El programa Alternativas, producido por el Colectivo Reflexión – Acción, presentará este 12 de septiembre de 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica, -6 UTC), un panel dedicado a responder la pregunta: ¿Qué pasa hoy en Argentina?
La transmisión se realizará en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, con la participación de un panel internacional conformado por:
Norberto Galiotti “Champa”: secretario político del Partido Comunista de la Argentina en la Provincia de Santa Fe y miembro del Comité Central del PCA.
Jorge Coronado Marroquín: sociólogo con estudios en Ciencias Políticas en la UCR, economista político de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín, Alemania.
Francisco González: docente e investigador universitario, especialista en integración regional en la Universidad de Tres de Febrero, Argentina. Abogado en la Universidad Central de Venezuela y comentarista en medios nacionales e internacionales.
Luis Ángel Salazar Oses: profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED.
El espacio Alternativas se transmite desde 2017 bajo la consigna “pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores”, y cuenta con el apoyo de diversas emisoras amigas: Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, Ondas de Alajuela y Alajuela Radio.
La guerra comercial que desató Donald Trump con la suba de aranceles golpea los mercados en todo el mundo y le pega de lleno a la Argentina. Los ADRs de papeles argentinos que cotizan en Nueva York registran fuertes caídas y en algunos casos superan el 15%, y a la par sube el Riesgo País por encima de los 900 puntos y se hunde el Merval se hunde casi 10%. El dólar se mantuvo estable en el primer tramo de la jornada. Ver la nota completa en este enlace: Página12
“Había que salir a la calle” dice la voz en off del actor argentino Guillermo Francella, mientras un mar de gentes inunda las inmediaciones del Obelisco, en Buenos Aires. “Nosotros éramos el tsunami”, dice mientras se suceden las imágenes de una Argentina desbordante, sufriente, altiva, luchadora, en el mundial de fútbol de Qatar en 2022.
Un documental epidérmico y profundo como pocos, es el que llegué a ver tardíamente dos años después de su estreno. “Muchachos: la película de la gente” es una producción dirigida por Jesús Braceras, que intercala en varias ocasiones imágenes de los distintos partidos que la selección de fútbol de aquel país jugó en ese mundial, con videos de las y los aficionados en sus casas, transporte público, restaurantes, bares, altares. Una antropología de las emociones.
El resultado ya todos los sabemos.
Pero eso es una anécdota alrededor de lo que implica una actividad que, como pocas, puede generar en algunas ocasiones un pacto social a prueba de todo ataque, de todo intento de disolución.
Porque sí. El fútbol en Argentina es un acto devocional y el más político de los actos fuera de la cosa orgánica, esa que hizo instalar una figura que supo traducir el enojo y el descontento colectivo, en un discurso sospechosamente incluyente, absolutamente populista.
No sé por qué razón el ejemplo me sobrecoge y un temblor extraño recorre mi cuerpo. Quizá sea la cercanía de esa deriva para el caso costarricense.
“Había que salir a la calle como tantas veces” continúa Francella en una narración soberbia, que no necesitó sobreponerse a las imágenes. Durante muchos minutos su voz se apaga para dejar emerger el color, la intensidad, el brillo, el abrazo.
Y también dejar escuchar una soberbia banda sonora que acompaña la producción: “no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar”, dice una de las piezas.
Nada más puntual que esto.
Si. Fue ese momento una válvula de escape para el pueblo argentino. Ese pueblo, no el que inventan los populismos cualquiera sea sus extremos.
La relación entre fútbol y política no siempre nos trae recuerdos felices. La misma Argentina campeona del mundo de 1978 fue testiga de uno de los horrores jamás cometidos por dictadura alguna contra su gente.
Por si acaso, recomiendo la película “La noche de los lápices” que muestra la crudeza con la que el general Jorge Rafael Videla, ese mismo que entregó a Daniel Alberto Pasarella la copa del mundo, hizo trizas literalmente a sus adversarios políticos, desapareciéndolos, matándolos. Y rasguña las piedras, la canción emblemática de Sui Generis. escúchenla. Siéntanla.
Salir a la calle en un contexto así es complejo de explicar. Por eso en el documental narrado se muestran imágenes de la “Argentina del Corralito” a inicios de la década de los 2000, una de las peores crisis económicas que cualquier país latinoamericano haya experimentado en este siglo.
“Ahí la gente salió a la calle por otras razones”, explica el actor. Salió porque su bronca ya no le permitía quedarse en casa.
Y su misma voz vuelve a significar la importancia del fútbol como herramienta para el abrazo y el reconocimiento colectivo. Eso, solo eso, equilibra la balanza de una actividad transnacional que genera muchas desigualdades, mucha violencia de género, mucho racismo.
Si esas cosas no son reparadas, seguiremos hablando de ese deporte desde las luces y las sombras.
En junio de 2024, en una mesa de lectura poética en la hermosa Ciudad hondureña de Cantarranas, la querida poeta y gestora cultural Marta Miranda iniciaba sus intervenciones preguntando a los niños, niñas y jóvenes por Messi o Maradona. El clic era inmediato. El lenguaje universal no necesitaba explicación.
En una sociedad como la costarricense, que necesita urgentemente una válvula de escape, es necesario volver a reconocernos en lo colectivo, salir a la calle a defender esta particular forma de llamarnos país. Si es el fútbol que pueda articularnos, bienvenido sea. Porque a falta de opciones orgánicas, lo pasional podría más. Lo sé.
Mientras tanto reinventémonos a toda escala, que los desafíos por venir necesitarán más que un balón para lograr vencerlos.
El ministro Caputo confirmó que el gobierno argentino solicitó al staff del FMI una cifra de 20.000 millones de dólares en el marco del acuerdo que se discute con el organismo internacional.
Los dichos del ministro ocurren en momentos de fuerte presión para una devaluación de la moneda local.
Vale recordar que el ministro habló hace unos días con la intención de calmar los ánimos y presiones sobre el tipo de cambio y la embarró, ya que aludió a que “habría cambios” en la política cambiaria.
Con esa noticia, los operadores en el mercado de cambio, una minoría con capacidad de ahorro e inversión, salieron a dolarizarse, elevando los tipos paralelos, que superaron los 1.300 pesos por dólar, quebrando la lógica de la tablita (1% mensual).
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) emitió un comunicado en el que repudia la represión ejercida por fuerzas de seguridad durante una manifestación de personas jubiladas en Argentina.
En el documento, SERPAJ exige al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich que respeten el derecho a la protesta y les recuerda que «los Estados tienen la obligación de garantizar derechos, no violarlos».
Según la organización, cada miércoles la población jubilada sufre violencia durante sus manifestaciones. El comunicado señala que, en esta ocasión, al contar con el acompañamiento solidario de diversos sectores e hinchadas de varios clubes de fútbol, se desplegó un operativo policial de gran magnitud que dejó como resultado numerosas personas golpeadas, gravemente heridas y detenidas.
SERPAJ manifiesta que esta situación genera dudas sobre la existencia de un Estado de derecho y de un sistema democrático representativo en el país. La organización exige que el Estado nacional disponga los medios necesarios para encarcelar y enjuiciar a quienes considera responsables materiales y políticos de lo que califican como una grave violación a los Derechos Humanos.
El comunicado concluye con la frase «Nunca Más es Nunca Más», emblema de la organización fundada por Adolfo Pérez Esquivel, -Premio Nobel de la Paz 1980-, y que este año cumple 45 años de existencia.
Las personas y organizaciones firmantes queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de medidas y acciones que está tomando el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, y que tendrán efectos negativos para su población como para todo nuestro continente y que, además, atentan contra el espíritu de la Proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que el año 2014 declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
1 – El gobierno del presidente Javier Milei solicitó, en abril del 2024, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que Argentina sea socio global de esta alianza militar. Con este fin, el ministro argentino de Defensa, Luis Petri, se reunió en Bruselas con el secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, y le presentó una «carta de intención” con esta solicitud. Es importante recordar que la OTAN es una alianza militar que ha demostrado a lo largo de su historia un curriculum de asesinatos contra pueblos hermanos. Las intervenciones militares de la OTAN en la ex Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria han violado los principios esenciales del derecho internacional. Su participación también en la guerra de Ucrania ha alimentado y prolongado una guerra que desde el comienzo se debió resolver mediante el diálogo y negociaciones de paz.
2- Asimismo, el anuncio de la construcción de una “base naval conjunta” entre Argentina con el Comando Sur de los EEUU, en la ciudad de Ushuaia, como la firma de un Memorándum de Entendimiento, del 7 de marzo de 2024, entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU y la Inspección General de Puertos S.E de Argentina, la que habilita la construcción de una base militar a la vera del río Paraná, son acuerdos que violan la soberanía argentina al operar una fuerza extranjera en territorio argentino. Apoyamos la campaña del NO a las bases militares extranjeras en América ni en El Caribe.
3 – En diciembre de 2024, mediante decreto el gobierno del presidente Javier Milei dispuso que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada pueden intervenir en asuntos de seguridad interior, en el resguardo de “objetivos de valor estratégico” los que serán definidos por el mismo ejecutivo. Al mismo tiempo, establece que las Fuerzas Armadas no sólo deben intervenir ante ataques de otros Estados, sino también ante agresiones o amenazas de “organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones trasnacionales”. Estos decretos son un claro retroceso y un peligro que nuevamente las Fuerzas Armadas, bajo cualquier pretexto del gobierno, vigilen y repriman a la población civil de su propio país y vuelvan a cometer graves violaciones a los derechos humanos.
4 – A lo anterior, se suma que el gobierno de Milei ha vuelto a reponer los envíos de militares argentinos a entrenamiento a WHINSEC, la sucesora de la Escuela de las Américas donde, entre otros, se entrenaron los dictadores argentinos Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Roberto Viola.
5 – Finalmente, manifestamos nuestra solidaridad con todo el pueblo argentino, con las organizaciones sociales y de derechos humanos, con los sitios de memoria, que permanentemente son atacados, con distintas medidas, por el gobierno del presidente Javier Milei.
Firman,
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Chile; Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos; Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Convida 20; Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW-Chile); Comité Oscar Romero SICSAL-Chile; Comité de Solidaridad Óscar Romero de Tarragona y Reus, España; Revista El Derecho de Vivir en Paz; Unión Bicentenaria de los Pueblos (UBP), Chile; Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos – Capítulo Brasil; Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil; Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – Conpazcol; Escuela Permanente PRAIS, Chile; Corporación 3y4 Álamos, Chile; Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular de El Salvador; Iglesias por la Paz, México; Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Oscar Arnulfo Romero – SICSAL – México; Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile; Fundación Pueblo Indio, Ecuador; Fundación Escuela de Paz Colombia; Comité Asamblea Constituyente Chile-Bélgica; Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutado Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta por la Memoria Histórica de Antofagasta, Chile; Frente Comunicacional Anti Imperialista de Nuestra América; Mesa Ecuménica por la Paz – MEP – Colombia; Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC –; Organization in Solidarity with the Guatemalan People. Revival. Guatemala-Norteamérica; Fundación Cultural ARTIS, Ecuador; SERPAJ-Costa Rica; SERPAJ-México; SERPAJ – Paraguay; Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, Chile; AfroClimaCC, República Dominicana; Alianza CONVIDA-20; Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica; Fundalatin, Idhes y la Fundación Maruxa Silva, Venezuela
Firmas individuales: Alicia Lira Matus, presidenta de AFEP, Medalla de DDHH y democracia 2023 de la U.de Chile; María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Julio Yao, Presidente Honorario y Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP); Pablo Ruiz, periodista, paz y derechos humanos; Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile; Georgina Valdovinos Navarro, Chile; Félix Madariaga – Editor www.elindoamericano.cl, Chile; Carmen Diniz, Brasil; María Eugenia Mosquera Riascos, Colombia; Alfonso Insuasty, grupo editorial e investigación Kavilando, Red Interuniversitaria por la paz Redipaz; Juan Alonso Reyes Caceres, Chile; Norma Elena Bregagnolo, Argentina; Manuel O Caceres, Argentina; Nidia Arrobo Rodas, Ecuador; Daniela González López, Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, México; David Barrios Rodríguez, docente universitario, México; Juan Pablo Pérez, Chile; David Barrios Martínez, México; Olivia Gómez, México; Romina Martínez Velarde, México; Gerardo de la Fuente Lora, México; Hraste Aguilar Iván, France; María Rita Rodríguez Saldaña, México; Maria de los Angeles Pensado, México; Denise Melendez Cordova, Chile; Mario Venegas, Estados Unidos; María Elena López Gallardo, SICSAL, México; José A. Amesty Rivera, Costa Rica-Venezuela; Luis Alonso Vargas Ramirez, Costa Rica; Miguel Orduña Carson, México; Verónica Espinoza Hernández, Chile; Eidy Estacio Grueso, Colombia; Teofanes Josefina Santiago Santiago, México; Ana María Arenas Romero, Costa Rica; Juana Patricia Zavala Matulic, Chile; Luis Javier Angulo Talavera, Perú; Jorge Gálvez, Presidente Unión Bicentenaria de los Pueblos, Chile; Marcos Cruz García, Chile; Viviana Gysling Caselli, Chile; Monica Laucirica, Chile; Marcela Zamora Cruz, Costa Rica; Neris Gonzalez, El Salvador; Ricard Sánchez Andrés, España
Puedes apoyar con tu firma personal y/o de organización en:
El documento está firmado por Claudia V. Rocca, presidenta de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas y por Cristina Caamaño Iglesias Paíz, rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.
Las placas fueron eliminadas del Salón de los Derechos Humanos en el Palacio de Justicia. Con base en el derecho al acceso a la información pública se pide indicar los detalles de ese hecho.
El Salón de los Derechos Humanos es un importante espacio icónico de la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. En ese lugar se realizó el juicio a las juntas militares.
SURCOS comparte la carta:
30 de diciembre de 2024
Al Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Horacio Rosatti
Nos dirigimos a usted y, por su intermedio, a los demás integrantes del máximo Tribunal que Ud. preside, a fin de solicitarles tengan a bien informar a quienes suscribimos la presente, como así también a la sociedad argentina toda, la razón o circunstancia por la cual han sido removidas las placas que estaban emplazadas a ambos lados de la Puerta 2045 de la Planta Baja del Palacio de Justicia -Talcahuano 550 de esta ciudad- y que, como es de público conocimiento, hasta hace aproximadamente tres (3) meses atrás señalizaban un importante espacio icónico de la Memoria/Verdad/Justicia de nuestro país y el mundo entero: el Salón de los Derechos Humanos. Para ello, invocamos el derecho al acceso a la información pública que nos asiste de acuerdo con lo previsto en la Ley Nacional N° 27.275, tanto en lo personal como en representación de los colectivos aunados en las organizaciones que encabezamos y citamos al pie.
Dicha histórica Sala de Audiencias, según tomamos conocimiento, sería administrada por la Habilitación de otro de los tribunales que desarrollan sus actividades judiciales también en el más popularmente llamado Palacio de Tribunales. Cuenta con ambas placas desde hace más de diez años, una a la derecha de la puerta de entrada, con la leyenda que la identifica, y la de la izquierda, haciendo mención de los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en realidad fue un regalo a la Corte Suprema que usted encabeza. La sala fue bautizada así por su importancia en la lucha contra la impunidad y por la necesidad de investigar la verdad y castigar los crímenes de lesa humanidad. Y es tristemente célebre, como hubiera dicho el escritor Ernesto Sábato, porque en 1985 se llevó a cabo en ella el «Juicio a las Juntas Militares».
Por todo ello es que, solicitamos a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), como máximo tribunal de la República Argentina y órgano máximo del Poder Judicial, que entre sus funciones se encuentran: asegurar la supremacía de la Constitución, ser el intérprete final de la Constitución Nacional, y custodiar los derechos y garantías de la Constitución Nacional; nos haga llegar la información solicitada.
Asimismo, le pedimos nos haga saber también las actividades previstas o a agendar por el Tribunal Supremo para 2025 relativas a la manda de la Acordada 42/08, como así también de la Comisión Interpoderes que desarrollaría su actividad en torno a estas cuestiones.
Agradeciendo su atención, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente,
Dra. Claudia V. Rocca Presidenta de la Rama Argentina De la Asociación Americana de Juristas
Cristina Caamaño Iglesias Paíz Rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo
El 27 de septiembre de 2024 se llevó a cabo el panel titulado «Argentina Actual y sus Perspectivas», mediante el espacio del Programa Alternativas.
Este evento contó con la participación de destacados panelistas, quienes analizaron la situación actual de Argentina y ofrecieron diversas perspectivas sobre el futuro del país.
Entre los invitados se encuentra Matías Caciabue, analista en CLAE-NODAL, quien aportó su visión sobre la coyuntura argentina. También estuvo presente Roberto Fragomeno, filósofo argentino-costarricense y profesor jubilado de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo enfoque académico enriqueció la discusión. Por su parte, Lucía Rincón Soto, filósofa y profesora en la UCR y la Universidad Nacional (UNA), especialista en pensamiento latinoamericano, brindó un análisis profundo desde su perspectiva como doctora en esta área. Finalmente, Roberto Herrera, filósofo e investigador del marxismo y el pensamiento político latinoamericano, contribuyó con su conocimiento en teoría política.
Este programa ha sido elaborado por el colectivo Reflexión-Acción Alternativas, una iniciativa comprometida con la construcción de un país más justo.
El programa fue transmitido en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, lo que permite a una audiencia global participar en la discusión. Además, se retransmitió por varias emisoras de radio.
El panel se enfoca en temas relacionados con la filosofía, la política y el pensamiento crítico, abordando la situación actual de Argentina desde una perspectiva latinoamericana, con la participación de académicos que tienen una profunda experiencia en la región y sus dinámicas sociopolíticas.
El comité ejecutivo del Consejo de Rectores de las universidades públicas argentinas anuncia su adherencia a la marcha para defender la universidad pública argentina el 2 de octubre a las 5 de la tarde hacia la Plaza de los Congresos.
Esta marcha tiene como fin solicitar la promulgación de la ley de financiamiento universitario, y, en el caso de que se diera un veto por parte del presidente, Javier Milei, la marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar esta ley.
Se menciona que desde hace 20 años no se daba una situación en la que trabajadores y trabajadoras de este sector estaban por debajo de la línea de pobreza.
La ley no pone en peligro el equilibrio fiscal, e ir contra esta ley necesaria para la subsistencia de la educación superior pública destruye la excelencia académica de las casas de estudio y ataca el pilar fundamental de irrestricto acceso a la educación, trayendo abajo las becas y no permitiendo que los estudiantes si quiera puedan pagar el transporte del dia a dia
Se advierte como, si no hay universidades que formen a la juventud, qué clase de país se va a tener, la pregunta es de ciudadanía, del futuro de un país, el cual empieza en la educación. (Esto no solo es verdad en Argentina, sino también en Costa Rica y el resto del mundo, sin educación, no hay progreso ni futuro, y las administraciones recortistas buscan traerse esto abajo).
Este comité llama a toda la comunidad universitaria y a la sociedad argentina a darle un mensaje contundente al presidente: la educación pública no se toca.
Le invitamos a ver el video en el cual rectores y dirigencia estudiantil de Argentina exponen la situación, similar a la que se presenta en Costa Rica.
Los diputados oficialistas Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo posan junto a condenados por crímenes de lesa humanidad, 11 julio 2024. (Publicada originalmente por Clarín)
El gobierno toma medidas contra las políticas de memoria sostenidas durante 40 años de democracia, mientras diputados oficialistas visitan a presos condenados por crímenes de lesa humanidad.
Daniel Cholakian
El pasado 11 de julio, se conoció que seis diputados del partido del Presidente Javier Milei visitó a un grupo de represores condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura en Argentina. Con el correr de los días, se supo que lejos de ser un relevamiento sobre las condiciones de detención, como manifestaron los legisladores, se trató de un encuentro relajado con los detenidos, alojados dentro de un pabellón especial en una cárcel de máxima seguridad.
Estos 12 convictos, con quienes los funcionarios se sacaron una amistosa foto grupal, “suman condenas por 4.482 casos de secuestro, asesinato, desaparición forzada de personas, torturas, violaciones y apropiación de bebés nacidos en cautiverio”, según informó el diputado opositor Hugo Yasky en un entrevista. “Lo que hicieron allí fue discutir distintos planes a través de leyes o a través del decreto para amnistiar o lograr la libertad de los represores. Forma parte de un plan orquestado por el gobierno que está en ejecución”.
La información que surgió tras conocerse la novedad puso en evidencia este intento gubernamental por avanzar en la liberación de los condenados por estos delitos. “Hay que estudiarlo. Me produce mucha indignación la situación de estas personas, que merecerían morirse en su casa de la mano la esposa. Que pasen sus últimos días como corresponde. Eso es humanidad”, dijo días después el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la posible libertad de los represores.
«Lo que el funcionario no mencionó es que solamente uno de cada cinco condenados por crímenes aberrantes permanece detenido; el 80 por ciento de ellos tiene formas morigeradas de prisión domiciliaria».
Lo que el funcionario no mencionó es que solamente uno de cada cinco condenados por crímenes aberrantes permanece detenido; el 80 por ciento de ellos tiene formas morigeradas de prisión domiciliaria. Quienes están detenidos no conviven con presos comunes, y quienes tienen prisión domiciliaria tiene permiso para salir de sus casas sin control sobre el cumplimiento de esta modalidad de condena.
Félix Crous, miembro de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, dijo “quienes están presos tienen condiciones de absoluto privilegio respecto a cualquier otro detenido. Están alojados en un una suerte de barrio privado. Quienes están en prisión domiciliaria están prácticamente libres, gracias a la permisividad de los tribunales a cargo del cumplimiento de la pena”.
Esa visita fue un paso más en la estrategia del gobierno de Milei por borrar la memoria sobre la represión cometida contra el pueblo argentino. La administración actual simpatiza con la dictadura, el presidente negó que la represión militar haya dejado 30.000 desaparecidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un militar que participó en la represión, forma parte de organizaciones que reclaman la libertad de los presos.
Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la comisión directiva del Centro de Estudio Legales y Sociales, aseguró que “desde que asumió el gobierno vemos un proceso de desmantelamiento de políticas públicas que nos habían permitido avanzar desde la recuperación de la democracia. Tenemos políticas de memoria, verdad y justicia que tiene una historia de 40 años”. Bajo Milei, estas políticas están amenazadas.
Pasos hacia la reivindicación de los represores
Para Analía Kalinec, hija de un represor condenado y miembro del colectivo “Historias Desobedientes”, la estrategia de liberar detenidos va más allá de la supuesta humanidad que declama el ministro de justicia, busca negar que tales crímenes se hayan cometido. “No solamente secuestraron, desaparecieron, anularon las ideas y los sueños, sino que además ahora niegan que lo hicieron. Para eso necesitan la impunidad”, afirmó. La pertenencia a la intimidad de los condenados le permite conocer sus intenciones. “Como familiares de genocidas, tenemos mucho para decir acerca de estos criminales, e insistimos en su falta de arrepentimiento, en su negativa a aportar información acerca del destino de los detenidos desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio”.
El contexto en el que se inscribe la visita a los detenidos es el de una serie de decisiones menos visibles que ha tomado el gobierno en los últimos meses. A fines de marzo el ministro de defensa Luis Petri desarticuló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas. Este grupo trabajaba en la asistencia del Poder Judicial y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en las causas por delitos de lesa humanidad que hubieran involucrado a personal militar. Esta unidad produjo en 15 años cerca de 200 informes para la justicia, analizando 17.000 legajos en los registros del ministerio de defensa. Además proveyó de información a la CONADI en investigaciones sobre casos de robo de bebés nacidos en campos de concentración.
En mayo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich se negó a contestar un pedido de información de la CONADI que, dotado de las atribuciones legales para solicitar estos datos, buscaba tener acceso a 70 legajos. Para negarse a cumplir con la ley la ministra consideró que era una “demanda de información indiscriminada” y que contenía “infundadas solicitudes de un organismo militante”. La CONADI no es un organismo militante, sino que fue creado por ley hace más de 30 años. Esta decisión anticipaba un decreto que el gobierno acaba de publicar, dando un golpe casi letal a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.
En los últimos días del mes de junio, se produjo otra importante novedad en contra de las políticas de memoria: fueron despedidos 82 trabajadores de la secretaría de derechos humanos, que depende del ministro Cúneo Libarona. Doce de ellos trabajaban en el Archivo Nacional de la Memoria y 28 en los Espacios de Memoria instalados en los centros clandestinos de detención y dependientes del estado nacional. Estos espacios quedaron prácticamente imposibilitados para continuar su tarea de restauración, preservación y articulación educativa.
Según Crous, los ERyA, la información de los legajos de las fuerzas de seguridad, el Archivo y los Espacios de Memoria fueron nodos de recopilación de información documental dentro del propio estado, que sirvieron para que jueces y fiscales llevaran adelante las acusaciones. “Todo lo está desactivando sin necesidad de dictar leyes o decretos”, dijo el fiscal. “Solo toman medidas administrativas. Con no renovar contratos de empleados públicos logran una política de destrucción inteligente y silenciosa”.
El golpe de gracia a la búsqueda de niños nacidos en cautiverio
La CONADI es el organismo del estado creado para colaborar en los casos de sustitución de identidad de menores, especialmente “de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres”. El organismo colabora con la justicia en la investigación administrativa sobre estos casos, pudiendo pedir información a distintos organismos públicos, y solicitando al Banco Nacional de Datos Genéticos que realice estudios para evaluar si pueden ser los niños buscados, aquellos nacidos durante la detención ilegal de sus madres.
En 2004 se creó la “Unidad Especial de Investigación de La Desaparición de Niños como Consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado” dentro de la CONADI, que fue esencial para mejorar y sistematizar la búsqueda de los niños robados en cautiverio. Esta unidad fue recientemente eliminada por decreto firmado por Cúneo Libarona y Milei el día 13 de agosto. Aquello con sus actos habían anticipado el ministro de defensa al desmantelar el ERyA y la ministra de seguridad al negarse a responder a los requerimientos sobre legajos de las fuerzas a su cargo, lo confirmaron ahora en una resolución legal. En los considerandos del texto indican que la investigación debe quedar a cargo de la justicia, pero como explicó Torras, “en los últimos años, los casos que se han logrado resolver en relación con la apropiación en un 90 por ciento surgen de gestiones de la CONADI y no el Poder Judicial”. Esto implica que la resolución es un golpe durísimo contra la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Borramiento de memoria
Para Yasky, “hay un intento de revertir todo lo que constituyó una política de Estado, desde la recuperación de la democracia a la fecha, que con mayor o menor entusiasmo cumplieron los gobiernos de distinto signo”. Torras sostiene que este intento de desandar ese camino y combatir las verdades que se conocieron a través de años de procesos judiciales demuestra que “los temas vinculados con la última dictadura entran dentro de la agenda de restauración cultural del gobierno, tiene similitudes con la perspectiva que la propia dictadura tuvo de sí misma”.
«El ensayista y docente universitario Alejandro Kaufman sostiene que las acciones de la dictadura argentina se inscribe en una modalidad extrema de la opresión, propia del siglo XX, que es exterminio de un grupo social».
El ensayista y docente universitario Alejandro Kaufman sostiene que las acciones de la dictadura argentina se inscribe en una modalidad extrema de la opresión, propia del siglo XX, que es exterminio de un grupo social. Es en la destrucción de los cuerpos donde se borra toda construcción social cultural. La desaparición de los mismos sería un dispositivo central para ese borramiento.
“La memoria es la restitución de la verdad y la justicia que fueron destruidas en el acto originario,” Kaufman dijo en una entrevista. “No hay ninguna memoria completa, sino perpetración de genocidios que se interrumpen en su ejecución pero que no concluyen en su designio, por ello el crimen es imperdonable e imprescriptible. Así la perpetración habrá de ser también transgeneracional”.
La memoria es un hecho emancipador frente al acto de extrema opresión. La acción política del gobierno negacionista argentino no es re escribir esa memoria, sino borrarla. “El derecho a la existencia requiere condiciones sociales, políticas, jurídicas y educativas que son desafiadas por los opresores, en la actualidad bajo la forma de un auge ultraderechista y neofascista que viene a destruir por completo todo lo logrado, con el fin de restaurar un orden anterior a la modernidad”, concluye Kaufman, enlazando lo que sucede en Argentina con el programa de las derechas a nivel global.
En esta tensión entre la búsqueda de construir memoria para avanzar con la justicia y la reparación, y la política de borramiento que habilite un régimen de opresión donde el derecho a la existencia pueda estar en cuestión, la resistencia continúa. Así lo propone Kalinec al concluir “si las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo pudieron en un contexto mucho más adverso, cómo no vamos a poder nosotros ahora”.
Daniel Cholakian es sociólogo y periodista especializado en América Latina.
