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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Costa Rica Ambiental

Profesor Cristian Marrero
Buen Vivir Costa Rica

La Madre Tierra no es un recurso, es un ser vivo con derechos: derecho a la vida, al agua limpia, al aire puro, a un suelo fértil, a la diversidad biocultural y a vivir en paz.

Reconocer legalmente estos derechos no es solo un acto simbólico, es un paso decisivo para garantizar un país sostenible, justo y en equilibrio con la naturaleza.

Hoy, más que nunca, queremos que la Asamblea Legislativa incorpore los Derechos de la Madre Tierra en nuestra normativa. Porque si queremos disfrutar de una Costa Rica Ambiental, debemos habitar con respeto y defender juntos la vida en todas sus formas.

Súmese, comparta y apoye este llamado.

Proponen declarar Benemérita de la Patria a Filomena Navas Salazar, lideresa indígena Bröran

Integrantes del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas 2022-2026 presentaron un proyecto de ley para declarar Benemérita de la Patria a doña Filomena Navas Salazar, mujer indígena del pueblo Bröran, en reconocimiento a su legado en la defensa de los derechos humanos, la promoción del liderazgo femenino, la protección del territorio indígena y la preservación del conocimiento ancestral.

Nacida el 7 de julio de 1926 en Térraba de Buenos Aires, Puntarenas, Filomena Navas destacó como lideresa comunal y defensora de los derechos colectivos. Fue la primera mujer indígena en Térraba en ejercer el derecho al voto en 1953, impulsando desde entonces la participación política de las mujeres. También se involucró en juntas de educación, comités de salud y pastorales, promoviendo la construcción del puesto de salud de su comunidad y la defensa del territorio Bröran frente a la deforestación.

Además de su liderazgo político y social, Filomena preservó y transmitió saberes ancestrales: dominaba la lengua Bröran, la medicina natural, la cocina tradicional y las técnicas de hilado con tintes naturales. Fue reconocida por recorrer largas distancias llevando medicinas, apoyar la construcción del acueducto local y fomentar la educación de la juventud, incluso colaborando con el Colegio de Buenos Aires en tiempos en que era el único centro educativo en la zona.

El proyecto de acuerdo resalta que su vida es ejemplo del papel fundamental que desempeñan las mujeres indígenas y rurales en la organización comunitaria, la seguridad alimentaria, la preservación cultural y el cuidado de los bienes comunes. La declaratoria, subrayan las proponentes, sería un acto de justicia histórica y reparación simbólica hacia las mujeres invisibilizadas en los relatos oficiales.

Doña Filomena Navas Salazar falleció en 2006, pero su legado perdura en su familia, especialmente en sus hijas, quienes hoy también son lideresas comunitarias. Con este reconocimiento, se busca visibilizar su aporte y el de tantas mujeres indígenas que han sido pilares en la construcción social y cultural de Costa Rica.

La imagen de doña Filomena que acompaña esta nota fue aportada por su hija, la también lideresa indígena Elides Rivera Navas.

En memoria del pensador humanista Mario Luis Rodríguez Cobos – Silo

Este día se conmemora el fallecimiento del pensador y promotor del Movimiento Humanista Mario Luis Rodríguez Cobos, conocido como Silo, quien falleció el 16 de septiembre de 2010.

A propósito de esto, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, guardó un minuto de silencio.

Como homenaje, SURCOS transcribe el Acta N.º 88 del 7 de octubre de 2010, sección plenaria de la Asamblea Legislativa, que fue compartida con este medio por José Rafael Quesada Jiménez.

“Moción de orden del diputado Óscar Alfaro Zamora y otros diputados y diputadas. Moción de orden para guardar un minuto de silencio en memoria del escritor Mario Luis Rodríguez Cobos.

De varias y varios diputados:

Para que:

Con motivo del reciente deceso del gran humanista, escritor e intelectual Mario Luis Rodríguez Cobos, conocido como Silo, alguien escribió refiriéndose a la vida de este insigne argentino, que en todas las culturas se manifiestan seres excepcionales que saben ahondar, comprender la problemática de los tiempos más oscuros y difíciles e indicar el camino, la huella de un futuro abierto y luminoso para la especie humana. Silo, por su reconocida dimensión espiritual inagotable y como infatigable constructor de paz, es uno de estos seres. Ha partido del planeta Tierra y nos deja para la eternidad invaluables enseñanzas y una visión de nuevos y amplios horizontes que por impredecibles y vastos resulta difícil mesurar [sic, por mensurar].

A este heredero de Gandhi y Martín Luther King, creador del Movimiento Humanista y de organismos como el Partido Humanista, la Comunidad para el Desarrollo Humano, Convergencia de las Culturas y otras asociaciones, a quien en vida persiguió un solo fin: humanizar la Tierra, es decir, descubrir el sentido del hombre en el mundo, se propone que el Plenario Legislativo decrete un minuto de silencio.

El presidente Luis Gerardo Villanueva Monge”.

Imagen: Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia

Sector arrocero llama a manifestarse frente a la Asamblea Legislativa

Del martes 16 al jueves 18 de septiembre el sector arrocero costarricenses estará acampando al pie de la Asamblea Legislativa para defender la soberanía y seguridad alimentaria del país.

La convocatoria tiene como propósito respaldar el proyecto de ley N.° 24.211, “Fondo de sostenibilidad del sector arrocero”, iniciativa que busca fortalecer la agricultura nacional de este sector y garantizar la producción de arroz como alimento básico en la mesa de las familias costarricenses.

La organización hace un llamado a la ciudadanía para apoyar a las agriculoras y a los agricultores y acompañar esta manifestación pacífica en defensa del sector arrocero.

Contra la injerencia imperialista y la servidumbre legislativa

El Partido Vanguardia Popular condena enérgicamente la moción aprobada en la Asamblea Legislativa de Costa Rica sobre el llamado “Cártel de los Soles”. Dicha moción, impulsada por el diputado Fabricio Alvarado Muñoz y otros fundamentalistas de extrema derecha y respaldada servilmente por sectores reaccionarios, constituye un acto de obediencia ciega a los dictados del imperialismo norteamericano y un atentado contra la soberanía de los pueblos de América Latina.

Estados Unidos carece de autoridad moral alguna para señalar a otros o crear ficciones con fines expansionistas. Su historial criminal está marcado por invasiones, golpes de Estado, criminales bloqueos económicos y financieros, saqueo de recursos naturales, tráfico de armas y drogas, y bombardeos indiscriminados que han costado la vida a millones de seres humanos en todos los continentes. El principal cártel del planeta se sienta en Washington.

La moción aprobada en nuestro parlamento no solo constituye una intromisión ilegítima en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también viola principios fundamentales de nuestra política exterior:

– La neutralidad perpetua proclamada por Costa Rica.

– El compromiso asumido en la Proclama de la CELAC 2014, que declara a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

– El respeto a la soberanía, la no intervención y la libre determinación de los pueblos, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, esta moción no solo es innecesaria, improcedente y solo responde a intereses ajenos a nuestro pueblo, alineando a nuestro país, una vez más, con la política guerrerista del imperio.

El Partido Vanguardia Popular denuncia este acto de sumisión como una traición a la vocación pacífica e independiente de nuestra nación, que históricamente se ha distinguido por la defensa del derecho internacional, el diálogo y la cooperación entre los pueblos.

Reafirmamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela y con todos los pueblos que resisten las agresiones del imperialismo. Costa Rica no puede ni debe convertirse en peón de los planes intervencionistas de Washington.

Llamamos al pueblo costarricense a rechazar este acto vergonzoso y a defender nuestra soberanía, la paz y el respeto mutuo entre naciones.

Partido Vanguardia Popular
Costa Rica, 11 de setiembre 2025

Carta abierta de parte de la ANEP para el diputado Alejandro Pacheco Castro

ANEP expresa: “El Proyecto de Ley N°24.103 que usted presentó a la Asamblea Legislativa, con el pomposo nombre de Promoción de la inclusión financiera mediante la flexibilización de microcrédito, tiene la trampa de encarecer todo el crédito que hoy está colocado a tasas del 36,65% y llevarlo al 51,74%; para todos aquellos préstamos que estén en la franja de los ¢686.000 a los ¢1.382.000, los cuales dejarán de ser crédito regular y pasarán a llamarse microcrédito.

SURCOS le invita a leer la nota completa de ANEP:

https://anep.cr/carta-abierta-de-parte-de-la-anep-para-el-diputado-alejandro-pacheco-castro-asamblea-legislativa/

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

¡Ahora sí!

Vladimir de la Cruz

Ahora sí se cuadró el chavismo y su principal partido jaguar, el Partido Pueblo Soberano, PPSO, con su nómina presidencial y con la lista de sus principales candidatos a diputados. Una buena lección para todos los demás partidos políticos.

¿Temprano para anunciar los diputados? A mí me parece que no. De hecho la campaña electoral el presidente de la República la había iniciado hace muchas semanas con su movimiento de jaguares,¡ con su beligerancia política atacando a todos los partidos políticos, especialmente a los que tienen actualmente representación parlamentaria, y llamando a la población para que en las próximas elecciones la Asamblea Legislativa tenga una nueva integración, de por lo menos 38 diputados, totalmente nuevos, que no pertenezcan a ninguno de los partidos actuales ni de los que tengan representación parlamentaria, para poder cambiar el andamiaje institucional del país.

Las renuncias que del gabinete presidencial se dieron en enero y en julio no todas van encabezando las listas de diputados de Pueblo Soberano. Algo falló, porque se suponía que ellos serían las locomotoras que moverían el movimiento de los jaguares en Pueblo Soberano. Y, no se ven todos, ni todos los que resaltaron, cuentan con el apoyo de los miembros de la asamblea nacional de ese partido. Ya empezaron a saltar protestas y acciones legales, recursos de amparo, y de nulidad de lo actuado, porque se violaron las formas y procedimientos de elección interna.

Por otro lado, están los jaguares menores, los otros partidos políticos que el presidente impulsó, que se identifican con él, que lograron inscribirse, que no agarraron ni una cuecha, lo que los deja con muy mal predicado. Estos partidos no alcanzan, por ahora, a tener ninguna presencia pública, política nim electoral. Nadie conoce a sus principales organizadores y miembros de las estructuras que se inscribieron ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por otro lado, no tienen ya la posibilidad de ser usados para una coalición política y dar la sensación de un gran movimiento.

En la naturaleza los jaguares no viven ni actúan en manadas. En la naturaleza política costarricense tampoco. Alcanzarán quizá para depredarse entre ellos.

La principal vocera de los jaguares desde la Asamblea Legislativa ha dicho que ninguno de esos partidos le gusta, que se va a apartar de cualquier militancia con ellos. Incluso no se ha expresado bien de Pueblo Soberano, hasta tanto el presidente no le dé alguna instrucción de que su apoyo a Laura Fernández y a sus candidatos puede ser muy importante.

El tema para la principal jaguaresa parlamentaria es que algunos de los candidatos de Pueblo Soberano no tienen un historial limpio políticamente. Algunos de ellos han participado como en una escala musical en distintos partidos desde finales del siglo pasado, sin buen recaudo político, actuando como buenos escaladores políticos y en ocasiones como turecas de partidos principales. Otros burlando el pago de obligaciones institucionales o sangrando instituciones con su falta de pagos supermillonarios, que le adeudan.

Debería haber en la legislación electoral nacional una prohibición para que personas que le adeudan al Estado, a sus instituciones, a la Tributación directa, no pudieran participar como candidatos a puestos de elección popular, o que se encuentran en trámites de denuncias por estafas a instituciones o a personas, a ciudadanos.

Así como existe el registro de delincuentes, debería haber el registro de este tipo de personajes para evitar que tales sujetos puedan incrustarse en estructuras que les den amparos de inmunidades legales para poder ser perseguidos administrativa o judicialmente. Y otra norma legislativa que debería aprobarse es que las deudas contra el Estado no prescriban.

La enseñanza de Pueblo Soberano hacia los otros partidos es que ya están organizados plenamente, aunque tengan sus apelaciones electorales, que hacen movilizaciones de ciudadanos, por pequeñas que sean, que se mueven por todo el país, que ya están dando a conocer a sus principales candidatos para alrededor de ellos empezar a organizar y movilizar electores.

No tiene ninguna importancia nacional que candidatos a diputados que ha propuesto Pueblo Soberano por una provincia no sean habitantes de esa provincia. Esto es posible porque los diputados se consideran “diputados por la Nación costarricense”, lo que permite que cualquier ciudadano pueda postularse en cualquiera de las provincias. El problema que ello produce es al interior de los partidos, cuando miembros de esos partidos, de las provincias relinchan porque les imponen candidatos de esa manera, y desplazan a quienes en esas provincia venían o estaban organizando el partido, venían movilizando a favor del partido y des candidatos presidenciales. Esta situación si les está causando problemas a los jaguares en las provincias.

La lista que se dio a conocer para candidatos a diputados, que se supone debe ser muy atractiva para poder lograr la enigmática suma de 38 nuevos y diferentes diputados, no alcanza siquiera para elegir 21, tres por cada provincia, lo que se verá hasta el primer domingo de febrero, porque mientras no haya elecciones no hay resultados.

La lista de candidatos jaguares y jaguaresas obliga a que los otros partidos propongan buenos candidatos, y candidatas, y que lo hagan prontamente. En política no hay espacios vacíos. Las personas que se van identificando con los candidatos difícilmente cambian una vez que toman la decisión de su compromiso.

La ventaja que tiene la audiencia nacional es que por puesta la lista de candidatos estos pueden someterse al mayor y exhaustivo escrutinio ciudadano, a la mayor investigación de atestados personales, profesionales y curriculares en general, para tener de ellos una mejor idea de lo que son y de la leche qué pueden dar.

Ahora sí, los partidos políticos, sus dirigentes, tienen al frente el espejo de los jaguares principales. Las candidaturas de los jaguares y jaguaresas parecía ser lo que se esperaba. Ya están, ya existen, son de carne y hueso.

Veamos que nos ofrecerán de candidatos a diputados los restantes partidos políticos. Ya sus candidatos presidenciales son conocidos a anunciados, sin que se hayan aprobado oficialmente.

Esta es la curva principal del tobogán electoral que ya tenemos a la vista.

Hay que estar más y muy atentos a cómo se desarrollan estas ofertas electorales.

Compartido con SURCOS por el autor.

Ante la renuncia del vicepresidente Brunner, lo que procede es aceptarla

Vladimir de la Cruz

El pasado miércoles 30 de julio vencía el plazo para que el presidente, o cualquiera de los vicepresidentes, renunciara a su cargo si deseaban participar activamente en la política electoral hacia las elecciones, con posibilidades de aspirar a un puesto legislativo.

La renuncia del presidente era lo que más se esperaba por la comunidad y sociedad política nacional, ya que se especulaba que podría aspirar a una diputación, en las elecciones de febrero del 2026, lo que le está permitido por la Constitución Política, dejando el cargo antes del 31 de julio. Lo que es igual para el presidente lo es para sus vicepresidentes.

Otros funcionarios del actual Poder Ejecutivo, del Consejo de Gobierno, del Gabinete ministerial del presidente Chaves ya habían renunciado antes del 1 de febrero, y otros se sumaron con su renuncia el pasado 30 de julio.

El miércoles 30 de julio ni ayer jueves 31 de julio el presidente Rodrigo Chaves renunció. El que lo hizo con todo derecho fue su primer vicepresidente, Stephan Brunner.

Formalmente la renuncia de estos funcionarios públicos debe hacerse ante la autoridad que los nombra o declara nombrados, que es la única que puede hacer efectiva la renuncia.

El presidente de la República, los vicepresidentes de la República y los diputados son nombrados directamente por el pueblo, mediante los procesos electorales. Para decirlo políticamente, son nombrados directamente por la mayoría del pueblo electoral, manifestado en las votaciones, que se inclina por uno de los candidatos que se presentan a recoger esa voluntad popular de representación, la de los mandantes electorales.

En teoría política y democrática, aun cuando son electos por una parte de todo el electorado, son la representación de todos los electores, de todos los votantes y de los que no votaron o anularon su voto. Así funcionamos como sistema político y como sistema democrático. Por eso, al presidente, los vicepresidentes y sus ministros se les inhibe, se les prohíbe, de identificarse con algún partido de los que participaron en el proceso electoral, o de pronunciarse sobre ellos, a favor o en contra, lo que les provocaría la sanción de la beligerancia política.

Los ministros los nombra el presidente y es ante él que renuncian o él los destituye.

Los vicepresidentes constitucionalmente solo tienen como principal función sustituir al presidente en sus ausencias temporales o definitivas, sin devengar salario alguno.

En las ausencias temporales el presidente pude disponer libremente a quien encarga su sustitución. Generalmente alterna con los dos vicepresidentes, dándoles la oportunidad de aparezcan en La Gaceta firmando una ley con sus nombres. En la ausencia definitiva sustituye en su orden el primer y segundo vicepresidente, o el presidente de la Asamblea Legislativa, como ocurrió en el 2009 con el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, varias veces sustituyó al presidente Oscar Arias.

Cuando algún vicepresidente tiene salario en su condición de vicepresidente es porque se le asigna una función que es remunerada. Que recuerdo, solo al inicio del Gobierno de Abel Pacheco, el presidente Miguel Ángel Rodríguez, dejó establecido en el Presupuesto Nacional del 2002, que el vicepresidente tendría un salario. En ese momento el presidente Pacheco, antes de asumir su investidura presidencial se peleó y distanció radicalmente de su vicepresidente Luis Fishman, al punto que no le permitió tener oficina en la Casa Presidencial e intentó que no recibiera el salario que se había presupuestado. Ni siquiera le permitía ingresar a la Casa Presidencial. Tuvo obligación de mantenerle el salario aunque no tuviera ninguna función en el gobierno en su primer año de gestión porque así estaba presupuestado. Al siguiente año, para el Presupuesto Nacional del 2003, Abel Pacheco eliminó la partida del salario y Luis Fishman se quedó sin ese ingreso económico, ostentando la condición de vicepresidente, que mantuvo durante todo el gobierno del 2002 al 2006.

Para sus efectos vicepresidenciales, el primer año intentó Luis Fishman atender público como vicepresidente desde una oficina particular que puso para ello. El segundo año se metió en la oficina de su esposa, entonces diputada, desde donde atendía discretamente, ya sin salario. Para el tercer y cuarto año de su vicepresidencia de papel ya no tenía oficina ni salario. Luis Fishman no renunció a su condición de vicepresidente.

En el gobierno de Oscar Arias, 2006-2010, sus dos vicepresidentes renunciaron a su cargo. Kevin Casas por haber sido increpado de haber redactado un Memorándum, en la discusión y referéndum del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se elaboraba una estrategia de miedo para atacar a los opositores al Tratado, cuya discusión e impacto provocó su renuncia. Luego, le siguió Laura Chinchilla, que renunció para asumir la candidatura a la presidencia, la que ganó en el 2010.

Ambas renuncias fueron notificadas a la Asamblea Legislativa, como corresponde comunicarlas, darlas a conocer a los diputados, sin que en esas ocasiones se interpusieran acciones para discutir si se aceptaban o no esas renuncias. Las renuncias eran de la realidad, de la voluntad personal de los vicepresidentes y había que acatarlas, y así se procedió, sin bulla ni escándalo legislativo.

El Código Electoral señala que el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa es voluntario y se puede renunciar antes o después de prestar juramento, renuncia que será admitida después de la declaratoria de la elección. En el caso de los vicepresidentes, el Código Electoral establece que la vacante se llenará por quien le siga en su orden, lo que es válido para la muerte, renuncia o incapacidad sobreviniente del presidente.

La renuncia al cargo de presidente, vicepresidente, diputado, en estos casos, tan solo implica la cancelación de la credencial de presidente, vicepresidente o diputado, la que se hace una vez que la renuncia sea conocida por la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que da las Credenciales de presidente, de los vicepresidentes de la República y de los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Dicho así, la renuncia bien podría tramitarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones con copia a la Asamblea Legislativa, para que por conocida y recibida la nota de renuncia ante la Asamblea Legislativa, se prepare el Tribunal Supremo de Elecciones para indicar quien sigue en el orden de sustitución, porque para ello tiene que emitir la Credencial respectiva, hacer el nombramiento pertinente, y hasta tomar juramento del nuevo cargo, si ello fuere procedente.

Si la renuncia del vicepresidente se quisiera someter a debate parlamentario, así debería procederse incluso cuando voluntariamente alguno de los miembros de los supremos poderes renunciare voluntariamente a su inmunidad para someterse a procedimientos judiciales, o cuando se tratare de simples renuncias al cargo, como ha sucedido con renuncias de diputados. La renuncia forzada que hizo el diputado Vargas, del Frente Amplio, de la Provincia de Guanacaste se presentó, en el Tribunal Supremo de Elecciones, un viernes al mediodía, y el lunes inmediato ya estaba acreditado el diputado sustitutivo que seguía en su orden.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que hace la declaración oficial de los candidatos electos a puestos de elección popular. En sencillo, es el que nombra por el resultado de la votación a las personas electas.

Escribí hace poco que para evitar el lío procesal, artificial y politiquero, que se ha levantado con la renuncia posible del presidente Chaves, válida para la del vicepresidente Brunner, las cartas de renuncia pudieron haberse presentado y tramitado una semana antes, haciendo ver en ellas que eran efectivas a partir del primero de agosto.

Con eso esa discusión ya se habría superado y ganado tiempo parlamentario.

El conocimiento de la renuncia jurídicamente también vale en el sentido de dar por recibida y sabida la renuncia. Lo que se vota es el recibo de la nota de renuncia. No se puede votar la aceptación o rechazo de la renuncia. Solo puede renunciar quien tiene derecho a hacerlo. No se está sometiendo al vicepresidente a una destitución. El vicepresidente se somete ante la Asamblea a comunicar su decisión de dejar el cargo. No se le puede obligar a ejercerlo.

El único cargo obligatorio reconocido en la legislación electoral nacional es el de diputado o diputada a una Asamblea Constituyente, que es irrenunciable.

Así, repito, el acto de votación que se quiere imponer para la renuncia al cargo de vicepresidente de Stephan Brunner es el de recepción de la nota de renuncia, es decir, de dar por conocida y aceptada el aviso de su renuncia.

Si la Asamblea se enfrasca en una estéril discusión procesal en nada afecta la decisión presentada el 30 de julio para cualquier otro efecto al vicepresidente Brunner, quien renunció y dejó el cargo el 31 de julio, y vale su renuncia desde la fecha en que así comunicó que era efectiva. Lo que provoca es que ya desde hoy primero de agosto perdió, por su propia voluntad, la inmunidad del cargo que ostentaba, y está en el término de plazo que le permite ser candidato a diputado si así se inscribe por algún partido.

La discusión del término “conocer”, que se argumenta para someter a aceptación o no la renuncia, es igualmente válida para dar por conocida recibida la noticia de la renuncia, no necesariamente para aceptarla o rechazarla.

La renuncia es personalísima, es de la propia voluntad de la persona dispuesta a dejar el cargo, por lo que no necesita la aprobación de otra parte. El problema de presentar una renuncia, es la renuncia misma, la que no debe tener discusión, la que por puesta debe tramitarse aceptándola, sin otro efecto o sin intención de impedirla, la que no puede provocar otro efecto más que el de la cesación del cargo.

Todo puesto en el Estado es renunciable, como lo son en el sector privado. Siendo un acto de voluntad de la persona interesada en renunciar, que es también un acto de libertad, que es un acto unilateral, de una persona, no requiere su aceptación para que provoque efectos.

El Plenario Legislativo tan solo debe dar por conocida la decisión del vicepresidente Brunner de dejar el cargo, como cuando da por conocidos los cambios de ministros de la presidencia que se hacen desde la Casa Presidencial, para los trámites legislativos.

La renuncia del vicepresidente Brunner es para disponer libremente de su tiempo personal, para hacer lo que le dé la gana, si de eso se trata.

Si Stephan Brunner por ser electo popularmente se le quiere someter a una aprobación de su renuncia, es al Tribunal Supremo de Elecciones, al que le correspondería el conocimiento de su renuncia por ser este Tribunal quien lo Declara vicepresidente, como resultado de las votaciones.

En la vida diaria, en todas partes, quien tiene la capacidad de nombrar tiene la capacidad de destituir. En todas partes, también, quien tiene la capacidad de renunciar, puede unilateralmente, por acto de libertad y de libre voluntad renunciar, y ante la renuncia lo que procede es aceptarla.

¿Qué ganan los diputados y sus partidos en obstaculizar el trámite de aceptación de la carta de renuncia del vicepresidente? ¡Nada!, ni siquiera bulla a favor de sus partidos políticos o de sus candidatos. ¿A quién amenaza la salida de Brunner del gobierno? Por ahora, a nadie. ¿Quieren los diputados y sus partidos mantener a Brunner en la vicepresidencia por un excelente trabajo de gobierno que realiza con el presidente Chaves? ¡Claro qué no!, ni siquiera se siente su trabajo, y mucho menos su figura política. ¿Quieren los diputados y sus partidos proteger al vicepresidente Brunner en su inmunidad, para que no le sometan a juicios con levantamiento de la inmunidad? ¡Por supuesto que tampoco! Más les interesaría que renuncie, que esté sujeto a la persecución judicial, porque eso les da gasolina para prender algunas llamas en la campaña electoral, ¿o no es así?

Con la actitud que tienen, en la Asamblea Legislativa los diputados y sus partidos, quienes quieren someter a aprobación parlamentaria la renuncia, que no es destitución, del vicepresidente Brunner, pareciera que le están haciendo el juego al presidente Chaves y sus jaguares… Son ellos los que están al frente de la política, del escenario político nacional., aunque se hable mal de ellos. Pareciera no ser el momento para estas nimiedades…

Movilización contra proyecto de jornadas laborales de 12 horas

El movimiento Trabajo Digno CR les invita a ser parte de una movilización nacional que tendrá lugar el viernes 8 de agosto a las 5:00 p.m. en San José, Parque de la Merced, para luego desplazarse hacia el Parque de las Garantías Sociales, donde se realizará una vigilia por el Código de Trabajo.

Esta organización social ha alzado la voz contra el nefasto proyecto de ley que pretende instaurar jornadas laborales de 12 horas en Costa Rica. Se les invita a sumarse a la convocatoria y a hacerse presentes en esta jornada de lucha, bajo una sola consigna: ¡No a las jornadas de 12 horas! ¡Sí al trabajo digno y con derechos!

El Movimiento Trabajo Digno surge en el 2023, agrupando distintas organizaciones sociales y políticas, como una respuesta urgente ante los intentos legislativos de imponer en el país un régimen laboral regresivo con jornadas laborales de 12 horas sin pago de horas extra. De aprobarse, significaría un retroceso de décadas en materia de derechos laborales.

El proyecto de ley No. 29290 lesiona gravemente los derechos de las personas trabajadoras, al pretender instaurar una jornada de trabajo de 4 días a la semana, durante 12 horas sin pago de horas extras y brindar 3 días de descanso sin garantía de que sean consecutivos y con posibilidad de hacer las horas extra durante estos periodos de “descanso” en 2 de estos días, si el patrono así lo dispone.

El proyecto invisibiliza los tiempos de traslado, estudio, recreación, y el derecho a compartir con la familia. Además, golpea con mayor fuerza a las mujeres trabajadoras, quienes ejercen doble o triple jornada por las tareas del hogar y del cuido; por lo que el tiempo que puede dedicarse al descanso cada día, bajo un esquema de este tipo, se reduciría al mínimo. Estas jornadas tan largas resultan en personas trabajadoras cansadas, con fatiga y sin dormir, aumentando la posibilidad de que sufran accidentes de trabajo y disminuya su productividad.

A pesar de todas estas consecuencias, la Asamblea legislativa se encuentra discutiendo este proyecto bajo la modalidad de procedimiento abreviado, evidenciando el compromiso de algunas diputaciones con los intereses empresariales por encima de los derechos humanos.

Se les invita a sumarse a la convocatoria lo cual pueden hacer, llenando el siguiente formulario: https://forms.gle/LXarejtBU33jpCAr6

Para sumarse con su logo hay tiempo hasta el 1ro de agosto a las 10:00 am.