualidades que el cemento ni otros materiales (aunque sean “amigables”) deben sustituir.

Una “escalinata” en la cima del Chirripó sería como que “arregláramos” el río Jäküii/Pacuare porque tiene rápidos peligrosos para mucha gente. En este caso el ministro podría meterle dragas y aplanarle el lecho para hacerlo suavecito y calmado y cambiar a rectas y llanas las orillas para que la gente pueda acercarse con más facilidad. Pero lo cierto es que es sencillamente absurdo pensar en alterar severamente las condiciones naturales de un ecosistema para hacerlo más accesible. No todo el mundo se anima a tirarse al agua en los rápidos categorías 2, 3, 4 y 5 del Jäküii, pero pueden navegar en aguas calmadas (¡de repente en las presas del río Reventazón que fue el más usado para rafting hasta que lo llenaron de represas como las dos más grandes: Angostura/174 megavatios y Reventazón/304 megavatios!). En su vida cada río moldea y rehace sus orillas y su lecho, de tal forma que los cambios son permanentes y “naturales”. Igual los cambios ocurren en cualquier otro ecosistema.

Estas “intervenciones” del MINAE provocan que otros parques nacionales, como el Manuel Antonio, ahora sea como una fiesta patronal o turno abarrotado, o si quieren un centro comercial repleto. Los números son lapidarios: en menos de un año la entrada subió de 1120 a 1568 personas y de 1800 personas que fue el tope hasta el 29 de mayo de 2024 a 2501 (701 más sólo en el último salto). Ya el año anterior la Sala IV había condenado al Estado por permitir que la visitación diaria al Parque Nacional Manuel Antonio se superara en un 267.9%. En el PN Manuel Antonio se sobrevenden las entradas de US$ 5,65 hasta en más de US$100. Las y los empleados del SINAC esculcan los bolsos de la gente en la entrada para que nadie meta ni un “guevo duro” y así no disminuir ni en un peso el negocio privado de comidas, ropa, artesanía y otros chunches, que está en el parque metido como un tórsalo (por cierto, re-caro y la comida de pésima calidad como se pude constatar con turistas de cualquier procedencia). Las multitudes abarrotan todas las playas y bosques y favorecen a quienes usufructúan con el patrimonio natural de Costa Rica privatizado en la práctica con el sexy apodo de “concesión”.

Aunque asuste coincidir con el ministro de Ambiente y Energía, está en lo cierto cuando anota que el PN Chirripó es de “gran importancia tanto desde el punto de vista ecológico, geológico y cultural, lo cual lo hace atractivo para la visitación turística”. Pero pare de contar, porque son esas atribuciones y cualidades del PN Chirripó las que lo hacen un sitio de altísima fragilidad. Si de ideas absurdas se trata, podrían incrustar una escalera eléctrica o un asensor en la llegada a la cima, lo cual implicaría clavar torres y tirar líneas de transmisión, ¡que sin duda llevarían progreso al páramo! Repito, no podemos llegar a todo lado y no debemos admitir propuestas demagógicas sobre más y mejores accesos, que lo que esconden es mayor mercantilización de nuestras áreas silvestres (des)protegidas.

El ministro debería estudiar o pedir que le expliquen todas las cualidades insustituibles del PN Chirripó y así tal vez deseche su escalerita (¡aunque pienso en Gandoca-Manzanillo y pierdo la ilusión pues está más que demostrado que los negocios y las ocurrencias le ganan a la inteligencia, la cordura y la conservación!).

¿Se necesita una ley para modificar los límites del Parque Braulio Carrillo y la Ruta 32?

Por Bloqueverde

En relación con los anuncios recientes del MINAE sobre estudios que plantean la ampliación del derecho de vía para la intervención de la Ruta 32, es necesario precisar varios aspectos:

Rodrigo Chaves en primer momento estuvo en lo correcto. Se necesitaría una reforma legal para intervenir el Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC), aunque luego se dejó convencer por Franz Tattenbach, el cual lo induce a error planteándole que pueden hacerlo sin pasar por la Asamblea Legislativa.

Aproximadamente se intervendrían más de 125 hectáreas de PNBC, según el plan del ministro Tattenbach 25 metros de cada lado de supuesto derecho de vía. Una modificación de esta magnitud requiere un proyecto formal de redefinición de límites, respaldado por estudios suficientes y acompañado de medidas de mitigación y compensación para desafectar un área protegida.

No obstante, el ministro de Ambiente parece optar por una vía irregular y apresurada, consciente de que al gobierno le quedan pocos meses y de que, por esa ruta, no logrará consolidar una solución de largo plazo. Sus decisiones no reflejan una defensa firme de lo ambiental, sino más bien una postura complaciente hacia intereses empresariales e infraestructurales. En la práctica, actúa más como funcionario del MOPT o de la UCCAEP que como jerarca del MINAE.

Resulta vergonzoso que un ministro de Ambiente celebre la posibilidad de “meter tractores y sierras en un parque nacional” y afirme que ya no existe ningún problema porque, según un estudio de escritorio, el parque “pierde” hectáreas que serían sacrificadas sin ninguna compensación ambiental. Es ingenuo e irresponsable suponer que un procedimiento administrativo borra de un plumazo ecosistemas frágiles, bosques y fauna silvestre. Es un razonamiento más propio de un ministro de magia o hechicería.

Debe aclararse que estos no son estudios finales ni integran de manera adecuada la variable ambiental, ya que no han pasado por ningún proceso de evaluación público en ese sentido. Lo que se observa es un intento de forzar la legislación para ampliar el derecho de vía y así “desafectar” áreas de un parque nacional sin pasar por el procedimiento que corresponde en la Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, no se ha presentado un diseño final de las obras, lo que impide garantizar que, además de los aspectos técnicos de la carretera, se contemplen medidas de salvaguardia ambiental reales y efectivas.

Es importante recordar que la definición de los derechos de vía está regulada por ley y no puede modificarse arbitrariamente mediante disposiciones administrativas de menor rango. Pretender hacerlo sin una reforma legal carece de fundamento, sería irregular y, además, constituiría una regresión ambiental, es decir, un retroceso en las garantías de protección de la naturaleza.

Modificar los límites de un parque nacional bajo la figura de derecho de vía no puede hacerse de manera irrestricta: debe existir razonabilidad, proporcionalidad y una justificación sólida. Estamos hablando de un área de altísimo valor ecológico, y lo que aquí se decida sentará un precedente crítico para el futuro de todas las áreas protegidas del país.

No se debe olvidar que la construcción de la Ruta 32 interrumpió procesos ecológicos fundamentales, inestabilizó montañas enteras y generó impactos que aún hoy persisten en forma de derrumbes. La carretera ocasionó una ruptura total en la conectividad del área, partiendo el ecosistema en dos y desencadenando múltiples consecuencias ecológicas, entre ellas los cientos de atropellos de fauna reportados cada año. Todo esto fue producto de decisiones tomadas únicamente desde la lógica de la ingeniería y los costos económicos, sin integrar de manera seria la dimensión ambiental.

Por estas razones, cualquier modificación debe ser evaluada por instancias como la SETENA y pasar por espacios de participación social que garanticen el derecho constitucional a un ambiente sano, así como los derechos de participación ciudadana y los propios de la naturaleza. Esto es aún más urgente si se considera que el actual ministro de Ambiente ha demostrado una total falta de voluntad para defender lo ambiental, privilegiando intereses ajenos a la conservación.

Los estudios a los que aluden el MINAE y el MOPT no pueden limitarse al plano ingenieril: deben ser públicos y sometidos a escrutinio ciudadano, incorporando variables ambientales y medidas claras de protección. Si las obras implican intervenir ecosistemas con especies endémicas o modificar cursos de ríos y quebradas, debe asegurarse que el daño ambiental sea mínimo y que se priorice mantener la integridad del Parque Nacional.

Existen alternativas para no impactar más el Parque Braulio Carrillo y hacer que las personas y mercancías pueda transitar desde el caribe hasta el Área Metropolitana y viceversa. El olvidado tren a Limón es una muy buena manera. Reactivaría una forma eficiente en materia ambiental de transporte público sino además traería nuevos encadenamientos económicos. Sistemas de transporte que todos los países comprometidos con el transporte público tienen

En conclusión, cuando se presenten los diseños finales de intervención, estos deberán ser de acceso público y sujetos a un debate amplio, evitando que se consolide un daño ambiental irreparable y que se sienten precedentes de regresión en la protección de nuestros parques nacionales.