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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Manifiesto por el honor, la responsabilidad y el compromiso público

Este es un momento de trascendencia en la historia de Costa Rica. El próximo 8 de mayo no representa, simplemente, un cambio de mando político, sino la culminación de años de resistencia, lucha y valentía de miles de mujeres que desafiaron un sistema diseñado para silenciarlas.

Hoy, el panorama político del país se transforma: por primera vez, la Presidencia de la República y la Presidencia de la Asamblea Legislativa estarán en manos de mujeres. Esto se suma a una conformación parlamentaria con el mayor número de diputadas en nuestra historia -31 diputadas y 26 diputados- y a instituciones clave lideradas por la visión femenina en la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, este hito no debe leerse como un trofeo individual ni como una meta alcanzada para el regocijo personal.

Ocupar estos puestos es un acto de justicia histórica, pero, sobre todo, es un compromiso ineludible.

A las mujeres que hoy asumen estas altísimas responsabilidades les recordamos: ustedes se apoyan sobre los hombros de muchas mujeres. Están ahí porque otras antes fueron perseguidas, ignoradas y subestimadas mientras exigían el derecho al voto y a la representación. Su presencia en el poder las obliga a honrar esa lucha. No es solo un tiempo de celebración; es un llamado al compromiso absoluto. Su gestión debe ser el reflejo de una política más humana, equitativa y valiente. Tienen en sus manos la oportunidad —y el deber— de legislar y gobernar para todas las personas que habitamos este país, tomando en consideración las particulares situaciones de las mujeres. Deben garantizar que las puertas que hoy se abren de par en par, jamás vuelvan a cerrarse para ninguna mujer en Costa Rica. El honor de ocupar el puesto sea equivalente al valor de su servicio al país.

Colectivo Mujeres por Costa Rica
Por el honor, la responsabilidad y el compromiso público
Mayo del 2026.

Comiendo del mismo plato

Erika Henchoz Castro

Primer día de mayo: jornada de felices coincidencias —o sospechosamente felices—, tanto políticas como verbales.

Nada más cercano a Un mundo feliz que ese coro de alusiones expresadas libremente o escritas, proclamadas, casi coreografiadas por el nuevo equipo de congresistas en el recinto parlamentario.

Unos sí, otros también: todos coinciden. Coinciden en la pobreza, en el hambre, en la naturaleza herida, en la delincuencia y en la urgencia de velar y atender la educación con mayúscula y bien tildada. Coinciden, sobre todo, en una agenda que dicen será por y para la Patria.

¡Ese será el norte a seguir! Dicen.

Algunos con buen verbo, otros con buen galillo, y unos pocos —los menos porque siempre sucede— con argumentos sólidos. Todos lanzan sus dardos al tablero de la democracia. Hay quien apunta mejor. Hay quien tiembla menos.

Algunos tendrán mejor pulso, mejor visión de las cosas o mayor pasión y conocimiento de la nuestra historia.

Pero, aun así, ¡cómo se parecen!

Mismo traje. Mismo color. Mismo gesto ensayado en sus teléfonos inteligentes.

Tal vez sea el único día del cuatrienio en que visten idénticos: blanco, azul y rojo, como si la patria pudiera coserse en la tela.

Mucho protocolo.

Y en esas cincuenta y siete curules —incómodas, dicen, pero codiciadas— todos caben en la misma forma, en la misma pose, en la misma promesa.

Yo pienso —y por eso escribo— que algunos miran con más limpieza que otros. Que hay rostros nuevos y otros demasiado conocidos. Que no todos cargan el mismo peso de ideas.

Pero queda la pregunta, terca:

¿a cuántos les incomoda, de verdad, la voz de un campesino?
¿a cuántos les duele el silencio largo de un pueblo indígena que lleva décadas esperando ser visto?

La respuesta no está hoy.

Llegará cuando las fracciones hablen. O callen. Cuando voten. Cuando se levanten. Cuando coincidan… o dejen de coincidir.

Porque al final, todo —todo— se decide en el plenario.

Y ahí, ya no basta con parecer iguales.

Las caras ocultas de la Asamblea Legislativa

Instituto Sindical de Formación Política

El juicio por acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, no es un hecho aislado. Es una ventana que deja ver lo que muchas veces permanece oculto: las contradicciones, los silencios cómplices y las prácticas más degradantes dentro del poder político.

Lo que debería ser una respuesta firme, ejemplar y transparente ante una denuncia de esta naturaleza, se ha convertido en un escenario de evasivas, cálculos políticos y debilitamiento institucional. La Asamblea Legislativa de Costa Rica, llamada a garantizar el respeto a la ley, aparece hoy cuestionada en su capacidad para actuar con justicia.

El cálculo político partidario no tiene ética

Uno de los aspectos más preocupantes que deja al descubierto este caso es cómo el cálculo político partidario se impone sobre cualquier principio ético. No estamos ante hechos aislados, sino ante una práctica reiterada: proteger la imagen del partido, aunque eso implique encubrir conductas inaceptables.

Resulta particularmente grave cuando esto ocurre en partidos que alcanzaron representación política bajo un discurso religioso, apelando a valores morales, a la familia y a la “defensa de la ética”. Hoy, esos mismos sectores guardan silencio o relativizan denuncias de acoso sexual, evidenciando una profunda contradicción entre lo que predican y lo que practican.

Más indignante aún es observar a diputadas que, habiendo llegado a posiciones de poder, olvidan su condición de mujeres y la lucha histórica contra la violencia de género. En lugar de actuar con firmeza, optan por proteger estructuras de poder o compañeros de bancada, contribuyendo a la impunidad.

No se trata solo de omisiones individuales. Existen reglamentos de conducta en la Asamblea Legislativa que, en teoría, deberían garantizar sanciones claras ante este tipo de hechos. Sin embargo, cuando entran en juego intereses políticos, estos instrumentos simplemente no se aplican o se diluyen en trámites sin consecuencias reales.

La contradicción alcanza niveles aún más preocupantes cuando figuras políticas que públicamente han defendido la lucha contra el acoso sexual, hoy vuelven la mirada hacia otro lado. Este doble discurso no solo debilita la credibilidad institucional, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la justicia depende de la conveniencia política.

Una institucionalidad que se debilita

La falta de acción contundente no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Cuando quienes hacen las leyes no las respetan o las aplican selectivamente, el mensaje es claro: hay privilegios para algunos y silencio para otros.

La impunidad, en estos casos, no es casual. Es el resultado de redes de protección política que priorizan la conveniencia sobre la justicia. Y esto golpea directamente la credibilidad del sistema democrático.

Una señal peligrosa para la sociedad

Cuando se minimiza o se encubre el acoso sexual desde espacios de poder, se legitima indirectamente la violencia. Se envía una señal peligrosa: que denunciar no sirve, que la verdad puede ser ignorada y que el poder puede más que la dignidad.

Para las trabajadoras y trabajadores, este tipo de conductas no es ajeno. Es el reflejo de una cultura que muchas veces también se reproduce en los centros de trabajo, donde el abuso se silencia por miedo o por falta de respaldo.

La responsabilidad de la clase trabajadora

Frente a este escenario, el silencio no es opción. La clase trabajadora organizada tiene un papel fundamental: denunciar, exigir transparencia y defender principios éticos reales en la función pública.

No se trata solo de un caso, ni de una persona. Se trata de qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde la justicia sea selectiva, o una donde la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo político.

Conclusión: sin ética no hay democracia

Lo que hoy se revela en la Asamblea Legislativa no es solo un escándalo político. Es una señal de alerta sobre el deterioro de la ética en la función pública.

Si los valores se negocian y la justicia se acomoda a intereses partidarios, la democracia pierde su sentido.

Por eso, desde el movimiento sindical y desde el INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN POLÍTICA, reafirmamos una convicción clara:
sin ética, no hay democracia. Y sin democracia real, los derechos de la clase trabajadora están en riesgo.

El Mandato 2026: entre la confianza prestada y la vigilancia democrática

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A solo unos días de asumir: La conformación de la nueva Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 no es solo un reparto de curules; es un mensaje cifrado del electorado costarricense que los partidos deben aprender a leer antes de que se agote la tinta del periodo constitucional. El votante ha hablado y, en su sabiduría, ha diseñado un contrapeso que obliga a la madurez política.

Al PPSO: El espejismo de la omnipotencia

El oficialismo celebra un espaldarazo contundente con el 48% obtenido por Laura Fernández para la Presidencia. No obstante, el diablo está en los detalles: ese 43% en la papeleta legislativa —un quiebre de voto de 5 puntos— les otorga 31 diputados. Es una mayoría simple holgada, pero no los 38 votos necesarios para una reforma constitucional o el control total pretendido por el chavismo.

¿La lectura? El costarricense le otorgó el beneficio de la duda al PPSO, quitándole la excusa de la “falta de herramientas” que usaron durante el cuatrienio anterior para justificar la carencia de resultados en seguridad, educación y soberanía alimentaria. Sin embargo, el electorado le puso un freno de mano consciente: se les da el poder para ejecutar, pero no para desmantelar la Constitución. Se acabó el tiempo de la inercia; ahora les toca gobernar con sello propio.

PLN: El factor Ramos vs. El estigma partidario

El 34% presidencial y el 22% legislativo dejan claro que el resultado no es un perdón a la marca “Liberación”, sino un reconocimiento al liderazgo de Álvaro Ramos. El mensaje es lapidario: o el partido termina de soltar los apellidos tradicionales y se abraza definitivamente a la renovación, o el rechazo histórico terminará por sepultarlos. Deben legislar entendiendo que son una fuerza de contención gracias a sus figuras frescas, no a sus viejas estructuras.

Frente Amplio: La madurez de la oposición

El FA debe interpretar correctamente su rol. Costa Rica los valida como una oposición constante y congruente, pero no como opción de gobierno. El reto será moderar su purismo ideológico y ese sectarismo que les impide construir mayorías. Si logran transitar hacia un pragmatismo estratégico sin vender sus principios, podrán ser el eje de las alianzas amplias que el país demanda.

PCAC (PAC y ADN): Cicatrices y nuevas oportunidades

El regreso del PAC y la irrupción de ADN marcan un voto de “segunda oportunidad”. Para el PAC, la herida sigue abierta: su dualidad entre el progresismo social y el neoliberalismo económico, sumado a la traición a su postulado anticorrupción, les sigue cobrando factura. El electorado les permite volver, pero bajo una lupa de sospecha permanente.

PUSC: Crónica de una desaparición anunciada

Convertirse en una fracción “unipersonal” es el castigo natural al oportunismo. El PUSC perdió su identidad al mimetizarse con el oficialismo. Hoy están en cuidados intensivos: o recuperan su esencia socialcristiana, o la historia los archivará en el cajón de los partidos extintos.

El fin de los “partidos taxi” y el personalismo

Para el resto de los actores políticos que quedaron fuera, la lección es brutal pero necesaria: el multipartidismo atomizado y los partidos taxi ya no son opción. El electorado ha dejado de comprar aspiraciones individuales vestidas de proyectos políticos. La gente exige estructuras con peso real y resultados tangibles, rechazando la fragmentación que solo servía para alimentar egos o asegurar dietas.

Lecciones para el cuatrienio

El eescenario está listo, les toca ahora a los actores aprovecharlo. Al oficialismo le corresponde dejar de repartir culpas y empezar a entregar resultados; ya no hay bloqueos legislativos que valgan como excusa. A la oposición, le toca la responsabilidad de ser constructiva, pero, sobre todo, vigilante.

El mandato ciudadano es claro: Costa Rica quiere eficiencia, pero jamás a costa de la institucionalidad democrática ni del Estado Social de Derecho. Los próximos cuatro años determinarán si nuestra clase política entendió que el poder es una herramienta de servicio, no un cheque en blanco.

¿Hacia dónde vamos, con el nuevo gobierno, con el poder absoluto del Poder Ejecutivo y el poder mayoritario del Poder Legislativo?

Vladimir de la Cruz

En el nuevo gobierno, que inicia el 1 de mayo, con la instalación de la Asamblea Legislativa y el 8 de mayo, con la instalación del Poder Ejecutivo, hay que reconocer, guste o no guste, que el Partido Pueblo Soberano, tiene como decimos los ticos, el sartén por el mango.

El punto no es que tenga el sartén por el mango, es que lo sepa usar. El arte de la cocina tiene sus reglas y sus mañas. El arte de la Política también tiene sus reglas y sus mañas.

Tiene el control pleno del Poder Ejecutivo, de sus ministerios e instituciones, y de todo el andamiaje que en ese sentido se concentra. No lo comparte con ningún otro partido político. Es el Poder que diariamente toma decisiones que afectan a todos los ciudadanos y habitantes, para bien o para mal, por medio de las políticas y acciones que se toman en los ministerios y sus instituciones.

Tiene el control mayoritario del Poder Legislativo, de toda su estructura interna, sin que esté obligado a compartirlo con ningún otro partido, en los puestos más importantes y en la instalación de las Comisiones Parlamentarias. Puede colocar a los diputados opositores como quiera, si así quisiera proceder.

En un sartén un mal uso de un ingrediente puede echar a perder una comida. En la política un mal uso de un número de diputados puede también echar a perder a una fracción mayoritaria, puede echar a perder acciones de gobierno del partido mayoritario, parlamentariamente, y puede echar a perder al mismo gobierno.

En 1953, al calor de la Guerra Civil, y del liderazgo de José Figueres, ya fundado el Partido Liberación Nacional, el 12 de octubre de 1951, participando en su primera elección nacional, sobre 45 diputados que tenía la Asamblea Legislativa, en ese entonces, obtuvo 30 diputados. Una mayoría super holgada.

En las elecciones de 1962 y 1966 Liberación Nacional volvió a tener mayoría de 29 diputados sobre 57, que ya tenía la Asamblea desde 1962, como tiene actualmente, cuando fueron candidatos ganadores a la Presidencia Francisco Orlich Bolmarcich, en 1962, y José Joaquín Trejos Fernández, en 1966, gobierno opositor a Liberación Nacional.

En la elección de 1970, de nuevo con Liberación Nacional, con José Figueres en la presidencia, obtuvo 32 diputados y, en la elección de 1982, con Luis Alberto Monge Álvarez, en la presidencia, Liberación Nacional logró elegir 33 diputados, que ha sido la cifra más alta de diputados en manos de un solo partido político gobernante.

En las elecciones de 1986, con Oscar Arias presidente, y en la elección de 1990, con Rafael Ángel Calderón Fournier, ya constituido el partido Unidad Social Cristiana, ambos obtuvieron la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

Desde esta perspectiva, el partido Liberación Nacional, de nueve veces que ha gobernado, ha tenido la mayoría parlamentaria en cinco ocasiones, siendo partido gobernante y una siendo partido opositor, mientras el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión obtuvo la mayoría parlamentaria siendo partido gobernante.

El Partido Pueblo Soberano tiene una mayoría de 31 diputados de 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Tener mayoría parlamentaria, más de 29 diputados, mitad más uno del total de diputados, no es suficiente para tener el Poder del Parlamento para todo… lo más importante. Tener esa mayoría de 29 diputados da poder de bastantes e importantes decisiones, pero exige siempre capacidad de negociar y de llegar a acuerdos con los restantes diputados.

En las últimas ocho elecciones ningún partido obtuvo esa mayoría de 29 diputados. Algunos partidos lograron entre 17 y 28 diputados, constituyéndose en fracciones legislativas grandes, pero obligadas siempre a negociar y pactar para poder avanzar en los proyectos de ley, aun cuando eran partidos de gobierno como de oposición.

Los gobiernos más difíciles, desde el ámbito legislativo, los tuvo el Partido Acción Ciudadana, que en el gobierno del 2014 sacó 13 diputados y en el gobierno del 2018 tuvo 10, obligado en ambos casos constantemente a negociar, con un peso muy negativo, en el último para su imagen política, que prácticamente lo hizo desaparecer por cuatro años del escenario político.

Así, el gobierno de la presidenta Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, con su triunfo, expresado en un 31% de los votantes, y con una mayoría de 31 diputados, inicia, después de 35 años, desde 1990, una nueva época política nacional, que se caracteriza porque un solo partido asume plenamente el control del Poder Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria.

Lo hizo agitando cierto aire de renovación política, exaltando incluso una Tercera República, que posiblemente no entiende lo que significa ni cómo se justifica.

Figueres declaró la Segunda República desde el Poder total. Concentrando en él, y su grupo gobernante, la doble Facultad Ejecutiva y Legislativa, y nombrando ellos mismos la integración total de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual tenían el control de los tres Poderes del Estado, el sueño anhelado de Rodrigo Chaves, que es el mismo de Laura Fernández.

Figueres tenía su discurso político y su filosofía política frente a la “Primera República” que vivió, especialmente, en la década de 1940-1948, en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y de Teodoro Picado Michalski, y en el contexto de la II Guerra Mundial, de la Post guerra y del inicio de la Guerra Fría.

Laura Fernández tiene el reto de continuar el gobierno de Rodrigo Chaves, como tuvo Teodoro Picado con el de Rafael Ángel Calderón Guardia, en el nuevo contexto internacional, la antesala de una III Guerra Mundial, de una nueva Guerra Fría, y de un acendrado anticomunismo por las políticas trumpetistas a las cuales Laura Fernández ya se ha ido adhiriendo y sometiendo.

Si la época del bipartidismo estaba caracterizada por el papel que jugaban dos partidos políticos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en términos generales, alternándose el Poder Ejecutivo y ejerciendo la mayoría parlamentaria, entre ambos, estamos en este momento en una situación similar al arranque que hizo Figueres en 1953, con un solo partido dominando el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que permitió, después, en 1962, 1970, 1982, 1986 se repitiera esa situación.

Rodrigo Chaves no es José Figueres, y Pueblo Soberano como partido es aún un partido no nato, no nacido, apenas extraído del útero electoral de las elecciones del 2026, con muchas dudas sobre su inicial desarrollo. Un partido no nato porque fue extraído de su partido materno, Partido Progreso Social Democrático, que lo hicieron fallecer para las elecciones pasadas.

Ese partido no nato, con sus 31 diputados, tiene formalmente fuerza legislativa. Tiene todo el poder para dirigir desde todos los puestos del Directorio Legislativo, desde todas las presidencias y secretarías, si así quisiera, de las Comisiones Parlamentarias Plenas y de las distintas comisiones parlamentarios, toda la institucionalidad legislativa.

En términos generales tiene todos los votos para aprobar leyes ordinarias, para reformar las leyes existentes, para crear o impulsar nuevas leyes, para impulsar cambios en las políticas económicas o para reforzar las que considere necesarias del gobierno de Rodrigo Chaves, para modificar, si así quisiera, instituciones públicas, en su estructura interna como en sus funciones.

Tiene toda la fuerza para convocar comparecencias de personajes, para bloquear, rechazar o priorizar proyectos de ley presentados por otros diputados, para crear o no comisiones de control político, sobre asuntos que exploten del próximo gobierno que la Asamblea quiera investigar.

En materia del Presupuesto Público Nacional tiene todos los votos para aprobarlo tal cual se lo presenten. Dentro de él pueden recortar fondos públicos a instituciones, como las universidades que son parte de su guerra declarada, pueden reasignar recursos públicos como quieran.

Lo que no pueden hacer 31 diputados es reformas a la Constitución Política, como la de la reelección presidencial, continua o consecutiva, como la de reducir el plazo para la aspiración presidencial de los expresidentes a cuatro años si no se permite la consecutiva, para facilitar, si así fuere, la de Rodrigo Chaves en el 2030, o la de ampliar el plazo presidencial a seis años. Tampoco pueden destituir magistrados ni nombrarlos por sí solos, o levantar inmunidades legales de altos funcionarios si procediere hacerlas.

Desde el punto de vista del trabajo del Plenario Legislativo, que son las sesiones que se realizan con todos los diputados, a partir de las 3 p.m, pueden ejercer el control de la Agenda Legislativa, definir las prioridades de la discusión parlamentaria, elegir las autoridades claves de la Asamblea Legislativa, como son el presidente y el secretario, y constituir las Comisiones Parlamentarias.

Esto haría, básicamente, que el Poder Ejecutivo representado por Laura Fernández sea más fuerte, en cuanto estaría mejor armonizado con la Asamblea Legislativa.

Si a Rodrigo Chaves lo nombran ministro de la Presidencia tendría la facultad de dar órdenes a 31 diputados, más que ir a negociar con los restantes el apoyo a las leyes que al gobierno le interese aprobar.

Es obvio y evidente que Rodrigo Chaves tiene muy poca capacidad de negociación con los diputados. Ya mismo ha estado atacando y burlándose de diputados y diputadas de la próxima Asamblea Legislativa y señalando que deben ir a las comisiones sin ninguna importancia. Eso está oscureciendo el inicio de la presidencia de Laura Fernández, pero ella comparte esa misma cama política de enfrentamiento con el presidente Chaves.

Si hasta ahora el grupo de Rodrigo Chaves culpaba de su incapacidad política para gobernar, a los opositores, el grupo que asciende con Laura Fernández solo tiene su propio espejo para ver a quien culpar de un posible mal gobierno, que nadie quiere que suceda, porque nos puede ir mal a todos.

¿Volveremos con este gobierno, a un monopartidismo político gobernante? ¿Facilitará este gobierno, con estas características de “poder institucional absoluto”, la entronización autoritaria, de características abusivas y dictatoriales?

Sector agropecuario impulsa pacto con diputaciones electas

Organizaciones del sector agropecuario costarricense impulsan la firma de un Pacto por la Producción Agropecuaria, dirigido a diputaciones electas de partidos de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.

La iniciativa es promovida por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Estas organizaciones plantean la necesidad de una articulación nacional del sector, con el fin de consolidar una plataforma de incidencia desde las personas productoras para la definición de políticas públicas.

Propuesta de diez ejes prioritarios

El pacto presentado incluye diez propuestas consideradas prioritarias para el desarrollo del sector agropecuario:

  • defensa de la producción nacional,

  • innovación en los procesos productivos,

  • atención al cambio climático,

  • fortalecimiento de los impactos sociales y culturales del agro,

  • impulso al mercado nacional agropecuario,

  • garantía de la salud humana y la inocuidad alimentaria,

  • mejora del acceso al financiamiento,

  • creación de seguros agropecuarios accesibles,

  • promoción de una actividad agropecuaria en armonía con el ambiente,

  • desarrollo de una política territorial construida con participación local.

Espacio de diálogo con diputaciones electas

En este contexto, se realizó un conversatorio con diputaciones electas de la oposición, el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Escazú, donde se abordaron temas como la importancia del sector agropecuario, los efectos de la política económica y las implicaciones de la apertura comercial para el agro costarricense.

La agenda contempló la presentación de la propuesta de política pública, la lectura del pacto y su eventual firma por parte de las diputaciones electas, así como espacios de intervención y cierre con representantes del sector.

Antecedentes: demandas del sector agropecuario

Este planteamiento se inscribe en un contexto en el que el sector agropecuario ha venido señalando la necesidad de políticas públicas más robustas, orientadas a la protección de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los mercados internos.

En notas previas se ha evidenciado la preocupación de organizaciones productoras por los efectos de la apertura comercial, las condiciones de competitividad y la falta de instrumentos adecuados para enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

El Pacto por la Producción Agropecuaria busca consolidar estas demandas en una agenda común que permita incidir en la acción legislativa y en la formulación de políticas públicas.

FRENASS celebra aprobación del informe de minoría sobre irregularidades en la CCSS

Comunicado

En FRENASS celebramos la aprobación del informe de minoría que estudió e investigó las irregularidades y problemáticas en nuestra benemérita Caja Costarricense de Seguro Social.

Un informe hecho con seriedad, coherencia, responsabilidad, diligencia, compromiso patriótico, y pericia técnica.

Hoy sin ser complacientes, 24 legisladores se pusieron en el lado correcto de la historia, y dieron un importante insumo en Defensa de la CCSS.

Exposición del coordinador de FRENASS, Deivis Ovares Morales sobre este tema:

FRENASS solicita embargo de dietas a diputado electo que tiene deudas con la CCSS

El Frente Nacional por la Seguridad Social Costarricense (FRENASS) solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa que se aplique el embargo de las dietas legislativas al diputado electo José Miguel Villalobos Umaña, debido a deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La solicitud fue presentada mediante una carta dirigida a Juan José Chotto Monestel, jefe de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, con fecha 6 de marzo de 2026, firmada por Deivis Ovares Morales, coordinador de FRENASS.

En el documento, la organización expresa su respaldo a las acciones emprendidas por la CCSS para regularizar incumplimientos relacionados con las obligaciones hacia los fondos de la seguridad social.

Solicitud de embargo sobre dietas legislativas

La petición plantea que, en atención a los procesos impulsados por la propia CCSS, se dé trámite a los procesos de embargo correspondientes sobre las dietas que recibirá el diputado electo, una vez que asuma sus funciones en el Congreso.

El documento señala que José Miguel Villalobos Umaña fue electo diputado para el período 2026-2030, y solicita que el embargo se aplique a partir del inicio de sus funciones legislativas el 1 de mayo de 2026, con el objetivo de cubrir la deuda que mantiene con la seguridad social.

Según el texto, la solicitud se fundamenta en criterios de asesoría legal y jurisprudencia constitucional que avalan la posibilidad de aplicar embargos sobre las dietas que perciben las personas diputadas.

Defensa de la seguridad social

En la carta enviada a la Asamblea Legislativa, FRENASS recuerda su trayectoria de acción ciudadana en defensa de la seguridad social costarricense.

El Frente Nacional por la Seguridad Social se define como un espacio político ciudadano que ha sostenido una posición activa en la defensa de la CCSS y del sistema de seguridad social público, al que considera uno de los pilares del Estado social de derecho en Costa Rica.

La organización plantea que el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social debe ser un principio fundamental para todas las personas, y especialmente para quienes ejercen cargos de representación popular.

Un llamado a la ejemplaridad en la función pública

El documento sostiene que aplicar el embargo solicitado sería una medida coherente con el ordenamiento jurídico e institucional del país y contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Según se indica en la carta, quienes ocupan cargos de representación política deberían constituir un ejemplo para la ciudadanía en el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social.

En ese sentido, la organización considera que la aplicación de la medida tendría también un valor ejemplarizante, al reforzar el principio de igualdad ante la ley y la responsabilidad con los fondos de la seguridad social.

Debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema

La solicitud se produce en un contexto de creciente discusión pública sobre el futuro del sistema de seguridad social costarricense, particularmente en torno al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS y la necesidad de fortalecer su sostenibilidad financiera.

Diversos sectores sociales han señalado la importancia de combatir la evasión y la morosidad en el pago de las cuotas a la seguridad social, al considerar que estas prácticas afectan directamente los recursos destinados a pensiones, atención médica y otras prestaciones.

Desde esta perspectiva, organizaciones como FRENASS han insistido en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones con la CCSS, tanto por parte de personas trabajadoras independientes como de empresas y otras entidades.

Copia enviada a autoridades públicas

La solicitud presentada ante la Asamblea Legislativa también fue remitida a otras autoridades del Estado.

Según el documento, se envió copia a:

  • Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.
  • Angie Cruinshank Lambert, Defensora de los Habitantes de la República.
  • Jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa.

Organizaciones alertan sobre intento de aprobar reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y convocan a firmar pronunciamiento

Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.

Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.

Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos

El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.

Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.

Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.

Centralización institucional y debilitamiento del control público

Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.

Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.

Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.

Impactos sociales en comunidades costeras

El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.

Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.

En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.

Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo

Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.

Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.

Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.

Enlace para firmar el pronunciamiento

A un mes del veredicto de las urnas: Entre el “Besamanos” y la Última Oportunidad

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A un mes de que el ruido de las caravanas se apagara, el silencio de la post-elección en Costa Rica resulta atronador. No es el silencio de la paz social, sino el de una tensa espera. Lo que hoy vemos es la cristalización de una paradoja: un oficialismo que celebra, pero que se sabe vigilado, y una oposición que, tras rozar el abismo, intenta articular un propósito que debió encontrar hace años.

La sombra de Zapote y la presidenta-asistente

La imagen de la presidenta Electa, Laura Fernández, inclinándose ante la figura de Rodrigo Chaves, no es una anécdota de etiqueta. Es un símbolo político cargado de presagios. Para quienes esperábamos que la legitimidad del voto le otorgara a la señora Fernández la autonomía de mando, el gesto ha sido un balde de agua fría: parece más el “besamanos” al verdadero poder en el chavismo que el inicio de una era propia.

Esa señal de subordinación se confirma con una retórica que no ha bajado el tono. Al contrario, una vez electa, vuelve la carga contra la institucionalidad: reelección inmediata (con el fantasma de la indefinida), la entelequia de una “Tercera República”, el asalto conceptual al Poder Judicial y la urgencia de una Constituyente. El guion es claro: continuismo sin matices.

El mandato del oficialismo: se acabaron las excusas

El oficialismo ganó, sí, pero no obtuvo el cheque en blanco de los 38 diputados que pretendía para desmantelar el Estado Social de Derecho. Sin embargo, su bancada es robusta. Esto les quita, de una vez por todas, la muleta de la “obstrucción legislativa”.

Ya no hay espacio para la queja. Tienen los votos para ejecutar sus promesas de campaña. El país observará si esa “eficiencia” de la que alardean es real o si el conflicto era, en realidad, su única propuesta de gobierno. Ahora les toca gobernar, ya no solo confrontar.

La oposición: una vigilancia con dos caras

Los cientos de miles de votos que recibió la oposición para la Asamblea Legislativa no fueron un reconocimiento a sus figuras; fueron un voto de contención. Los nuevos diputados deben entender que no están ahí por su carisma, sino como un dique frente a la deriva totalitaria. Su labor debe ser una oposición responsable, que no bloquee por bloquear, pero ferozmente dura en la defensa de la Institucionalidad Democrática.

El PLN: el último tren

Para el partido más longevo, el PLN, este cuatrienio es su última y definitiva oportunidad. El electorado les ha dado un respiradero, no un perdón. Deben empezar reconociendo que su salvación vino de un liderazgo unipersonal —don Álvaro Ramos— fresco y distante de los que se han enquistado y traicionado a los fundadores. Su confrontación con “los mismos de siempre” y su discurso empático, le ganó respeto de buena parte del electorado más allá del liberacionismo.

Si no son capaces de realizar una autocrítica profunda, de sacudirse las estructuras clientelares y de volver a ser una alternativa programática real, su destino es la irrelevancia histórica. Su papel en la Asamblea será el examen final para determinar si aún tienen alma o si son solo un cascarón vacío.

El Frente Amplio: más allá del dogma

Por otro lado, el Frente Amplio se enfrenta a su propio espejo. No basta con ser la “conciencia moral” o el bloque de protesta. Si aspiran a ser una opción de gobierno creíble, deben superar el sectarismo y el puritanismo ideológico. El país requiere de ellos alianzas inteligentes y pragmáticas que les permitan ganar la confianza de sectores mayores, demostrando que pueden proponer un modelo de Estado sin los dogmas trasnochados que asustan a la clase media y a los sectores productivos.

Ciudadanía: la democracia no termina en el voto

Finalmente, la lección más dura es para nosotros, los ciudadanos. La reacción espontánea —y tardía— de los candidatos de oposición ante la amenaza del continuismo demostró que no podemos delegar el cuidado de la República solo en los políticos.

La democracia costarricense ha entrado en una fase de cuidados intensivos que exige una ciudadanía vigilante, crítica y activa. No basta con haber evitado la mayoría calificada; hay que fiscalizar cada decreto, cada nombramiento y cada intento de erosionar nuestra convivencia.

El oficialismo sabe por qué ganó, pero también sabe por qué no ganó todo. En esa grieta, en ese espacio de resistencia institucional, es donde Costa Rica se jugará su futuro en los próximos cuatro años.