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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Se aprueba expediente para otorgarle Benemeritazgo de las Artes Patrias a Fidel Gamboa

El pasado 2 de octubre se aprobó el expediente 24071, para otorgarle el Benemeritazgo de las Artes Patrias al reconocido compositor de música de cámara e incidental, músico, cantante y artista Fidel Gamboa.

Este expediente, presentado por David Segura, diputado de Nueva República, fue firmado por las 57 diputaciones, lo cual muestra el gran entusiasmo y anuencia de la sala a otorgar este reconocimiento a su memoria y legado.

Fidel Gamboa, hijo de la pampa guanacasteca que heredó el amor por la música y el canto de su familia, cumple con los requisitos para ser declarado como Benemérito de las Artes Patrias de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea.

Gracias a su virtuosidad, este cantautor obtuvo reconocimientos notorios como el premio nacional Aquileo J. Echeverria y el ACAM como compositor y autor musical, pero sobre todo el cariño y reconocimiento que logró de tantas personas que se sintieron representados por sus canciones, entre las cuales compuso música de danza, cine, teatro, y comerciales, integrando con gran naturalidad la música clásica y popular.

Su legado permanecerá en la historia de nuestro país, y esta iniciativa busca honrar la memoria de este gran artista con una de las distinciones más altas, la cual será pronto votada en el plenario.

Información compartida con SURCOS por Erika Henchoz.

No se puede vender a la Caja por 30 monedas

Allanamientos de este lunes reafirman nuestra denuncia ante la fiscalía de probidad, transparencia y anticorrupción

Comunicado de UNDECA

UNDECA desde el pasado 4 de abril de 2024, solicitó a la Contraloría General de la República, a la Auditoría de la CCSS y a la Asamblea Legislativa investigar la adjudicación a cooperativas, debido a dudas sobre la transparencia y legalidad en la contratación de servicios privados.

De nuevo, el pasado 4 de setiembre del 2024, denunciamos con nuevos elementos a la presidenta ejecutiva de la CCSS Marta Esquivel y otros directores de la junta directiva de la CCSS, ante la Fiscalía adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción por presuntas dudas en la adjudicación de licitación mayor.

El proceso de licitación, que desde un inicio levantó dudas sobre su transparencia y equidad, compromete una cantidad significativa de recursos públicos a favor de Cooperativas.

Una adjudicación millonaria que además de irregular significaba la astronómica suma de 4.000 mil millones de colones mensuales en contratación de servicios de salud a entes privados.

Hoy nos satisface conocer la noticia de la investigación, allanamientos y detenciones que la Fiscalía de probidad realiza, que evidencia que sí hay algo irregular que investigar. Exhortamos a las autoridades a profundizar en las indagaciones y a llegar hasta las últimas consecuencias. Es fundamental que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Seguiremos atentos al desarrollo de las investigaciones y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los principios de transparencia y justicia, pilares sobre los cuales debe operar la CCSS.

Luis Chavarría Vega, 23 de setiembre, 2024

Análisis de Coyuntura: La administración Chaves Robles

La Escuela de Sociología de la Universidad Nacional compartió el análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. En un documento detalla los puntos más importantes de la administración actual, retratan la situación y mantienen al día las cuentas del gobierno.

Relatan cómo su estilo político es uno de enfrentamiento, lejano a la negociación, y critica a los Poderes de la República o a partidos y personas con lenguaje fuerte.

La estrategia presidencial se ha enfocado en crear una oposición más sentida de grupos y la interpelación es directa con pocas posibilidades de acuerdos.

Hay también una serie de puntos importantes que trata, y se colocan abajo, del documento que invitamos a nuestros lectores a revisar ya que tiene información puntual e importante sobre la situación coyuntural de esta administración.

  1. Uno de los rasgos más característicos de la administración de Rodrigo Chaves Robles ha sido su persistente búsqueda del desmantelamiento de la institucionalidad pública, destacando particularmente intentos de vender empresas estatales, el cercenamiento del gasto público en sectores claves del país, el desfinanciamiento de instituciones públicas y el incumplimiento de deudas con estas. 
  2. Tanto en la praxis y el discurso: Chaves asume una retórica degradante contra las institucionalidad democrática y pública, intentando posicionarse como un líder popular y antisistema que incluso ha llegado a denominar a Costa Rica como una ‘‘dictadura perfecta’’, declaración que posteriormente fue rechazada públicamente por 8 expresidentes de la República (Campos, 2024, párr. 1). Tal y como señala Murillo (2024, párr. 6), para Chaves ‘‘su gobierno encarna una ‘revolución’ y aferrado a la figura de un ‘jaguar’ como metáfora de valentía en ocasión de un pretendido referendo… Chaves llegó a calificar como falsa la idea de que Costa Rica haya sido una democracia desde la mitad del siglo XX’’.
  3. La educación ha sido un reto para el gobierno Chaves Robles, nos hemos enfrentado a hitos históricos y múltiples ataques y recortes en búsqueda de un desmantelamiento de la Educación Pública tal y como la conocemos. El gobierno no ha planteado una ruta precisa y clara y directa tanto en sustancioso de alta vulnerabilidad reinserción escolar formación de personal académico y en la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo.
  4. El enfrentamiento con la Contraloría se ha agravado en los últimos meses ya que en materia de contratación evaluación de órganos públicos y altos administrativos ha tratado de que esta institución salga del ámbito que le corresponde para tratar de limitar sus posibilidades, de hecho comenzó con un encuentro en la Contraloría General de la República para luego ampliar a otros niveles.
  5. El gobierno de Costa Rica ha mantenido como constante el reducir gastos públicos como una medida para lograr mayores equilibrios macroeconómicos con la finalidad de reducir el déficit a niveles aceptables. De hecho, el Ministro Acosta ha logrado reducir sustancialmente el déficit, pero con ausencia de un de una estrategia que permita establecer objetivos que son necesarios para el país de hecho, el sector educativo se ha visto cómo el sector donde la reducción es fuerte en un momento que el modelo educativo es muy endeble y, con una inercia que no le permite responder al requerimiento del país.
  6. Si bien en el plan internacional el gobierno de la república se ha comprometido con la cumbre del milenio y ser un país de vanguardia en esta materia. Las acciones parecieran ir en otro sentido. De hecho, el MINAE no cuenta con una política ambiental como fueron otros gobiernos que avanzaron hacia un país más sustentable por el contrario las mismas afirmaciones del presidente sobre la tala bosques en otro momento sobre explotación petrolera han puesto en duda la situación. De hecho, no se han firmado decretos que ayuden a mejorar, sino que en temas como la tala de bosques hay una omisión grande que ha terminado en un debate sórdido entre las partes lo cual nos indica que no hay élites que plantean acciones que mejoren en el campo ambiental.
  7. La violencia estructural indicada en los últimos tres meses se mantienen femicidios, raptos, violaciones, desaparición de personas jóvenes y el sicariato en su máxima expresión. Se hacen esfuerzos por la dureza pública y otros organismos para fortalecer la vigilancia pero se requiere fortalecer el número de personas, pero con tecnología de punta para poder combatir a la misma, de igual manera el fortalecimiento de la fuerza marina es una necesidad de primer nivel y contar con equipos y grupos especializados en la vida aérea es parte de lo que se requiere en esta área con una legislación más oportuna para combatir al narcotráfico y otras formas similares.
  8. Costa Rica ha vivido un periodo de intensos enfrentamientos entre los poderes del Estado, reflejando un deterioro notable en las relaciones institucionales y un ambiente político cada vez más polarizado. Durante estos meses, la confrontación entre el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional (Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Defensoría de los Habitantes (DH) y la Contraloría General de la República (CGR), ha alcanzado niveles sin precedentes, poniendo en cuestión la estabilidad democrática del país. 
  9. Se reconoce que, a pesar de las críticas hacia la labor de Luis Amador y del Ministro Marcelo Jenkins, ha habido una continuidad en los esfuerzos en esta área. Si bien se han logrado algunos avances, como en el caso de la carretera de circunvalación en Cartago, la ruta 32 con sus puentes y el mantenimiento estratégico, aún se está trabajando en lo que se ha denominado “rezago histórico”. El gobierno debería enfocarse en finalizar estas obras, como la carretera San Carlos, que son necesarias. Además, es fundamental fortalecer acciones en zonas de alta densidad, como los núcleos de zonas económicas y carreteras como Liberia-Nicoya, y dejar el planeamiento de estas iniciativas para los próximos años. 
  10. La inversión social no es un tema central en el gobierno de la república pese a que estamos en una situación en el cual la pobreza y las desigualdades las asimetrías son un factor presente con mayor profundidad para Costa Rica. Esta situación es preocupante porque más grupos se unen a la pobreza donde las oportunidades y por el tipo de formación no tiene posibilidades de desarrollarse. No hay recorrido del sector ni planes de mediano y largo plazo lo que se expresa en un alejamiento de la propuesta del plan nacional de desarrollo y se aleja fuertemente de los acuerdos firmados con la OCDE y la cumbre del 2030.

SURCOS comparte los materiales del análisis.

Sobre el FEES 2024-2025 en Costa Rica

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

Recursos para aumentar el FEES, si existen. A pesar de la férrea oposición del gobierno de turno del Dr. Rodrigo Chaves Robles-. Los instrumentos económicos para aumentar el FEES siguen siendo: mejorar la recaudación, mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público – por ejemplo hoy no se requieren tantas embajadas ni embajadores-mejorar la función redistributiva de la política fiscal y eliminar exoneraciones y subsidios.

Es un hecho que el presupuesto del FEES a disminuido en terminos reales. No se ha reconocido el aumento de costo de vida que estipula el articulo 85 de la Constitucion Politica ni las deudas pendientes. ¡En los últimos años el crecimiento real del FEES recibido por las Universidades Estatales a disminuido! Y, tendrá graves consecuencias para las actividades sustantivas de las cinco universidades públicas, incluso se podría llegar al cierre técnico de algunas de ellas o cierre de carreras o reorganización administrativa o eliminación de dedicaciones exclusivas, anualidades, carrera profesional, becas de estudio para estudiantes y docentes por citar solo algunas.

Los datos históricos muestran que en el 2018 el FEES recibido deflactado fue de ₡ 508.318,38 millones de colones lo que significó un crecimiento real del mismo de 1,59 % en relación con el año anterior (2017). Para el año 2019, el porcentaje de crecimiento quedó en -0,53 %. Durante ese período las universidades recibieron un total de ₡ 505.626,54 millones, aunque en la Comisión de Enlace se negoció un monto de ₡ 515.715,79 millones que se recortó en ₡10.000 millones en la Asamblea Legislativa, acción que se declaró inconstitucional. Los dos últimos años la situación no ha sido diferente. En el 2020 el decrecimiento real fue de un 6,14 % y para el 2021 de 0,03 %. Esta situación también se debió a que las universidades estatales se les postergó el pago de ₡ 35.000 millones destinados a gasto de capital y además se dio un aporte adicional de ₡ 13.000 millones para contribuir a la emergencia por la pandemia del Covid-19. Datos que no toma en cuenta el Poder Ejecutivo y su ministro de Hacienda. En el 2022, la suma del FEES que se acordó fue de ₡ 522.822,67 millones, cifra que disminuye a ₡ 479 842,85 millones con el monto deflactado, lo que implica un crecimiento real del -2,94%.

Durante los ultimos años las Universidad Estatales debieron negociar un mayor reconocimiento por inflación. Pero, no debemos dejar de exponer que los equipos de negociadores de CONARE liderados por los Rectores de turno no hicieron bien las negociaciones. En el presupuesto del 2022, que integra por primera vez a la UTN, se fijó un monto de ₡ 558.756 millones. O sea ₡ 35.933.33 que incluye la UTN. La solicitud del reconocimiento de un 8,71% a raíz del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual fue encabezada por la UCR, se fundamentó en el rezago educativo de ₡26 mil millones, producto del aporte que dieron las universidades estatales en 2020 como contribución por el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19. No debemos olvidar que en 2022 el gobierno actual venia por un recorte de ₡129 mil millones del FEES…

Aunado a ello el Banco Central de Costa Rica explica que: “(…) las proyecciones de crecimiento para la economía costarricense exponen que las presiones inflacionarias se redujeron en el primer semestre de 2023. En medio de la incertidumbre mundial y una desaceleración de los principales socios comerciales, se proyecta que el crecimiento será del 3,9 % en 2024, y luego se moderará hasta llegar al 3,7 % en 2025 y 2026. Y al cierre del año 2024 apunta a un mayor deficit fiscal”.

Pero hay algo más con el FEES. Veamos algunos datos historicos. La parte de servicio de la deuda (pago de vencimientos de la deuda + pago de intereses), absorbe un 46,70% del total del presupuesto general de la República. Si a ese servicio de la deuda, le sumamos la parte del pago de pensiones, resulta que esos dos rubros representan un 55,89% del total del presupuesto. Queda entonces disponible tan solo un 44,11% del presupuesto total. Leáse: Disponible 44.11%. Esto último debe financiar todos los ministerios, así como el Poder Judicial, el Tribunal de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Defensoría y; diversas instituciones que se financian con base en transferencias del Gobierno Central (por ejemplo: el INAMU y las universidades estatales – (UCR, UNA, ITECR, UNED, UTN). Los ingresos proyectados cubren un 59,1% del total presupuestado. El resto, o sea, un 40,9%, debe financiarse mediante la emisión de más deuda.

Entonces, dado ese escenario: Las diversas instituciones públicas quedan sometidas a una restricción brutal, que equivale a su desmantelamiento e inutilización de hecho. Ello implicará, de forma inevitable, la desatención o la atención insuficiente de muchas necesidades de la población, lo cual profundizará el desprestigio de esas mismas instituciones, y dará nuevos pretextos para aquellos sectores que empujan por la privatización y la reducción del Estado a su mínima expresión. ¡Si los recursos no existen, no existen! y los discursos y las marchas de presión, por muy exaltados que sean no podrán proveerlos de la nada – nos dice en la cara el Ministro de Hacienda-.

Esa ruta fiscal, que viene trazada desde el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y el Gobierno PAC, es insostenible: lo mismo en la económico, que en lo social y político. ¡Estamos frente a una bomba de tiempo bajo nuestros pies! Que va a explotar entre setiembre 2024 a setiembre 2025. ¡Esto está que arde! Y eso lo sabe el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las Universidades Estatales y otras instituciones gubernamentales.

Balance

Primero. El FEES ha disminuido desde 2018. Se ha negociado muy mal por Rectores del pasado. Y esta mal distribuido. Hay que aumentar el FEES a la UTN – esta debe pasar de un 6.75% a un 10% con un aumento anual del 1% – e igual con ITECR. Es urgente redistribuir lo asignado aumentando mayor porcentaje para dichas universidades estatales citadas. El pastel ahora hay que dividirlo entre 5 ya no entre 4.

Segundo. La regla fiscal esta aún vigente para las Universidad Estatales y la Ley de Empleo Público. Las Universidades Estatales deben estar afuera de ambas. La Asamblea Legislativa puede realizar dicha reforma. En un año según expertos TODO será INSOSTENIBLE en el país y en las Universidades Estatales. Con el cierre de negociaciones por parte del Poder Ejecutivo ningún Rector a ganado. ¡Ni tampoco ganó CONARE! Todo ahora esta en manos de la ASAMBLEA LEGISLATIVA. ¡La guerra apenas esta empezando! Preparémonos para evitar la privatización de la educación pública superior universitaria en el 2024. Y, no olvidemos las condiciones impuestas a revisar por los diputados y diputadas de la ASAMBLEA LEGISLATIVA que citamos:

Aumento en las becas por regiones con mayores desigualdades.

Aumento en cupos de carreras de Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas. O sea, para Carreras STEM.

Que pongan control y equidad a los salarios abusivos y se sujeten a la Ley Marco de Empleo Público; entendamos que es pretensión del Gobierno eliminar anualidades, dedicaciones exclusivas, prohibiciones, carrera profesional etc.

Un aumento en las carreras virtuales que han demostrado que les genera ahorros. O sea, la virtualidad y el teletrabajo es la hoja de ruta para las Universidad Estatales.

Aumentar la colocación laboral de sus estudiantes, especialmente en regiones con mayor rezago.

Acreditación en bilingüismo en nivel B2 para mejorar la empleabilidad.

Que sus programas de investigación estén ligados a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y que los resultados de esta investigación impacten en el desarrollo nacional y tengan utilidad práctica en los sectores productivos.

Que sean transparentes, no engañen a la opinión ni a la comunidad estudiantil, que muestren datos incluyendo el costo por estudiante y la asignación real en becas.

Admitir un mayor porcentaje de estudiantes por medio de la virtualidad para todos los estudiantes que laboran de día y estudian en la noche a partir de las 6 p.m. Y, presencialidad para los estudiantes que estudian en horarios diurnos mañana y tarde. Para retener y frenar la deserción.

Rendición de cuentas sobre el uso real de los recursos acorde a las necesidades estratégicas.

A modo de conclusión

La Asamblea Legislativa deberá resolver el FEES. Se abre un espacio de maniobra estratégico para los Rectores de las distintas Universidades Estatales. La Asamblea Legislativa bien puede crear un Fondo de Becas Especiales UNICAMENTE para uso de becas para estudiantes de regiones con mayores desigualdades socioeconómicas y exigir transparencia en la asignación de dichas becas. Es decir, condicionar el aumento, PERO para uso de becas estudiantiles. El FEES tiene sus implicaciones sociales en la formación educativa como instrumento para coadyuvar a salir de la pobreza – movilidad social por educación- y así lograr un avance social y económico en las clases más deprimidas.

El FEES, otro tema, debe ser negociado cada cuatro años” y que se establezca acuerdo marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para regular las negociaciones FEES. Adicional a lo anterior usar como referente el dato de la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, coeficiente de Gini, porcentaje de pobreza según regiones y el crecimiento o no del PIB. Y definir una metodología o fórmula matemática para su cálculo de asignación del FEES según cada una de las Universidades Estatales y sus respectivas Regiones.

Las negociaciones han sido por completo mal realizadas por parte de los Rectores permitiendo una rebaja del FEES a contrapelo de lo que la Constitución Política establece. Ello obliga a construir Equipos de Negociación de Alto Desempeño y asignarles esa responsabilidad por parte de las Universidades Estatales.

El año 2024 cierra con el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) mayor que el del año anterior, lo que estruja más las posibilidades de que a mediano plazo el país cuente con más recursos para inversión social o para obras de infraestructura como bien lo explica el Análisis de Coyuntura Fiscal del primer trimestre de 2024, a cargo del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Hay una baja a la generación de ingresos principalmente la recaudación de impuestos. “El Observatorio Económico y Social llama la atención de que esta situación podría hacer más difícil la reducción del nivel de deuda por debajo del 60% del PIB, lo cual implicaría que las medidas más restrictivas de la regla fiscal van a seguir vigentes durante un año más y con esto seguirán restringidos los gastos de capital y los ajustes salariales en el sector público”.

Por último, el Banco Mundial afirma que en nuestro país las tasas de pobreza son particularmente altas entre los grupos vulnerables, como los afrodescendientes, las poblaciones indígenas y los migrantes.

Es allí donde se debe canalizar los recursos del FEES dado que es fundamental abordar los dos desafíos relacionados con la inclusión y la gestión fiscal. El crecimiento debería beneficiar a toda la fuerza laboral costarricense y a todo el territorio de Costa Rica, y las políticas fiscales deberían seguir respaldando la solvencia del país. Mejorar la movilización de los ingresos y la eficiencia del gasto, especialmente en los sectores social y de infraestructura, es esencial para reducir la pobreza y la desigualdad.

Reunión en la Asamblea Legislativa traza los próximos pasos para el Pacto Nacional por la Educación Pública

El viernes 12 de septiembre, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, se llevó a cabo una importante reunión para discutir los próximos pasos en relación con el Pacto Nacional por la Educación Pública, tras la reciente movilización nacional. La actividad contó con la participación de integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como representantes de organizaciones y movimientos que forman parte del Pacto. Durante la reunión se abordaron temas clave relacionados con el futuro de la educación pública y las estrategias para su fortalecimiento en el ámbito nacional.

María Ortega, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED, resaltó la importancia de la actividad como un espacio para compartir los avances logrados desde la movilización y enfatizó que la lucha por la educación sigue vigente. Ortega destacó que, aunque la marcha ya pasó, el compromiso de las organizaciones sigue firme en la defensa de la educación pública.

Por su parte, Juliana Navarro, vicepresidenta de la FEUNED, subrayó la relevancia de continuar fortaleciendo los enlaces entre las distintas organizaciones y sectores. Señaló que la lucha por la educación pública es un esfuerzo colectivo, que requiere la participación y el trabajo conjunto de todos y todas.

Se habló sobre la importancia esencial de la educación como mecanismo de cohesión social y construcción de identidad ciudadana. Esta participante mencionó que durante la reunión se tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y que el enfoque principal fue la necesidad de seguir destacando la educación como un tema prioritario en la agenda pública. Asimismo, se consideró positivo no solo el nivel de convocatoria, sino también la apertura hacia el fortalecimiento del presupuesto destinado a la educación.

Vivian Rodríguez Araya, presidenta del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, comentó que la actividad realizada en la Asamblea Legislativa permitió un foro de discusión y análisis sobre los desafíos que enfrenta la educación en el país. Señaló que diversos sectores sociales y productivos se unieron para reflexionar sobre cómo avanzar y definir el Pacto Nacional por la Educación Pública, considerando este pacto como un vehículo para trazar una verdadera ruta hacia la solución de los problemas que enfrenta la educación en Costa Rica.

Allison Quintanilla Hernández, coordinadora técnica de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y asesora del proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública explicó que ese día comenzó formalmente el proceso de consulta ciudadana, un espacio para la participación de diversos sectores sociales y productivos en diálogo y coordinación con la Asamblea Legislativa. Este proceso tiene como objetivo determinar, en un plazo de 45 días, el presupuesto nacional que incluirá el financiamiento destinado a la educación pública.

Allison Quintanilla Hernández subrayó que Costa Rica enfrenta una de las crisis más graves de las últimas cuatro décadas, y que por ello las organizaciones sociales y productivas han trabajado en alianza y coordinación por más de un año para fortalecer no solo el presupuesto, sino también el modelo de desarrollo y educación que el país necesita. Este modelo debe enfocarse en la universalidad, calidad y respeto a los derechos humanos. Además, expresó que las expectativas de las organizaciones son elevadas, y que no se prevé un escenario en el que la Asamblea Legislativa se desentienda del proceso o niegue la aprobación de un presupuesto mínimo para la educación pública, lo cual sería desastroso para el país.

Finalmente, Allison Quintanilla Hernández hizo un llamado a la sociedad costarricense, incluidos padres y madres de familia, sindicatos, movimientos sociales, sectores productivos y religiosos, a unirse en una conversación nacional por el bien común. Subrayó que esta lucha trasciende ideologías partidarias o intereses gremiales, ya que lo que está en juego es el futuro de la educación pública en Costa Rica.

Vigilia en apoyo a Digna Rivera, en memoria de su hijo Jehry Rivera

Hoy, lunes 9 de septiembre a partir de las 5:00 pm en la UCR, plaza contiguo a la Escuela de Artes Plásticas, Finca 1 en la Rodrigo Facio se estará llevando a cabo una vigilia, en donde se exige justicia para Jehry Rivera y los pueblos originarios, en apoyo a su madre, doña Digna Rivera. 

Jehry Rivera, líder indígena y defensor del ambiente fue asesinado en febrero del 2020, en medio de un proceso de recuperación de tierras. Luego de 4 años, todavía no se ha hecho justicia, ya que el presunto asesino, Juan Eduardo Varela, durante el 2023, y luego de haber confesado haber cometido el asesinato en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de cárcel, no obstante el tribunal de Cartago poco después lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados. Este proceso judicial que ha seguido tras el asesinato de Jehry no ha logrado hacer justicia, y deja una herida abierta en la lucha por el territorio, y los derechos humanos de los pueblos originarios, su autonomía, y el ambiente en nuestro país.

Actualmente este proceso se encuentra en su recta final, siendo el lunes 9 y el martes 10 de septiembre los últimos dos días del juicio al que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas, en los tribunales de Pérez Zeledón.

Es importante mantenerse alerta en este momento decisivo, y denunciar la falta de justicia en este caso, en donde se está manteniendo impune un crimen que pone en evidencia el racismo y colonialismo presentes en el país. Se exige que se retomen las acciones necesarias para esclarecer el asesinato de Jehry, y que se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas, al igual que se fortalezcan las políticas ambientales que este líder, activista y luchador por los derechos del ambiente defendió durante su vida.

La firmeza de los tribunales y el otorgar la justicia es necesaria por las personas que continúan luchando por la defensa del ambiente, al igual que la ratificación del acuerdo Escazú, el cual fue archivado por la Asamblea Legislativa en el 2023 aun cuando es un instrumento legal para la protección del activismo ambientalista, algo especialmente importante para una nación cuya posición en la comunidad internacional es una de ambientalismo.

Se honra la memoria de los y las lideresas que han sido asesinados y asesinadas por la defensa de sus tierras, derechos, y la vida misma en Costa Rica y América Latina. Por esto, el dia de hoy se extiende el llamado para recordar a Sergio Rojas y a Jehry Rivera, al igual que las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kicha, con personas líderes indígenas que se enfrentan a hostigamiento y amenazas en su lucha por la defensa de sus territorios y la recuperación contra la ocupación por empresas y personas no indígenas.

Esta vigilia cuenta con el apoyo de diversas organizaciones estudiantiles de la UCR y la UNA entre ellas asociaciones, federaciones, y movimientos estudiantiles. Se les solicita a los asistentes que traigan flores y velas.

¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!

8 % ya

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

A 200 años del Patronazgo de La Virgencita de los Ángeles, la Asamblea Legislativa debería ratificarlo nuevamente

Vladimir de la Cruz

Si hay algo que destaca la religiosidad costarricense, alrededor de la cual, la inmensa mayoría del pueblo se une, le rinde culto y veneración es la Virgen de los Ángeles, la Negrita, como cariñosamente se le dice.

Hallada su imagen, la pequeña estatua con su figura, el 2 de agosto de 1635, hace 389 años, por la joven mulata Juana Pereira, originó la leyenda de su imagen, de su existencia y de su culto popular.

En su momento contribuyó a borrar la división social entre los grupos dominantes españoles de los grupos sometidos a su dominación y opresión colonial, facilitando la integración racial o social, la fusión de sangres y haciendo surgir al ser costarricense.

Cuatro años después de su hallazgo se empezó a construir la ermita de Los Ángeles, dando origen, primero a un culto de carácter regional y más tarde al nacional.

Se dice que las romerías para visitarla empezaron en 1649. Desde entonces se realizan con gran fervor. Hoy alcanza ciudadanos de Centroamérica que también se desplazan en devoción a su Santuario en Cartago.

En 1652 se creó la Cofradía o Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, y un año después se le consideraba milagrosa. Su condición de milagrosa hace que la Iglesia de los Ángeles hoy tenga en, vitrinas, enorme cantidad de manifestaciones de fe, exvotos como se llaman, en urnas, donde miles de religiosos, agradecidos por las peticiones solicitadas y los favores recibidos, manifiestan su devoción y culto. Esas manifestaciones de exvotos se expresan en figuritas, de diversos tamaños, colores y formas, muchas de ellas en forma de miembros del cuerpo humano, cabeza, piernas, brazos, manos, trofeos y títulos de graduación, entre muchos.

Ante eventos de la naturaleza, temblores, terremotos, erupciones del Volcán Irazú se ha sacado en procesión a la Virgen de los Ángeles, implorándole su cuidado y protección. Justo fue, con motivo de los temblores de San Buenaventura, el 14 de julio de 1782, que se reconoció oficialmente la tradición de su celebración, cuando en procesión solemne se le juró «recibir, venerar y tener por Abogada» a la Virgen de los Ángeles, «para mejor asegurar su incontrastable defensa y pedirle socorro en cualquier tribulación», lo que también produjo que las autoridades de Cartago, eclesiásticas y civiles, como el pueblo, la declararon como su Patrona y Reina.

Cuando llegó el Acta de Independencia de Guatemala, el 13 de octubre de 1821, comunicándonos la decisión de la ruptura con el orden colonial, e invitándonos a decidir por cuenta propia si tomábamos el camino de la Independencia o continuábamos bajo el dominio español, el Ayuntamiento de Cartago, en la Sesión de ese día acordó que «que se suplicase… a la Patrona General de esta Ciudad… nos favorezca con los auxilios de su santísima gracia para nuestras determinaciones en la época tan lamentable…». Por los resultados de los días siguientes, hasta el 29 de octubre de 1821, cuando en Cartago de afirmó la Independencia de Costa Rica, podríamos señalar que la Virgen de los Ángeles colaboró en esa decisión.

El 9 de setiembre de 1824, el Congreso Constituyente del Estado de Costa Rica, declaró que “La Virgen de los Ángeles, Madre de Dios y Señora nuestra, es y será en lo sucesivo La Patrona del Estado de Costa Rica”.

Un día después, como hoy, 24 de setiembre, hace 190 años, el Jefe Supremo del Estado de Costa Rica, el primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, ordenó que se guarde, se cumpla y se ejecute dicho Decreto en todos sus extremos. Con este acto se confirmó lo que la tradición había venido estableciendo desde 1635, en que según la Leyenda de la Virgen de los Ángeles apareció en la Puebla de Cartago, generando el culto de amor y de pasión que se le rinde por el pueblo costarricense. Desde entonces tiene ese reconocimiento nacional.

Cuando se produjo la Guerra de la Liga, entre setiembre y octubre de 1835, que se produjo por la derogatoria de la Ley de la Ambulancia, que hacía rotar la capital en las ciudades de Alajuela, Cartago, Heredia y San José, contra la pretensión de San José de quedarse con la capital, de manera permanente, los cartagineses se movilizaron con la Virgen de los Ángeles acompañando sus tropas. El 14 de octubre con la llegada de tropas josefinas a Cartago, dejaron abandonada la Virgen, la que de inmediato tomaron los josefinos, quedando en custodia en la Iglesia de la Merced por siete años. En el mes de julio de 1842, por disposición de Morazán, regresó a Cartago. Monseñor Víctor Manuel Sanabria ha sostenido que la imagen en mención no era la verdadera, sino una copia llamada “la Peregrina”.

En 1852, el 4 de setiembre, el Obispo Anselmo Llorente consagró a la Iglesia de los Ángeles. En 1856, en la guerra contra los filibusteros fue invocada la Virgen de los Ángeles, para acompañar al Ejército Nacional Libertador. Así la Virgen de los Ángeles, de esa manera, acompañó a los soldados y combatientes costarricenses en esta lucha gloriosa.

El 2 de marzo de 1862 se le concedió el título de Basílica, al Santuario de los Ángeles, título renovado el 22 de abril de 1877 y luego en 1892, por otros quince años. En esta misma fecha, el entonces Papa Pío IX concedió a perpetuidad indulgencia plenaria a quien visitare el Santuario de los Ángeles. Diez años más tarde, el mismo Papa Pío IX «concedió a perpetuidad, con las condiciones acostumbradas, la Indulgencia Plenaria, y remisión de todos los pecados, a todos cuantos visitaren devotamente, verdaderamente arrepentidos, confesados y comulgados, la Iglesia de la Virgen de los Ángeles, desde las primeras vísperas hasta la caída del sol del 2 de agosto de cada año».

El 7 de setiembre de 1912 se colocó la primera piedra de la basílica de la Virgen de los Ángeles.

En 1924, al cumplirse en Centenario del Patronazgo de la Virgen de los Ángeles, el Congreso de la República, lo ratificó de nuevo.

En 1932, y luego en 1975, el Congreso declaró feriado el 2 de agosto de cada año.

El 26 de julio de 1935 se le dio al Santuario el título perpetuo de Basílica Menor, agregada a la Patriarcal de San Juan de Letrán, de Roma, y en 1944 el Arzobispo Sanabria elevó el antiguo Santuario a Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

En 1950- el 12 de mayo, se produjo el robo y asalto de la imagen de la Virgen de los Ángeles. Fue acusado de sacrilegio José León Sánchez. A finales del siglo XX la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, en revisión del caso, declaró inocente de dicho delito a José León Sánchez

El 2 de diciembre de 1956, se realizó la Segunda Coronación como Reina del Trabajador a la Virgen de los Ángeles, con motivo de la celebración del Segundo Congreso Nacional de la Juventud Obrera Católica.

En el 2002, al iniciarse el tercer milenio, la Asamblea Legislativa, además de ratificar el patronato concedido a la Virgen de los Ángeles en 1824, en su artículo segundo, declaró: “Que el Estado costarricense estará bajo el amparo y protección del Inmaculado Corazón de la Virgen María, Reina de los Ángeles”.

En el 2005 una imagen suya se llevó al Vaticano y recientemente el Papa Benedicto XVI la bendijo y la colocó en la Basílica Santa María de la Luz.

En los meses de julio y agosto del 2009, por motivo de la pandemia de gripe A (H1N1), que nos afectó durante dos años, el Gobierno de la República, suspendió la romería por primera vez en 227 años.

El 31 de julio del 2013 la Virgen de los Ángeles fue investida como Comandante General de la Sección Aérea del Ministerio de Seguridad de Costa Rica, y el 20 de marzo del 2020, La Negrita de los Ángeles, la llevaron a sobrevolar Costa Rica como protección ante la pandemia del COVID-19. Este año, nuevamente fue suspendida la romería y se invitó a los feligreses a realizar una Romería Virtual.

En la campaña electoral del 2018 el Partido Restauración Nacional, con su candidato presidencial, Fabricio Alvarado Muñoz, con uno de sus pastores religiosos más importantes, Rony Chaves, hicieron ataques y burlas a la Virgen de los Ángeles, que provocaron gran tensión nacional y marchas ciudadanas de feligreses católicos contra los ataques que le hicieron a la Virgen de los Ángeles, y consecuentemente contra la Iglesia Católica nacional.

Este año se cumplen 387 años de leyenda, tradición histórica y popular; de herencia cultural; apariciones y hallazgos, milagros, devoción, culto y fe religiosa. Pero, también se cumplen 200 años, el próximo 9 de setiembre, de haber declarado Patrona Nacional a la Virgen de los Ángeles.

Religiosos o no religiosos reconocen a la Virgen de los Ángeles como factor de innegable virtud para el desarrollo de nuestra personalidad religiosa, católica y cristiana, que ha contribuido de igual manera y no en escasa medida, al robustecimiento de nuestra personalidad política, social y también étnica

La representación divina y humana de la Virgen de los Ángeles nos recuerda, la realidad histórica de su origen, su identificación socio cultural con nuestro pueblo; con la mujer, la madre y el hijo; con los valores de feminidad y maternidad en la vida social.

Cualidades de fortaleza, sabiduría, virginidad y doncellez, discreción y silencio; triunfadora, benefactora y salvadora; capacidad de mediación y unión; dones de sencillez, humildad, sensibilidad, nobleza, pobreza y solidaridad, destacan en su culto.

También se le asocia a la formación de la conciencia y sentido nacional, a la idea de patria y a la defensa, incluso territorial, frente a alguna agresión o amenaza extraña.

El culto a Nuestra Señora de los Ángeles es originario de España, en Getafe, cerca de Madrid, y fue traído a América por los conquistadores españoles.

La Virgen de los Ángeles fue declarada patrona de Costa Rica y protectora de las Américas por el Papa Juan Pablo II.

Al cumplirse el centenario de su Patronazgo el Congreso afirmó dicho Patronazgo. El cumplirse el Bicentenario del Patronazgo, este año, este mes, la Asamblea Legislativa debería reafirmar una vez más, por segunda vez, el Patronazgo de la Negrita de los Ángeles.

Compartido con SURCOS por el autor.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra la aprobación del proyecto de Ley que honra la indemnización de personas ex estibadoras de Limón

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra con gran satisfacción la aprobación en segundo debate del proyecto de ley “Adición del Artículo 2 Bis a la Ley No. 7955 (Ley de Subsidio y Finiquito a Trabajadores de Estiba y Desestiba de Muelles) el cual fue aprobado esta tarde con 46 votos a favor en la Asamblea Legislativa.

Este proyecto ordena al Gobierno de Costa Rica honrar las indemnizaciones adeudadas a personas ex estibadoras de Limón, una deuda histórica que ha permanecido sin resolver durante 29 años. La aprobación de esta ley es un hito que reivindica los derechos de las personas trabajadoras que contribuyeron significativamente al desarrollo de la provincia y que, hasta hoy, habían sido olvidadas.

Este logro es fruto del trabajo articulado y coordinado de liderazgos comprometidos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo junto con el Frente Cívico Social Laboral de Limón, quienes han estado hombro a hombro en las luchas sociales. Su participación ha sido constante, sumándose el pasado 28 de agosto a la Movilización Nacional Pacto por la Educación Pública y Agenda Social de Costa Rica y el 29 de agosto a las acciones regionales a nivel nacional. Ese mismo día estuvieron presentes en las afueras de la UCR en Limón durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa.

Durante casi tres años, hemos impulsado este proceso con firmeza y convicción, luchando incansablemente para garantizar que se haga justicia a quienes, por décadas, sostuvieron la actividad portuaria de Limón. Esta ley no sólo cierra un capítulo de olvido y deuda, sino que también rinde homenaje al trabajo y sacrificio de quienes han sido parte de la historia viva de Limón.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reafirma su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los derechos laborales y sociales de todas las personas trabajadoras del país. Este logro nos motiva a seguir construyendo una Costa Rica más justa y equitativa, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.

¡Seguimos adelante en la construcción de un país más digno para las personas! 

Consultas: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com | Teléfono: 84003435

La Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional y la Iglesia Católica se oponen a la jornada de 12 horas

Vladimir de la Cruz

Continúa en la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley N.º 24. 290 sobre las jornadas esclavista de trabajo de 12 horas diarias, llamada jornada 4-3, que se denomina “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales, para casos que sean excepcionales y muy calificados”.

Se sigue sin precisar cuáles son los casos “determinados, excepcionales y muy calificados” que necesitan empresarialmente esta jornada de 12 horas diarias.

El día de ayer, el Director Ejecutivo de la Unión de Cámaras reconoció, en periódicos, que la economía costarricense, que se basa en el régimen de trabajo de ocho horas diarias, viene generando empleos, principalmente en todos los sectores orientados hacia la economía internacional, que es donde algunos sectores, que quieren establecer la jornada de 12 horas, señalan más se necesita esa jornada esclavista.

El Director Ejecutivo, igualmente, señaló que la aprobación de las jornadas de 12 horas podrían ser un estímulo para la competencia en algunos sectores de la economía nacional, sin precisar cuáles son esos sectores. Por ningún lado quieren o pueden señalar verdaderamente cuáles empresas necesitan la jornada laboral de doce horas. ¿Por qué no quieren señalarlas o precisarlas?

También reconoció que hay cerca de 200.000 personas desempleadas, “más las que han salido del mercado laboral por múltiples razones”. A lo que habría que agregar el altísimo componente de los que laboran el en sector informal de la economía, que llega casi al millón de personas.

Se dice por quienes defienden la jornada de 12 horas que los trabajadores tendrán más tiempo para estudiar y capacitarse, porque dispondrán de tres días de descanso seguidos. Eso tampoco es cierto.

No hay políticas públicas de ningún tipo, ni por el Ministerio de Educación o el Instituto Nacional de Aprendizaje, de ofrecer esas posibilidades de estudio. El Ministerio de Educación Pública ha visto reducir su presupuesto anual. En este gobierno de Rodrigo Chaves hay un ataque devastador sobre toda la educación pública. No solo no se le da el porcentual constitucional a la Educación pública y a las universidades, sino que se han eliminado, para los niños y jóvenes, en edad escolar y colegial, las becas de estudios, los comedores estudiantiles y los subsidios para el transporte de estudiantes, lo que ha contribuido a expulsar, en la práctica, a miles de niños y jóvenes del proceso educativo, agregados a los más de 100.000 que expulsó la pandemia, sin que se hayan recuperado para la educación.

Además, los colegios nocturnos no están operando. Escuelas nocturnas tampoco. En correspondencia con lo que se pide de las jornadas de 12 horas, no se anuncia, para los trabajadores, que esas escuelas y colegios nocturnos, o diurnos, para los fines de semana, por lo menos, sábados y domingos, puedan operar o estar abiertos.

No hay ningún interés de facilitar posibilidades se superación por el estudio para los trabajadores formales, como no la hay para los desempleados o los trabajadores de la informalidad.

Lo que realmente se quiere, por parte del gobierno del Jaguar, es llevar a la población laboral a los niveles más bajos de capacitación, para que por ese camino solo puedan aspirar a los salarios más bajos que se puedan pagar, aumentando en ese sentido la explotación de los trabajadores, y lanzarlos a competir, a ellos, por esos salarios más bajos, incluso en posibilidad de contratarlos por salario más bajos que los mínimos, como se hace en algunas empresas, por la vía de “contratos laborales”, y no por la inserción de ellos en las planillas, sujetas a control de la CCSS y del Ministerio de trabajo. El sistema de “contratos” se está “generalizando” en algunas empresas. Los sindicatos deberían ponerle atención a esto.

Todo esto es parte de lo que en el Proyecto de Ley de las 12 horas se contempla como “racionalización de costos”.

La Secretaría Técnica, que asesora al Consejo de Salud Ocupacional recomendó, desde hace varios meses, que esta jornada no se establezca. En el documento de la Secretaría Técnica se señala que el Proyecto de Ley de las 12 horas de trabajo continuo no reconoce el “tiempo dedicado al trabajo”, que es el lapso que invierte el trabajador para el desplazamiento de su casa al centro de labores y viceversa; así como tampoco se reconocen licencias, actividades de capacitación, interrupciones involuntarias al trabajo, entre otros aspectos.

La jornada esclavista de las 12 horas solo reconoce “el tiempo efectivo de trabajo”, como variable para justificar la reforma que se quiere imponer, tal y como se pretende en la propuesta que se está discutiendo.

La jornada de trabajo de 12 horas, la Secretaría Técnica, reconoce que esa jornada limita los lapsos mínimos necesarios para que el trabajador, como ser humano, recupere su energía, tenga calidad del sueño, y pueda conciliar su vida social y el trabajo, y tenga espacios básicos de ocio y recreación.

La exposición y sometimiento a la jornada de doce horas de trabajo predispone a enfermedades, a “patologías crónicas, músculo esqueléticas y de salud mental, en la posibilidad de manifestar conductas y hábitos poco saludables, tales como el tabaquismo, dieta desequilibrada, el consumo de alcohol y el sedentarismo, además de un posible aumento en probabilidad de sufrir accidentes”, como se afirma en ese informe de la Secretaría Técnica.

También se reconoce que una intensificación de la jornada disminuye el desempeño y eficiencia en el trabajo, posibilita errores en el cumplimiento de los sistemas de seguridad laboral, aumenta los síntomas de fatiga, disminución del estado de alerta y acortamiento del periodo dedicado al sueño a cuatro horas o menos.

El Proyecto de Ley de la jornada esclavista contraviene una serie de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Y para el sector empresarial, que se dice social cristiano, que se inspira en su vinculación afectiva, anímica, vital, con la Iglesia Católica, principalmente, y que hacen alarde algunos empresarios, que recuerdan con “nostalgia” las Reformas Sociales de 1943, apoyadas e impulsadas por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el Dr. Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde, digo con nostalgia porque son reformas que se han venido perdiendo y ya casi no se tienen. De su práctica empresarial solo tienen el recuerdo cariñoso de aquellas reformas sociales.

El empresariado que se reconoce como socialcristiano, que ojalá no sea solo de palabra, debería revisar, estudiar y asimilar las Encíclicas papales la Rerum Novarum, la Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, Octogesima adveniens, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Caritas in veritate, Laudato si y Fratelli tutti. Les recomiendo, además, el Código Social de Malinas de 1927, donde se defienden los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a la organización sindical, a la huelga y a la jornada de trabajo de ocho horas, banderas que asumió la Iglesia desde 1891.

El Proyecto de Ley N.º 24.290 sobre las jornada esclavista de trabajo de 12 horas diarias lo está impulsando en la Asamblea Legislativa principalmente el gobierno del Jaguar, sus felinos diputados, y la fracción parlamentaria del partido Unidad Social Cristiana, que discute en su seno si eliminan lo de “cristiana”, porque ya no tiene nada ver con ellos esa denominación.

Recientemente, la Iglesia Católica de Costa Rica, por medio de la Conferencia Episcopal, que reúne a todos sus Obispos, se pronunció en contra de este Proyecto de Ley y del establecimiento de la jornada de trabajo de 12 horas.

La Iglesia Católica considera que estas jornadas afectarán la vida familiar, las dinámicas sociales y de las comunidades, la comunicación y convivencia al interior de las familias, el tiempo de convivencia conyugal, el tiempo de los trabajadores con sus hijos. Para la Iglesia Católica el tiempo de familia también se vería comprometido y disminuido.

Señala la Iglesia Católica que se obstaculizan las tareas de cuido, como se carece de ellas, para los dependientes de las familias, y se despersonaliza la atención de menores y de su atención en el propio hogar.

Los Obispos también señalan que el Proyecto de Ley no garantiza la invulnerabilidad para la exclusión laboral de personas. La Iglesia también reconoce que la jornada de 12 horas afectará la salud física y mental de los trabajadores.

La Iglesia Católica categóricamente afirmó que pueden reforzar un modelo de crecimiento económico que resulte exclusive e inequitativo, pronunciándose por la generación de empleo decente.

 

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